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Etiqueta: sector público

Los (¿escandalosos?) salarios del sector público

Óscar Madrigal

La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:

1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.

El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.

El 35% entre ¢500.000 y un millón.

El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.

Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.

¿Son estos salarios de lujo?

2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:

43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.

12% en la Corte. Principalmente jueces.

6% cada uno en UCR, ICE y MEP.

Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.

¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?

3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.

Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.

Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.

Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.

La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.

Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021

Renta global, un proyecto regresivo

Óscar Madrigal

Por regla general se considera que la renta global es un impuesto progresivo, que grava más a los que más tienen. Sin embargo, los aspectos generales del proyecto presentado por el Gobierno de Alvarado en el marco del acuerdo con el FMI no parecen ser así en lo sustancial.

1-. El monto mínimo imponible para calcular la renta de los asalariados disminuye de ¢840.000 a ¢683.000. En otras palabras, un mayor número de trabajadores asalariados que solo reciben su salario, que hoy están exonerados del pago de renta, tendrán que pagarlo una vez aprobada esta ley.

El Gobierno argumenta que exonera a la mayoría de los asalariados, pero la realidad es que pone a pagar renta a una cantidad considerable más de trabajadores, del sector público y privado.

De igual manera se encuentran los pensionados y jubilados ya que el monto tributable se reduce considerablemente.

Si ahora un salario o una pensión de ¢840 mil colones no pagan impuesto de renta, con este proyecto tendrían que tributar. Es un claro retroceso para miles de trabajadores privados y públicos, por tanto, es una regresión.

2-. El monto máximo que tendrán que cancelar los grandes propietarios que reciben jugosos ingresos, contrariamente a lo pensado, la tasa impositiva, la tarifa de la renta, se disminuye de un 30% a un 27,5%.

A un mayor número de asalariados se les obliga a pagar renta al bajar la base imponible, mientras que a los que recibe gigantescos ingresos, se les reduce la tarifa. Esto significa una regresión o un retroceso tributario.

La idea de la renta global fue un acuerdo de las conversaciones con el Gobierno. Pero como todo puede pervertirse, probablemente las organizaciones populares que apoyaron este impuesto no imaginaron la perversidad que iba a realizar este Gobierno, sea cargar de más impuestos a los asalariados.

Y de esta carga no se escapan los trabajadores del sector privado.

Las organizaciones sociales que firmaron este acuerdo con el Gobierno deberían ofrecer una explicación al país o exigir cuentas a Alvarado.

Pero lo que sí es claro es que se trata de uno de los proyectos tributarios más regresivos en muchos años.

Defensa de la institucionalidad desde un movimiento cívico-patriótico nacional

Comunicado de Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

Ante la reunión que se ejecutara el día 07 de enero de 2020 en el local del Sindicato Nacional de Enfermería en relación a la formulación de una táctica y estrategia de cara al Proyecto de Ley de Empleo Público, se pretende hacer un balance político para avanzar en los 4 elementos que se exponen a continuación:

  1. El movimiento sindical de Costa Rica y en general el movimiento social, tiene que aspirar a una rearticulación para construir un gran movimiento cívico-patriótico nacional, que tiene que tener una visión más allá del sector público y en esta coyuntura estar posicionado en los territorios con los actores hombres y mujeres que están ahí, para apostar a ese movimiento antes mencionado, sin excluir ningún actor o dirigencia de nuestros territorios.
  2. Hacer un llamado general y concreto a que los empleados públicos y sus familias no voten por ningún partido político tradicional tales como: PLN, PUSC, PAC, evangélicos-cristianos y en general a cualquier partido político que en los últimos dos años ha castigado a los empleados públicos y privados. El país ocupa un viraje hacia el humanismo, el progresismo y hacia la solidaridad, y eso incluye la necesidad urgente de hacer un cambio dentro del marco democrático entre los diferentes estamentos de la institucionalidad, lo que incluye a la Asamblea Legislativa.
  3. Es urgente que se reconfigure desde una táctica y estrategia jurídica el escenario de lucha en términos de fortalecer nuevamente el tema del derecho de huelga en el sector público. Lo anterior, es un elemento que puede inclinar la balanza hacia una correlación de fuerzas no pensando en esa huelga como instrumento desfavorecedor de la gente, sino más bien de inclinar la balanza para que el país empiece a caminar por una ruta distinta.
  4. Por último, que se tenga como consigna la urgente necesidad de la defensa de la institucionalidad y plantearse una agenda país para modificar en el 2022 y en el marco democrático la asamblea legislativa. Se debe hablar claramente con empleados tanto públicos como privados y exponer con toda contundencia que se necesita una ruta que vuelva a poner a Costa Rica en la vía hacia un Estado benefactor, ya que el mercado no resuelve los problemas de las personas. La pandemia es un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente, la pobreza, el desempleo y la concentración de la riqueza sigue siendo un tema imperante en el país y en el mundo.

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

Comunicado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) compartido por SURCOS:

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares
– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico
– Condenamos la criminalización del Empleo Público

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.

Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.

Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.

Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!

San José, miércoles 06 de enero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Autoritarismo y violencia neoliberal

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.

El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.

Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).

Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.

Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.

Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.

“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.

 

Imagen: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/

FMI: Cual Depredador y su Rugido

Lic. José A. Amesty R.

Cuando escribimos el artículo “El FMI, BM, BID: Multinacionales Prestamistas Perversas”, en relación al empréstito a Costa Rica, realmente nos quedamos cortos en relación a lo siniestro y las retorcidas actitudes de estas multinacionales.

Ante la eventual pandemia global, el Fondo Monetario Internacional FMI, se aprovecha, por un lado, para ofrecer empréstitos, y por otro, siguiere medidas para asegurar su inversión. Utiliza la crisis para implementar medidas de austeridad, algunas permanentes a sus clientes en el mundo.

Los datos indican que de los 91 préstamos del FMI, con 81 países en el mundo, 76 de los 91, desde que inició la pandemia, la mayoría demandan muchos recortes en servicios públicos y pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos, políticas que benefician a la corporación bancaria.

Según, Chema Vera, Director Ejecutivo Interino de Oxfam Internacional, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado en gran Bretaña en 1942, su objetivo es ayudar a encontrar soluciones duraderas a la injusticia de la pobreza. Son parte de un movimiento global que aboga por un cambio que empodere a las personas, para crear un futuro seguro, justo y libre de pobreza, el FMI está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad. Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Veamos algunos ejemplos:

  1. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado de la COVID-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.
  2. Otro ejemplo perfecto es Ecuador, de las consecuencias del FMI. Anteriormente, durante el gobierno de Rafael Corea, éste hizo de la reducción de la pobreza una prioridad y por supuesto, condenó las políticas del FMI y de su organización hermana el Banco Mundial BM; pero luego, durante el mandato de Lenin Moreno, y a partir de 2017, Moreno deshizo el legado de Correa, y luego del 2019, Moreno, redujo el presupuesto sanitario nacional, en un 36 por ciento, a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

Moreno, recientemente, anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su gobierno, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus, y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

  1. El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo 2019, se negó a hacer préstamos al gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro, tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país.

Al mismo tiempo, sin embargo, el auto declarado presidente y figura de la oposición, Juan Guaidó, anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización, con la condición de que Maduro dimita y permita que un “gobierno de emergencia” tome el control del país.

Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3 por ciento de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

(1) Alan Macleod. El FMI se aprovecha de la pandemia para demandar privatizaciones en 81 países. 25 Octubre 2020. Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto, por Eduardo Pérez.

 

  1. En los años noventa el FMI, estableció “estipulaciones” en su paquete de préstamo para Brasil, que requerían enmiendas de la Constitución del país, y luego cabildeó ampliamente por esos cambios.
  2. Entre el principio de la participación del FMI en Perú en 1978, y la segunda vuelta de préstamos en los años noventa, el programa de ajuste estructural logró cuadruplicar la producción ilegal de coca, al devastar a los agricultores locales y dejarlos ante la opción de cultivar coca o morir de hambre. Eligieron la coca.
  3. En algunos países como, México, Filipinas y algunas regiones de África, el FMI ha fabricado crisis alimentaria, para llegar como “salvadores” y ofrecer su paquete infernal.
  4. Hay muchos más desastres. E innumerables estafas. Miles de millones de dólares en préstamos del FMI a Rusia en los años noventa, se desviaron directamente a las cuentas bancarias suizas de oligarcas y gánsteres. Un programa de préstamos de 4.800 millones de dólares administrados por el fondo en 1998, entró por una puerta al banco central ruso y salió directamente por la otra. La gente nunca vio un solo rublo de ese préstamo y se quedó con tasas de desempleo, pérdidas en el mercado bursátil y una devaluación de la moneda que rivalizó con la Gran Depresión.

Sin duda alguna, inquieta pensar el enorme poder que concentra el FMI, para hipotecar las políticas de los gobiernos y vencer las resistencias de los pueblos.

Y es que en los propios documentos del FMI, se detalla cómo saquear un país, en cuatro pasos encadenados, uno tras otro, cuando ya se da la negociación y se ofrecen las “recomendaciones”:

  1. La gente sale a las calles para protestar contra las medidas de austeridad que se vinculan con los préstamos del FMI,
  2. b) llevando a la huida del capital extranjero,
  3. c) los gobiernos declaran la bancarrota
  4. d) y los especuladores extranjeros, obtienen los despojos a precios de remate.

En general, el FMI ocupa, en términos y lenguaje económico, de tres propuestas principales o condiciones para un préstamo:

  1. La Privatización Progresiva de las Cajas de Ahorro. Buscando poner las cajas de ahorros en la bandeja del capital privado, para que así se recupere una banca quebrada, aprovechando el mercado que dejarían las cajas y adquiriendo sus activos, como en tantas otras ocasiones, a precio de saldo.
  2. La Reducción del Gasto Público. Se explicado, que en una coyuntura recesiva eso sólo puede conducir a la depresión, y a hundir aún más nuestras economías. Es lo que ha ocurrido en muchísimas ocasiones y en muchos países cuando se ha actuado así. Como lo señaló el Premio Nobel Joseph Stiglitz, “la austeridad lleva al desastre” y ahí es donde nos quiere llevar el FMI, para que los bancos y las grandes empresas ganen más dinero todavía.
  3. La Reforma Laboral “radical y urgente”, en la línea de los patronos, y que principalmente se basa en reducir la capacidad de negociación de los trabajadores, mediante la descentralización de la negociación colectiva y el establecimiento de nuevos tipos de contrato. Decir que se puede resolver el problema del empleo flexibilizando el mercado laboral al mismo tiempo que, se deprime la actividad debilitando la demanda efectiva, es sencillamente una mentira gigante y grotesca. De esa manera es imposible que las empresas (sobre todo medianas y pequeñas) creen puestos de trabajo. Sólo se consigue que ganen más las muy grandes que tienen demanda cautiva, gracias a su poder sobre el mercado, que es lo que se trata de salvar.

En definitiva, el Fondo Monetario miente, cuando presenta sus propuestas para la economía de cualquier país, porque no dice lo que de verdad pretende; oculta los efectos reales que tendrán las políticas que propone; y, para colmo, no permite el debate social sobre ellas, sino que se limita a imponerlas porque su incompetencia le impide argumentarlas científica y rigurosamente.

Pero lo más increíble y cruel de esta infame institución, es que siendo la principal animadora de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta, durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta), a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor.

Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y, anteriormente, resumió sus experimentos en América Latina, como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

En resumen, el FMI malsanamente, ve en las crisis, que siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía, alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando, para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que, invariablemente, enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos.

Parece que, si la organización se sigue saliendo con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos seguirán prosperando.

 

Enviado por el autor.

Apuntes Patrióticos I

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social CTRN

17 – 10 – 2020

1- Posición de corte fascista y no de Estadista del Presidente Su discurso sumamente retador y desarrollando alianzas con distintos actores y actoras para imponer su «diálogo institucionalizado» y antidemocrático, esa es la ruta trazada después de 4 intentos fracasados. La terquedad indica que para ser viejo y sabio, se debe ser primero joven y estúpido. (grafiti en puente entrando a Escazú).

2- Algunos líderes y liderezas de algunos sectores desde nuestra mirada han sido cooptados y pareciera que son manejados a control remoto. Se olvidan de su discurso y asumen que el » diálogo» del Ejecutivo y Legislativo es lo correcto.

Un error histórico que deja mucho que desear, pues asumen que los patriarcas que hicieron llamado al «diálogo» están por encima del soberano y eso sí es de analizar por fondo desde todo punto de vista, pues tales liderazgos podríamos pensar están en una zona de confort que los deja en un predicado muy complejo.

3- Observamos fracciones legislativas que reafirman su vínculo poco diáfano con los más ricos que no desean compartir su cuenta bancaria y su billetera para ayudar a los 1.600.000 pobres y a los 500.000 desempleados y desempleadas. De hecho osan desde una posición de corte fascista presentar moción en la Asamblea que desconoce a los que generan la defensa patriótica en las calles y se pliegan así al discurso obtuso del Presidente de la República.

Desconocemos si esta línea de confrontación cuenta con los votos suficientes en el hoy o después, pero de prosperar tales intenciones sin duda el país en su conjunto pierde aún más su norte.

4- UCCAEP y en particular su nuevo jerarca es atacada por Presidente de la República y a este personaje tristemente célebre suma a su política de alianzas una comparsa de Ex Presidentes (con las relativas excepciones de Arias y Figueres que se distancian de tales tesis por experticia, política, cálculo electoral, correlación de fuerzas en sus escenarios partidarios y posiblemente por analizar la enorme torpeza del Presidente Carlos Alvarado Quesada), que desconocen la lucha callejera (con sus errores y virtudes)

En tal contexto asistimos a ciertos errores del señor Célimo Guido que terminan ayudando a la oligarquía rancia perdedora de la silla principal de la UCCAEP.

Esa oposición interna perdedora que aprovecha la coyuntura y monta junto con los aliados de la Nación, Teletica, Repretel, Amelia y otros medios una narrativa engañosa para debilitar y destituir al nuevo Presidente de UCCAEP, que se atrevió a romper un paradigma de conformidad con el contexto político actual.

Si fue error o virtud lo acaecido entre RN y UCCAEP lo cierto es que no nos podemos quedar en ese balance, sino avanzar y ver el bosque y no solo el árbol, es decir, dejar de jugar tablero y empezar a jugar ajedrez, pues el momento lo exige, pues de fondo en los escenarios reales y paralelos se wata jugando el futuro de la Patria.

5- Analizamos el comunicado del PAC, el cual es tristemente célebre, de corte fascista y alineado con la torpeza juvenil de Don Carlos Alvarado.

Pero además es indicativo de que fuerzas tienen copada la dirección política de un partido que sigue cavando su propia tumba.

6- Desde nuestra modesta lectura el espacio de diálogo del Banco Popular (ATBPDC) , debe seguir siendo fortalecido y desee ese espacio debemos avanzar y presentar propuestas al Legislativo y Ejecutivo.

Así las cosas, todo apunta que el Gobierno obtuso no desea reconocer el mérito histórico de RESCATE NACIONAL, ya que los califica de una especie de terroristas que dinamitan la institucionalidad y veremos hasta donde sigue optando por no darles audiencia, pero sin duda esto podría cambiar en algún momento.

De igual forma aún no acepta que el espacio del Banco Popular va a caminar de forma autónoma y propositiva lo cual generará que más temprano que tarde algunos actores sindicales de forma no tan evidente se muevan hacia ese espacio y soliciten incorporarse después de haberle reducido su perfil.

7- Centrales sindicales reaccionan tardíamente de nuevo y en general el movimiento sindical sólo puede acompañar protestas puesto que el tema del derecho a huelga esta diezmado en razón de propios errores sindicales (por no darle otro calificativo), lo cual abre solamente una pequeña ventana para seguir metiendo presión en el actual contexto.

Se impone aceptar la realidad jurídica del tema de las huelgas en el sector público y ser altamente creativos para apoyar a RN, pero sobre todo debe el movimiento sindical en su conjunto mejorar con urgencia su lectura política y ponerse a la altura del momento ya que hasta ahora todo indica que si se suben a este tren posiblemente sea en los últimos asientos del último vagón.

8-Actores sindicales deben ampliar su balance político y apostar por mirar más allá de las personas o sectores y colocar al país al frente pues el momento lo exige, la agenda país está por encima de lo corporativo.

Una crisis financiera provocada adrede por la derecha rancia es un posible escenario de los sectores ultraconservadores, o sea, llevar al país a una situación de impagos no debe ser descartada y en tal sentido es que indicamos que el balance de coyuntura es poco profundo en la acera sindical.

9- A la academia Universitaria (existen excepciones), progresista la notamos desarticulada y la respuesta desde las Universidades refleja un buena dosis de captación de las tesis de derecha, posiblemente una buena parte de este sector académico que apostó y ayudó a que EL PAC ganara las elecciones este aún plegado a la miopía y ceguera del Presidente Alvarado, ojalá esto varíe pronto, pues al país le urge academia progresista.

10- Estado de La Nación tiene un tropiezo histórico relevante, pero además sin duda desee el génesis de este esfuerzo tenía pensada válvula de escape para Don Jorge Vargas Cullel.

Pero más allá de lo sucedido con el PEN, esa puerta debe seguir abierta pues no dudamos de la alta capacidad técnica del recurso humano que labora en esa institución y o dudamos que los buenos oficios del PEN pueden ayudar al proceso del Banco Popular.

11- Estamos en un momento de alta y constante negociación política y en ese sentido debe actuar la dirigencia de cualquier sector, pero lo justo y necesario es que todo actuar sea a la luz del día, sin miedos pero con sentido estratégico.

12- RESCATE NACIONAL es y debe seguir manteniendo niveles de autonomía y escuchar y entablar alianzas tácticas y estratégicas, PERO sobre todo debe definir sobre dos temas urgentes, tácticos y estratégicos, veamos:

1- Una línea clara sobre el tema del diálogo nacional, y

2- Desarrollar un trabajo de aporte a la reconstrucción de lo que hemos denominado EL NUEVO MOVIMIENTO PATRIÓTICO NACIONAL.

 

Imagen ilustrativa.

¿El simplismo autoritario como atajo frente a la crisis fiscal? (Acerca de las propuestas de Gerardo Corrales)

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Me refiero aquí a un texto escrito por el economista y banquero Gerardo Corrales, que pareciera ser un mensaje dirigido al presidente Alvarado, y el cual, en los últimos días, circuló profusamente en redes sociales. Se trata de un listado de medidas gracias a las cuales lograríamos resolver, al parecer en forma definitiva, el problema fiscal. Con cada medida, viene la cuantificación respectiva. Algunas de esas cifras provienen de fuentes oficiales. En su mayoría son de la propia hechura del susodicho. De dónde salen los números que se ofrecen, nadie lo sabe; tienen un origen arcano y misterioso, solo al alcance del señor Corrales. Finjamos demencia, y limitémonos a repetirlas.

En lo que sigue, examino brevemente cada una de esas propuestas.

1) La aprobación de la ley de empleo público, incluyendo la prohibición de las convenciones colectivas (según lo indicado por Rubén Hernández) aportaría un ahorro del 1% del PIB en cuatro años. Así lo plantea Corrales. Yo, por mi parte, me permito decir ¿qué tal si, con una perspectiva menos autoritaria, admitimos que el tema es, como mínimo, opinable? Porque, ciertamente, es muy debatible la idea de imponer un régimen de empleo uniforme en todo el sector público, y un control centralizado de las políticas de empleo público. Por ejemplo, y para ilustrar el punto, mientras Corrales fue gerente del BAC ¿los regímenes laborales y salariales aplicados en ese banco eran idénticos a las que aplicaban el resto de las empresas, en el propio sector bancario y en otros sectores de la economía? ¿Será que había acaso algún estímulo especial a favor de quienes jaqueaban las bases de datos de la Caja, o para quienes embaucaban a gente humilde con tarjetas de crédito que cobraban tasas de interés arriba del 50%?

2) Aplicación generalizada del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas): 1% de ahorro. La idea es por lo menos, rara. El SICOP debería ser una herramienta para lograr mayor eficiencia, de forma que, gastando lo mismo, las cosas se resuelvan con más rapidez, y, entonces, los servicios sean de mayor calidad y más oportunos. Debería haber mejora que incremente la calidad y cantidad de los servicios, no recorte del gasto ¿de dónde saldría ese recorte? ¿Acaso se compraría menos? ¿Consistiría acaso la idea en hacer el mismo volumen de compras con menos gente, procediendo entonces a realizar despidos? Supongamos, en todo caso, que el ahorro proviene de economías de escala en las compras ¿no deberían emplearse entonces esos recursos que quedan disponibles para ampliar y mejorar servicios, en vez de irse a hinchar los recortes? Porque una cosa es cierta: las necesidades y demandas destendidas o mal atendidas, son muchas. Recortar, en vez de aprovechar lo que quede disponible para ampliar la capacidad de atención, es una vía regresiva.

3) Reforma organizacional (reorganización): 2% del PIB. Dejemos de lado, por un segundo, el autoritarismo implícito a la forma como la propuesta se formula, y admitamos que ningún proceso de reorganización está exento de conflictos y fricciones. Que si tal cosa ocurre -y en el mundo de los seres de carne y hueso es usual que ocurra- el resultado podría ser incierto. Acaso ello podría evitarse si de por medio hubiese un proceso, necesariamente complejo y laborioso, de diálogo y construcción de consensos. Pero, bueno, no parece que eso calce con el talante autoritario y la impaciencia que caracteriza la propuesta que estamos comentando.

4) También en este caso -como con el SICOP- cabe preguntarse ¿por qué reorganizar deba implicar ahorrar, es decir, recortar? Debería, en cambio, implicar mejoría. Es decir, sí es una buena reorganización, que genera ganancias en la eficiencia y motivación y compromiso en las personas, debería propiciar que, con la misma cantidad de recursos, se presten más servicios y servicios más expeditos y de mejor calidad. Proponer que habrá ahorros, equivale, poco más o menos, a proponer que se mantendrá la misma calidad y cantidad de servicios, pero utilizando menos recursos ¿Querrá esto decir que se despedirá gente, de forma que, aproximadamente, se mantengan los mismos servicios, pero con menos personal? De ser ese el caso, ello agregaría nuevos elementos de conflicto y fricción, los cuales, aunque ajenos a la racionalidad autoritaria, sí forman parte inherente de la realidad, y sí tienen consecuencias reales, generalmente negativas.

5) Aparentemente (el planteamiento es sumamente oscuro) hay también una propuesta de recorte de los altos salarios, por un monto equivalente al 2% del PIB. No sé cómo se amolda eso con las leyes vigentes, ni parece que sea algo que preocupe a Corrales. No lo dice, pero se adivina que la cuestión queda resuelta como un ejercicio tan simple como arbitrario: agarre las tijeras y corte.

6) Corrales admite que podríamos recuperar hasta un 2% mediante el combate a la evasión. Curioso: no dice nada de la elusión, herramienta favorita de los muy ricos para evitar pagar impuestos. Asimismo, llamativo: solo menciona los “movimientos subterráneos” en Aduanas ¿y las ganancias empresariales que, comprobadamente, son la principal fuente de evitación del pago de impuestos?

7) Privatización de empresas públicas. Las ideas aquí vuelven a ser oscuras y enrevesadas, lo que, de nuevo, obliga a un ejercicio de adivinación. La cuestión va como así: que un 60% de la propiedad de esas empresas pase a los fondos de pensiones, lo cual al parecer reduciría la deuda en el equivalente al 5% del PIB y reduciría los pagos por intereses en, al parecer, un 2% del PIB. Recalcó lo del “al parecer”, inevitable cuando hay tal oscuridad en la expresión de las ideas. Es muy llamativo que una reducción del monto de la deuda por cinco puntos genere un ahorro en intereses de dos puntos ¿cuáles son las tasas de interés que implícitamente el señor Corrales asume? Pero, en fin, como es él quien lo dice hay que creerle. Eso exigen sus fans, que tanto lo idolatran.

8) Quedaría algunas otras nimiedades por resolver: ¿o en serio alguien podría creer que basta con un movimiento de la varita mágica para que ese proceso de privatización llegue a su gloriosa realización? Creer que esas son fruslerías irrelevantes, solo es propio, o bien de una mente autoritaria, o bien de un razonamiento abstracto que perdió todo contacto con la realidad. Lo más probable es que ambas cosas a la vez.

9) Ahora que todavía restaría preguntarse: una vez privatizadas, ¿esas empresas seguirán contribuyendo al financiamiento del sector público de la misma forma y en los mismos montos como lo hacen hoy día? La pregunta cobra especial relevancia en el caso de los bancos públicos, aunque no solo con estos. Si la respuesta es negativa, ello implica que Corrales nos está debiendo la deducción correspondiente a los montos de las contribuciones fiscales (o más bien parafiscales) que esas empresas hoy día aportan, y que en el futuro desaparecerían.

10) La “reingeniería de la deuda”: aquí reaparecen las oscuridades discursivas del señor Corrales, de manera que no queda claro cuánto es el monto del ahorro estimado, aunque aparentemente (estoy adivinando) podría ser del orden del 2%. En todo caso, lo llamativo es que esa reingeniería deba limitarse exclusivamente a la deuda colocada en el sector público. Al parecer, los rentistas del sector privado merecen ser mimados.

11) Algunos ajustitos en materia tributaria darían un 1,5%, con afectación mínima para los más ricos. La supresión de algunas exoneraciones, aportarían, por su parte, un 1,16%. Puesto que, en este último aspecto, se acoge lo planteado por el propio gobierno, queda claro que zonas francas han de preservar intactos sus privilegios.

12) Y, por supuestísimo, la regla fiscal, materia en la cual Corrales también hace suyas las estimaciones oficiales, para sumar 3,3% a la buchaca de los recortes.

13) Para reactivar la economía, Corrales propone un “War Economic Room” (sic) de donde debe salir una reactivación de la economía que incrementará los ingresos en el equivalente al 2% del PIB. No se sabe cuáles son las medidas de reactivación -eso lo decidirá el “War Economic Room”- solo sabemos cuáles son los numeritos de Corrales, cuyo origen preciso igualmente desconocemos, pero ¿a quién le importa eso? Cuando lo afirma este señor, solo un camino queda disponible: creerlo.

14) En resumen, tenemos lo siguiente:

  1. Más del 13% (al parecer alrededor el 13,3%) del PIB en reducción de gastos.
  2. Aproximadamente un 6,7% de incremento de ingresos, incluyendo los 2 puntos que presuntamente rendiría la reactivación de la economía.
  3. Total: 20% del PIB, que, aparentemente, se obtendrían a lo largo de cuatro años, aunque eso no es claro (en algunos casos se menciona ese plazo, en otros se omite indicar plazo alguno).
  4. Al parecer, la mitad de ese monto se dedicaría a reducción (amortización) de deuda. La otra mitad para lograr reducir el déficit a cero. Recalco: al parecer es así, y es importante tenerlo en cuenta, en vista de las reiteradas imprecisiones en que el susodicho incurre, lo cual obliga a interpretar, suponer, imaginar y, en último término, adivinar. La cuestión no tiene que ver con la complejidad de las ideas planteadas. En realidad, éstas no son simples, sino simplistas, ajenas a cualquier problematización que tenga ni dos centímetros de profundidad. El problema es que las cosas están dichas de forma muy desprolija, con un manejo del discurso escrito que da pena.
  5. La cuestión tiene algo (o mucho) de delirante: nos quiere hacer creer que un ramillete de medidas puntuales e inconexas, no solo rendirían un monto gigantesco, sino que, además, podrían aplicarse sin que ello genere interrelaciones problemáticas y efectos secundarios, que, potencialmente, podrían ser muy complejos, y eventualmente muy conflictivos y dañinos. Como dije más arriba: es un planteamiento simplista, de tono autoritario y demagógico. Supongo que es justo por ello que resulta tan atractivo, puesto que, ante la ansiedad inevitable que toda esta situación genera, hoy son multitud quienes añoran una salida fácil, o algún milagro caído del cielo. Corrales, según parece, ha querido oficiar de profeta, a cargo de transmitir tan venturosa nueva.

15) En lo que no se dice -y lo que no se dice es muchísimo más que lo que está torpemente dicho- quedan muchas preguntas sin ser contestadas. Por ejemplo: ¿cómo se compatibiliza un proceso de ajuste fiscal de (al parecer) 5 puntos del PIB como promedio anual, con la presunta reactivación que el “War Economic Room” impulsaría? Quizá nos saque a relucir entonces las tesis de la “austeridad expansiva”, que, bien se sabe, enfrenta durísimos cuestionamientos teóricos y empíricos, y la cual, en un contexto de agravada incertidumbre como el que enfrentamos, y con índices de desempleo y pobreza realmente catastróficos, vendría a ser una apuesta al desastre. Pero, bueno, no sabemos. Este viene a ser otro más, en el interminable rosario de ejercicios de adivinación a que obligan las impresiones, vaguedades, silencios y omisiones de Corrales.