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Etiqueta: seguridad ciudadana

«Señor presidente, pare ya»

En un comentario cargado de tristeza y preocupación, Óscar Aguilar Bulgarelli, como historiador y ciudadano costarricense, se dirige a la nación con el alma abatida por la situación actual que atraviesa Costa Rica.

Aguilar comienza recordando que desde 1948 el país no había enfrentado un escenario tan cargado de rencor, odio y divisiones, subrayando la gravedad de la coyuntura política. Lo que ha ocurrido recientemente en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un suceso que va más allá de la voluntad de un fiscal aislado o de un acto autoritario individual; es, en realidad, el resultado de un proceso institucional complejo y lleno de irregularidades que no pueden ser pasadas por alto.

Aguilar subraya que las acciones del fiscal no fueron actos arbitrarios o de abuso de poder, como lo acusó el presidente Rodrigo Chaves, sino que estaban respaldadas por una denuncia presentada por la propia auditoría de la CCSS. Añade que también hubo denuncias previas, así como informes y acciones de la Contraloría General de la República. Estas acciones evidencian la existencia de una trama irregular en el otorgamiento de la licitación, que el fiscal tenía la obligación legal de investigar y que estaban amparadas en el marco del derecho.

La crítica de Aguilar se intensifica cuando señala que, lejos de actuar con prudencia y respeto a las instituciones, fue el presidente Chaves quien, con su discurso, mostró un comportamiento autoritario. El historiador destaca que las declaraciones del mandatario no solo fueron inapropiadas, sino también peligrosas. Chaves, en su intervención, expresó que «Dios no quiere que llegue el momento en que tengamos que actuar», dejando en el aire una vaga pero inquietante amenaza sobre posibles acciones futuras de su gobierno. Aguilar, consternado, se pregunta qué es lo que pretende defender el presidente con este tipo de advertencias, cuando todas las actuaciones judiciales y administrativas han sido realizadas conforme a la ley.

Además, Óscar Aguilar Bulgarelli denuncia la existencia de un patrón preocupante en los discursos del presidente Chaves. Se refiere a varias ocasiones en las que el mandatario ha convocado al pueblo costarricense a estar atentos ante amenazas imaginarias y conspiraciones inexistentes, como lo ha hecho en Limón, San Carlos y Guanacaste. Para Aguilar, esta constante retórica de confrontación es una forma de generar odio y divisiones en el país, un comportamiento que, afirma, es inadmisible en un gobernante.

El historiador y analista también menciona los diversos frentes de crisis que enfrenta el país bajo el liderazgo de Chaves: caos en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en el sistema educativo, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Hacienda y en otras áreas de la administración pública. Aguilar critica que, en lugar de buscar soluciones, el presidente parece empeñado en acelerar el deterioro de las instituciones, lo que lleva a un desenlace incierto y peligroso para la nación.En sus palabras finales, Aguilar hace un llamado enfático al presidente de la República para que detenga este rumbo de confrontación y caos. Le pide que asuma las riendas del país con responsabilidad y que cesen los discursos de división que solo profundizan la crisis social y política. A través de su emotivo mensaje, Óscar Aguilar expresa no solo su preocupación personal, sino también la de muchos costarricenses que, como él, aman a su patria y desean un futuro de estabilidad y paz. Por ello exclama: «Señor presidente, pare ya«.

Discursos populistas y de odio destruyen la institucionalidad del país

El tema de la inseguridad no se debe valorar solo desde la violencia física, sino a partir de la violencia simbólica y estructural que se interrelacionan.

Rosaura Chinchilla, jueza del Poder Judicial, indicó que los discursos de populismo imperantes en América Latina, incluida Costa Rica, se podrían clasificar en furia, enojo y baja densidad; donde el enojo apela a la destrucción de la institucionalidad, esencial para combatir la inseguridad, así como incitar a la violencia y fortalecer temas de mano dura en las diferentes regiones. Asimismo, en nombre del populismo de baja intensidad se promueven modificaciones meramente normativas y cosméticas que no atacan los orígenes y causas reales de la inseguridad.
Chinchilla explicó que una de las manifestaciones populistas imperantes en Latinoamérica son las relacionadas con la promulgación de penas severas. En ese sentido, la jueza acotó que a inicios de los 90 en la región se duplicaron las penas de 25 a 50 años y se crearon penas únicas para la población penal juvenil. “Dos décadas después, la criminalidad sigue en aumento y se demostró que esos discursos son inútiles; no obstante aún se apela a ellos. Los temas de mano dura de autoritarismo instaurados en la región se reflejan como reformas cosméticas.

Por otra parte, la jueza agregó que una disminución en la educación, en las políticas de empleo y en el uso de espacios de recreación para las comunidades, entre otros, impacta de forma severa en los otros órdenes, lo cual se debe combatir.

Para Chinchilla, el tema de la seguridad en el país debe abordarse desde una perspectiva general y global, que incluya la política social y económica. “No se puede abarcar de forma aislada, sin tener relación con la educación e inversión social, porque los estaríamos afrontando mal”, dijo la jueza.

Dichas aseveraciones se externaron por Chinchilla en el marco del foro: “Inseguridad ciudadana y violencia en Costa Rica”, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y conducido por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). También participaron como panelistas Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, Patricia Vargas, magistrada de la Sala III y Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Modernizar las leyes

Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, expresó que en medio de la crisis de inseguridad que se vive en la actualidad no se ha perdido la esencia democrática, dado que se enfrenta al crimen organizado desde el Estado de Derecho y por eso el reclamo de modernizar las leyes.

“Hace pocos días capturamos en alta mar un navío con dos toneladas de droga que venía para Costa Rica. Y justamente el capitán de ese navío había sido detenido en el 2018, trasegando una tonelada también hacia nuestro país. Esto nos indica que las leyes pensadas en la resocialización del delincuente están siendo utilizadas por el crimen organizado para acortar las penas, los tiempos en prisión y además seguir delinquiendo. Es decir, las medidas resocializantes no cumplen con el objetivo para el que fueron diseñadas”, afirmó Zamora.

El jerarca de Seguridad Pública llamó la atención a la Asamblea Legislativa para que el núcleo duro de la legislación que debe aprobarse es la que no avanza. “Se avanzan en leyes no contradictorias, las cuales no generan mayor conflicto y con eso nos engañamos solos, creyendo que se toman las medidas necesarias para resolver la situación, cuando las verdaderas medidas resolutivas están todavía en un impase, sin avanzar en la corriente legislativa”, señaló Zamora.

Mencionó que más allá de una nueva Constitución se requieren leyes penales adaptadas a la realidad criminológica actual, pues se cuenta con un Código Procesal Penal vigente elaborado en 1998, en otra realidad distinta, cuando no había sicarios, ni criminalidad organizada en el país.

Randall Zúñiga, director del OIJ, instó a los estudiantes universitarios a incrementar la investigación académica en materia de seguridad en Costa Rica.

Apostar por la educación

Patricia Vargas, magistrada de la Sala III, comentó que el hecho de pensar que la delincuencia se resuelve con más leyes es limitar la búsqueda de respuestas que permitan a la sociedad recuperar la tranquilidad y tratar de alguna manera de resolver esas causas estructurales. “Hay que entender que la represión sin prevención no funciona. Usted puede endurecer las leyes y penas ya existentes, hasta crear nuevos delitos y la delincuencia permanecerá en este país”, resaltó la magistrada.

Vargas precisó que más bien es necesario apostar por medidas que permitan superar las brechas sociales y de exclusión social, así como abrir espacios para que todas las personas puedan avanzar. “Si pensamos que a través de la represión se soluciona el problema es una apuesta equivocada e incluso peligrosa porque puede generar el desencanto de la ciudadanía en esa respuesta que a la larga sabemos que no dará los resultados deseados” subrayó Vargas.

La magistrada considera que en cambio apostar por la educación garantizará una sociedad más igualitaria para las futuras generaciones. “Si tenemos una educación débil, tendremos menos oportunidades para la sociedad. Por eso necesitamos invertir en educación, seguridad y prevención.”

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel realizó instalación de mesas de trabajo

Este lunes 10 de junio, el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras participó en la instalación oficial de las mesas de trabajo del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.

Las mesas de trabajo se enfocarán en cuatro grandes temáticas: educación, salud y seguridad social, fomento a la producción nacional y seguridad ciudadana. Están integradas por representantes de organizaciones sociales, productivas y laborales del país, así como de las universidades públicas, que generarán propuestas a corto, mediano y largo plazo para dar solución a los principales desafíos económicos y sociales del país.

El Foro es una iniciativa conjunta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

Con la instalación de estas mesas de trabajo, se da un paso crucial hacia el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre los diferentes actores del país para construir una Costa Rica más justa, inclusiva y solidaria.

Defensoría: Metas en seguridad ciudadana y justicia son poco realistas

Luego de analizar metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026

Tras solicitarle al Ministerio de Justicia información detallada sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes constató que, el Poder Ejecutivo diseñó ese plan con metas poco realistas en materia de seguridad ciudadana y justicia.

De acuerdo con la información recopilada, Justicia debió solicitar una serie de modificaciones en tales metas, por ejemplo, en cuanto a la participación de privados de libertad en procesos de reinserción social y actividades remuneradas en las regiones periféricas y para la construcción de Delegaciones policiales y analiza cambios en las metas del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia” y su componente “Efectividad policial”.

Sobre el tema de delegaciones policiales, Justicia realizó cambios en la estrategia de selección y adjudicación de oferentes para construir delegaciones policiales, coordinó con Fuerza Pública un prototipo de delegación para estandarizar obras y otras acciones que no contempló antes y que explican los retrasos durante 2023 e informó, mediante un cronograma, las delegaciones que serán construidas. Dentro de la programación de obras se informó que en el segundo trimestre del 2024 se construya la delegación de Horquetas, en el tercer trimestre las de Santa Ana, Desamparados Norte, la distrital de Puerto Viejo y Puntarenas norte, e iniciada la construcción de la delegación de Guácimo, San Ramón, Batán y Hatillo, mientras que, en el cuarto trimestre, se iniciaría la construcción de la delegación de El Guarco, Nicoya, Abangares y Belén de Santa Cruz. En este sentido, la Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de estos compromisos en los plazos definidos.

Para esta Defensoría, el Poder Ejecutivo incluyó iniciativas en el PND a las cuales no les dotó de los recursos humanos necesarios y por ello se han incumplido las respectivas metas, por ejemplo, la iniciativa «Un esfuerzo preventivo en la legitimación de capitales» a cargo de la Dirección Nacional de Notariado.

El sector «Seguridad Ciudadana y Justicia» exhibe debilidades para ejecutar el presupuesto asignado, entre otras razones, porque sus instituciones no incluyeron los «gastos de capital» en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), y por ello en 2024 se ha debido brindar acompañamiento a las instituciones del sector, para que registren apropiadamente sus «gastos de capital» en dicho registro público.

Es importante destacar que, a seis meses de formulada la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica – Segura Plus 2023-2030”, el Rector Sectorial todavía no sabe si será necesario cambiar las metas del PND en seguridad ciudadana y justicia, para armonizarlas a dicha política.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

Defensoría: Justicia deberá explicar avances en 10 metas en temas de seguridad

Seguimiento a cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026

A partir de la evaluación realizada por el Ministerio de Planificación acerca del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas.

Para nadie es un secreto que la temática de la seguridad ciudadana constituyó en el año 2023 y en la actualidad, uno de los mayores desafíos a nivel del Estado costarricense, con la tasa de homicidios más alta en la historia del país y con varias “oportunidades de mejora”, según Mideplan, en la ejecución de acciones planteadas en dicho Plan Nacional para este sector.

La Defensoría considera fundamental que el Ministerio de Justicia informe sobre las acciones programadas, calendario respectivo y asignación de responsabilidades, para atender cada una de las siguientes 10 situaciones:

– Sobre la medición del porcentaje de personas privadas de libertad que participan en procesos de reinserción social integral, pues en el 2023 Planificación indicó que no fue posible debido a la forma en que registra esa información.

– Sobre la insuficiente participación de personas privadas de libertad en actividades ocupacionales remuneradas en las regiones Brunca y Huetar Caribe.

– Sobre las acciones adoptadas para atender las causas del retraso en la construcción de Delegaciones Policiales. Planificación detectó un retraso en el diseño, adjudicación y construcción de ocho Delegaciones Policiales, debido a que la Fuerza Pública modificó criterios sobre cantidad de funcionarios que albergaría cada una, a que el contratista de la Delegación de Horquetas abandonó la obra y al aumento en los precios de construcción y consecuente insolvencia financiera.

– Sobre acciones para agilizar la implementación del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia”, y específicamente el componente “Efectividad policial”, pues Planificación identificó insuficiente avance.

– Sobre las acciones para actualizar, la meta de otorgar permisos de trabajo a personas solicitantes de refugio, de acuerdo con la reglamentación reciente.

– Sobre las acciones para replantear, dotar de recursos y ejecutar el proyecto “Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Planificación indica que no se avanzó debido a deficiencias en su diseño, a la falta de recursos y a la suspensión de convenios para asignar “personal a préstamo” a esa iniciativa.

– Sobre las acciones para dotar de personal y mejorar la ejecución presupuestaria, en la iniciativa de atención a mujeres víctimas de violencia con representación legal y orientación psicosocial, en los distintos centros de denuncia interinstitucional. Aquí Planificación detectó insuficiente capacidad instalada para atender la demanda de bienes y servicios, de al menos 600 mujeres víctimas de violencia atendidas en los distintos centros de denuncia institucional y tardanza en la contratación de profesionales.

– Sobre acciones para promover, con material impreso y otras modalidades de divulgación, el acceso de mujeres víctimas de violencia a los “Puntos Violeta” y otros “espacios seguros” previstos en el PNDIP 2023-2026.

– Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria del sector, en el cumplimiento de las metas sectoriales y de intervención pública establecidas en el PNDIP 2023-2026. Indica Planificación que el sector Seguridad Ciudadana y Justicia solamente ejecutó el 62% de la programación presupuestaria del 2023.

-Considerando que el PNDIP 2023-2026 cifró en 545 el número de homicidios para 2023, que esa cifra resultó absolutamente superada (907), y que para 2024 también se prevé superar la “meta” estimada en dicho Plan (533), informar las acciones que usted, como Ministro Rector del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, está adoptando para cumplir las responsabilidades que le encarga el artículo 4 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, a fin de anticipar y revertir la tendencia observada en la tasa de homicidios dolosos y el previsible incumplimiento de las metas del PNDIP. Actualmente el Ministerio de Justicia solicitó una prórroga para responder a la Defensoría.

Oficina de Comunicación Institucional.

Defensoría de los Habitantes

Para las abogadas y los abogados – mensaje de Walter Antillón

Walter Antillón, abogado
Carnet 785

Un grupo de colegas y otros profesionales, preocupados por la crisis que actualmente atraviesan la seguridad ciudadana y la justicia en nuestro país, se ha dado cita en la sede de nuestro Colegio el lunes 22 de abril a las 12 meridiano, y con el patrocinio del Presidente Don Francisco Eiter Cruz Marchena, se dispone a preparar la celebración de sendos seminarios sobre el estado de los servicios de Policía y de Justicia, a fin de preparar propuestas dirigidas a aclarar los gravísimos problemas y sus posibles soluciones, como un aporte de la sociedad civil costarricense representada por su clase forense.

Invito por este medio a las abogadas y los abogados de buena voluntad a que se sumen a esta iniciativa.

Naranjo, 17 de abril de 2024.

Seguridad y mejora en la red vial deben ser prioridad de próximos gobiernos locales según ciudadanos

  • 7% de encuestados valora como positiva la labor del TSE; un 50% estima que los partidos cantonales gozaron de las mismas condiciones que los partidos nacionales.

  • Un 51,8% de la población manifiesta que nunca o casi nunca conversa acerca de política con personas cercanas.

UNA Comunica. 14 de marzo de 2024. Las autoridades municipales que asumirán funciones a partir del próximo 1º de mayo deberán prestar atención a dos temas prioritarios: una mejora en las condiciones de la red vial cantonal y la atención a los problemas de seguridad ciudadana en sus comunidades. Así lo piensa el 60,4% de la población que participó en la encuesta Percepción sobre la participación y el proceso electoral municipal 2024, a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA).

Ante la consulta de cuál es el principal problema que considera que debe enfrentar el próximo gobierno municipal, las opiniones se dividieron entre la atención de la red vial (30,7%) y la seguridad ciudadana (29,7%). Más atrás figuran el desempleo (7,2%), el combate a la corrupción (5,3%) y la mejora de la gestión municipal (4,7%).

Este estudio se llevó a cabo del 9 al 17 de febrero, justamente para analizar las percepciones ciudadanas sobre las elecciones municipales, las motivaciones del voto, el análisis del alto abstencionismo y la participación de actores claves relevantes durante el proceso.

Sobre este último aspecto, destaca que para un 77,2% de la población, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llevó de manera adecuada el proceso electoral. También los partidos políticos que participaron obtuvieron una buena valoración, al considerar que para un 65,6% de la muestra su actuar fortaleció la democracia del país.

Las opiniones están divididas al responder si estaban de acuerdo con la premisa de que los partidos políticos cantonales o provinciales tuvieron las mismas condiciones que los partidos nacionales, para exponer sus ideas a la ciudadanía. Un 50% opinó que sí.

También existe división al valorar el papel que cumplieron los medios de comunicación. Un 51,6% de la ciudadanía opinó que la cobertura que ofrecieron fue adecuada. Por el contrario, un 39,2% de la población indicó que estaba en desacuerdo con esa percepción.

Razonamiento del voto

Una serie de consultas incluidas en el estudio analizaron en detalle la participación electoral del pasado 4 de febrero.

En un contexto donde el abstencionismo superó el umbral del 68%, se les consultó a los ciudadanos cuáles fueron las principales razones para no ir a votar en estos comicios. Para un 54,4% de la población primó la “imposibilidad material de participar en las elecciones”, donde jugaron en contra razones como una enfermedad, un viaje fuera del país o el propio trabajo, para no acudir a las urnas.

Solo un 13,8% de las personas encuestadas manifestó que no tenía interés en informarse sobre el proceso electoral. Un 12,1% no le gustaba ningún partido político, ni candidato y un 10,2% alegó que votar “no provoca ningún cambio”.

Por el contrario, entre quienes sí fueron a emitir el sufragio, un 97,3% mencionó como factor de motivación el hecho de cumplir con una responsabilidad ciudadana. También, señalaron la preocupación por temas específicos de la comunidad (85,8%), la afinidad con la propuesta política de un partido (64,1%) y la búsqueda de un partido distinto al que gobierna actualmente su cantón (61%).

En una valoración de 1 a 5 (siendo el 5 la nota más alta) el estudio del Idespo-UNA indagó sobre los factores que más influyeron en la decisión final de por quién votar.

El factor más relevante fue el de la información que se tenía sobre las personas candidatas (3,15), seguido por la gestión del actual gobierno municipal (3,08), las noticias sobre la campaña (2,77) y las conversaciones de este tema entre familiares y amigos (2,68).

Con respecto a este último factor, destaca entre los resultados, que un 51,8% de la población nunca o casi nunca conversa sobre política con personas cercanas, mientras que solo un 27,1% lo hace “algunas veces” y un 21,1% lo aborda “siempre o casi siempre”.

“La población encuestada parece mantener un bajo interés hacia la política electoral partidista, ya que un 50% asegura que nunca o casi nunca conversa de política con familiares o personas cercanas”, se lee entre los principales hallazgos del estudio.

Ante la consulta de si la persona fue o no a votar, el 55,7% dijo que sí, mientras que el 44,2% manifestó que no asistió. Este último dato contrasta con el abstencionismo del 68% que finalmente se registró. La razón de esa diferencia se explica, según el estudio, porque es usual que las personas que no asistieron a votar estén menos anuentes a participar en un estudio de opinión post electoral, lo que lleva a este grupo a estar subrepresentado.

Sobre el tipo de partido que eligieron para dirigir su alcaldía por los próximos cuatro años, un 51,6% indicó que lo hizo por un partido cantonal o provincial y un 43,5% por un partido nacional.

Sin embargo, solo 12 de las 84 alcaldías fueron ganadas por un partido cantonal/provincial. “La explicación de este resultado puede deberse a que, para estos comicios, participaron 127 partidos locales o provinciales y 34 partidos nacionales; así, el alto número de los primeros pudo producir que ese apoyo se dividiera en múltiples grupos, lo que benefició nacionales”, destaca el informe.

Un comportamiento similar se registró ante la consulta de por cuál partido político votaron los ciudadanos para los concejos municipales. Un 53,1% dijo apoyar un partido cantonal o provincial, un 39,7% a un partido nacional y un 4,8% a una coalición o alianza política.

Sobre el momento en que las personas decidieron por quién iban a votar, un 42% aseguró que desde meses antes de la elección, un 22,5% semanas antes, un 18,2% el propio día de las elecciones y 17,3% en la misma semana. Solo un 12,2% cambió su intención de voto durante el proceso, mientras que el restante 87,8% mantuvo invariable su posición.

La presentación del estudio estuvo a cargo del director del Idespo-UNA, Norman Solórzano, el coordinador del programa Umbral Político, José Andrés Diaz y la investigadora Sindy Mora. El tamaño de la muestra fue de 1.171 personas, tiene un error de muestro de 2,9% y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

AAJ Rama Costa Rica propone al Colegio de Abogadas y Abogados plan por el respeto a la legalidad, a la institucionalidad y a la sana convivencia democrática

SURCOS comparte el siguiente documento enviado por la Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica al Colegio de Abogadas y Abogados.

El documento, dirigido a Francisco Cruz Marchena, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica señala que “conforme con lo prometido, le remito la propuesta de la AAJ, Rama Costa Rica, consultada con otras organizaciones”. El envío fue realizado por el reconocido jurista costarricense Walter Antillón Montealegre, quien lo compartió con SURCOS.

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS AL COLEGIO DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE COSTA RICA

Preámbulo:

En vista de la seria crisis que atravesamos en Costa Rica, ante el deterioro cada día más grave y profundo del Estado de Derecho que construimos especialmente durante el siglo pasado, que dio estabilidad y mejor cumplimiento a los principios constitucionales de búsqueda de la igualdad, mejor distribución de la riqueza y una adecuada división de poderes, siguiendo el principio clásico de “frenos y contrapesos”, para garantizar un más adecuado cumplimiento de los sólidos principios democráticos, para una más adecuada gobernabilidad, inspirada en el estado de derecho, el respeto de la legalidad, alejado de la arbitrariedad y la improvisación.

Cada día se profundiza más la injusticia, lo cual pone en peligro la institucionalidad democrática, por lo que nos unimos a amplios sectores de la población en hacer un llamado para unir esfuerzos, a fin de encontrar soluciones concertadas, inspiradas en principios garantistas.

Dentro de las iniciativas de las cuales ya forma parte, como en el “Foro de Justicia”, la Asociación Americana de Juristas solicitó una cita al señor Presidente del Colegio de Abogados, Lic. Francisco Cruz Marchena, quien nos atendió junto con el Director Ejecutivo, Lic. Gerardo Solís, para exponerle la urgente necesidad de llevar a cabo una serie de actividades, lideradas por el Foro, por los abogados, para encontrar soluciones, hacer propuestas, y volver a encauzar nuestro país por la vía del respeto a la legalidad, a la institucionalidad por una sana convivencia democrática.

Con miras a un primer encuentro durante el próximo mes de julio del 2024, a fin de ir haciendo un diagnóstico, que nos permita definir parámetros, hacemos la siguiente propuesta provisional, tentativa, a partir de la cual las diferentes organizaciones de la sociedad civil podamos contribuir a mejorar el funcionamiento -entre otros- del Poder Judicial, como baluarte de la equidad y la justicia; avanzar en proyectos de seguridad que den estabilidad a nuestro país, y alejen a la juventud y a la población del flagelo del crimen, la inestabilidad y del narcotráfico.

Esperamos sus sugerencias, observaciones y contribuciones, para que entre todos podamos contribuir a mejorar nuestra sociedad y país.

ESBOZO DE UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A ENFRENTAR LAS CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE DESEMPEÑO

POLICIAL Y JUDICIAL

Walter Antillón

Sabemos con toda certeza que las causas principales de los fenómenos delictivos que se suceden cotidianamente cada vez con mayor frecuencia (homicidios, asaltos, sicariato derivado del narcotráfico, etc.), se encuentran en la pobreza extrema, la ignorancia y la exclusión de grandes grupos de jóvenes pertenecientes a los estratos inferiores de la sociedad costarricense; y estamos convencidos de que el remedio más eficaz para conjurar aquellos daños es una política de justicia social que elimine dichas causas. Pero desde hace muchos años ningún gobierno, incluido el actual, ha asumido dicha política; por el contrario, más bien han agravado el problema general al debilitar los servicios de policía y justicia. Y siendo así las cosas, este programa se moverá en el nivel de los síntomas, no de las causas.

En efecto, las crisis por las que atraviesan la seguridad ciudadana y los servicios policiales y judiciales son palpables en nuestro País, y se agravan aceleradamente. Pero entre las actividades conducentes a ponerles remedio debemos distinguir nítidamente las de carácter urgente de las que, en el mediano y largo plazo, tratarían de alcanzar soluciones de fondo. Esta distinción se articulará en sendas diferentes estrategias que albergarán otros tantos programas de acción.

I.- LAS MEDIDAS URGENTES

Obviamente la toma de las medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana y en materia de administración policial y de justicia es del resorte de los Poderes del Estado, de manera que a nuestras organizaciones lo que corresponde es:

  1. a) Investigar e informar detalladamente a las autoridades competentes y a la comunidad ciudadana en general, acerca de las dimensiones reales de la crisis y las medidas urgentes a tomar;
  2. b) Incitar especialmente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo a que asuman sus respectivos roles dirigidos a preparar los marcos jurídicos y la pronta ejecución de las estrategias adoptadas;
  3. c) Vigilar durante el transcurso de dicho proceso que todas las medidas que vayan siendo institucionalizadas garanticen plenamente el respeto de los derechos fundamentales de las diferentes poblaciones involucradas.

II.- Iniciaremos con un SEMINARIO PARA LAS MEDIDAS URGENTES

Se convocará la organización de un seminario con participación de periodistas de investigación, científicos sociales, médicos, abogados y funcionarios especializados para que, en comisiones de trabajo, se distribuyan las tareas respectivas para la elaboración de sendos diagnósticos acerca de:

1º) la situación actual de:

  1. a) Los cuerpos de la Policía Administrativa;
  2. b) El Organismo de Investigación Judicial;
  3. c) El Poder Judicial.

2º) Las medidas de urgencia recomendadas para conseguir que los distintos servicios policiales y judiciales enfrenten exitosamente las crisis actuales.

El Seminario comunicará sin demora sus conclusiones a los Poderes del Estado.

III. ACTIVIDADES ATINENTES A LAS MEDIDAS DE FONDO

Simultáneamente tendría inicio el conjunto de actividades dirigido a instaurar las medidas de fondo, que darían respuestas más definitivas a los requerimientos de seguridad y de justicia en Costa Rica.

  1. A) Los perfiles de los operadores

Como una línea transversal entre las diferentes tareas del conjunto es necesario trazar sendos perfiles de los operadores policiales y judiciales:

  1. a) De la policía administrativa
  2. b) De la medicatura forense
  3. c) De la policía judicial
  4. d) Del ministerio público de la defensa
  5. e) Del ministerio público de la acusación
  6. f) De la judicatura.

1.- La discusión de los distintos perfiles se llevará a cabo a través de sendas mesas redondas que alimentarán el trabajo de las comisiones redactoras, cuyas conclusiones se someterán al plenario.

  1. B) La organización

Una vez establecido cada perfil, de ello debe seguirse la configuración orgánica administrativa de cada uno de los servicios del conjunto:

  1. g) La organización de la policía administrativa
  2. h) La organización de la medicatura forense
  3. i) La organización de la policía judicial
  4. j) La organización del ministerio público de la defensa
  5. k) La organización del ministerio público de la acusación
  6. l) La organización de la judicatura.
  1. C) Los congresos

La organización modélica de los diversos servicios se llevará a cabo en sendos congresos de carácter nacional, policiales y judiciales, con participación de todas las profesiones involucradas:

I.- CONGRESO NACIONAL DE LA POLICÍA

II.- CONGRESO NACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

III.- CONGRESO NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

IV.- CONGRESO NACIONAL DE LA JUDICATURA.

Las organizaciones involucradas en el proyecto podrán privilegiar o posponer la celebración de alguno o algunos de los congresos mencionados, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos humanos y/o financieros, u otras circunstancias relevantes.

Arturo Campos propone renovar la seguridad en Alajuela con caninos K9 y una policía municipal reestructurada

Por Ihann Paniagua Porras

En medio de la creciente preocupación por la seguridad ciudadana en Alajuela, el candidato a la alcaldía, Arturo Campos del Partido Unidad, presenta una propuesta ambiciosa centrada en una reestructuración completa de la Policía Municipal y la implementación de agentes caninos K9.

La seguridad en Alajuela, un cantón en constante evolución con una población dinámica y creciente, requiere un enfoque integral. Campos destaca la importancia de no solo abordar reactivamente el control del crimen, sino también de fomentar la prevención, la educación y la inclusión social. Su propuesta busca no solo proteger a los alajuelenses, sino también crear un ambiente de confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

El objetivo general de su plan es promover, desarrollar e implementar un enfoque integral de seguridad ciudadana, fortaleciendo la Policía Municipal y creando programas de concientización ciudadana desde edades tempranas.

Entre los objetivos específicos, Campos destaca el aumento del presupuesto para la Policía Municipal mediante consenso político, la reestructuración de la institución con un nuevo organigrama y perfiles específicos para cada puesto. Además, propone la creación de una unidad K9, la recuperación de espacios públicos y la construcción de al menos tres comisarías distritales.

El candidato también plantea la importancia de establecer alianzas estratégicas con el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública, así como implementar medidas de seguridad y aumentar la presencia policial, comenzando por el distrito más poblado.

Con un enfoque tecnológico, Campos busca dotar a la Policía Municipal con herramientas modernas, como bodycams, cámaras en unidades móviles y sistemas de monitoreo. También propone la implementación del sistema Eparking para optimizar las labores de seguridad pública.

Destacando la importancia de la participación ciudadana, Campos promete una gestión transparente y rendición de cuentas, asegurando que la seguridad en Alajuela sea una responsabilidad compartida entre la comunidad y las autoridades locales. Con estas propuestas, Arturo Campos aspira a transformar Alajuela en un lugar más seguro y próspero para todos.

SURCOS ofrece, como aporte al proceso democrático y a una elección consciente, una serie de entrevistas con las candidaturas a la elección municipal de febrero del 2024.