Con este acuerdo se da seguimiento al proceso mediante el cual organizaciones del magisterio, federaciones estudiantiles, universidades públicas y las agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo suscribieron un documento político el 20 de junio del 2023.
La motivación fue la más grave crisis educativa que enfrenta Costa Rica en los últimos 40 años. Esta acción política hizo un llamado a todas las fuerzas vivas del país, a concertar con urgencia un Pacto Nacional por la Educación Pública que garantice la universalidad, pertinencia, gratuidad y calidad de los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y de nuestra libertad política, así como herramienta indispensable para la movilidad social ascendente y el desarrollo humano.
Con base en ello, organizaciones del sector educación, estudiantes y otros sectores agrupados se propusieron reactivar este proceso de forma más abierta, con más participación de distintas organizaciones sindicales y movimientos sociales. Para ello se convocó a una reunión política que permita definir acciones articuladas para la defensa de la educación pública nacional que incidan en los distintos espacios de lucha y los de carácter propositivo, como la mesa de trabajo educación del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.
Esta reunión política abierta del Pacto Nacional por la Educación Pública se realizó este martes 06 de agosto en las instalaciones la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP).
En la convocatoria se indicó que esa sesión “no será la única, también sabemos que existen más espacios de lucha, el interés de las organizaciones es unir esfuerzos, superar los egos y la dispersión, así como buscar puntos de encuentro mínimos para reactivar este proceso con la mayor diversidad de actores posibles”.
Los temas que se proponen como articuladores de la lucha social son la crisis de la educación pública junto al grave deterioro de la seguridad social, así como de la seguridad alimentaria, todos, elementos claves del Estado Social de Derecho.
SURCOS comparte en este enlace un PDF con un resumen de este proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública, además, un video e imágenes de la actividad de este 6 de agosto, en la cual, se llama a la movilización nacional el 28 y a movilizaciones regionales el 29 de agosto.
Es tema país que debe ser examinado con detalle y precisión para lograr que tengamos un país con mayor calidad de vida. Es una área del bienestar, pero también de condiciones para tener ser humano con potencialidades. Para esto, el lograr políticas sociales que impacten en sectores vulnerables y de bajo crecimiento es fundamental.
Esta arista parece que no se analiza ni se efectúan acciones de adecuado desarrollo en este ámbito. Con instituciones que no operan por una perspectiva estratégica a lo más en una especie de “opereta búfa”, donde los máximos dirigentes lo manejan sin ningún criterio de gestión social, o cuando hay posiciones en contrario, la destitución o las vacaciones forzadas parecen ser las formas favoritas.
Se requiere un esfuerzo de tomar posición para lograr que este tipo de instituciones cuenten con solidez ejecutiva. La coordinación adecuada, las acciones para atender “los picos”, y sobre todo, la claridad de la misión para la cual fue creada. De igual manera la infraestructura sanitaria y de salud requieren contar con espacios propios dentro de los esfuerzos de una economía de competencia con bienestar.
Esos esfuerzos nos ayudarían a retomar el camino en una área tan vital, lo cual no parece el camino actual, se requiere que sea rectificado de acuerdo con el cumplimiento de lo normado en este campo.
El pasado 4 de julio FRENASS Caribe participó junto a otras fuerzas vivas de Limón en la Marcha pro nuevo hospital.
En el marco de este evento, FRENASS Caribe revindicó la «…participación activa y combativa en demanda de la construcción de un nuevo hospital en Limón. Pero además de la construcción del hospital, es obligatorio el equipamiento de los servicios y la creación de nuevas plazas de médicos, enfermeras y personal de apoyo, cuya preparación debe de iniciarse de inmediato, porque el cuidado de las personas así lo demanda».
Como parte del esfuerzo de articulación en defensa de la seguridad social, se busca posicionar que un nuevo hospital es insuficiente sino viene acompañado del «… obligatorio el equipamiento de los servicios y la creación de nuevas plazas de médicos, enfermeras y personal de apoyo, cuya preparación debe de iniciarse de inmediato, porque el cuidado de las personas así lo demanda».
Para FRENASS Caribe, es necesario que la población limonense sea consciente que no cualquier iniciativa de construcción del hospital es aceptable, por esta razón exige que se «…respete el “Plan Funcional”, como proyecto original del hospital, y se opone a la reducción de los servicios, los cuales más bien deberán estar plenamente integrados a toda la red de Clínicas y EBAIS.».
La seguridad social no se garantiza meramente con infrestructura, necesaria, pero insuficiente, sino se acompaña de una atención integral.
Ante esto, se recuerda que es indispensable «…fortalecer el primer nivel de atención con la creación de más EBAIS y el reforzamiento de los existentes, de manera que el segundo nivel de atención resuelva lo que le compete y solamente eso. Que el primer nivel de atención sea el servicio prioritario, pues es ahí donde se resuelve el 90 % de la demanda en salud».
También, durante esta manifestación no se pasó por alto el actual contexto de vulnerabilidad que atraviesa la institución, ya que como exigieron ese día «…es urgente que la CCSS exija el pago de los más de ¢ 3,7 billones (millones de millones) que el Estado le adeuda. Los recursos existen, es la Presidenta Ejecutiva de la CCSS y el Ministro de Hacienda quienes no quieren resolver esa traba, con el cuento de que la Caja está quebrada.»
Para FRENASS Caribe es urgente abordar los temas estructurales que erosionan día a día la calidad de vida de las personas limonenses, por esta razón recuerdan que sólo a través de la vigilancia y demanda activa de la ciudadanía es posible ir «…superando el mero enfoque asistencial, para avanzar hacia un Estado social de derecho, que garantice calidad de vida, mejore la prevención de las enfermedades y priorice la promoción de la salud.»
El pasado 15 de junio del 2024 se realizó el Encuentro Popular por la Salud de Limón, organizado por FRENASS Caribe. En donde se reunieron en el distrito central de Limón, diversas personas lideresas del Cantón, para conversar y reflexionar sobre las implicaciones del contexto actual que atraviesa la seguridad social.
Conversamos con Luis Soto miembro de la coordinación de FRENASS Caribe para conocer las primeras impresiones en torno a las reflexiones y debates que se dieron durante el Encuentro Popular por la Salud del Cantón de Limón que se realizó el pasado 15 de junio del 2024. Le preguntamos a partir del debate ¿Cuál contexto atraviesa la seguridad social en el Cantón?
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
Dr. Rodrigo CabezasMoya Especialista en Cirugía de Tórax
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la Seguridad Social para contar con los especialistas que el país requiere y no solo la C.C.S.S.?
Muy apropiada la formulación de la pregunta pues se deben formar los especialistas que requiere todo el país y no solo una institución o el sector privado.
Antes de discutir el tema se debe discutir la enseñanza de la medicina en Costa Rica, que impacta directamente el tema en discusión sino también la salud que recibe la población. En otros países, al final de la fase preclínica (anatomía, fisiología, embriología, etc.) se hace un examen de competencia y quien no lo aprueba no continua en la carrera, ahorrándoles dinero a los padres de familia y orientando al estudiante a otras actividades acordes con su aptitud y capacidad.
Como se ha hecho en Costa Rica la formación de especialistas durante muchos años no es la manera adecuada pues ellos deciden quienes y cuántos se forman al ser ellos quienes designan los exámenes, las preguntas y los califican, siendo de hecho juez y parte del proceso. Incluso en algunas especialidades dejan por fuera a estudiantes calificados para favorecer a familiares de médicos.
En un artículo reciente puse de ejemplo el país donde me formé como especialista, Estados Unidos.
Ahí quienes lo hacen son las universidades que tienen su propio hospital universitario o en algunos casos, tienen un contrato para encargarse de la enseñanza en ellos, por ejemplo Hospitales de Veteranos u Hospitales Públicos de la ciudad, sin que participen en el manejo financiero. El plan de estudios lo hace un ente nacional que representa la especialidad ( American Board of Medical Specialist ) decide si el hospital tiene la capacidad para hacerlo y en el caso de especialidades quirúrgicas, el tipo y número de casos que cada residente debe hacer para concluir el programa. Al final del programa, la universidad certifica las fechas en que la persona fue residente de la especialidad. El título de especialista lo otorga el ente nacional de esa especialidad después de un riguroso examen escrito y oral.
Como se puede deducir, los especialistas no influyen en el número que se forman ni controlan el mercado, muy distinto a la manera como se hace en Costa Rica.
El tema que se pregunta es los desafíos para contar con los especialistas que el país requiere.
En este momento de crisis, la formación pasa a un segundo plano simultáneo con una directriz temporal para importar especialistas extranjeros con toda la oposición que eso acarrea.
Se deben buscar especialistas con un programa de formación similar al aprobado por la Universidad de Costa Rica. Se debe anticipar la oposición del Colegio de Médicos cuya principal función es proteger a sus miembros. Para eso se debe involucrar a la Asamblea Legislativa y a la Sala Constitucional y convencerlos de la naturaleza crítica de la situación. Hay países con programas de estudio similares en donde los especialistas ganan menos, como Colombia y Argentina.
Una vez superada la fase crítica en que estamos, se debe planear la formación en Costa Rica de especialistas, involucrando a todas las partes interesadas y manteniendo a la Universidad de Costa Rica como rectora de los programas de estudio. Otras universidades que no tienen hospitales universitarios no deben participar excepto en casos muy calificados. No se debe descartar la formación de especialistas en el extranjero, lo cual podría costar lo mismo o menos que formarlos aquí.
Una vez superada la crisis, se debe reevaluar el sistema de atención. Cuando haya suficientes especialistas, debe haber tres turnos con salarios globales adecuados y proporcionales a la complejidad de la especialidad y el tiempo requerido para lograrlo. Excepto en casos calificados, no debería haber guardias ni disponibilidad.
Como he dicho en otras ocasiones, para superar la etapa en que nos encontramos se requiere de los más altos valores éticos para el beneficio de Costa Rica.
Conferencia sobre salud y seguridad social, en el marco del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel cuyas mesas de trabajo temático iniciaron este 10 de junio. El objetivo de la conferencia es construir y aportar ideas relacionadas a las listas de espera que afecta a la parte familiar y productiva de la población. Expositores que se encuentran en la mesa principal y sus respectivos argumentos:
Vivian Rodríguez Araya: integrante del Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Sus argumentos giran en torno a la importancia del diálogo social como pilar de la vida democrática. Se señala la preocupación por el aumento de las listas de espera de atención de pacientes por problemas estructurales y como resulta relevante la vocación de diálogo para alcanzar acuerdos.
Ana Gloria Romero Hernández. Vicepresidenta de la Fundación ANASOVI (Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida), la cual presentó 430 recursos de amparo de pacientes que necesitaban ser atendidos con prontitud. Sobreviviente de cáncer.
Se explica que tiene representación en varias organizaciones que buscan ayudar a pacientes de cáncer bajo la consigna “los pacientes somos el centro de la salud”.
Historia de la Fundación ANASOVI y de diversas luchas que han tenido que llevar a cabo distintos pacientes.
Se analiza cómo el tiempo transcurrido entre el diagnóstico, que se lleva a cabo generalmente de manera temprana, se ve afectado por la ausencia de especialistas que hace que la enfermedad evolucione.
Se señala la Importancia de garantizar infraestructura y garantías laborales para los especialistas. Además se señala la brecha existente entre el Gran Área Metropolitana y las zonas fuera de ésta, en donde la escasez de especialistas es aún mayor.
Dr. Rodrigo Cabezas Moya. Abanderado de la salud, cirujano de tórax, asistente voluntario del Hospital Calderón Guardia.
Énfasis en que los especialistas son para el país, no para el sector público o sector privado.
Se realiza una fuerte crítica a la calidad de la educación médica que brindan algunas universidades en el país.
Se destaca esta posición: “En este momento esto es una crisis, el tema no es formar especialistas, debemos importarlos de otros países que tienen universidades similares al régimen de la Universidad de Costa Rica pero que en sus países tienen peores condiciones laborales como Colombia o Argentina”. Se explica que las condiciones laborales para especialistas en Costa Rica son muy atractivas.
Dr. Rodrigo Chamorro Castro. Cirujano cardiovascular y de tórax, Jefe de Cirugía del Hospital Calderón Guardia.
Considera que no hay una verdad absoluta ni un culpable único. La crisis y preocupación por la situación de los asegurados es un tema crítico.
Anestesiólogos siendo la especialidad más escasa respecto a la demanda que poseen los hospitales de estos profesionales.
Crítica al gremio de medicina puesto que existen intereses para no aumentar la disponibilidad de especialistas, esto puesto que se considera que la formación de estos especialistas en mayor cantidad, beneficia más al sector privado que al sector público. El expositor considera que esto es incorrecto pues no hay garantía de que todos prefieran lo privado.
Los médicos que trabajan en la institución están al punto del colapso por la carga laboral. La institución como tal, está al borde del colapso también.
Dr. Román Macaya. Expresidente de la CCSS, bioquímico de profesión, cuenta con una maestría en gestión de sistemas de salud.
Relación entre envejecimiento de la población y la disponibilidad de especialistas (envejecimiento – capacidad hospitalaria – oferta de especialistas).
Argumentación basada en estadísticas sobre: natalidad, días de hospitalización, cantidad de camas de hospitalización disponibles, oferta de especialidades en universidades y cantidad de especialistas proyectados a capacitarse.
Lic. Lenín Hernández Navas. Presidente del Directorio de la Asamblea del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Además es el Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines.
Importancia del diálogo para la formulación de políticas, realiza una argumentación basada en estadísticas. Se plantea un análisis de los salarios más altos de especialistas en la CCSS, además de un análisis de los costos y días de espera que caracterizan la operación. Se destaca este argumento: “Es imposible por la cantidad de los casos de pacientes, que el sector privado absorba el 100% de la demanda de procedimientos, no se beneficia al sector privado produciendo más especialistas”.
Óscar Izquierdo Sandí. Diputado de la República, quien presentó la iniciativa de ley que insta a que el MIDEPLAN no pueda incidir en la toma de decisiones de la CCSS.
El rol de los actores políticos en estas tomas de decisiones.
Desafíos que se enfrentan: financiamiento sostenible de la CCSS, retención de especialistas y profesionales, infraestructura hospitalaria para garantizar la dotación de servicios.
Explicación del impacto que busca alcanzar el proyecto de ley presentado.
Dr. Lizbeth Salazar Sánchez. Representante de la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado). Además es médica cirujana y exdirectora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica,
Explicación de qué es UCCAEP. Explicación del interés que tiene UCCAEP por el resguardo de la CCSS pues resulta imposible administrar un sistema de seguro propio para sus trabajadores. UCCAEP no va a apoyar privatización de servicios que la CCSS brinda.
Ing. Óscar Avellán Villegas. Gerente General de COOPESIBA.
Explicación de los beneficios de las alianzas público – privadas. Defensa de las cooperativas que brindan servicios de salud en tres pilares: Las cooperativas de salud son parte del sector social costarricense, la CCSS fundamenta el pacto social de Costa Rica y las cooperativas de salud conforman una alianza pública – privada exitosa con la CCSS.
Este lunes 10 de junio, el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras participó en la instalación oficial de las mesas de trabajo del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.
Las mesas de trabajo se enfocarán en cuatro grandes temáticas: educación, salud y seguridad social, fomento a la producción nacional y seguridad ciudadana. Están integradas por representantes de organizaciones sociales, productivas y laborales del país, así como de las universidades públicas, que generarán propuestas a corto, mediano y largo plazo para dar solución a los principales desafíos económicos y sociales del país.
El Foro es una iniciativa conjunta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.
Con la instalación de estas mesas de trabajo, se da un paso crucial hacia el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre los diferentes actores del país para construir una Costa Rica más justa, inclusiva y solidaria.
Ante una consulta de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social se logró generar un estudio de parte de la Auditoría Interna de la CCSS en torno a la deuda del Estado por traslado del “Primer Nivel de Atención”.
Este estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo del Área Auditoría Financiera y Pensiones de la Auditoría Interna para el periodo 2024, así como en atención de las denuncias DE-232-2022 y DE-039-2023, en las cuales se exponen temas relacionados con el costo del traslado de los programas del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención, teniendo como objetivo general el analizar la gestión de la deuda del Estado relacionada con el traslado de los programas del Primer Nivel de Atención, considerando la normativa aplicable, así como el procedimiento para su cuantificación, cobro y registro contable.
Por su parte como objetivos específicos se encuentra la siguiente lista:
Revisar la aplicación de la metodología para la cuantificación y el procedimiento de cobro para los costos del primer nivel de atención al estado conforme el artículo 9 de la Ley 7374, a partir de octubre de 2019.
Constatar el pago por parte del Estado de los fondos provenientes del artículo 9 de la Ley 7374 relacionados con la atención primaria en salud.
Indagar sobre las acciones que se han promovido desde la administración activa para la ejecución de sentencia expediente 13-006261-1027-CA.
Revisar la razonabilidad del registro contable relacionado con los saldos a cobrar por concepto de traslado de los programas del primer nivel de atención del Ministerio de Salud a la CCSS.
Determinar si los riesgos identificados desde la perspectiva de la Auditoría Interna durante la presente evaluación están incorporados en la matriz de riesgos de la Dirección Financiero Contable y Dirección Jurídica, así como si tienen establecidos los controles mínimos para mitigarlos.
Este 21 de mayo se envía el informe completo de este estudio donde se destacan dos recomendaciones:
AL LIC. GUSTAVO PICADO CHACÓN, GERENTE FINANCIERO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.
Valorar la pertinencia de que se revele información precisa, actualizada y pertinente en los Estados Financieros en relación con el traslado de los programas y funcionarios del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención hacia la CCSS, considerando las buenas prácticas de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), especialmente la NICSP 19 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes.
Adicionalmente, se incluya en el desarrollo los motivos que fundamentan la posibilidad de aplicar o no a partir de octubre de 2019 el “Procedimiento para la determinación del gasto mensual para el primer nivel de atención” que incorpora la metodología para el cálculo, cobro y registro contable del gasto por el traslado de los programas y funcionarios del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención, así como de una eventual negociación de pago con el Ministerio de Hacienda, considerando que los periodos en disputa en el expediente judicial 13-006261-1027-CA abarcan desde el año 1994 hasta setiembre de 2019, para ello en caso de que lo estime necesario, podrá solicitar apoyo desde el punto de vista legal a la Dirección Jurídica y elevarlo a los niveles que correspondan.
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá suministrar a esta Auditoría una copia del análisis que se realice de los aspectos señalados, el detalle de las acciones que se tomarán producto de dicho análisis y las notas de revelación ajustadas en los Estados Financieros. Plazo: 6 meses.
AL LIC. GILBERTH ALFARO MORALES, DIRECTOR JURÍDICO O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.
Instruir al Área de Gestión Judicial para que emita un informe de manera periódica o bien cuando se presente un avance sobre el estado de situación del expediente 13-006261-1027-CA, relacionado con la omisión estatal de cumplimiento de la Ley 7374 en cuanto a la trasferencia de recursos para el primer nivel de atención en salud, para conocimiento de la Dirección Financiero Contable, Gerencia Financiera y Junta Directiva.
La información que se suministre deberá considerar como mínimo los criterios establecidos en la NICSP 19 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”, en cuanto a los Activos Contingentes, con el propósito de que se disponga de información actualizada a nivel institucional sobre este proceso, así como de los insumos necesarios para el mejoramiento de las revelaciones a nivel de Estados Financieros, con el fin de apoyar la rendición de cuentas y toma de decisiones a nivel institucional, tomando en cuenta lo descrito en los hallazgos 4 y 5 de presente informe.
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá aportar la instrucción emitida, así como el primer informe elaborado sobre la situación del expediente judicial 13-006261-1027-CA. Plazo: 4 meses.
Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.
Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.
En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).
Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!
Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.
Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.
Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?