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Etiqueta: servicio público

¿Electricidad privada, solidaria y a precio justo?

Publicado el . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo
Profesor ITCR-ecologista FECON

Jamás. Eso no ha existido nunca, ni existirá. Todos los sistemas de electricidad privatizados dan cuenta del lucro mercantil por encima del servicio público, de abusos tarifarios, de gobiernos cómplices, pusilánimes y protectores de las empresas privadas a las que, de manera deliberada y voluntaria, entregaron los servicios de generación y distribución de electricidad.

El reciente apagón en Europa, y más que todo en España, Portugal y el sur de Francia, debe servirnos de modelo para reconocer el fracaso de los modelos privatizados. En España el 80% del mercado eléctrico pertenece a los privados desde que la subasta de este servicio público inició con los neoliberales (apodados socialdemócratas) con Felipe González dirigiendo la carreta y se consolidó durante la presidencia de José María Aznar. Más allá de los discursos embrutecidos y las mentiras por parte de una parte de la prensa de ese país, tan absurdas como que hay que aumentar el gasto militar para estar seguros y que el apagón fue un “ciberataque” perpetrado por Putin, lo cierto es que ese apagón no es más que la confirmación de que los sistemas privados no saben y no quieren planificar y se ocupan en exclusiva de acaparar ganancias sin importar la calidad del servicio.

Ese apagón y el proyecto 23.414 de “armonización” eléctrica en Costa Rica van en la misma dirección, porque en un mercado de subastas, como el que nos quieren imponer, la ausencia de planificación y la preponderancia total del mercado de lucro controlado por el mejor postor, es lo que nos espera si en la Asamblea legislativa el Ejecutivo y sus secuaces de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y otros partidos aprueban ese proyecto para consumar la muerte del ICE como institución de servicio público. Al frente quedarán los consumidores dependientes de su capacidad monetaria para comprar en el mercado privado.

A pesar del asedio al que es sometido, el ICE sigue garantizando inversión social que no es rentable. Por ejemplo, hace unas semanas, en el camino entre Coto Brus y Abrojo Montezuma, territorio Ngäbe, había empleados del ICE dando mantenimiento a los tendidos eléctricos, como lo hacen en todo el país. En otra gira a Alto Laguna de Osa/territorio Ngäbe llegamos al fin del camino donde está el poste 841/127 que es el penúltimo de un tendido eléctrico de más de 10 km que el ICE construyó. Las comunidades jamás hubieran podido pagar solas su costo millonario. Fue una combinación de aportes de la población indígena y de inversión del ICE. En Vista de mar, otra comunidad Ngäbe de Punta Burica, desde 2023 la gente le está pidiendo al ICE construir un corto tramo de línea eléctrica de medio kilómetro, cuyo costo estimado por el ICE es de ¢19.631.100. Se trata de una necesidad urgente de más de doce familias, incluidos los y las estudiantes que en las madrugadas salen caminando hacia el Liceo Rural de Conte. Si se aplicaran criterios de “rentabilidad” a una necesidad como esa, se atentaría contra la esencia misma del ICE que sigue dotando de servicio público de electricidad a cientos de comunidades. En el Plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040 (ICE, julio 2023) se aporta un dato impensable para cualquier país de América Latina y del mundo: entre 1998 y 2021 el ICE instaló 5.110 paneles solares en lugares rurales de acceso complicado. Esto incluyó 4.112 paneles residenciales, 467 en escuelas, 55 en liceos rurales. Otros 43 en EBAIS, 79 en puestos fronterizos de seguridad, 48 para teléfonos públicos administrados, 159 en puestos de áreas silvestres protegidas. Según el ICE fueron 380 las comunidades beneficiadas.

¿Qué pasaría si a cada una de esas inversiones le aplicamos un criterio de mercado; de rentabilidad, para decidir si se realiza o no? Evidentemente serían imposibles si fueran empresas privadas las responsables porque su fin es su ganancia. La otra pregunta inmediata y obligada es si estas mismas inversiones las seguirán haciendo los “agentes” privados cuando estemos sometidos a un mercado de subastas, como lo estaremos si aprueban el proyecto 23.414.

Entre los aspectos más letales del proyecto en contra del carácter público del servicio eléctrico se incluyen la “planificación indicativa” y el “mercado de subastas”. De la primera se habla insistentemente en los artículos 3, 6, 8, 9 y 13. En el primero de estos artículos 3 (Definiciones) se dice que “debe contemplar la integración de la generación distribuida, la participación del sector privado y la promoción de la inversión en infraestructura energética”. La planificación indicativa recaerá en el MINAE, un ministerio que del todo no tiene las potestades técnicas que tiene el ICE, pero pasa a convertirse en superministerio rector (ver artículos del 3 al 9 entre otros), anulando las potestades técnicas del ICE y asegurando la viabilidad política del mercado privado de subastas de la electricidad.

Totalmente diferente al patrón actual, en el 23.414 se establece en el artículo 9 que “la planificación indicativa no identificará proyectos renovables específicos y serán los agentes generadores los que propondrán sus proyectos en las subastas de capacidad, donde se escogerán los proyectos más convenientes para el SEN”. Además se reafirma que será el MINAE el responsable de “la planificación Indicativa de la generación, distribución y transmisión eléctrica, la administración de la demanda y la operación del Sistema Eléctrico Nacional”. La nueva visión de mercado privado de subastas queda blindada en el artículo 14 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” que establece que “las fuentes -de generación- pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta y deben de cumplir con los tramites de conexión establecidos en la legislación nacional y regional y los requisitos establecidos por la ARESEP”.

La desaparición de la planificación técnica que ejerce el ICE se dibuja en todo el proyecto pero con especial claridad se concreta en los artículos 13, 44, 45, 51 y 53. En el artículo 45 “Subastas de energía” se establece que “en esta subasta todos los agentes generadores participan de manera abierta, al igual que todos los distribuidores y los grandes consumidores y comercializadores”. Es decir, el añejo sueño de colocar en igualdad de condiciones a todos los agentes del mercado: ICE y privados de todo tipo, se cumplirá con este proyecto hecho ley. Algunos de estos agentes son generadores y consumidores de alta tensión, como APM Terminals, Holcim, Florida bebidas, los ingenios Taboga y El viejo, y además algunos como Florida ice and farm Co. y FIFCO (Cervecería Costa Rica) son “grandes contribuyentes” que por 5 y 6 años han declarado “cero ganancias”, según el Ministerio de Hacienda. En España es un puñado de empresas las que controlan el mercado con la anuencia plena del gobierno que no pasa de anunciar que pedirá cuentas. Hasta fondos buitres de Black Rock operan negocios de electricidad privada. Esa subasta ha sido implacable.

Para Costa Rica la subasta privada del mercado eléctrico se refuerza en el artículo 51 del 23.414 que establece que los “precios topes para las subastas de energía y de capacidad” dependerán “de las condiciones de los precios en el mercado de electricidad, durante períodos de alta demanda, con el fin de proteger los intereses de los consumidores, de precios excesivos en el mercado”. Esto de “proteger” resulta hasta chistoso pues todo el proyecto apunta a la desregulación y pérdida de fijación de costos y tarifas diferenciadas para asegurar el acceso universal a la electricidad, que es lo que históricamente ha garantizado el ICE con inversión social que no resulta rentable. No hay en este proyecto ni un artículo, renglón o palabra que apunte a bajar las tarifas como demagógicamente dicen sus defensores y hasta entidades privadas como la Asociación Costarricense de consumidores de energía y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así lo han afirmado (ver Actas de la Comisión de Energía). Lo que sí se garantiza es que los “agentes” privados multiplicarán sus ya abultadas billeteras gracias a que se consolidarán sus negocios en el país y en el mercado centroamericano al que podrán exportar electricidad. En el caso de España también se sobrepuso el lucro privado a las necesidades sociales.

En resumen, las necesidades de comunidades como Alto Laguna y Vista de mar nunca podrían atenderse bajo criterios de “rentabilidad” opuestos a la inversión social, pública, solidaria y a precios justos. Eso es “Estado social eléctrico”. No es “gasto” si no inversión indispensable para que la gente tenga más calidad de vida, y a eso el ICE ha ayudado por sus fines y principios demarcados desde el 9 de abril de 1949 cuando fue aprobada su ley constitutiva. A pesar de las múltiples crisis que el ICE sigue enfrentando, y de que buena parte de sus directivas han sido parte y cómplices de una especie de zonchos que lo sobrevuelan como si fuera carroña, sigue siendo una institución pública que obligatoriamente tenemos que seguir defendiendo ante quien sea.

Privatización energética: un negocio familiar, no un beneficio nacional

Publicado el . Publicado en Derechos.

Martin Rodríguez Espinoza

La reciente presión de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) para acelerar la apertura del mercado eléctrico en el país es una muestra clara de cómo el sector empresarial busca anteponer sus propios intereses económicos sobre el bienestar nacional.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es la institución pública, que pertenece a todos los costarricenses, que históricamente ha garantizado el acceso a la electricidad para la mayoría de los costarricenses, está en la mira de quienes ven en la privatización una oportunidad de negocio para un pequeño grupo familiar, sin considerar las consecuencias a largo plazo para el país.

Desde su creación, el ICE ha sido un pilar del desarrollo nacional, asegurando que la electricidad llegue a todos los rincones de Costa Rica con tarifas reguladas y un enfoque social. Sin embargo, la presión del sector privado, muchos de ellos ampliamente favorecidos con obscenas exoneraciones fiscales, muchos, además, evasores y elusores al fisco, con el argumento de una supuesta ineficiencia y altos costos, pretende privatizar el mercado energético, lo que en realidad podría derivar en una segmentación del servicio, afectando a los más vulnerables y beneficiando únicamente a grandes corporaciones.

Cacia, en su comunicado, cataloga la suspensión de la discusión legislativa sobre la apertura eléctrica como “inexplicable y generadora de incertidumbre empresarial”, pero lo que realmente está en juego no es la incertidumbre del empresariado, sino el futuro del modelo eléctrico costarricense.

La experiencia internacional ha demostrado que la privatización de sectores estratégicos como la electricidad suele derivar en aumentos de tarifas, menor inversión en infraestructura pública y una priorización de la rentabilidad sobre la cobertura universal del servicio.

El argumento de que los costos de producción se han elevado debido a las tarifas eléctricas es una narrativa que ignora la estabilidad que el ICE ha brindado en el suministro energético durante décadas. Si bien existen retos que enfrentar, privatizar el servicio eléctrico, sin una visión clara de sus implicaciones puede resultar en un modelo donde el acceso a la electricidad quede sujeto a la lógica del mercado y no a la necesidad del pueblo.

La insistencia del sector privado en la liberalización del mercado eléctrico no es altruista ni busca el desarrollo del país; es un movimiento estratégico para garantizar su propia rentabilidad a costa del patrimonio nacional. El llamado debe ser a fortalecer el ICE, mejorar su eficiencia y asegurar que continúe operando con un enfoque de servicio público, y no ceder ante presiones empresariales que solo buscan ganancias sin considerar el impacto social.

El futuro energético de Costa Rica debe construirse con un enfoque que garantice el acceso equitativo a todos los ciudadanos, y no bajo un esquema que privilegie a unos pocos a costa de la mayoría.

29 de marzo de 2025

ANEP-AyA solicita al Gobierno intervenir ante el congelamiento de 148 plazas vitales en Acueductos y Alcantarillados

Publicado el . Publicado en Trabajo.

La Seccional ANEP-AyA solicitó por medio de una carta dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y al Consejo de Gobierno, intervenir ante la decisión de la Gerente General de Acueductos y Alcantarillados, Alejandra Mora Segura, de congelar el nombramiento de almenos 148 plazas vitales para el funcionamiento de la institución.

Para la seccional ANEP-AyA, lo anterior podría poner en riesgo la estabilidad y continuidad del servicio público que se brinda desde esta importante institución.

“Hay 148 plazas por jubilación vacantes hace seis meses, de agosto de 2023 a enero 2024. Algunas de estas plazas son vitales para el adecuado funcionamiento dentro de la Institución. Además, hay que ejecutar un plan anual operativo y las funciones correspondientes a esas plazas son fundamentales para su ejecución. Por ejemplo, desde diciembre de 2023 no hay un director financiero.” Indica la carta de la seccional.

La orden del congelamiento en el nombramiento de plazas se dio por correo electrónico el lunes 12 de febrero del 2024, donde la Gerente General de AyA indicó “Por este medio se comunica que hasta nueva instrucción no se deben de solicitar nombramientos en plazas de exfuncionarios jubilados, plazas vacantes, o trámite para solicitud de concurso, por cuanto ambos temas están siendo analizados con base a lo dispuesto en el artículo 39 de la Convención Colectiva”.

Algunas de las plazas vitales que se encuentran desocupadas son: Auditoría Interna, Dirección Financiera, Subgerencia GAM, Dirección de Planificación y Subgerencia Sistemas Comunales. (En el documento enviado se detallan las 148 plazas congeladas)

“Varias de las plazas no se han ocupado a falta de gestión por parte de la Dirección de Gestión de Capital Humano de A y A, y ahora se incrementa el problema por la directriz emitida” indica la denuncia.

La ANEP y la seccional AyA, solicitan con suma urgencia, una intervención política ante la gravedad de la situación más que evidente, tomando en cuenta la reacción de diversas comunidades, especialmente, metropolitanas, ante el problema de amplio conocimiento público sobre el suministro oportuno de agua potable.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Publicado el . Publicado en Análisis.

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen”3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

Denuncia y solicitud de investigación de la Asociación por los Derechos de los Usurarios de los Servicios Públicos a distintos hechos ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Publicado el . Publicado en Derechos.

El pasado 23 de enero de 2023 Reiner Canales Medina, representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos presentó una nueva oposición, denuncia, solicitud de investigación y actuación a distintos hechos, dicha denuncia la realizó ante Edwar Araya Rodríguez, Intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con motivo de oposición y denuncia para incorporar al Expediente ET-111-2022, solicitud de investigación, interposición de denuncias penales e inicio de procedimientos administrativos tendientes a caducidad de concesiones. 

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Esta denuncia se realizó ante hechos como: información de una aparente relación entre Araya Rodríguez y otros funcionarios con Miguel Zamora Azofeifa, presidente de una cámara autobusera, CAPROBUS, ligado además al mismo grupo empresarial: TRACOPA Ltda., Buses INA Uruca S.A., Transportes DELIO Morales S.A., Transportes Unidos La Costanera S.A., Transportes Quepos Puntarenas S.A., Transportes Orotina-Puntarenas y Transportes HRC-Orotina-San José, en el que según se señala en la denuncia, ni el ARESEP ni el Consejo Transporte Público (CTP) no han denunciado la contratación de la rutas y concesiones anteriormente mencionadas, violentando así el artículo 11 de la Ley No. 3503. Adicional a esto, una supuesta relación y forma irregular de operación por parte de ciertos empresarios de autobuses, dirigentes y asesores, quienes tendrían en funcionamiento un “esquema” con funcionarios de esa Intendencia; por ejemplo, los empresarios presentan la solicitud para aumentos tarifarios con datos e información falsa, en caso de que algún funcionario se percate de la anomalía, el empresario es notificado para que se retire la solicitud tarifaria. Se presentan hechos anómalos entre el grupo empresarial TRACOPA Ltda. en especial su representante, y el financiamiento electoral a campañas políticas. Y finalmente, hechos como observaciones técnicas e incongruencias ante la solicitud de un aumento tarifario por parte de la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A.

Por tanto en la denuncia se solicita al ARESEP que tome en consideración los hechos presentados para que se realicen las correcciones en el trámite tarifario, revisar la intención de manipulación en la variable en la definición de costo de una tarifa por parte de algunas empresas, realizar una revisión y estudio de demanda en especial a la ruta de un solo Ramal, junto con la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A., y que de comprobarse las distintas anomalías presentadas, se cancelen las concesiones según corresponda.

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Imagen tomada de Wikimedia Commons

Conocer los derechos para exigir transparencia y honestidad

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Es sumamente lamentable cuando las personas en particular y los pueblos en general, guardan la esperanza de que sus problemas de solucionen, problemas que tienen que ver con la activación del servicio público por parte de municipalidades o del gobierno central y resulta que pasa una semana, un mes, un año y quizá hasta varios años sin que se dé tal solución.

Y lo peor es que tanto municipalidades como gobierno tienen la posibilidad de cumplir con el sueño y la ilusión de toda esa gente y simplemente no lo hace por desidia, por falta de voluntad, por impericia, por ineficiencia y en el peor de los casos porque no da réditos electorales.

También es sumamente reprochable cuando se cobran impuestos o tasas por servicios que no se brindan y a quienes más les afecta esto es a los que menos tienen y cuando se acercan a averiguar algo sobre si es factible solicitar un servicio les aparece una cuenta de muchos miles de colones que no pueden cancelar de buenas a primeras y eso sin que el servicio haya sido prestado o se ha dado en forma deficiente.

Los ciudadanos deben saber de sus derechos y toda institución dede buscar la forma de estar cercana a la ciudadanía y ayudarles a educarse sobre sus derechos. No se trata solo de ver cómo se les saca el dinero sino y especialmente cómo se brindan los servicios en forma oportuna y eficiente.

También es muy triste el ver cómo se administran los dineros públicos por parte de algunas autoridades que en muchos casos llevan a cabo contrataciones en las que no buscan el bienestar del pueblo sino su propio provecho y es cuando aparecen las famosas comisiones y pagos indebidos. Contrataciones cuyos montos se elevan considerablemente tan solo para que haya repartición. Ya hemos conocido de estos trueques y trucos y es por ello que debemos exigir transparencia y honestidad en el servicio público.

Que se dé un servicio justo y eficiente y además al costo debido.

Dios quiera que en este año electoral la ciudadanía sepa entender el poder que posee a la hora de definir a quienes les dará la confianza para administrar sus recursos y realizar las obras que se requieren. Es urgente que abran ojos y mentes y sepan elegir para su bien, de las comunidades y del país.

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Servidor público sin poder servir…

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Ureña Cascante

Servidor público sin poder servir…sometido a cargas de trabajo que no permiten planificar adecuadamente el diario quehacer, sometido al reproche social porque ahora resulta que los impuestos que algunos pagan es lo que permite que mi salario llegue cada quincena basado en un estatuto que data de 1949 y no permite que se ajuste con la realidad nacional.

Servidor público deficitario y carente de motivación porque muchos jefes piensan que lo que está al frente es un privilegiado, y los que están por encima, piensan que son máquinas que se incorporan a un grupo de funcionarios llamado sindicato, y esto, ya es un problema porque empieza a exigir derechos y garantías que sólo las argollas tienen y resulta una amenaza porque ya no es sólo él:.son varios acuerpándolo.

Es un servidor público que debe adaptarse al sistema… las argollas predominan y serán los más calificados para ascender. Ellos serán los perdedores…los que suplen nuestros objetivos los mantendremos a la distancia, no estudian, no aportan, los inteligentes son otros tipos de servidores que tienen acceso a la toma de decisiones y tienen cientos de subalternos, y ellos, se catalogan como ejecutivos a quienes se les aprueban leyes, pero nunca en favor del servicio público que usted se merece.

Esas leyes van en deterioro y hacia reducir la planilla de servidores públicos que usted requiere, por eso no se podrán contratar más servidores en salud ..no se podrán contratar más servidores en seguridad (los que ya entraron los exponen al narco con rifles chochos), no se contratarán más servidores en educación; en general, no se contratarán más servidores porque “los que hay son muchos y son una carga” para el Estado.

Es decir, ya ser servidor es excluyente de la tierra que le da sustento. No somos ya parte del Estado… ser servidor público es carecer de sensibilidad ante tanta demanda porque si se le asigna un trabajo debe cumplirlo sin importar la limitación de recursos a que se expone.

Ser servidor público es no contar con derechos universales … ser servidor público se sataniza tal cual delincuente…ser servidor público es menos que el delincuente entre rejas porque a ese lo alimentan y conceden derechos, mientras que el servidor público debe ganarlos.

Ver un servidor público le desagrada a muchos burócratas… pero ser servidor público hoy es distinto de ser servidor público antes, porque muchos se sirvieron del servicio público.

Ser servidor público hoy es estar inmerso en un mundo de cabezas pensantes que justifican sus salarios con simples reuniones mensuales.

Por eso, si usted ve un servidor público hoy …verifique su nivel y quizás ahí podrá discernir qué tipo de servidor público es.

Recuerde que los diputados son servidores públicos, el presidente y sus ministros también…

Estos llegan a dirigir un país por delegación democrática, de tal manera, debemos tener más cuidado por quien votamos…serán servidores públicos, quizás, o se servirán con su consentimiento.

Una apertura que destruye nuestro modelo eléctrico

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Gerardo Fumero Paniagua

El proyecto de ley No. 22.561, iniciativa del Poder Ejecutivo, (firmado por Carlos Alvarado, Presidente, Elian Villegas, Ministro de Hacienda y Andrea Meza, Jerarca del Minae), es una vergüenza para nuestro Partido Acción Ciudadana y nuestro país. El proyecto tiene muy graves falencias, por ej., 1) parte de la falsa premisa de que habrá demanda en Centroamérica, 2) no hay ninguna empresa constituida bajo la Ley 7200, 3) asume que cada planta es independiente del sistema, 4) ninguna planta sin un contrato con el ICE puede tener una Concesión, etc.

El art. 1 declara Agentes del Mercado Eléctrico Regional, MER, a las empresas privadas de generación eléctrica que estuvieron amparadas a la Ley 7200 y se les autoriza a vender “los excedentes”, lo cual solo puede conocer el Centro de Control de Energía, CENCE, ningún generador.

Hoy la legislación declara como único Agente del MER al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, pero según este proyecto cualquier particular o empresa privada que genere, tendría la misma potestad de comprar y vender energía en el MER. ¿Qué pasaría si esa energía la pudiera requerir de nuevo el país, es decir que dejara de ser excedente?, ¿cuál empresa estaría dispuesta a volver a venderla al ICE? y aunque quisiera hacerlo, si tuviera un contrato de largo plazo ya no podría.

El art. 4 autoriza al Minae para que les renueve las Concesiones para el uso de los recursos naturales del país -el agua-, otorgado cuando se construyeron las plantas, virtud a que contribuían con un “servicio público”, como lo es el suministro eléctrico, pero ahora pretenden hacerlo para exportar energía, lo cual la ley no permite y en todo caso solo sería para beneficio de un privado.

Concesiones por las cuales no pagarían, equivaldría a regalarle nuestro oro a Infinito Gold (Crucitas), o nuestro petróleo a Shell o, como lo hacemos desde hace décadas, con el espectro radioeléctrico que utilizan la radio y la televisión comerciales. Las concesiones se otorgan sin costo cuando son utilizadas para brindar un “servicio público”, y tiene el fin de no encarecerlo al usuario final.

El art. 5 los autoriza a exportar “en forma independiente”,  el art. 6 los equipara al ICE como agentes, el art. 7 les acomoda los títulos habilitantes al nuevo marco legal y el art. 9 obliga a la Aresep a “velar por el cumplimiento de los principios que rigen al Operador del Sistema y al Operador del Mercado” y a “supervisar y fiscalizar … la gestión comercial entre Agentes de MER…”, ahora convertidos en explotadores de nuestra riqueza natural, pero sin ningún provecho para la sociedad o el país.

Aun así, el Estado debe velar por sus derechos y protegerlos, poniendo a su servicio todo su engranaje institucional. Se trata de una nueva visión de Estado, al servicio de unos pocos privados, para que puedan generar ganancias en beneficio de esos empresarios, que harán negocios en el extranjero, sin que ni un solo costarricense -excepto sus dueños- se beneficie. Una vez más “socializaríamos las pérdidas y privatizaríamos las ganancias”.

El art. 10 le pone la cereza al pastel, al establecer que “El acceso al Sistema Eléctrico Nacional es libre para cualquier persona física o jurídica que cumpla… con la normativa…”. Obliga al ICE a garantizar el acceso a sus “redes de transmisión y distribución” sujeto a la “disponibilidad”, “con tarifas que defina la Aresep”, entidad históricamente proclive a los generadores privados. El art. 11 garantiza el “derecho a interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional para lo cual deberá suscribir un Contrato de Interconexión con el ICE o con la empresa distribuidora, …”. Este asunto es infinitamente más complejo, solo para mencionar dos elementos graves, ¿quién es responsable cuando no se pueda exportar por falta de capacidad de la red o quién asumirá las pérdidas de la transmisión?

Le habríamos concedido el paraíso a cualquier generador privado, aprovechando un bien ya pagado por todos (la planta), utilizando los recursos naturales de todos (el agua), usando las redes construidas por todos (el ICE), obligando al Estado a defenderlos mediante las autoridades pagadas por todos (la Aresep), para generar ganancias para el dueño de la planta.

Hoy no hay demanda insatisfecha en C. A., y si la hubiera a futuro, ¿qué pasaría si explotaran o importaran fuentes relativamente baratas, como el gas natural? Podría suceder entonces que termináramos nosotros pagando tarifas mucho más altas que nuestros hermanos centroamericanos, (quedándonos nosotros con las consecuencias ambientales), pues cualquier tarifa, para una planta ya pagada, es enormemente rentable, (cero inversión e ínfimos gastos), mientras que los costarricenses tendríamos que hacer frente a las millonarias inversiones en las que ha incurrido el ICE para garantizar autonomía energética, respaldo eléctrico, servicios complementarios y una canasta de fuentes renovables, no contaminantes.

De ese estadío, a la apertura total, vale decir, que cualquiera de estos generadores -sin hacer inversiones-, pudiera vender su energía en el país, solo faltaría un pequeño paso y será el siguiente que tengan planificado, sin duda alguna.

Además, habrían subido un peldaño más en su meta de arrancar del ICE, el Centro Nacional de Control de Energía, CENCE. Con este fuera del ICE y en competencia total, obligarían al Centro de Control a adquirir primero la energía más barata, vale decir, la de las plantas ya amortizadas -las de los privados- y dejar por fuera las más caras, los proyectos del ICE de más reciente construcción.

En ese escenario ¿imaginan cuál sería el futuro del ICE? ¿Apocalíptico yo? Jamás, apocalíptico es el escenario dantesco que hoy vemos con nuestros incrédulos ojos en el caso Cochinilla. ¿O alguien pudo imaginar las elucubraciones maquiavélicas de semejante caso? ¿Alguien pudo imaginar el caso ICE – Alcatel, o que alguien aprovechara las buenas intenciones de un gobierno para terminar con el oligopolio del cemento, para robarse millones de dólares, o alguien pudo jamás imaginar que Yamber o Aldesa quebraran? ¿Verdad que no?

Hoy este país vive varias pandemias, pero la más nefasta y profunda es la pandemia moral, la pérdida de valores, ese es el origen de todas las demás: la pandemia del déficit fiscal, la del narcotráfico, la del sicariato, la de la evasión y la elusión, la del contrabando, la de la calidad de la educación, la de la concentración del capital, la de la desigualdad, la de la pobreza y la de los gobiernos que se les facilitan los negocios a los que más tienen, en detrimento del país y el pueblo.

Cambiar – la crisis del coronavirus exige cambios

Publicado el . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Gadi Amit

Todos estarán de acuerdo, pero el CAMBIO ofrece alternativas.
1.- Cambiar cosas – para que TODO SIGA IGUAL
2.- Aprender de lo ocurrido y CAMBIAR PARA ESTAR MEJOR

Esta crisis demuestra la fragilidad y peligrosidad de sustentar el desarrollo de un país en el TURISMO.

Difícilmente, cuando termine el VIRUS, se puede pensar que el turismo volverá a funcionar igual. Eso llevará años, para líneas aéreas y grandes hoteles. La primera alternativa será el turismo interno de los Ticos, sencillos o de otras clases sociales.

Queda claro que hay repensar y redefinir las PRIORIDADES.

La importancia del ESTADO – tan atacado últimamente- como ÚNICA respuesta a las crisis futuras.

El sector privado, NO HA APORTADO NADA a la solución de la crisis. Solo ha tendido la mano, pidiendo que los ayuden a salvarse ELLOS. No escuchamos de ningún HOTEL, ni ninguna CLINICA PRIVADA, abriendo sus puertas para OFRECER AYUDA. Por eso, hay que reforzar a la CCSS –con todas las letras Caja Costarricense de Seguro Social (tal vez expropiar equipos de salud o clínicas o empresas farmacéuticas) que no dieron la talla. Al menos poner fuertes impuestos a estos sectores. Fortalecer al ICE en electricidad y telefonía. Liberarlo de las amarras que le obligan a comprar a las generadoras privadas a precios de capricho, sin necesidad, sin licitaciones o competencia eficiente.

En el tema de AGUA POTABLE, ha quedado en claro la incapacidad de la Directiva de AyA. El 90% restante del recurso hídrico, con el desastroso manejo unipersonal desde hace 25 años de la Dirección de Aguas del MINAE, responsable del desorden y la corrupción, sin que asuma su responsabilidad, por miles de pozos ilegales, la destrucción de acuíferos, costeros por salinización u otros por contaminación (agroquímicos, arsénico, derrames industriales, lixiviados, etc). Ríos en proceso de morir o desaparecer. Creemos que debe pensarse en la DESCENTRALIZACIÓN del manejo de este bien público. Reforzar a las ASADAS e incentivar a las MUNICIPALIDADES a asumir este servicio, que tiene características diferentes según zonas, según la existencia del RECURSO HIDRICO y la modalidad del consumo, según su uso y la prioridad del consumo humano. Todo de acuerdo a los planes de desarrollo regional.

La importancia de la SEGURIDAD ALIMENTARIA. La concentración en monocultivos, la plaga de los INTERMEDIARIOS ha llevado a abandonar la agricultura al 50% de la población, que hace años, trabajaba y vivía del campo. La agricultura puede dar trabajo y generar una rápida reactivación económica y producir frutos cosechables en pocos meses. Maíz, frijol, verduras, en pocos meses pueden estar en nuestras mesas y dar trabajo a miles de habitantes que tienen manos, pero carecen de títulos universitarios. Ojalá agricultura orgánica o al menos con menos agroquímicos. Sólo hay que garantizarles mercado y precios aceptables.

El precio del PETROLEO bajó, no debe engañarnos. Hay que reemplazarlo como combustible y pasar a vehículos eléctricos. El cambio debe impulsar el transporte público. Importar buses eléctricos y si los privados, no pueden, pues salados, dar las rutas a COOPERATIVAS o GOBIERNOS LOCALES. También hay que recordar que el asfalto es derivado del petróleo. Hacer calles y carreteras de cemento (losas o adoquines) que tenemos posibilidad de producir en abundancia, generando desarrollo local.

Y podríamos seguir proponiendo cambios. Pero les dejamos a Ustedes, complementar estas ideas, criticarlas, mejorarlas, ampliarlas, implementarlas. CAMBIAR es la ley. Impedir los cambios malignos como el CAMBIO CLIMÁTICO. Impulsar, apoyar, comprar, las modificaciones que pueden traer bienestar, seguridad, sostenibilidad y felicidad a nuestras vidas y desarrollo para Costa Rica.

Ilustración: UNESCO http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/249743

El buen trato

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Marlin Oscar Avila

 

El derecho ciudadano

El Estado no puede librarse de la responsabilidad de asegurar el buen trato a la ciudadanía, ya sea por las relaciones cotidianas y constantes de sus empleados con la población, o las relaciones que entablan las empresas privadas con sus trabajadores y con la ciudadanía a la cual presta servicios que de lo contrario tendría el Estado mismo que brindarlos.

Como sabemos, los funcionarios públicos son poseedores de autoridad, mientras las personas a las que debe servir son la parte débil de esta relación de poder. Es decir, los funcionarios del Estado son los depositarios de la autoridad delegada por el soberano (el pueblo mismo). Por esta misma razón y por derechos como personas humanas, los empleados públicos están obligados a tratar respetuosamente a los ciudadanos que sirven por los derechos adquiridos, con dignidad implícita en su condición de personas civiles o ciudadanas.

Cuando el Estado autoriza a las empresas particulares a brindar un servicio, le está delegando no solamente el permiso de explotación al servicio público sino que una parte de su autoridad, la que implica transferencia del respeto mismo a toda persona a la que sirve. No obstante, el Estado no se libera de la responsabilidad de asegurar tal respeto.

Servicio de transporte

Cuando uno viaja por diferente países se evidencia la diferencia de trato que existe entre la mayoría de esos países con el trato que la ciudadanía recibe en Honduras. Por mucho tiempo hemos observado que esta ciudadanía se acostumbró a ser maltratada. Incluso la clase media, quien normalmente exige mejores tratos, aquí soporta ser muy maltratada.

Las evidencias de esta relación del servidor con la ciudadanía se develan mucho si se viaja por tierra, por mar o por avión. Los peores maltratos se reciben como pasajeros del transporte terrestre y luego está el marítimo nacional. Es como que se pierde calidad ciudadana cuando pasa del avión al autobús.

Algunos analistas piensan que son las clases medias las que obligan a las instituciones y empresas de servicios a brindar un buen trato a la ciudadanía, mientras las clases bajas, pese a merecer un mejor trato, no se atreven a reclamar por ser sometidas al maltrato desde siempre que abrieron los ojos. La clase alta normalmente tiene otras opciones de servicios de alta calidad, de manera que si no le gusta el trato que servidores públicos o empresariales le brindan, simplemente buscan mejores opciones o utilizan sus influencias político-económicas para hacer que les satisfagan debidamente sus necesidades, exigiendo el castigo correspondiente al empleado que no le supo tratar bien.

Sabemos que los dueños y conductores de transportes son generalmente de la clase media baja y baja, con muchos casos de pertenecer al último quintil de la sociedad. Algunas excepciones los medios de transporte son propiedad de diputados, altos funcionarios y militares que poseen un lote de autobuses y taxis como su negocio. No obstante, las relaciones de los conductores y cobradores con sus clientes son soberbias. No hacen más que dar órdenes y hasta insultar a quienes usan sus servicios. No discriminan si tratan con una persona adulta mayor, una mujer embarazada, una estudiante o un obrero, un enfermo o un niño. Estos valen tanto como el costo del pasaje. Llenan los autobuses como si fuesen latas de sardinas, sin importar nada más que la cantidad de dinero que recogen en el camino. Desde luego, las autoridades de tránsito son sus cómplices.

Existen alternativas en la clase media, puesto que utilizan automóviles particulares, aunque por la pauperización de los últimos ocho años, la mayoría busca comprar autos de segunda mano, más obligados por la inseguridad del transporte público que por comodidad. En el caso de transporte interurbano se puede seleccionar, en algunos casos, el de lujo o ejecutivo, que aun cuando se paga casi el doble por pasaje, no sufre del ultraje y los abusos de cobradores y conductores, que van recogiendo pasajeros en todo el trayecto, al grado que se pasan los traseros por las narices de los demás pasajeros si no es que le obligan a cargar con la mitad del cuerpo de quien acaba de subir. Reclamar puede costar un insulto o una expresión grosera del cobrador o del conductor. Esto nos hace ver que la gran mayoría viaja en condiciones adversas, pero no se queja. Soporta cualquier incomodidad y ofensa a su dignidad con tal llegar a su destino.

Transporte a obreros

También existe el transporte para trabajadores manuales, especialmente para llevarles a los centros de trabajo agrícola. Para el ciudadano común es normal observar camiones con estructuras propias para acarrear ganado vacuno, repleto de mujeres y hombres obreros colgados de las tablas y reglas que componen las carrocerías de los camiones, yendo y viniendo de sus largos y groseros jornales. Gente sin derechos más que al medio salario diario. Estos “pasajeros” aguantan sol, lluvia y polvo, sin que nadie se atreva a protestar por el maltrato. Nada que envidiar a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX cuando los blancos trataban a los negros como esclavos en los Estados Unidos de Norte América, Canadá y Europa.

Servicio de Aduanas y Migración

Una de estas evidencias de la degradación al viajero del transporte terrestre está en las aduanas de las fronteras entre los países vecinos. Realmente son lamentables los tratos y la infraestructura existentes en ellas. Cuando usted pasa entre Honduras y Nicaragua, siente que el tiempo se detuvo hace unos cuarenta años. Hasta para ir a un baño un turista prefiere salir al monte por considerarlo más higiénico. Se atiende al turista casi al aire libre, o en bancas metálicas soldadas muy artesanalmente. La suciedad y polución del ambiente evita que el turista sienta deseos de comerse una de tantas ofertas de fritangas que hay en venta. Lógicamente, el turista, quien no se reduce a centroamericanos, se debe preguntar qué hace la administración con todo el dinero que recogen en impuestos. Esas aduanas pasan repletas de turistas y camiones repletos de mercadería que pasan durante 10 horas diarias, cuando toda persona y vehículo liviano y de carga paga impuestos.

Carreteras

A esto hay que añadirle el pésimo estado de las carreteras. Si se sale de la carretera que va entre Tegucigalpa y San Pedro Sula (CA-5), y entre San Pedro Sula y La Ceiba, hay que prepararse porque si se evade un hueco va a caer en dos o tres más, eso cuando se corre en carretera que tuvo asfalto. Si viaja entre municipios que están afuera de esos circuitos, el viaje puede ser una real aventura. Más aún si viaja a municipios sin carretera con asfalto, llamadas “de tierra”, es probable que el autobús no llegue ese mismo día a destino en período de invierno.

Pero revisen la cartera de créditos internacionales y nacionales para la construcción y reconstrucción de las carreteras de Honduras durante los últimos 15 años, con esos financiamientos que estamos pagamos con nuestros impuestos, pudo construirse un bulevar de seis carriles de concreto, bien señalado y moderno, desde la frontera entre México y Guatemala a la ciudad de Panamá.

Estas gestiones públicas se pueden incluir en el maltrato a la ciudadanía, puesto que le insultan su inteligencia. Si no aprendemos a reclamar un buen trato, menos podremos lograr que nuestra juventud, niñez y adulto mayor sea respetada en su dignidad y derechos humanos.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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