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Etiqueta: SETENA

¡ALERTA COSTA RICA!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

“Las y los ticos son un pueblo anestesiado que camina detrás del cortejo fúnebre de su patria creyendo que es un carnaval”. Tatiana Lobo

Mientras con la política pública costarricense respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental se está dando el último paso a su extinción, todo indica que se cumple la sabia sentencia de la gran escritora Doña Tatiana Lobo -q.e.p.d.- en cuanto a que: “Las y los ticos son un pueblo anestesiado que camina detrás del cortejo fúnebre de su patria creyendo que es un carnaval”. En este caso, el carnaval del mercado financiero transnacional que comanda Rodrigo Chaves Robles, un habitante de nuestro Planeta, desarraigado y entrenado durante 27 años para estos y otros trágicos menesteres contra la Patria que lo vio nacer.

Sin embargo, debemos aclarar que, la violencia contra la Naturaleza y obviamente nuestra propia vida, impulsada con dichas políticas, no empezó con este gobierno. Los hechos nos demuestran una tendencia en dicha dirección con casos que, aunque parecieran aislados en ciertos períodos gubernamentales, con el paso de los años no sólo han resultado más frecuentes, sino, también acompañados de acciones contra el sistema normativo. Por ejemplo: Crucitas con sus acciones delictivas antes y después del fallo de los Tribunales de Justicia, la Trocha, el proyecto APMT, libre extensión de monocultivos, Decretos Ejecutivos como el No. 37803-2013, 41815-2019, 41851-2019, las Leyes N° 9610 del 17/10/2018, 9789 del 09/12/2019 y No. 10338 del 21/12/2022 etc.; y otras reformas desregulatorias de actividades impactantes del medio ambiente. Son éstas, únicamente algunas de las decisiones gubernamentales que, abrieron el camino para el golpe de timón en materia ambiental que se apresta a consolidar el gobierno actual. Y probablemente, ocurrirá una vez más a placer de los tres poderes de la República.

Si fuera como parece y se dice, de que en las últimas elecciones nacionales 2022, el electorado costarricense cansado de mentirosos, corruptos y mesiánicos; para conducir el país se decantó por un desconocido, no obstante, su pedigrí de macho y otras virtudes por las que todavía, según encuestas de opinión, ahora inclusive con mayor respaldo lo determina como su salvador. Más debe conocer el mundo que, al menos en asuntos ambientales, el trumpismo en América Latina no desapareció con Bolsonaro u otros. Pues la Costa Rica, protagónica por excelencia en los foros internacionales por su vocación proteccionista y conservadora de la naturaleza, signataria de la Declaración de Río y hasta hace poco promotora del Acuerdo de Escazú; a través de su gobierno Chaves Robles, ha decido honrar la línea de “las políticas ambientales” de Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro. Su caballo troyano es “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”; es decir, la globalizada estrategia para la concentración de riqueza en unos pocos, y por ende, la gravísima inequidad cuyos elevados costos de la degradación ambiental los paga el resto de la humanidad, presente y futura.

Bajo ese embate, está la sentencia contra la Evaluación de Impacto Ambiental y todo el daño ambiental directo, acumulado y sinérgico que ello acarrea contra los recursos naturales que todavía quedan en este país; sentencia hecha pública durante la conferencia de prensa del pasado ocho de febrero 2023 por medio de una grotesca conferencia de prensa por parte del gobierno. Algunos medios de comunicación como Guanacastealaaltura, Delfino, la Extra y otros; se hicieron eco del anuncio. Por su parte, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha publicado al respecto las siguientes noticias:

1.”65% de Proyectos de Bajo Impacto Ambiental que Ingresan a SETENA ya no Requerirán Viabilidad. Fecha: 9/2/23”. (DECI 08-2023, 07 de febrero de 2023).

“Esta transformación histórica de la Setena, se da gracias a la firma de un Decreto suscrito hoy por el Poder Ejecutivo que pretende eliminar la duplicidad de requisitos en tramites a nivel de las instituciones. Además, se elimina el trámite de la Viabilidad Ambiental a los proyectos, de bajo, o muy bajo impacto ambiental, que hoy se solicita a través del formulario D2. “Solo en el año 2022, éstos representaron 1.644 expedientes que requirieron una revisión de SETENA, lo que se traduce en mayores costos para los ciudadanos y la institución.”

  1. “Nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental

Fecha: 16/2/23”.

“El nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, fue firmado por el Poder Ejecutivo el 08 de febrero del presente año.

Dicho Reglamento entrará en vigencia a los 4 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Durante este periodo de transición, la Setena estará trabajando en la implementación del mismo en las plataformas digitales. Estaremos informando al respecto por los medios oficiales de la SETENA”.

El nuevo reglamento así informado oficialmente, responde al documento DAJ-D-030-2022, aún sin la numeración correspondiente como Decreto Ejecutivo, entendido esto por cuanto no ha sido todavía publicado en La Gaceta. No obstante, según lo comunica Setena, el mismo efectivamente especifica: Artículo 102. – Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia a los 4 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la Presidencia de la República. San José, el veintiuno de diciembre del dos mil veintidós.”

Pero algo más, una tercera noticia publicada por la misma institución aproximadamente cuatro meses antes de las anteriores indica:

  1. “La SETENA Elimina 41 Cuellos de Botella

Fecha: 03/10/22

Por medio de una revisión de sus procesos internos, contrastándose con la normativa vigente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Setena-MINAE) elimina 41 cuellos de botella a partir de ahora.

Gracias a este análisis, se están impactando 81 trámites, de los cuales 41 serán eliminados y 40 sufrirán mejoras con el objetivo de evitar solicitudes de aclaraciones a los usuarios, sin provocar ningún tipo de regresión ambiental.”

Según expresó el viceministro de Ambiente, Rafael Gutiérrez, la actualización se realiza acatando la Directriz presidencial de eliminar cuellos de botella y procesos burocráticos innecesarios, y la directriz de dejamos trabajar.

Por su parte Ulises Álvarez, secretario general de Setena, destacó que es un hito muy relevante el que “estemos hoy impactando 81 cuellos de botella, en los instrumentos D1+DJCA, PPGA y el EsIA y en especial, eliminando 40 de ellos”.

En un gráfico que incluye esta noticia del 2022, titulado: “Infografía No1. Estadísticas Cuellos Botella Setena”, se describe cómo acerca de los instrumentos de la evaluación de impacto ambiental D1, PPGA y EsIA; entre los análisis hechos para cada uno, se procedió con la eliminación de un número específico de “cuellos de botella” (2, 30 y 9 respectivamente) y consecuentemente como “Acciones de mejora” para cada uno, se establece “eliminar requisitos” y finalmente concluir que, de 81 impactados 41 fueron eliminados y 40 mejorados. Al pie de este gráfico se lee:

“El Formulario D1, deberá ser utilizado para las actividades, obras o proyectos (AOP) de categoría de bajo, moderado y alto IAP (B2, B1 y A), se le recuerda que toda la información ingresada se presenta bajo fe de juramento.”

Y entre tales noticias, conferencia de prensa y otras divulgaciones, de las incongruencias y falsedades con las que supuestamente nos informa el gobierno, es claro por ejemplo que, con el decreto en espera de publicación titulado: “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL”, no estamos ante una simple reforma de reglamentos y manuales. Sino ante una derogación del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” todavía vigente. El propio título es suficientemente revelador de los alcances de esta regresión que, como veremos trasciende la normativa reglamentaria. Al respecto contempla el nuevo decreto (DAJ-D-030-2022): “Artículo 101. – Derogaciones. I. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 –MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 28 de junio de 2004 …”.

Aunque no sea todo, vale chequear por ejemplo acerca de lo siguiente:

  1. El nuevo reglamento especifica que, fue dado en la presidencia el 21 de diciembre del 2022, mientras Setena, informa que la presidencia lo firmó el 8 de febrero 2023.
  2. Se eliminaron requisitos técnicos de cada uno de los instrumentos de evaluación legalmente consolidados durante años; sin embargo, se aduce que el proceso que han llevado a cabo, no es regresivo.
  3. Que los proyectos de bajo impacto ambiental con tramitación obligatoria del D2, ya no tendrán que tramitar Viabilidad Ambiental ante la Setena; pero esta reforma que eliminó dicho trámite, está en aplicación desde el año 2019.
  4. Que también los proyectos de bajo impacto ambiental, ya no tendrán que presentarse ante la Setena; sin embargo, además de lo que ya se dijo antes, anotan que el formulario D1 deberá ser utilizado para esta categoría de proyectos.
  5. Que para llevar a cabo estas “transformación de mejoramiento y modernización”, se cumplió rigurosamente con los procedimientos de información y participación pública, así como procedimientos técnicos. Sin embargo, dentro de lo que se ha dicho y aportado, además del lenguaje vulgar y ausencia de fundamentación verdaderamente científica y técnica, lo que más sobresale, es el mencionado análisis de decenas de eso que llaman cuellos de botella, una aparente estrategia para no llamar por su nombre a los requisitos técnicos.
  6. Si hubiera consecuencia con esa reiteración de “cuellos de botella”, deberían más bien, reconocer de una vez por todas, los faltantes y deficiencias en la que por años han mantenido a la institución Setena. Pues, cumplir con eficacia y eficiencia su trascendental función técnica separada de la manipulación política y otros poderes fácticos, seguirá siendo hoy más que nunca su gran deuda con la Nación.
  7. La eliminación de requisitos sobre la cual informan que actuaron, y por ende parece que ya está en aplicación, si bien el acento lo ponen sobre proyectos de bajo y muy bajo impacto ambiental, es de anotar que, lo firmado abarca también a los proyectos de mediano y alto impacto. Pues indican que, los primeros ascienden al 65 % de los expedientes que ingresan a la institución, y “Se reduce en un 32,9% los términos de referencia de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), adelgazándolos para que se presenten requisitos que sean solamente competencias de la EIA”.Por lo tanto, con tan fuerte eliminación y adelgazamiento de requisitos técnicos en el funcionamiento básico de Setena: ¿Qué hace o qué hará esta Institución, creada como un Órgano técnico con autonomía suficiente para cumplir cabalmente su función rectora en Evaluación de Impacto Ambiental según su importante estatus de desconcentración máxima; entendamos así un blindaje contra la intervención política y de grupos económicos acostumbrados a la intervención en los asuntos de Estado? Institución que, desde el año 2017 ocupa aproximadamente el 50% de una edificación estatal, de la que, según dicen, después de al menos 10 años de abandono, la remodelaron al costo aproximado de 2000 millones de colones; pero desde la pandemia permanece subutilizada; no obstante, paga cuantiosas sumas de dinero por vigilancia, aseo, mensajería y custodia de documentos (parte de su archivo) por parte de empresas privadas.

En conclusión, a pesar de que la Setena con las intervenciones políticas por parte de los gobiernos de turno y grupos económicamente poderosos (Cámaras empresariales), se volvió experta en “cuellos de botella”; esta nueva especialidad impuesta y autoimpuesta, es evidente que no la usa en favor de las funciones necesarias para cumplir con sus fines; fortaleciendo verdaderamente la democracia ambiental y el Estado de Derecho y Bienestar Social. Por lo tanto, incumple el protagonismo que le corresponde ante las autoridades superiores, en cuanto a las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente; pues retrotraerse 27 años en cuanto a legislación, evidencia hacer lo contrario de lo que le ordena la Ley (No.7554- Artículos 83,84).

Todo parece indicarnos que la suerte para el Ambiente de nuestro país está echada, ya que, junto a los desastres mal llamados naturales, actúan no sólo las prácticas más violentas contra la vida humana, lo cual parece preocupar a los gringos más que a las autoridades ticas, sino contra todas las especies vivientes y los ecosistemas de los cuales dependemos todos. A diario se dan alertas de este antropocentrismo moderno: agrietamientos y deslizamientos de infraestructuras de todo tipo, contaminación de acueductos y escasez de agua potable aún donde debería ser abundante, tráfico de especies animales y forestales, construcción de pozos ilegales, proliferación de vertederos, uso y abuso de agroquímicos, caza y tala ilegales, mutilación de áreas protegidas, aumento alarmante de denuncias ambientales, viabilidades ambientales irregulares, permisos y declaraciones ambientales de obras públicas y privadas que supuestamente no ocupan estudios previos de impacto ambiental, sobrexplotación de pesca, aumento de daños por eventos meteorológicos, etc. Pero no observamos acciones gubernamentales para el “control y seguimiento” efectivo de estos daños que ya afectan y se acumulan.

Por el contrario, se ha legalizado la mutilación de áreas protegidas específicas como reservas biológicas, humedales, áreas de protección de ríos y otras tantas están en la mira; pues la explotación de minerales e hidrocarburos es rentable para magnates que “generan empleos” a siervos de diferente estofa. En igual dirección, se ha resuelto viable la incineración de residuos sólidos, más un acápite especial, merece el archivo por el poder Legislativo del expediente 21.245 sobre el proyecto que, pretendía la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica. No obstante, representar una norma innovadora, la cual, auspiciada por la CEPAL y la ONU, ofrece a los Estados Parte una línea base a partir de la cual, avanzar en el cumplimiento de estándares mínimos en derechos humanos y ambiente. Pero la falaz campaña de desinformación contra dicho Acuerdo, orquestada por los mismos grupos empresariales del poder económico y político, llevaron al país a este indecoroso cambio de rumbo. Paradójicamente, el economista costarricense José Manuel Salazar Xirinachs, a partir del 03 de octubre 2022 es el titular de la Secretaría ejecutiva de la CEPAL, y según el Artículo 17 del Acuerdo de Escazú: “El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ejercerá las funciones de secretaría del presente Acuerdo”. Y por si hubiera duda, avanza en el mismo poder legislativo la reforma regresiva de la Ley Orgánica del Ambiente que, entre otros asuntos, permitirá cortarle los legales a la Setena. La cual, al pasarla de máxima a mínima desconcentración, más los requisitos técnicos eliminados vía decreto; quizás a lo que dará lugar, es a una pequeña oficina que como está previsto, pasará a la tutela del ministro de turno del MINAE. O algo similar a lo que existió, hace aproximadamente treinta años con nombre de Comisión de estudios de impacto ambiental (CONEIA). Esto es parte del “hito de la transformación histórica de la Setena” a que alude su secretario” y la “genial” iniciativa “Le dejamos trabajar”.

Imagen: UCR.

Sin caras y sin vergüenzas mienten a la nación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos
Febrero 20, 2022

El pasado 8 de febrero 2023, durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del gobierno, en el segundo anuncio titulado “simplificación de trámites en materia ambiental”, fueron presentados junto al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, los ministros de gobierno Frank Tattenbak Capra (MINAE) y Francisco Gamboa Soto (MEIC), el presidente del CFIA Marco Antonio Zúñiga Montero y el secretario de la Setena Ulises Álvarez Acosta. También, se mencionó el acompañamiento de representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción1.

Si bien la materia ambiental es amplia y compleja como graves son los problemas y daños ambientales que padecen nuestro país y el Planeta, el espacio divulgativo, se limitó a lo que describieron como el “cuello de botella número 92” que este gobierno despescueza con el protagonismo “maestro” del señor Francisco Gamboa; según referencias del propio presidente. Sin embargo, el titular del MINAE ocupó su intervención para llenar de elogios al secretario Álvarez por la tarea cumplida; aunque no se supo bajo cuáles sustentaciones técnicas y/o legales, pues durante el evento, su participación fue muda, máximo que, ni a los representantes de la prensa los interpeló el tema. Tal vez extraño, porque de los cinco protagonistas, este señor era el único supuesto experto en la materia de la Institución que dirige, y a cuya función esencial a través de los expedientes que tramita, dieron a conocer que con la decisión tomada le eliminaron el 65%. Para ellos quizás un “pequeño detalle” pero suficiente para la felicidad manifestada, no obstante, aparte del daño ambiental que induce en el país, vale preguntarnos por las repercusiones que tendrá esta decisión política a corto plazo para los aproximadamente 90 funcionarios de Setena. O sobre los miles de consultores ambientales con credenciales para el desempeño profesional acreditado por esta Institución2.

Pero así fue, el señor Álvarez Acosta no expuso absolutamente ningún sustento técnico ni por parte de sus superiores hubo interés de que lo hiciera, su silencio no se interrumpió ni para corregir las incongruencias discursivas de los acompañantes, si es que su experticia en Evaluación de Impacto Ambiental es consecuente con el puesto que ostenta; por lo tanto, es evidente que fungió como un cómplice más de las mentiras expuestas por ignorancia o mala fe.

Al escribir estas reflexiones, no conocemos todavía la publicación y obvio contenido total del Decreto Ejecutivo anunciado e informado luego por Setena3, acerca de estas nuevas reformas que, por las vísperas evidencian la misma regresividad de las más recientes modificaciones parciales conocidas. Se especula si podrá ser el decreto DAJ-D-008-2018 No. 41132-MINAE que firmara el presidente Solís el 02/05/2018 pero que nunca se llegó a publicar; el generado aparentemente después por el gobierno siguiente titulado “Reforma Integral de 31849-SETENA” con fecha 25/05/2021; reformas o más bien derogaciones consistentemente rechazadas por CONARE4, o en su defecto, “otro más avanzado” acerca de la derogación definitiva del hasta ahora vigente. Es decir, la base de este análisis alude principalmente el vulgar discurso de lo que se atrevieron a decir y repetir los conferenciantes:

1.“Que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental es un manual de tortura de la santa inquisición”. Vulgar descalificación, pues este Reglamento de Ley (D.E. 31849-2004)5 y Manuales con sus anexos y reformas consecutivas anteriores al año 2013, fue elaborado por profesionales de diferentes especialidades y demostrada calificación científica. Está escrito y demostrado que, contó con una amplia participación pública e institucional, así como de los señalamientos precisos y certeros de la Acción de Inconstitucionalidad resuelta mediante Sentencia No.1220-2002 del 06 de febrero de 20026, por parte del más alto Tribunal de este país. También se tomaron en cuenta disposiciones técnicas internacionales, y todo esto, a pesar de la oposición permanente de sectores empresariales nacionales como la Cámara de la Construcción. En consecuencia, ningún ciudadano honrado de nuestra Nación, puede ni debe llegar a tales extremos de bajeza contra esta normativa de tanta trascendencia y sensibilidad. Es notable que se acude a la ridiculización para destruir o en este caso, eliminar algo en lo que carecen de argumentos técnicos y científicos para llevar a cabo. Conducta sin duda alguna consonante con la oposición gubernamental y mismos sectores empresariales contra la ratificación del Acuerdo de Escazú7,8. Dos acciones contundentes y reveladoras de la contra política ambiental de los usurpadores de los poderes del Estado.

  1. “Que se trata de un modelo de escritorio”. Quienes esto han dicho y repiten, entre ellos el secretario de la institución9, parecen confirmar que, nunca lo han leído y mucho menos analizado integralmente y con conocimientos profesionales previos. Pues nadie puede negar que dicho Reglamento General, es parte sobresaliente del bloque de legalidad ambiental que ha dado o dio prestigio internacional a Costa Rica durante años y que, por ejemplo, entre conceptos y definiciones, también comprende un Manual de Procedimientos e Instrumentos Técnicos para el desempeño multidisciplinario tanto en el terreno como en oficina. De manera que, para el cumplimiento cabal e integral de lo que estos señores llaman “modelo de escritorio”, más bien, lo que rige es una transversalización de las fases de campo y oficina en todo el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, obras o actividades. Es decir, si este instrumento verdaderamente interactivo, no ha cumplido la mejor función para la que fue creado, no ha sido por las debilidades que suponen corregir; sino, por las debilidades y desviaciones de quienes lo han administrado, justificando reiteradamente que no es necesaria la inspección de campo. Ejemplo: “Habiendo revisado la información contenida en el expediente administrativo D1-0731-2022-SETENA, y analizado la ubicación del proyecto según informe emitido por el área de Geografía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, el Departamento de Evaluación Ambiental determinó no realizar la inspección”.Entre los elementos adicionales justificantes de tal decisión se contempla “El contar con un registro fotográfico del área de proyecto”.

3.”65% de proyectos de bajo impacto ambiental que ingresan a Setena ya no requerirán viabilidad”. Del Reglamento inicialmente citado y que asumimos todavía vigente, pues como se ha dicho antes aún no se conoce publicación de su derogación total ni parcial, el Anexo 2 comprende un listado de los proyectos, obras o actividades que deben cumplir el proceso evaluativo. Todos están clasificados y categorizados únicamente en alto (A), moderado (B) y bajo impacto ambiental potencial (C); así mismo, definidos los instrumentos o documentos de evaluación que les corresponde aplicar para obtener la Viabilidad Ambiental. Los de bajo impacto ambiental debían utilizar el documento de dos (D2) para cumplir con el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental, obviamente proporcional a su condición respecto a los otros. Pero, aunque esta disposición reglamentaria no siempre fue administrada cabalmente por la Setena, se mantuvo vigente hasta el año 2019 cuando el presidente Alvarado y su esposa, promulgaron el decreto ejecutivo No. 41815-2019-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (05/07/2019)10 que derogó el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental correspondiente.  Se dijo entonces que los trámites en la Setena disminuirían un 54 %, se ahorraría mucho dinero y se reactivaría la economía del país. A partir de ese momento, con el mismo D2, se dio lugar a una figura de laxo formato y contenido que llamaron “Registro (permiso) Ambiental”; un proceso de corta duración el cual “… finalizará con una notificación electrónica indicando, número de permiso ambiental emitido al registro…”, no comprende firma de responsable alguno, no especifica tiempo de vigencia y tampoco establece instrumentos para el control y seguimiento. (Ver Artículos 1, 9, 12 y 13 de este Decreto). En dicho orden, es claro que, hace más de tres años la Setena se desligó parcialmente de otorgar licencias ambientales, y a cambio otorgar también permisos ambientales. Hasta la fecha abarcan miles de proyectos, obras o actividades de disímiles características, excluidos y por ende construidos sin Viabilidad Ambiental con la justificante de que se categorizan de bajo impacto ambiental como: Centros de Salud tipo EBAIS, Centros policiales cantonales, Líneas de transmisión y distribución eléctrica, Estaciones de trasporte público de personas, Concesiones de agua, Gimnasios, etc. (Ejs:  R. A. D2-0060-2020-R, P.A. D2-0532-2020, R. A. D2-0750-2020-SETENA, R.A. D2-0876-2022 SETENA)11. Tómese en cuenta que, la categorización y clasificación de los proyectos, nunca se diseñó para excluir, sino para adecuar y garantizar la proporcionalidad en la aplicación de la herramienta de Evaluación de Impacto Ambiental.

  1. “Que proyectos pequeños no agregan valor”. Los conceptos y visiones económicas representadas por los conferenciantes, quienes en las regulaciones ambientales no ven más que obstáculos a sus políticas de crecimiento; por regla general no son compatibles con el desarrollo ambientalmente sostenible, así hayan repetido y repitan por siempre que, la protección del ambiente lo llevan en su ADN. El máximo y verdadero valor de los recursos naturales y sobre todo bajo las condiciones del presente, exige en Costa Rica y el mundo una actuación humana realista como bien plantea el Papa Francisco en su encíclica Laudato si12. Y esto es de compromiso con el todo y con todos, lo cual, permita superar la tecnocracia impulsada por estos economicistas, cuyo antropocentrismo moderno ilusoriamente supone que los bienes sólo adquieren valor en la medida en que su explotación satisface las demandas del mercado; olvidando o negando que, tales bienes (recursos naturales) por sí mismo poseen valor intrínseco al margen de dimensiones cuantitativas y de mercado.
  2. Que “para estornudar, remodelar una casita humilde y poner una barbería, había que presentar estudio de impacto ambiental de la Setena.” Desde que se promulgó el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y su Manuel en el año 2004 y posteriores reformas, nunca se estableció que actividades u obras como estas, tenían que presentar algún trámite de impacto ambiental ante esa institución. En los Anexos 1, 2 y 3 puede verificarse cuáles sí lo requieren o requerían.
  3. “Venimos trabajando en esto desde el inicio de la administración, no es fácil…”. “Don Ulises Álvarez es quien ha tenido que llevar el fuerte de esta reforma de fondo.” Como ya se ha dicho, la Viabilidad Ambiental a proyectos de bajo impacto ambiental fue derogada en el año 2019 durante la administración Alvarado y la reforma de fondo o derogación planteada sobre el Reglamento y que, aparentemente es la que ahora está por ejecutarse su puesta en vigencia, fue elaborada durante la administración Solís.
  4. “Que con la reforma por ellos trabajada y que pondrán a regir próximamente, cada proyecto de bajo impacto ambiental que ya no tendrá que ir a la Setena, evitará un costo entre 180.000 y 300.000 colones”. Ni cuando se tramitaba Viabilidad Ambiental a dichos proyectos, obras o actividades con el uso del D2, ni cuando posteriormente se sustituyó por un registro (permiso) ambiental; su costo para el usuario nunca ascendió a la suma mínima señalada de 180.000 colones. Pues no demandaba estudios técnicos, no ocupaba pago de consultor ambiental y la única obligación en este sentido, era pagar el equivalente de 60 dólares por concepto de uso del D2 e igualmente, algo así como leer más que usar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, pues al usuario nunca se le entrega ejemplar alguno.
  5. “Establecer con más claridad los controles de obras es fundamental, eso nos lleva al principio de seguridad jurídica”. Este principio no se garantiza con la derogación de una obligación reglamentaria legalmente constituida y consolidada, en cuanto a los requerimientos de la evaluación de impacto ambiental para los proyectos aquí señalados. Por lo tanto, la disposición en marcha que acabará hasta con el registro (permiso), violenta dicho principio, tanto porque en materia ambiental no es válida la retroactividad ni regresividad de normas, como también, porque el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiental permanece incólume. Y parte de lo que sí es más claro, son los descontroles en que quedaron desde la reforma del 2019, una cifra aproximada a los 4500 proyectos de bajo impacto ambiental desarrollados. Así mismo, otros indicadores de atención, como las más de 19.000 denuncias ambientales ingresadas ante las instituciones del MINAE en el mismo período. (Ver sitio web de SETENA y Contraloría Ambiental)13,14.
  6. “Los proyectos grandes realmente sí tienen que demostrar un no impacto al ambiente”. Ningún proyecto sea de la dimensión que sea, tiene ni puede demostrar tal condición, pues si no impacta es porque no existe; además, la dimensión del proyecto no es el único factor determinante del peso del impacto.  Si por proyectos grandes, los conferencistas pretendieron referirse a los proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental potencial que contempla el Reglamento, deben de conocer estos señores que, impactos son impactos. Tanto a esa categoría alto, como a los de mediano y bajo, para todos se deben determinar sus impactos mediante los estudios técnicos, y de esta forma plantear las medidas apropiadas para contrarrestarlos y alcanzar el equilibrio que exige el desarrollo ambientalmente sostenible. Si los impactos ambientales como los de proyectos de categoría mediana y baja, no se identifican y gestionan bajo la misma herramienta, representarán daños al ambiente que, también por acumulación y efectos sinérgicos, llegarán a ser de iguales o mayores consecuencias negativas que los de alto. Y algo más, los impactos ambientales de toda categoría de proyecto, impactan sobre el mismo ambiente, pues no existen tres o más ambientes; el ambiente es uno sólo: la “Casa Común”.
  7. “Esto es muy importante, pues ahora muchos no van a tener que gastar su dinero en lo que no es importante”. “Muerte a la tramitomanía innecesaria”. “Estamos felices ahora. Setena menos fregando desde el escritorio”. “Es una reforma muy sustancial del reglamento de Setena que vemos muy positiva”.Estas estultas y chabacanas declaraciones de la moderna política pública del gobierno, no representan más que la absoluta autodescalificación para administrar las políticas públicas verdaderamente necesarias para volver a avanzar en este país, y no los retrocesos con que, también en materia ambiental e igual lineamiento, se exhiben a nivel internacional. Es falso que se trata de reforma del reglamento de Setena. También es falso que, no es importante invertir dinero para aplicar un procedimiento técnico-administrativo y carácter preventivo, que le facilita a la autoridad ambiental tomar de decisiones informadas respecto a la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. Sin duda que, el atrevimiento desborda los límites de lo esperado, al menos por parte del poder ejecutivo de un país que se creyó democrático y de tradiciones ecológicas.

Así estamos, sobreviviendo de la pandemia del siglo que, ya acabó con la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo especialmente pobres, mientras la pobreza continúa su expansión tanto como la acumulación y concentración de capitales a costa de más sacrificio humano y del ambiente. Es decir, la amenaza y creciente número de muertos continúa. Las fuerzas e intereses que dominan el mundo no dan muestra de pretender revertir tal situación, pues sin haber acabado la pandemia, la guerra ha sido y es su segunda estrategia aún en medio de las catástrofes naturales que, también advierten el cambio climático. A las consecuencias de todo esto, no hemos escapado ni escaparemos en Costa Rica. Pero su gobierno, cínico, prepotente y además ignorante como pocos de la historia nacional, un día sí y el siguiente también acude al añejo “arte de la mentira política” y con absoluta fidelidad a los grupos plutocráticos que representa, pretende hacer creer al pueblo falsedades con vistas a los fines de: “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”. Misma receta para la cual, desde años anteriores aplicaron el terrorismo psicológico de Estado mediante el llamado “memorando del miedo” Casas-Sánchez15.

Por lo tanto, no hay tiempo que perder, luchar y trabajar es ocupación de personas honradas y la denuncia, contra las mentiras de quienes en la Administración del Estado se apartan de sus responsabilidades, deberes y obligaciones de cumplir con la Constitución, la ley y sus reglamentos; es una herramienta legal a disposición de todos y con carácter obligatorio, según lo establecido en el Artículo 50 Constitucional y No. 111 del Reglamento General -todavía vigente.

Referencias:

  1. https://www.facebook.com/CasaPresidencial/videos/591766985657658
  2. https://portal.setena.go.cr/Consultors
  3. *https://www.setena.go.cr/es/Noticias
  4. https://www.elpais.cr/2020/11/17/consejo-nacional-de-rectores-rechaza-propuesta-del-reglamento-de-setena/
  5. La Gaceta No. 125 del 28/06/2004
  6. https://vlex.co.cr/vid/-498448770  
  7. https://www.elpais.cr/2023/02/01/costa-rica-retrocede-en-legislacion-ambiental-al-sepultar-acuerdo-de-escazu/
  8. https://www.elpais.cr/2023/02/17/acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-del-liderazgo-al-olvido/
  9. https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/el-modelo-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-y-el-desarrollo-sostenible/
  10. https://vlex.co.cr/vid/decreto-no-41815-minae-798534217
  11. https://www.setena.go.cr/es/Catalogo/d2
  12. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
  13. https://www.setena.go.cr/es/Tramites/Resoluciones
  14. https://www.contraloriaambiental.go.cr/doc_/doc_1675347061.pdf
  15. https://es.wikipedia.org/wiki/Memor%C3%A1ndum_del_miedo

Puntaleona y los dobles estándares ambientales*

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Duele la tragedia ajena. Pero hay que decirlo: mientras a decenas de miles de pescadores y posesionarios se les echa de terrenos de playa— por aplicación de los 200 metros de la Ley #6043 y el Patrimonio Forestal de la Ley # 7575– terrenos en los cuales han vivido muchas décadas, o hasta más de un siglo (como el caso de los nativos de Cahuita o Puerto Viejo) o se les niegan sus concesiones, parece que algunas municipalidades tienen dobles estándares y sí permiten urbanizaciones de lujo que están, literalmente, pegadas al mar, violando todas las normas.

El video y las fotos de esas casas derrumbándose (literalmente a 10 o 20 metros en línea horizontal de la pleamar) indica que hubo corrupción en algún lado. ¿Cómo autorizó la Municipalidad esos permisos de construcción? ¿Cómo se obtuvieron los visados del MINAE? ¿Los de SETENA? ¿Cómo se saltaron los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre? ¿Cómo se saltaron el PNM (Patrimonio Natural del Estado) cuando es una montaña arbolada?

Duele mucho más percatarse de que hay dos Costa Ricas. Una que aplica la ley draconianamente a la mayoría de los ciudadanos, a quienes se persigue legalmente, se les expulsa o se les niega concesiones en sus terrenos de toda la vida, y otra Costa Rica que se pone una venda en los ojos y permite hacer de todo a los desarrolladores turísticos e inversores de lujo.

*Texto de Jaime Ordóñez compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón y Marco Palma Leiva.

Peligrosa falacia ambiental

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Con la falacia de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Setena, obstaculiza el desarrollo, al cumplir su función de propiciar el desarrollo sostenible garantizando que proyectos impactantes del medio, cumplan con viabilidades ambientales, un proyecto del gobierno descabeza su comisión plenaria interdisciplinaria y deposita todas sus funciones de mayor jerarquía en un funcionario apéndice del ministro de Ambiente.

Un Superman que cubriría las funciones de especialistas en agronomía, ingeniería sanitaria, desarrollo energético, hidrología, biología, ingeniería civil y un secretario general representante del ministro, sin poder contar con los criterios científicos y técnicos que demanda la ley y la lógica.

Cual si se tratara de una reforma estructural del Estado, y no de una inconstitucional REGRESIÓN AMBIENTAL, el ocurrente proyecto se tramita cual si se tratara de seis o siete menos funcionarios estatales, sin detenerse a reflexionar lo que sería un mensaje equivocado de Costa Rica, en momentos en que supuestamente el país está reafirmando su compromiso contra el muy destructivo cambio climático que presagia más catástrofes ambientales a nivel local, regional y planetaria.

Cuando es urgente reforzar las normas ambientales que se conocen muy bien, y en especial la Ley Orgánica del Ambiente aprobada en 1995, cual punta de lanza hacia la aspiración de un desarrollo sostenible, que permita heredar a nuestros hijos, nietos y demás generaciones, una Costa Rica habitable, ambientalmente equilibrada, capaz de sustentar una mejor calidad de vida que podríamos vislumbrar en el horizonte para ellos, con este proyecto de ley se camina en sentido contrario.

Hacia un país donde la emigración hacia «nowhere» parecería marcar su destino. Si nos dicen que eso sería un crimen imperdonable, dolorosamente tendríamos que asentir.

Así, en nombre de los que no pueden expresar su clamor por una Patria que les cobije cual madre amorosa, y por los que aún no han nacido, rogamos a Dios porque guíe las decisiones de los señores diputados a la hora de decidir sobre ese proyecto de ley, que por lo visto parece haber nacido huérfano en vista de que no levanta la mano para salir en su defensa, quien se lo ha propuesto al Presidente Chaves.

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¿Una SETENA en manos de un político?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

No hay institución que no sea mejorable; siempre hay que aspirar a la inalcanzable perfección. Pero usar como pretexto el que tal o cual ente no nos gusta cómo funciona, según nuestros intereses, para proponer su degradación hacia una simple oficina bajo el alero de cualquier ministro, no tiene sentido.

¡Y eso es lo que están proponiendo hacer con la Setena! Con el organismo encargado de hacer cumplir la Ley Orgánica del Ambiente, en lo correspondiente a las evaluaciones de impacto ambiental, para que éstas sean tramitadas ante un ente donde predominan los criterios científico-técnicos y no los intereses políticos de un ministro de Ambiente, como lamentablemente se está proponiendo en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que se tramita en la Asamblea Legislativa.

De aprobarse algo tan insensato, se estaría ante una clara e inconstitucional REGRESIÓN AMBIENTAL, vergonzosa para un Estado que lucha por hacer del desarrollo sostenible el principio que rige su accionar en estos muy preocupantes tiempos del cambio climático. Si la Setena requiere de más recursos humanos y materiales, ha de atenderse esa demanda, por ejemplo, con el 1% del impuesto a los combustibles sería un aporte formidable, sugerimos. Algunos pensarán que no, pero, de todos modos, por allí ha de caminar las respuestas a ciertos cuestionamientos mal intencionados unos, y nacidos del desconocimiento, otros, jamás erosionándola. Ante eso no debemos ser indiferentes.

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Muere la democracia si no…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Muere la democracia si no negociamos el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros, si no favorecemos a APM Terminals frente a Japdeva, si no negociamos Fanal, si no debilitamos el ICE, si no desaparecemos al Senara y a la Setena, si no erosionamos las Áreas Silvestres Protegidas, si no damos la revisión técnica vehicular al grupo alemán, si no hacemos un burumbún en el Mopt, si no flexibilizamos las medidas sanitarias, si ajustamos salarios en la Caja, si no aprobamos unos préstamos para pagar deuda.

Será un sinsentido pero por ahí andan.

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Hechos por detrás del Parque y el conflicto vial en La Guácima de Alajuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Julio 27- 2022

La ciudadanía costarricense debe conocer que, atrás del Parque Viva no sólo está lo que fue el Autódromo la Guácima, sino también que, ambos proyectos tienen significativas diferencias; no obstante, desarrollados en la misma localidad de la Guácima de Alajuela. Una característica relevante a nivel temporal, es que, entre la apertura formal de uno y el otro, transcurrieron aproximadamente 41 años; tiempo suficiente como para que, quienes ahí visitamos alguna que otra vez en los años setenta y hemos vuelto recientemente antes del “cierre” gubernamental, sean abundantes las evidencias de tal diferenciación, tanto en el área de los proyectos, como en sus áreas de influencia directa e indirecta. Obviamente que, para determinar esas diferenciaciones, no es indispensable la observación directa, si tan sólo, establecemos como referencia, la evolución de acciones históricas en la zona durante los últimos 50 años, determinantes de cambios sociales, políticos y económicos, entre otros; y por ejemplo visibles en la infraestructura urbanística, vial y uso de suelo.

Vale tener presente que, durante el mismo tiempo transcurrido, la evolución a nivel de la normativa, es también trascendental, especialmente a partir de los años 1994 y 1995 con la reforma al Artículo 50 de nuestra Constitución Política y promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente respectivamente. Más luego a partir del 2004, también la reglamentación a dicha Ley, quedando con ello establecido que, todo proyecto, obra o actividad a desarrollar en el territorio nacional, previamente debe someterse a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la SETENA. Para ello se debe aplicar una categorización de los proyectos y determinar el instrumento necesario para cumplir cabalmente con esa evaluación, la cual, deberá ser concordante con su dimensión y posibles impactos ambientales en las áreas del proyecto. Elementos que, no preverlos con la anticipación que corresponde y las medidas apropiadas, es inducir a daños ambientales.

Ahora bien, resulta que, un determinado consultor ambiental en asuntos de la SETENA, mediante un escueto artículo publicado en la prensa digital el día 12 de julio 2022, ha pretendido informar acerca de que, el Autódromo La Guácima que luego cambio de nombre, no contó con las regulaciones ambientales actuales, porque todavía la legislación hoy vigente no existía. Obvio. Pero eso fue para tal proyecto, asunto y situación muy diferentes a las del Parque Viva, cuyas condiciones para cuando se diseñó (2013) sí le exigían cumplir el proceso de la EIA que hasta hoy rige. Y lo intentaron, según el expediente No. D1-10840-2013-SETENA más la Resolución de Viabilidad Ambiental No.3088-2013-SETENA. No obstante, existen evidencias de aparentes incumplimientos del administrado y la Administración. Observemos por ejemplo que, la denominación de “Mejoras al Autódromo la Guácima” según el título descrito en dichos documentos; ante las características de un proyecto que sólo en movimiento de tierras contempla 200.000 m3, es omisa y engañosa. Igualmente, la cantidad de decenas de miles de m2 en infraestructura nueva y obras en cauce (según la descripción que contempla el proyecto y otras fuentes), trascienden a la dimensión de un proyecto que debió ser categorizado de alto impacto ambiental; por lo tanto, le correspondía ser evaluado bajo un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo, y nunca una declaración jurada como la que presentaron y la Setena tramitó sin advertir esta omisión y sus consecuencias.

Algo más, se lee en la Resolución aquí citada que, la Setena resolvió este proceso sin ni siquiera llevar a cabo una inspección al sitio, es decir, hizo una simple y deficiente revisión a nivel de escritorio. Entiéndase así que, esta forma de proceder es una aberración de la Evaluación de Impacto Ambiental que correspondía.

Por lo tanto, de haberse cumplido con el EsIA, difícilmente hubieran quedado sin contemplar entre otros aspectos de máxima relevancia, las condiciones viales del entorno del proyecto y consecuentemente el estudio de impacto vial bajo las normas y aprobación del Órgano rector (MOPT) en dicha materia. Estudio indispensable para definir y diseñar las obras necesarias del proyecto en ese momento. Es decir, la aparente deficiencia en el trámite del permiso municipal de la construcción, el cual dio lugar al “cierre” o suspensión temporal de alguna actividad del mega proyecto Parque Viva, tiene origen en la institución que fue omisa en exigirlo, en tanto constituye un impacto ambiental significativo a prevenir durante el proceso de la viabilidad ambiental. Además, por estar determinado que esta Viabilidad es requisito para el permiso de construcción, todo pareciera que la municipalidad se confió, aunque obviamente dicha falencia no le resta la responsabilidad; especialmente por la afectación del proyecto a la red vial cantonal.

Pero también, es un hecho normado que, el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, tiene como requisito previo la Viabilidad Ambiental; sin embargo, al no ser el mismo una competencia de dicho Ministerio, con la sola presentación, es de entender se asume que fue tramitada de buena fe. Sin embargo, hay que decirlo: ¿si tal requisito (la Viabilidad Ambiental) de los dos permisos tiene vicios de nulidad, en qué condición de validez quedan ambos? Es decir, existe algo más complejo para el proyecto del Parque Viva su construcción y funcionamiento parcialmente suspendido, pues al determinarse que la raíz del problema se originó en el trámite de su Viabilidad Ambiental, ésta licencia tiene vicios de nulidad y así se debería declarar si se desea actuar bajo los principios de legalidad. Y tengamos claro que, no es posible tramitar ahora una nueva Viabilidad Ambiental para el mismo proyecto; pues la EIA sólo aplica para proyectos nuevos. Así lo dicta la Ley y su Reglamento aquí citados.

Finalmente, es oportuno preguntar si el gobierno y presidente actual, quien al menos por su verbo, parece dispuesto a “barrer” la corrupción y otras deficiencias enquistadas en la Administración Pública, como ya lo ha expresado, irá actuar así en la Setena con la eficiencia y eficacia que demanda esta situación; además, tomando en consideración que en dicha entidad éste no es un caso aislado, y para lo cual, no es necesario la aprobación de proyecto legislativo alguno. Tome en consideración el señor presidente y su equipo más cercano que, la EIA no es idealismo ambientalista y mucho menos un obstáculo absurdo al desarrollo; todo lo contrario, es la herramienta técnica y científica más apropiada y reconocida mundialmente para garantizar el desarrollo ambientalmente sostenible. Si la cumplimos a cabalidad, también previene conflictos aún entre los mismos intereses de clase.

No es casual que, la normativa e institucionalidad de Costa Rica alcanzada aproximadamente hasta el año 2013 en materia ambiental, tuviera un distinguido reconocimiento internacional por su liderazgo en el marco del SICA, la CCAD y la ONU; logros que sólo podrán continuar recibiéndose, si seguimos avanzado en la misma línea y no retrocediendo, como fue notable en la pasada administración y parece que en la presente la involución será mayor. El señor presidente, al respecto debería contar con la asesoría y acompañamiento de los más calificados profesionales en materia de Evaluación Ambiental y no de quienes se creen especialistas ambientales, siendo profesionales en los mismos campos que ya el presidente no necesita, dada su alta calificación probada mundialmente. Pues no sólo su política ambiental apunta en dirección equivocada, también su discurso al respecto es conceptualmente errático.

El problema de la SETENA para el país, no es su marco legal y función rectora; es el “feudo” en que la convirtieron los agentes del poder político de la mano con las cámaras empresariales, así como y con escasas excepciones, los ocupantes que ahí mantienen sirviendo a sus intereses y muy poco o casi nada a la Nación. Como Órgano técnico y de máxima desconcentración (principal fortaleza), al menos por primera vez en su corta existencia, hace falta limpiarlo y aportarle todos los recursos que requiere para que cumpla a cabalidad la función que le designó el marco de legalidad todavía existente. Si para bien del país, esto quisiera el gobierno, también podrá hacerlo progresar a un Órgano Autónomo; jamás someterlo directamente a la decisión política del ministro de turno, pues esto será su muerte ya anunciada. No podrá desconocer también el gobierno que, tal fortaleza sumó para que Costa Rica fuera finalmente aceptada en la OCDE, organización multinacional que a la vez aboga por el Acuerdo de Escazú.

 

Imagen ilustrativa.

Los Santos: Comunidades enfrentan a SETENA por “viabilidad ambiental” a gasificadora de basura

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

En la sesión comunitaria del sábado 18 de junio 2022, las comunidades cuestionaron al Presidente del Concejo Municipal de León Cortés, Francisco Mena, ¿por qué el Alcalde y algunos regidores y funcionarios nos dejan de ser cómplices de la empresa y se dedican a cumplir con la ley de manejo de desechos?”. Además señalaron la mentira sobre “Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito”, cuando ni siquiera respondió las solicitudes de las comunidades, para favorecer a la empresa”.

Osvaldo Durán-Castro/Los Santos.  Sociólogo ITCR, ecologista FECON

  • SETENA no concedió Audiencia pública y dice que no hay oposición
  • Miércoles 22 de junio, a la 1 pm, habrá manifestación en SETENA y se pide acompañamiento

Tras 10 años de oposición las comunidades de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, enfrentan nuevamente a la SETENA por darle “viabilidad ambiental” al proyecto de gasificación de la empresa Agropecuaria 7048, con la RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA, del 16 de junio 2022.  El miércoles 22 de junio, a la 1 pm, se manifestarán en SETENA para entregar un RECURSO DE REVOCATORIA de la Resolución y exigir respeto a las poblaciones y a los ecosistemas de la región.  Para esa actividad las comunidades de Los Santos piden acompañamiento a otras organizaciones del país, pues se trata de un problema nacional.

“¿De dónde llegarían a Los Santos las 175 toneladas de basura diarias que requiere la planta gasificadora, si entre Dota, Tarrazú y León Cortés generan 18,7 toneladas y sin aplicar el manejo que exige la Ley 8839?” ¿Por qué algunos regidores, el Alcalde y algunos funcionarios nos dejan de ser cómplices de la empresa y se dedican a cumplir con la ley de manejo de desechos?”, fueron preguntas que más de 120 personas le hicieron al Presidente del Concejo Municipal de León Cortés, el pasado sábado 18 de junio en Los Santos.

Nunca se realizó una Audiencias pública 

La indignación de las comunidades se hizo más evidente pues SETENA desconoció todas las oposiciones sociales y razones científicas, técnicas y legales que por años las comunidades, ASADAS y ADIS y organizaciones nacionales, con las que se demostraron incontables debilidades que nunca fueron respondidas por la empresa.  Las comunidades solicitaron reiteradamente audiencia pública, como con el oficio entregado el 29 de septiembre de 2021 a SETENA, firmado por 55 personas  de organizaciones sociales legalmente constituidas.  En el INF-TEC-DT-DEA-0548-2022, 6 de junio de 2022, la misma SETENA le indica a la empresa que debe notificar a los “apersonados” y “opositores” que suman 2008 personas, pero la Comisión Plenaria desconoció a sus mismos técnicos que concluyeron que la empresa “NO CUMPLE” y le otorgó la viabilidad al proyecto.  En varias oportunidades la SETENA le amplió plazos a la empresa, aún cuando había prórrogas vigentes. De manera insólita, la resolución de SETENA indica “Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito”, cuando ni siquiera respondió las solicitudes de las comunidades, para favorecer a la empresa.

Dirección de Aguas del MINAE denegó permiso a la empresa

Atentando directamente contra el derecho humano al agua, la SETENA también desconoció la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, DA-2050-2021 que claramente concluyó “que el punto de perforación” solicitado por la empresa “se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”, que establece que “Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.   La empresa cambio de sitio de perforación pero en los estudios se omitieron todos los riesgos para la zona de protección.

Otra gravísima omisión de la SETENA es que desconoció el Reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de instalaciones para coincineración, Nº 39136-S-MINAE, pues omite la existencia del centro educativo del INA en Los Santos, que está a menos de 1000 metros del sitio de posible construcción.

Tampoco se atendieron los razonamientos sobre los impactos negativos para las actividades turística, recreativa y agropecuaria en la región y la posible recuperación de la biodiversidad en el “Corredor Biológico Los Santos-San Pablo de León Cortes”, para lo cual está próximo a firmarse la creación de un área protectora de los Cerros de Los Santos, incluido el cerro El Abejonal, donde se instalaría la gaificadora.  Tampoco se indica nada sobre el manejo de los residuos industriales y tóxicos que la planta emitirá.

La zona de impacto directo de la gasificadora está dentro del área de protección de la naciente de Frailes de Desamparados, no respeta la distancia de ley del centro educativo del INA y pone en riesgo zonas de producción agrícola.

Con el fin de ampliar el apoyo de organizaciones nacionales comunitarias, ambientales, ecologistas y que promueven prácticas de manejo integral de los residuos de acuerdo con la Ley 8839, desde Los Santos se emitieron formatos para recolectar firmas que señala:

“RECHAZAMOS LA RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA/GASIFICADORA EN LOS SANTOS

Con esta Resolución SETENA desconoce la TOTAL OPOSICIÓN de las comunidades de León Cortés, Tarrazú, Dota y Desamparados, y de organizaciones sociales de todo el país, y favorece, sin fundamentos técnicos, sociales ni científicos a la empresa promotora.  Rechazamos también el papel cómplice de la Municipalidad de León Cortés que desde hace una década ha facilitado este proyecto rechazado por la población.  Rechazamos  que Los Santos se convierta en una región importadora de 175 toneladas diarias de basura, y exigimos que las municipalidades apliquen plenamente la Ley 8839.  Nos sumamos al RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA”.

Las firmas o comunicados pueden enviarse al correo: no.gasificacion@gmail.com

Se adjuntan formatos para apoyo de organizaciones sociales.

Más información:

Osvaldo Durán-Castro, 8380-0955, osvaldodc@gmail.com

Cristopher Meza Sánchez, 87706103, crismezasanchez@gmail.com

Puede enviar su apoyo mediante las siguientes dos opciones a los siguientes correos:
no.gasificacion@gmail.com

osvaldodc@gmail.com

A-FIRMAS-REVOCATORIADescarga
A-ORGANIZACIONES-OPOSICIÓN-A-GASIFICADORADescarga

ABACOTE DE CARLOS ALVARADO HONRÓ EL DIABLO AMBIENTAL

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Juan Francisco Campos

Mayo 2022

Sin representar el único punto flaco de su gestión gubernamental y sea este por omisión o extralimitación, es constatable que, las autoridades costarricenses 2018-2022 desde el presidente, primera dama, ministros como los de Ambiente y Energía más los jerarcas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); se desbordaron en hipocresía con el tema ambiental. Así sucedió en su perenne recorrido por el mundo desde que asumieron el gobierno hasta el final. Por ejemplo, durante sus últimos paseos, el presidente una vez más discursea en España y Francia sobre un supuesto entusiasmo del país bajo su gobierno, por mantener valores como la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad. A lo cual no faltaron adulaciones para resaltar “…el compromiso del presidente Alvarado y del país para liderar con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático y por impulsar el desarrollo sostenible tanto en el nivel nacional como en el internacional”1.

Otro ejemplo reciente, fueron las emociones expresadas por el actual ministro de turismo, a partir de las cuales, en México el diario El Heraldo se rajó con lo de “Costa Rica: el edén sustentable del mundo”2. Posiblemente el joven ministrito, desconoce que un anterior colega suyo de los años noventa, por tan embusteros discursos y actuaciones inconsecuentes, recibió en sus propias manos el más justo premio conocido como el “Diablo Ambiental 1993”; entregado al entonces titular costarricense de la cartera de turismo por parte de organizaciones ecologistas alemanas3,4 .

Pero, hay de los falsos profetas, porque, lo realmente hecho en este país con la política ambiental del gobierno saliente, más allá de la lista de premios y sus dádivas millonarias, viajes por el mundo y los puestos asignados o por asignar en entidades extranjeras; altamente relevante y probado con suficiencia, es su boicot a la ratificación del Acuerdo de Escazú durante estos cuatro años, por parte de los tres poderes de la república. Acciones sin duda indicadoras de que, aplicaron un rechazo ad portas de los pronunciamientos y excitativas por parte de organizaciones sociales y hasta de los equipos humanos de mayor renombre científico del país5,6. También, la regresión en normativa de evaluación de impacto ambiental y la arremetida e impunidad en la violación de derechos humanos7,8,9, contra diferentes actores sociales representantes de pueblos indígenas10, organizaciones sindicales11, campesinos, ambientalistas12, etc.

Con respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica, por intermedio de su gobierno pasó de protagonista a antagonista del citado Acuerdo jurídico cuyo nombre, rememora nuestra historia geográfica y ancestral. Y esto es así, máximo si observamos que, siendo el mismo Acuerdo impulsado al más alto nivel internacional por parte de la ONU a través de la CEPAL; es paradójico que durante el período 2020-2022 aún vigente, esta Comisión Regional haya estado bajo la presidencia pro tempore de Costa Rica13. Es decir, dicho gobierno ha actuado en el Organismo como un vil farsante, y por lo tanto merecedor de juzgamiento y condena; al menos por el agravio a nuestra Nación. En consecuencia, es claro que, mediante lo reseñado, se aportan elementos para la catorceava causa penal que, debería interponerse contra el señor Alvarado Quesada14,15. Además, téngase presente que, el principal socio en tan hipócrita actuación costarricense, fue el también desprestigiado y represor gobierno chileno del expresidente Piñera, no obstante que hasta el 2018, los gobiernos de ambos países, habían cumplido un meritorio desempeño como promotores del Acuerdo en la Región. Pero por nuestra parte, no fueron los mismos representantes, aunque personificaran el mismo partido gobernante. Hoy, para bien de Chile y lo contrario de Costa Rica, el nuevo presidente Gabriel Boric está rectificando16 la funesta actuación de su antecesor. Mientras en Costa Rica, por declaraciones ya emitidas17 y lo intereses economicistas que representa el nuevo presidente tico y la lista de sus colaboradores aparentemente nombrados a partir de una singular “feria de empleo público” a su cargo18, no hay esperanzas de algo similar o nuevo acompañamiento con los chilenos. De manera que, es poca la duda existente en cuanto a que la hipocresía continuará y posiblemente la lista de “premios” aumente; sin olvidar que, a veces, éstos es más lo que encubren que lo que distinguen.No se observó honradez ni consecuencia, ya sea del presidente Alvarado o al menos de la ministra de Estado Andrea Meza, titular del Órgano “encargado de emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible”19, al haber desistido de estar presente en Chille durante la COP1 del Acuerdo de Escazú. Fue al canciller, cuyas funciones están también claramente definidas, a quien se delegó la participación presencial y decir algo; así como también a la vice presidenta E. Campbel, pero ella a distancia. Tomemos nota, se ha tratado de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú con sus 12 estados miembros plenos sin Costa Rica, llevada a cabo en la cede de la CEPAL en Chile del 20 al 22 de abril 202220. Sin embargo, transcurridos menos de dos meses, en la propia capital costarricense, durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del 7 al 9 de marzo, y el evento paralelo titulado “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”; la llamada banca multilateral y la OCDE se pronunciaron señalándolo “…como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones”,21.¿Dónde quedó el “liderazgo ambiental” de nuestro presidente y su corte? Recordemos que mientras el gobierno de Alvarado llevó a cabo todas las acciones complementarias inclusive sin escatimar los onerosos costos (más de dos mil millones de colones anuales por membrecía) para meter a Costa Rica como miembro de esta alianza de países ricos del Planeta22; paralelamente sucedió el boicot contra el Acuerdo de Escazú. Estas actuaciones no son jamás de ejemplo mundial; repudio y condena sí.Según el sitio web de la Agencia efe.com y la entrevista por parte de la periodista Alida Juliani a Carlos Alvarado durante su paso por Madrid23, el presidente declaró que “dejará el poder con la casa ordenada, en lo financiero, medioambiental y en avances en derechos humanos”; lo cual, considera que es «un logro después de mucho tiempo de desórdenes». A su juicio, estos temas representan los grandes asuntos en los que ha trabajado su Gobierno y a la vez, los avances que se deben mantener en un «país moderno». Y si bien hace algunas referencias de los supuestos logros en lo social y financiero, en cuanto a lo ambiental se limitó a la simple cita. Por tal razón, al menos para esta ocasión, planteamos que fue lo mejor que pudo haber hecho, pues ante la regresión de normas y otras acechanzas de su gobierno en materia de evaluación de impacto ambiental y las consecuencias negativas, es decir daños ambientales24,25 (según la contundente y consistente definición de la Ley 7554 y su Reglamento EIA) que ya se contabilizan, no hay palabras ni discursos que puedan ocultarlos. Para mayor detalle, es oportuno citar el artículo titulado: “La inconsecuente política ambiental de Costa Rica: un producto de las alianzas público-privadas”; publicado en el sitio web Rebelión del pasado 11 de diciembre 202126.

En la reseña de hechos de dicho artículo, se describe una lamentable situación, a la cual se condujo según su autor, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; institución pública de desconcentración máxima por mandato de Ley. De tal caso y dado la aparente ilegalidad, es crítica la intervención política dirigida desde la propia presidencia de la República a cargo de la esposa del presidente y un viceministerio incrustado en la Institución, operando este último por aproximadamente dos años; e irrespetando así el nivel de administración que caracteriza a éste Organo y su funcionalidad técnica. Además, aunque no constituyen los dos únicos puntos, se describe también una serie de reformas normativas, especialmente decretos ejecutivos y acuerdos administrativos que también, aparentemente contravienen el derecho ambiental dispuesto constitucionalmente y las leyes nacionales; en tanto se promulgaron con carácter de regresividad. Asunto verificable en la función rectora de la cual la Institución es responsable: la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos irrestrictamente en concordancia a la Constitución, leyes y Reglamento.

De manera que, debe observarse la gravedad de los hechos descritos y entre las consecuencias directas, determinar puntualmente las cifras (miles) de proyectos, obras o actividades a los que, sólo por medio del decreto ejecutivo No. 41815-2019 se les derogó la responsabilidad y obligación legal de ser evaluados según la herramienta de la EIA dispuesta en el Artículo No. 17 de la Ley 7554. Trabajo a cargo únicamente de la Institución según esta misma Ley, pero que, durante aproximadamente tres años ya no cumple. No puede pasar desapercibido que, mientras esta disposición legal, establece la obligación de llevar a cabo el proceso evaluativo ex ante, y que de concluirse que el estudio técnico del caso que sea es cabalmente satisfactorio, el órgano colegiado resuelve el asunto emitiendo una resolución debidamente fundamentada sobre la aprobación del estudio; a partir de la cual iniciará la etapa de control y seguimiento ambiental. Sin embargo, con la reforma antes citada al Reglamento, no sólo se elimina esa evaluación al cambiarla por el registro administrativo sin mediar estudios técnicos, sino que, un funcionario que verifica el registro también es quien aprueba el proyecto mediante una nota sin fundamentación y ninguna participación del órgano colegiado. Mientras tanto, las mismas huestes de la secretaria anterior (Cinthya Barzuna) elevada hace pocos meses a vice ministra de mares, contingente de donde eligieron el actual y nuevo secretario, llevan más de dos años repitiendo que modernizaron la institución, acabaron con las presas de expedientes, y “están migrando a un sistema de control y seguimiento”; pues como que lo que antes hacían era “evaluación de escritorio”27. Aseveración totalmente falsa. Pues que no lo cumplieran a cabalidad, es diferente.

Pero ¿Qué está sucediendo con los daños ambientales ya causados y los que seguirán acumulándose a nivel nacional, así como la colateral violación de derechos humanos consecuencia de esas decisiones y acciones tanto ejecutivas como administrativas, bajo argumentaciones sesgadas e inconsistentes, con las cuales, se alega que así corresponde por tratarse de proyectos de bajo impacto ambiental? Técnica y científicamente, en ninguna parte del mundo y por ende ni en Costa Rica, se ha demostrado hasta hoy, que alguna categoría de impacto clasificada como alto, medio o bajo; sea insignificante y por lo tanto puede omitirse el proceso de evaluación de impacto ambiental cuando se desarrollan proyectos que clasifican bajo alguna de ellas; pues la sinergia y efectos acumulativos siempre estarán presentes en todos. Vale como ejemplo, el desastre ambiental de Crucitas28, tan divulgado especialmente por intereses comerciales ligados al neo extractivismo y quienes, no dan igual cobertura a otros casos iguales o peores. Ahí, es real el impacto observado y los obvios daños ambientales causados por un tipo de minería que, no obstante por ser artesanal (coligalleros), definida según nuestra legislación como de pequeños operadores individuales o colectivos que laboran a pico y pala principalmente; podemos plantear que cada uno representa un proyecto de bajo impacto. Pero en este caso, han estado actuando en alto número y localizados en un espacio y tiempo dado; por lo tanto, el impacto que genera el conjunto o contingente de coligalleros, es sin duda alguna similar al de un proyecto de alto o muy alto impacto. Nada garantiza que si fuera la Cía. Infinito quien lleva a cabo tal explotación causara menos daños. Otro caso a la vista, es Guanacaste con la desertificación de suelos e insuficiencia del recurso agua, lo cual, esto no obedece a que un megaproyecto turístico o de otra naturaleza y por tanto de alto a muy alto impacto, se desarrolló por todo o gran parte del territorio provincial. Sino que, su principal causa son los Grandes, medianos y pequeños proyectos allí desarrollados hasta sobrepasar la carga ambiental sobre el recurso hídrico disponible y propia del territorio. Y con PACUME29 que será “agua para ampliar y prolongar la prosperidad del empresariado que seguirá expropiando a los guanacastecos, a corto o mediano plazo pedirá un PACUME 2; así haya que continuar cercenando Areas Silvestres Protegidas de incalculable riqueza bilógica como Lomas Barbudal. Vale recordar que, a PACUME le antecede el proyecto de Riego Arenal-Tempisque.

Mediante consulta al sitio web y archivos de la institución (SETENA), más otras fuentes periodísticas de información, hemos procurado dar seguimiento a estos hechos y actualizar cifras; a fin de procurar mayor conciencia en la ciudadanía acerca del desastre ambiental, y por ende, “el desorden en que dejan la casa” en lo ambiental, producto de las acciones inescrupulosas del gobierno saliente. Por lo tanto, ¿Qué ha sucedido y sigue sucediendo con los proyectos, obras o actividades que, según la Ley vigente se deben evaluar técnica y científicamente, a fin de identificar y prevenir sus impactos ambientales con medidas apropiadas, y de tal manera evitar los posibles daños ambientales cuyo carácter es irreversible; pero que mediante el D.E.N° 41815-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC vigente desde el 05 de julio del 2019 fue derogada tal obligación? Véase por ejemplo lo que al respecto dice el señor Ulises Alvarez secretario actual de la SETENA en su ambiguo e inconsistente Informe 2021: “El principal cambio que aporta este Decreto es que elimina el requisito de los trámites D2 pasen por la Comisión Plenaria”. Ahora, como simple registro y permiso inmediato, es un trámite que tarda 1,9 días. Y para mayores detalles de estos proyectos, estimados a priori como de bajo impacto ambiental por la parte desarrolladora y que luego de presentados casi automáticamente quedan registrados y con permiso dudoso de qué; por ser los más numerosos, se complementa el siguiente abordaje:

Cuadro 1. Efectos en los trámites ante la SETENA producto de reformas regresivas al Reglamento General de la EIA en el período 2018-2022

 Año D1 D2 D1+ D2 % D2
2022 149*  345*  494* 69.8
2021 609 1276 1.885 68.0
2020 692 1.013 1.705 59.4
2019 848 709 + 579** 2.136 60.3
2018 986 1.172 2.158 54.3
Total 3.213

*Cifras registradas durante el 2022 con corte al 18 de abril

**Cifra registrada a partir del 10 de julio al 20 de diciembre 2019

Corresponde aclarar que, los datos del presente cuadro, si bien no representan la totalidad de los trámites que atiende esta institución anualmente con los denominados documentos de evaluación D1, D2 y otros; estos dos representan un porcentaje mayor al 90 % del total. Razón por la cual, para lo que interesa destacar, se consideró irrelevante la inclusión de los otros.

Como se puede observar, la citada reforma ha contribuido a que, durante lo que lleva de vigencia, aproximadamente 3213 proyectos al parecer categorizados como de bajo impacto ambiental, no han recibido la Evaluación de Impacto Ambiental estipulada por Ley. Es decir, los que se hayan desarrollado, han impactado sobre el medio ambiente en ausencia de las previsiones y mitigaciones técnicas de rigor; consecuentemente derivando daños ambientales a nivel nacional, cuya acumulación, anualmente ha crecido y de hecho es cada vez mayor. Este, es un hecho fehaciente para plantear que el síndrome Crucitas, por esta vía se extendió a todo el territorio de Costa Rica a contra pelo del desarrollo ambientalmente sostenible. Además, estas cifras muestran una correlación significativa con el aumento, también anual de denuncias ambientales registradas por el MINAE. Ya que, de acuerdo con el sistema llamado SITADA30,31 y que coordina la Contraloría Ambiental para el recibo de las denuncias ambientales, tales acciones “se dispararon en un 86%” a partir del año 2018 con 3620 casos registrados. Luego, 5234 el siguiente año 2019, 5734 el 2020 y 6977 en el 2021. Por su parte, el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), integrante de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental; dado sus preocupaciones al respecto, le llevó a hacer efectiva la creación de una unidad especializada y dedicada a investigar los delitos ambientales, asignando 18 funcionarios quienes empezaron su labor el pasado 1 de abril 2022. “Según un comunicado de la Policía Judicial, el incremento en las denuncias por daño al medio ambiente “hace apremiante el abordaje de este delito con una sección especializada…”32,33. La atención de este tipo de denuncias por parte de la SETENA, es otro tema crítico que merece abordaje específico. En el artículo antes citado del sitio web Rebelión, se refieren algunos casos que deberían estar en manos de la Comisión que integra el OIJ así como de la oficina especializada; y determinar si ahora sí existe esperanza de sentar responsabilidades de quienes dañan el ambiente.

Cuando el presidente Alvarado firmó el referido Decreto que llamamos regresivo, en su alocución, entre otras cosas dijo que, la reforma permitiría tramitar “en tiempo récord de 1 minuto” y obviamente sin ser evaluados, un porcentaje equivalente al 54% de los procesos que tramitaba la SETENA34. La cifra en sí misma era cierta. Pero, los datos nos demuestran, que, al llegar aproximadamente a tres años de esa decisión, quizás en unión de otras prácticas comunes y vicios que afectan la Institución (ej.: oficios de exoneración de obligaciones sin criterio técnico), se observa un efecto dominó; pues ese porcentaje ha venido en aumento y ya ronda el 70%. Vale decir: en tres años, un aproximado al 70% de la función esencial de la SETENA, prácticamente no se lleva a cabo. Mientras tanto, en lugar de movilidad laboral como lógica respuesta a la “modernización” y relegación de funciones, lo observado también en el informe 2021del secretario, son recalificaciones y ascensos de personal. Además, entre la lista de debilidades, describe que el recurso humano es limitado, con baja experiencia institucional y poca capacitación.

En fin, este es parte del verdadero ordenamiento de la casa que nos deja Carlos Alvarado Quesada, donde el que la recibe no da señales de rumbo diferente si “por las vísperas ya conocemos el santo y sus ángeles”. Es por ejemplo el caso del entrante ministro de ambiente. Quién lo nombró, a pesar de quien lo presentó, no lo sabemos. Pero, como dicen algunos ecologistas35, a sus “enemigos imaginarios” sí. También, nos recuerda este ungido, la sorpresa vivida por un amigo, cuando, al atender una consultoría internacional para cierto país suramericano y le tocó visitar el despacho del ministro de ambiente; al observar en una pared de la oficina ministerial, nada menos que, la exhibición de una imagen alusiva a la transnacional Monsanto. De seguro, reveladora de los padrinos del ministro de allá, eso sí, sin olvidar que también en nuestra casa hay “anécdotas” de igual tipo.

Y así se empieza a escribir la historia de un presidente parejo, que, como por hechizo o tal vez lo real maravilloso, cayó en el poder con buenas intenciones de alinear un desordenado “Macondo” en América Central. Dijo al inicio que, trabajando y trabajando. Pero hasta ahora empezamos a verlo, era en el rescate de los mitos más profundos o escondidos en este territorio; los cuales, en competencia por el mundo voló y voló a aventurar. Hoy, al final de su novelesca travesía y el liderazgo de que todavía se cree que condujo36 sin igual por las premiaciones recogidas; el premio de lo realmente maravilloso de su obra, es lo último que mejor le han otorgado a nivel continental y lo llevará colgando siempre. Y aunque no da muestra de haber vuelto a la realidad, lo queremos comprender. En su soledad sólo lo acompaña un duque del Sur. Qué pena, pues por el Norte ríen desde lo alto, mientras ni los correligionarios que desde el Buenos Aires se fueron a celebrar su extinción partidaria, lo acompañan. Y como la fantasía es infinita, este espectador desea 100 años “vivir para contarla”. Buen día señor presidente.

Referencias

1.https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/04/ocde-reconoce-el-liderazgo-de-costa-rica-en-materia-ambiental-como-un-componente-que-fortalecera-a-la-organizacion/

  1. https://heraldodemexico.com.mx/temas/eden-sustentable-49180.html

3.https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/20565/198_16-17.pdf

  1. https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/463/7_3-4.pdf

5.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-acuerdo-del-escazu.html

6.https://www.elpais.cr/2022/03/17/consejo-universitario-de-la-una-a-favor-del-acuerdo-de-escazu/

  1. https://www.elpais.cr/2022/02/28/las-palabras-del-padre-de-jerhy-rivera/

8.https://costaricaintegra.org/comunicados-de-prensa/bicentenario-sin-derecho-pleno-de-acceso-a-la-informacion/

9.http://www.oacnudh.org/costa-rica-se-necesitan-reformas-urgentes-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dice-el-experto-de-la-onu/

10.https://semanariouniversidad.com/pais/mas-de-80-agresiones-contra-pueblos-indigenas-fueron-documentadas-en-la-zona-sur-durante-2020/

11.https://anep.cr/dirigentes-sindicales-perseguidos-en-el-gobierno-de-carlos-alvarado-violador-de-derechos-humanos/

12.https://www.informa-tico.com/29-03-2016/jairo-mora-justicia-impunidad

13.https://www.cepal.org/es/noticias/presidente-costa-rica-vicesecretaria-general-la-onu-secretaria-ejecutiva-la-cepal

14.https://www.monumental.co.cr/2021/02/09/fiscalia-abrio-17-causas-penales-contra-presidente-carlos-alvarado-en-lo-que-va-de-su-mandato/

15.https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/473293/presidente-tiene-13-causas-penales-abiertas

16.https://www.dw.com/es/chile-quiere-recuperar-el-liderazgo-del-acuerdo-de-escazu/a-61246221

  1. Acuerdo de Escazú: la deuda de Costa Rica con las comunidades indígenas | Diario Digital Nuestro País (elpais.cr)

18.https://www.diarioextra.com/Anterior/detalle/474527/8-000-personas-presentaron-su-curr-culo-a-chaves-

  1. ttps://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_y_Energ_(Costa_Rica)

20.https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-04-20/solo-12-paises-han-ratificado-hasta-ahora-el-primer-gran-tratado-ambiental-de-latinoamerica.html

21.https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es/noticias/banca-multilateral-ocde-consideran-fundamental-acuerdo-escazu-generar-un-clima-inversiones

  1. https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/
  2. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/carlos-alvarado-dejamos-la-casa-ordenada-y-eso-es-un-logro/10001-4772294

24.https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC

25.http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC

26.https://rebelion.org/la-inconsecuente-politica-ambiental-de-costa-rica-un-producto-de-las-alianzas-publico-privadas/

27.https://www.setena.go.cr › documentos › Informes/Informe anual de labores 2021

28.https://semanariouniversidad.com/pais/la-nefasta-herencia-de-la-fiebre-del-oro-en-crucitas/

29.https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/5282-al-fin-proyecto-paacume-es-declarado-constitucional-y-podra-seguir-su-rumbo

  1. https://www.larepublica.net/noticia/denuncias-ambientales-aumentaron-un-86-en-2018

31.https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/290-21-denuncias-sitada

32.https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/oij-estrena-seccion-especializada-en-dano-a-mantos/JS66LPNS2JE2NNXQIV2REJSENE/story/

33.https://enbcr.go.cr/sites/default/files/informe_labores_2019_comision_nacional_seguridad_ambiental.pdf

34.https://www.larepublica.net/noticia/54-del-total-de-trabajo-que-realiza-setena-se-hara-en-linea

35.https://www.elpais.cr/2022/04/26/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

36.https://www.elpais.cr/2022/04/28/alvarado-abogo-porque-costa-rica-continue-liderazgo-ambiental/

Imagen tomada de civilsocietyreview.org

Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal solicita cerrar proyecto de H. Solís en el Río Guacimal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Guacimal ha solicitado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el archivo definitivo del proyecto CDP Río Guacimal, que pretende explotar la empresa H. Solís dentro del cauce del río Guacimal en el sector de Los Ángeles.

Desde hace un año se conoció la información sobre el trámite de un expediente en SETENA para explotar materiales del río Guacimal. Con base en el compromiso de la ADI con el acuerdo de la asamblea del pueblo de Guacimal de proteger permanentemente el río de amenazas, se procedió a investigar el proyecto.

Hernán Solís S.R.L. inició en 2020 el trámite para obtener viabilidad ambiental de una concesión minera de dos kilómetros dentro del cauce del río Guacimal. El trayecto de interés se ubicaba desde el sector de Los Ángeles hasta acercarse a la boca del río Acapulco, al sur del distrito Guacimal.

La SETENA le ordenó a los desarrolladores interesados presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) desde noviembre del 2020, mediante la resolución número 1975-2020. Para presentar los estudios, la empresa contaba con un año a partir de la orden dada por SETENA.

Cumplido el plazo de un año, la empresa H. Solís no presentó los estudios, ni presentó ninguna documentación que conste dentro del expediente o los registros institucionales, según se corroboró mediante el seguimiento, en varias visitas y consultas sobre el proyecto a funcionarios de SETENA y SINAC.

Confirmados los hechos, representantes comunales han solicitado este 28 de febrero el archivo definitivo del expediente, para liberar al río Guacimal de un proyecto que no es bienvenido por su alto impacto ambiental y por provenir de una empresa investigada por sus prácticas de corrupción e irresponsabilidad patronal.

Ahora SETENA deberá resolver con brevedad archivar el expediente en donde consta el incumplimiento de los desarrolladores al no presentar los estudios solicitados por la institución. Y es que este incumplimiento es causa para dar por cerrada la evaluación del proyecto, según el propio Reglamento de SETENA.

Guacimal defiende sus ríos.