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Etiqueta: SINAC

Artistas lanzan “Catarata sin tractor” en defensa de la catarata de Montezuma

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Un colectivo de artistas y activistas ecologistas estrenará este sábado 24 de octubre la canción “Catarata sin tractor”, una producción musical de denuncia y resistencia ecológica en defensa de la catarata de Montezuma. Según el comunicado, responde a los daños ambientales ocurridos recientemente en sus alrededores. La canción se publicará en SoundCloud y, de forma simultánea, en los canales de YouTube del colectivo. A partir del 13 de noviembre estará disponible en Spotify y en las demás plataformas digitales.

La producción está a cargo del músico ecologista Fabián Pacheco, del proyecto Cantos de Batalla, y del cantautor Rialengo, por medio de su casa productora A La Batalla Records. Sus impulsores la describen como una pieza “con profunda raíz latinoamericana, alegre, combativa y frontal”. El arte de la portada es de la artista Gabriela García Calderón.

Según el comunicado, el objetivo de la canción es “denunciar sin miedo la destrucción ambiental que inversionistas irresponsables, bajo posibles complicidades u omisiones de funcionarios públicos, han ocasionado en este símbolo nacional del ecoturismo”.

Antecedentes del caso

La iniciativa responde a denuncias vecinales y a hallazgos oficiales sobre afectaciones en la zona de protección de la catarata:

  • Afectación al patrimonio: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) confirmó la afectación de al menos 554 metros cuadrados del Patrimonio Natural del Estado por obras de construcción irregulares en las cercanías.

  • Obras paralizadas: tras la presión de la comunidad, que denunció la tala ilegal y la invasión de áreas protegidas, las autoridades ordenaron detener las obras.

  • Investigación judicial: el caso está en investigación. Según el comunicado, gracias a las gestiones del Bloque Verde la denuncia fue elevada a la Fiscalía Ambiental y motivó reuniones de incidencia con diputaciones para exigir cuentas.

El colectivo atribuye la deforestación al debilitamiento de los controles ambientales en el país. Por su parte, el Bloque Verde expresó su preocupación y reafirmó su condena a los hechos documentados.

Las voces de la iniciativa

Quienes impulsan la canción consideran que el arte debe colocarse del lado de las comunidades y la naturaleza “frente al avance voraz del capital inmobiliario”.

“Es indignante ver que vengan empresarios extranjeros a Costa Rica sin ningún respeto a la legislación ambiental y hacia los recursos naturales, pero más indignante es que funcionarios públicos de Costa Rica faciliten o se hagan de la vista gorda ante los delitos ambientales que a todas luces destruyen el patrimonio nacional y, con ello, el futuro de seguir siendo un país ecoturístico”, dijo Fabián Pacheco.

Rialengo destacó la fuerza colectiva de la grabación: “El poder de levantar este mensaje a través de la música de tantos artistas es enorme; queremos que todos se enteren de la destrucción ambiental que en las zonas turísticas de Costa Rica se está realizando desde poderosas inversiones extranjeras. La catarata y la ecología se defienden”.

Ficha técnica

  • Fabián Pacheco: composición, voz y percusión.

  • Rialengo: composición, voz y programación.

  • Lucas Alberti: composición y voz.

  • Marypaz Munay: composición y voz.

  • Amanda Obregón: composición y voz.

  • Dani Contreras: piano.

  • La Voz Nativa: composición y voz (rap).

  • Jaguar: voz.

  • Luz María Romero: composición y voz.

  • Paolo Nájera: acordeón y voz.

  • Flor de Mar: composición y voz.

  • Rebeca Montero: voz en la denuncia final narrada.

  • Pedro Víquez: bajo eléctrico.

  • Mochilla Groove: saxofón.

  • Óscar Jiménez Fernández: guitarra y charango.

  • Producción musical: Fabián Pacheco y Rialengo (A La Batalla Records).

  • Arte de portada: Gabriela García Calderón.

Dónde escucharla

Le invitamos a ver el breve video con la invitación: 

Organizaciones exigen protección para el humedal de Coris-Bermejo y para el ambientalista Ricardo “Ilustre” Muñoz

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado APRE-COM-6-2026 firmado por 42 organizaciones

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), junto con otras 41 organizaciones, grupos, colectivos y programas universitarios, emitió un comunicado el 15 de octubre de 2026. En él denuncian el deterioro del humedal de Coris-Bermejo, en Cartago, y piden medidas de protección para el ambientalista Ricardo “Ilustre” Muñoz, quien ha alertado sobre la situación del humedal desde 2024 y ha denunciado amenazas en su contra.

Un humedal de alta riqueza biológica

Según el comunicado, entre 2024 y 2025 se han avistado en el humedal más de 120 especies de aves residentes y migratorias, al menos 10 de ellas en peligro de extinción. También se han observado coyotes, mapaches, anfibios y al menos 30 especies de flora. La Asociación Ornitológica de Costa Rica registra al menos 948 especies de aves en el país, por lo que las especies documentadas en Coris representan casi el 13 % del total nacional. El SINAC, por su parte, ha documentado al menos 45 especies en el humedal.

La riqueza biológica del sitio ha sido documentada por profesionales en biología, personas vecinas, organizaciones no gubernamentales, el propio SINAC y personas aficionadas a la fotografía, entre ellas Ricardo Muñoz.

Las organizaciones señalan que desde 2024 se ha documentado en la zona el dragado del humedal, la cacería de aves, el vertido de desechos y la construcción de proyectos industriales. A su juicio, la actuación de la SETENA y el SINAC en este caso muestra “una vez más la falta de coordinación y la falta de protección efectiva de la biodiversidad del país”.

La viabilidad ambiental de la SETENA

En mayo de 2024, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó viabilidad ambiental al proyecto mediante la resolución 0779-2024-SETENA. Según el comunicado, la otorgó sin visita de campo y con base únicamente en un “estudio biológico rápido” emitido por una regente.

Ese estudio, fechado el 2 de febrero de 2024 y visible en el expediente administrativo D1-0346-2024-SETENA, indica que “en el momento de la visita no se observó presencia de organismos vivos”. Para las organizaciones, esa afirmación contradice la amplia cantidad de especies descritas por el SINAC en sus visitas de 2023.

El expediente puede consultarse en el sitio de consulta pública de la SETENA: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/buscar_expediente

Lo que ha establecido el SINAC

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) realizó varias visitas de campo. En el reporte SINAC-ACC-CH-017-2023 estableció que al menos 12 hectáreas de la zona corresponden a la categoría de humedal. Posteriormente, en el informe SINAC-ACC-CH-029-2024, identificó al menos 130 hectáreas de humedal en Coris.

Municipalidad, Fiscalía y Sala Constitucional

La Municipalidad de Cartago declaró el humedal de interés cantonal en agosto de 2024. Sin embargo, según el comunicado, no ha implementado medidas efectivas de protección, y el humedal sigue deteriorándose pese a las denuncias presentadas ante la municipalidad y ante la Defensoría de los Habitantes.

En la vía penal, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental mantiene abierta la causa 24-000030-0611-PE por el delito de drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales. El 17 de febrero de 2026, la Fiscalía realizó allanamientos en Coris.

El comunicado recuerda que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre sanciona con penas de prisión de uno a tres años a quien, sin autorización del SINAC, drene, seque, rellene o elimine humedales (artículo 98). La misma pena aplica a quien arroje aguas servidas, desechos o sustancias contaminantes en ellos (artículo 100). Además, la persona infractora está obligada a restituir las condiciones originales del humedal.

En la vía constitucional, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo en favor del humedal mediante la sentencia 2026-23507, del 26 de junio de 2026 (expediente 25-015112-0007-CO). La Sala ordenó a la SETENA ejercer sus competencias para garantizar la integridad ambiental del humedal. APREFLOFAS participó como coadyuvante en ese proceso.

El caso de Ricardo “Ilustre” Muñoz

Ricardo Muñoz tiene una larga trayectoria en el movimiento ecologista costarricense. Según el comunicado, además del daño ambiental, el caso se agrava por las denuncias de amenazas en su contra que se han dado a conocer en la prensa. Las organizaciones informaron sobre la situación de acoso, violencia y amenazas contra personas defensoras del ambiente en Costa Rica a la Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos.

El 22 de abril de 2025, Muñoz recibió un reconocimiento por su defensa del humedal en la Universidad Bíblica Latinoamericana. El acto fue organizado por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Bloque Verde, COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica y el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

En abril de 2026 se presentó el cortometraje “Ilustre”, dirigido por Mar Andrade y apoyado por APREFLOFAS, en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Shorts Costa Rica. La película recoge parte de su trayectoria y de su labor en defensa del humedal. Se exhibió en las salas de CCM Cinemas de Rohrmoser, San Carlos y San Ramón.

Desde el 8 de octubre circula una petición de firmas en apoyo a la protección del humedal de Coris.

Las demandas

Las organizaciones firmantes consideran que el caso refleja un contexto más amplio de acoso y violencia contra activistas, ecologistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros grupos de la sociedad civil. Por ello:

  1. Exigen medidas de protección para Ricardo “Ilustre” Muñoz y para todas las personas que se dedican a la protección ambiental.

  2. Denuncian públicamente el acoso y la persecución contra ambientalistas en el país.

  3. Exigen el cumplimiento de las leyes ambientales y la protección de los humedales.

El comunicado será enviado a la Defensoría de los Habitantes, al Ministerio de Ambiente y Energía, a las diputaciones, a medios de comunicación nacionales e internacionales y a otras instancias internacionales.

Organizaciones firmantes:

  • APREFLOFAS

  • Alianza Escazú Costa Rica

  • Amigos de los Árboles

  • Asociación Civil Pro Natura

  • Asociación de Desarrollo Integral de Coris

  • Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR

  • Asociación Ornitológica de Costa Rica

  • Asociación PROAL-PACUARE

  • Asociación Regenerativa Matzú Insigne

  • Asociación Transvida

  • Bloque Verde

  • Canto de Fauna

  • Centro de Restauración de Especies Marinas Amenazadas (CREMA)

  • Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA-UNA

  • COECOCeiba Amigos de la Tierra

  • Colectivo Antigentrificación

  • Comité Punta Pelecho

  • Comité Organizador del Festival de Aves del Humedal Valle Coris

  • Confraternidad Guanacasteca

  • COVIRENAS de Tapantí

  • Cuidemos la Finca

  • Defensores de la Casa Común

  • Ecomuna

  • FECON

  • Frente Ecocipreses

  • Fundación Orgánica

  • Fundación PROMAR

  • La Ruta del Clima

  • Mar & Comercio

  • Mercado Bahía Ballena

  • Mesa Ambientalista de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

  • Movimiento Ríos Vivos

  • Museo de Montaña de Costa Rica

  • Organización Montaña Verde

  • Operación Rich Coast

  • Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional

  • Programa Kioscos Socioambientales

  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

  • Red de Solidaridad con Palestina

  • Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

  • Unidad Especial de Rescate Animal (UESPRA)

  • Un Metro más Limpio

El fuego del amor consciente: Rebeca y la defensa del río Montezuma

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

«La protección de la naturaleza no se decreta desde la comodidad de los escritorios oficiales; se defiende en el territorio cuando los ciudadanos asumen el coraje de denunciar el desprecio y la destrucción».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito de las denuncias ambientales en la península de Nicoya y el reciente reconocimiento otorgado a la activista; una mirada crítica sobre el impacto de la gentrificación, el inmovilismo institucional y la urgencia de la fiscalización ciudadana.

Hay luchas socioambientales que nacen de la estricta necesidad material, pero hay otras, más profundas, que brotan de la coherencia ética y el arraigo territorial. La defensa de la cascada y el río Montezuma, en el distrito de Cóbano de Puntarenas, personifica este segundo escenario.

Las alarmantes intervenciones en una zona ambientalmente tan sensible, marcadas por la tala ilegal de hileras de árboles y movimientos de tierra, han encontrado un dique de contención definitivo en el coraje de la vecina Rebeca Montero Castro.

Su voz se ha levantado con firmeza para plantear una interrogante incómoda que exige respuestas inmediatas del Estado: «¿Quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza?».

En un video difundido de forma directa por la propia comunidad, Rebeca señaló con indignación la tala indiscriminada de árboles y la apertura arbitraria de un claro justo al frente de la cascada de Montezuma.

A través de este registro de denuncia audiovisual, la activista cuestionó con severidad que este tipo de acciones destructivas puedan ejecutarse de manera impune en una zona ambientalmente tan sensible y con una alta densidad de flora y fauna nativas, donde los pobladores locales poseen una -de verdad- arraigada conciencia ecológica de protección.

El origen de este ecocidio en la península de Nicoya responde a una lógica mercantil de exclusión agresiva. Bajo el amparo de la gentrificación y la búsqueda de un lucrativo «ocean view» impulsado por el poderoso caballero don dinero, se introdujeron tractores y se provocó la caída de rocas hacia el cauce del río y el sendero turístico.

Esta preocupante destrucción no solo arruina el paisaje. También compromete la estabilidad del terreno, altera la flora y fauna de la zona y amenaza directamente la seguridad de las personas que visitan uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.

Atentar contra este ecosistema es destruir la gallina de los huevos de oro que sostiene buena parte de la actividad turística y la vida comunitaria.

La parálisis del SINAC y la respuesta comunal

El verdadero rostro de la crisis ambiental costarricense es la impunidad propiciada por el inmovilismo institucional. A pesar de que los vecinos informaron oportunamente a las autoridades sobre la construcción de gaviones y traslados de material pesado ocurridos entre agosto y noviembre de 2025, el Estado hizo la vista gorda, tal como consta en la pormenorizada reseña publicada por el diario SURCOS Digital («Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada…») y el Semanario Universidad («SINAC confirma afectación de patrimonio natural por intervenciones en catarata de Montezuma»).

La parálisis del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) obligó a la comunidad organizada y al Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA Cabo Blanco – Ario) a interponer la denuncia N.º 37.797 ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) para frenar la destrucción de la cobertura forestal dentro del margen de protección hídrica.

Frente a la pasividad estatal, la respuesta civil se ha consolidado a través de una masiva petición ciudadana en línea respaldada por las asociaciones de desarrollo de Santa Teresa, Mal País y Montezuma. El río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica, un galardón conquistado colectivamente por el pueblo durante años de esfuerzo comunitario que hoy se encuentra en grave riesgo por la desregulación, según detalla el informe de prensa.

Por ello, las exigencias de Rebeca superan la simple protesta. La ciudadanía reclama acceso público a los estudios de impacto ambiental y demanda una inspección de campo urgente acompañada por los vecinos para garantizar la restauración del ecosistema agredido.

El reconocimiento al coraje ecologista

La valentía de defender la vida invisible no pasa desapercibida para el movimiento social del país. En un emotivo acto público, el movimiento ecologista Bloque Verde otorgó un merecido reconocimiento y homenaje a Rebeca por haber tenido el valor civil de registrar con su celular los destrozos, levantar la alerta y avivar el fuego de la organización.

Su testimonio constituye una profunda lección de dignidad para una sociedad adulta habituada al desapego: «Siento como que hice caso a mi corazón y eso era lo correcto. Actué desde el amor, porque todo lo que sea una lucha desde la conciencia, desde el amor, desde el respeto a la naturaleza, es algo de todos».

El Gobierno actual no puede permitir que el capricho del dinero pase por encima de las leyes de protección forestal. Nuestra patria se hace más fuerte cuando defiende sus bienes comunes y protege la integridad de sus agroecosistemas.

Es hora de que los inquilinos transitorios de los despachos públicos dejen la estridencia, salgan a los territorios periféricos y asuman con responsabilidad el mandato de proteger la trinchera fundamental de nuestra biodiversidad.

Tal como lo demostró de forma valiente Rebeca Montero Castro, si vemos que algo destructivo está ocurriendo, nuestro deber es gritar ayuda y organizarnos para que nadie quede atrás.

Foro: Situación socioambiental en torno a las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago

Escrito en . Publicado en Comunidad.

📅 Jueves 8 de octubre de 2026

🕓 4:00 p. m. a 6:30 p. m.

📍 Mini Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, sexto piso, aula 609
Universidad de Costa Rica

Un espacio para conocer y contrastar las distintas perspectivas sobre la situación socioambiental relacionada con las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago, a partir de las voces de instituciones, empresa y comunidades.

Instancias invitadas: Municipalidad de Oreamuno, SINAC, Área de Salud, empresa, vecinas y vecinos afectados y Frente Ecocipreses

🎙️ Un espacio de diálogo sobre las preocupaciones, denuncias, gestiones institucionales y respuestas en torno a la situación del río Chinchilla y su entorno.

Bloque Verde denuncia grave depredación ambiental en catarata de Montezuma

Escrito en . Publicado en Comunidad.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Debilitamiento de los controles ambientales en Costa Rica favoreció la deforestación. Este caso está en investigación judicial.

El Bloque Verde expresa su profunda preocupación y reafirma su condena a los graves hechos documentados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en las inmediaciones del río y la catarata de Montezuma, en Cóbano, Puntarenas, donde informes técnicos oficiales acreditan la existencia de intervenciones sobre cobertura vegetal, áreas de protección hídrica y sectores pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado.

De acuerdo con el informe técnico ACT-OSRC-358-2026-firmado, funcionarios del SINAC verificaron la eliminación de sotobosque y regeneración natural, afectación de árboles, movimientos de tierra, construcción de terrazas, rellenos y otras intervenciones realizadas en un entorno de alta sensibilidad ecológica, incluyendo aproximadamente 827,3 metros cuadrados de área de protección del río y alrededor de 554 metros cuadrados de Patrimonio Natural del Estado afectados.

Asimismo, el propio SINAC confirmó que el caso fue remitido a las autoridades judiciales y actualmente se tramita bajo la causa penal N.° 26-000414-0832-PE, evidencia de la seriedad de los hechos investigados.

Para el Bloque Verde, este caso representa mucho más que una infracción aislada. Se trata de una manifestación alarmante de un modelo de desarrollo inmobiliario desmedido que está transformando aceleradamente numerosos territorios costeros del país, desplazando ecosistemas estratégicos, aumentando la presión sobre las fuentes de agua y alterando paisajes naturales que constituyen patrimonio de todas las personas costarricenses.

La situación de Montezuma evidencia cómo la expansión inmobiliaria y los procesos de gentrificación están generando conflictos cada vez más severos entre los intereses económicos privados y la protección del patrimonio natural. La creciente valorización de zonas costeras ha impulsado una intensa presión sobre bosques, áreas de protección y corredores biológicos, muchas veces en territorios donde las comunidades locales observan con preocupación la pérdida progresiva de sus recursos naturales y el deterioro de su calidad de vida.

Resulta particularmente preocupante que las intervenciones documentadas se hayan producido en terrenos colindantes con uno de los atractivos naturales más emblemáticos del país. Las cataratas y el río Montezuma constituyen ecosistemas de enorme importancia ecológica, paisajística y turística, cuya protección debe ser una prioridad nacional.

El Bloque Verde advierte además sobre una problemática de alcance nacional: el progresivo debilitamiento de los mecanismos de fiscalización y control ambiental. En distintos puntos del país se multiplican las denuncias por tala, movimientos de tierra, afectación de áreas de protección, presiones sobre humedales y fragmentación de bosques, mientras las instituciones responsables operan con limitaciones presupuestarias, insuficiencia de personal y una creciente complejidad de los conflictos socioambientales.

La documentación oficial remitida a partir de la gestión legislativa realizada mediante el oficio AL-FPLN-51-OFI-201-2026-SINAC CATARATA MONTEZUMA confirma la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia, prevención y sanción ambiental para evitar que daños de esta naturaleza se sigan produciendo. Mientras el Poder Ejecutivo recorta los presupuestos de cultura, educación, salud y ambiente, la riqueza natural de Costa Rica se encuentra bajo ataque con una institucionalidad cada vez más debilitada por la administración de Laura Fernández Delgado.

Costa Rica ha construido su prestigio internacional sobre la protección de la naturaleza, los bosques y las fuentes de agua. Permitir la degradación de estos ecosistemas para favorecer intereses inmobiliarios de corto plazo representa una amenaza directa a ese legado y compromete el bienestar de las futuras generaciones.

Como respaldo, el Bloque Verde comparte los siguientes documentos:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/AL-FPLN-51-OFI-201-2026-SINAC-CATARATA-MONTEZUMA-1.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/1655-2026-2.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/ACT-OSRC-358-2026-firmado-3.pdf

Caso de perezoso en San Carlos expone un problema mayor: miles de animales silvestres electrocutados cada año

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), fundada en 1985, en su condición de promotora y defensora de la protección ambiental ha desarrollado distintas acciones, estrategias y capacidades a lo largo de cuatro décadas, entre estas la educación ambiental, la investigación, el análisis técnico y jurídico de leyes y reglamentos en materia ambiental; y la difusión de conocimiento científico sobre la interacción entre los seres humanos y la vida silvestre.

En días recientes, ha circulado un video en redes sociales, donde una persona en San Carlos manipula de forma indebida a un perezoso y lo arroja desde una escalera, esa persona labora para una cooperativa concesionaria del servicio eléctrico.

El video en cuestión fue ampliamente difundido en redes sociales y permite observar que el animal podría inclusive haber muerto electrocutado. Independientemente de esta situación y de los debates que ha generado en las redes sociales, el video expone una problemática mayor.

Miles de animales silvestres electrocutados cada año

Este no es un hecho aislado, la cantidad de animales silvestres electrocutados cada año es una realidad que genera impacto en las poblaciones silvestres.

La Guía para la prevención y mitigación de la electrocución de la fauna silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica del MINAE, en su última versión del año 2023 indica las siguientes cifras de animales electrocutados entre 2019 y 2023:

Periodo

Cantidad de reportes de animales silvestres electrocutados

2019-2020

6281

2020-2021

6028

2021-2022

6532

2022-2023

6262

Total

25.103



Es necesario recordar que la misma “Guía para la prevención y mitigación de la electrocución de la fauna silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica” elaborada por el MINAE y las empresas de generación eléctrica públicas y privadas; reconoce con claridad que los perezosos de dos dedos representan una de las especies que con frecuencia sufren de electrocuciones. Al respecto, la citada Guía plantea que:

“Los perezosos de dos dedos (Choloepu hoffmanni) también son de los organismos que más se reciben en centros de rescate, seguidos de ardillas (Sciurus variegatoides) y monos titís (Saimiri oerstedii) y carablanca (Cebus imitator)” (página 40).

Este caso llama la atención sobre un problema recurrente, por lo que, una vez más debemos cuestionar cuál es la verdadera capacidad operativa del Sistema Nacional de Áreas de Protección para fiscalizar y coordinar la correcta protección de la vida silvestre (flora y fauna).

Los perezosos, símbolo nacional y objeto de mercadeo turístico sin protección efectiva

La Ley 10007 vigente desde septiembre de 2021 declaró al perezoso de dos dedos (Choloepus Hoffmanni) y el perezoso de tres dedos (Bradypus Variegatus) como “Símbolos Nacionales de la Fauna Silvestre”, esta ley es particularmente relevante, debido a que establece medidas de protección para ambas especies.

El artículo 2.c de la ley define que le corresponde al MINAE “Hacer cumplir todas las leyes y con­venios internacionales que estén relacionados con la conservación y protección del perezoso y su hábitat”.

Por otra parte, la Ley establece en su artículo 2.h que el ICE y las electrificadoras privadas deben “Implementar medidas para reducir las electrocuciones con tendidos eléctricos, aplicando la Guía para la prevención y mitigación de electro­cuciones de la fauna silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica”.

El Decreto Ejecutivo 44329-MINAE vigente desde el 15 de enero de 2024 establece varias obligaciones para las empresas concesionarias de generación, trasmisión o distribución eléctrica, entre las cuales destacamos:

  1. La obligación de “prevenir la fragmentación de ecosistemas por la red eléctrica” (artículo 6);

  2. La obligación de “identificar de manera continua los puntos calientes de electrocución de fauna silvestre en la red eléctrica existente” (artículo 7);

  3. La obligación de “priorizar la colocación de las medidas para mitigar y reducir la electrocución de fauna en las zonas identificadas como áreas ambientalmente frágiles” (artículo 9) y;

  4. La obligación de “realizar la valoración técnica, ambiental y económica, que se ubiquen en áreas ambientalmente frágiles, o con alta probabilidad de caída de árboles sobre la red, para que, se incluyan líneas de tipo subterráneo, cambios en los trazados, aislamiento completo de la red de distribución, para prevenir la pérdida de conectividad y biodiversidad “(artículo 10).

Asimismo, debemos recordar que la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317 de 1992 y sus reformas) en su artículo 7 establece con claridad las funciones del SINAC, entre estas, los incisos k) y ñ) indican lo siguiente:

k) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre.

ñ) Coordinar acciones con las instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales para la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre.

Este breve recuento permite observar que existe suficiente legislación para esta grave problemática. Sin embargo, persisten retos y carencias institucionales sumamente relevantes a efectos de proteger de manera efectiva a los perezosos y otras decenas de especies de aves y mamíferos.

Por todo lo anterior, desde APREFLOFAS:

  1. Hemos solicitado formalmente al MINAE la cantidad de reportes sobre animales silvestres electrocutados en los años 2024 y 2025.

  2. Señalamos que las especies silvestres no deben verse de forma aislada, puesto que su disminución también impacta a los ecosistemas; y por ende la biodiversidad del país sufre un impacto acumulado, que maximiza los daños a las especies, ecosistemas, ciclos de vida y servicios ecosistémicos.

  3. Demandamos que el MINAE, el SINAC y todas las instituciones encargadas de aplicar la normativa ambiental velen por el cumplimiento real y efectivo de estas leyes y reglamentos.

  4. Solicitamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo destinar suficiente presupuesto para que el SINAC tenga una verdadera capacidad operativa.

  5. Recalcamos que el manejo de vida silvestre requiere de entrenamiento, capacitación y equipo adecuado.

  6. Invitamos a toda la ciudadanía a informarse sobre este tema y a solicitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.

¡Respetemos a la vida silvestre!

Por tercera vez Minae pide a Municipalidad San Rafael traspaso del Cerro Chompipe

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Está pendiente el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional para trasladar al Ministerio de Ambiente y Energía una finca ubicada dentro de la zona inalienable de la Ley N.° 65 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.

Concejo Municipal acordó instar el traspaso, alcalde vetó y tribunal declaró sin lugar el veto

Por tercera ocasión desde 2024, las autoridades ambientales han solicitado formalmente a la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizar las gestiones necesarias para trasladar la finca ubicada en el sector del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al tratarse de un inmueble que forma parte del Patrimonio Natural del Estado.

La finca se encuentra en el sector del Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 de 1888 y, además, parte de su extensión se encuentra vinculada al Parque Nacional Braulio Carrillo. De acuerdo con MINAE el marco jurídico aplicable, la cobertura boscosa y su ubicación dentro de un área sometida a un régimen especial de protección hacen que el inmueble forme parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme con el artículo 13 de la Ley Forestal.

La situación adquiere especial relevancia porque la Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2023-017109, ordenó realizar las acciones correspondientes para que la finca fuera trasladada a nombre del Estado. Sin embargo, pese a la existencia de esta resolución, el inmueble continuó inscrito a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

La primera solicitud formal documentada en este proceso fue realizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en 2024 (SINAC-ACC-D-712-2024). Mediante oficio dirigido a la Municipalidad de San Rafael. Posteriormente, ante la falta de concreción del trámite, las autoridades ambientales insistieron en la necesidad de trasladar el inmueble. Durante 2025, el MINAE y el SINAC reiteraron que la finca reúne las condiciones jurídicas y ambientales para ser considerada parte del Patrimonio Natural del Estado y solicitaron nuevamente a la Municipalidad realizar las gestiones correspondientes (Oficios 2025).

Documentos institucionales y comunicaciones posteriores evidencian que, lejos de haberse resuelto el asunto con la primera solicitud, el MINAE y el SINAC debieron insistir nuevamente en el cumplimiento de la resolución constitucional y en la necesidad de formalizar el traslado del inmueble. En junio y julio de 2025 se reiteró expresamente esta solicitud ante las autoridades municipales (Oficios 2025).

Esta nueva gestión constituye, según la documentación revisada, una tercera solicitud o exigencia institucional para que la Municipalidad proceda con el traslado de la finca, evidenciando que el cumplimiento de la obligación continúa siendo un asunto pendiente (CARTA-MINAE-DM-0627-2026).

Zona de especial importancia ambiental. El Cerro Chompipe forma parte de una zona de enorme importancia ambiental e hídrica para la región. La protección de los terrenos de montaña y de las áreas boscosas ubicadas en la Cordillera Volcánica Central responde históricamente a la necesidad de proteger las zonas de recarga acuífera y las fuentes de agua. La finca tiene una extensión superior a 154 hectáreas, según la información incorporada por el propio MINAE en el expediente administrativo

La permanencia de la finca inscrita a nombre de la Municipalidad genera incertidumbre sobre la administración efectiva de un territorio sometido a un régimen especial de protección y puede abrir espacios para intervenciones o actividades que requieren autorización de las autoridades ambientales competentes. Durante 2025 surgieron cuestionamientos públicos precisamente por acciones realizadas o proyectadas en el área, entre ellas la instalación de cámaras trampa y labores relacionadas con el amojonamiento, sobre las cuales el MINAE indicó que no había otorgado autorización.

El Concejo Municipal de San Rafael había adoptado un acuerdo para instar al cumplimiento inmediato de la orden emitida por la Sala Constitucional y al traslado de la finca al MINAE. Este acuerdo fue objeto de un veto por parte de la Alcaldía Municipal. Sin embargo, en junio de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar el veto, al considerar que el acuerdo municipal se limitaba a exigir el cumplimiento de una resolución judicial vigente (ver Comunicado).

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a Contraloría, Procuraduría y Defensoría investigación integral sobre el Refugio Gandoca-Manzanillo

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, para que ejerzan de manera urgente sus potestades de inspección, control, fiscalización, protección e investigación administrativa sobre el estado actual del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio de importancia internacional bajo la categoría Ramsar.

La gestión, identificada con el oficio AEL-00154-2026 y dirigida a la contralora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, el procurador Iván Vinicio Vincenti Rojas y la defensora Angie Cruickshank Lambert, se presenta en ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.

El planteamiento central de la solicitud es que, desde 2014, la Sala Constitucional ha dictado resoluciones que ordenan la verificación, protección y eventual reintegración al patrimonio natural del Estado de áreas de humedal y bosque dentro del Refugio, sin que —según la organización— estas hayan sido ejecutadas de manera plena. La AEL señala que, por el contrario, se ha dado una masificación de permisos e invasiones en la zona, y solicita que cualquier investigación se oriente de manera prioritaria a identificar a quiénes se asignaron los terrenos de humedal que fueron excluidos del documento de caracterización elaborado por el SINAC.

La solicitud hace referencia al proyecto inmobiliario conocido como Puket, señalando que continúa vigente pese al informe técnico TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo, elaborado en mayo de 2011 a solicitud de la Contraloría General de la República. Ese informe de inspección, realizado en una propiedad de Inversiones Puket S.A. en Cocles, Sixaola, Talamanca, concluyó que el terreno se ubica dentro de los límites del REGAMA, que corresponde a Patrimonio Natural del Estado por su condición de bosque, humedal y Área Silvestre Protegida, y documentó actividades de corta de árboles y de sotobosque en un área de afectación de 9,1 hectáreas.

En su solicitud, la AEL menciona también un contexto de amenazas y hostigamiento que, según indica, ha enfrentado el denunciante en relación con su labor de defensa del Refugio, incluyendo actos documentados públicamente por el Semanario Universidad (edición del 29 de julio de 2024), como amenazas telefónicas y una incursión en su vivienda en Limón en octubre de 2023, hecho que fue objeto de denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La organización solicita, en concreto, que las tres instituciones acudan directamente ante el director del OIJ para que instruya al Departamento de Ciencias Forenses la realización de un peritaje científico, integral e independiente sobre el estado actual del Refugio, con especial atención a las áreas de humedal excluidas del documento del SINAC.

Antecedentes documentados

La solicitud se enmarca en un historial de seguimiento institucional sobre el caso. En junio de 2025, la Defensoría de los Habitantes remitió a la Sala Constitucional un informe de seguimiento (oficio DH-0657-2025) sobre el cumplimiento de las resoluciones N.° 26300-2024 y N.° 12745-2019, relacionadas con la delimitación de 188 hectáreas de bosque cercanas al Refugio. En ese informe, la Defensoría concordó con observaciones de la Procuraduría General de la República señalando inconsistencias en la metodología del MINAE para delimitar las áreas boscosas, en particular la exclusión de referencias a humedales documentados en un estudio técnico de 2021 («Caracterización y Delimitación de Humedales en Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca»), cuya validez fue cuestionada por la propia jerarquía del MINAE. La Defensoría sugirió entonces a la Sala Constitucional valorar solicitar la colaboración del OIJ para validar la metodología utilizada.

Asimismo, un informe de investigación preliminar del SINAC de 2019 (oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019), elaborado a partir de denuncias previas del propio Marco Levy Virgo sobre irregularidades en el informe técnico que dio origen a la Ley N.° 9223 (que redujo los límites del REGAMA), concluyó que existió una «situación irregular» que ameritaba mayor investigación formal, y recomendó la apertura de procedimientos administrativos contra tres funcionarios del SINAC por presunto incumplimiento de deberes en el manejo del expediente técnico.

Parlamento Cívico Ambiental declara “alerta roja” en Corcovado y exige acciones inmediatas a 100 días de la administración Fernández

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El pronunciamiento solicita una investigación integral, una auditoría nacional de infraestructura y un fortalecimiento verificable del SINAC.

San José, Costa Rica, 12 de agosto de 2026. — El Parlamento Cívico Ambiental emitió una alerta pública ante las descargas de aguas residuales y materia fecal provenientes de la Estación Biológica Sirena hacia cuerpos de agua dentro del Parque Nacional Corcovado, comprobadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Salud.

Para el colectivo ciudadano, lo ocurrido no puede considerarse una falla técnica menor. El caso evidencia una crisis más profunda en la gestión, el mantenimiento, el financiamiento y la fiscalización de las áreas silvestres protegidas del país que se ha prolongado desde la administración anterior y durante los primeros cien días de la actual.

“Corcovado no es solamente un parque nacional. Es agua, bosque, biodiversidad y una promesa que Costa Rica ha hecho al mundo y a las futuras generaciones. Hoy esa promesa está en riesgo”.

El Parlamento advirtió además que la situación se habría prolongado pese a advertencias sanitarias, informes técnicos y conocimiento institucional previo. Cuando los controles llegan tarde y las responsabilidades se diluyen, señaló, la conservación deja de ser una garantía y se convierte en un discurso.

El pronunciamiento recuerda que esta situación compromete el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Cuatro medidas urgentes

  1. Verdad y responsabilidad. Realizar una investigación integral de lo ocurrido, determinar responsabilidades, publicar los informes y las órdenes sanitarias, y reparar de manera inmediata y efectiva la infraestructura afectada.

  2. Evaluación nacional. Ejecutar una auditoría pública, transparente y diferenciada de la infraestructura sanitaria, operativa y ambiental de las áreas silvestres protegidas, de acuerdo con su categoría de manejo, nivel de visitación y necesidades reales.

  3. Recursos para proteger. Fortalecer de forma real y verificable el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), con personal suficiente, equipo adecuado, mantenimiento continuo y capacidad efectiva para prevenir, corregir y sancionar daños ambientales.

  4. Conservación por encima del lucro. Revisar los permisos, las concesiones y las actividades económicas dentro de las áreas protegidas, acompañando este proceso con datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y consecuencias ante el incumplimiento injustificado.

Un llamado a actuar ahora

El Parlamento Cívico Ambiental enfatizó que Corcovado no es el problema, sino la alerta. El país no puede normalizar que los lugares llamados a recibir la mayor protección funcionen con infraestructura deteriorada, servicios precarios, controles insuficientes y respuestas tardías.

El foro ciudadano también señaló que no es posible exigir resultados de conservación a instituciones debilitadas ni permitir que la negligencia, la presión turística o el interés económico pongan en riesgo el patrimonio común de la Nación.

“Defender Corcovado es defender el agua, la biodiversidad, la democracia ecológica y el futuro de Costa Rica. No mañana. Ahora”.

Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada y lanza petición ciudadana para exigir protección

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Montezuma, Puntarenas. “Queremos saber quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza”. Con estas palabras, la vecina de Cóbano Rebeca Montero expresó la preocupación de habitantes de la zona ante las intervenciones que, según denuncian, se han realizado en las cercanías de la cascada y el río Montezuma.

En un video difundido por la comunidad, Montero señala la tala de árboles y la apertura de un espacio frente a la cascada, cuestionando que estas acciones puedan realizarse en una zona ambientalmente sensible.

“Este lugar es un lugar lleno de fauna, de flora y los que estamos viviendo en estos lugares tenemos conciencia de protegerla”, afirma Rebeca, quien además reclama la presencia de las instituciones responsables para verificar en el sitio lo ocurrido y determinar quiénes son responsables.

La preocupación de la comunidad no se limita a la tala ocurrida recientemente. Una denuncia formal presentada ante el Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, la Intendencia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) documenta una serie de hechos que, según los vecinos denunciantes, estarían afectando la integridad del río Montezuma y de su cascada.

La denuncia señala, entre otros hechos, el movimiento de tierra y traslado de material pesado registrado entre agosto y noviembre de 2025; la construcción de gaviones y un relleno sobre la montaña; la posterior caída de rocas hacia las orillas del río y el sendero que conduce a la cascada; y la tala de varias hileras de árboles registrada el 19 de julio de 2026, desde una propiedad hasta la orilla del río.

Los vecinos cuestionan además que, pese a haber informado con anterioridad a autoridades municipales y ambientales sobre algunas de estas situaciones, no habrían recibido una respuesta efectiva. Por ello, solicitan una inspección de campo urgente, acompañada por representantes de la comunidad, así como la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes.

Entre sus peticiones también solicitan que se detengan eventuales actividades destructivas adicionales, que se determine la responsabilidad correspondiente y que se garantice la restauración del ecosistema afectado. Asimismo, piden acceso público a los estudios de impacto ambiental, permisos y viabilidades ambientales que eventualmente respalden las intervenciones realizadas en el sector.

La comunidad advierte que las afectaciones denunciadas no son únicamente paisajísticas. También existe preocupación por la estabilidad del terreno, la posible caída de rocas sobre el sendero y la seguridad de las personas que visitan la cascada.

La denuncia recuerda además que el río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica y que la comunidad obtuvo este reconocimiento por sus esfuerzos de conservación, por lo que considera que las intervenciones denunciadas ponen en riesgo un proceso de protección construido colectivamente durante años.

A esta denuncia se suma el respaldo de las Asociaciones de Desarrollo de Santa Teresa- Mal País y Montezuma, así como de COVIRENA Cabo Blanco – Ario, Bloque Verde, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma que han acompañado el llamado de la comunidad para que las autoridades intervengan y protejan este territorio.

El COVIRENA Cabo Blanco–Ario interpuso ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) la denuncia N.° 37797, por la presunta tala de árboles dentro de la zona de protección del río Montezuma.

La catarata de Montezuma es uno de los lugares más emblemáticos de esta comunidad y un referente para quienes visitan la península de Nicoya. Miles de personas que llegan a sus playas y recorren la zona han pasado por este sitio, convertido en uno de los principales atractivos naturales de Montezuma. Por eso, intervenir y poner en riesgo este ecosistema es, como advierten los vecinos, como destruir la gallina de los huevos de oro: atentar contra la propia riqueza natural que sostiene buena parte de la actividad turística y de la vida comunitaria.

La ciudadanía también puede apoyar

La comunidad de Montezuma mantiene además una petición ciudadana en línea para exigir una respuesta de las autoridades y la protección del río y la cascada.

La petición plantea la necesidad de detener las prácticas que puedan estar provocando daños ambientales, investigar las responsabilidades correspondientes y garantizar la restauración del ecosistema afectado.

Las personas que deseen respaldar esta lucha pueden hacerlo mediante su firma:

Para la comunidad, la defensa del río Montezuma no se reduce a proteger un atractivo turístico. Se trata de defender un ecosistema del que forman parte la biodiversidad, el paisaje y la vida comunitaria.

La pregunta planteada por Rebeca Montero resume la exigencia de quienes hoy piden respuestas: ¿quién se hará responsable del daño a la naturaleza y cuándo actuarán las instituciones?

Firmar la petición “Proteger el río Montezuma de daños ecológicos”