Este miércoles 10, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentragh), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) y el Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA), se reunieron con el viceministro de Trabajo y con el director de la Inspección General de Trabajo para hablar sobre temas laborales, sindicales y salariales de la agroindustria.
En el video, Maikol Hernández envía un mensaje a los trabajadores y trabajadoras de Palma Tica.
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Video: FENTRAGH Edición de video: Juan Sebastián Pulido
Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA) cuenta en este video sobre la importante victoria en su lucha sindical por conseguir que la empresa Palma Tica dispusiera de servicios sanitarios en las plantaciones de palma, para el uso de trabajadores y trabajadoras.
«Esta ha sido una lucha que inició el SITRAPA desde el 2018 con el apoyo de la Rel UITA, Fentragh y Ande. Es un gran logro observar los resultados de las denuncias nacionales e internacionales que se han realizado durante este tiempo», dijo Dania en diálogo con la Rel.
Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista
Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.
Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.
Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.
Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.
Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.
El pasado viernes 22 de julio se llevó a cabo el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, en el cual se conversó sobre los sindicatos y su función en el contexto actual de la sociedad costarricense.
Se contó con la participación de los señores Jouseth Chaves Rodríguez, miembro del Partido de los Trabajadores; Jorge Coronado Marroquín, sociólogo de la Universidad de Costa Rica; Manuel Hernández, abogado; Luis Ángel Salazar Oses, docente jubilado; y la señora Martha Elena Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La señora y señores invitados se refirieron al tema haciendo una fuerte crítica al Estado costarricense y su actuar para con los grupos sindicalistas, alegando que éste no presenta un interés en fortalecer el movimiento, sino que, al contrario, busca desmantelar, por medio de la promoción de leyes y políticas “autoritarias”, los sindicatos en Costa Rica, incluso, que “el Gobierno de la República es peligroso para los intereses del pueblo, [pues] su modelo capitalista y neoliberal está en retroceso”, señaló Luis Ángel Salazar, e instó a una organización sindical; no obstante, Jouseth Cheves acotó que “el país tiene una fuerte respuesta sindical, y limita estos a únicamente al sector público”.
También se expuso la importancia del movimiento sindicalista en el país, con el cual se ha logrado diferentes reformas, políticas públicas, garantías sociales y demás elementos propios de las luchas sociales, lo cual no se hubiese logrado sin la organización sindical. En este sentido, Jorge Coronado comentó que “el movimiento sindical jugó un rol importante en la estructuración de la Segunda República, y un ejemplo de ello son las garantías sociales”, aun así, “en Costa Rica se dio una persecución a los grupos sindicalistas, y en el gobierno de Figueres Ferrer se dio una gran disolución de sindicatos, para acabar con la lucha del movimiento obrero”, recalcó Martha Rodríguez.
Finalmente, la señora y señores invitados expusieron la necesidad de que los grupos sindicalistas estén conscientes y al margen de los cambios en los modelos de producción y socialización, a fin de que puedan afrontar positivamente todos los desafíos que se les presente, además, de que son necesarios para el país, puesto que “el código de trabajo define a los sindicatos como organizaciones con un interés público, y con la finalidad de defender la democracia costarricense y el interés público”, indicó Manuel Hernández.
Si desea conocer más acerca del programa o verlo completo, puede consultar el perfil de Facebookdel programa.
Compartido con SURCOS por Colectivo Reflexión – Acción.
Treinta y nueve meses después del cierre violento del departamento de operaciones portuarias de Chiquita Brands Costa Rica en Limón y del despido de unos 180 trabajadores y trabajadoras, incluyendo a toda la junta directiva sindical, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por la trasnacional y confirmó que el cese de los ocho directivos fue ilegal.
Giorgio Trucchi
Después del violento despido y de una intensa lucha, trabajadores y trabajadoras organizados en el Sintracobal1 demandaron a la transnacional de capital brasileño.
En el caso de los dirigentes sindicales, la demanda fue por despido discriminatorio, violación del fuero sindical y violación de la libertad sindical.
En junio de 2020, el Juzgado del Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica resolvió ‘parcialmente con lugar’ la demanda presentada por los directivos del Sintracobal.
La jueza declaró nulos los despidos, ordenando su reinstalación y el pago de salarios caídos, más intereses e indexación. A la empresa se le impuso también el pago del costo ocasionado en el proceso.
Lamentablemente, el Juzgado del Trabajo rechazó todas las demás demandas.
Tras la decisión de Chiquita Brands Costa Rica de recurrir en casación contra la sentencia, el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia que, el pasado 3 de junio, resolvió declarar sin lugar el recurso, dejando en firme la sentencia de primera instancia.
“La resolución deja sentado dos elementos: que nuestros despidos fueron ilegales porque Chiquita Brands no realizó el procedimiento establecido en la legislación laboral, y que se ordena nuestra reinstalación inmediata y el pago de salarios caídos”, dijo a La Rel, Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal.
“Lo dijimos desde el comienzo de esta lucha que Chiquita estaba violentando derechos y estaba vulnerando las leyes. Finalmente, los tribunales nos dieron la razón”, manifestó.
Pese a la victoria judicial, el largo tiempo transcurrido desde el despido ilegal de los directivos del Sintracobal dificulta su efectiva reinstalación.
“Han pasado más de tres años, durante los cuales la empresa ha cerrado definitivamente el centro de operaciones portuarias y los trabajadores han tenido que buscar otra ocupación”, señaló Hernández.
El dirigente explicó que, actualmente, los otros centros de trabajo que tiene Chiquita Brands son en zonas agrícolas, donde no hay ni sindicato, ni mucho menos convención colectiva.
“Las condiciones actuales para la reinstalación de la junta directiva son totalmente desfavorables, razón por la cual estamos optando por una indemnización adecuada y la no reintegración”, concluyó.
1 Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre.
Este miércoles 22 de junio, en el marco del 50 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que la menstruación sea reconocida como un “tema de salud y de derechos humanos” y no “de higiene”.
Amalia Antúnez
Asimismo, criticó que la salud menstrual no haya estado en la agenda de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y tampoco esté incluida dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente para los que abarcan la salud, la igualdad de género y el agua y saneamiento.
Desde la Rel UITA se ha venido dando visibilidad a este tema, y cómo la falta de políticas públicas sobre la menstruación puede y afecta a miles de mujeres en América Latina.
En agosto de 2021, surgió en la Asamblea Legislativa del estado brasileño de Santa Catarina una iniciativa de legislar por el acceso universal a productos de higiene menstrual para las niñas, adolescentes y mujeres.
En esa audiencia, que se realizó en modalidad virtual por exigencias del protocolo sanitario del Covid 19, los relatos daban cuenta de un problema que está lejos de pertenecer a la esfera privada.
Según datos proporcionados por la Defensoría Pública del Estado,1.500.000 brasileñas viven en residencias sin baño y al menos 213.000 niñas y adolescentes no cuentan con baños en condiciones en sus centros escolares.
Una de cada cuatro mujeres brasileñas no tiene acceso a absorbentes higiénicos y de ese alto porcentaje al menos la mitad nunca habló del tema en la escuela.
Alertas desde el sur
Este aspecto sanitario incide directamente en la escolaridad de las niñas y jóvenes, afectando su desarrollo futuro y ampliando la desigualdad de género.
Fue grato observar que, en su comunicado público, la OMS destacara el trabajo de activistas del “sur global” que a diario alertan sobre las experiencias de mujeres y niñas que atraviesan situaciones “vergonzosas” y enfrentan barreras para controlar su menstruación “porque no tienen los medios para hacerlo.
Algo más tarde que las legisladoras catarinenses y que las dirigentes sindicales, la OMS apunta a que la menstruación debe ser tratada como un tema de salud pública, sin tabú, y exhortó a los gobiernos a desarrollar iniciativas en ese sentido.
Quizá puedan tomar como ejemplo el proyecto de ley de la diputada Ada de Luca (MDB) que apunta a universalizar el acceso a absorbentes higiénicos con la distribución gratuita a través de centros de salud y también en las escuelas públicas.
Más presión sobre gobiernos y empresas
Que la OMS haya tomado esta bandera significa un gran avance, pero hay que continuar insistiendo a los gobiernos que se comience a tratar este tema como una cuestión de salud pública y por lo tanto responsabilidad de los estados.
Tampoco las empresas pueden continuar indiferentes. En Costa Rica nuestra compañera Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA), viene denunciando hace más de dos años la falta de instalaciones sanitarias en las plantaciones de la empresa Palma Tica.
“Las mujeres cuando cursan su período menstrual deben cambiarse a la intemperie, sin ninguna condición higiénica. Algo totalmente indigno”, dice en un reciente llamado público que hizo a la ministra de Trabajo de su país.
La menstruación es un tema de salud pública y es un tema sindical. La menstruación no es solo un asunto de mujeres, es un tema de Derechos Humanos.
Información de Rel UITA compartida con SURCOS por la FENTRAGH.
Después de 200 años de independencia y más de setenta de vida democrática ininterrumpida, Costa Rica ofrecía un retrato de estabilidad política, instituciones públicas medianamente aceptables y logros en el plano de la salud, la educación y la protección medio ambiental. Ya no es el caso.
Gerardo Castillo
La línea ascendente alcanzó a llegar hasta los años 1980, cuando el desgaste del Estado benefactor y la introducción, por fuerza externa o sumisión, del ideario neoliberal puso de moda las políticas económicas que colocan al libre mercado y la iniciativa privada por encima del bienestar general.
Para ello, se orquestó toda una campaña mediática muy cargada contra los partidos políticos, tildándolos en forma general como corruptos, y se satanizó a los sindicatos y sus dirigentes.
El Estado fue vapuleado como ineficiente ante la sociedad civil, se criticaron los altos salarios, la abultada planilla y la duplicidad de instituciones y; por otro lado, se intensificaron los negocios entre el sector privado y el público.
La influencia del primero fue mayor y esto permeó más la corrupción, principalmente en mandos medios. Todo esto devino en una Costa Rica diferente.
La pandemia como espejo
El panorama estadístico actual refleja una situación preocupante; por un lado, la pandemia sacó a la superficie lo que venía mal y agudizó los problemas: la creciente pobreza, las altas tasas de desempleo (13,6 por ciento) y; por el otro, la concentración de riqueza en pequeñas élites de industriales y banqueros.
Los impactos son visibles, principalmente a nivel interno. Las comunidades de las zonas fronterizas y los puertos concentran no solo situaciones de riesgo, sino que agregan un crecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y una putrefacción que alcanza a los gobiernos locales.
Los dos años de pandemia fueron más que suficientes para constatar que la seguridad social resistió, que el personal de salud no es tan vago como la prensa pintaba y que la coexistencia entre grupos sociales (ricos, pobres, medios y excluidos) por más que la han ido diluyendo, sigue siendo una necesidad intrínseca del ser humano.
¿“Quo vadis” Costa Rica?
Las últimas elecciones no solo dejaron un presidente infrecuente sino una serie de enseñanzas para los estudiosos de las conductas políticas modernas.
El Partido Progreso Social Demócrata (PPSD) es una etiqueta como muchas otras que se presentaron en el mercado electoral. Un partido improvisado, sin ideología clara ni dirigentes conocidos.
Esta constatación no solo desenmascara la cultura política tica sino que estimula la revisión crítica de los partidos y políticos tradicionales y los no tradicionales (religiosos y personalizados), que han brillado por su indisciplina, volatilidad, irresponsabilidad, personalismo, incompetencia y oportunismo.
Los candidatos fueron muchos y en gran parte carentes de interés por mostrar una identidad partidaria.
Esto suscita desconfianza y en sus discursos resultaba todo un acertijo descifrar las corrientes ideológicas que pregonan. ¿Es una visión de derecha, de izquierda, socialdemócrata, social-cristiana o liberal?
En los comicios recientes quedó evidente el desprestigio que vive la política nacional.
Se alcanzó el más alto nivel de abstencionismo (40 por ciento) pero, aun así, el vencedor pudo con menos de un 30 por ciento convencer al electorado con promesas de un cambio, sin evidencias de cómo lograrlo, ni con qué equipo va a llevarlo a cabo.
El PPSD operó como una franquicia utilizada por un outsider de la política que regresó al país después de más de veinte años de ejercer como funcionario internacional en el Banco Mundial.
Fue nombrado ministro de Hacienda sin mayor investigación de su prontuario, duró corto tiempo, pero suficiente para ser encandilado por las cámaras.
Soberbia
En la realidad cotidiana no existía el PPSD, más allá del registro electoral. Fue encabezado por un desconocido sin experiencia política electoral que exhibió soberbia al diagnosticar los males del país (empleo, costo de vida, pensiones de lujo y corrupción) −que están sobrediagnosticados− y que prometió resolverlos en forma inmediata, frontal o por la vía que sea necesaria.
Males muy conocidos, propios de un país desigual, controlado por élites empresariales que, en alianza con la dirigencia de los partidos tradicionales y la prensa comercial, han venido concentrando y ensanchando la distancia entre la Costa Rica pobre y la Costa Rica de los ricos. ¿Y… la clase media?
El estado social de derecho ha sido debilitado y la clase media, cada vez más estrujada, entró a engrosar el grupo de los indignados y desclasados.
Resultó fácil al candidato del PPSD, supuestamente libre de pecado, adversar a otro candidato que cargaba con el desgaste de una anterior administración y estigmatizado, con razón o sin ella, como corrupto.
No de “los mismos”
La victoria fue clara y demostró, entre otras cosas, que fueron las provincias más pobres y de menor desarrollo (pobreza, desempleo, salubridad, escolaridad, inseguridad, etc.) las que inclinaron su voto a favor del debutante.
La inteligencia, las universidades, periodistas, escritores y grupos de mujeres de reconocida imagen internacional abogaron por el candidato conocido, pero no logró cambiar un pronóstico que ya había sido anunciado: la gente menos favorecida y resentida quería cambio y un presidente que no fuera de “los mismos”.
Lo sorprendente de lo acontecido no fue la lógica manifestación de los antisistema, sino más bien que la izquierda y los sindicatos no fueran quienes lideraran la inconformidad social.
Sí lo logró un candidato de derecha, cuyos discursos dejan muchas dudas respeto a la inclinación populista y al deterioro que pueda sufrir la institucionalidad democrática del país.
Como las lluvias de mayo
Y como elemento más perturbador se han ventilado serias dudas acerca del origen y transparencias de los fondos utilizados en el financiamiento de campaña del PPSD.
En definitiva, el mando político de CR a partir del 8 de mayo es un tiro al aire, tanto por la reducida representación del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa como porque llega un gobierno con gabinete de desconocidos, sin experiencia política, improvisados y con contradicciones que ya saltan a la opinión pública como las torrenciales lluvias en mayo.
Con más dudas que esperanzas
Una de las críticas ácidas en la campaña electoral fue que ni el partido ni el candidato contaban con un equipo profesional calificado, con experiencia en administración en el manejo del Estado.
A ello el candidato ganador respondía en los debates que los partidos que tenían los mejores equipos eran los mismos que presentaban como figuras a los responsables del descalabro.
Por eso, él asumiría el compromiso de llevar profesionales jóvenes y sin amiguismo de ningún tipo.
Los jerarcas serían escogidos por agencias especializadas en selección de personal, tal y como acostumbra hacerlo la empresa privada.
De nuevo el mensaje endulzó el ingenuo anhelo de cambio sin considerar que las ideas, igual que los propósitos, solo logran demostración en los hechos y que estos, para cumplirse, exigen competencia, capacidad y una mínima cohesión en principios y un modelo de país, condiciones básicas que no pueden inventarse de un día para otro.
La victoria no requirió presentar ningún equipo. Al formarse el gabinete afloraron las primeras contradicciones: “que el país está económicamente quebrado, dijo una diputada, y por otro desmintió el ministro aclarando que no…eso no puede afirmase de esa forma…”
Gerentes
Apenas se publicaron nombres de ministros aparecieron las observaciones: una ministra de Trabajo de conocida trayectoria antisindical, acompañada de un viejo funcionario de dudosa reputación; un ministro de Hacienda que en la administración pasada se descubrió que había incumplido al fisco; una ministra de Agricultura no solo atada a las cámaras empresariales sino enredada en casos de infracciones laborales.
El propio ministro del Medio Ambiente declaró que los grupos ambientalistas van contra la empresa privada y el presidente expresó no estar a favor del Acuerdo de Escazú.
¿Cuál va a ser la imagen de Costa Rica a partir de ahora en los foros internacionales que luchan por la defensa del planeta? Es predecible en un corto plazo que la incomunicación del “equipo” conduzca a rápidas deserciones y a una centralización presidencialista.
Hay indicios para pensar que, lejos de un presidente de la república, tendremos un gerente con un maletín de ocurrencias que presagia conflictos, no solo con los otros poderes sino desde diferentes frentes sociales.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma y Afines (SITRAPA) Dania Obando, hace un pedido directo a la ministra de Trabajo, Marta Esquivel animándola a que se sume y presione para que la empresa Palma Tica construya sanitarios en sus campos.
La dirigente relata en el video las precarias condiciones en las que trabajadores y trabajadoras deben realizar sus necesidades fisiológicas.
Sindicatos se reúnen con el Dr. Álvaro Ramos, Presidente Ejecutivo de la CCSS
Defendemos la CCSS y exigimos respeto a los derechos humanos laborales
La tarde de este miércoles 18 de mayo, organizaciones sindicales del sector salud, entre ellas la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), Unión Médica Nacional (UMN), Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA) Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería (ANPE), Sindicato de Médicos Especialistas (SINAME) y el Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines (SINASSASS), presentaron un documento al Dr. Álvaro Ramos, Presidente Ejecutivo de la CCSS, en el cual se expone la posición sindical respecto a lo que se consideran los desafíos, la defensa y el fortalecimiento de la institución de cara a este nuevo periodo.
Siendo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una institución pilar del desarrollo, la democracia y la paz social costarricense, su sostenibilidad, administración y decisiones laborales e institucionales deben formar parte de un proceso de diálogo abierto, que requiere el compromiso de todos.
La institución como botín político del modelo neoliberal, su importancia en el contexto de la pandemia, la afectación de la evasión y morosidad, los fantasmas de la corrupción y la privatización, la salud como un derecho social fundamental, listas de espera, fortalecimiento y defensa de la autonomía institucional, infraestructura, fueron parte de los aspectos abordados, junto al futuro del régimen de pensiones de IVM y el derecho de las personas trabajadoras a una pensión digna.
Respeto a los derechos laborales.
UNDECA y las organizaciones presentes, dejamos en claro la importancia del servicio que brindan los y las trabajadoras de la CCSS a la sociedad y manifestamos nuestro repudio por la precariedad laboral, largos interinazgos, problemática de los concursos, informalidad, bajos salarios, falta de condiciones laborales, de salud ocupacional y las limitaciones en materia de libertad sindical y diálogo social. Afectaciones producto de leyes neoliberales regresivas como la Ley Marco de Empleo Público (10.159), Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo Fiscal) y la mal llamada Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (9808).
Las organizaciones presentes, instaron al Dr. Ramos a la construcción de una Mesa Nacional Democrática que aborde los grandes desafíos que tiene la CCSS como garante fundamental de nuestro sistema de protección social y una Mesa Institucional de Diálogo y Negociación para resolver las demandas de los trabajadores y trabajadoras institucionales, que permita mantener la armonía y la paz laboral.
