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Etiqueta: soberanía alimentaria

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Escrito en . Publicado en Derechos.

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

¡Por la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector agropecuario!

Escrito en . Publicado en Derechos.

El próximo 25 de octubre a las 9:00 a.m. se movilizará una marcha hacia la Casa Presidencial en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector agropecuario.

Las consignas que convocan a esta marcha son:

  • No al Bloque de la Alianza del Pacífico.
  • Sí a la Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa.
  • No a la Ruta del Arroz.
  • No a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro.
  • No a la Canasta Básica Importada.
  • Sí a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario. 
  • Sí a la Defensa del PAI, un Mercado Seguro para la Producción Nacional.
  • Sí a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.

PUNTALITOS EN DISPUTA: ¿Qué es lo que comemos?

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

Canal Quince UCR y Programa Kioscos Socioambientales lanzan serie documental sobre soberanía alimentaria

Canal Quince UCR y el Programa Kioscos Socioambientales, tienen el gusto de invitar a la presentación de la cuarta temporada de la serie “Entramarnos por la defensa de la vida”, que ha sido nombrada “Puntalitos en disputa; ¿Qué es lo que comemos?”. Se trata de una producción televisiva que aborda perspectivas sobre soberanía, seguridad y justicia alimentaria.

La agricultura y la alimentación son parte esencial de los pueblos originarios y campesinos, son testimonio de nuestra evolución como comunidades y territorios. Desde hace algunas décadas, la industria alimentaria y el agronegocio ha profundizado su presencia en vastos territorios, acaparando tierras para la actividad monocultivista, despojando comunidades completas y fomentando el uso de paquetes tecnológicos y de agrotóxicos para hacer más “eficiente” la producción de alimentos principalmente para la exportación.

El modelo agroindustrial, contrario a lo que promueve, ha incrementado la desnutrición, el empobrecimiento y la exclusión a bienes comunes de la naturaleza, convirtiendo los campos cultivados de forma diversificada en desiertos verdes.

Por ejemplo, el alto costo en los precios de los granos básicos y la actual dependencia de la importación de los mismos en más de un 80%, especialmente en granos básicos, tiene raíces en decisiones políticas que iniciaron en la década de los ochenta, con una serie de transformaciones en la estructura socioproductiva, inacción estatal y falta de coordinación entre los sectores involucrados. La expansión de los monocultivos fundamentalmente para la exportación sin duda ha despojado a los territorios de las pequeñas y medianas parcelas que décadas atrás dedicaban las comunidades a la producción de alimentos. El área cultivable dedicada a la producción de alimentos se redujo en más de un 60% pasando a ser parte del modelo extractivista del monocultivo de exportación, que luego regresa enlatado al país.

Esta 4ta temporada televisiva de la serie documental “Entramarnos por la defensa de la Vida” que nombramos: “Puntalitos en disputa”, aborda perspectivas en torno a la soberanía, seguridad y justicia alimentaria, así como la urgencia de un compromiso necesario por parte de los gobiernos de turno para procurar el alimento sano, nacional y diversificado a toda la población, contrastando con la realidad de un sistema alimentario cada vez más transnacionalizado que responde a la lógica del agronegocio, implicando despojo para el sector campesino, costero e indígena, así como el consumo de agrotóxicos, por eso nos preguntamos: ¿qué estamos comiendo?

Hemos producido diez episodios que entrelazan experiencias comunitarias con testimonios y reflexiones sobre las diversas dimensiones que están alrededor de los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Se abarca desde la defensa de la semilla criolla, las amenazas y riesgos que sufren los distintos grupos de polinizadores, las modificaciones de la estructura socioproductiva con la intensificación del monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la comida y la cultura, los mercados y las ferias del agricultor, las experiencias agroecológicas y los conceptos de seguridad, soberanía, justicia alimentaria.

La IV temporada obtuvo el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social con el otorgamiento de un presupuesto en el marco de la XVII Convocatoria del Fondo Concursable para el fortalecimiento de la Relación Universidad – Sociedad (2023-2025) lo que permitió realizar las giras para las grabaciones en distintas comunidades en todo el territorio costarricense. Se viajó a todas las regiones: Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Sur y Región Central. De manera que en cada episodio se muestra una especie de mapeo audiovisual de experiencias agroecológicas de producción de alimentos, asociados a convicciones culturales y prácticas regenerativas y libres de tóxicos.

“Puntalitos en disputa” ofrece una vasta reflexión colectiva sobre: ¿qué es lo que comemos, de dónde viene y cómo ha sido producido? Comparte con la audiencia datos importantes que invitan a reflexionar qué hay detrás de cada plato de comida.

Este lunes 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Educación se realizará el lanzamiento y estreno de la temporada con la proyección de uno de los episodios y con la intervención del equipo de producción tanto de Quince UCR como de Kioscos Socioambientales, así como algunas de las personas protagonistas de los documentales. Será un encuentro que provoque la discusión y reflexión y que promueva el seguimiento a la transmisión de la temporada por televisión abierta y en la plataforma de streaming de Quince UCR.

Pretendemos con esta temporada que cada persona de la audiencia sienta un compromiso a reflexionar acerca de: ¿Qué es lo que comemos?

Esta temporada podrá ser apreciada por la audiencia en la programación regular de Quince UCR en señal abierta todos los lunes a las 8 de la noche con repetición el domingo siguiente a las 6:30 de la tarde. A partir del lunes 18 de septiembre y hasta noviembre. También pueden verla y compartirla desde la plataforma de streaming UCRQ.

Entramarnos por la defensa de la vida – Puntalitos en disputa

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Quince UCR y el Programa Kioscos Socioambientales, se complacen en invitar a la presentación de la 4ta temporada de la serie Entramarnos por la defensa de la vida.

Puntalitos en disputa es una temporada que reflexiona acerca de la soberanía alimentaria.

Lunes 18 de septiembre 10:00 am

Auditorio de la Facultad de Educación, UCR

Habrá una Feria Agroecológica con algunas personas protagonistas de la serie.

Transmisión por Quince UCR

¡Les esperamos!

Hacia una Estrategia de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición en Upala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Acción Social CIA invita a la actividad “Hacia una Estrategia de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición en Upala” los días 25 de julio de 2 p.m.  a 5 p.m. y el 26 de julio de 9 a 12 m.d. En el CTP de Upala.

Para más información ingrese a:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CbGWDSbxePSHJVejSJJc1gaHEtEsxJ2K19GGdJEfi4VrnLqfa3hxnCpffERCKdP1l&id=100063605379277&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Pronunciamiento en defensa de la educación pública costarricense – ITCR-ECS

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ciencias Sociales

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE

ACUERDO DEL CONSEJO DE ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, SESIÓN No. 12-2023 DEL 26 DE JUNIO.

Considerando que:

  1. La crisis del sistema educativo público de Costa Rica no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a un proceso sostenido de políticas neoliberales que atentan contra el Estado social costarricense.
  2. Al menos 4 pilares fundamentales de nuestro Estado social, como son la educación, la salud, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, han sido debilitados no sólo por el desfinanciamiento sino por la implantación de una visión de Estado antisolidario y orientado a favorecer negocios privados y dar prioridad al mercado externo sobre el mercado interno y la producción de origen nacional. Estos 4 pilares sociales aseguran que una sociedad pueda aspirar a niveles de equidad social aceptables y que por tanto la desigualdad social no crezca de manera incontenible, como ha ocurrido en Costa Rica en las últimas décadas.  En los últimos meses ha sido particular la presión del Gobierno para que sea aprobado el proyecto de ley Expediente 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, que acabaría con un contenido esencial del Código de Trabajo, como es la jornada laboral de 8 horas.
  3. Ya en 2019 Luis Felipe López-Calva director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en América Latina y El Caribe, había referido esta debacle social en una entrevista con Cecilia Barría de BBC News Mundo (25/11/2019), explicando resultados de mediciones de desigualdad en la distribución de la riqueza usando el Coeficiente de Gini (según el cual 0 es igualdad perfecta): para el año 2017 entre 18 países de América Latina, Uruguay fue el país más igualitario ocupando la posición 18 con un indicador de 39.7 y Brasil (puesto 1) fue el más desigual con un indicador de 51,3. Como más desiguales seguían Colombia, Panamá, Honduras, y en el puesto 5 estaba Costa Rica como el quinto país más desigual con un indicador de 48,7 (Durán, O. 2020).
  4. En 2015 el presupuesto para la educación pública de Costa Rica alcanzaba el 7% el PIB, siempre por debajo del 8% que dicta la Constitución Política, pero para el año 2023 esa asignación apenas alcanzó el 6%, siendo el presupuesto más bajo en los últimos 8 años (¢2.781.003 millones).Por eso no sorprende que la negociación en la Comisión de Enlace (Poder Ejecutivo y CONARE) se torne cada vez más complicada y negativa para las universidades públicas.
  5. La actual administración ha dejado completamente claro que su línea es desfinanciar, tercerizar y privatizar servicios sociales, igual que se ha hecho desde hace más de 4 décadas en América Latina para debilitar a los Estados y, como consecuencia, aumentar las brechas sociales. Ya las universidades públicas estamos operando bajo las restricciones que imponen las leyes No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, cuyos impactos negativos se agravarán en el mediano y largo plazo, entre muchas razones porque el nuevo marco de contratación laboral no permitirá mantener elevados niveles de calidad. De hecho, las universidades han disminuido sus salarios reales en los últimos años.
  6. Los recortes, tanto en general como el no reconocimiento del 1% por inflación, agudizarán las limitaciones que ya están soportando las universidades públicas para inversiones indispensables en todas sus áreas fundamentales como docencia, investigación, extensión social, becas y todo tipo de ayudas y subsidios a estudiantes en todas sus sedes del valle central y en especial en todas las regiones del país.  La negativa del Gobierno de reconocer al menos el 1% por inflación, equivalente a 5.591 millones de colones, se da  “a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%” y sobre todo desatendiendo los argumentos del mismo Gobierno sobre “la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%”.
  7. En las sesiones de negociación del FEES el Gobierno ha ratificado una posición intransigente, impositiva, restrictiva y hasta falaz, por cuanto ha culpado a la Asamblea Legislativa de ser la responsable de no reconocer el crecimiento de tan solo un 1% por inflación del FESS. Esta negativa del Gobierno refleja contradicciones pues mientras argumenta que no dispone de dinero, asegura un recorte de ₡3.200 millones que pasarían del Ministerio de Educación a programas de seguridad. No es con más policías y represión que la sociedad costarricense saldrá de su creciente inseguridad, pues ésta se genera en la falta de oportunidades sociales, dentro de las cuales la educación es la más relevante.  En el caso del Ministerio de Educación Pública es bien sabido que los recortes acrecientan el deterioro de la ya maltrecha infraestructura, especialmente para 800 centros educativos que han sido calificados como “tugurios”, debilitan y eliminan becas y transporte para estudiantes, comedores escolares, bibliotecas, entre otros.  Esa posición confrontativa del Gobierno se ha manifestado en muchas oportunidades como con la afrenta de la ministra de educación a la rectora electa del ITCR, al decirle que “agradeciera que la dejaran participar”en la Comisión de enlace, y con las expresiones del Presidente de la República descalificando la marcha por la defensa de la educación pública del 20 de junio de 2023 diciendo “que la convocatoria fue débil, no había una causa clara” (lo cual no es menester rebatir), pero además por decir que un 8% del PIB para la educación “pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista”.
  8. Mientras se debilita la inversión social, el Estado sigue demostrando una total incapacidad y falta de voluntad para cobrar impuestos a las empresas que siguen declarando cero utilidades y por tanto haciendo perder cada año miles de millones de dólares al Gobierno. Muchas de esas compañías que declararon “cero utilidades” hasta por 3 años consecutivos (2019, 2020 y 2021), son Grandes Contribuyentes Nacionales (GNC).  Entre estas se incluyen Ecodesarrollo Papagayo LTDA., Grupo Nación GN S. A., APM Terminals Moing S. A. y Grupo Quality Motor S. A.  Esta tendencia nacional es el denominador común global como lo demostró  OXFAM (2020) en su Informe “Tiempo para el cuidado.  El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, al señalar que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales” (p.12). En Costa Rica, como hemos señalado, no existe un sistema eficiente, seguro, ni equitativo de cobro de impuestos, de tal manera que se visualiza una mayor polarización social.  La OECD en su “Estudios Económicos de la OECD: Costa Rica 2020”  reconoció que en el año 2019 Costa Rica fue, según el Coeficiente de Gini, el país con mayor desigualdad en un grupo de 37 de todo el mundo (p.14).  A pesar de los diagnósticos, las políticas económicas mantienen el sesgo marcadamente restrictivo, que se expresa de manera particular en la reducción de la inversión social en los sistemas de salud y educación públicas.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. Conscientes de que tenemos que mejorar el impacto positivo de nuestras universidades públicas en la sociedad costarricense y fundamentalmente entre los segmentos sociales más desfavorecidos, según lo que dictan nuestros Estatutos Orgánicos, rechazamos todo intento actual y futuro de los Gobiernos de recortar los fondos para la educación pública costarricense independientemente de si es presupuesto para las universidades, los niveles de preescolar, educación general básica o diversificada.
  2. Exigimos que el Gobierno de la República reconozca y presupueste el 8% del producto interno bruto para la educación en general y el 1.5% para la educación superior, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 78, 84 y 85.
  3. Exigimos que el Poder Ejecutivo reconozca, al menos, el 1% de crecimiento por inflación del FEES para el año 2023, tal y como había sido acordado en la Comisión de enlace, y apoyamos la posición unánime y coherente de los Señores Rectores, y de la Rectora electa del ITCR, de rechazar la imposición unilateral y falaz del ministro de Hacienda, de que se cercena ese dinero a las universidades porque “en la Asamblea Legislativa nos quitaron del presupuesto ₡81.000 millones”.
  4. Instamos a los Señores Rectores y de la Señora Rectora electa del ITCR a que, en la sesión de negociación del próximo 30 de junio 2023, mantengan esa misma posición con base en los estudios que las mismas universidades están preparando, a fin de garantizar para el año 2023, como mínimo, un FEES que incluya el 1% por inflación.  De igual manera, les pedimos que en la negociación del FEES para el 2024 reafirmen la decisión de defensa del FEES y que en el momento que sea oportuno y sin vacilaciones, convoquen a las comunidades universitarias a esa tarea, ya sea en las sedes universitarias de todo el país o en las calles.
  5. Instamos a las autoridades universitarias del ITCR y de todas las universidades públicas, y de todos los niveles, a que afiancemos la defensa del FEES y nos mantengamos y fortalezcamos una sólida alianza para defender la educación pública de Costa Rica como un sistema integral que permita mantener y elevar la calidad de vida de la sociedad costarricense.
  6. Instamos vehementemente a las nuevas autoridades del ITCR a que asuman y mantengan en la Comisión de Enlace, y ante cualquier instancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una posición inclaudicable de defensa, mantenimiento y crecimiento real del presupuesto para la educación costarricense, asegurando el mandato constitucional de otorgar un 8% del producto interno bruto para la educación en general, y de éste el 1.5% para la educación superior pública.
  7. Instamos a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria del ITCR a estudiar responsablemente y multiplicar toda la información relacionada con el quehacer de la universidad y su impacto en la sociedad costarricense, pues es a esa sociedad a la que nos debemos y a la cual le debemos rendir cuentas. Adicional y particularmente, a los y las docentes les solicitamos que dediquen el tiempo necesario en cada uno de sus cursos para dialogar y explicar la crisis del Estado Social de  Derecho, de la educación y en particular de la educación superior pública en Costa Rica.
  8. Reconocemos la responsabilidad y compromiso de los y las diputadas que se han manifestado por la defensa de la educación pública de Costa Rica, y les pedimos que legislen conforme lo establece la Constitución Política asegurando el 8% del PIB a la educación.   Les pedimos que, además, no voten positivamente ninguna iniciativa que debilite el sistema de educación pública del país y favorezca las iniciativas de educación privada.
  9. Nos comprometemos a fortalecer las alianzas con otros actores sociales que defienden la salud pública, la agricultura nacional campesina, la educación pública y las garantías sociales contra las cuales se ha ensañado la actual administración, pues todas han sido, son y seguirán siendo, componentes indispensables para un modelo de sociedad que aspire a la justicia social, la solidaridad y más altos niveles de calidad de vida.

ITCR, Escuela de Ciencias Sociales, 26 de junio de 2023.

Bibliografía

Camarillo, Brenda (16 febrero, 2023). Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría [en línea] https://www.larepublica.net/noticia/presupuesto-2023-para-educacion-es-el-mas-bajo-desde-2015-segun-contraloria

Díaz Zeledón, Natalia (27 abril, 2021). Dictamen de préstamo del FMI estaría listo hasta viernes 30 de abril por casos de COVID-19 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/dictamen-de-prestamo-del-fmi-estaria-listo-hasta-viernes-30-de-abril-por-casos-de-covid-19/

Durán-Castro, Osvaldo. 3 de abril 2020. Populismo neoliberal y coronavirus. Semanario Universidad [en línea] https://semanariouniversidad.com/opinion/populismo-neoliberal-y-coronavirus/

Hoy en el TEC.  Redacción (15 de junio 2023). Reunión Comisión Enlace. Universidades rechazan que Gobierno evite la responsabilidad de 1% adicional del FEES 2023 [en línea] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2023/06/15/universidades-rechazan-gobierno-evite-responsabilidad-1-adicional-fees-2023

Mora, Andrea (21 Jun, 2023). Chaves cuestiona marcha y asegura que 8% del PIB a educación fue una «medida populista» [en línea] https://delfino.cr/2023/06/chaves-cuestiona-marcha-y-asegura-que-8-del-pib-a-educacion-fue-una-medida-populista?utm_source=Notificacion&utm_medium=WA

Muñoz Solano, Daniela  y Nuñez Chacón, María (8 marzo, 2023). APM Terminals, Grupo Nación, Meco y H. Solís entre las 183 empresas que declararon cero Renta en 2021 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/apm-terminals-grupo-nacion-meco-y-h-solis-entre-las-183-empresas-que-declararon-cero-renta-en-2021/

OECD.  (2020). PANORAMA ECONÓMICO DE COSTA RICA. [en línea] http://www.oecd.org/economy/panorama-economico-costa-rica/

OXFAM. (2020). Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad [en línea] https://www.oxfam.org/es/informes/tiempo-para-el-cuidado

Rivero, Adrián Z (21 junio, 2023) Rector UCR: “Si no hay 1%, no continuamos con la negociación” [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/rector-ucr-si-no-hay-1-no-continuamos-con-la-negociacion/

Zamora Huertas, Luis Alfonso (21 junio, 2023). Ministra de Educación dijo a rectora electa del TEC que agradeciera que la dejaran participar, confirman rectores [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-dijo-a-rectora-electa-del-tec-que-agradeciera-que-la-dejaran-participar-confirman-rectores/

 

Imagen: https://www.tec.ac.cr

Plataforma virtual: una propuesta para la conexión entre personas productoras y consumidoras para la comercialización solidaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Hernández / Redess /Cokomal

Una propuesta para fortalecer las dinámicas económicas territoriales de las organizaciones asociativas, en el marco de la soberanía alimentaria y los mercados locales, solidarios, identificar las aptitudes y los desafíos que, para generar ingresos y bienestar de los asociados y sus comunidades, así como contribuir en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo. Nos proponemos impulsar una estrategia basada en el fortalecimiento de las capacidades productivas, organizativas y comerciales de las organizaciones de la economía solidaria, así como en el fomento de la articulación entre ellas y con otros actores del territorio. El objetivo es generar sinergias que permitan mejorar la calidad y la diversidad de la oferta, aumentar el acceso a los mercados locales y regionales, y promover una cultura de consumo responsable y solidario que reconozca el valor social y ambiental de los productos de la economía solidaria.

La economía solidaria, su expresión, las organizaciones asociativas, colectivos, autogestionando las actividades económicas de un territorio, la autonomía de cada iniciativa, así como la equidad e igualdad entre los miembros, orientado por los principios de colaboración, participación, democracia, equidad y respeto por la vida, además, la economía solidaria tiene una orientación multidimensional que implica aspectos tanto sociales como económicos, políticos, ecológicos y culturales.

Hemos venido dinamizando con los mercados solidarios, las economías territoriales de las organizaciones y las familias que buscan generar ingresos, bienestar para sus asociados y comunidades. Además de contribuir mejorar, innovar de las capacidades productivas, organizativas y comerciales. Así como en promover la articulación entre ellos y con los demás sujetos del territorio.

Con el objetivo es crear sinergias para mejorar la calidad y variedad de las ofertas. Aumentar el acceso a los mercados locales y regionales. Y promover una cultura de consumo responsable y solidario, reconociendo el valor social y ambiental de los productos de economía solidaria, en alianza Redess con la Universidad de Costa Rica, el proyecto “Seguridad alimentaria y nutricional en Costa Rica: Sistemas alimentarios, gobernanza y políticas públicas”, de la Escuela de Nutrición- con apoyo cooperación Coreana, hemos establecido un convenio y proyecto para la construcción de una Plataforma virtual para la conexión entre personas productoras y consumidoras para la comercialización solidaria.

Para dimensionar la importancia de esta propuesta, es necesario tener en cuenta que la Economía Solidaria es lo opuesto al modelo imperante que genera desigualdades, exclusión, pobreza e impactos negativos en los territorios.

Frente a esta situación buscamos fortalecer las practicas económicas solidarias de las organizaciones en los territorios, que se basan en los principios de autogestión, eso significa que se administra por las personas que lo producen; de esta forma, generan economías de escala, articulan diferentes procesos de producción familiar, comunidades y territorio (circuitos económicos solidarios). Desde la economía solidaria haciendo un uso racional y sustentable de los recursos naturales disponibles en el entorno cercano al hogar. La producción familiar tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, la producción familiar se realiza con prácticas de producción sostenibles que respetan los saberes ancestrales.

Estas prácticas se enfocan en relaciones justas y sostenibles que benefician a todos los actores involucrados, desde los productores hasta los consumidores finales.

Soberanía alimentaria: Una deuda país pendiente

Escrito en . Publicado en Análisis.

Este miércoles 21 de junio tendremos el programa: «Soberanía alimentaria: Una deuda país pendiente».

Con la participación de Guido Barrientos Matamoros del Programa Estado de la Nación y representantes del Equipo de producción Kioscos y Canal 15.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.

Frente Amplio: Las consecuencias de la Ruta del Arroz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Con la reciente aprobación de dos decretos como parte de la Ruta del Arroz desde el Gobierno de Rodrigo Chaves, las consecuencias socioeconómicas han sido evidentes. El primer decreto “Modificación a los derechos arancelarios a la importación” condujo a la reducción de aranceles que pagan los importadores de arroz de un 36% a un 4.5%  para arroz en granza sin procesar, de 36% a 5% para arroz pilado.

Como antecedente de esto, se comparten los datos que muestran una disminución al 9.71% en el consumo de granos cultivados por agricultores locales.

A la par de esto también se ejecutó el segundo decreto que consiguió la eliminación de los esquemas de fijación de precios, teniendo como efecto la reducción del área de siempre hasta un 30% en solo 4 meses, según datos de la Corporación Arrocera Nacional. Los importadores del grano le van dejando un hueco a las arcas del Estado de ₡7 mil millones en impuestos (Molina, 2023).

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estas acciones?

Entre ellas está la vulnerabilidad alimentaria, ya que expone a los consumidores a la inestabilidad de los precios mundiales, la pérdida de la soberanía alimentaria y la disminución de la actividad económica en las zonas aledañas. 

Entre estas transformaciones y sus minorías beneficiarias se identifica el caso de Bernal Jiménez, uno de los principales financistas de la Campaña Presidencial y dueño de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A es la tercera con mayor importación de arroz pilado. Jiménez quien aportó más de 30 millones a la campaña electoral del hoy presidente Rodrigo Chaves, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta empresa se libró de pagar 250 millones en 5 meses. 

La industria interna del arroz enfrenta serios retos en el presente, ya que se identifican otros factores que la están debilitando como lo es la demora en los pagos a los productores del programa de abastecimiento institucional por motivo de la Regla Fiscal, la carencia de políticas públicas para enfrentar las problemáticas relacionadas a la tenencia de tierra y, las deudas del sector agroproductivo. Además de la propuesta de adhesión a la Alianza del Pacífico, la cual el diputado José Ortega describe como una desgravación arancelaria total, o sea que se eliminarían los impuestos que se cobran en las fronteras de productos agrícolas de otros países afectando negativamente a la producción nacional.

Por eso desde “el Frente Amplio reafirma el compromiso con las y los trabajadores del campo, con el campesinado, con ese que nos garantiza los alimentos a toda la población. Creemos en la necesidad de orientar las políticas públicas hacia una verdadera soberanía alimentaria y hacia la dignificación del campo”.

Conversatorio: «El papel de la agricultura en la transición hacia una Costa Rica más soberana»

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado lunes 15 de mayo se llevó a cabo el conversatorio «El papel de la agricultura en la transición hacia una Costa Rica más soberana», en el marco del Día de la Persona Agricultora, en la Asamblea Legislativa.

En este espacio se contó con la participación de Fany Reyes, Red de Mujeres Rurales; Wendy Vargas, Asamblea Nacional de Productores Arroceros; Alejandra Bonilla, Asociación Tinamaste-Red de Mujeres Rurales; Kevin Gómez, Corporación Hortícola Nacional y Ariel Robles Barrantes, diputado del Partido Frente Amplio.

 

Compartido con SURCOS por Lorena Pino.