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Etiqueta: soberanía alimentaria

Ruta del Arroz o ¿la Ruta de la Vergüenza?

JoseSo (José Solano-Saborío)

Durante décadas, Costa Rica ha transitado por un camino que, lejos de fortalecer su campo, lo ha desmantelado pieza a pieza. Este recorrido, que bien podríamos bautizar como «La Ruta del Arroz» —o más honestamente, “La Ruta de la Vergüenza”—, comenzó con el sistemático desmontaje de la capacidad productiva nacional, empezando por el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

El CNP, otrora un pilar para la comercialización y la estabilidad de los precios para los productores fue vaciado de sus funciones. Paralelamente, se implementaron, décadas atrás, políticas como el “decreto de desabasto de arroz”, un eufemismo que escondía una cruda realidad: la decisión política de reducir la siembra nacional para favorecer a los grandes importadores e industriales de granos básicos. ¿El resultado? Una dependencia creciente y peligrosa de las importaciones, mientras nuestros arroceros veían cómo su mercado se encogía y sus fincas se volvían inviables.

Este modelo no solo ha golpeado la economía rural; es un ataque directo a la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.

La Seguridad Alimentaria supone que toda la población tenga acceso físico y económico a alimentos suficientes y nutritivos. Podemos tenerla importando todo, pero es un equilibrio precario.

En el mismo sentido la Soberanía Alimentaria va más allá. Es el derecho de un pueblo a definir sus propias políticas agroalimentarias, a producir sus alimentos de forma sostenible, priorizando al productor local. Es la autonomía para decidir qué comemos y cómo se produce.

Al desmantelar nuestra producción de granos básicos, sacrificamos la Soberanía Alimentaria en el altar del comercio internacional, poniendo en riesgo la Seguridad Alimentaria ante cualquier crisis global que dispare los precios del Mercado de Chicago (Chicago Mercantile Exchange o CME, donde se transan los precios internacionales de granos básicos) o interrumpa las cadenas de importación.

Hoy, este mismo guion se repite en la ganadería. El “areteo” de las reses, bajo la justificación de la trazabilidad, se ha convertido en una carga burocrática y económica tan pesada para el pequeño y mediano ganadero, que muchos se ven forzados a vender o abandonar. Es la misma estrategia: ahogar con regulaciones y costos a los actores nacionales para abrirle paso a un modelo controlado por pocos, donde la carne de res también podría seguir la “ruta del arroz”.

Ante esta embestida, es vital hacer un llamado a nuestros finqueros y trabajadores agrícolas: no permitan que los distraigan. No nos dejemos engañar por debates que, aunque puedan movilizar pasiones, son cortinas de humo que desvían la atención de lo esencial. Su modo de vida, su vocación de trabajar la tierra y criar ganado, es lo que realmente dará de comer a Costa Rica. Esa es la batalla importante. No nos desviemos con discusiones tontas sobre preferencia sexual o religión que no ponen un grano de frijol en la mesa. Y ojo, tampoco nos dejemos engañar por aquellos pastores que, desde la comodidad de sus púlpitos, no entienden ni les importa una grieta en el barro, pero que no dudan en usar su influencia para dividirnos y negociar sus propios intereses con el gobierno y políticos de turno, mientras nuestro verdadero sustento —el agro nacional— se hunde.

La tierra no entiende de ideologías, entiende de trabajo, sudor y dedicación. Mantengamos la vista en lo crucial: defender nuestra capacidad de producir alimentos, porque en ello nos va la vida, la de nuestros hijos y la de las futuras generaciones de costarricenses.

¡El campo costarricense se levanta! Marcha por la defensa de la producción nacional y el rescate del agro

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, conformado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), convoca a una gran movilización bajo el lema “¡El campo costarricense se levanta!”.

La marcha por la defensa de la producción nacional y el rescate del campo costarricense se realizará el martes 11 de noviembre a las 9:00 a.m. en San José, saliendo del Parque Central hacia Casa Presidencial en Zapote.

Las organizaciones convocantes llaman a la ciudadanía, productores y productoras del país a sumarse a esta manifestación en favor de políticas públicas que fortalezcan el agro costarricense, garanticen la soberanía alimentaria y defiendan el derecho al trabajo digno en las zonas rurales.

Demandas principales

  • Sí a la innovación del sector agropecuario, para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la minimización de los impactos sociales y ambientales de la producción agropecuaria.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria, para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente, para mejorar la vida de las personas que dependen del agro.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible, para una producción agropecuaria eficiente, innovadora, ambientalmente amigable y resiliente.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente, con impacto social positivo y que mitiguen la crisis climática.

En defensa del agro nacional

Las organizaciones subrayan que es urgente detener las políticas que debilitan la producción nacional y afectan el empleo rural. Por ello, expresan su oposición a la importación masiva de productos agrícolas y al Acuerdo Transpacífico, que consideran una amenaza para la soberanía alimentaria y el desarrollo de los pequeños y medianos productores.

La convocatoria reafirma los compromisos del sector con el trabajo digno, la equidad social y la seguridad alimentaria:

  • Sí al trabajo, la dignidad y el futuro del campo costarricense.

  • Sí a la seguridad y soberanía alimentaria costarricense.

Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense

Comunicado

Las universidades públicas, organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, comunales, ambientales, estudiantiles, laborales, de mujeres y de la sociedad civil de todo el país convocan al pueblo de Costa Rica a participar masivamente en la Gran Marcha Nacional por la Democracia Costarricense, este martes 11 de noviembre de 2025, bajo el lema: “Sí a la democracia, no a la dictadura.”

La marcha saldrá a las 8:00 a.m. desde el Parque Central de San José y concluirá en la Casa Presidencial, Zapote.

El 11 de noviembre de 1949 marcó el retorno de la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, cuando la Junta Fundadora entregó el poder a Otilio Ulate. Setenta y seis años después, en esa misma fecha simbólica, el pueblo se moviliza nuevamente para defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades.

El rumbo de nuestro contrato social se ha visto amenazado por la confrontación, la concentración del poder y el desprecio hacia las instituciones democráticas y la prensa libre desde el Poder Ejecutivo. Ante ese avance autoritario, las organizaciones sociales reafirman su compromiso con la defensa del Estado social de derecho, las libertades y los derechos que sustentan nuestra democracia.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado vehemente y urgente por políticas públicas integrales que fortalezcan los pilares de nuestra convivencia democrática y el desarrollo nacional: el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo digno.

La defensa de la producción nacional debe protegerse, no sacrificarse. Hoy más que nunca se exige un rescate integral del campo, que garantice no solo mejores políticas públicas, sino un compromiso real frente al abandono, el endeudamiento y la competencia desleal de la importación, como lo han sufrido los paperos y cebolleros, colocando la producción hortícola en jaque mate.

Además, el Gobierno avanza sin escuchar al sector agropecuario al suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, que afectará productos como café, lácteos, avícola, porcino, bovino, frijol, flores y follajes, oleaginosas, pesca y arroz. Asimismo, la ejecución del Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre la trazabilidad y areteo del ganado bovino, afectará a pequeñas y medianas producciones, empeorando la situación del sector agropecuario y constituyendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la soberanía y la economía rural.

La educación pública, pilar del Estado social de derecho, debe fortalecerse con el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB, la dignificación del magisterio nacional y la defensa del régimen de pensiones del Magisterio. La educación debe seguir siendo el principal instrumento de movilidad social y equidad.

La salud pública es un derecho humano fundamental. Se exige el resguardo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional. Ante los intentos de debilitamiento y privatización, se demanda financiamiento justo, respeto al personal profesional y gestión transparente que garantice la seguridad y protección social de toda la población.

Se exige también atención integral a la seguridad ante la creciente violencia que amenaza la paz y convivencia. La inseguridad y violencia, que golpea especialmente a las mujeres, las juventudes y las comunidades más vulnerables, requiere acción inmediata del Estado y políticas integrales de prevención y justicia social.

Ante la polarización y fragmentación que vive el país, las organizaciones convocantes hacen un llamado a la unidad patriótica, democrática y comunal, para defender los derechos constitucionales, las libertades públicas y las instituciones que han garantizado la paz y la convivencia democrática de Costa Rica.

Sí a la democracia, no a la dictadura.”
¡La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo!

Contacto: mesa.nacioaldedialogo@gmail.com

ADI Cabagra y Comisiones PAFT entregan insumos de frijoles a productores indígenas de su territorio

Uriel Rojas

Este martes 28 de octubre 2025, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en coordinación con las Comisiones de Implementación del Plan Ambiental, Forestal y Territorial del Territorio (PAFT), realizaron la entrega de insumos de frijoles a 111 productoras y productores de 16 comunidades del Territorio Indígena de Cabagra.

Este proyecto tiene como objetivos garantizar el acceso a semillas, aumentar las capacidades en la producción de granos básicos del territorio y generar procesos resilientes bajo el modelo de trabajo colaborativo con visión indígena.

Gran parte de estos beneficiarios del proyecto, sufrieron importantes afectaciones en sus cultivos por la Tormenta Tropical Rafael del año 2024.

Se trata de la ejecución del primer proyecto correspondiente a la segunda etapa del PAFT Cabagra, con una distribución de beneficios con impacto, en un 56% de mujeres y 44% de hombres.

La ADICABAGRA y las Comisiones PAFT contemplan el seguimiento y evaluación de las actividades de siembra, cultivo y cosecha y pretenden continuar impulsando el encadenamiento productivo en todas las áreas de la economía local de Cabagra.

Muchos éxitos a estos productores y productoras de frijoles en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra.

Asociación Madre Tierra impulsa reflexión sobre el Pacto por la Producción Agropecuaria

La Asociación Madre Tierra convoca a sus integrantes, así como a personas amigas y simpatizantes, a participar en el espacio de análisis “Pacto por la Producción Agropecuaria”, que se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre de 2025, a las 6:00 p. m., en el Centro de Cultura de España, Barrio Escalante.

El encuentro tiene como propósito analizar los compromisos planteados para la producción nacional, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible frente al cambio climático del sector agropecuario costarricense.

Participará Eva Carazo, investigadora y académica, quien acompañará la discusión en torno a temas prioritarios para el país, tales como la defensa de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la protección de los mercados locales y las estrategias de adaptación al cambio climático.

Motivación y contexto

Durante décadas, el agro costarricense ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Sin embargo, los procesos de apertura comercial, la globalización y la falta de políticas de apoyo sostenido han dejado a miles de personas del sector en situación de vulnerabilidad. Ante ello, diversas organizaciones campesinas y agropecuarias, entre ellas la Corporación Hortícola Nacional, UPANACIONAL, UNAG y UPIAV, impulsaron el Pacto por la Producción Agropecuaria, firmado en septiembre de 2025 por varias candidaturas presidenciales.

El documento establece compromisos clave: detener los procesos de apertura comercial que afecten la producción nacional, fortalecer los mercados locales, mejorar la infraestructura agrícola, garantizar acceso al crédito y avanzar en la sostenibilidad ambiental.

El pacto representa un precedente importante, pues por primera vez en un proceso electoral reciente, el agro logra estar en el centro del debate nacional y visibilizar sus luchas históricas.

Temas para discutir

  • Defensa de la producción nacional y soberanía alimentaria.

  • Suspensión de procesos de apertura comercial que perjudiquen al agro.

  • Acceso a financiamiento y apoyo a pequeña y mediana producción.

  • Estrategias de adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental.

  • Fortalecimiento de los mercados locales y la infraestructura agrícola.

  • Rol de las políticas públicas y seguimiento al cumplimiento de compromisos.

Organiza

Asociación Madre Tierra, por el desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza, la Ecología, la Biodiversidad y la Vida.

Coordinan:

  • Alberto Salom Echeverría, coordinador Madre Tierra.

  • Héctor Morales Jara, coordinador de la actividad.

  • Roberto Salom Echeverría, coordinador de Capacitación y Formación.

Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia por los medios de contacto habituales de la Asociación o al correo-e rsalomecheverria@gmail.com

Feria Agropecuaria por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Comunicado

Día Mundial de la Alimentación 2025

Les invitamos este jueves 16 de octubre, de 8:00 a.m. a 12:00 md, a participar en las actividades y charlas en el miniauditorio, así como en la feria agropecuaria ubicada en el parqueo principal de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Universidad de Costa Rica.

Aprovechá la oportunidad de comprar productos frescos directamente de productores y productoras nacionales de distintas organizaciones del país.

Inscripción para participar de las charlas: https://forms.gle/2t7qHTpT4xTTyYE29

Invitan: la Universidad de Costa Rica y el Sector Agropecuario.

Actividad parte del 45 aniversario de la Escuela de Nutrición.

Soberanía alimentaria de los pueblos contra las transnacionales – Llamado a la acción 16 octubre

Por Carlos Hernández – RedESS Costa Rica

En tiempos donde las grandes corporaciones agroindustriales imponen sus intereses sobre los territorios, las semillas y la vida misma, la soberanía alimentaria emerge como una iniciativa política de los pueblos. Es el derecho de las comunidades a decidir qué producir, cómo alimentarse y de qué manera cuidar la tierra que les sostiene. En Costa Rica, este principio se teje con fuerza desde la Economía Social Solidaria (ESS) y los Circuitos Económicos Solidarios (CES) impulsados por la Red Nacional de Economía Social y Solidaria (RedESS).

La soberanía alimentaria como resistencia

Durante más de tres décadas, el modelo neoliberal ha erosionado los tejidos comunitarios, desplazado a pequeños productores y subordinado la alimentación al mercado global. En contraposición, los movimientos solidarios costarricenses han defendido la producción agroecológica, los saberes ancestrales y la autogestión territorial, construyendo desde abajo alternativas concretas frente al poder corporativo de las transnacionales.

Los mercados solidarios, las canastas agroecológicas y las redes locales de intercambio son ejemplos de cómo la soberanía alimentaria se materializa en prácticas cotidianas. No se trata solo de producir alimentos, sino de recuperar el control sobre los medios de vida y sobre el sentido del trabajo, priorizando el bienestar colectivo sobre el lucro.

Tejiendo redes de esperanza

Entre 2020 y 2024, la RedESS demostró que la organización comunitaria puede sostener la vida en medio de la crisis. Frente al colapso de los mercados globales durante la pandemia, las redes territoriales solidarias distribuyeron alimentos, equipos y apoyo mutuo, canalizando recursos con transparencia y equidad. Así se confirmó que la solidaridad organizada es más eficaz que la caridad vertical, y que la soberanía alimentaria se construye desde la confianza y la cooperación.

Cada mercado solidario, cada semilla intercambiada, cada compra de productos alimentarios campesinos, representa una forma de resistencia frente al dominio de las corporaciones que mercantilizan la comida, privatizan el agua y destruyen los suelos.

Contra el acaparamiento y por el bien común

El avance de las transnacionales agroalimentarias amenaza la diversidad biológica y cultural. Su poder se sostiene sobre la concentración de tierras, el control corporativo de los mercados de productos alimentarios, y la manipulación genética de semillas. Frente a ello, los pueblos deben reivindicar su derecho a cultivar, compartir y decidir. La soberanía alimentaria no puede ser garantizada por el mercado: solo los pueblos organizados pueden protegerla.

Llamado a la acción

Hoy más que nunca, defender la soberanía alimentaria es defender la vida. RedESS hace un llamado a:

  • Fortalecer los circuitos económicos solidarios, que unen productores y consumidores conscientes.

  • Apoyar la producción agroecológica local, libre de agroquímicos y de dependencia corporativa.

  • Exigir políticas públicas que reconozcan a la ESS como pilar del desarrollo territorial sostenible.

  • Promover la educación y comunicación popular, para visibilizar las luchas de las comunidades rurales y urbanas.

  • Construir alianzas latinoamericanas, porque la soberanía alimentaria no tiene fronteras.

La soberanía alimentaria no es una utopía lejana. Es una práctica viva que germina en los huertos comunitarios, en los mercados solidarios y en las manos que siembran con amor y dignidad. Es la respuesta de los pueblos frente a un sistema que pone precio a la vida.

Defendamos la soberanía alimentaria. Resistamos la dominación transnacional. Alimentemos el futuro desde la solidaridad.

Instituto Sindical de Formación Política se solidariza con la lucha del sector arrocero

El Instituto Sindical de Formación Política (ISFP) expresó su respaldo y solidaridad con la firme y justa lucha que mantiene desde hace varios días el sector arrocero costarricense.

Las protestas se originan ante las políticas gubernamentales “que favorecen la apertura a la importación de arroz, una medida que ha beneficiado a un reducido grupo de importadores en detrimento de los pequeños y medianos agricultores del país. Esta decisión no solo debilita la producción nacional, sino que también ha provocado la pérdida de empleos en comunidades campesinas y rurales que dependen directamente de este cultivo”, señala el comunicado del ISFP.

Además, se agrega que “a pesar de los discursos oficiales, la realidad es que el precio del arroz al consumidor no ha disminuido, lo cual deja en evidencia que estas políticas no protegen ni a los productores, ni a los trabajadores del sector, ni mucho menos a las familias costarricenses. Por el contrario, ponen en riesgo la soberanía alimentaria y afectan a los sectores más vulnerables de la población, dado que el arroz es un producto esencial de la canasta básica”.

El ISFP recalcó que este conflicto no es únicamente económico, sino también político y social, pues una democracia verdadera debe privilegiar al pueblo trabajador y no a las élites que buscan ganancias voraces. En ese sentido, el instituto manifestó que continuará alzando la voz junto a los agricultores y trabajadores que defienden su derecho a producir y a vivir con dignidad.

“El arroz es parte de nuestra mesa y de nuestra identidad. Defender al productor nacional es defender al pueblo costarricense”, señaló el ISFP en su declaración pública.

El instituto reafirmó que la democracia es con el pueblo, no contra él, y que seguirá apoyando todas las luchas sociales orientadas a garantizar justicia, equidad y soberanía.

Sector arrocero llama a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa

Del martes 16 al jueves 18 de septiembre el sector arrocero costarricenses estará acampando al pie de la Asamblea Legislativa para defender la soberanía y seguridad alimentaria del país.

La convocatoria tiene como propósito respaldar el proyecto de ley N.° 24.211, “Fondo de sostenibilidad del sector arrocero”, iniciativa que busca fortalecer la agricultura nacional de este sector y garantizar la producción de arroz como alimento básico en la mesa de las familias costarricenses.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para apoyar a las agriculoras y a los agricultores y acompañar esta manifestación pacífica en defensa del sector arrocero.

Crisis de gestión y proceso electoral entre el conflicto y la inseguridad

El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional, coordinado por el máster Carlos Carranza Villalobos junto a un equipo de investigadoras y asistentes, presentó su informe del trimestre de setiembre de 2025 y la conferencia de prensa titulada Crisis de gestión y proceso electoral: entre el conflicto y la inseguridad. Ambos materiales ofrecen un panorama crítico de la realidad nacional, en un momento marcado por la fragilidad institucional, el deterioro de la gestión gubernamental y la intensificación de la inseguridad en la antesala de las elecciones de 2026.

El informe señala que el estilo de gobierno actual, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, se ha caracterizado por un discurso confrontativo y por acciones orientadas a debilitar los contrapesos democráticos. Se evidencian intentos de limitar el control político, cuestionamientos al poder judicial y a la Contraloría, así como tensiones con la Defensoría de los Habitantes en temas de política carcelaria y migratoria. El documento advierte que esta estrategia se acerca a lo que la literatura politológica denomina “populismo delegativo”, en el que el mandatario se presenta como representante del “pueblo” para justificar cambios en las instituciones a su conveniencia.

En la relación con la Asamblea Legislativa, el análisis identifica un clima de confrontación marcado por discursos beligerantes, aunque con menos uso de vetos formales en el último trimestre. Las tensiones entre el presidente y el presidente legislativo Rodrigo Arias se intensificaron en torno a la renuncia del vicepresidente Stephan Brunner y las discusiones sobre el fuero presidencial, lo que refleja un escenario inédito en la política costarricense reciente.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también es protagonista en este periodo. El organismo advirtió al presidente por manifestaciones que afectan la equidad del proceso electoral y le prohibió usar símbolos vinculados a partidos políticos en actividades oficiales. Al mismo tiempo, la coalición que agrupa a fuerzas oficialistas muestra fracturas internas, mientras alcaldes y alcaldesas de distintos partidos han decidido sumarse al rodriguismo, generando un reacomodo del mapa político hacia 2026.

En materia de política exterior y derechos humanos, el informe subraya la creciente subordinación a la política estadounidense, evidenciada en la aceptación de personas deportadas desde Estados Unidos en condiciones precarias y en el alineamiento con las políticas punitivas de seguridad y migración promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. En este marco, se solicitó un presupuesto cercano a los 8 000 millones de colones para la construcción de un nuevo centro penitenciario, lo cual implicaría recortes a instituciones sociales como FODESAF.

La política hacendaria ocupa un lugar central en el análisis. Se destaca la pérdida de más de ₡2 billones anuales por exoneraciones tributarias que benefician principalmente a sectores de mayores ingresos, lo que acentúa la inequidad fiscal. Además, la modernización de Hacienda Digital presenta atrasos y deficiencias de gestión, mientras que la transferencia del 1 % adicional del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue condicionada a la aprobación de eurobonos, situación criticada por las universidades públicas.

El ámbito educativo sigue marcado por el rezago acumulado desde la pandemia. Más de un millón de estudiantes regresaron a clases con brechas significativas, mientras persisten problemas de infraestructura y carencias en materiales. Aunque el Ministerio de Educación Pública anunció una nueva ruta de recuperación y programas de capacitación docente, la falta de resultados inmediatos genera desconfianza social. La negociación del FEES 2026 concluyó con un aumento del 1 %, lo cual se percibe como un congelamiento en un contexto de creciente demanda y necesidades del sector.

En lo ambiental, se advierte un retroceso institucional con la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la Agenda 2030 antes de la Cumbre de los Océanos, debilitamiento de órganos como el MINAE y el SINAC, y una política orientada a la flexibilización normativa. Se registraron incrementos en la tala ilegal y se autorizaron exportaciones de aletas de tiburón martillo, mientras se mantienen recortes presupuestarios al sector ambiental. Estos hechos ponen en tensión la histórica imagen de Costa Rica como país líder en sostenibilidad.

El informe también subraya los retos en competitividad e innovación. Si bien el gobierno impulsa la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la red 5G, los procesos enfrentan retrasos y conflictos políticos, además de una dependencia creciente de la cooperación y los intereses de Estados Unidos. Esta orientación plantea interrogantes sobre la verdadera soberanía tecnológica y sobre quién se beneficiará del acceso a las nuevas tecnologías.

En el campo de género y derechos humanos, se identifican patrones de reclasificación, reconfiguración y retroceso en las políticas públicas, que se tornan más restrictivas y vulnerables a la improvisación. La sociedad civil, aunque fragmentada, busca recomponerse frente al debilitamiento de derechos y al incremento de la violencia, en un contexto donde la inseguridad se consolida como el principal desafío para la democracia costarricense.

El capítulo sobre comercio exterior resalta la necesidad de diversificar mercados y superar la dependencia histórica de los Estados Unidos. A pesar de los intentos por abrirse a Asia y otras regiones, el país enfrenta nuevas barreras arancelarias que afectan sectores estratégicos como la agricultura y los dispositivos médicos.

Finalmente, el informe enfatiza que la seguridad pública atraviesa un momento crítico. El crimen organizado supera las capacidades institucionales actuales y la ausencia de un plan integral limita la respuesta estatal. El llamado es a articular políticas coordinadas y con financiamiento suficiente, que garanticen condiciones adecuadas de vida y convivencia social.