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Etiqueta: soberanía popular

La incoherencia de los términos zurdo, de izquierda o comunista, con los principios centrales de la Revolución Francesa

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto

En 1789, la humanidad da un salto categórico, deja atrás un estadio histórico complejo confuso y retardatario, en el sentido de avances democráticos como lo fue la Edad Media, por la instauración de monarquías hasta hoy. Resulta que, en Francia, se cae la monarquía y dicha revolución da espacio, diríase político, a la conformación de los Estados modernos y con las tesis del barón de Montesquieu sobre la división de poderes en los Estados, (El espíritu de las leyes) y los conceptos de democracia y soberanía popular y de igualdad de Jean-Jacques Rousseau, que ha sido considerado el padre espiritual de la República Francesa, nos configuran el marco de referencia de los Estados, reiteramos modernos.

Al analizar este proceso nos encontramos con que surge una nueva clase social, revolucionaria entonces, la burguesía, por su procedencia, que, configura la nueva clase política económica que se extiende por todo el continente europeo, de forma estructural; quedan y persisten varias monarquías con una “fachada democrática”, por el nombramiento de un presidente o primer ministro, con una figura denominada parlamentarismo, que, mantiene una especie de equilibrio en el poder, dado que dichas instancias tienen un control sobre la población y sus dirigentes están entre los grupos de poder político y económico.

Al margen de lo anterior, nos interesa destacar los tres principios centrales de la revolución, los que son del conocimiento general, sin embargo, poca atención se les otorga: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Resulta que tales principios concentran entre los tres, un anhelo, una aspiración, un sueño y una esperanza de todo el mundo, en occidente por lo menos, bajo el modelo político económico capitalista-aunque en un 85-90% tiene influencia en las transacciones financieras y económicas y por supuesto en el formato político-electoral, estos principios son reiterados por la población en general.

Lo que se trata de demostrar en esta breve reseña, es la incoherencia en los señalamientos y etiquetas, por demás, de una débil argumentación, como que la sociedad anda mal, por los comunistas, izquierdistas, zurdos y resulta que esos señalamientos de grupos ultraconservadores en política y economía, están en el poder o, en el gobierno, que precisamente, es un Estado moderno, “hijo de la revolución francesa” ; de donde deriva la estructura actual y se supone que se apoya en los tres principios citados. La incongruencia es que esos “zurdos” …son los que precisamente, de nuevo, están defendiendo esos principios y ese Estado social de derecho, mismos que pretenden esos grupos ultraconservadores, liquidar, así literalmente hablando liquidar.

El llamado es, a nuestra población y a muchas personas, que apoyan esas acciones, que en Costa Rica ya muestran visos de autoritarismo e irrespeto al orden constitucional, y, decirles que, el señalamiento de zurdos, izquierdistas, comunistas, ha sido la “leyenda” desde el siglo XIX y que se agudiza después de la Guerra Fría, iniciada después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue aprovechado por la nueva potencia dominante, los Estados Unidos, para hostigar, presionar invadir, crear guerras, generar golpes de Estado, dominar financiera, económica, militar y diplomáticamente a los pueblos de la tierra.

De manera que, la “excusa” del autoritarismo de desviar la atención de la realidad no procede, porque han sido esas personas, líderes y lideresas que se han denominado como comunistas, izquierdistas, zurdos los que han defendido las conquistas y principios de la revolución francesa, han defendido las tesis históricas de los “padres” de dicha revolución.

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.” (Martin Luther King).

La democracia no pertenece al Estado

Juan Huaylupo

El Estado costarricense, a través de sucesivos gobiernos, es responsable de la inaceptable pérdida de logros y conquistas democráticas. Por ello estamos en las calles: para reconquistar lo arrebatado, de forma ilegítima, por estas sucesivas tiranías que se han apoderado del aparato estatal y se han autoidentificado como agresivas protagonistas de la liquidación de la institucionalidad pública, del desfinanciamiento de la educación y la salud, y del irrespeto a la normatividad pública, entre otras acciones que esta nefasta dictadura efectúa de manera abierta. A mi juicio, la actuación estatal se muestra como un declarado enemigo de la historia, la cultura y la democracia de la sociedad costarricense.

El Estado costarricense no es un grupúsculo de administradores ineptos, prepotentes jerarcas, ministros y una burocracia incondicional que se arrogan la facultad de decidir y disponer autónomamente el destino social, político y económico de las personas y de la sociedad. Actúan ajenos a las necesidades de la ciudadanía en alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda social, trabajo remunerado y estabilidad laboral, y con ello afectan críticamente la situación y la vida de quienes menos posibilidades tienen de satisfacer sus propias necesidades básicas. Liquidar la institucionalidad pública, como lo hacen los autócratas, es negar la atención de los servicios públicos. Estos no son regalos: están pagados por las personas trabajadoras activas y jubiladas, y deben pagarlos también los empleadores morosos y las entidades públicas. Son obligaciones ineludibles que deben plasmarse en el presupuesto nacional y en su ejecución por parte de quienes ejercen la función pública. Restringir o impedir que las instituciones cumplan con sus obligaciones constitucionales es la privación y privatización de los recursos, que condena al empobrecimiento y sus secuelas a la inmensa mayoría de la población costarricense.

Un gobierno que privatiza lo público no es un Estado social, moderno, benefactor o nacional. Es un Estado atrasado, que puede corresponder a cualquier estadio del pasado, como el esclavista o el feudal, porque en esas épocas no existían políticas públicas, elecciones universales, gobierno de todos para todos, democracia ni soberanía. El monarca, el autócrata, el esclavista o el dueño de riquezas, tierras y vidas era el tirano absoluto, en un tiempo y un espacio sin más normas ni pautas que las propias. En el presente, es el autócrata fascista. Las nociones de gobernados y gobierno son inadecuadas para los regímenes totalitarios, y tampoco lo son para Costa Rica, pues las personas gobernadas no son esclavas ni carecen de derechos sociales y jurídicos. Son colectividades con pensamiento, decisiones y acciones propias, que tienen derechos, que eligen a quienes deben actuar en su beneficio, y que también luchan contra los gobiernos que las desprecian, explotan y empobrecen, y los destituyen por las vías que la democracia ofrece. Por tanto, ni los gobiernos ni quienes gobiernan son autónomos: dependen de la ciudadanía, a la que tienen la obligación incondicional de servir.

El Estado social de derecho es la concreción democrática de la sociedad y debe ser el garante del bien común y de los derechos igualitarios para la continuidad tanto de la sociedad como del propio Estado. Esto es, el Estado social no es un actor extraño ni ajeno a nuestra historia, ni un ente que representa solo a una clase; su función es para todas las personas, en medio de una desigualdad social sistémica. Un Estado que se parcializa, que usa el monopolio de la violencia con criterio de clase y custodia los intereses de los ricos de la sociedad, es un Estado atrasado: una regresión política a la lucha de todos contra todos, a la perpetuación del antagonismo entre clases y a las guerras, hasta la liquidación de la civilización y la humanidad.

«Divide y reinarás» es una vieja consigna que los autócratas y su entorno han empleado contra sus adversarios políticos para manipular, desprestigiar, confundir y engañar a la ciudadanía, y para controlar procesos políticos y electorales. Un ejemplo es el uso de las llamadas «granjas de bots» en elecciones de nuestra América, un fenómeno que, a mi juicio, también debería investigarse en Costa Rica.

La acción libre de la ciudadanía es de vital trascendencia para la creación y el fortalecimiento de la democracia en la política nacional. La degradación y liquidación de la política pública, las amenazas, el desprecio y el chantaje de la actual dictadura, así como el irrespeto al sistema jurídico y constitucional, son actos que tienden hacia el establecimiento de un poder político absoluto, incompatible con la democracia, el derecho y el progreso social.

Ante las condiciones impuestas por la dictadura costarricense, la población no ha permanecido pasiva ni observadora. Por el contrario, participa activamente en la reconstitución y recreación de la democracia con su pensamiento, su participación, sus protestas y sus manifestaciones sociales, como también ocurre actualmente en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Albania, Serbia, Turquía, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Paraguay, porque las acciones del fascismo son globales.

La subordinación política a los adinerados y explotadores, así como la sumisión a potencias extranjeras, con prácticas que contribuyen a la polarización social mediante el incremento de la explotación, la miseria, las enfermedades y la desnutrición, son muestras de que esta dictadura no gobierna, sino que usurpa el poder social.

La doctrina de la muerte y la doctrina de la vida: Canoa, Fuenteovejuna y Zapote

Luis Ernesto Araya Vargas
Antropólogo e investigador

Hace poco vi la película mexicana Canoa: memoria de un hecho vergonzoso (1976), del guionista, director y cineasta Felipe Cazals Siena, basada en la triste historia de una masacre, entre muchas, de funcionarios universitarios y estudiantes en Hispanoamérica bajo la doctrina de muerte de la “Seguridad Continental”. Sucedió el 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, entonces un poblado de hablantes de náhuatl a 12 km de la ciudad de Puebla, capital del estado. Existe abundante documentación en prensa gráfica y documental. Les invito a verla si tienen la fortaleza.

Desconocía el hecho, y vinieron a mi memoria imágenes del 7 de agosto de 1995 frente a Casa Presidencial, en Zapote, San José, Costa Rica. En esa ocasión, según denuncias de la época, fue la policía política del régimen de “Chemise”, el CIP, la que se lanzó contra los manifestantes de la huelga del magisterio, luego de utilizar estrategias de contrainsurgencia y contrainteligencia para provocar la violencia. Sus víctimas también fueron del sector educativo: sindicalistas, jubilados, profesores, estudiantes, etc.

Esta compulsión violenta o misoginia opresiva es característica de regímenes autoritarios como el costarricense, de corte policial, que por un lado obvia las necesidades de infancias, adultos mayores, mujeres, hombres y otras minorías para sustituirlas por las de transnacionales, complejos extractivistas militares y mafias de contrabandistas regionales. Cuando las políticas públicas se vuelven en contra de la población es porque han sido asimiladas por la máquina continental del terror genocida y la dominación implementada por élites locales que permiten la infiltración de distintos parias en la institucionalidad al atacar los pilares del Estado de derecho, único garante de la “paz social”.

Podemos explicar este fenómeno de disociación cognitiva de la población, que no es capaz de notar la afectación tan grande a su soberanía, pues está sometida por el terror y el aparato mediático que la manipula. La soberanía nacional incluye la alimentaria, la económica, la educativa, la territorial y la cultural, todas necesarias para una identidad pluricultural integral.

En San Miguel Canoa observamos cómo se vilipendia el concepto de “soberanía del pueblo” debido a que la retórica del odio subvierte los contenidos de “lo bueno”, “lo aceptado” y “lo divino” a través de la coerción, trabajando junto al aparato de control ideológico. A través de un proceso continuo de genocidio cultural de más de 500 años, se arrebata la cultura nahua a los locales para transformarlos en “consumidores salvajes”, tan necesarios en las sociedades capitalistas, seres apáticos en el día a día. El analfabetismo en este caso es una condición previa de la dominación que facilita la deformación de la comunidad en muchedumbre asesina.

El concepto de “soberanía popular” o “soberanía del pueblo” fue acuñado por la academia en referencia a la obra literaria Fuenteovejuna, de Lope de Vega. La violencia ejercida sobre la comunidad u opresión no es nueva. Es una enfermedad social del poder presente en 1968 en Canoa, México; en 1995 en Casa Presidencial, Zapote, Costa Rica, y también en el municipio de Fuente Obejuna, Córdoba, España, en 1476.

Lope de Vega tuvo como fuente principal la Chrónica de las tres Órdenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara (1572), de Francisco de Rades y Andrada, complementada con la tradición oral de la España del siglo XV. Sobre la represión de 1995 en Costa Rica existe abundante información en medios de prensa escrita, así como recursos de hábeas corpus presentados a favor de las víctimas.

De igual manera, existe la intención de mantener el tema de las detenciones de 1995 alejado de la opinión pública, no solo por sus implicaciones políticas, sino porque el país carece de mecanismos efectivos que defiendan a las víctimas de la represión política y del abuso sistemático de sus derechos humanos, lo que favorece a las élites autoritarias y a la impunidad. Por ejemplo, no existe un reglamento o normativa que haga efectivo el Protocolo de Estambul, que permitiría sentar responsabilidades penales y civiles en casos de terrorismo de Estado.

Por supuesto que existen mafias en el poder que gustan de dejar estos portillos abiertos para operar impunemente, lo que es evidente en los tres casos abordados. Aunque el agente de la opresión como actor llega a desarrollar sus propias características en cada contexto, el análisis histórico nos permite profundizar en los antecedentes de la violencia, aproximándonos a las dinámicas actuales.

El ataque a la libertad de expresión y a los derechos culturales y humanos fundamentales de activistas y periodistas en el país, como Sylvia Ziesing, Erick Sojo (de Radio Zurquí) o Kevin López (Kevlo), es constante y, a mi juicio, obliga a cientos a refugiarse mes a mes, creando una crisis humanitaria de la que pocos hablan y de la que las autoridades son generadoras e invisibilizadoras.

Los mecanismos de la barbarie genocida utilizan lo mediático-ideológico para evitar que la verdad salga a la luz, pues el diálogo hace que el pus se evacue de las heridas abiertas para que puedan cicatrizar y el cáncer de la violencia desaparezca de las comunidades afectadas por el extractivismo. Son los agentes de la dominación quienes ejercen el control político manipulando el poder hegemónico dentro de las instituciones sociales (ideológica, militar, económica), creando la cortina de humo que anula la empatía.

En Canoa: el sacerdote y su cofradía de inescrupulosos, autoridades municipales, la policía y los pequeños propietarios de parlantes instalados en las esquinas del pueblo. El poder represivo delegado, desconcentrado y distribuido entre quienes operan en la impunidad. El 7 de agosto de 1995, día de San Cayetano, frente a Casa Presidencial en Costa Rica, los agentes de la dominación fueron la administración del expresidente José María Figueres Olsen, “Chemise” o “Chema”, cuyo ministro de Seguridad era J. D. Castro; los antimotines y la policía política del Centro de Investigación Policial, antecedente de la actual DIS. En la obra literaria de Lope de Vega, Fuenteovejuna, los agentes de la dominación son los Reyes Católicos, por voluntad divina, el burgués, el juez y el comendador mayor de la Orden de Calatrava.

Estos agentes atrofian las dinámicas comunitarias en donde la soberanía integra los tejidos del núcleo familiar, para someter a los individuos por coerción y manipulación. Para esto deben destruir lo comunitario, por lo que es relevante revisar los casos de Canoa y Fuenteovejuna, al ser arquetípicos y uno antítesis del otro. Además, comparten raíces culturales.

La comunidad española se libera de la opresión ostentando la soberanía y destruyendo la impunidad a través del levantamiento popular, mientras que en México el genocidio cultural, profundizado por centurias de continuismo, ha permitido la implementación de una mezcla de “caudillismo” religioso con “Seguridad Continental” a la mexicana.

En Canoa, el pueblo originario se encuentra encadenado por la retórica de la doctrina de la muerte, que se modifica según el enemigo creado, utilizando los principios de manipulación extractivista a medida. El diablo, los demonios y los universitarios o los funcionarios “comunistas” son personajes del constructo hegemónico fantástico y consolidan una cosmovisión deforme o aberrante, donde divinidades e inframundo forman parte del discurso planificado de la distopía para subvertir la verdad.

Su discurso está dirigido a quienes no tienen la costumbre de leer y contrastar la información o están coludidos con la represión. La esencia de la soberanía popular o “soberanía del pueblo” se manifiesta en las actividades comunitarias que reivindican lo propio y fortalecen el arraigo o vínculo con la tierra y la historia común. Son las comunidades las que empoderan a sus integrantes frente a la “tiranía” de la gentrificación y el genocidio cultural implementado por burócratas, funcionarios o representantes de transnacionales que poseen un acceso desmedido al poder. No se puede ignorar la posición comunitaria en las dinámicas de la dominación, pues el actor principal de la reivindicación es la comunidad y es, en su defecto, la víctima de la opresión.

A más de 500 años el uno del otro, los sucesos reflejan un conflicto entre el microcosmos comunitario y lo autoritario impuesto por una cultura hegemónica dominante, cuyo impacto fragmenta a los Estados nación al atacar su núcleo social. Los pueblos de Abya Yala e Hispanoamérica sufren el genocidio cultural cuando se despoja de la conciencia histórica a sus comunidades vulnerables y abandonadas.

Los genocidios no son exclusivos de pueblos “primitivos”, como en la retórica evolucionista civilizatoria de Occidente, que intenta justificarlos cual actos del positivismo liberador que llevan al “salvaje” de su estado indigno y retrasado a estados avanzados, sino que afectan efectivamente a las sociedades Estado dominantes, que se autodestruyen al eliminar sus únicas fuentes de cultura comunitaria. Son sociedades necrófilas y decadentes que naturalizan la violencia.

Recordemos que el presidente de Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026, amenazó con “aniquilar” a la nación de Irán si no alcanzaba un acuerdo con ellos, y es sabido que las negociaciones no solo son constantemente saboteadas por los ocupantes en Palestina, sino que él mismo ha faltado a acuerdos recientes sin dejar de hostigar militar y económicamente.

En Canoa, perdido en las faldas de La Malinche, famoso volcán, si antes llegó el conquistador con perros alanos, centurias después llegarían el sacristán Enrique Meza Pérez, la policía y demás funcionarios para continuar el despojo de tierras y costumbres durante la dictadura del PRI y de Gustavo Díaz Ordaz, quien, paradójicamente, también era originario de Puebla y acostumbró reprimir a la oposición ejerciendo un control político absoluto, como hizo al masacrar a unos 1400 estudiantes en la lucha del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Así como el fanatismo religioso se alimenta de miseria, la manipulación ideológica lo hace de la ignorancia, que beneficia las actividades “clandestinas” de caudillos locales y mafias burocráticas, estas enfrentadas al poder estatal, al federal y a las comunidades de México.

Tomando en cuenta estos elementos, veamos el caso de Costa Rica durante la represión de 1995 y la imposición directa de los poderes hegemónicos opuestos al Estado de bienestar. Llegarían a despojar de derechos adquiridos a la masa trabajadora, entonces sometida junto con la soberanía nacional, para justificar las incongruencias del neoliberalismo criollo.

En Canoa, el “sacerdote”, por medio del matonismo y la manipulación económica del pueblo náhuatl, logró convertirse en el “cacique” o “caudillo”, cosa común en esa nación tan vasta y llena de territorios ingobernables. El fenómeno caudillista suele aparecer en esas zonas donde el Estado no tiene presencia o es meramente nominal. Por otro lado, el “caudillo” costarricense de 1995 fue José María Figueres Olsen, máximo sacerdote de la cofradía PLN, que, como el PRI, se mantiene en la política. Pero no nos detengamos analizando a estos personajes de película de terror autoritario.

En Canoa se habían instalado altoparlantes al tope de altos postes para pregonar a la población ideas extremistas. Estos medios, utilizados por fanáticos religiosos, son antecesores de los medios masivos y de las redes sociales. Sirvieron para atizar el linchamiento colectivo y el asesinato de Manuel Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz, todos trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, y de Lucas García, poblador que dio refugio a los jóvenes en su casa, y de su hermano Bernardo García.

Una analogía moderna de los altoparlantes de Canoa la encontramos en los noticieros y en las redes sociales, que trabajan junto a la infraestructura de vigilancia y control del poder en Occidente. Para los costarricenses todo se pone peor si contrastamos esta alarmante realidad con el hecho de que el Poder Judicial tiene una tasa de impunidad altísima, debido a que los procesos judiciales no se finalizan o no se investigan del todo en más de un 95,5% de los casos.

En el caso costarricense, con la reforma impulsada por el Gobierno de José María Figueres, siendo ministro de Trabajo Farid Ayales, se despojó a los trabajadores, que tan duro habían trabajado, de derechos sobre el Fondo de Pensiones del Magisterio. Lo mismo que quieren hacer con el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones). Así como se esfuma la vida de los trabajadores, los tagarotes de la opresión económica y la especulación siguen enriqueciéndose.

En los casos costarricense y mexicano se utiliza la opresión como arma política contra miembros de la comunidad, estudiantes y funcionarios de la educación, que se convierten en víctimas. La impunidad de estos hechos hace que la violencia sea difusa pero constante, cumpliendo eficazmente el objetivo de su diseño: el terror social.

En un amplio espectro de violencia sistémica, que en Canoa llegó al ensañamiento, el linchamiento y el asesinato, y que en Costa Rica se expresó en agresiones, detenciones y violencia policial, ambos casos coinciden en víctimas y mecanismos represivos. Varían en otros elementos del contexto histórico, pero aplican la dominación de igual manera contra manifestantes y funcionarios educativos por igual. Se nota la existencia de objetivos puntuales, y a nivel macro las oleadas represivas coinciden en estrategia.

En las manifestaciones chilenas de 2019 y en las colombianas del Paro Nacional de 2019 y el estallido social de 2021, cientos de personas fueron atacadas con escopetas y balas de goma, y perdieron sus ojos debido a la gravedad de las heridas. Este ensañamiento es inculcado por asesores extranjeros. Los ciclos de la violencia que refuerzan la dominación se aplican como políticas de “shock” desde la cabeza de la hidra hasta las comunidades.

Tanto la masacre de Canoa, en Puebla, como la represión frente a Casa Presidencial en 1995 siguen impunes. No se ha juzgado a los ejecutores ni a los actores intelectuales de la represión. De igual manera, existe un encubrimiento que evita traer a la luz los hechos. Los eventos tuvieron como objetivo someter a la población y atacar a los funcionarios universitarios o estudiantes, pues estos denuncian los abusos del autoritarismo. Mientras las autoridades están coludidas o son inoperantes, los represores sostienen el genocidio cultural, perpetuando la impunidad y la descomposición social.

El ejercicio de fortalecer la memoria histórica define nuestro futuro, pues nos permite corregir errores del pasado, y es pertinente ahondar en los eventos de la huelga del magisterio de 1995 en Costa Rica para comprender la realidad actual del país; sin embargo, será contenido de otro texto. Es importante resaltar que, comparando la violencia política en el continente, podemos reconocer patrones que nos ayudarán a prevenir las lacras de la violencia social.

Imagen: Extracto de la película Canoa.

Sin pueblo no hay revolución – Elecciones en Venezuela

José A. Amesty Rivera

Desde enero de 2026, Venezuela vive una crisis política y constitucional que ha abierto un fuerte debate dentro y fuera del país; todo comenzó con la captura-secuestro del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de EEUU. A partir de ese momento surgió una pregunta que sigue sin tener una respuesta única, ¿qué debe hacerse cuando un presidente queda fuera del ejercicio de sus funciones por una situación que la Constitución nunca imaginó-previó?

Y aquí empiezan las diferencias. Para el gobierno venezolano, lo ocurrido fue una agresión directa contra la soberanía nacional, su argumento es sencillo, Nicolás Maduro no renunció, no murió, no fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, ni fue revocado por el voto popular; es decir, ninguna de las causas que la Constitución reconoce como una falta absoluta se ha producido. Por esto sostiene que Maduro sigue siendo el Presidente de la República y que, mientras dure su ausencia forzada, corresponde a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir las funciones del Ejecutivo, sin que exista la obligación inmediata de convocar nuevas elecciones.

La oposición, por otro lado, sostiene una posición completamente distinta. Afirma que, aunque la Constitución no habla expresamente de un presidente capturado por una potencia extranjera, la realidad demuestra que Maduro no puede ejercer el cargo y que esa situación debe considerarse una falta absoluta. Según esta interpretación, el artículo 233 obliga a convocar elecciones presidenciales para que sea el pueblo quien decida el rumbo del país.

Varios especialistas en Derecho Constitucional coinciden en que la Constitución venezolana nunca previó un escenario como este. El artículo 233 enumera cuáles son las faltas absolutas del Presidente: la muerte, la renuncia, la destitución por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una incapacidad permanente certificada, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional o la revocatoria del mandato mediante referéndum.

También establece que, si una falta absoluta ocurre durante los primeros cuatro años del período presidencial, el Vicepresidente Ejecutivo asume temporalmente la Presidencia y deben convocarse elecciones universales, directas y secretas dentro de los treinta días siguientes.

El problema es que la Constitución no dice qué hacer cuando un presidente es capturado y permanece fuera del país por decisión de un gobierno extranjero, este vacío jurídico es precisamente el origen del debate que hoy divide a Venezuela, pero más allá de la discusión legal, hay un tema mucho más profundo.

Durante más de dos siglos, América Latina ha vivido bajo la sombra de las intervenciones extranjeras, nuestra historia está llena de invasiones, bloqueos económicos, golpes de Estado y presiones de las grandes potencias.

Desde la ocupación de Haití por EEUU, pasando por el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala, el golpe contra Salvador Allende en Chile o la invasión a Panamá, la experiencia nos ha enseñado que cuando una potencia decide intervenir en otro país, casi nunca lo hace por amor a la democracia, generalmente existen intereses económicos, estratégicos o políticos detrás de estas decisiones.

Por esto, cualquier persona que se considere de izquierda, democrática y latinoamericanista tiene razones para rechazar una intervención extranjera en Venezuela, no importa si se simpatiza o no con el gobierno de Nicolás Maduro; permitir que un país decida por la fuerza el destino político de otro, abre un precedente muy peligroso para toda América Latina, sin embargo, aquí aparece otro problema igual de importante. Defender la soberanía no significa que la democracia pueda ponerse en pausa por tiempo indefinido.

La izquierda latinoamericana siempre ha levantado dos banderas: la independencia de nuestros pueblos y el derecho de esos pueblos a decidir su propio destino, una bandera sin la otra pierde sentido.

Nuestra propia historia también demuestra que algunos gobiernos, en nombre de la defensa de la soberanía, terminaron alejándose poco a poco de los mecanismos democráticos que les dieron legitimidad, esto es un riesgo que no puede ignorarse.

La Constitución venezolana de 1999, impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez, fue creada precisamente para que las crisis políticas no se resolvieran con la fuerza, sino con reglas claras. Por esto estableció procedimientos para las ausencias del presidente y para garantizar que, cuando fuera necesario, el pueblo volviera a decidir mediante el voto; nadie imaginó que algún día Venezuela enfrentaría una situación como la actual.

Ante este vacío, el Tribunal Supremo de Justicia optó por una interpretación excepcional que permitió mantener la continuidad del gobierno sin convocar elecciones. Para el oficialismo, esta fue la única manera de enfrentar una agresión extranjera sin romper el orden constitucional; pero esta decisión también ha generado dudas.

Reiterando, el chavismo insiste en que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional porque ninguna de las causas previstas en el artículo 233 ha ocurrido. La oposición responde que un presidente que no puede ejercer sus funciones durante un tiempo indefinido deja de gobernar en la práctica y que, por respeto a la propia Constitución, corresponde devolver la palabra al pueblo, estas dos posiciones tienen argumentos jurídicos.

Pero las Constituciones no solo se leen palabra por palabra, también deben interpretarse según el espíritu con el que fueron escritas, y este espíritu, en el caso venezolano, siempre tuvo un objetivo claro, que la voluntad popular fuera la máxima fuente de legitimidad; vale aquí la pena, recordar una de las principales enseñanzas de Hugo Chávez.

Cada vez que enfrentó una crisis importante buscó el respaldo de las urnas, ganó elecciones presidenciales, impulsó referendos, promovió consultas populares y convirtió el voto en la principal herramienta para enfrentar a sus adversarios nacionales e internacionales. Su mensaje era y es claro, ningún poder es más fuerte que la decisión del pueblo, este legado merece ser recordado.

Cuando un gobierno tiene respaldo popular, unas elecciones no deberían darle miedo, al contrario, fortalecen su legitimidad. Cuando las elecciones se aplazan una y otra vez, inevitablemente aparecen preguntas y desconfianza.

También la izquierda debe evitar otro error que ha cometido en distintos momentos de la historia, pensar que cualquier crítica a un gobierno progresista favorece automáticamente al imperialismo, y no siempre es así. Se puede rechazar una intervención extranjera y, al mismo tiempo, defender que la Constitución se cumpla, se puede condenar el intervencionismo de EEUU y también pedir que el pueblo venezolano vuelva a expresarse en las urnas; no hay ninguna contradicción en esta postura.

La Revolución Cubana resistió durante décadas porque logró construir una fuerte legitimidad interna a pesar del bloqueo estadounidense; la Revolución Sandinista, en Nicaragua, mostró que incluso los procesos con un enorme respaldo popular pueden desgastarse cuando disminuyen los espacios de participación; en Bolivia, el gobierno de Evo Morales enfrentó una crisis política, cuando surgieron cuestionamientos sobre los límites constitucionales de la reelección.

Cada proceso tiene su propia historia, pero todos dejan una enseñanza común, ninguna revolución puede vivir únicamente de su pasado; la legitimidad debe renovarse constantemente mediante la participación del pueblo y esto también vale para Venezuela.

Condenar la intervención estadounidense, es una obligación para quienes defendemos la soberanía latinoamericana, pero también es válido preguntarse cuánto tiempo puede mantenerse una situación excepcional, sin consultar nuevamente a los ciudadanos/as.

Al final, existe un principio que ninguna izquierda democrática debería abandonar jamás, la soberanía pertenece al pueblo, no pertenece a un partido, no pertenece a un gobierno, no corresponde a un líder, y, por supuesto, tampoco a una potencia extranjera.

Si el pueblo es el verdadero dueño de la soberanía, entonces las grandes crisis nacionales deben resolverse devolviéndole la palabra, esto significa elecciones libres, transparentes, con garantías para todas las fuerzas políticas y con observación internacional que dé confianza a todos los sectores, no se trata de aceptar imposiciones desde Washington, se trata, precisamente, de impedirlas.

Porque la mejor respuesta frente a cualquier intento de intervención extranjera es que sean los propios venezolanos/as quienes decidan democráticamente el futuro de su país; hoy la izquierda latinoamericana tiene la oportunidad de demostrar coherencia.

Puede condenar cualquier violación de la soberanía venezolana, puede exigir respeto al Derecho Internacional, puede rechazar toda forma de intervención militar o política desde el exterior. Y, al mismo tiempo, puede defender el derecho del pueblo venezolano a renovar democráticamente la legitimidad de sus instituciones, no hay contradicción entre ambas cosas, al contrario, una fortalece a la otra.

José Martí decía que un pueblo no se construye, cómo se organiza un campamento militar. Augusto César Sandino recordaba que la soberanía no se negocia. Salvador Allende repetía que la historia la hacen los pueblos. Hugo Chávez insistía en que el poder constituyente residía en la voluntad popular.

Todos, desde épocas y realidades distintas, coincidían en una idea sencilla y poderosa, el pueblo debe ser siempre el protagonista de su propia historia. Por esto, la salida a la crisis venezolana no puede decidirse en Washington, ni en los cuarteles, ni únicamente en los tribunales, debe decidirse donde siempre debió estar la última palabra, en las urnas electorales; porque ningún imperio tiene derecho a escoger quién gobierna Venezuela, pero tampoco ninguna crisis, por grave que sea, puede justificar que la voz del pueblo permanezca indefinidamente en silencio.

La soberanía y el voto electoral no son caminos opuestos, son dos principios que deben caminar juntos, cuando uno falta, el otro termina perdiendo fuerza. Y una izquierda que olvida cualquiera de los dos corre el riesgo de dejar de ser fiel a su propia historia.

Palestina: la dignidad y lucha de los pueblos

José A. Amesty Rivera

Durante años nos han dicho que Palestina es un conflicto lejano, complicado y difícil de entender, nos repiten que es un problema milenario lleno de matices que sólo los expertos pueden explicar, pero para muchos pueblos de América Latina la cuestión es bastante más sencilla de lo que pretenden hacernos creer.

Cuando un pueblo vive bajo ocupación, cuando su territorio se reduce cada año, cuando miles de familias son desplazadas, cuando los bombardeos destruyen escuelas, hospitales y viviendas, y cuando la comunidad internacional mira para otro lado, estamos frente a una injusticia que cualquier persona puede comprender.

Por eso Palestina ya no es solamente un tema de Medio Oriente, se ha convertido en una causa mundial, una causa que interpela a quienes creen en la soberanía de los pueblos, en la autodeterminación y en el derecho de las naciones a vivir libres de la dominación extranjera.

En América Latina esta realidad tiene un significado especial, ya que nuestros pueblos conocen bien lo que significa sufrir la intervención de potencias extranjeras, el saqueo de recursos naturales, los bloqueos económicos, las presiones diplomáticas y las campañas mediáticas destinadas a justificar lo injustificable.

Nuestra historia está marcada por siglos de colonialismo: primero fueron los imperios europeos, después llegaron nuevas formas de dependencia económica, política y cultural; cambiaron los métodos, pero muchas veces el objetivo siguió siendo el mismo, impedir que los pueblos decidan libremente su destino.

Por eso la causa palestina encuentra tanta solidaridad en nuestra región, no porque las realidades sean idénticas, sino porque existe una experiencia común de resistencia frente a formas de dominación, que adoptan distintos rostros según la época y el lugar.

Defender a Palestina no significa estar contra el pueblo judío ni contra ninguna religión, esto es importante decirlo con claridad.

El pueblo judío sufrió algunas de las persecuciones más terribles de la historia, como el antisemitismo que provocó sufrimiento, discriminación y tragedias inmensas, culminando en el horror del Holocausto, este hecho debe ser reconocido y condenado sin ninguna ambigüedad.

Pero precisamente porque conocemos esta historia, también debemos afirmar algo fundamental, ningún sufrimiento histórico puede justificar la negación de los derechos de otro pueblo. La defensa de los derechos humanos no puede aplicarse según la conveniencia política de las grandes potencias; si creemos en la dignidad humana, debemos defenderla siempre y para todos.

Por esto rechazamos el antisemitismo con la misma fuerza con que rechazamos la islamofobia, el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

También rechazamos una práctica cada vez más utilizada, presentar cualquier crítica a las políticas del gobierno israelí, como si fuera un ataque contra todo el pueblo judío; una cosa es cuestionar las decisiones de un gobierno, y otra muy distinta es discriminar a una comunidad o una religión, ya que no son lo mismo.

Criticar las decisiones de un gobierno es un derecho democrático, de la misma manera que se cuestionan las políticas de Estados Unidos, Francia, Rusia, China o cualquier otro país, también pueden cuestionarse las acciones de Israel. Confundir deliberadamente estas cosas sólo sirve para bloquear el debate y evitar que se discutan problemas reales.

Otro aspecto que merece atención es el papel de los grandes medios de comunicación internacionales. Durante décadas, buena parte de la información sobre Palestina ha llegado al mundo filtrada por intereses políticos y geopolíticos muy concretos.

Las víctimas palestinas suelen aparecer reducidas a números, sus historias rara vez ocupan las primeras planas, sus voces son muchas veces invisibilizadas.

Mientras tanto, determinados relatos reciben una cobertura permanente y una legitimidad, que pocas veces se concede a otros pueblos que sufren conflictos similares.

No se trata de conspiraciones ni de explicaciones simplistas, se trata de reconocer que la información también es un terreno de disputa política, ya que los pueblos tienen derecho a conocer todas las versiones de los hechos para formar sus propias opiniones.

La cuestión palestina también nos obliga a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, durante muchos se intentó imponer la idea de que unas pocas potencias tenían derecho a decidir qué gobiernos eran legítimos, qué guerras eran aceptables y qué pueblos merecían solidaridad internacional.

Sin embargo, el mundo está cambiando, cada vez más países reclaman relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la igualdad soberana entre los Estados.

Para América Latina, esta discusión es especialmente importante. La independencia política conquistada en el siglo XIX, sigue siendo una tarea inconclusa mientras persistan formas de dependencia económica, financiera y tecnológica.

Por esto la integración regional sigue siendo una necesidad estratégica, Bolívar soñó con una América Latina unida, porque comprendía que nuestros países aislados serían más vulnerables frente a los intereses de las grandes potencias, dos siglos después, esta lección mantiene plena vigencia.

La defensa de Palestina también nos recuerda la importancia de construir un mundo multipolar, donde ninguna potencia pueda imponer unilateralmente sus intereses sobre el resto de la humanidad.

Un mundo donde el derecho internacional se aplique a todos por igual, un mundo donde los derechos humanos no dependan del poder militar, económico o diplomático de quien los viola.

Desde una perspectiva latinoamericanista, la solidaridad con Palestina forma parte de una disputa más amplia, es la misma lucha por la soberanía que libraron nuestros libertadores, el combate de los pueblos indígenas que defendieron sus territorios, la pelea de quienes enfrentaron dictaduras, bloqueos e intervenciones extranjeras, la batalla de quienes creen que la dignidad no se negocia.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad importante en este debate, debe mantener una posición firme en defensa de los derechos humanos sin caer en prejuicios religiosos, étnicos o culturales, debe denunciar las injusticias donde ocurran, sin dobles raseros y debe recordar que los principios sólo tienen valor cuando se aplican de manera coherente.

Si estamos contra la ocupación de territorios, debemos estarlo siempre, si defendemos la autodeterminación de los pueblos, debemos hacerlo sin excepciones, si creemos en la igualdad entre las naciones, no podemos aceptar que algunas tengan más derechos que otras.

Palestina interpela precisamente esta coherencia; nos obliga a preguntarnos si los derechos humanos son realmente universales o si dependen de intereses geopolíticos, nos obliga a decidir si la soberanía es un derecho para todos o un privilegio reservado para unos pocos y nos obliga a recordar que la solidaridad internacional no es una consigna vacía, es un compromiso concreto con quienes sufren injusticias.

Por esto la causa palestina sigue despertando apoyo en sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones populares, espacios culturales y comunidades de toda América Latina, ya que muchos reconocen en esta lucha algo que forma parte de nuestra propia memoria histórica.

La memoria de quienes resistieron la colonización, la memoria de quienes enfrentaron imperios, la memoria de quienes se negaron a aceptar que el poder de la fuerza estuviera por encima de la fuerza de la razón.

La solidaridad con Palestina no nace del odio hacia nadie, nace de una convicción profundamente humana y profundamente latinoamericana, que ningún pueblo debe vivir sometido, desplazado o privado de sus derechos fundamentales.

Y mientras exista un pueblo luchando por su tierra, por su soberanía y por su dignidad, esta causa seguirá encontrando eco en los corazones de millones de hombres y mujeres de Nuestra América.

Porque la lucha de Palestina, como todas las luchas por la libertad, nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa, los pueblos pueden ser golpeados, pueden ser bloqueados, pueden ser silenciados durante un tiempo, pero nunca dejan de luchar cuando está en juego su derecho a existir y a decidir su propio destino.

La hostilidad contra el voto electoral

José A. Amesty Rivera

Durante las últimas tres décadas, América Latina ha vivido una intensa pelea política entre proyectos que buscan ampliar derechos sociales, fortalecer el papel del Estado y reducir desigualdades, y sectores económicos, mediáticos y políticos que defienden modelos más conservadores o neoliberales. En este escenario, las elecciones han sido fundamentales, pero no siempre suficientes.

Cada vez que un proyecto progresista o de izquierda, ha logrado llegar al gobierno por la vía democrática, han aparecido distintos mecanismos para limitarlo, debilitarlo o expulsarlo del poder. Algunas veces fueron golpes de Estado clásicos, con militares en las calles, otras veces se utilizaron fórmulas más sofisticadas como: campañas mediáticas permanentes, persecuciones judiciales, destituciones exprés, bloqueos institucionales o procesos conocidos como lawfare, es decir, el uso político del sistema judicial para neutralizar adversarios.

No existe consenso absoluto sobre cuántos casos deben clasificarse como golpes, lawfare o maniobras antidemocráticas. Sin embargo, al observar la región entre mediados de los años noventa y la actualidad, pueden identificarse al menos una decena de episodios relevantes que afectaron a gobiernos o líderes progresistas elegidos democráticamente.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Tras una intensa confrontación política, sectores militares y empresariales lograron sacar temporalmente del poder al presidente Comandante Hugo Chávez y durante horas se instaló un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona.

La movilización popular y la reacción de sectores militares leales permitieron el retorno de Chávez al poder en menos de 48 horas. Este episodio mostró que, incluso en pleno siglo XXI, los golpes tradicionales seguían siendo una posibilidad.

En junio de 2009, militares hondureños sacaron de su casa al presidente Manuel Zelaya del país y lo enviaron al extranjero. Aunque los promotores intentaron presentar la acción como una medida constitucional, buena parte de la comunidad internacional la calificó como golpe de Estado.

El caso hondureño marcó una nueva etapa, la combinación de instituciones civiles, tribunales y fuerzas armadas para justificar la ruptura del orden democrático.

Otro caso fue la destitución relámpago de Fernando Lugo en Paraguay, fue sometido a un juicio político que duró apenas unas horas y tuvo escasas garantías para ejercer su defensa. Aunque formalmente se respetó el procedimiento constitucional, numerosos gobiernos latinoamericanos consideraron que se trató de un “golpe parlamentario”. El mensaje fue claro, ya no era necesario sacar tanques a la calle para remover a un presidente incómodo.

Recordemos igualmente la caída de Evo Morales en Bolivia, la crisis boliviana de 2019 sigue siendo objeto de debate político e histórico. Tras denuncias de irregularidades electorales, presiones policiales y militares llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Sus partidarios sostienen que fue un golpe de Estado; sus detractores afirman que fue consecuencia de una crisis institucional provocada por el propio gobierno. Lo cierto es que un presidente electo abandonó el cargo bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, un hecho extremadamente grave para cualquier democracia.

Por otro lado, irrumpe el Lawfare, que es la nueva cara de los golpes del siglo XXI. Durante buena parte del siglo XX, cuando las élites económicas y políticas querían sacar del camino a un gobierno popular, recurrían a los cuarteles, los tanques y los golpes militares. América Latina conoció demasiado bien esa historia.

Sin embargo, en el siglo XXI, esos métodos comenzaron a tener un alto costo político, ya no era tan fácil justificar ante el mundo que un grupo de militares derrocara a un gobierno elegido por el pueblo. Fue entonces cuando apareció una herramienta más sofisticada, el lawfare.

La palabra combina los términos ingleses law (ley) y warfare (guerra). En términos simples, significa utilizar las instituciones judiciales como armas de combate político. Desde la perspectiva de amplios sectores de la izquierda latinoamericana, el objetivo no es hacer justicia, sino neutralizar, desacreditar o sacar de la competencia electoral a dirigentes populares que no pudieron ser derrotados en las urnas electorales.

El mecanismo suele repetirse así: primero aparecen denuncias amplificadas durante meses por grandes medios de comunicación; luego llegan filtraciones selectivas, titulares escandalosos y una condena mediática anticipada; finalmente, fiscales y jueces impulsan procesos que terminan debilitando políticamente al dirigente señalado, aunque años después muchas de esas causas se derrumben o sean anuladas.

Para millones de latinoamericanos, el caso de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, representan ejemplos de esta nueva modalidad de confrontación política. La acusación central es que determinados sectores del poder económico, mediático y judicial habrían actuado coordinadamente para impedir que proyectos populares mantuvieran o recuperaran el gobierno.

Por esto muchos movimientos sociales sostienen que los golpes del siglo XXI, ya no siempre usan botas militares, muchas veces usan trajes, micrófonos y togas.

Ahora, hablar de democracia, desestabilización y participación en América Latina sin mencionar a EEUU, sería dejar incompleto el análisis.

Durante décadas, Washington intervino abierta o encubiertamente en los asuntos internos de la región. Los golpes contra gobiernos reformistas o nacionalistas, en distintos países dejaron una huella profunda en la memoria colectiva latinoamericana. Esta historia explica por qué muchos sectores populares observan con desconfianza cualquier forma de injerencia extranjera.

Aunque los tiempos han cambiado y ya casi no predominan las intervenciones directas que marcaron gran parte del siglo XX, desde la izquierda latinoamericana existe la percepción de que continúan operando mecanismos de presión política, económica y diplomática destinados a influir en el rumbo de los países de la región.

Cuando gobiernos progresistas intentan fortalecer el papel del Estado, recuperar el control de recursos naturales estratégicos, impulsar proyectos de integración regional o desarrollar una política exterior más independiente, suelen encontrarse con fuertes resistencias provenientes de centros de poder internacionales.

Desde esta mirada, la disputa no es solamente entre izquierda y derecha, también es una disputa por la soberanía; es decir, por el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino sin tutelas externas.

Por esta razón, para amplios sectores progresistas, la defensa de la democracia implica no solo impedir golpes o maniobras internas, sino también proteger la capacidad de cada nación para tomar decisiones de manera autónoma.

Hay otro elemento que se suma al análisis como un nuevo campo de batalla político. Si en el siglo pasado la batalla por la opinión pública se libraba principalmente en periódicos, radios y canales de televisión, hoy una parte importante de esa lucha se desarrolla en las redes sociales.

Facebook, X, Instagram, TikTok y otras plataformas se han convertido en espacios donde millones de personas reciben información política todos los días, pero también se han transformado en escenarios de confrontación ideológica permanente.

Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, las redes han permitido romper parcialmente el monopolio informativo de los grandes grupos mediáticos. Movimientos sociales, organizaciones populares y medios alternativos han encontrado allí un espacio para difundir sus ideas y disputar el relato dominante.

Sin embargo, las mismas herramientas que democratizan la comunicación también pueden utilizarse para manipularla. Campañas de noticias falsas, ejércitos de bots, cuentas automatizadas, operaciones coordinadas de desinformación y ataques digitales forman parte del nuevo arsenal político del siglo XXI. En cuestión de horas puede construirse una narrativa capaz de instalar sospechas, destruir reputaciones o generar climas de descontento social.

El problema se agrava, porque los datos de redes suelen premiar los contenidos más emocionales, agresivos o escandalosos. La mentira muchas veces circula más rápido que la verdad, y una acusación impactante suele tener más alcance que una explicación rigurosa.

Por esto, para muchos analistas progresistas, las redes sociales se han convertido en un terreno decisivo de la lucha política contemporánea; allí se construyen consensos, se moldean percepciones y, en algunos casos, se preparan las condiciones para procesos de desestabilización.

La disputa por la democracia en América Latina ya no ocurre únicamente en los parlamentos, los tribunales o las calles, también ocurre en las pantallas de millones de teléfonos móviles, donde cada día se libra una batalla silenciosa por las ideas, la memoria y el sentido común.

Igualmente, si los golpes clásicos generan rechazo internacional inmediato, el lawfare suele ser más difícil de identificar, porque utiliza instituciones que, en teoría, deberían actuar con imparcialidad. Veamos algunos casos concretos:

Probablemente el caso más citado sea el de Lula da Silva. El ex presidente brasileño fue condenado y encarcelado en 2018, quedando fuera de las elecciones que encabezaba en las encuestas.

Años después, las condenas fueron anuladas por el sistema judicial brasileño debido a irregularidades procesales y cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos magistrados. Para millones de personas, aquello confirmó que la justicia había sido utilizada como herramienta política.

Recordemos que antes del encarcelamiento de Lula, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un juicio político. Sus adversarios argumentaron que había cometido irregularidades fiscales; y sus partidarios sostuvieron que se trató de una maniobra para revertir en el Congreso lo que no habían logrado en las urnas. La destitución abrió una profunda discusión sobre los límites entre los mecanismos constitucionales y la utilización política de esos mecanismos.

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la ex presidenta enfrentó múltiples causas judiciales durante años; sus seguidores denunciaron una estrategia coordinada entre sectores judiciales, políticos y mediáticos para impedir su regreso al poder o debilitar su influencia. Más allá de las posiciones partidarias, el caso se ha convertido en una referencia obligada en los debates latinoamericanos sobre lawfare.

Rafael Correa en Ecuador, tras dejar la presidencia, Rafael Correa fue objeto de varios procesos judiciales que culminaron en condenas que le impidieron competir electoralmente. Sus partidarios consideran que se trató de una persecución política, destinada a excluirlo de la vida pública. Sus adversarios sostienen que se aplicó la ley; la controversia sigue abierta.

Los golpes y el lawfare no son los únicos mecanismos utilizados para debilitar gobiernos progresistas, también, han surgido, otras formas de desgaste y desestabilización, como: la Guerra Mediática. En varios países, grandes conglomerados de comunicación han mantenido enfrentamientos permanentes con gobiernos de izquierda o centroizquierda. La crítica periodística es parte esencial de la democracia, pero cuando la información se mezcla con campañas sistemáticas de desinformación, el debate público se deteriora.

El Bloqueo Legislativo, algunos gobiernos han enfrentado congresos hostiles que utilizan todos los mecanismos disponibles para impedir reformas o paralizar la gestión pública. Aunque estas prácticas pueden ser legales, a veces terminan vaciando de contenido el mandato popular expresado en las urnas. La Persecución Económica, fugas de capitales, ataques especulativos, boicots empresariales o presiones financieras, también han sido señalados en distintos momentos como herramientas para debilitar gobiernos considerados incómodos por ciertos sectores económicos. La Interferencia Externa, la historia latinoamericana está llena de intervenciones extranjeras. Aunque los métodos han cambiado, muchos analistas sostienen que continúan existiendo presiones diplomáticas, económicas y políticas sobre gobiernos que buscan caminos autónomos de desarrollo.

¿Cuántos casos hubo realmente de Intervenciones Extranjeras?

Si se consideran únicamente los episodios más relevantes de los últimos treinta años, pueden identificarse aproximadamente, 4 casos ampliamente descritos como golpes o rupturas del orden democrático contra gobiernos progresistas. Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012) y Bolivia (2019).

Entre 4 y 6 casos frecuentemente señalados como ejemplos de lawfare o judicialización de la política. Brasil (Lula y Dilma), Argentina (Cristina Fernández), Ecuador (Rafael Correa) y otros procesos discutidos en distintos países.

Numerosos episodios de bloqueo institucional, campañas de desinformación y conflictos de alta intensidad política. La cifra exacta depende de la definición utilizada, pero el patrón es evidente, cuando sectores populares logran conquistar gobiernos mediante el voto, la disputa por el poder no termina el día de la elección.

¿Cómo evitar estas anomalías intervencionistas?

La experiencia latinoamericana deja varias lecciones. Democratizar la justicia. Los sistemas judiciales deben ser independientes, tanto de los gobiernos como de los grandes poderes económicos; los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y sometidos al escrutinio público. Combatir la concentración mediática. Una democracia saludable necesita pluralidad informativa, ningún grupo económico debería tener la capacidad de monopolizar la construcción de la opinión pública. Fortalecer la educación política. Una ciudadanía informada es menos vulnerable a campañas de manipulación. La formación cívica debe convertirse en una prioridad regional. Garantizar la subordinación militar al poder civil. Las fuerzas armadas deben mantenerse alejadas de la disputa partidaria; la historia demuestra que cuando los militares se convierten en árbitros políticos, la democracia se debilita. Construir organismos regionales fuertes. La integración latinoamericana puede actuar como mecanismo de protección frente a rupturas institucionales; cuando los países reaccionan de manera coordinada, resulta más difícil legitimar acciones antidemocráticas. Mayor transparencia en el financiamiento político. Es fundamental conocer quién financia campañas, fundaciones, organizaciones políticas y operaciones comunicacionales; la confusión suele favorecer la influencia de intereses ocultos. Movilización popular permanente. La democracia no puede reducirse al acto de votar cada cierto año, la organización social, sindical, comunitaria y ciudadana es una garantía fundamental frente a intentos de desestabilización.

Finalmente, la historia reciente de América Latina demuestra que la democracia sigue siendo un terreno de disputa. Los golpes militares tradicionales son menos frecuentes que en el siglo XX, pero han surgido nuevos mecanismos para alterar o condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.

Sea mediante golpes abiertos, destituciones aceleradas, persecuciones judiciales o campañas de desgaste permanente, el objetivo suele ser el mismo, modificar por vías extraordinarias lo que fue decidido por la ciudadanía.

La principal enseñanza de estas tres décadas, es que la democracia no se defiende sola, requiere instituciones sólidas, justicia independiente, medios plurales, participación ciudadana y una vigilancia constante, frente a cualquier intento de sustituir la soberanía popular por intereses minoritarios. Porque cuando el voto deja de ser respetado, no pierde únicamente un partido o un líder político, pierde la democracia entera y el pueblo.

La dignidad del cargo

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Mi padre, que tantas cosas buenas me enseñó, me habló siempre de lo que él llamaba: el respeto a la dignidad del cargo, pues consideraba que siempre se debe respetar el cargo, función o papel que cada quien tenga en la sociedad, por humilde, sencillo o encumbrado que sea y así, también, ser uno respetado. Pero, sobre todo reiteraba, uno debe respetar su propio cargo, su dignidad, y el que puede representar al ejercer una función, ya sea de carácter privado o público, pues quien no respeta la dignidad de su cargo se irrespeta a sí mismo y a los demás. Hoy, tal vez, muchos estén en desacuerdo con el pensamiento de mi querido padre, pero para mi siguen siendo palabras sabias.

De ahí que cuando escucho los insultos e improperios que salen de la boca de altos jerarcas del gobierno de nuestro país, que se dan el lujo de utilizar un podio presidencial o la curul legislativa para “mentar la madre”, imitar la forma de hablar de otras personas o propalar insultos y agravios a otros funcionarios públicos o personas irrespetando, precisamente, su propia dignidad personal o funcional, me da enorme tristeza por la Patria. Para mi resulta, de remache, un signo evidente de la decadencia nacional, que haya un porcentaje importante de costarricenses que aplauden, apoyan y hasta se satisfacen de semejantes desafueros, gracias a la posverdad y mentiras que generan las políticas de odio que utilizan los sistemas autoritarios o de aspirantes a fascistas. Por lo anterior, lo ocurrido esta semana en las oficinas de la Presidencia de la República ante la “invitación” de la presidenta Laura Fernández a los miembros de los poderes judicial y legislativo, resulta chocante y bochornoso y justifica una elemental explicación de Educación Cívica, muy elemental para que se entienda, como una dosis necesaria de ubicación institucional.

Presten atención doña Laura, el Mini Chaves y todos los demás que se sienten parte de la “Corte Imperial”: dice la Constitución Política -que todos juraron obedecer (hasta los ateos)- que Costa Rica es una República (¡y solo una¡) libre, independiente y que la soberanía reside exclusivamente en la Nación, y de acuerdo al artículo 4, nadie puede asumir “la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre” pues eso es caer en la sedición; primera cosa importante de la urgente ubicación mental de algunos funcionarios que ya tienen tiempo de andar muy cerca del filo de esa navaja.

Ahora, debemos referirnos al artículo 9 de la CP que señala ,claramente, que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable ejercido, en primer lugar, por el pueblo y luego por tres poderes distintos e independientes entre si, y en el orden cita en primer lugar al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y ninguno puede delegar las funciones que le son propias y en ninguna parte del texto constitucional se dice que, alguno de ellos, tiene primacía sobre otro, al contrario señala la independencia de cada uno.

Por otra parte, el capítulo IX se refiere al Poder Legislativo y señala que la potestad de legislar reside en el pueblo, que por medio del sufragio lo delega a la Asamblea Legislativa a través de 57 diputados que lo son por la Nación y no por ningún partido, a nadie más, y establece la opción del referéndum excluyendo determinadas materias que, por cierto, están contempladas en lo que ha anunciado doña Laura. Por ello ese poder lo integran los 57 por igual, y merecen el respeto a la dignidad de su cargo, pues son los legítimos representantes del soberano.

El capítulo X posterior, se refiere al Poder Ejecutivo que, de acuerdo con el artículo 130 lo ejercen el Presidente de la República en nombre del pueblo y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores, son nombramientos de confianza del Presidente para la gestión administrativa y política de las diferentes carteras y su autoridad se deriva, ahí sí, de su superior, que los puede remover libremente, y obviamente no tienen la jerarquía constitucional de los miembros de los otros supremos poderes. El presidente y los vicepresidentes, cuando éstos ocupen temporalmente el cargo, lo hacen por delegación del pueblo conforme al resultado electoral, pero no son el poder absoluto, solo administradores de la cosa pública conforme al artículo 140 y las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, ante la cual prestan juramento e informa de sus gestiones, como representantes reales del soberano.

Por último, el capítulo XI está destinado al Poder Judicial, que de acuerdo con el 152, lo ejercen los Magistrados electos por la Asamblea Legislativa que conforman la Corte Suprema de Justicia y es el tribunal superior del Poder Judicial, los demás tribunales que establezca la ley, funcionarios, y empleados en el ramo judicial dependen de él. Precisamente esa elección por la Asamblea Legislativa, es decir por los representantes del Soberano, es para garantizar lo dispuesto en el artículo 154 que señala que el Poder Judicial solo está sometido a los dictados de la Constitución y las leyes. Es decir, en sus decisiones son independientes y soberanos, y ningún otro poder puede pretender influir en ellas.

Por lo tanto, el presidente de la República, los diputados y los magistrados tienen igual rango y dignidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales propias que, por existir la independencia de poderes, deben ser respetados en sus funciones y representaciones igualmente. Precisamente, ésta básica explicación de educación cívica, que deben saber y conocer los costarricenses, es para señalar que, lamentablemente, la presidenta Laura Fernández y el Mini Chaves desde hace más de cuatro años, han irrespetado la Constitución Política y la dignidad del cargo que les confirieron los costarricenses.

Quien ejerza la presidencia de la República debe saber que no se convoca a una encerrona, se coordina una reunión de trabajo en primer lugar; no se quitan celulares y aparatos electrónicos a los invitados y se les deja a los del Poder Ejecutivo, eso es ofensivo y humillante y un signo de desconfianza que no debe existir en esos niveles de gobierno, pues no son enemigos, son miembros por igual de los supremos poderes. Pero especialmente no puede pedirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia que “termine la persecución política a funcionarios de gobierno”, ¿cuál? Si fuera que la hay, no habrían archivado la mayoría de las acusaciones contra el Mini Chaves y si las hay pendientes y en trámite es porque se justifican, igual que las que se encuentran en la Fiscalía contra 14 diputados del PPSO, protegidos por la red de cuido creada por ellos para los nuevos “ticos con corona”. Más grave aún, si esa petición viene acompañada de una amenaza presupuestaria contra la corte, que obligó a la magistrada Patricia Solano a desmentir a doña Laura públicamente. Y si nos referimos a la “conferencia de prensa” por el tono, el lenguaje ofensivo contra los diputados “invitados”, el fiscal general, y la magistrada Solano y del ataque público al gobierno de Panamá, se concluye que el concepto mínimo de la dignidad del cargo no lo conoce, con el agravante que como presidentes de este país, cuando insultan, agravian, mienten, ofenden, calumnian y engañan lo hacen a nombre de todos los costarricenses a quienes representan, y no todos somos tan básicos.

Se que posiblemente esta explicación no llegue por algoritmos a los “ticos básicos” del chavismo, así calificados por Pilar Cisneros, que creen sus mentiras y viven felices sumergidos en el engaño. Pero guardo la esperanza de que, poco a poco, se convenzan de que se han burlado de ellos miserablemente, se rebelen y exijan respeto a su propia dignidad, pues como dice el dicho…. a pellizcos se mata un burro.

Comunismo y democracia (4)

Manuel Delgado
Parte 1:
https://wp.me/p6rfbZ-yQy
Parte 2:
https://wp.me/p6rfbZ-yRo

Parte 3: https://wp.me/p6rfbZ-yRE

Jean Jacques Rousseau, el gran mentor de la revolución burguesa, soñaba en una democracia directa, ejercida en pequeñas comunidades similares a las ciudades-estado atenienses, soberanas de pequeños territorios y conformadas por pequeñas poblaciones. Iguales a la griega, esas democracias eran directas, sin intermediarios.

Platón creía que las ideas de nuestras cabezas individuales estaban misteriosamente unidas a las Ideas, que vivían en una especie de mundo aparte. Esa unidad nuestra con esas Ideas verdaderas era los que le daba sentido de realidad al mundo. En Rousseau la voluntad del ciudadano estaba también misteriosamente ligada a una Voluntad General, que nos rodeaba de la misma forma que el Éter, esa misteriosa sustancia que según los antiguos físicos llenaba el universo entero, permitiendo su actuación, permitiendo, entre otras cosas, la trasmisión de la luz. El ciudadano, según el filósofo francés, votaba las leyes haciendo ejercicio de su voluntad particular y de esta manera haciendo realidad la Voluntad General, que nunca se equivoca. Esas leyes votadas de esa manera eran puestas en práctica por los diputados y los gobernantes, que eran los Mandatarios, no porque mandaban, sino porque eran mandados. Porque quien los mandaba era el Soberano, el pueblo reunido, ejerciendo su derecho a participar en la decisión colectiva.

Los clásicos son muy hermosos precisamente por su utopía, que se conforman de sueños irreales, pero que alumbran el camino en las cuestiones de a diario, en las sí realizables. Es la utopía que, como dice Serrat, “alumbra los candiles del nuevo día”.

La debilidad de la utopía rousseauniana es que hace abstracción de las diferencias sociales: en ella los ciudadanos son todos iguales, todos propietarios igualmente libres. Pero aun así esa utopía nos dice mucho de la realidad de nuestro mundo desigual, donde la Voluntad General alumbra solo a los ricos y no se digna a recordar a los que menos tienen.

Una de las cosas más evocadoras de Rousseau es ese mundo suyo de democracia directa, que constituye hoy un mandato cuando pensamos en nuestras tareas políticas ulteriores. Nosotros estamos condenados a vivir en un mundo donde la voluntad del ciudadano solo puede expresarse a través de los partidos. Esos entes extraños, los partidos, todos, nos piden el voto cada cierto tiempo, y después de eso no volvemos a tener contacto con ellos. Ellos hablan por nosotros, deciden por nosotros, dicen representarnos sin pedirnos permiso. Los ciudadanos no tenemos voz y nadie nos consulta. Ellos, por el contrario, son los Mandatarios, y lo son porque mandan y no porque son mandados.

La segunda gran tarea de nuestra democracia debe ser la de dejar de ser una democracia representativa y pasar a convertirse en una democracia participativa, descentralizada y directa en los asuntos fundamentales, los cuales deben discutirse en comunidad y votarse en plebiscitos que sean norma y no raras excepciones.

Digo que esta es la segunda tarea, porque la primera es cambiar el carácter de clase de la estructura estatal, desplazando del poder a Los-De-Siempre y poniendo en su lugar a Los-De-Nunca. Esa transformación del Estado de un entre represor de una minoría en un ente representante de la mayoría no es una tarea de la reforma parlamentaria sino de la revolución social y, sin ofender a nadie, de la Revolución Socialista, entendiendo por esta la primera etapa del comunismo.

“No tome el ascensor, tome el poder”, gritaban los estudiantes franceses durante las revueltas de 1968. Años antes, los rusos habían levantado una consigna similar o, al menos, con el mismo sentido: “Todo el poder a los sóviets”. Estos sóviets eran los organismos de poder directo de las comunidades trabajadoras, donde estaban no representados sino presentes de cuerpo y alma los trabajadores y las trabajadoras mismas. Eso debemos decirles a nuestras comunidades: “No tomen el bus, tomen el poder”.

En Cuba el proceso político se asienta en los organismos del Poder Popular, adonde son propuestos candidatos de las organizaciones sociales, los sindicatos las universidades o los mismos ciudadanos y donde el partido gobernante tiene prohíbo por ley proponer o impulsar candidaturas.

Venezuela venía avanzando en la instauración de la Democracia Corporativa, un modelo basado en la organización del pueblo en sus territorios a través de consejos comunales, órgano de la democracia participativa, que sustituiría a la obsoleta Asamblea Nacional, expresión de la democracia representativa heredada del pasado. Es una línea de conducta que empuja hacia la democracia directa y participativa en un país que, no está de más decirlo, ha tenido una veintena de plebiscitos, casi uno por año. No hay que olvidar tampoco que, en lo que va del siglo, Venezuela ha celebrado más elecciones populares en este siglo que ninguna otra nación en el mundo).

Ejercer el poder desde abajo, de manera directa, significa descentralizar al máximo las decisiones del Estado, eliminar la burocracia y pasar las decisiones en materia de salud, educación, tránsito, construcción de vivienda, cuidado de los bosques y tantas otras, pasar esas funciones, digo, al ejercicio de las comunidades. Hay que, hacer que los órganos estatales dejen de ser medio de enriquecimiento de unos pocos, democratizar la prensa y el derecho de cada uno a expresarse.

En estas labores descentralizadoras hay que incluir la seguridad: el cuido de la paz pública y del Estado mismo debe estar en manos de las comunidades. Esto se ha expresado muchas veces como la tarea de darle las armas al pueblo.

Hay mucho que soñar precisamente porque hay mucho que hacer. Pero no logramos nada haciendo panegíricos generales y abstractos de la democracia, esta democracia burguesa en que vivimos, ni separando a los demócratas de los comunistas. Esa separación ayuda a la unidad con las fuerzas de la reacción, pero divide a los sectores del pueblo. Hace unidad por arriba, pero divide por abajo, hace unidad por la derecha, pero divide por la izquierda. Hay que disponerse de verdad a defender nuestros derechos democráticos y a luchar por una verdadera democracia, pero alertando al pueblo que esta nunca será realidad mientras el poder del Estado y, de paso también, la riqueza social, estén en pocas manos, es decir, mientras los trabajadores seamos excluidos de la riqueza material y de la posibilidad de gobernar. Y esto una política flexible, que busca las formas de unidad, más amplia, aunque seas momentáneas, es muy loable. Pero esas unidades por lo inmediato no deben significar divisiones hacia el futuro. Ese culto por lo pragmático no debe nunca echar al bote de la basura la utopía para el futuro, porque es ella las nos alumbra como un punto omega desde adelante, la que da sentido y dirección a nuestra pequeñas acciones de hoy.

Ser y razón de ser de la campaña electoral

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Nuestras campañas electorales se asemejan a los partidos de futbol: tienen dos tiempos separados por un intermedio que abarca – en el caso de nuestras campañas electorales – el mes de diciembre, porque en ese mes la gente se dedica a preparar y celebrar los festejos de fin de año. Pero ambos períodos son diferentes: el primero se destina a dar a conocer a los candidatos y sus partidos, cosa muy necesaria dado el (sin)número de partidos y candidatos que se exhibe como oferta electoral ante el electorado. No pocos de ellos son totalmente desconocidos y representan un “partido” igualmente poco conocido, por lo que aspiran tan sólo a lograr una diputación. En el “segundo tiempo”, que abarca el mes de enero, la campaña se centra en la figura de los candidatos, quienes deben confrontar sus ideas y programas de gobierno frente a sus adversarios políticos. Pero lo realmente importante de esta contienda electoral, como de toda actividad política, lo constituye el mayor o menor protagonismo del pueblo, pues son los ciudadanos – ¡y sólo ellos! – quienes deben decidir quiénes los gobernarán desde Cuesta de Moras y Zapote.

Lo más significativo de la actitud de la mayoría de nuestros compatriotas es su indecisión, que no es sinónimo de indiferencia, porque estoy convencido de que el costarricenses gusta de inmiscuirse en los asuntos políticos, cosa que en lo personal me parece muy bien. Por eso considero que la indecisión no necesariamente implica indiferencia y menos menosprecio o despreocupación sobre los destinos de la Patria, al menos en la mayoría. Ciertamente habrá un número –y mucho me temo que cada vez sea mayor- de quienes repudian la política en sí misma; esos son la verdadera y más radical “oposición”, pues, si bien hay un porcentaje que no puede ejercer el derecho al voto por razones válidas, como es estar enfermo o imposibilitado por alguna u otra razón, lo cierto es que aquellos que menosprecian a la clase política en no pocos casos ya no creen en el sistema político que nos rige. Por su parte, los ciudadanos conscientes deben convencer a sus conciudadanos de la importancia de que, si realmente quieren perfeccionar nuestro régimen democrático, deben tomar conciencia de la importancia de interesarse en la contienda electoral, porque allí se deciden en buena medida los destinos de la Patria. La campaña electoral debe servir para esos fines de educación cívica. Si se me permite el símil, el “primer tiempo” de esta campaña fue para conocer la oferta electoral; por lo que los costarricenses deben aprovechar la pausa decembrina para reflexionar seriamente en torno a la importancia de la misma para estar plenamente conscientes de la trascendencia de la decisión que tomen en la soledad del recinto electoral, dado que la conducción política del país no recae únicamente- si bien de manera prioritaria – en los miembros de los supremos poderes, ya que la democracia auténtica se rige por la participación directa, consciente y mayoritaria de los ciudadanos en los asuntos públicos. La democracia somos todos. El control político no debe estar en manos únicamente de los diputados de oposición, si bien es sobre ellos que recae esta responsabilidad a tenor de las normas constitucionales. Una ciudadanía organizada no sólo para las elecciones, sino para todos los asuntos que conciernen el bien común, es la única posibilidad de que podamos preservar el mayor y mejor legado de nuestros antepasados: el Estado Social de Derecho. La calidad y solidez de nuestra democracia se mide en proporción al nivel de la conciencia cívica de los ciudadanos. La campaña electoral debe ser considerada como un tiempo fuerte en que se inviertan esos inmensos recursos económicos y mediáticos a inculcar en la ciudadanía lo que realmente significa construir una comunidad nacional libre. Por eso debe comenzar por estar bien informado.

El “segundo tiempo” de la campaña debe servir para motivar. Nadie hace una actividad si no está debidamente motivado, lo cual sólo se logra cuando se valora lo que se hace. Los candidatos deben centrarse en los temas a tratar y en los debates en torno a los desafíos que enfrenta actualmente la democracia costarricense, con vehemencia, pero sin recurrir al insulto o a ataques que aludan a la vida privada de sus contendientes. El pueblo financia la campaña con el fin de conocer de primera mano a quienes va a elegir, delegando en ellos buena parte de su poder, sin por ello renunciar a ejercerlo a tenor de las normas constitucionales cuando lo crea necesario. Por algo la Constitución califica al pueblo como el único SOBERANO, porque su soberanía nunca se delega. Esto no significa que debamos pasar por alto los errores y vicios de quienes aspiran a gobernarnos. El ejercer el poder no es sólo un honor, es ante todo, demostrar fehacientemente ante la ciudadanía que se está en capacidad de asumir las responsabilidades que esto implica. Quienes confunden, como se ha hecho lastimosamente costumbre en tiempos recientes, sus intereses privados con los del bien común, sólo merecen que el pueblo les aplique “el voto castigo”. Quienes amamos a nuestra querida Costa Rica esperamos que así sea el próximo 1ro. de febrero.

LA DEMOCRACIA (con mayúscula) sólo se logra cuando se sustenta en la ética, cuando política y ética se identifican, como enseñaba Sócrates. Por eso una – y, quizás, la principal- razón de ser de esta campaña es luchar contra los prejuicios de quienes ven en la política algo intrínsecamente malo, hasta el punto de que para ellos hacer política e, incluso, hablar de política es incurrir en algo perverso. Por lo contrario, la política es algo noble y nos ennoblece hacerla con espíritu patriótico. Es aquí donde radica lo que he titulado “el ser y razón de ser de esta campaña”.