Por Carlos Meneses Reyes
La constante de un conflicto armado interno prolongado en el tiempo disipa los sueños de triunfo al lograr un gobierno de inspiración popular. Han continuado las masacres y asesinatos selectivos a líderes sociales. Prueba que el nexo de causalidad entre el hecho punitivo y los intereses locales permanece en funcionamiento sin oficiosidad investigadora, ni medidas de prevención eficaces. Continúa la impunidad reinante y la ineficacia del accionar estatal.
Un nuevo aspecto de conflicto social ha surgido: la contradicción existente entre el sector afro campesino y los pueblos indígenas en torno a la tenencia de la tierra en áreas del Cauca y del Valle de reconocido emporio industrial. Tema de acervo histórico en el que los colonos afrodescendientes acapararon tierras de reserva indígenas milenarias y cuáles terratenientes de hecho dispusieron de ellas bajo arrendamientos con los blancos empresarios de explotación en los grandes ingenios azucareros. Muchos son afros poderosos económicamente y actuantes en el ámbito de la competencia capitalista individual, carentes de visión, proyección de tenencia y vivencia colectivas. Los pueblos indígenas reivindican la propiedad ancestral y la defensa de la Pacha Mama, no para detentar extensiones de tierras, como argumenta la derecha en su contra, como si para cumplir el ciclo de su vínculo cultural y de defensa de lo ecológico ambiental. Este pasaje de lucha de clases no es inédito ha permanecido latente y oculto a favor de los empresarios blancos quienes han usufructuado esa situación económico racial. Al aflorar el conflicto indicado se impone la solución en favor a los pueblos indígenas y la búsqueda de soluciones en aspectos de distribución y afianzamiento de la función social de la tierra en el marco de la soberanía productiva y alimentaria. Este pasaje es totalmente diferente al de detentación de tierras incultas o la de destinación de tierras para la depredadora ganadería extensiva.
Similar enfoque corresponde asumir al afrontar el conflicto campesino e indígenas Motilon-Bari en El Catatumbo. Durante el siglo XX paralelo a la expoliación de las compañías petroleras la población originaria fue desplazada de múltiples entornos. Los colonos de los asentamientos campesinos, prima facie (“A primera vista”) de los municipios de la Provincia de Ocaña, desplazaron de sus tierras a los indígenas motilones. Esta contradicción se agudizó con la intervención de las insurgencias, como el ELN que protegía la tenencia de los colonos y el EPL que revindicaba el derecho ancestral de los originarios. Las pugnas y enfrentamientos entre ambas guerrillas se suscitaron por esa causa de motivo histórico. No por el consabido negocio de las drogas y sus rutas como la dictadura mediática lo difunde arrodillados a los mandatos del Pentágono, alimentando la falsaria e ineficaz guerra contra las drogas. Posteriormente la contrainsurgencia militar infiltró las filas del EPL y los utilizaron, como hacen con el paramilitarismo, para enfrentar al ELN. Esta organización político-militar insurgente en clara supremacía controló el territorio y solo hasta la ejecución por orden del mismo EPL del mando conocido como “el grillo”, cesaron los enfrentamientos entre ambas fuerzas guerrilleras tradicionalmente asentadas en el Catatumbo
Valga los pasajes mencionados para recordar que lo aquí enunciado es tema sine qua non del contenido de una reforma agraria integral pactada en los Acuerdos de La Habana. Utilizo la locución latina por la obligatoriedad para el funcionamiento coordinado y acorde en la búsqueda de la Paz Total, al asumir las soluciones el conflicto social en Colombia. Las contradicciones en el seno del pueblo se resuelven en el escenario del conflicto social y no como ingrediente del conflicto armado interno.
EL SUCESO EN EL HUILA
Ante el ataque de las FARC en el Huila que dejó como resultado 7 hombres de la policía nacional muertos y uno herido que logro mimetizarse durante la emboscada, el presidente G. Petro anuncio que fue obra de un ataque de las disidencias de las FARC mencionando a la columna respectiva. Positivo por cuanto descarta se trate de un cruce de “fuego amigo” u operación ejercito – narco paramilitarismo conforme a la naturaleza que aún persiste de la concepción del enemigo interno y acciones de contra insurgencia, de las fuerzas armadas. Pero a la vez, resulta inquietante puesto que si bien es cierto no se puede condicionar a las insurgencias, ni imponerle coerción conforme a la usanza de modelos de gobiernos anteriores; en el ambiente político flota el procedimiento torticero y cobarde de la derecha militarista con odio acrecentado por la pérdida de gobierno, correspondiendo investigar más a fondo y/o esperar un pronunciamiento del sector insurgente actuante.
Como jefe de Estado el presidente G. Petro conoce como el que más sobre el manejo de las conversaciones con las insurgencias. Cómo se requiere de tino en la dirección y modo de procedimiento alternativo sobre el presupuesto de una consideración del Estado-parte en reconocer que se encuentra frente a una contraparte insurgente, rebelde y por ende con estatus de beligerante. Treinta años dedicados al análisis del conflicto armado interno, asimilando las diferentes negociaciones y conversaciones, nos permite un grado de convicción y juicio que la sinceridad gubernamental y el presupuesto de buena fe planteado esta erigido sobre bases realistas y objetivas, aunadas sobre la actitud de pensamiento, comportamiento y la buena fe, de la contraparte insurgente. De haber sido lo del Huila un ataque insurgente, no media el factor de proporcionalidad, dado el entorno político que el gobierno alternativo viene manejando.
Lo anterior es demasiado inquietante para el pueblo colombiano, que primordialmente comulga y confía en la oportunidad histórica de ser este el momento de llevar a éxito el fin total de ese conflicto como salida de solución política y no militar. Se impone el contenido político de las acciones militares. Pero esto es en consecuencia bilateral y por ende se requiere de una conducta similar de la contraparte insurgente al respecto, en esta etapa preliminar de llamar a conversaciones con las expectativas de las reglas de juego por definirse.
Los medios de intoxicación masiva en Colombia dieron en llamar disidencias a los sectores armados de las antiguas FARC-EP que no se acogieron jamás a una conversación con el Estado colombiano o a aquellos que se retiraron de la corriente de conversaciones una vez comenzadas o en ultimas, quienes pese a haber firmado y acogido a los Acuerdos del fin del conflicto armado de las FARC-EP con el Estado, retomaron las armas por circunstancias y argumentos conocidos. Las denominaron “disidencias” que ha sido el estereotipo de la mediática dictatorial, cual calificación impuesta en el ámbito de la opinión pública sin entrar a considerar cuál es el contenido y a qué se refiere una disidencia como tal.
El presidente G. Petro ha dado una enseñanza de sensibilidad humana, así como de sinceridad de gobernante, al disponer que a las zonas de conflicto armado no sean enviados jóvenes auxiliares preservando esa condición de primera juventud (18 a 21 años) en que se encuentran los auxiliares de policía asimilado a los reclutas que prestan el servicio militar obligatorio. Una decisión política que redunda en la imperiosa necesidad de la reforma estructural, de fondo y cambio de naturaleza, a una no militar, ni contrainsurgente de la Policía Nacional de Colombia.
Corresponde continuar con la profundización de las reformas institucionales y contar con la aplicación del verdadero espíritu del constituyente primario de 1.991 en ejercicio de soberanía popular.
