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Etiqueta: sociedad civil

Organizaciones de derechos humanos piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos a Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Más de cuarenta organizaciones nacionales e internacionales firmaron un pronunciamiento en el que solicitan al Estado costarricense detener los acuerdos que permiten deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica. El documento advierte que experiencias previas demostraron graves violaciones a derechos humanos de personas migrantes trasladadas al país, especialmente en el CATEM, y exige transparencia sobre cualquier nuevo memorando bilateral.

SURCOS presenta el texto del pronunciamiento:

● Experiencias anteriores demuestran que Costa Rica no está preparado para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana deportadas, aseguran las organizaciones.
● Así mismo, hacen un llamado al gobierno para que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo que permitiría deportaciones masivas de hasta 25 personas en movilidad humana desde Estados Unidos, por semana, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida relacionadas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

Costa Rica, 26 de marzo de 2025.- Las organizaciones firmantes, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, manifiestan su preocupación por el reciente anuncio hecho por el gobierno de Costa Rica según el cual ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación semanal de hasta 25 personas extranjeras desde dicho país.

De implementarse el acuerdo, Costa Rica sería uno de los países del mundo que más personas de terceros países recibiría deportadas desde Estados Unidos, según se deduce tras revisar las cifras registradas, país por país, por el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países (Third Country Deportation Watch).

Ello es particularmente grave porque ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas. En febrero de 2025, cerca de 200 personas en movilidad humana, incluidos 80 niños y niñas de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades, fueron deportadas en dos vuelos provenientes de Estados Unidos y fueron privadas de su libertad en el Centro de Atención para Migrantes (CATEM) en Costa Rica. El Estado costarricense las detuvo arbitrariamente, les retiró indebidamente sus documentos de identidad, no les brindó atención médica oportuna, interpretación a sus idiomas, ni educación o instalaciones adecuadas para los niños y las niñas.

Hasta la fecha las organizaciones conocen sobre el paradero y la suerte de aproximadamente el 5% de las personas que estuvieron detenidas en el CATEM, y existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro, como el caso de una mujer de Rusia entrevistada por la organización Refugees International. Adicionalmente, información reciente reportada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica indica que de las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario (aunque la voluntariedad de estos retornos es cuestionable dada la coacción a la que estaban sometidas las personas), 34 personas lo hicieron tras presentar solicitudes de refugio y 57 más realizaron salidas voluntarias.

Según pudieron constatar organizaciones de la sociedad civil en 2025, estas personas no tuvieron acceso oportuno a la información sobre asilo u otros derechos en sus idiomas y se puso en riesgo a personas con necesidades de protección internacional.

En el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por defensores de derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en junio de 2025 la vulneración del derecho a la libertad personal de estas personas, ordenó a las autoridades su liberación y determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda requerían por parte del Estado. En su decisión, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Nueve meses después de la decisión de la Sala Constitucional, el Estado aún no ha realizado el análisis de las necesidades sociales. Quienes aún permanecen en Costa Rica han enfrentado múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y han dependido de la solidaridad de la ciudadanía para permanecer en el país. Mientras las autoridades costarricenses siguen sin dar respuestas efectivas en materia de salud, vivienda, alimentación ni educación, estas personas conviven con los impactos de la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la luz de este historial, las organizaciones manifiestan una gran preocupación de que, de aplicarse, este nuevo acuerdo repita las violaciones a derechos humanos que ya ocurrieron. Por eso, piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica.

Adicionalmente y según un comunicado de la presidenta electa, Laura Fernández, el acuerdo también facilita el retorno de las personas a sus países de origen, lo que podría implicar una violación al principio de no devolución (non-refoulement) en caso de que no se realicen valoraciones adecuadas del riesgo que corren las personas al ser regresadas a sus países.

Las organizaciones son enfáticas en afirmar que, de ejecutarse este nuevo acuerdo anunciado, Costa Rica incumpliría con sus obligaciones nacionales e internacionales, como el principio de no-devolución, se convertiría en cómplice de la implementación de políticas crueles que atentan contra la dignidad de las personas y desconocería el derecho a solicitar protección internacional, así como el derecho al debido proceso.

Las medidas que trasladan las responsabilidades de la gobernanza migratoria entre Estados incrementan los riesgos de violaciones de derechos humanos para las personas en movilidad humana, y posicionan a Costa Rica como un Estado cómplice -y también responsable directo- de las violaciones que está cometiendo Estados Unidos al realizar deportaciones en cadena sin el debido proceso, como lo han identificado las organizaciones Human Rights First y Refugees International en su informe “This is an order from Trump” (Esta es una orden de Trump).

Estas políticas de expulsiones en cadena se han traducido en tratos inhumanos, humillantes y degradantes durante los procesos de detención y deportación, separaciones familiares, falta de confianza en el acceso a la justicia y a los servicios sociales básicos a los que toda persona tiene derecho.

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a que su integridad, su vida y su dignidad sea garantizada. Este deber se ve reforzado respecto de aquellas personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, como las personas en movilidad, especialmente niños y niñas y personas con necesidades de protección internacional.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de las personas en situación de movilidad humana. Asimismo, le exigen al Estado que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida concretas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

A la sociedad en general, las organizaciones piden expresar su solidaridad con las personas en movilidad humana que han sido o están en riesgo de ser detenidas y deportadas desde Estados Unidos, y hacer un llamado de atención al gobierno para que implemente soluciones reales que fomenten la libertad, la seguridad y el bienestar para todas las personas y familias.

Firmas de organizaciones

Alianza Américas
American Friends Service Committee (AFSC)
Arrecife
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), Argentina
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Buen Vivir Costa Rica
Canadian Centre Universal for Human Rights Society
CAREF
Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro de Amigos para la Paz (Costa Rica)
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CISAS
Consejo Global de Litigio Estratégico
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
Corporación Alianza Migrante
Feministas Picos Rojos, Costa Rica
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Justicia y Género
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de trabajo Agenda CEDAW
Hope Border Institute
Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras (IDESMULH)
Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
Latin America/Caribbean Committee (LACC) of Loretto Community
Núcleo de investigación y acción en psicología y violencia
Observatorio de Medios de Comunicación y Género (GEMA)
OTRANS-RN
Plataforma Social Moraviana
Red CLAMOR
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Red Jesuita con Migrantes (RJM)
Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México
Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA)
Refugees International
Remunic
Servicio Jesuita para Migrantes – Costa Rica
Unitarian Universalist Service Committee
Universidad Bíblica Latinoamericana

Imagen de cabecera: Defensoría de los Habitantes

La ilusión de la guerra justa: sindicatos, sociedad civil y la resistencia de la humanidad

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Frank Ulloa Royo

Édouard-Léon Scott de Martinville vivió en un contexto social y político complejo, marcado por las secuelas de la Revolución Francesa y las tensiones europeas del siglo XIX. Como impresor y librero, tuvo acceso a las descripciones de los avances científicos más recientes, lo que le permitió convertirse en inventor. Su interés por grabar la conversación humana lo llevó a buscar un medio mecánico que pudiera registrar automáticamente la palabra, como si la voz quedara atrapada en el tiempo. Hoy, otro nueve abril son las voces de angustia las que quedarán también grabadas.

Un nueve de abril de 1860, este parisino grabó a alguien cantando “Au clair de la lune”, una bella canción infantil. Hoy, esa melodía inocente se usa de manera cruel en el genocidio que presenciamos en tiempo real: drones israelíes reproducen grabaciones de llantos infantiles para anunciar la tragedia que está por ocurrir, como parte de una limpieza étnica. Este es un pequeño ensayo sobre lugares poco comunes pero idénticos: los sitios habitados por humanos en guerra.

La llamada doctrina de la “guerra justa” es un espejismo que la humanidad ha repetido como un mantra para intentar darle legitimidad a lo que en esencia es injustificable. Se le ponen ropajes solemnes, se le adorna con doctrinas, se le viste con discursos patrióticos o religiosos, pero detrás de esas vestiduras la guerra sigue siendo lo mismo: una fractura de la humanidad, un fracaso de la palabra frente al ruido de las armas. Como señaló Hannah Arendt (1969), “la violencia puede destruir el poder, pero nunca lo crea”; y en ese vacío se instala la guerra como derrota de la dignidad civilizada.1

El dilema ético se agudiza cuando un Estado agrede a otro en un contexto internacional debilitado, con Naciones Unidas convertida en espectadora impotente, atrapada en vetos y burocracias. La reciente guerra en Irán, impulsada por intereses estratégicos —el robo del petróleo y los viejos motivos religiosos que alimentan las teocracias, tanto sionista como musulmana—, muestra con crudeza esta crisis de institucionalidad: los misiles y drones hablan mientras la ONU calla. ¿Cómo responder a la violencia sin caer en la misma lógica que la engendra? La tentación es replicar la fuerza con más fuerza, pero ese camino perpetúa el círculo de la barbarie. La alternativa exige creatividad política, diplomacia radical, solidaridad transnacional y la construcción de mecanismos de resistencia civil que desarmen la guerra desde sus raíces. Es tiempo de hablar claro y crear nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vida.

En este horizonte, los sindicatos tienen un papel insustituible. Ya la II Internacional, pese a su fracaso para detener la Primera Guerra Mundial, nos señaló un camino: el de desenmascarar las guerras, mostrar que detrás de los discursos patrióticos se esconden intereses económicos y geopolíticos. Los sindicatos, como voz de los trabajadores, deben recordar que cada guerra es también una guerra contra los pueblos, contra su derecho a vivir y a soñar. La tarea sindical es levantar la palabra, denunciar la mentira, construir redes de solidaridad que atraviesen fronteras y que digan con claridad que no hay guerra justa, que toda guerra es una herida en el cuerpo de la humanidad. Como escribió Rosa Luxemburgo (1915), “la guerra es siempre el negocio de unos pocos y la desgracia de muchos”.

Pero no son solo los sindicatos: la sociedad civil entera tiene un papel decisivo. Las mujeres, como en la antigua Grecia, cuando se levantaron en huelga contra sus maridos guerreros para detener la guerra —recordemos la fuerza simbólica de Lisístrata de Aristófanes (411 a.C.)—, nos enseñan que la resistencia puede nacer de lo cotidiano, de la vida misma. Hoy, las mujeres en múltiples rincones del mundo siguen siendo las primeras en organizarse contra la violencia, en defender la vida frente a la lógica de la muerte. Su voz, junto con la de jóvenes, comunidades indígenas, movimientos sociales y culturales, es la que puede quebrar el discurso bélico y abrir espacio a la paz.

La verdadera justicia no se encuentra en los tratados que legitiman la violencia, sino en la capacidad de los pueblos para resistir la lógica de la guerra y reinventar la paz. Mientras los Estados se atrincheran en sus intereses y las instituciones internacionales se tambalean, la humanidad necesita recordar que la única salida digna es construir un orden donde la palabra sustituya al misil y la solidaridad sustituya al cálculo estratégico. Porque la guerra, con todos sus ropajes, seguirá siendo siempre lo mismo: la derrota de la humanidad frente a sí misma.

Referencias bibliográficas

  • Arendt, Hannah (1969). Sobre la violencia. Nueva York: Harcourt Brace.

  • Aristófanes (411 a.C.). Lisístrata. Atenas: Teatro clásico griego.

  • Luxemburgo, Rosa (1915). La crisis de la socialdemocracia. Stuttgart: J.H.W. Dietz Nachf.

  • Walzer, Michael (1977). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. Nueva York: Basic Books.

  • Galtung, Johan (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo: International Peace Research Institute.

  • Naciones Unidas (2025). Informe sobre la crisis de institucionalidad y conflictos armados. Nueva York: ONU.

1 San Agustín (siglo V) fue el primero en formular la idea de que, bajo ciertas condiciones, una guerra podía ser moralmente aceptable. Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) sistematizó la doctrina en la Summa Theologiae, estableciendo criterios como autoridad legítima, causa justa y recta intención. Finalmente, e Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2309) recoge estos principios, señalando que la legítima defensa mediante la fuerza militar requiere condiciones estrictas y rigurosas.

MAP convoca encuentro de organizaciones populares bajo la consigna “Queremos la paz”

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Movimiento de Asambleas Populares (MAP) convoca a un encuentro de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento popular costarricense, ante lo que considera una situación urgente derivada de recientes hechos de carácter político-diplomático.

La convocatoria señala que la decisión del gobierno de Costa Rica de retirar su personal diplomático de la Embajada en Cuba y solicitar el retiro del personal cubano en San José representa un paso hacia la guerra y la agresión, por lo que plantea la necesidad de articular una respuesta conjunta desde las organizaciones populares.

El encuentro se realizará el lunes 23 de marzo a las 6:00 p.m., en la sede del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), ubicada en Sabanilla de Montes de Oca, con la consigna común “Queremos la paz”.

Según la convocatoria, el objetivo es promover la articulación solidaria entre organizaciones, bajo el planteamiento de que “la paz no se negocia” y que las organizaciones populares deben generar una respuesta colectiva ante el contexto actual.

Agenda del encuentro

De acuerdo con la información adjunta, el encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá:

  • Bienvenida y presentación
  • Análisis del contexto político, centrado en la ruptura diplomática con Cuba y sus implicaciones geopolíticas
  • Debate abierto entre organizaciones
  • Articulación de una respuesta conjunta, que contempla:
    • Pronunciamiento público firmado por las organizaciones
    • Definición de una movilización o concentración pública
    • Campaña coordinada en redes sociales bajo la consigna #QueremosLaPaz
  • Comisiones de trabajo, orientadas a redacción, logística y estrategia comunicacional
  • Plenaria y acuerdos finales

Asimismo, se indica que el encuentro busca acordar acciones como un pronunciamiento conjunto, la convocatoria a movilización en defensa de la paz y una campaña en redes sociales.

Convocatoria abierta a organizaciones

El MAP extiende la invitación a organizaciones sociales a participar de este espacio, señalando que se trata de un ejercicio de articulación solidaria ante el contexto político actual, bajo el llamado a organizarse y sumarse a la defensa de la paz.

La convocatoria también incluye información de contacto telefónico y redes sociales para coordinación de la participación.

Dirección DEI: https://maps.app.goo.gl/ngpvRcLkWHBNH4Qk6

El diálogo que no ha llegado

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Freddy Vargas Aguilar
Tel 8620 0780

  1. En la encrucijada, en la que está desapareciendo una forma de Estado y, de Economía, cuando hay que imaginar-construir una nueva sociedad, es imprescindible el Diálogo.

  2. Este Diálogo requiere levantarse sobre interrogantes que, tanto políticos como dirigentes en la sociedad civil, han de proponerse: ¿Qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer que contribuye al aislamiento y ausencia de un proyecto económico-político viable?

  3. Los afiliados y miembros de organizaciones también han de ser requeridos del interrogarse: ¿Por qué no se atreven, por qué no hacen como plantear el problema de que sus organizaciones no hacen autocrítica reconociendo que son parte del problema de pérdidas en condiciones sociales y económicas?

  4. Este proceso requiere reconocer que en el país se carece tanto de actitud como de formas de Diálogo. Que lo que predomina son collages de monólogos:

    1. Documentos que no tienen sustento popular, ni se cree en ellos.

    2. Escritos y participaciones orales para que otros nos escuchen, pero sin respuesta ni interés por escucharlos.

    3. Técnicas “participativas” que no son más que ladrillos menores monologales, que no estimulan la creatividad, ni el pensar.

    4. Prácticas organizacionales por las que, o se excluye a los otros, o por los que se evade la confrontación respetuosa y productiva.

  1. Alguien ha de comenzar el movimiento. ¿Se atreve usted?

Pronunciamiento en contra del bloqueo petrolero a Cuba

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Costa Rica siempre ha inspirado su política exterior en la defensa irrestricta del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario. Guiados por estos principios, y secundando lo expresado por las Naciones Unidas: “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los Derechos Humanos”, los abajo firmantes levantamos la voz condenando el inhumano bloqueo que, en contra de la voluntad reiteradamente expresada de la casi unanimidad de los pueblos del mundo, mantiene el gobierno norteamericano en contra del pueblo de Cuba. Este brutal bloqueo afecta la vida cotidiana en todos sus aspectos, especialmente en la salud, educación, actividades laborales y alimentación de niños, jóvenes y ancianos indiscriminadamente. Razón por la cual exigimos el inmediato y total levantamiento del bloqueo que, desde hace más de 60 años y actualmente recrudecido por la administración de Trump, impone el gobierno estadounidense, contra la voluntad de su propio pueblo.

  1. Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo. Exministro de Cultura, Juventud y Deportes.
  2. Rodrigo Alberto Carazo Zeledón. Exdefensor de los habitantes, actualmente miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2023-2026).
  3. Sergio Alfaro Salas. Abogado. Ex Embajador de Costa Rica. Ex Ministro de la Presidencia 2014-2018. Exdiputado.
  4. Julieta Dobles. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
  5. Alfonso Chase. Poeta y ensayista, Premio Nacional de Cultura Magón.
  6. Manuel Monestel. Cantautor. Premio Nacional de Cultura Magón.
  7. Arabella Salaverry Pardo. Escritora. Premio Nacional de Cultura Magón.
  8. Ronald Bonilla. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
  9. José Manuel Arroyo Gutiérrez. Abogado. Exmagistrado y exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
  10. Dr. Alberto Salom Echeverria. Politólogo. Exdiputado. Exrector de la Universidad Nacional.
  11. Dra. Yamileth González. Historiadora. Exrectora de la Universidad de Costa Rica.
  12. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Biólogo. Exrector de la Universidad de Costa Rica.
  13. Roberto Villalobos. Arquitecto. Exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  14. Gloria Valerín Rodríguez. Exministra de la Condición de la Mujer y exdiputada.
  15. Patricia Mora Castellanos. Socióloga, exdiputada, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), presidenta e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  16. Rocío Alfaro Molina. Filósofa y socióloga, diputada e integrante de la Comisión Política y de la Secretaría de las Mujeres del Frente Amplio.
  17. Ariel Robles Barrantes. Educador, diputado, excandidato presidencial e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  18. José María Villalta. Abogado, diputado electo del Frente Amplio. Exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio.
  19. Máster Sofía Guillén Pérez. Economista y diputada de la República.
  20. Jonathan Acuña Soto. Economista, diputado, secretario general e integrante del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del Frente Amplio.
  21. Antonio Ortega Gutiérrez. Sociólogo, diputado e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  22. Vianey Mora Vega. Socióloga y educadora, diputada electa del Frente Amplio.
  23. María Eugenia Román Mora. Abogada, asesora parlamentaria, diputada electa del Frente Amplio.
  24. Gerardo Vargas Varela. Agricultor, exsacerdote, exdiputado del Frente Amplio.
  25. Suray Carrillo Guevara. Abogada, exdiputada del Frente Amplio.
  26. Dr. Henry Mora Jiménez. Economista, exdiputado del PAC, Expresidente de la Asamblea Legislativa.
  27. Luis Gerardo Arce Valverde. Historiador, Premio Fernando Soto Harrison de la Universidad de Costa Rica.
  28. Gustavo Campos Alfaro. Regidor Municipal de Montes de Oca.
  29. Eduardo Gardela Ramírez. Comunicador, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Desamparados.
  30. Brandon Guadamuz Villalobos. Trabajador Social, máster en cooperativismo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de San José.
  31. Lic. Rodolfo Ulloa. Sociólogo. Fiscal Nacional del Frente Amplio.
  32. Dr. Walter Antillón. Jurista. Premio Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.
  33. Dr. Roberto Salom. Sociólogo. Exvicerrector de Acción Social y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  34. Lic. Sebastián Vaquerano López. Exembajador.
  35. Lic. Vladimir de la Cruz. Historiador.
  36. Dr. Rafael Cuevas. Escritor y director de la Revista Nuestra América.
  37. Oscar Castillo. Cineasta y actor.
  38. Leonardo Perucci. Actor y director de Teatro y TV.
  39. Eduardo Ceregatti Madrigal. Cineasta, exdirector de La Pensión.
  40. Ana Istarú. Poeta y actriz.
  41. Rodrigo Durán Bunster. Arte escénico. Narrativa.
  42. Ivette Guier Serrano. Ceramista.
  43. Abel Guier. Músico.
  44. Adriana Mora Rey. Directora de arte.
  45. Guadalupe Urbina. Cantautora.
  46. Bernal Villegas. Músico.
  47. Esteban Monge Flores. Cantautor.
  48. Álvaro Fernández González. Sociólogo, músico.
  49. Dr. Freddy Pacheco León. Biólogo.
  50. Albino Vargas Barrantes. Dirigente sindical
  51. Dr. Francisco Enríquez. Historiador. Exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  52. Dr. Daniel Camacho. Sociólogo.
  53. Dra. Macarena Barahona. Socióloga.
  54. Lic. Rafael Ugalde. Abogado y periodista
  55. Doctora Elisabeth Cook Steike. Teóloga. Rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana
  56. Dr. Jaime Delgado. Filósofo.
  57. Dra. Elsa Tamez. Teóloga.
  58. Dr. Sergio Reuben Soto. Economista.
  59. Lic. Melania Agüero Echeverría. Psicoanalista y artista.
  60. Lic. William Venegas. Profesor universitario. Crítico de cine.
  61. Dr. Plutarco Bonilla. Filósofo. Teólogo.
  62. Dra. Silvia Regina de Lima Silva. Teóloga. Directora Departamento Ecuménico de Investigaciones.
  63. Carlos Guillermo Madriz. Director. Productor de documentales.
  64. Dr. Miguel Sobrado. Sociólogo.
  65. Lic. Carlos Monge Meneses. Educador. Agricultor.
  66. Lic. Manuel Arguedas Castro. Profesor jubilado Universidad Nacional.
  67. Marta Elena Rodríguez González. Dirigente social, exdirectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), directiva de la Unión de Empleados de la CCSS.
  68. Luis Chavarría Vega. Secretario General de la Unión de Empleados de la CCSS (UNDECA).
  69. Dr. Miguel Picado. Teólogo e historiador.
  70. Dr. German Chacón. Historiador. Cátedra Manuel Mora UNED.
  71. Vernor Arguedas Troyo. Matemático, catedrático UCR
  72. Mirta González Suárez. Psicóloga, escritora, catedrática emérita UCR
  73. Oscar Madrigal Jiménez. Abogado y Notario.
  74. Fabio Chaves Castro. Trabajador del ICE pensionado, expresidente de ASDEICE, excoordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).
  75. Dr. Gerardo Hernández Naranjo. Politólogo, profesor asociado Universidad de Costa Rica.
  76. Lic. Francisco Villegas Villalobos. Exregidor municipal en el cantón de Belén, presidente del Partido Independiente Belemita (PIBE).
  77. Alejandro Sura. Sociólogo y abogado, exdirigente sindical del ICE, presidente de la asociación de pensionados del ICE.
  78. Ricardo Segura Ballar. Ingeniero, exdirigente sindical del ICE.
  79. César López Dávila. Educador y psicólogo, dirigente social.
  80. Roberto Zeledón Arias. Asesor legislativo sindical.
  81. Nancy Piedra Guillén. Socióloga, profesora catedrática UCR.
  82. Juan Carlos Valverde Campos. Profesor.
  83. Nia Salas. MBA Colectiva Profesionales para la Ciudadanía.
  84. Roy Palavicini Rojas. Teólogo, antropólogo.
  85. Sebastián Pérez Carmona. Militante Frente Amplio y activista social/político.
  86. Lic. Sary Montero. Trabajadora social.
  87. Natalia Serrano Álvarez. Comunicadora social. DEI
  88. Peggy Quesada Chamorro. Psicóloga social – DEI
  89. Anne Kevenhörster. Geógrafa – DEI
  90. Julieta Montoya – Psicóloga Social – DEI
  91. Gerardo Mora Burgos. Profesor. Filósofo, catedrático pensionado UCR.
  92. MSc. Hannia Franceschi Barraza. Trabajadora social, profesora e investigadora universitaria jubilada
  93. Gerardo Contreras Álvarez. Historiador, catedrático UCR
  94. David Contreras Mora. Analista de sistemas, regidor suplente del Frente Amplio en la Municipalidad de San José
  95. Fidel Barrera Romero. Sociólogo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
  96. Reinier Canales Medina. Luchador social de la Zona Sur, presidente de la Asociación para la defensa de los usuarios de los servicios públicos (ADUSP)
  97. Juan Carlos Durán Castro. Dirigente sindical sector salud
  98. José Daniel Berrocal Miranda. Regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
  99. Fernando Chironi Kaufman. Comunicador
  100. Victoria Eugenia Borbón Pineda. Licenciada en Orientación, Red de Educadores Humanistas.
  101. Rosa María Muñoz Varela. Licenciada en Educación, Red de Educadores Humanistas.
  102. Emilia Sibaja Álvarez. Licenciada en Computación Educativa, Red de Educadores Humanistas.
  103. Luis Diego Ugarte Castro. Artesano. Movimiento Humanista.
  104. Carol Ma. Fernandez. Estudiante Universidad Bíblica Latinoamericana
  105. Nadia Alvarado Molina
  106. Alexandra Bula Madrigal
  107. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
  108. Antonio Trejos Mazariegos. Abogado, asesor parlamentario y municipal, diputado electo del Frente Amplio
  109. Edgardo Araya Sibaja. Abogado, exdiputado, diputado electo del Frente Amplio
  110. Alejandro Vargas Chinchilla. Politólogo, secretario general de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
  111. Reyna Casco Núñez. Politóloga, presidenta de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
  112. Margarita Salas Guzmán. Comunicadora, ex Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTIQA
  113. Prof. Juan Félix Montero Aguilar. Luchador social
  114. Jesús Campos Méndez. Dirigente sindical del sector de transportistas
  115. Felipe Arguedas Gamboa. Ingeniero agrónomo, exviceministro de Agricultura y Ganadería
  116. Ulises Araya Chaves. Profesor de Estudios Sociales y Cívica, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Belén
  117. Priscilla Vindas Salazar. Politóloga, diputada del Frente Amplio
  118. Anacristina Rossi. Novelista y profesora de la Universidad de Costa Rica.
  119. Harold Villegas-Román. Ex viceministro de Trabajo y Economía Social, docente e investigador Universidad de Costa Rica
  120. Mauricio Castro Méndez. Investigador y docente de la UCR
  121. Rafael Barrantes. Tec. Eléctrico. Administrador de las páginas, La Voz Bolivariana Internacional y Conaicop Costa Rica
  122. José A. Amesty Rivera. Teólogo y articulista. Venezolano en Costa Rica
  123. Edgar Rodríguez Sancho. Presidente, Asociación de Arte y Cultura de Montes de Oca
  124. German Urbina Pastora. Ingeniero en Computación
  125. Valeria Navas Castillo, periodista
  126. Dr. Santiago Chaves Aguilar. Profesor e Investigador. Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada UCR
  127. Sofía Cortés Sequeira. Docente e investigadora UCR. Subsecretaria General Partido Frente Amplio.
  128. Marcelo Prieto Jiménez. Ex-rector de la Universidad Técnica Nacional, ex-diputado, ex-Presidente Ejecutivo del INA, ex-Embajador.
  129. Sigrid Segura Artavia. Geógrafa, especialista en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, diputada electa del Frente Amplio
  130. Pablo Zúñiga Morales. Abogado
  131. Marta Arauz Mora. Abogada y notaria. Diputada de mandato cumplido 2014 – 2018
  132. Margarita Penón Góngora, ex primera dama y ex diputada
  133. Karla Ruíz Hidalgo, M.Sc. Biotecnóloga y facilitadora comunitaria
  134. Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social
  135. Seidy Salas Víquez. Comunicadora Social
  136. Mariana Cruz Carrillo. Politóloga
  137. Felicia Echeverría Hermoso. Agricultora orgánica. Ex gerente del Programa Nacional de Agricultura Orgánica
  138. Sharo Rosales. Comunicadora. Presidenta de la Asociación del Seminario Bíblico Latinoamericano
  139. Doctor José de la Victoria Araya Guillén. Teólogo
  140. Walter Benavides. Cantautor, compositor y productor
  141. Lic. Marcos Chinchilla Montes. Trabajador Social
  142. Guillermo Lizano (Pele Lizano). Dirigente comunal y ex regidor de Cartago
  143. Deyanira Sequeira. Profesora honoraria de la UNA
  144. Mercedes Ulibarri Pernús. Luchadora social, de familia cubana
  145. Dorisa Ballestero González. Ex vicealcaldesa de Barva por el Frente Amplio
  146. Walter Coto Molina. Expresidente Asamblea Legislativa, ex profesor UCR, abogado, empresario
  147. José Eduardo Álvarez Araya. Informático, economista y abogado, asambleísta FA, expresidente ACODEHU
  148. Sharon Montoya Azofeifa. Psicóloga y docente de Psicología
  149. Rosa Adolio Cascante. Economista, docente universitaria, ex viceministra de educación, expresidenta de FONABE y CONAPE, ex directora de programas de equidad del MEP, ex directora del SINAES
  150. Miguel Ángel Herrera Cuarezma. Ciudadano
  151. Stefano Battaini Miranda. Psicólogo y activista en derechos humanos y de otros animales, ecologista
  152. Italo Fera Fallas. Sociólogo, dirigente de OS por lucha socio ambiental
  153. Joselyn Sáenz Núñez. Politóloga, abogada, diputada electa del Frente Amplio
  154. Marcela Naranjo Segura. Integrante del Partido Frente Amplio, exregidora en la Municipalidad de Sarapiquí, representante de Heredia en la CP del FA
  155. Martín Rodríguez Espinoza. Comunicador, secretario de Comunicación del Partido Vanguardia Popular (PVP)
  156. Alejandro Delgadillo Solano
  157. María del Mar Chavarría Soto. Psicóloga, bailarina y docente
  158. Sergio Erick Ardón Ramírez. Arquitecto, exdiputado de izquierda
  159. Master Lázaro Amoroso Rodríguez
  160. José María Gutiérrez Gutiérrez. Profesor emérito Universidad de Costa Rica
  161. Esteban Beltrán Ulate. Profesor universitario
  162. Vinicio Chacón Soto. Periodista
  163. Luis Diego Rojas Ávila. Profesor de Filosofía MEP, Lic. Derecho, Bach en Filosofía, Bach en educación.
  164. Andrea Ruiz Hidalgo. Artista profesional especializada en Cerámica
  165. Francisco Duarte-Martínez, MSc. Microbiología
  166. Ignacio Dobles Oropeza. Psicólogo social. Escritor
  167. Víctor Valembois, Dr.
  168. Oscar Barrantes Rodriguez. Historiador y analista político
  169. Rigoberto Aguilar Solís. Luchador social
  170. Alexander Bustamante Ampié. Abogado, docente, exfiscal nacional APSE 2003-2005
  171. Marta Lanuza Laguna. Empresaria
  172. Milagro Solis. Activista por los derechos humanos y Secretaria General del Partido Pueblo Unido
  173. Marta Eugenia López Subirós. Socióloga, demógrafa y política económica
  174. Xiomara Esquivel Vargas. Actriz y productora de artes escénicas, integrante de la PCOA-Costa Rica
  175. Jorge Arturo Montoya Alvarado. Historiador, profesor universitario
  176. Lic. Walter I. Hernández Vargas
  177. María José Monterroso Solís. Gestora de Recursos Naturales
  178. Eduardo de la Serna. Biblista
  179. Emma Martínez Ocaña. Teóloga y Psicoterapeuta
  180. Antonio Naranjo S. Empresario
  181. Antonio Atienza. Trabajador de la administración pública local de Andalucía
  182. María Dolores Meñaca, Profesora de Química
  183. Dr. Hermann Guendel. Filósofo y ensayista, académico UNA – UNED
  184. Jesús Galafate Puerto. Profesor jubilado
  185. Karla Chaves Brenes. Comunicadora y emprendedora
  186. Juan Carlos Mendoza García. Expresidente de la Asamblea Legislativa, exrepresentante permanente y embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas
  187. Jorge Orlando Bermúdez Hidalgo. Abogado
  188. Marjorie Jiménez Castro. Cátedra José Martí, UCR
  189. Mario Solera. Músico
  190. Andrés Mora Ramírez. Investigador y docente, Instituto de Estudios Latinoamericanos, UNA
  191. Msc. Byron Renato Barillas Girón. Sociólogo y criminólogo
  192. Evelyn Sánchez Granados. Psicóloga, emprendedora, ex embajadora de Costa Rica en Cuba
  193. Luis Ángel Salazar Oses. Profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED
  194. Licenciado Daniel Vartanian. Economista
  195. Licenciada Sonia Pineda. Bibliotecologa
  196. Licenciada Olga Parrado. Trabajadora Social
  197. Mainier Barboza Soto. Magister en Teología, licenciado en Educación
  198. Doctor Fabio Villalobos. Médico
  199. Rafael Ángel Sánchez Rojas. Profesor pensionado
  200. Gerardo Quirós Jiménez. Licenciado en Ciencias Políticas, ex funcionario de la Asamblea Legislativa

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“La solidaridad es la ternura de los pueblos”. 
—José Martí

Quienes han firmado y expresado de múltiples formas su solidaridad con el hermano pueblo cubano, son herederos de quienes manifestaron su apoyo al Apóstol Martí, en su visita a Costa Rica. Quienes hoy desde Cuba enfrentan las inhumanas medidas impuestas por el gobierno de Trump, son los legítimos herederos del Apóstol. Quienes, desde Costa Rica, han firmado este pronunciamiento, lo son también. Porque la Patria Grande es UNA. A todas y cada uno de ustedes, mi eterna e imperecedera gratitud.

—Arnoldo Mora Rodríguez.

Si usted desea adherirse a este pronunciamiento puede enviar su nombre y calidades al siguiente correo: Periodico.SURCOS@surcosdigital.com

 

Calificación país baja en el Índice de Percepción de la Corrupción

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica se aleja de los mejores puntajes de América y de los países de la OCDE, tendencia que muestra en otros indicadores internacionales.

Este 2025, Costa Rica obtuvo 56 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), lo que empeora el desempeño histórico, ya de por sí deficiente. Desde el 2012 que se calcula este índice de manera comparada, el país ha alcanzado como máximo un puntaje de 59 en la medición del 2017, pero se mantiene en la decena de los cincuenta, en la cual ha estado fluctuando desde el 2012, sin avances sostenidos.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 182 países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). Es la medida más utilizada para la comparación entre países y la calcula la organización no gubernamental Transparencia Internacional desde hace más de dos décadas.

Debido a la carencia de acciones más contundentes contra la corrupción, no sorprende que el país baje, y que se encuentre alejado de los mejores puntajes del continente (Canadá, 75 o Uruguay, 73) y también del promedio del IPC que tienen las democracias plenas (73), pues es el grupo en el cual Costa Rica debería compararse por su trayectoria institucional.

Para la Asociación Costa Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional en el país, esta disminución en nuestra calificación refleja una oportunidad perdida en el cuatrienio de gobierno que finaliza.

La popularidad alta no fue aprovechada para enarbolar la bandera anticorrupción de la que se habló con frecuencia. Pese a ello, los avances son deficientes en iniciativas como la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), el Estudio de Integridad de la OCDE, las recomendaciones de los informes de las convenciones internacionales anticorrupción y de otros informes similares. Asimismo, la ausencia de reglamentos a leyes como la 10437 (Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales) o la 10554 (Ley marco de acceso a la información pública), son también deudas importantes que al parecer se han trasladado a la nueva administración.

Por su parte, espacios cívicos como los grupos multiactor de Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Parlamento Abierto y Estándares de Transparencia para la Construcción (CoST), requieren un relanzamiento con compromiso explícito para su implementación e impacto.

La baja del IPC forma parte de otros indicadores relacionados con la democracia que tienden a empeorar para Costa Rica, particularmente la libertad de prensa y la independencia entre poderes del Estado.

Para Juany Guzmán León, presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra, “estamos al frente de una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, con una alta legitimidad, que reitera en la campaña electoral su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero para mejorar se requiere un plan claro, rendición de cuentas, respeto a las libertades fundamentales y priorizar acciones sustantivas”.

En esta perspectiva, en conjunto con otros actores de sociedad civil, la Asociación Costa Rica Integra, pondrá a la disposición de la nueva administración de gobierno, un conjunto de medidas que consideramos son clave en la ruta de una cultura de integridad, de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la participación ciudadana en el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos nacionales en estas materias.

Deterioro global. La publicación global del IPC llama la atención sobre un declive generalizado, incluso en las democracias más sólidas, haciendo énfasis en el caso de Estados Unidos que alcanzó el puntaje más bajo de su historia en el IPC (64), luego de debilitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) —una norma clave que prohíbe el soborno corporativo a funcionarios extranjeros.

Al mismo tiempo, los recortes a la ayuda estadounidense destinada a financiar organizaciones de la sociedad civil en el exterior que fiscalizan a sus gobiernos han debilitado los esfuerzos anticorrupción a nivel global. Líderes políticos de distintos países han interpretado esto como una luz verde para perseguir y restringir aún más a voces independientes, como ONG y periodistas.

El informe global del IPC dedica este año a la problemática del crimen organizado, y menciona en concreto a Costa Rica: “Con elecciones este año en Bahamas (64), Colombia (37), Perú (30) y Costa Rica (56), se requiere mayor transparencia en el financiamiento político y una aplicación más eficaz de la ley para prevenir y detectar la influencia corruptora del crimen organizado en las campañas electorales.

Asimismo, es fundamental fortalecer la cooperación en casos de corrupción transnacional y la regulación de contadores, banqueros y abogados que facilitan que personas corruptas y otros criminales oculten dinero ilícito. Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia frente al crimen organizado y superar la desigualdad y la violencia que están desgarrando a sus sociedades”.

La Asociación Costa Rica Íntegra es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, una organización sin fines de lucro, independiente y eminentemente apartidista. Como parte de sus objetivos principales, la organización centra sus labores en promover e impulsar, desde el ámbito de la sociedad, un sistema nacional de integridad: Transparencia, Anticorrupción y Probidad. (TAP).

Defender la democracia: un llamado urgente

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Tatiana Herrera Ávila
Mesa Coordinadora Encuentro Democrático

El escenario electoral que enfrentamos hoy como sociedad civil, como república democrática, es complejo y nublado. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos aquí? Cada uno de nosotros debería hacérsela, porque todos tenemos responsabilidad en este posible entierro… que aún estamos a tiempo de evitar.

Las nubes que oscurecen nuestro cielo no son sólo las del cambio climático. Son también las de una tormenta política que ha enfermado a tantos países de América Latina: la tentación de la dictadura. Sorprende que, conociendo las atrocidades de los diferentes sistemas totalitarios (de izquierda y de derecha y de todos los colores), todavía haya quienes la consideren una opción legítima.

La apuesta del oficialismo se sostiene sobre una figura de tono mesiánico, respaldada por sectores que buscan perpetuarse en el poder, debilitar la Constitución, eliminar controles democráticos y avanzar hacia un modelo de gobierno sin contrapesos. Se promete seguridad fácil, se invoca el orden, pero lo que se pone en juego son nuestras garantías individuales y sociales, ya dicho y promulgado por ellos mismos.

Costa Rica ha atravesado encrucijadas históricas antes. Así nació nuestra Segunda República: de un conflicto doloroso, pero también de un pacto democrático que nos hizo transitar una vía distinta a nivel regional. Ese Estado social, democrático y republicano no fue un accidente: fue una conquista.

Y hoy estamos peligrosamente a punto de perderla. Ante el desencanto, la corrupción, el costo de la vida, el miedo, el abstencionismo, el avance del narco y la fatiga colectiva, este domingo 1° de febrero de 2026 se nos convoca a las urnas. Votar no es un trámite: es un privilegio, un derecho y un deber histórico.

No da lo mismo. No son todos iguales. Sí hay por quién votar. El voto es hoy una forma de impedir que el país derive hacia un autoritarismo sin frenos. Es defender la institucionalidad democrática, nuestras garantías sociales y la posibilidad misma de un futuro común. Y también importa la Asamblea Legislativa: toda democracia necesita contrapesos, vigilancia y dignidad política.

El panorama en efecto aparece hoy más opaco, más nublado, más oscuro. Y conviene decirlo con claridad: este domingo no vamos a definir el fin del patriarcado ni transformar el modo de producción. Pero sí está en juego algo más inmediato y decisivo: la supervivencia estratégica de la democracia.

Lo que se disputa es la continuidad de nuestras libertades, de nuestras garantías sociales e individuales, del Estado social de derecho y de conquistas históricas que, sin ser un sistema perfecto, son invaluables: vivir en paz, en libertad, en una sociedad donde todavía es posible pensar, disentir y trabajar por mejorarnos. Mantener eso es conservar el terreno para poder enfrentar los retos del futuro.

Y, quizá, también convenga decirlo: esta primera ronda puede tener un sentido estratégico. Impedir que el continuismo autoritario se imponga sin contrapesos e irremediablemente, y más bien, abrir la posibilidad de una segunda vuelta donde el país pueda deliberar con más claridad, respirar con más tiempo y rechazar el chantaje del miedo como destino inevitable.

Porque si esa segunda vuelta llega, deberá ser el momento de tender puentes. De reunir, sin ingenuidad, pero con responsabilidad histórica, a las diversas “comunidades de base” de creyentes comprometidos, a las fuerzas patrióticas, socialdemócratas, progresistas, populares, en fin, a las fuerzas vivas del país que todavía creen en la convivencia republicana, en la justicia social y en la paz institucional. No se trata de pureza ideológica: se trata de defender el suelo común.

Porque la democracia inicia en las urnas, y luego se cuida y se construye todos los días. ¡Antes patria, que partido!

Parlamento Cívico Ambiental y múltiples organizaciones presentan Manifiesto Ambiental Ciudadano de cara a las elecciones del 1 de febrero

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El Parlamento Cívico Ambiental con sus 37 organizaciones, junto a múltiples organizaciones ambientales, sociales, académicas y comunitarias, presentó hoy públicamente el Manifiesto Ambiental Ciudadano, un llamado urgente a la conciencia nacional ante las decisiones que el país tomará en las elecciones del próximo 1 de febrero de 2026.

El manifiesto advierte sobre el acelerado debilitamiento de la institucionalidad ambiental, la erosión regulatoria, la presión extractivista sobre territorios y bienes comunes, y el riesgo real de un retroceso histórico en materia de política ambiental. Al mismo tiempo, subraya que aún existe una oportunidad democrática para elegir un rumbo distinto, basado en evidencia, fortalecimiento institucional y protección efectiva del patrimonio natural.

El documento se sustenta en un estudio independiente elaborado por la Asociación ARTES-JUSTECO, presentado por el Parlamento Cívico Ambiental, que evaluó los programas de gobierno de los partidos políticos mediante 50 indicadores en 13 categorías temáticas, con base en el Capítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los resultados evidencian diferencias sustantivas entre las propuestas partidarias y permiten a la ciudadanía votar de manera informada.

“El país no está eligiendo únicamente un gobierno, está decidiendo el futuro de su biodiversidad, sus costas, sus bosques, su agua y la solidez de su democracia ambiental”, señala el manifiesto. “Sin ambiente no hay economía, sin agua no hay salud y sin instituciones fuertes no hay conservación”.

El Parlamento Cívico Ambiental y las organizaciones firmantes hacen un llamado directo:

  • A la ciudadanía, a informarse y votar con base en evidencia, no en discursos vacíos.
  • A los medios de comunicación, a exigir definiciones claras a las candidaturas sobre erosión regulatoria, apropiación de bienes comunes y financiamiento de la institucionalidad ambiental.
  • A los partidos políticos, a asumir que sus compromisos serán observados y evaluados después del proceso electoral.

El manifiesto permanece abierto a la adhesión de organizaciones y personas del sector ambiental, académico, social y productivo comprometido con la sostenibilidad, con el objetivo de que el ambiente ocupe un lugar central en la agenda electoral. Puede firmarse en: https://c.org/ch8L2SwGwR.

“El 1 de febrero no se vota solo por un período de gobierno. Se vota por el tipo de país que heredarán las próximas generaciones”, concluye el documento.

Organizaciones firmantes dentro y fuera del Parlamento Cívico Ambiental

ACEPESA
ACOS
ADI Magnolias
ARCAA
ARTES-JUSTECO
ASECOBI
Asociación Plataforma Organizaciones de la Sociedad Civil por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Asociación. Belén Sostenible
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE)
Asociación de Movilidad Activa y Sostenible Pedal
Asociación Mujeres AMICREO
Cruzando Fronteras.
Cruzando Fronteras.
Defensoría del Pescador Artesanal
Escuela Socioambiental Caraigres
For the Oceans Foundation
FORTECH S.A.
Frente por la Vida
Frente Mario Biza por las Áreas Silvestres Protegidas
Fundación Arboles y Vida
Fundación Laberinto
Fundación OneSea
Fundación Sombrilla del Bosque
Fundación XTREM@S
La Ruta del Clima
Movimiento Ciudadano Pymes
Movimiento Laudato Si
Natural Packing
OCA Quebrada Barreal
OCA Río Cañas
Pastoral Ecológica La Soledad
Programa de Gestión Local – UNED
Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo
Colectivo RASA
Red Costarricense de Reservas Naturales
Red de Juventudes y Cambio Climático
Universidad de Costa Rica.
Universidad Nacional

Puede descargar el Manifiesto desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Manifiesto-Ambiental-Elecciones-2026-VR.pdf

Compromiso de candidaturas con la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS

Escrito en . Publicado en Elecciones, Portada.

Este miércoles 7 se presentó públicamente el Compromiso por la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una declaración impulsada desde la sociedad civil que reafirma la salud como derecho humano, política de Estado y pilar de la convivencia democrática, la equidad y la paz social en Costa Rica.

La iniciativa es promovida por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, quienes convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros, verificables y de largo plazo para proteger el sistema público de salud en su conjunto, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad para toda la población.

A la fecha, el documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios del país.

Mediante invitación formal, se convocó a las 20 candidaturas a la Presidencia de la República para el período 2026–2030. Aceptaron suscribir el compromiso las siguientes personas candidatas: Álvaro Ramos Chaves, Ana Virginia Calzada Miranda, Ariel Robles Barrantes, Claudia Dobles Camargo, Claudio Alpízar Otoya y Fernando Zamora Castellanos.

Salud pública y CCSS: pilares complementarios

El Compromiso subraya que la salud pública y la CCSS son pilares complementarios e inseparables del modelo social costarricense. Mientras el Ministerio de Salud debe ejercer una rectoría técnica, fuerte y articuladora, la CCSS garantiza la prestación solidaria y universal de los servicios de salud, desde el primer nivel de atención hasta los hospitales especializados.

Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado indicadores de salud destacados, como alta esperanza de vida, baja mortalidad materna y una cobertura amplia de atención. Sin embargo, el documento advierte que hoy el sistema enfrenta amenazas y retos estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.

Entre ellos se señalan las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el crecimiento de la informalidad laboral, las brechas territoriales en el acceso a servicios y el aumento reciente de la mortalidad infantil, que en 2024 alcanzó la tasa más alta de los últimos 16 años, según datos oficiales.

Asimismo, se alerta sobre intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario y el derecho humano a la salud.

“Defender la salud pública es defender la vida, la dignidad y la equidad. La CCSS no es solo una institución: es una conquista histórica que sostiene el bienestar y la paz social del país”, señala el Compromiso.

Cinco ejes de compromiso

En caso de asumir la Presidencia de la República para el período 2026–2030, las personas firmantes se comprometen a actuar en cinco áreas estratégicas:

  1. Principios del sistema de salud y la seguridad social
  • Defender y fortalecer la salud pública y la CCSS como patrimonio de toda la población.
  • Garantizar la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y financiamiento del sistema.
  • No promover iniciativas que atenten contra la autonomía o los principios rectores de la seguridad social.
  1. Gobernanza técnica y autonomía institucional
  • Nombrar liderazgos técnicos, íntegros y con idoneidad comprobada.
  • Blindar a la CCSS frente a intereses políticos o particulares.
  • Fortalecer la participación del personal de salud, las comunidades y los territorios.
  1. Financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal
  • Garantizar el pago oportuno y progresivo de la deuda del Estado con la CCSS.
  • Fortalecer la corresponsabilidad tripartita.
  • Combatir la evasión y la morosidad patronal y excluir a la CCSS de la regla fiscal, asegurando transparencia.
  1. Modernización y calidad del sistema de salud
  • Impulsar infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y trabajo en red.
  • Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en coordinación con la CCSS y otras instituciones.
  • Reforzar la prevención, la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales desde los territorios.
  1. Condiciones laborales y desarrollo profesional
  • Garantizar condiciones laborales justas, estables y seguras para el personal de salud.
  • Fortalecer la formación continua, el desarrollo profesional y el bienestar laboral.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

El Compromiso concluye que proteger la salud pública y fortalecer la CCSS es una responsabilidad de toda la sociedad, ya que su solidez impacta directamente en la calidad de vida, la equidad social, la productividad, la respuesta ante emergencias y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.

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A la fecha, este esfuerzo cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones, que han avalado formalmente el documento:

  1. Asociación Costarricense de Directores Médicos (ACOD MED)
  2. Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública (ADESAP)
  3. Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
  4. Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD)
  5. Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL)
  6. Asociación Síndrome de Down Costa Rica (ASIDOWN)
  7. Avance Isidreño
  8. Cámara Nacional de Meliponicultores de Costa Rica (CANAMEL)
  9. Causa Sur
  10. Costa Rica por la Caja
  11. El Observatorio de Genero y Medios (GEMA)
  12. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (FCS-UCR)
  13. Federación Unión Sindical del Grupo ICE (FUS ICE)
  14. Foro de Mujeres Políticas
  15. Frente de Lucha del Hospital de Cartago
  16. Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
  17. La Caja es Nuestra
  18. La Red por Costa Rica
  19. Movimiento Asambleas Populares (MAP)
  20. Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
  21. Mujeres por Costa Rica
  22. Palabras Viajeras
  23. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
  24. Sindicato de Enfermería (SINAE AFINES)
  25. Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS)
  26. Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME)
  27. Somos Río Chirripó
  28. Universidad de Costa Rica (UCR)
  29. Universidad Nacional (UNA)
  30. Verde Verdad Escuela Nómade

Puede descargar el documento completo desde la página de SURCOS mediante este enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Compromisos-en-defensa-y-fortalecimiento-de-la-Salud-Publica-y-la-CCSS.pdf