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Etiqueta: solidaridad

Igualdad de oportunidades en la educación en contexto de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Muñoz Varela[1]

En marzo de 2020, de un día para otro la vida cotidiana costarricense amaneció enmarcada en un cuadriculado de emergentes temores, ansiedades, incertidumbres, restricciones. Había llegado una amenaza invisible de la que, según lo apuntaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades sanitarias de diversos países del mundo y los informes de investigación de distintos centros e institutos científicos especializados, nada se sabía. Un virus al que se le dio por nombre Covid-19, originado por zoonosis y cuyas causas se atribuyen a los desequilibrios provocados en la naturaleza por la depredación de los recursos naturales y la destrucción humana de los ecosistemas. A cien años de la “gripe española”, la pandemia del coronavirus Sars Cov-2 se había instalado planetariamente.

En Costa Rica, al tiempo que se establecieron las medidas sanitarias y diversas restricciones dictadas por el gobierno (confinamiento en casa, restricción a la movilización vehicular, cierre de diversos establecimientos comerciales, paralización de múltiples actividades económicas y productivas, el teletrabajo), también llegó, lógicamente, la pérdida de empleos, la reducción de la jornada laboral, la clausura de ingresos para pequeños negocios y empresas; la crisis económica.

La llegada de la pandemia trastocó y puso en estado de quiebra toda la “normalidad” en la que se vivía hasta inicios de marzo. Las primeras reacciones estuvieron determinadas por una ambivalencia entre cuidarse de los contagios y respetar las medidas sanitarias, o si aventurarse a seguir en las mismas dinámicas de la vida cotidiana tal como se hallaban definidas y estructuradas hasta ese momento. Pronto dicha ambivalencia quedó resuelta, al irse tomando conciencia de la gravedad de la situación y, sobre todo, a partir del momento en que las autoridades de gobierno establecieron medidas drásticas cuyo desacato implicaba penalizaciones de diversa magnitud.

Trascurridos poco más de dos meses desde la aparición del primer contagio de Covid-19 en Costa Rica, los acontecimientos ocurridos en este tiempo han revelado con claridad varios aspectos importantes y, por cierto, algunos de ellos también bastante preocupantes.

En primer lugar, seguramente quepa destacar las capacidades de respuesta desplegadas por las instituciones del sistema de salud del país; capacidades de organización hospitalaria, de competencias y solidez profesional del personal médico y de enfermería; de acervo de conocimiento científico y de capacidad tecnológica instalada en materia de salud; la seriedad asumida por las autoridades de salud en el ámbito de la gestión para controlar y contener la propagación de los contagios. La pandemia, en resumen, ha puesto de manifiesto el valor y la importancia de contar con un sistema de salud pública bien articulado y con capacidades de cobertura universal. La sociedad costarricense despertó de una especie de modorra y de indolencia en la que estaba, para empezar de pronto a comprender que hay instituciones a las que se debe proteger, cuidar y defender.

Asociado a este aspecto positivo, la pandemia también vino a transparentar, por otra parte, una realidad nacional de profunda desigualdad social y económica. Aunque ya claramente se percibía esta situación desde hace mucho tiempo, sin embargo, había pasado a quedar marginada de la sensibilidad social e institucional del país; se había normalizado. La pandemia no solo ha venido a poner de manifiesto de manera clara y contundente la magnitud de las desigualdades sociales prevalentes en Costa Rica, sino que, además, las profundiza aún más y las coloca en un plano de incremento y de reproducción en una proyección de largo plazo.

Al respecto, valga la ocasión para hacer una pequeña exposición de las cifras que dan cuenta de las desigualdades sociales en Costa Rica. Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al año 2019, la tasa de pobreza en el país abarca al 20,98% de los hogares, distribuida en 15,14% de hogares en condición de pobreza no extrema y de 5,84% en pobreza extrema. La zona rural es la que presenta la mayor tasa de hogares en pobreza: un 24,17% frente a un 19,77% en la zona urbana. Por regiones de planificación, la distribución de las tasas de pobreza es como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tasas de pobreza de los hogares en Costa Rica, año 2019

Región de planificación

No pobres

Pobres

Total

Pobreza no extrema

Pobreza extrema

Central

83,01

16,99

12,68

4,32

Chorotega

79,74

20,26

14,84

5,42

Pacífico Central

70,21

29,79

20,67

9,11

Brunca

69,65

30,35

21,11

9,24

Huetar Caribe

70,76

29,24

20,34

8,90

Huetar Norte

72,41

27,59

18,70

8,89

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares, 2019a.

El término pobreza indica que los hogares están en una situación tal “cuando su ingreso per cápita es menor que el costo per cápita de una canasta de bienes y servicios, requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia”. (INEC, 2020, p. 35). Se trata de una canasta básica de bienes y servicios de necesidad elemental para la subsistencia: alimentación, salud, agua potable, energía, vivienda, educación. Por su naturaleza básica, esta canasta no incluye bienes y servicios tales como dispositivos tecnológicos, computadoras, tabletas, conectividad a internet.

El término pobreza extrema, por su parte, salvando la obviedad, indica un estado socioeconómico en el que los hogares se encuentran en una situación de carencias múltiples que les impide el acceso a vivienda, alimentación, salud, higiene, servicios de agua potable y electricidad. Se trata de hogares en los que, lógicamente, el acceso a la educación y a la permanencia en el sistema educativo presentan serias y ostensibles limitaciones.

La población tipificada como no pobre, por otra parte, está conformada por hogares que, en general, cuentan con una solvencia económica al menos suficiente para tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación y salud, vivienda, educación. Sin embargo, esta es una población altamente heterogénea, desigual en la disposición de ingresos y en el acceso a bienes de índole tecnológica como una computadora o la conectividad de internet, así como a los diversos servicios que hoy son indispensables para solventar los requerimientos de la vida actual.

Por diversas razones (monto de los ingresos, lugar de residencia, estabilidad del empleo), el hecho de tipificar como un hogar no pobre no significa que se cuente con suficientes bienes y servicios. En este mayoritario grupo social de los hogares no pobres está incluida una importante cantidad de ellos en los que las probabilidades de pasar a formar parte de los hogares en condición de pobreza son bastante altas.  

De conformidad con las cifras expuestas en la tabla 1, las regiones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema son, en orden de mayor a menor, la Brunca, la Pacífico Central, la Huetar Caribe y la Huetar Norte. Todas estas regiones se caracterizan por ser mayoritariamente rurales y, salvo en el caso de la Huetar Norte, por ser también costeras. Con las obvias diferencias, puede decirse que, en general, en estas regiones, las actividades económicas están básicamente definidas por la agricultura, la ganadería, la agroindustria de monocultivo, la pesca, el turismo y los servicios.

Sobre la base de los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación, establecidos en las políticas educativas costarricenses del último cuarto de siglo, puede decirse que, en general, en todo el territorio nacional se hace necesario desarrollar acciones de política, institucionales y programáticas, para que la aplicación de estos principios conduzca, en efecto, a crear las capacidades que se requieren para reducir las desigualdades sociales y avanzar en el establecimiento de condiciones para el logro del bienestar social y el buen vivir.

Las anteriores diferencias por regiones de planificación indican que las acciones y esfuerzos por emprender no pueden ser desarrollados por medio de políticas, programas y estrategias de aplicación homogénea. Cada región amerita la atención que de manera específica demandan las propias realidades sociales, económicas, culturales e institucionales que les caracterizan. Esto también vale de manera especial para la educación.

A fin de complementar la información anterior y contar con un panorama un poco más amplio acerca de la situación socioeconómica en que se encuentran los hogares en Costa Rica, en la siguiente tabla se presentan las estadísticas sobre ocupación, desempleo, subempleo y de empleo informal.

Tabla 2: Tasas de ocupación, desempleo, personas ocupadas con subempleo, personas ocupadas con empleo informal, por regiones de planificación, año 2020.

Región de planificación

Tasa de ocupación[2]

Tasa de desempleo[3]

Porcentaje de personas ocupadas con subempleo

Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal[4]

Central

58,7

12,3

11,4

45,8

Chorotega

46,8

15,2

12,8

44,6

Pacífico Central

52,4

9,1

16,3

54,1

Brunca

45,7

16,1

15,0

53,9

Huetar Caribe

50,9

12,0

9,9

43,4

Huetar Norte

54,7

11,7

18,6

53,7

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Hogares 2020.

Tal como se puede observar, estas cifras develan, aún con mayor claridad, la magnitud crítica de la desigualdad social y de la precariedad e inestabilidad socioeconómica en la que se encuentra una significativa proporción de los hogares costarricenses.

La región Brunca sigue siendo la que presenta la situación más desfavorable, al exhibir la menor tasa de ocupación y la mayor de desempleo. Sin embargo, en este caso, la región Chorotega, que en los datos de la tabla 1 ocupaba la segunda mejor posición, registra ahora como la segunda de las regiones más afectadas por los bajos niveles de ocupación y los mayores de desempleo. La explicación de esta diferencia puede que resida en el hecho de que, al ser las tasas una representación de magnitudes promedio, no pueden dar cuenta de la intensidad específica en la que se distribuyen las desigualdades sociales al interior de cada región.

En general, incluso en un caso como el de la región Central, que en todos los aspectos considerados en las estadísticas del INEC aparece siempre ocupando las mejores posiciones, cabe presuponer que la magnitud de las desigualdades sociales intrarregionales es aún mayor y más intensa de lo que reflejan las cifras estadísticas.

En el actual contexto de la pandemia y de la crisis económica devenida y agudizada por ella, en materia de empleo, desempleo, pobreza y pobreza extrema, la información difundida por distintas fuentes oficiales señala la configuración de una situación que pasa a ser dramática en todo el territorio nacional. Las repercusiones económicas de la crisis sanitaria vienen a incrementar la crítica situación en la que ya de por sí se estaba antes de que ella apareciera y, en este momento, se incrementan por miles los hogares que afrontan múltiples dificultades para poder agenciarse la subsistencia del día a día.

En su informe anual 2019, Unicef- Costa Rica señaló que 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza en nuestro país. La crisis económica que ya enfrentábamos se agrava ahora por los efectos del COVID- 19 ante el aumento drástico del desempleo. (Guardia, 2020).

Según es obvio, se trata de una situación que, al mismo tiempo, desencadena afectaciones múltiples en lo que concierne a la educación. Una vez declarada la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) tomaron la decisión de suspender el curso lectivo presencial en todos los centros educativos del país, para pasar a implementar la modalidad de educación virtual a distancia.

A tal efecto, a fin de identificar de manera aproximada cuáles son las posibilidades que tienen las distintas poblaciones estudiantiles del país para hacer frente a los requerimientos que plantea la dinámica de la educación virtual a distancia, se presentan en la tabla 3 los porcentajes de viviendas que, por regiones de planificación, cuentan con disposición de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de necesidad básica para atender la educación virtual a distancia.

Tabla 3: Porcentajes de viviendas que cuentan con diferentes TIC, por regiones de planificación, año 2019

Región de planificación

Con teléfono residencial

Con teléfono celular

Computadora

Tableta

Servicio de internet en la vivienda

Central

39,1

96,2

55,1

21,9

88,3

Chorotega

20,7

95,8

38,0

9,2

82,5

Pacífico Central

20,0

96,1

36,0

9,8

88,1

Brunca

15,5

96,3

37,9

6,8

83,6

Huetar Caribe

11,6

96,4

29,1

8,3

82,8

Huetar Norte

16,1

96,1

29,9

7,7

80,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2019b.

Tal como refieren las estadísticas, el teléfono celular es el dispositivo TIC que en mayor proporción existe en los hogares de Costa Rica. Todas las regiones de planificación registran una tasa de más de 95% de las viviendas que cuentan con al menos un teléfono celular. Caso contrario lo es el de la telefonía residencial o fija, cuyas tasas son muy inferiores y la más alta de ellas ocurre en la región Central (39,1%), siendo ésta prácticamente el doble de la que presentan las regiones Chorotega y Pacífico Central, las dos regiones que, en este aspecto, ocupan la segunda y tercera posición.

Las estadísticas sobre la disposición de internet en las viviendas, por su parte, indican que, en todas las regiones de planificación, más del 80% de los hogares cuenta con acceso a este servicio. Las mayores proporciones las tienen la región Central y la Chorotega. Sin embargo, este dato es inespecífico; no refiere si la conexión es por la vía del servicio celular de datos móviles, o por la de la conexión fija. Es muy probable que sea lo primero.

En lo que respecta a la disposición de computadoras en los hogares, las cifras son bastante bajas y únicamente la región Central presenta una proporción ligeramente superior a la mitad de las viviendas. En las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, en más de las dos terceras partes de los hogares no se cuenta con una computadora. Y en lo referente a tabletas, que constituye otra herramienta de necesidad básica para atender los requerimientos de la educación virtual a distancia, las cifras son aún menores. Únicamente en la región Central superan levemente el 20% de los hogares, mientras que en las demás regiones se ubican por debajo del 10%.

Costa Rica ha desarrollado legislación, diseñado políticas y establecido programas para asegurar los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación. Las poblaciones estudiantiles cuentan con el acceso a los servicios de los programas de Alimentación y Nutrición (PANEA) y de Transporte Estudiantil (PTE), así como a los apoyos que brindan el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos. Asimismo, de más reciente creación, también está la estrategia “Yo me apunto con la educación”, que tiene por finalidad brindar atención especial a los centros educativos de las comunidades que afrontan mayores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social.

Este conjunto de iniciativas y de acciones está asociado con el principio fundamental de la solidaridad, que junto con los de igualdad de oportunidades y de inclusión y no discriminación es constitutivo de los derechos humanos y, en particular, del derecho humano a la educación. En su enunciado formal, el principio de solidaridad establece que, en su conjunto, la institucionalidad del Estado y de la sociedad tienen el deber y la responsabilidad ineludibles de proporcionar las condiciones y proveer la dotación de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad que cumpla con los principios de “acceso universal”, “no discriminación” y de “igualdad de oportunidades y de trato”. En este sentido, declara la UNESCO (2016): “ningún país que se comprometa seriamente con la educación para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta”.

Más allá incluso de la dotación de recursos, que son imprescindibles, el principio de solidaridad remite esencialmente a la creación y facilitación de las condiciones que permitan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y no discriminación. En situaciones especiales causadas por desastres naturales, guerras, crisis sanitarias, crisis económicas, el principio de solidaridad involucra la creación y sustentación de las condiciones que faciliten a las comunidades y a las poblaciones estudiantiles más afectadas poder protegerse de los daños y pérdidas que acontezcan en el marco de la coyuntura de crisis.

Se trata de afectaciones que, de no atenderse con la prontitud, alcance de cobertura y calidad que se requiere, pueden pasar a convertirse en pérdidas cuyo impacto en el incremento de la inequidad y la desigualdad social tendrá efectos que se proyectarán a largo plazo, con todas las implicaciones negativas que harán derivar para el conjunto en general de la sociedad.

La pandemia llegó de repente y obligó a las autoridades de gobierno a tomar medidas de emergencia. El establecimiento de estas medidas representó una quiebra abrupta de la “normalidad” de la vida cotidiana y de todas las actividades asociadas a ella. En materia de educación, la suspensión del curso lectivo en su modalidad presencial y su conversión a educación virtual a distancia dejó en condiciones claras de desventaja a una diversidad de poblaciones y sectores estudiantiles. Además, al tiempo que se suspendía el curso lectivo, las medidas sanitarias establecidas para contener y frenar la propagación de la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricción vehicular, cierre de lugares públicos), afectaron diversas actividades económicas y productivas, de la misma manera que una cantidad significativa de familias han visto restringidas o incluso canceladas las posibilidades para agenciarse la subsistencia.

En este momento, aún cuando no existan evaluaciones de por medio respecto del trabajo que se le asigna a la población estudiantil para realizar en sus hogares, lo cierto es que hay un sector mayoritario de estudiantes que, al carecer de las condiciones necesarias para atender los requerimientos de la educación virtual, ha quedado en una clara desventaja en relación con otros sectores que sí cuentan con esas condiciones. Esta es una situación que obliga a hacer un esfuerzo amplio de análisis, en articulación y convergencia interinstitucional y multisectorial, a fin de identificar y definir las acciones inmediatas y estratégicas que permitan dar contención a las afectaciones y allegar los apoyos que contribuyan a atender y solventar en la mayor medida posible las carencias.

Las desventajas no tienen que ver únicamente con la no disposición del equipo y la conectividad. También intervienen en ellas factores como el desempleo de las jefaturas de familia, la necesidad de contribuir con la búsqueda de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas; la carencia de una alfabetización adecuada en el hogar, que imposibilita brindar acompañamiento a las hijas e hijos en sus menesteres escolares. Se trata de carencias y desventajas “corrosivas” (Nussbaum, 2012) que, de no tomarse en consideración, inevitablemente repercutirán en un deterioro presente y a futuro del bienestar social para muchas familias y de oportunidades para distintos sectores de estudiantes.

Este panorama crítico plantea la necesidad urgente de que los diversos actores involucrados en el campo de la educación (académicos, institucionales, organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, organizaciones productivas, colectivos de mujeres, asociaciones locales) contribuyan a buscar alternativas de atención y respuesta a esta difícil y problemática situación. La academia universitaria, en particular, la comunidad investigadora vinculada al campo de la educación se encuentra interpelada para desarrollar las acciones de investigación, análisis y reflexión sobre lo que acontece, a fin de identificar posibles soluciones y a hacer que éstas se canalicen y se pongan a disposición de las autoridades del MEP y de las demás instituciones que puedan estar convocadas a participar en la articulación y la convergencia de los esfuerzos.

La medida adoptada de establecer la modalidad de educación virtual a distancia requiere ser evaluada de manera urgente. En esta evaluación deben participar estudiantes, docentes y madres y padres de familia. Es preciso realizar consultas localizadas, contextualizadas, en cada una de las comunidades y regiones del país. Es imprescindible conocer de qué manera las poblaciones estudiantiles, la planta docente y las familias han asumido los requerimientos de la educación virtual a distancia; cómo se ha llevado a cabo la dinámica de la “mediación pedagógica” y con qué disposición de equipo se ha contado.

Esta evaluación es necesaria y muy importante, en la medida que sus resultados permitirán identificar las dificultades que se hayan tenido, hacer los ajustes pedagógicos que se requiera, brindar capacitación a la planta docente que se haya visto más limitada para el desarrollo de su trabajo, coordinar con las instituciones y empresas prestadoras de servicios de internet para asegurar la plena cobertura nacional de este servicio.

Según se ha indicado por parte del MEP, la proyección es retornar al curso lectivo presencial a partir del próximo mes de agosto, después de concluido el período de vacaciones de medio año. El cumplimiento de esta proyección, sin embargo, depende de diversos factores y la mayoría de ellos son externos al sistema educativo y a las competencias del MEP. El comportamiento de la pandemia es incierto y el regreso a los centros educativos, además, no se podrá llevar a cabo sin el establecimiento de diversas medidas de control y vigilancia sanitaria. Este es otro aspecto en el que las autoridades educativas habrán de implementar capacitaciones al personal docente y administrativo, para lo cual desde ya se tendrían que estar desarrollando las acciones correspondientes.

De igual manera, la decisión de retornar al curso lectivo presencial, ya sea en agosto próximo o después, es una decisión que requiere de un análisis minucioso acerca de todos los factores implicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la disposición de ingresos de los hogares, el empleo, al menos una mínima estabilidad económica de las familias.

Esta es una dimensión de la situación de crisis que no puede ser obviada y que exige una atención cuidadosa. De no tratarse con el cuidado y la atención que amerita, se estaría empujando a una proporción amplia y diversa de sectores estudiantiles a una situación de mayor desigualdad que la que ya existía antes de la llegada de la pandemia. Esta decisión, en último término, debe estar basada en un plan de contingencia y de recuperación que, como ya se indicó, demanda una formulación de políticas que puedan ser ejecutadas por medio del accionar de una plataforma de articulación y convergencia multisectorial e interinstitucional.

Referencias bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: UNICEF. Recuperado de: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Guardia Donato, Diana. (2020). ¿Qué pasa con la infancia costarricense durante la cuarentena? Semanario Universidad, 06 de mayo de 2020. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/que-pasa-con-la-infancia-costarricense-durante-la-cuarentena/?fbclid=IwAR0Iz_GV18pQxGgpiZykAyHZyLQFg_x6B3Wte9RoODJvFGikFZsZMJAtpc0

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019a). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019b). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/otros-temas-ciencia-y-tecnologia/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-hogares

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Anuario estadístico 2016/2018. Compendio de estadísticas nacionales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reanuario2016-2018.pdf

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Programa Estado de la Nación. (2019). Informe Estado de la Nación 2019. San José: Servicios Gráficos AC. Recuperado de: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf

Nussbaum, Martha C. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/361404680/Crear-Capacidad-Martha-Nussbaum

 

[1] Investigador del Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. Mayo de 2020. C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr

[2] “Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar.” (INEC, 2020). La población en edad de trabajar es la que tiene 15 años y más.

[3] “Porcentaje de la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo. (INEC, 2020).

[4] “Porcentaje de la población ocupada con empleo informal respecto al total de ocupados.” (INEC, 2020).

Foto del Semanario Universidad. Estudiante de Sixaola, Limón.

Construyendo confluencia desde la base social

Escrito en . Publicado en Alianza, Aportes para el desarrollo.

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.

De la pandemia a la partenogénesis

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Arnoldo Mora Rodríguez

Como si estuviéramos ante una nueva versión del dios Jano, un fantasma de doble rostro recorre el mundo; se trata de un solo fantasma pero con dos rostros: el uno que mira hacia atrás, el otro hacia adelante. Ambos ya son conocidos por la humanidad; el uno nos da una visión del pasado, el otro atisba el futuro; el uno es una pesadilla, el otro un sueño; ambos constituyen una muestra indeleble de lo que es la cultura occidental. La pesadilla fue anunciada por el fantasma como el anuncio de la tragedia que envuelve el trono de Dinamarca, según el célebre drama de Shakespeare; el otro rostro lanza la primera frase del no menos célebre Manifiesto de 1848 en que Carlos Marx y Federico Engels proclaman que un nuevo salvador ha venido al mundo: el proletariado (“los pobres de la tierra” diría hoy la teología de la liberación, en una frase que evoca a José Martí, tanto como al Sermón de la Montaña).

En mi reclusión de estas semanas en mi casa, se han dado cita en mi mente estos dos fantasmas, mientras veo a la humanidad sumida en los dolores de un parto, que anuncia que el terror apocalíptico de las pestes debe convertirse en grito de esperanza ante el advenimiento de una nueva época, tal como, a inicios del segundo milenio lo proclamara el monje calabrese Joaquín de Fiori. La evocación de ese teólogo medieval no es gratuita, ni casual. Hoy vivimos el fin del segundo milenio de la cristiandad y el inicio del tercero; el año 2000 no fue sólo el comienzo del nuevo siglo, el XXI, sino igualmente el inicio de un nuevo milenio, el tercero. Pero, para saber hacia dónde vamos, debemos primero conocer de dónde venimos. En vísperas del primer milenio Julio César crea el modelo de Estado que le permitirá a Occidente dominar el mundo, al convertir la República de Roma en el Imperio Romano; seis años antes del año con que comenzó nuestra era nace, según hay consenso entre los historiadores actuales, el personaje histórico más influyente de la historia hasta el momento actual: el judío Yeoshua de Nazareth, llamado Jesucristo, según la terminología del griego coiné imperante como lengua franca de la Cuenca del Mediterráneo en esa época. En el año mil en la Edad Media cristiana, se vive como cosmovisión la versión milenarista de la teología, según la cual, con la llegada del año mil, retornaría Cristo a juzgar a los pueblos y, con ello, la humanidad tal como la conocemos, habría llegado a su fin, sólo habría el cielo y el infierno, el primero para los justos y el segundo para los perversos; la profecía del Apocalipsis se habría cumplido, por lo que la historia de la humanidad y la humanidad misma no sería nunca más la misma, se acababa un mundo y se daba inicio a otro, radicalmente nuevo, calificado por Fiori como la era del Espíritu Santo, en que la iglesia jerárquica desaparecería y daría inicio la era de la libertad de los hijos de Dios…Pero resultó que Cristo no regresó ni se acabó el mundo; todo lo contrario, el papado, que como centro de poder absoluto se venía paulatina pero inexorablemente confirmando, llenando así el vacío provocado por la decadencia del Imperio creado por Carlo Magno y el nacimiento de lo que se llamará Europa; el papado lanzaría Las Cruzadas, con lo que se iniciaba la conquista del Mediterráneo y la expansión planetaria del Occidente Cristiano como potencia dominante…hasta el presente. Desde entonces Occidente ha emprendido una cruzada que abarca el planeta entero, que se inicia con el “descubrimiento” de todo un Nuevo Mundo más allá de “la Mar Océano”, como llamaban los conquistadores españoles al actual Océano Atlántico; el pequeño pero poderoso militarmente reino de Castilla lograba la proeza histórica de forjar el primer imperio en el cual “no se ponía el sol”. Se requerirán cuatro siglos para que surja otro imperio absolutamente planetario, el británico, que será amo del universo durante todo un siglo: desde la Batalla de Waterloo (1815) hasta la 1ra. Guerra Mundial (1914). El último imperio de Occidente, el Norteamericano, hegemónico después de la 2da.Guerra Mundial (1940) llega, con el nuevo siglo y con el nuevo milenio, a su fin; con ello, como decía el último primer ministro laborista Gordon Brown en la Cumbre de Dabos del 2008:”West is over”.

La actual pandemia, la más planetaria que conoce la historia, ha puesto dramáticamente en evidencia que estamos siendo testigos de la más grande revolución política, social y cultural que pone fin a dos mil años de hegemonía mundial de la Cristiandad Occidental. Pero no por ello la humanidad o la historia se acaban; un nuevo orden mundial se gesta construido por un nuevo sujeto histórico: un ser humano con conciencia o identidad planetaria, dado que los actuales desafíos a los que afronta la especie ya no son regionales sino planetarios; por eso, en cada decisión que tomemos, se pone en juego la sobrevivencia misma de la especie. Nunca como ahora que el homo sapiens ha acumulado la mayor cantidad de poder que especie viviente alguna haya logrado en la evolución, el espectro de la muerte nos acompañará tanto como la euforia provocada por la conciencia de disfrutar de un poder cuasi infinito; viviremos entre la pesadilla y el ensueño. Como lo vislumbró Shakespeare poniendo al fantasma del padre de Hamlet a denunciar la podredumbre oculta tras los oropeles de un trono real, que haría que los tiempos de gloria de la corona danesa se convertirían en una sangrienta pesadilla. Pero también estos tiempos de cambio anuncian el advenimiento de lo que Nietzsche denominó “aurora” de un nuevo día, que se convirtió en el motor que ha movido todas las revueltas de los movimientos populares, cuyo programa de acción fue redactado en 1848 por Marx y Engels; recurriendo a la terminología de Teilhard de Chardin, para ello debemos transitar “de la divergencia a la convergencia”. Hasta el momento actual, la especie ha sobrevivido; ahora debe aprender, so pena de extinción, a convivir; debemos pasar de la sociedad (instinto gregario propio de casi todas las especias de mamíferos) a la comunidad conformada por personas solidarias; lo cual sólo se logra cambiando de escala de valores. La concepción antropológica que identifica ser humano con individuo debe ceder el paso a lo que la doctrina social de la Iglesia, inspirada en la filosofía de Aristóteles, denomina “ser social”. Ante este reto no somos libres, si por tal entendemos el ejercicio de lo que San Agustín denominaba “libre albedrío”.

La humanidad afronta el fantasma del suicidio colectivo en cuatro desafíos. A partir de Agosto de 1945 (Hiroshima y Nagasaki) vivimos bajo la sombra ominosa del hongo nuclear; luego en 1968 el Club de Roma anuncia que la destrucción de las especies vivientes desenmascara el mito de una sociedad del despilfarro, basada en una industrialización llevada a cabo a contrapelo de una ética ecológica; ya en este siglo, un diminuto virus le ha quitado la corona al homo sapiens y se ha convertido en el apocalíptico ángel de la muerte, desenmascarando la destrucción de los más elementales valores humanos perpetrado por el capitalismo salvaje, que se nutre de la nefasta ideología neoliberal. Sólo nos resta acabar con el cuarto ángel exterminador, cual es la dictadura mediática, propulsora de las falsas noticias. Cuatro guerras mundiales: la nuclear, la ecológica, las pandemias y el imperio mediático de la infamia y la mentira. Sólo venciendo esas amenazas de destrucción masiva, que pondrían fin a la especie humana, podremos construir una paz auténtica como espacio de convivencia digna de seres humanos, tal como sería la era mesiánica proclamada por la esperanza escatológica de la teología de la historia de inspiración judeocristiana. Habríamos así pasado del horror de la pesadilla al embeleso del ensueño; de la tragedia de Hamlet a la edad de oro anunciada en el Manifiesto de 1848. De la pandemia a la partenogénesis.

Foto: UCR

Solidaridad con Cuba

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

En estos aciagos momentos en que la humanidad vive la peor crisis en todos los campos, pero especialmente en materia de salud, provocada por la pandemia de coronavirus, elevamos nuestra voz exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que levante el injusto bloqueo que mantiene en contra del hermano pueblo de Cuba, a pesar de la posición muchas veces manifiesta de la casi totalidad de los pueblos de la tierra.

Este bloqueo, que se mantiene únicamente por razones ideológicas por ya más de medio siglo, constituye hoy más que nunca una política criminal y genocida, que debe ser repudiada por todos los hombres y mujeres honestos del mundo, pues afecta el combate a la pandemia. Este bloqueo se ha exacerbado por la obtusa política del gobierno de Donald Trump, que viola las normas más elementales del derecho internacional y humanitario.

Cuba no sólo no representa ninguna amenaza para nadie, menos para una gran potencia como los Estados Unidos, sino que ha dado muestras, como lo ha hecho siempre su gobierno revolucionario, de solidaridad con todos los pueblos del mundo que se la han solicitado; esto lo ha hecho sin tomar en cuenta diferencias ideológicas o culturales ni distancias geográficas, sin cálculo político o económico ninguno.

Por eso, consideramos que, hoy más que nunca, el pueblo cubano merece la solidaridad de todos los hombres y mujeres honestos del mundo. Hoy todos los pueblos deben levantar la voz para expresar su solidaridad con ese hermano pueblo. Cuba se lo merece.

Para firmar: Solidaridad con Cuba

Arnoldo Mora Rodríguez, doctor en filosofía, catedrático universitario, ex ministro de Cultura y Deportes.
Xinia Rey Sánchez, Comité de Solidaridad con Cuba.
Gerardo Enrique Paniagua Rodríguez, agricultor.
Marianela Delgado Quesada, planificadora social y económica.
Juan Carlos Durán Castro, asistente de pacientes CCSS.
Rafael Barrantes Bonilla, Colectivo Comunicacional La Voz.
Gerardo Mora Burgos, filósofo, catedrático universitario, pensionado.
Leila Marcela Sánchez Cortés, promotora política.
Meibell Solera Fernández, educadora.
Gerardo Badilla Álvarez, químico farmacéutico, SINDEU.
Ana Tristán Sánchez, psicóloga.
Antonieta Fernández Quirós, abogada, jubilada.
Fabián Ulises Gómez Matarrita, artista.
Edgar Mora Guerrero, fotógrafo.
Luis Álvaro Mora Fallas, jubilado.
Suray Carrillo Guevara, abogada, ex diputada del Frente Amplio.
Vernor Arguedas Troyo, matemático, catedrático universitario, pensionado.
Gioconda Castro Reyes, militante del Frente Amplio, Guácimo.
Germán Chacón Araya, doctor en Estudios Latino Americanos.
Maggie Padgett Bernard, egresada de arquitectura (y retirada).
Rafael Rivas Ducca, consultor empresarial.
Fernando Camacho Arce, administrador pensionado.
Israel Guillén González, Fundación de Estudios Sociales Manuel Mora Valverde.
Elliana Zárate González, socióloga.
María Eugenia Román Mora, abogada, Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Rafael Angel Monge Mena, administrador.
Marlene Méndez Vega, docente.
Roberto Salom Echeverría, sociólogo.
Carlos Luis Chacón Salas, luchador social, pensionado.
Sergio Erick Ardón, arquitecto, ex diputado, pensionado.
Jaime Lobo Segura, matemático, profesor UCR retirado.
José Gabriel Rivas Ducca, biólogo.
Jorge Hernández, docente.
Eduardo Gardela, militante del Frente Amplio, Desamparados.
Catalina Goldoni Ruíz, jubilada Universidad Nacional.
Álvaro Madrigal Arroyo, militante del Frente Amplio, Goicoechea.
Manuel Mora Salas, consultor en seguridad.
Ricardo Garrón-Figuls, agricultor, ex diputado, ex ministro de Agricultura.
Edgar Agustín Vargas Cubero, ingeniero agrónomo.
Patricia Carrillo Valverde, pensionada.
Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario del Frente Amplio.
Ruth Elena Sánchez Esquivel, estudiante, activista, militante del Frente Amplio.
Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social.
Alejandro Chacón Porras, docente de estudios sociales.
José María Villalta Flórez-Estrada, diputado de la República.
Alejandra María Ulloa Bonilla, profesora de primaria.
Eduardo Ureña Solano, programador de computadoras.
Jonathan Acuña Soto, economista.
Julian Godoy Echeverri, comunicador, asesor parlamentario del Frente Amplio.
Diana Madrigal Valerín, abogada, asesora parlamentaria del Frente Amplio.
Isaac Rojas, ecologista.
Elena Gutiérrez George Nascimento, coreógrafa, Danza UNA.
Federico Montero Mejía, médico.
Juan Gabriel Vargas Rojas, activista y militante del Frente Amplio.
Claudia Arroyo Borroni, abogada, asesora Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Rodrigo Arias López, matemático, consultor.
William Vindas Parajeles, expresidente de Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (Asoingraf) y empresario gráfico.
Mario Mora Badilla, estudiante.
Sergio Reuben Soto, sociólogo, pensionado.
Oscar Héctor Leiva Cerrato, consultor participación social.
Arianna Blanco Porras, estudiante.
Yadira Mora Alfaro, filóloga, educadora jubilada.
Bruno de Jesús Coto Barboza, militante del Partido Integración Nacional, Mora.
Pbro. José Francisco Soto, sacerdote, ex asesor de Educación Religiosa del MEP en Alajuela, licenciado en Ciencias de la Religión, Escuela Ecuménica de la UNA.
David Contreras Mora, informático.
Carlos Manuel Vega Bolaños, ingeniero agrónomo, dirigente sindical en el Banco Popular.
Antonio Chaves, pensionado.
Alvaro Portillo, estudiante.
Shirley Medina Arana, pensionada, integrante del Frente Amplio.
Orlando Cubillo Jiménez, ingeniero agrónomo, pensionado.
Alejandro Delgadillo Solano, profesor y abogado.
Marvin Calvo Montoya, biólogo.
Javier Solís Herrera, periodista, ex diputado, ex embajador.
Oscar Vargas Vargas, consultor.
Francisco Enriquez Solano, doctor en historia, catedrático universitario.
Fabio Villalobos, médico pensionado.
Yamilette Fontana Coto, socióloga, jubilada.
Sebastián Vaquerano López, editor, ex embajador de El Salvador en Costa Rica.
Silvia Regina de Lima Silva, teóloga.
Jaime Prieto Valladares, teólogo.
Rafael Cuevas Molina, filósofo e historiador UNA.
Vladimir de la Cruz de Lemos, historiador, catedrático universitario.
María Magdalena Cano Valle, profesora de español, Partido Vanguardia Popular.
Macarena Barahona Riega, catedrática universitaria, politóloga y poeta.
Patricia Salgado Muñoz, antropóloga, jubilada.
María del Carmen Villalobos Chacón, trabajadora social.
Guillermo Morales Montoya, abogado y jubilado judicial.
Emma Ortega Ponce, ingeniera agrónoma.
Rodrigo Quesada Solís, ingeniero pensionado.
José Gerardo Riba Bazo, abogado y notario público, pensionado.
Miguel Angel Zúñiga Chávez, jubilado.
Mary Nieves Barahona Riera, actriz, directora y facilitadora.
Carlos Manuel Ortega Elizondo, médico CCSS, pensionado.
Percy Marín Méndez, pensionado.
Arcadio Zúñiga Noguera, máster en finanzas, pensionado.
Francisca Raventós Vorst, socióloga.
Mayela Araya Montero, docente de educación especial, jubilada.
Andrea Cordero Vargas, integrante de la JVC, trabajadora de la CCSS, estudiante de bibliotecología.
Abner Barrera Rivera, académico de la Universidad Nacional.
Esteban J. Beltrán Ulate, profesor universitario, militante del Frente Amplio.
Mónica Perea Anda, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica.
Fidel Barrera Romero, estudiante.
Alvaro López Baez, abogado litigante.
José Pablo Garro Arce, estudiante universitario y militante de la Juventud Vanguardista Costarricense.
José Fabio Gámez Fernández, estudiante de la Universidad Nacional.
Humberto García Loría, estudiante.
Rodrigo Zárate Solano, estudiante.
Roy González Cascante, estudiante UCR.
Lorena Coghi Robleto, militante de JVC y estudiante de la UCR.
Jorge Morales Piedra, activista, militante del Frente Amplio.
José Amesty Rivera, teólogo.
Alberto Quesada Pacheco, médico general.
Peter Tonkin, profesor.
Kiany Chavarría Oreamuno, socióloga.
Paulo Barrera Rivera, profesor e investigador universitario.
Oscar Barrantes Rodríguez, historiador y geógrafo, Círculo Bolivariano Yamileth López
Xochilt Esther Zambrana Areas, geóloga, docente UNAN.
Ana María Vega Torres, estudiante universitaria.
María José Monterroso Solís, gestora de los recursos naturales.
Rosa Irene Guevara Cantón, secretaria pensionada.
Brandon Roa, poeta costarricense.
Héctor Vega Torres, educador popular.
Ana Victoria Arce Solís, terapeuta del lenguaje.
Lenin Eugenio Jarquín Salazar, empresario.
Vlademir Lucio Ramos, profesor.
Ulises Araya Chaves, regidor Municipalidad de Belén.
Sonia Solís Umaña, antropóloga social, pensionada.
Fonlana Cheung, profesora.
Jorge Arturo Lobo Segura, biólogo, profesor universitario.
Gilberto Calvo Zúñiga, abogado y notario.
Nidia Fonseca Rivera, docente.
Mariana Carmona, trabajadora social, militante Juventud Vanguardista Costarricense.
Jorge Arguedas Mora, ex diputado, dirigente sindical ICE.
Ismael Salas Cortés, artista artesano.
Ileana Quesada Carballo, maestra pensionada.
Paula Quesada Soto, médica CCSS.
Candida Hayde Blanco Fitoria, Vanguardia Popular.
Ana Luisa Cerdas Albertazzi, historiadora, funcionaria pública pensionada.
Byron Renato Barillas Girón, sociólogo, profesor de la UNED.
Sonia Ulate Fallas, orientador MEP, lider sindical APSE.
Oscar Daniel Espinoza Ramos, artista independiente.
Gabriela Soledad Guerreros, ministra religiosa, pastora evangélica pentecostal.
Hazel Rodríguez Araya, estudiante.
Guillermo Gutiérrez Durán, ingeniero agrónomo, pensionado.
Juan Muñoz Carrión, funcionario jubilado.
Dayana Ureñ Solís, docente.
Cristhian Alvarado Segura, médico dermatólogo ELAM.
Tomás Echavarría Vela, profesor pensionado, ex asesor educación de adultos MEP.
Xinia Villalobos Zúñiga, trabajadora social.
Cecilia Rojas Orellana, psicóloga.
Marcelo Valverde Morales, investigador UNA.
Ericka Henchoz Castro, periodista y gestora en cultura.
Hálder Paniagua Navarro, pensionado.
María Laura Sánchez Rojas, sindicalista y socióloga.
Berta Rodríguez Buitrago, trabajadora de servicios domésticos.
Josefa Rodríguez Buitrago, trabajadora de servicios domésticos.
Marcos Chinchilla Montes, docente Universidad de Costa Rica.
Isabel Sánchez Rojas, filóloga jubilada.
Jorge Alfaro Loría, agricultor.
Aura Isabel Salas Vargas, jubilada.
Sary Montero, trabajadora social, jubilada.
Juan Ramón Elvir Salgado, ingeniero agrónomo, pensionado.
José Alfredo Pineda Dubón, ex decano de la Sede Región Brunca de la Universidad Nacional de Costa Rica, pensionado.
Jeffy Castro Bermúdez, informático.
Carlina Molina Vizcaíno, estudiante de medicina veterinaria, técnica laboratorio, Universidad Nacional.
Ana Monge Pereira, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
Manuel Monestel, cantautor, sociólogo.
Mario Cabrera Burgos, promotor voluntario de Salud sin Paredes.
Mariette Uitdewilligen, relaciones internacionales y defensora de derechos humanos.
Aurelia Trejos París, artista, militante del Partido Acción Ciudadana.
Carmen Cecilia Naranjo Castillo, ama de casa.
Jeannette Chiny Naranjo, docente jubilada.
Dionisio Cabal Antillón, cantautor.
Marcelino Ureña Alvarado, agricultor.
Manuel Antonio Ledezma Cordero, habitante de esta Tierra.
Carlos Manuel Campos Méndez, diseñador y redactor.
Célimo Guido Cruz, ex diputado.
Martín Rodriguez Espinoza, Partido Vanguardia Popular.
Pacífico Rebolledo Franco, sociólogo, doctor en ciencias de la educación, jubilado, pensionado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Para firmar: Solidaridad con Cuba

Lecciones de un microbio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

            La tragedia COVID-19 suma más de 182.000 fallecidos y contando. El 17 de marzo, el senador colombiano Gustavo Petro afirmó que solo hay dos medidas efectivas contra esta pandemia:

            «a) Confinar drásticamente a la población en sus casas y

    b) Aumentar sustancialmente la capacidad hospitalaria».

            La primera es más importante dada la debilidad de los sistemas de salud, mas no cabe descuidar la segunda. Tal la enseñanza de otras virosis, así que obviarla configura un «genocidio por omisión». Tómese en cuenta para evaluar las diferentes respuestas gubernamentales. Este microbio sacude nuestras certezas y sin decir nada cambia los términos del debate ideológico, al desnudar las aberrantes desigualdades que la globalización neoliberal ha auspiciado. Asimismo, facilita una expansión de conciencia que presagia aprendizajes significativos.

  1. El mercado es de cristal opaco

            En el mercado, la mercancía preñada de ganancia representa el valor en su máximo esplendor, aunque la inversión pasa por su momento más crítico. Ahí el valor parece sólido, pero su dueño lo necesita líquido. Por lo demás, el dinero es un invento fabuloso, como medio de cálculo e intercambio facilita la distribución del producto social; pero cuando se convierte en un fin, como en la usura, resulta tan peligroso que debiera vigilarse como una central atómica.

            En cuanto todo transcurre normalmente el mercado luce tan útil como una columna, pero se hace añicos en las crisis. Además, su falsa transparencia oculta la desigual distribución de riqueza, es decir, el mecanismo mediante el cual pocos se enriquecen cada vez más, mientras la gran mayoría se empobrece. Pese a que Jeffrey Sachs mostró, en 2005, cómo se puede conseguir El fin de la pobreza, Costa Rica es ahora uno de los diez países más desiguales del mundo.

  1. La crisis como modus operandi

            El Subcomandante Marcos denunció, desde el año 2000, que la crisis es el modus operandi del neoliberalismo.[1] En rigor, así opera el capitalismo para concentrar la riqueza. En la crisis, el pez grande se come al chico, mientras la clase trabajadora se encarga de los desempleados vía solidaridad familiar. En realidad, la crisis es una fase necesaria y cíclica de la acumulación capitalista mediante la cual se aumenta la productividad promedio, o sea, la innovación del capital es tan destructiva como su desarrollo.

            La crisis no se origina en el sistema financiero, pero se incuba ahí, por eso resulta su principal protagonista. Mediante maniobras monetarias y crediticias genera las condiciones para ese sorprendente fenómeno que es la desaparición del dinero. Entonces, ramas enteras de la producción colapsan y reestructuran. De carambola, los negocios mejoran su rentabilidad empeorando las condiciones laborales. De hecho, esta crisis ya había sido anunciada, el Covid-19 la desencadenó y hará más dura la reactivación.

  1. Una economía para la vida

            Entre otros efectos, este microorganismo contrasta esa economía para la concentración de riqueza con la alternativa que sería para la vida. Además de condenar a millones de personas a la pobreza, esa economía letal ha eliminado a millones de especies vivas, cuyos beneficios potenciales, ecológicos y económicos, ni siquiera fueron explorados.

            Pero ahora ha quedado claro que el motor de la economía son las personas que trabajan, producen y consumen. Sin personas las empresas son meras ficciones jurídicas; la producción de riqueza se detiene cuando ellas no trabajan, la ganancia se congela si no compran. En una cuarentena, el capital se muere de sed, como un vampiro en su cueva.

            Paradójicamente, una economía para la vida debe superar primero el antropocentrismo, puesto que el ser humano no sobrevive sin el ecosistema. Edgar Morin ha mostrado el camino en La vida de la vida, donde el sujeto no es el ser humano sino la vida misma. Al destruir su ecología el Homo Sapiens cava su propia tumba o, como dice Franz Hinkelammert, corta la rama en la que está sentado. Sin embargo, la economía para la muerte contamina el aire, recalienta la Tierra, contamina los ríos y ensucia los océanos; pareciéndole solo un daño colateral del desarrollo.

  1. Huelga general de compras

            Según Zygmund Bauman (1925-2017), en la post modernidad el trabajador ha sido licuado como consumidor, en rigor como comprador; del mismo modo el productor ha sido licuado como inversionista. La mayoría son consumidores, la minoría inversionistas. Si las huelgas de trabajadores públicos se restringen y el sector privado no admite más sindicato que el de los empresarios (UCAEP), al pueblo todavía le queda la huelga de compras.

            Ahora los compradores finales saben que la producción responde a su demanda y que muchas cosas son más publicitarias que necesarias. Podrían abandonar entonces lo que arruina su salud o daña a la Madre Tierra. Ese poder de compra puede usarse, por ejemplo, para reducir la ingesta de animales y el uso de plásticos. Solo los compradores detendrán el consumismo voraz que conduce al colapso planetario. Eso viene sucediendo espontáneamente, verbigracia el caso del petróleo. No comprar es más potente que cualquier acción; de hecho no puede reprimirse, no infringe la ley y detiene la codicia más irresponsable. Como esta crisis revela, el capitalismo es una máquina ciega que debe ser conducida mediante una coordinación facilitada por la tecnología colaborativa. Según Manuel Castells, la política es hoy fundamentalmente comunicación.

  1. El Estado no basta

            Existe un impulso irrefrenable hacia la comunidad y la solidaridad, cual instinto de especie o de «manada» que se manifiesta en el cuerpo médico, los empleados públicos y las miles de personas que se quedan voluntariamente en casa. Además, como escribiera Alan Woods, nada puede reprimir el «deseo inconsciente» de transformar el mundo preservado en la clase trabajadora. A la vez, hay una resistencia tenaz al trato indiferenciado que la política pública impone como parte de la reacción inmunitaria revelada por Roberto Esposito (Véase: Communitas e Inmunitas). Esto significa que el éxito de una política pública depende sobre todo de la colaboración de sus destinatarios.

            El poder real radica en los ciudadanos que mueven las ruedas del mundo cotidianamente y no, como pareciera, en sus delegados. Quienes gobiernan ostentan el poder formal, como ilusión de élite sostenida por la creencia mayoritaria en ficciones del tipo Estado y empresa; fenómeno destacado por Harari en Homo Deus. Por eso, al final depende del monopolio de la violencia legítima. Pero separado del representado, el poder del representante deviene fetiche que oculta en vano su ejercicio ilegítimo; según lo ha revelado Enrique Dussel en sus 10 tesis de política. Ese poder «legal» pero ilegítimo es una bomba de tiempo. Poder formal cada vez más difícil de alcanzar, ejercer y sostener, según lo descrito por Moisés Naím en el Fin del poder. En realidad, el poder formal parece sólido solo mientras el Soberano está silente.

            Además, el Estado costarricense existe en el Gran Área Metropolitana, pero conforme se aleja del centro se va desdibujando, hasta que en lugares remotos, como fronteras y costas, se reduce a la policía. Hay comunidades que ni cuentan con eso, como se sufre particularmente en el sur, donde se asesinan dirigentes sociales en territorio indígena.

            En el mar patrimonial el Estado prácticamente no existe; ahí yace buena parte de la riqueza de la nación, pero es coto de caza de atuneros y narcotraficantes. Una gestión de desarrollo de espaldas al mar significa que se ha abandonado el 92% del territorio nacional (574.725 km²) mientras las comunidades pesqueras se convierten en las más vulneradas. Alguna vez la burguesía costarricense fue patriótica, pero ha dejado de serlo, salvo honrosas excepciones. Tal vez comenzó a desnacionalizarse desde que fusilaron a Juanito Mora (1814-1860), cuyo cadáver quisieron arrojar al estero de Puntarenas.

  1. La democracia representativa no es suficiente

            La democracia representativa pasa por su peor crisis, a despecho del Fin de la historia y el último hombre, anunciado por Francis Fukuyama. Los ciudadanos creen cada vez menos en la «clase» política, en sus partidos de pacotilla y en las instituciones que dirige. Hasta las judiciales se están desprestigiando porque su independencia es una aspiración más que una realidad. En América Latina, según Manuel Castell, alrededor del 80% de la población no se siente representada por sus gobernantes.[2]

            Aunque sea claro que las elecciones limpias y transparentes son necesarias, también lo es que no son suficientes. De hecho, los representantes ganan con «mayorías» reglamentarias, no de verdad, y rápido su legitimidad se erosiona. Los ciudadanos tampoco creen en los medios de comunicación, por su servilismo a mezquinos intereses económicos. Esa crisis crónica de gobernabilidad es en términos de Antonio Grasmci (1891-1937) una crisis de hegemonía moral y cultural.

            En suma, sin una renovación radical la democracia representativa se seguirá desplomando como los glaciares por el cambio climático. La oligarquía, menos del 1% de la población, se ha vuelto su peor enemiga porque boicotea sistemáticamente el Estado de derecho y la institucionalidad pública, dejando de pagar sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social, exportando sus ganancias a los paraísos fiscales, cabildeando para obtener cuantiosas exenciones y amnistías, incidiendo en el poder judicial, haciendo campañas truculentas para disimular su evasión tributaria y cargando sobre los hombros del pueblo los costos hundidos de todas sus crisis. A la vez que usufructúa de la deuda, la inversión y los servicios públicos. Su liberalismo in extremis conduce al caos o al fascismo y desemboca, en el mejor de los casos, en la indignación y la movilización general.

  1. La renovación democrática impostergable

            En 2003, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional más importante después de la abolición del ejército. Consistió en una modificación aparentemente inocua que a algunos les pareció redundante y muchos ni se dieron por enterados. El artículo 9 describe nada menos que las características del gobierno: popular, representativo, responsable y alternativo. La reforma agregó «participativo» significando que el gobierno es ejercido por el pueblo junto a tres Poderes independientes. A la letra dice:

El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…).[3]

            O sea, renovar la democracia es un imperativo constitucional desde hace 17 años, pero se ha avanzado poco o nada. Al respecto, la Asamblea Legislativa ha pecado por omisión, incumpliéndole al Soberano que ya debería haber sido apoderado. Eso hubiera sido más digno de su investidura que dedicarse a confiscar pensiones a personas adultas mayores, cohonestando la violencia simbólica del estigma difamatorio que se ha usado contra ellas cual caballo de Troya.

            Tal reforma política es urgente e indispensable porque ninguna democracia puede llamarse realmente representativa si no es participativa y ningún gobierno puede decirse popular y responsable sin una ciudadanía activa. Ella implica formas de participación, directas e indirectas, en todas las instituciones de los tres Poderes. Asimismo, se trata de garantizar que los reguladores de servicios públicos no sean capturados por los proveedores. Toda la institucionalidad pública debe hacer efectivo ese gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, simplemente por ser un mandato superior. En cuyo caso ¿cuántos desfalcos, confiscaciones, evasiones y extorsiones dejarían de ser viables? Además supone la aprobación de mecanismos como el plebiscito revocatorio de mandato de todos los representantes, incluyendo diputados. Así como prácticas regulares de rendición de cuentas, como la patrocinada, ejemplarmente, por el «Movimiento Territorios Seguros».

            Por su parte, los tres Poderes deben ser independientes entre sí para que el diseño de Estado funcione, si no se pierde el contrapeso. A la Asamblea Legislativa le toca una oposición visionaria ante el Ejecutivo y al Judicial parar los abusos de ambos. Sin embargo, esos Poderes lucen hoy confundidos, configurando un tipo de gobierno antidemocrático. En consecuencia, ya no debieran valerse esas leyes que un grupito de iluminados aprueba a espaldas de la ciudadanía, aplaudidos únicamente por la prensa desprestigiada, como fue el «plan fiscal» y la ley 9796 contra el derecho a una pensión digna. En contraste, pese a ser inmoral e ilegal, los diputados no se han atrevido a poner fin a la usura, lo cual no se limita a poner un tope de verdad a la tasa de interés. Alguien debiera recordarles que un gobierno de los ricos y para los ricos no solo es ilegitimo, además es anticonstitucional.

  1. Refundar la República del bicentenario

            Por eso, la responsabilidad debe asumirla ahora, directamente, el pueblo de Costa Rica. Cuando existan las condiciones este debe impulsar una reforma integral de la Constitución de 1949, que sería la forma más seria de honrar el bicentenario de la independencia. Dicha reforma debería girar alrededor de tres ejes temáticos preliminares:

A. Transformación de la democracia representativa en democracia participativa, según el artículo 9 ya reformado. Eso implica revisar críticamente el sistema electoral y garantizar la independencia absoluta de los tres Poderes respecto a cualquier presión externa política o económica. De igual manera, consolidar y ampliar las autonomías institucionales y territoriales. Asimismo, supone la gestión soberana, participativa, integral, descentralizada, sustentable e inclusiva de la totalidad del territorio nacional, incluyendo el mar en toda su extensión.

B. Garantías jurídicas para un avance progresivo de los derechos humanos de todos los habitantes: personas, poblaciones, culturas, etnias, naciones, comunidades, géneros, edades y condiciones, incluso más allá de las convenciones internacionales ratificadas.

C. Principios de una economía para la vida que implica, por ejemplo, un ingreso digno y universal para cada habitante, de acuerdo con el artículo 50 sobre el «bienestar de todos» y el «reparto de la riqueza»; dignidad y libertad del trabajo que no puede ser degradado, según artículo 50, «a simple mercancía»; reforma tributaria justa y progresiva (que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres); y, de acuerdo con los derechos de la Naturaleza, incentivar la generación de negocios realmente sustentables, socialmente responsables y solidarios.

            La meta mínima debe ser que la Constitución se cumpla sin interpretaciones antojadizas o acomodaticias. El programa mínimo implica avanzar sobre el eje A, que no es negociable. Sin una determinación férrea y unitaria de quienes constituyen la polifonía del Soberano, el futuro de la patria seguirá en manos de cuatro gatos cuya astucia ideológica les permite caer siempre parados al ser fieles a los intereses foráneos.

[1] Hoy Subcomandante Galeano del EZLN de México.

[2] Ruptura fue publicado en 2017 con el subtítulo: La crisis de la democracia liberal, como el libro de Rodolfo Cerdas de 1972 sobre el caso de Costa Rica.

[3] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 9. Así reformado en 2003.

Un balance sobre políticas de apoyo solidario, afectación laboral y la participación ciudadana en tiempos de COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Licda. Marjorie Hernández Delgado

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”. Martin Luther King

Esta frase de Martin Luther King, se adapta perfectamente a la situación actual que se vive en Costa Rica a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia COVID-19.

El forzado, pero necesario aislamiento y distanciamiento social, han provocado el aumento en el desempleo, generado subempleo y suspensión de contratos en el sector privado formal. En el sector informal los trabajadores han visto mermada en gran manera o prácticamente desaparecida su fuente de ingresos. Las personas que laboran de manera independiente también han sido muy afectadas con el confinamiento obligatorio bajo el llamado “Quédate en casa”.

Por su parte, el sector público también está sufriendo laboralmente las consecuencias de esta pandemia debido a que, el Poder Ejecutivo congeló el pago del aumento salarial anual aprobado para el 2020 según decreto #42121-MTSS-H-Mideplan, del primero de enero del 2020. Estos dineros se emplearán para cubrir en parte la emergencia. Además, está aplicando la Ley #9635, respecto a la eliminación de pluses y el congelamiento de otros componentes salariales.

Pero como si eso fuera poco, existen varias propuestas y proyectos de ley del Poder Ejecutivo que representan una verdadera violación a los derechos humanos, constitucionales y laborales de las personas trabajadoras ya que pretenden imponer un tributo “solidario” al salario de los trabajadores tanto del sector público como privado, que se rebaje a un 50% el salario de los empleados públicos y se elimine el pago del aguinaldo y el salario escolar. Respecto a este último ya se pronunció la Ministra de Planificación, Pilar Garrido en nota MIDEPLAN-DM-OF-0443-2020 del 16 de abril del 2020, quien después de realizar un amplio estudio sobre el origen del Salario Escolar concluyó que es un componente salarial que no pueden eliminar porque corresponde a un pago diferido y de hacerlo se debe indemnizar a todos los empleados del sector público o bien incorporarle ese monto al salario base y que el Estado no está en las condiciones económicas para hacerlo. Por eso se paga de esta manera.

Al ser una situación de emergencia nacional sin precedentes y de una afectación socioeconómica de gran magnitud, le corresponde al Gobierno de la República tomar las decisiones certeras y que se apliquen las políticas de acción eficientes y eficaces que permitan mitigar los efectos de la crisis, proteger a los trabajadores y a sus familias de manera sostenida durante y después de la emergencia, así como también se deben crear mecanismos de contención del desempleo.

Por esta razón, se hace indispensable establecer también mecanismos que permitan un apoyo integral, considerando no solo el pago de los servicios públicos, sino los créditos y tarjetas de crédito, debido a que no pueden dejar de recibir los servicios básicos. Pues de ser así, esto violentaría no solo sus derechos humanos y constitucionales, sino que rompería la paz social y afectaría todo el esfuerzo en materia sanitaria que se ha implementado para contener la propagación de la pandemia a nivel nacional.

Es necesaria la total transparencia (Constitución Política, Artículo 11: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad… La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”) y precisión en las políticas de apoyo solidario, las cuales se deben desarrollar según lo establece la Carta Magna que vela por el bien común, protegiendo a los más vulnerables y que además brinda el equilibrio que contribuye a la paz social de la nación, proporciona justicia social, tributaria y cubre a todos los habitantes del país.

Es relevante la participación de las personas ciudadanas en la toma de decisiones dentro de esas políticas públicas, sobre todo al tratarse de una crisis sanitaria que trae graves repercusiones a toda la población y porque es precisamente ésta la que sufre las consecuencias, no solo en materia de salud, sino en el área económica y social.

Esa trascendental participación ciudadana está estipulada en el Artículo 9 de la Constitución Política: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…” (Reforma del 1 de julio del 2003, publicado en la Gaceta N°146 del 31 de julio del 2003), por tanto, las autoridades gubernamentales deben trabajar en conjunto con la ciudadanía responsable, en la búsqueda de las soluciones por el bien común.

Por otra parte, la Constitución Política establece que se debe proteger la vida de todas las personas en el Artículo 21: “La vida humana es inviolable”. Pero salvaguardar la vida de las personas no solo se refiere al aspecto sanitario, sino que también es asegurar el suministro de alimentos y servicios básicos.

Sin embargo, en esta emergencia se han dejado de lado derechos muy importantes como lo estipulado en el Artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, pues se han aprobado leyes que benefician a unos y desprotegen a otros, omitiendo que todas las personas ciudadanas tienen el derecho constitucional y humano a no ser objeto de discriminación o exclusión ya sea en materia tributaria, social, económica o de cualquier otra índole, sobre todo cuando se trata de la población con mayor riesgo social y económico, que además, no son los dueños de los medios de producción sino que contribuyen con su fuerza laboral a la dinamización de la economía nacional.

Es por esta razón, que el mandato constitucional debe ser respetado y ejecutado por el Gobierno de la República plenamente, para que se cumpla lo determinado en el Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” Es así como el Estado tiene la obligatoriedad de velar por el bienestar de toda la población en un ámbito de equidad, justicia social y tributaria.

Por tanto, la moratoria en el pago de los impuestos del IVA, Renta, Aduanas y Selectivo de Consumo al sector empresarial, violenta no solo la Constitución Política en sus artículos 21, 33 y 50, sino también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas #9635. Además, la Regla Fiscal de esta ley amerita ser suspendida, pues es prioritario el destino de la mayor cantidad de fondos públicos a las transferencias sociales en momentos de recesión económica y de gran afectación en materia laboral.

En consecución a este tema, el pago de los impuestos por parte del sector empresarial, durante y después de la emergencia es de vital importancia para brindar sostenibilidad al erario y que no se desfinancien los fondos públicos con los que se debe hacer frente a la emergencia, pues estos se sustentan de los tributos que pagan tanto personas trabajadoras como los empleadores. La situación no se resuelve con más impuestos sobre la espalda de quienes subsisten de un salario, y que ya se están viendo sumamente afectados con la crisis, sino con el pago puntual y solidario de los tributos que ya existen, por parte de todos los actores de la sociedad.

En cuanto al Programa PROTEGER, es necesario asegurar no solo la puesta en marcha de este, sino su sostenibilidad, pero no a costa de los sectores más vulnerables y maltratados, sino con el verdadero apoyo solidario de los sectores económicamente más estables y fortalecidos: Las Grandes Empresas Territoriales, Los Grandes Contribuyentes y el sector Financiero Privado. Para tal fin se deben establecer estrategias de recaudación de fondos solidarios, con la finalidad de fortalecerlo y darle el soporte necesario durante y después de la emergencia, pero sobre todo restablecer el pago de los impuestos cuya moratoria beneficia injustamente al sector empresarial y recarga el peso de la crisis en el resto de la población, compuesta precisamente por los trabajadores, marcando aún más las desigualdades, discriminación e injusticia social y tributaria.

Finalmente, PROTEGER debe ser administrado dentro del marco de la transparencia y la Rendición de Cuentas según el Artículo 11 de la Constitución Política. Y esperamos que cuando esta crisis pase y podamos tratar de volver a la normalidad, no recibamos la desagradable noticia que una vez más los fondos públicos han sido saqueados y que los que menos recibieron las ayudas fueron los verdaderamente necesitados. Porque las autoridades deben recordar que un pueblo con hambre es una bomba con la mecha a medio encender y que la desigualdad ha acrecentado el malestar de la población día con día, que todos estamos en un mismo mar, en diferentes barcos, pero cuando hay una tormenta todos los barcos pueden naufragar.

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. Homero

 

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En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

La pandemia y la voracidad del sector financiero

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas, 21 de abril de 2020

No me sorprendí con la acción del sector financiero de secuestrar el Bono Proteger, que el gobierno, con el apoyo de la ciudadanía, le está haciendo llegar a algunas personas vulnerables para que tengan con qué comprar alimentos básicos en estos momentos tan difíciles.

Nadie puede alegar descoordinación en el gobierno, si fuera así, el gobierno se caería. Todo está debidamente articulado, toda acción gubernamental cuenta con un soporte social, político y económico para que el gobierno funcione.

En la ingenuidad popular se ha construido la leyenda urbana de que existe un desorden gubernamental. Eso le sirve a la mafia política, para distraernos. Pero todo está debidamente enhebrado, sino la corrupción y la impunidad estarían derrotadas hace rato.

En lo que más coordinación existe, es en la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, violentando la Constitución Política, pues somos una República Participativa, el Art. 9 es preciso.

Ahora sabemos para qué, desde Casa Presidencial se está llamando a que depositemos en el sistema financiero parte de los pocos recursos que nos quedan, alegando que debemos demostrar nuestra solidaridad con los que menos tienen. Porque la solidaridad es de abajo para arriba.

Arrebatarles a las personas trabajadoras sus derechos laborales, no ha sido suficiente para la voracidad de los que más tienen. Lo quieren todo, sobre todo en esta pandemia. Ahora que estamos aislados, débiles y desconcertados.

Secuestrarle el Bono Proteger a las personas vulnerables, por sus deudas financieras, solo demuestra lo inhumano a que ha llegado el régimen, porque las reglas las impuso el gobierno.

Mientras los costarricenses nos preocupábamos por socorrer a los más necesitados, los zopilotes se frotaban las manos.

Desde luego que aflorarán las justificaciones inmorales que da el derecho, para eso sobran corsarios en la justicia y el gobierno, sustentados por un sector empresarial carente de responsabilidad social.

Este asalto a la solidaridad costarricense solo demuestra la importancia del valor de cada colón que genera la ciudadanía, en la economía nacional. Somos los que sostenemos el país. Para que haya extrema riqueza, tiene que haber extrema pobreza, somos el país más desigual de América. La mafia política ha demostrado que no tiene escrúpulos.

Todo tiene, solución en el diálogo. El que necesita el país, no es a la distancia y en una sola dirección, como propagandísticamente se pretende hacer. Debe ser en el marco constitucional, respetando y reconociendo a la ciudadanía como el Primer Poder de la República, como El Soberano que es.

¿Hacia dónde va Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Vamos a celebrar
La misa del amor esta mañana.
Haremos una hostia, con masa de maíz, harina y esperanza.
En un filo de roca,
Sobre el vientre de un cerro,
Consagraremos la hostia de la vida
Y el vino del derecho.
Jorge Debravo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La oligarquía empresarial y financiera ha sacado sus sables para blandirlos con fuerza contra los trabajadores del sector público. Realmente, sus desmanes resultan repugnantes y desenfrenados. Se ha envalentonado por su poder extralimitado, conferido por los gobiernos de turno.

Apelar a estas armas innobles, también, la delata en su debilidad ética para encarar situaciones adversas, que demandan, por parte de toda la ciudadanía costarricense, patriotismo, sensibilidad humana y solidaridad.

Es una oligarquía que se ha venido despatriando porque ha traicionado valores fundamentales de una patria solidaria y amiga. Ha endeudado al país porque no ha pagado debidamente los impuestos. Ha estafado a los bancos del Estado. Ha atacado con saña a los empleados y pensionados del sector público, exhibiéndolos como responsables de la crisis fiscal, de la que ella y sola ella es la principal y verdadera responsable. Y ahora, pretende dictarle medidas leoninas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Vive en otro mundo, y su ceguera es total. El poder extralimitado la ha segado al punto de pensar que puede eximirse de contribuir solidariamente, quizá porque sigue pensando que sus riquezas son el fruto de su esfuerzo y capacidad, desconociendo el aporte de sus trabajadores –la mayoría mal pagados– y el soporte que le brinda la institucionalidad social pública -esa que buscan desmantelar para privatizarla-, sin los cuales se moriría de hambre.

Este pueblo se está cansando de que lo trate como ignorante y pordiosero. Ya no puede seguirle mintiendo, declarando cero ganancias mientras acumula riquezas en paraísos fiscales. Y pretende que le crean el cuento de que los privilegiados son los empleados del sector público, que hoy se parten el alma por sacar adelante al país de esta pandemia, dando lo mejor de sí con generosidad solidaria, precisamente, lo que esta oligarquía no tiene.

Tales comportamientos, son producto de su ambición ilimitada de poder; aspira a tener todos los poderes. Y como hay poderes que no puede comprar, como el de los intelectuales dignos, entonces los ataca y desprestigia; como no tiene el poder de la humildad, entonces busca ganarse el favor de los pobres con las migajas que le tira de su mesa, es decir, los humilla; y como no tiene la delicadeza y la sabiduría de los maestros, entonces los persigue y los degrada.

Pero toda su vanidad se diluye como la neblina. ¡Vanidad de vanidades, todos es vanidad!, dice el sabio escritor del Eclesiastés, en tiempos muy parecidos a los nuestros donde la dinastía tolomea celebraba el auge tecnológico, comercial y cultural del imperio griego-macedonio. La palabra que se traduce como vanidad, en este texto, corresponde más propiamente a palabras más triviales como “cochinada”, “porquería” o “mierda” (Tamez, Elsa. Cuando los horizontes se cierran. pp.15-21). Y en su “vanidad”, esta oligarquía no perdurará. Como la pandemia del coronavirus, dejará muchas víctimas en el camino, pero las mayorías sobrevivirán.

¿Hacia dónde va Costa Rica? Hacia un Estado Social de Derecho del Siglo XXI, más fortalecido que nunca en su historia. Será la nueva gesta victoriosa de mujeres y hombres libres que, así como se sacudieron la bota filibustera en 1856, se sacudirán de esta oligarquía que ha pretendido doblegarlos, empobreciéndolos y ofreciéndoles falsas promesas de reactivación económica.

Todavía hay reservas suficientes de dignidad en este pueblo valeroso y solidario, que vencerá a ambas pandemias: la del coronavirus y la oligárquica.

Imagen: UNED