En febrero de 2020, Jehry Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado durante un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo debido a la falta de justicia. En 2023, Juan Eduardo Barrera, quien confesó públicamente ser el autor del crimen, fue condenado a 22 años de prisión, pero el Tribunal de Cartago lo liberó tras una apelación de sus abogados. Este fallo dejó una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en Costa Rica.
Hoy, 16 de septiembre, nos encontramos en la recta final del juicio, un momento decisivo para Costa Rica. Es esencial solidarizarnos con Doña Digna Rivera y la Red de Mujeres Rurales, quienes han apoyado y vigilado todo el proceso judicial. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que la muerte de Jehry no quede impune, retomando las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, proteger los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer las políticas ambientales que Jehry defendía con tanto fervor. La sociedad exige que los tribunales actúen con firmeza para hacer justicia en favor de quienes luchan por el ambiente y de las víctimas de un Estado racista que no protege sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente del Estado costarricense con la comunidad ecologista. Este tratado busca garantizar en América Latina y el Caribe el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, siendo el primero de su tipo en el mundo. En los últimos años, diversos territorios han sido escenario de conflictos y agresiones, lo que refleja las constantes amenazas a las personas indígenas defensoras de sus tierras en Costa Rica. La memoria de líderes como Sergio Rojas y Jehry Rivera sigue presente, así como las luchas en Salitre, Térraba y China Kichá, donde las personas indígenas enfrentan hostigamientos debido a la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales por empresas y personas no indígenas.
La demanda de justicia por Jehry y por los pueblos indígenas continúa como un grito urgente que exige respuestas claras y acciones concretas para proteger sus derechos y territorios.
Se invita al público en general a conocer más sobre la problemática que sufren los pueblos indígenas a través del video disponible en la plataforma de YouTube:
En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.
Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.
El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.
Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.
Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.
Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.
Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.
Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá.
En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.
¡Justicia para Jerhy! ¡Justicia para los pueblos!
¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!
Firman
Organizaciones:
Costa Rica
Alianza Escazú Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Bloque de Vivienda Casa del Migrante Centro de Amigos para la Paz (CAP) Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra Coordinadora por la Liberación Animal Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS) Ediciones Libres, Costa Rica Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Frente de Resistencia Animal y de la Tierra Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica Fundación Nuestramérica Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense Jornadas Solidarias, Costa Rica Micro-santuario el Rinconcito Animal Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope Movimiento yo no voy al zoo Red de Mujeres Rurales Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo) PATRULLAJE, Costa Rica. Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica. Proyecto Jirondai, Costa Rica. Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista Orgullo Disidente, Costa Rica Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG) Unidos por el Agua, Costa Rica.
Argentina
Asociación Cultural América Nativa (ACAN)
Ecuador
SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro Unión Nacional de Educadores-UNE
España
Confederación Intersindical Solidaria, España Ensenyants Solidaris, ONG Ribaborza SOS Ribarboza
Honduras
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-participa) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Garifuna, Honduras.
México
Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Consciencia Crítica(CDPCC),Guanajuato Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca CLETA-UNAM, México. Comité Leonés de Solidaridad con Palestina (COLSOPAL), Guanajuato, México Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, México Museo Comunitario Alfredo Almeida, México Red Académica de Solidaridad con Palestina, México
Internacional
Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, México. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Personas físicas:
Alejandra Davis, Estados Unidos. Alex Ramos, Costa Rica. Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica. Allen Cordero, Costa Rica. Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica Ana Mena Morelli, Costa Rica. Aren Vindas Álvarez, Costa Rica Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica. Ashley Padilla, Costa Rica. Bruno Coto Barboza, Costa Rica. Carol Davis, Estados Unidos. Carolina Rivera, Estados Unidos. Cecilia Castillo Nanjarí, Chile. Celeste Rivera, Estados Unidos. Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica. Daniel Ramírez, Estados Unidos. Daniela María Salas Monge, Costa Rica. Danilo Alizaga, Costa Rica. Denis Cálix, Costa Rica. Edgar Atencio, Costa Rica. Edwin Buezo, Estados Unidos. Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica. Elidies Rivera Navas, Costa Rica. Emily Quirós Víctor, Costa Rica. Estela Ceballos, Argentina. Fátima Gómez Campos, Costa Rica. Felipe Benítez, indígena Lenca, Honduras. Félix López Zambrana, Costa Rica. Héctor Ferlini-Salazar, Costa Rica Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica. Johan Davis, Estados Unidos. José Amesty, Costa Rica. José Luis Reyes, Estados Unidos. Josué Fernández Baldizón, Costa Rica. Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica. Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica. Leslie Andino, Estados Unidos. Luis Fernando González Marín, Costa Rica. Luis Salas Sarkis, Costa Rica. Madeline Kiser, Estados Unidos. Magda Solís Alpízar, Costa Rica. Marbella Martin Fragachan, Costa Rica. Marco Antonio Hernández Moreno, México. María Julia López, Honduras. María Trejos Montero, Costa Rica. Marielos Muñoz, Costa Rica. Marshall Valverde Chacón, Costa Rica. Miguel Barrios Gutiérrez. Miriam Miranda, Honduras. Nidia Fonseca, Costa Rica. Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica. Pilar Bravo Pemjean, Chile. Roberto Gavarrete, Costa Rica. Sara Rodas, Estados Unidos. Sara Unda, UNAM, México. Sisa Pacari, Ecuador. Sofía Becerra, Estados Unidos. Suy Wong, Costa Rica. Tiryth Vindas Campos, Costa Rica. Zaida Docouto, Estados Unidos
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Félix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
El Estado es cómplice del homicidio por inacción y fomentar la impunidad cuando se trata de agresiones a los pueblos indígenas.
Si el Estado costarricense hubiera cumplido con las medidas cautelares “MC 321-12” del 2015, en las que se definió que debía garantizar y resguardar la vida e integridad física de los Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera no se hubieran dado.
¡Es hora de que el Estado garantice justicia y paz en los territorios indígenas!
El juicio contra el asesino confeso Juan Eduardo Varela Rojas continúa los días 5, 9 y 10 de septiembre en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón.
Les invitamos a ver el breve video con el testimonio de Jerhy Rivera Rivera:
La organización Casa Rara, dedicada al apoyo de personas diversas (específicamente juventudes de identidad y orientación sexual diversa) cierra sus puertas. En una nota, describen el trabajo de la última década durante la cual ha sido uno de los pocos espacios de esta naturaleza en nuestro país.
En el comunicado se le agradece a todas las personas que tuvieron relación con el proyecto y se resalta el carácter de cuidado alternativo: tan necesario en una sociedad llena de prejuicios.
Casa Rara fue un espacio seguro para diversas personas, donde no solo existía la posibilidad de recibir recursos materiales sino también acompañamiento y ayuda ante la violencia que podían experimentar sus asistentes. Esta labor se desprende de la cruda realidad de la vida, en un esfuerzo por hacer sentir el calor de familia y para que cada persona se pueda sentir protagonista de su propia historia.
Liderazgos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo manifiestan su respaldo al modelo cooperativo y reiteran su vigencia y vocación de generador de oportunidades y equidad social
Las cooperativas forman parte importante de la economía del pueblo costarricense y además, del ecosistema social a nivel nacional. Las cooperativas buscan dinamizar la economía para lograr el bienestar integral y equitativo de las personas asociadas y las comunidades en general. También, buscan cumplir metas, crecimiento social, económico y ambiental de las regiones que impactan.
Es importante mencionar que el cooperativismo se crea con un sentido social y económico para que de esta manera se logre combatir la pobreza y la desigualdad social. Las cooperativas cuentan con una serie de valores que los caracterizan tales como: solidaridad, equidad e igualdad.
Se les hace una invitación a ver el video y escuchar sobre el importante trabajo que realizan las personas asociadas a las cooperativas y la importancia que tienen a nivel nacional.
Nombres y cargos de las personas que hablan en el video:
José Oviedo Chavez/ secretario general UNAG
Johanna Quintanilla Hernandez/ activista rural Sarapiquí
Hazel Hernández Coronado/ secretaria general SITRAPEQUIA
Óscar Abellan Villegas/ gerente general coopesiba R.L
El Estado Social y Democrático, más allá del Estado Liberal de Derecho, no solo consagra las libertades civiles, sino que, además, reconoce las libertades democráticas y garantiza la realización de los Derechos Fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Aquel modelo de Estado asegura el ejercicio de esos derechos, interviniendo el tejido social y económico, mediante la ejecución de políticas y acciones públicas, con la finalidad de alcanzar la libertad y la igualdad real de las personas, y resolver los conflictos sociales, desde la perspectiva de la solidaridad y la justicia social.
La legitimidad del Estado Democrático se radica en el cumplimiento de esos intereses y valores superiores.
Un Estado que no cumple esas expectativas pierde legitimidad democrática.
La educación, sin duda, constituye un derecho fundamental de cualquier ordenamiento democrático.
Nuestra Constitución Política no se limitó a declarar la gratuidad y obligatoriedad de la educación, costeada por el Estado.
Con el propósito que ese cometido no se convirtiera en una mera declaración poética, la misma Constitución instrumentó un dispositivo tendiente a darle sostenibilidad presupuestaria a la educación pública, a merced de las sucesivas reformas de su artículo 78.
En un primer momento, a finales del siglo pasado (1997), se enmendó esa norma constitucional, asignándose a la educación pública un presupuesto mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
El legislador constituyente no se conformó con ese porcentaje, y varios años después, en 2011, con el objetivo de fortalecer la educación, volvió a reformar la norma constitucional, incrementando en dos puntos porcentuales la asignación presupuestaria, llevándola a un mínimo del 8% del PIB.
Desafortunadamente, la trascendental reforma ha sido impunemente violentada, año tras año, en virtud de que el legislador presupuestario nunca le ha fijado a la educación ni siquiera el porcentaje mínimo que ordena el precepto constitucional.
Por contrario, principalmente, en los últimos cuatro años, la asignación presupuestaria decrece cada vez más, llegándose a fijar una partida muy por debajo, ya no de la última reforma constitucional, sino del 6% de PIB.
Para el próximo período 2025, se estima que la asignación será todavía más deficitaria, marcando ya un punto de inflexión inasumible.
Este insufrible retroceso de los recursos destinados a la educación pública tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo económico, social y humano del país, afectando intensamente la condición de los sectores más vulnerables.
Por desventura, ese retroceso no solo erosiona dicho derecho fundamental, sino que también han corrido la misma suerte, otros derechos fundamentales y libertades democráticas, entre ellos la huelga y la negociación colectiva.
El Estado Social y Democrático se viene trasmutando en la democracia del cangrejo, cuyo proceso regresivo aceleró obscenamente la Regla Fiscal, manifiestamente contraria a la Constitución.
Pero, la democracia del crustáceo ha tenido de compañera de viaje, de la mano, sin la cual no hubiera sido posible que involucionara hasta ese punto de retroceso, la pasividad y hasta la indiferencia de la ciudadanía, como si la bronca no fuera con nosotros, contra nosotros, cuya ciudadanía está siendo disciplinada por un bellaco, “outsider” y esmirriado jaguar.
Una ciudadanía, desde el punto de vista político, que sufre el síndrome Shakira: ciega, sorda y muda.
Antón Chéjov respondiendo un cuestionamiento acerca de la “sociedad fallida”, manifestó que la democracia no se adecua a una sociedad de ignorantes, en la que la mayoría ignorante decide su porvenir.
¿Será qué nos convertimos en una “sociedad fallida?”
La pregunta que me formulo, y quiero compartir con ustedes, es la siguiente: ¿Estaremos aun a tiempo de recuperar la democracia?
Y hasta aquí llego, porque como se lamenta la canción de Shakira: “Se me acaba el argumento y la metodología.”
La Rectoría, la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA), tienen el gusto de invitar al público en general a unirse a la campaña:
«Ayuda solidaria a la comunidad de Alto Urén de Talamanca: honremos a sus mayores y celebremos a los niños.»
Desde el Campus Sarapiquí de la UNA, los invitamos a unirse a la campaña de recolección de insumos básicos para la comunidad de Alto Urén, ubicada en la cordillera de Talamanca. Esta comunidad carece de luz eléctrica y se demora 8 horas en llegar por las pronunciadas pendientes del recorrido; de ahí que resulta imposible llevar helados sin refrigeración, así como trasladar queques, los cuales llegarían destruidos por las dificultades del camino.
Con los permisos respectivos, este año los niños de la comunidad serán invitados por la comunidad de Amubri, específicamente por el Centro Cultural Tsaira Urki, quien acogerá a estos niños y a sus familias, durante algunos días para celebrarles el Día del Niño, el lunes 09 de setiembre de 2024. Para la celebración las personas interesadas pueden aportar obsequios como piñatas, dulces, bolsitas y otros alusivos.
¿Qué estamos recolectando?
Alimentos no perecederos de la canasta básica y productos enlatados.
Implementos de cocina: recipientes en plástico o aluminio: palanganas, platos, vasos, tablas de picar, cucharones, entre otros.
Prendas y accesorios: Botas de hule para niños y adultos
Medias de fútbol para utilizar con las botas.
Pañuelos típicos, bolsos de tela, colas, prensas y lazos.
Artículos escolares: plasticina, libros de colorear, bolsos escolares, lápices de color, hojas de colores, marcadores y tizas.
Las personas interesadas en colaborar pueden contactar a Ana Patricia Vásquez, académica del Campus Sarapiquí de la UNA al teléfono: 8379-115 o bien directamente en el Campus Sarapiquí de la UNA, ubicado en La Victoria de Horquetas de Sarapiquí.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La campaña Zone of Peace Campaign, es un esfuerzo de La Alianza Negra por la Paz para activar movimientos de la región de América y del Caribe; que busquen expulsar y rechazar todas las formas e infraestructuras de imperialismo y patriarcado en la región.
Se utiliza la frase de “Nuestra América” para reivindicar la unión que deben tener las personas contra el colonialismo y la opresión perpetrada por las potencias mundiales.
Algunas de las demandas iniciales son: devolver Guantánamo a Cuba, oponerse a la intervención militar en Haití y desmantelar el SOUTHCOM y las 76 bases militares Estadounidenses en la región.
Por último, este trabajo se lleva a cabo desde una perspectiva decolonial y que promueve un marco de respeto hacia los derechos humanos, difundiendo información y noticias en varios idiomas para garantizar la inclusión de la mayoría de personas del continente.
Para obtener más información sobre este movimiento, puede acceder al siguiente enlace: https://shorturl.at/hEEt1, en el mismo puede obtener con más detalle, información sobre este movimiento.
Esta información fue compartida por Isabel Ducca Durán.
Este martes 16 de julio, hagámonos presentes a las 3 p.m. en la Cancillería, para la entrega de firmas para la petición de romper relaciones con el estado genocida de Israel. Esta sería la primera entrega de firmas, las cuales se recogieron durante los 47 días del Campamento en la Universidad de Costa Rica en la Sede Rodrigo Facio y también en otros espacios de San José.
Recordemos que es una oportunidad crucial para levantar nuestras voces y tomar acción en solidaridad con el pueblo palestino.
Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.
Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.
Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.
Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.
El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.
Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.
Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.
Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.
