Skip to main content

Etiqueta: subempleo

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Publicado el . Publicado en Análisis, Derechos.

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

La peor peste: la pobreza

Publicado el . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

         El principal y gran desafío que enfrentamos como país es aplanar las curvas en ascenso de la desigualdad y el desempleo, generadoras de la peor peste: la pobreza.

         Según el economista Leiner Vargas, la tasa de desempleo del 12.4% podría duplicarse después de la pandemia, alcanzando a más de 650. 0000 desempleados, y si a eso se le suma el subempleo del creciente sector informal la pobreza aumentará dramáticamente. En desigualdad estamos entre los mejores: ocupamos el octavo lugar a nivel mundial y el sexto lugar entre los países de América Latina.

         El país logró avances significativos en contener la desigualdad y el empobrecimiento con el pacto social y político de los años 1940, que nos heredó la Costa Rica de los niños calzados y una robusta institucionalidad social, con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a la cabeza.

         Gracias a esa institución y sus visionarios fundadores, estamos logrando aplanar la curva del COVID-19. Seguimos viviendo de las glorias pasadas, porque para contener la peste de la pobreza, aplanando las curvas de la desigualdad y el desempleo, no tenemos una clase política visionaria y a la altura de los tiempos que vive el país.   

         Fue en la década de 1980 cuando se inició el camino escabroso hacia la ruptura de este pacto, con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), por parte del bipartidismo: Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana (PLUSC), atendiendo a las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Estas políticas empobrecieron al país, incrementaron la desigualdad y bajaron su perfil de clase media. Hoy, el FMI vuelve a sus recetas con su añejo telele de recomendar al país vender activos.

         Esa ruptura alcanza su punto culminante en el actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), del señor Carlos Alvarado, que ha venido a profundizar los índices de desempleo y subempleo, protegiendo a los ricos y sus empresas y desprotegiendo a los trabajadores; precarizando a la clase media y profundizando la pobreza. Y en un contexto de pandemia, se castiga el ingreso de los trabajadores y pensionados del sector público, para ofrecer dadivas a los pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.

         Una vez más se evade la responsabilidad histórica, ética y política, de hacer que los ricos, de una vez por todas, paguen los impuestos como ricos. Es lamentable que se prefiera quebrar la Caja y hasta el país, con tal de no tocar las arcas llenas de los nuevos ricos.

         Estamos ante una nueva clase política multipartidista que cogobierna para una oligarquía neoliberal frívola y egoísta, hoy representada en el país por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y defendida por la “dictadura mediática”.

         Para ocultar esta complicidad, se inventan y promueven planes salvadores –“pan y circo”, para el pueblo–, tales como el Plan Escudo y el Plan Avancemos en el gobierno del señor Oscar Arias (2006-2010), cuya modalidad se vuelve a reciclar con el Plan Fiscal de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Plan Proteger en el gobierno actual.

         Este juego de aparentar gobernar a favor de los pobres cuando realmente se “Protege” a los ricos, es la estrategia propagandística utilizada para obtener dividendos político-electorales, por parte de una nueva clase política parasitaria que busca prebendas salariales o vínculos con el mundo de los grandes negocios: comerciantes de la política o “políticos empresarios”. 

         La realidad es que este cogobierno multipartidista, aliado incondicional de esta oligarquía empresarial, financiera y mediática, está contribuyendo a que cada día la peste de la pobreza cobre más víctimas.

         Sin embargo, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo (pueblo) que lo resista”. El cogobierno de unidad nacional, para salvar a los ricos y hundir a los pobres y a la clase media, tiene sus días contados, aunque las encuestas coyunturalmente lo favorezcan.

         Estamos a las puertas del nuevo pacto social y político anti-oligárquico para la revitalización del Estado Social de Derecho. La única opción para aplanar la curva de la desigualdad y del desempleo y eliminar la peor peste: la pobreza.

Foto: Semanario Universidad

Análisis y justificaciones para no provocar mayor deterioro en salarios del sector público

Publicado el . Publicado en Análisis, Trabajo.

Rodrigo Aguilar Arce, expresidente CTRN*

Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.

En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.

Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.

En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.

Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.

Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.

En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.

Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.

Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.

Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.

Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios

Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.

*Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: ante la situación de crisis fiscal y la liquidez señalada por el Gobierno

Publicado el . Publicado en Trabajo.

El anuncio hecho por el señor Presidente Luis Guillermo Solís el pasado 1 de agosto de 2017, pone de manifiesto una grave situación nacional que tiene años de estarse anunciando y más años aún de estarse gestando.

Por un lado, se ha permitido que una creciente elite de empresarios se enriquezca evadiendo y eludiendo impuestos, así como aprovechándose de exenciones en el pago de sus obligaciones con el pretexto del libre comercio. Otros, peor aún, se han beneficiado de la corrupción abierta aprovechándose de nuestra debilitada banca estatal, para usufructuar en beneficio personal y contra el interés nacional. Esa Elite incluso tiene la capacidad de especular tanto con las finanzas que obligan a que la política bancaria esté en función de su crecimiento económico, sin importar que ese aumento; beneficie o no, a toda la población.

A estas actitudes irresponsables, hay que sumar la negativa de los grandes poderes político-económicos representados en gobiernos y asambleas legislativas que no han procurado una verdadera reforma fiscal, progresiva, para que los impuestos se cobren con justicia, pagando los ricos como ricos y como pobres el pueblo trabajador.

Esta situación tiene un telón de fondo que no debemos olvidar: el modelo neoliberal que se ha venido implantando desde los años 80 hasta la fecha, con privatizaciones, programas de ajuste estructural y tratados de libre comercio, que aún no han permitido un verdadero crecimiento económico de nuestro país. Por el contrario, han debilitado nuestra estructura económica que mayoritariamente es de pequeñas y medianas empresas, se ha centrado en acumularle riquezas a las grandes empresas -que no pagan o evaden impuestos- y han generado un alto desempleo, subempleo, empleo informal y en generar empleos de mala calidad que no dinamizan la economía nacional.

En este sentido, en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum creemos que es importante atacar las causas de fondo de esta crisis, para que no nos lleve a situaciones que pongan en peligro los derechos fundamentales y la paz de nuestro país, pero también para que no se aproveche esta situación para profundizar en acciones neoliberales en provecho de unos pocos que quieren seguir explotando al Estado.

El querer eliminar los componentes salariales del sector público no resuelve el problema fiscal ni la liquidez señalada por el Gobierno. Eso es una farsa.

Esta situación tan apremiante no la resuelve el Gobierno tomando medidas tales como:

-Generar más impuestos regresivos que pongan a pagar más al pueblo, que no ha sido ni culpable ni beneficiado de la política fiscal permisiva con los grandes millonarios del país;

-Deteriorar el ingreso de las familias de las personas trabajadoras del sector público, eliminando derechos laborales o generando inestabilidad en sus trabajos, lo que repercutirá en quitar más dinamismo a la economía nacional;

-Privatizar empresas e instituciones públicas que garantizan el acceso de la población a la mayoría de los servicios públicos y que le generan ingresos importantes a la hacienda pública;

-Eliminar o reducir los rubros que nutren los programas sociales orientados a cubrir las necesidades esenciales de toda la población, o aquellos que están orientados a proteger a la población más empobrecida y vulnerable;

-Cualquier medida que ponga en peligro los fondos de pensiones públicos;

-Ninguna reducción presupuestaria que ponga en juego o deteriore la educación costarricense, en ninguno de sus niveles (desde la preescolar hasta la superior).

Rechazamos, por tanto, cualquier convocatoria de proyectos de ley de parte del poder Ejecutivo que, tomando como pretexto la actual situación, pretenda golpear a la clase trabajadora para pagar una crisis que otros provocaron, entre ellos Empleo Público, el cual es mentira que resuelva el problema fiscal.

Tampoco aceptamos que la UCCAEP y los partidos políticos que nos han gobernado en el pasado y que endeudaron a Costa Rica con su visión neoliberal de la economía, quieran chantajear al actual gobierno ofreciendo más de la receta neoliberal para curar los males que ellos mismos provocaron. ¡Suficiente con el desastre que heredaron!

Proponemos que ante esta situación, el Gobierno tome las siguientes medidas:

-Sentar las responsabilidades políticas y judiciales de quiénes nos han llevado a esta situación;

-Hacer un fuerte plan de reducción de gastos superfluos y de todo aquello que no ponga en riesgo los derechos humanos, derechos básicos y derechos laborales de la población;

-Plantear una verdadera Reforma Tributaria Integral y Progresiva, que ponga a pagar como ricos a los ricos, así mismo un ágil y enérgico plan de cobro de la morosidad y la evasión fiscal que actualmente supera el 8% del PIB;

-Implementar a la mayor brevedad posible un plan de desarrollo de la economía nacional, de nuestro mercado interno, y de generación de empleo de calidad, centrado en la mediana y pequeña empresa, que impacte lo más pronto posible en la aceleración de la economía.

Hacemos un llamado a todo el movimiento sindical, legítimos representantes de la clase trabajadora de este país, a comprometernos a defender el Estado Social de Derecho y apoyar todas las acciones orientadas a superar esta situación de falta de liquidez del gobierno, y resolver estructuralmente el problema fiscal siempre que sea orientado por la justicia social y el bien común.

La confrontación social es lo que algunos sectores políticos y empresariales esperan que se dé, para llevar aguas a sus molinos, no es lo ideal, pero no renunciaremos a ello con tal de defender nuestros derechos.

Consideramos importante abrir un diálogo nacional serio, transparente, sin intereses partidarios, con los diferentes sectores de la sociedad, para llegar a soluciones que beneficien al país.

 

AFILIADOS A LA CTRN

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)

Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Comunicaciones (SITET)

Sindicato de Trabajadores de la Junta Administrativa Portuaria (SINTRAJAP)

Unión de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (UNATROPYT)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Limón (SITRAMUPL)

Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE)

Sindicato de los trabajadores de la Palma de Golfito (SDTG)

Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines – (SINTRACOBAL)

Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Transporte Agrícola y Afines de Costa Rica (SINTRASTAFCOR)

Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company, (SITRACHIRI)

Sindicato de Trabajadores División Quepos (SITRADIQUE)

Sindicato de Trabajadores del Fondo de Ahorro de RECOPE (SITRAFAR)

Sindicato de Trabajadores de la Piña y Frutas Tropicales (SINTRAPIFRUT)

Sindicato del Comercio (SINCO)

Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas y Anexos de Puntarenas (SIPACAAP)

Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines (SINACOESA)

Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares (SITRACOME)

Sindicato de Trabajadores del MINAE (SITRAMINAE)

Unión Musical Costarricense (UMC)

Unión Nacional de Empleados Electorales (UNEC)

Sindicato Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG)

Sindicato de Profesionales de AyA (SIPAA)

Sindicato Nacional de Periodistas

Unión Nacional Técnicos y Profesionales en Tránsito (UNATEPROT)

Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS)

Asociación de Ingenieros Civiles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (AIC-MOPT)

Unión de Profesionales del Banco Popular (UNPROBANPO)

Sindicato Nacional de Empleados del Banco Central de Costa Rica (SINEBACCR)

Sindicato Costarricense de Auxiliares de Enfermería (SINAE)

Sindicato Nacional Empleados de Salud Pública y Afines (SINAESPA)

Federación Agraria Nacional (FAN)

UCASARAPIQUI / UNAMI Guatuso / ASCAG Guácimo / ASOOOM

UNACOBRUS / AAHH / UNASACHI / ASOMOVI AMUPROCHIL / APROCHIL / UPACOCH /

SITRAMUDEGRE / SIEMPRHE / SEMG / SEMC / SITRAMUCOB

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Turrialba (SEMUTU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Pococí (SUTRAM)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares (SINTRAMPA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de la Municipalidad de Pérez Zeledón (SITRAMUPZ)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nandayure (SITRAMUNA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de La Cruz (SITRAMULAC)

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook CTRN

Enviado por SEC CR.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Analista UNA: Mujeres enfrentan discriminación en mercado laboral

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

 

Los datos de la Encuesta Continua de Empleo no dejan lugar a dudas, a pesar de que las mujeres, en promedio, tienen un nivel educativo más alto, perciben un menor salario, se les dificulta más encontrar empleo y trabajan en mayor medida en la informalidad y en condiciones de subempleo.

La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el segundo trimestre de 2016, indica que de las 378 176 personas ocupadas con título universitario, el 53% son mujeres y el resto hombres. Según nivel de educación, el de mayor peso relativo para las mujeres que trabajan, es el universitario con título, seguida por la secundaria incompleta. A diferencia de los hombres, para los que los rubros de mayor importancia son primaria completa, y secundaria incompleta.

No obstante lo anterior, las mujeres padecen con mayor intensidad del desempleo y el subempleo. La tasa de desempleo abierto es del 11.2% entre las mujeres y 8.3% entre los hombres, mientras que la tasa de subempleo (porcentaje de personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas por semana, y que desean trabajar más horas pero no encuentran más trabajo), es más alta entre ellas (10.3%) que entre ellos (7.2%). Esto a pesar de que, en promedio, las mujeres desempleadas también tienen un mayor nivel de educación, 17% cuenta con algún título universitario, más del doble que los hombres (8%).

Asimismo, las condiciones de empleo son peores para las mujeres, a pesar de que la informalidad ha caído en los últimos trimestres y que la brecha de género se ha venido cerrando, esta afecta más a las mujeres (43.3%) que a los hombres (41%). De igual manera, el 73% de las mujeres asalariadas cuentan con seguro por trabajo, mientras que entre los hombres dicho porcentaje llega al 82%. En términos de estabilidad laboral, la balanza también es negativa para las mujeres.

Estas son algunas de las causas por las que los hombres participan más en el mercado laboral, y trabajan más horas. Las mujeres han venido reduciendo su oferta de trabajo (se salen del mercado laboral), situación que se ha extendido a las jóvenes, pues en promedio seis de cada diez personas entre 15 y 24 años, que no trabajan ni estudian, son mujeres.

La situación descrita tiene implicaciones importantes en varias dimensiones de la vida de las mujeres, de forma directa en su ingreso, pues en promedio, el de los hombres es 6% más alto, para el segundo trimestre de 2016. El promedio de ingreso mensual nacional en el empleo principal fue de 467 mil colones para los hombres, y 440 mil colones para las féminas. Adicionalmente, si bien la pobreza alcanza a poco más del 20% de los hogares, cuando la mujer es jefa de hogar, este dato más que se duplica. Asimismo, la violencia está afectando más a las mujeres, pues la tasa de robos y hurtos con y sin violencia y los delitos sexuales las afectan en mayor medida.

Resulta claro entonces, que no obstante los esfuerzos de varios gobiernos por atender las necesidades laborales de las mujeres, y a pesar de los avances de los últimos años, las políticas de equidad de género en el mercado laboral aún no han logrado solucionar el problema.

 

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Eldiario.es

Enviado a SURCOS Digital por UNA Comunicación.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/