Enviado por Elides Rivera.
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Del 21 al 26 de octubre, el pueblo de Térraba recibirá a una delegación de la comunidad de Naso de Panamá.
La Organización de Mujeres Mano de Tigres, producto de la luchas del Diquis, ha venido trabajando en el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo de Térraba para reivindicar la cultura a través de convivios con los Nasos y Teribes de Panamá y Teribes de Costa Rica.
La comunidad de Térraba le invita a visitar los diferentes proyectos que realiza localmente para fortalecer la identidad cultural.
AGENDA DE VISITA, NASO TJER DI PUEBLO BLORAN
Cronograma de actividades
Llegada domingo 21 de octubre.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
6:00 pm, Convivio de despedida.
*Imagen con fines ilustrativas tomada de la nota de la UCR publicada en SURCOS: UCR Comunidades de Osa se aferran al Humedal Terraba Sierpe.
Enviado por Elides Rivera.
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El pasado 9 de julio se llevó a cabo en el Auditorio UCR San Ramón, el conversatorio: Recuperaciones en territorios indígenas PH Diquís y relación cultural-ambiental y su paisaje con visitantes de Salitre, Cabagra y Térraba.
El conversatorio también se realizó el martes 10 de julio en el Auditorio de Educación, sede Rodrigo Facio, UCR.
Comentarista: Álvaro Sagot.
Siga el siguiente enlace para ver el video publicado en la página de Facebook de Radio Machete:
https://www.facebook.com/pg/RadioMachete/posts/
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FECON, 10 de julio 2018. Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 18-005745-0007-CO el dirigente indígena Asdrubal Rivera Villanueva busca llevar justicia y soberanía al Territorio Indígena de Terraba.
Esta acción está planteada en contra del Decreto Ejecutivo Nº 34312 que da conveniencia nacional e interés público a los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, así como a sus obras de transmisión, desprotegiendo de esta forma parte del territorio indígena que cuenta con una protección legal superior. Este decreto pretende igualar los terrenos indígenas con cualquier otro terreno forestal, a pesar de la diferenciación legal existente.
El espíritu de la Ley No. 6172, del 16 de noviembre de 1977, se basa en que los territorios indígenas únicamente habiten personas indígenas. Por eso en su artículo 2°, párrafo segundo, las declara de propiedad de las comunidades indígenas, y después, en su artículo 3°, además de decir que son inalienables, imprescriptibles e intransferibles, claramente dispone que son exclusivas para aquellas comunidades indígenas. El artículo 3° prohíbe a no indígenas alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estos territorios, y declara absolutamente nulo todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas. Confirmado por la Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administración se trata de propiedades inalienables (TCA Sección Previa sentencia 138-2013). En este mismo sentido el artículo 4° indica que los territorios serán regidos por los indígenas, “en sus estructuras comunitarias tradicionales”. Esto excluye la posibilidad de que personas no indígenas puedan hacerlo.
Por otro lado el artículo 7° de esta ley pone en evidencia que estamos frente a un régimen jurídico de protección especial para los terrenos forestales dentro de territorios indígenas. Estos deben mantener su aptitud forestal. Así las cosas, resulta inaplicable al efecto la excepción establecida en el artículo 34 y 19.b, pues hay una ley especial que establece una categoría de protección más elevada. La intención de modificar el uso de suelo de estas zonas haciendo una represa hidroeléctrica, es incompatible con el mandato legal de mantener la vocación de bosque. Es evidente que sustituir los ecosistemas en cuestión por un proyecto hidroeléctrico, hace materialmente imposible que se conserve la naturaleza forestal del terreno.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional es posible autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales decretando de conveniencia nacional dicho proyecto (Voto 13100-2010 y Voto 13622). Esta declaratoria de conveniencia nacional y de interés público tiene como requisito justificar que el impacto ambiental se amortiguaría por el beneficio social a la población afectada. Pero en el Decreto no existe ningún apartado que desarrolle el alcance del impacto ambiental y por el contrario en su artículo Nº 6 le da a la Secretaría Técnica Ambiental un plazo de 5 meses para la determinación de la viabilidad ambiental.
Se lesiona puntualmente el Artículo 50 de la Constitución Política porque de él se deriva la aplicación del principio precautorio, que dice que en caso de certeza científica sobre el impacto ambiental de un proyecto el Estado debe de resolver a favor de la naturaleza. En este caso el Decreto en su artículo 6 admite que no tiene conocimiento del impacto ambiental de proyecto Diquis y aun así le otorga conveniencia nacional, a pesar de que evidentemente, sin una evaluación ambiental, el impacto ambiental se desconoce.
Si la dimensión ambiental no se tiene clara ¿cómo sabe el Poder Ejecutivo que el costo del proyecto se justifica con los beneficios? Es imposible saberlo si aún no se conoce el costo ambiental y cultural.
Hace una semana vimos con alegría como se inauguraba un nuevo u-suré en el Territorio Indígena de Cabagra (VocesNuestas, 9-7-2018) después de que dos manos criminales habían quemado esta estructura años atrás. El u-suré representa para la cultura bribri el orden del universo y la conexión con Sibú. Una represa hidroeléctrica sobre tierras indígenas sagradas vendría a significar otro ataque directo contra estos pueblos que luchan por que lo dejen vivir en paz.
Información 8760 9800.
Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com
Enviado por FECON.
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Por: Paola Rojas
Programa de Producción de Materiales Audiovisuales de la UNED
El documental presenta la primera lucha mancomunada que libraron las comunidades de tres territorios: Boruca, Térraba y Rey Curré contra las empresas madereras y el gobierno para reivindicar sus derechos; la cual fue invisibilizada ante los intereses económicos y políticos de los grupos de poder y los medios de comunicación.
Este documental fue basado en una investigación que hicieron tres jóvenes Bröran, del territorio de Térraba: Asdrúbal Rivera, Cindy Vargas y Marlon Carrera, en el marco del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios impartido por la Dirección de Extensión de la UNED. Posteriormente el Departamento Ecuménico de Investigaciones dio un apoyo a los jóvenes para profundizar la investigación. Luego el Programa de Producción de Materiales Audiovisuales de la UNED inició el proceso de producción del documental.
El objetivo de esta investigación era rescatar de la memoria de muchos de los mayores de los tres territorios indígenas de Térraba, Boruca y Rey Curré, que continúan vivos, este hecho ocurrido en 1985, cuando las tres comunidades se unieron para evitar que la extracción de los bosques continuara.
Este propósito se logró, porque las madereras ya no entraron más a los territorios; no obstante, la devastación causada fue inminente. En imágenes tomadas con el drone para el documental es desolador ver como no hay bosques y las causas de esta tala indiscriminada se observa en las aguas de la catarata de Boruca, donde estas se tiñen de un color rojizo por la erosión del suelo.
El objetivo del documental es, no solo visibilizar este acontecimiento, sino también, mostrar un poco de la espiritualidad y forma de vida indígena. Como para ellos la naturaleza es un bien común que comparten con toda la comunidad y heredan a las futuras generaciones.
Según cuentan algunos mayores, las personas antes podían bañarse tranquilos en el río Térraba y pescar. Sin embargo, ahora, las aguas del río producen alergias en la piel y la pesca artesanal es casi inexistente; pues, actualmente, se utiliza el trasmallo y químicos sin medir las consecuencias ecológicas.
También, han existido megaproyectos que han modificado el caudal del río como fue la construcción de la carretera Interamericana, la cual, además, arrasó con el bosque primario y propició la colonización de la zona con actividad ganadera.
Otros, como los proyectos hidroeléctricos Boruca y, actualmente, el Diquis pretenden modificarlo.
Y, como si fuera poco, la utilización de agroquímicos en la producción de monocultivos, como sucedió con las bananeras o, actualmente, sucede con los cultivos de piña o la palma africana, han contaminado las fuentes acuíferas de la zona sur, especialmente al río.
La experiencia de la lucha organizada de 1985, empoderó a estas comunidades para iniciar otras luchas por la recuperación de sus territorios, sus derechos como ciudadanos y la protección de los bienes comunes de la naturaleza.
En las actividades de estreno del documental se contó con la participación del sr. Gerónimo Yantalema, indígena de la nacionalidad kichua de Ecuador, ex diputado por el Movimiento Plurinacional Pachacutik, que compartió sobre la experiencia de los Kichuas en las luchas sociales, políticas, económicas ambientales.
Enviado por Amilcar Castañeda Cortez Divulgación y Comunicación, Dirección de Extensión Universitaria, Universidad Estatal a Distancia, UNED.
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A lo largo de estos dos últimos meses, la Acción Social ha sido centro de discusión en los 46 Encuentros comunitarios y de reflexión. Pobladores y pobladoras de Guacimal, Paquera y Cóbano se sentaron a conversar con docentes y estudiantes de la Sede del Pacífico. En Drake y los humedales de Sierpe, pescadores artesanales, personas adultas mayores, así como niñas, niños y jóvenes compartieron también sus puntos de vista en torno a la relación que tienen con la Universidad. En Térraba, el Consejo de Mayores Broran enfatizó en que la llamada Acción Social debe de partir de las necesidades que como pueblo identifiquen.
La vicerrectora magistra Marjorie Jiménez Castro señaló: “El Foro de Acción Social, hacia la universidad de los saberes, por el bien común de la Universidad de Costa Rica se inscribe como parte de las actividades de conmemoración de los cien años de la Reforma de Córdoba, en un contexto histórico que nos obliga a reflexionar sobre el rumbo de las universidades públicas de América Latina y particularmente, el lugar que tomará la acción social en estos momentos de profundas crisis y desigualdades sociales”.
SURCOS le invita a descargar el periódico ENACCIÓN para conocer más detalles de las reflexiones en el Foro de Acción Social, hacia la universidad de los saberes, por el bien común.
Periódico digital Foro de Acción Social
*Imagen con fines ilustrativos tomada del portal Acción Social de la UCR.
Enviado por Natalia Carballo Murillo.
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La Asociación de Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales de Heredia surge, Ad Honoren, el 4 de abril de 1992, debido a la gran preocupación de Rafael Antonio Varela Montero actual presidente de FUPROVIRENA y cazadores de la zona de San José de la Montaña, por la tala indiscriminada del bosque natural en la reservas del Parque Nacional Braulio Carrillo, la cacería ilegal, la extracción de palmito de la zona del Parque y la falta de protección de los nacientes, ríos, mantos acuíferos y contaminación del medio ambiente.
Por razones involuntarias al interés de crear la figura jurídica de Asociación, se formó una Sociedad Anónima, la cual se disolvió y dio lugar a la Fundación de Protección Y Vigilancia De Los Recursos Naturales De Heredia Ad Honoren (FUPROVIRENA), a partir del 10 de febrero de 2003.
En los últimos años 2005, 2006, 2007 y 2208, se han dado la tarea de ir estrechando nexos con entidades que se encuentran en la zona de Heredia. Con el fin de realizar alianzas estratégicas y obtener alguna ayuda económica, han firmado convenios con: La Cervecería Costa Rica, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Cámara de Comercio, Municipalidad de Barva y la Universidad Nacional (UNA). Estos convenios entre las mencionadas instituciones y la Fundación para la Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales, (FUPROVIRENA) se dan gracias a que estos se encuentran interesados en la problemática de los recursos naturales; protección y defensa sostenible. Aparte de esto, la UNA cuenta con distintos programas, institutos, laboratorios, escuelas, centros y unidades que abordan la amplia temática de los recursos naturales.
Por otra parte FUPROVIRENA ha venido trabajando en pro de la vigilancia y la conservación de los recursos naturales, ampliación de áreas protegidas y la preservación del ambiente como mecanismo para el desarrollo sostenible de las comunidades.
El presidente de FUPROVIRENA, Rafael Varela Montero, envió a SURCOS un comunicado en el que indica: “FUPROVIRENA apoya la protección al humedal Térraba-Sierpe; no se puede permitir que los humedales desaparezcan por falta de planificación e intereses materialistas y por deficiencias administrativas de los órganos competentes para autorizar estas siembras en terrenos protegidos por ley”.
*Imagen tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com
Enviado por Rafael Varela Montero.
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La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.
Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.
Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.
Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.
Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.
Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.
Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.
La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.
Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.
Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.
Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,
La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.
Suscribimos:
Alianza de Redes Ambientales (ARA)
Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)
ASADA de Pavón de Los Chiles
ASADA La Gamba, Golfito
Asociación Agro-orgánica Guanacasteca
Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional
Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)
Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque
Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte
Asociación Pro Cuenca Río Jabonal
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Bloque Verde
Campaña Piña sin Derechos
CoecoCeiba-AT
Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria
Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional
Colectivo Ipís Ecológico
Colectivo Machete
Colectivo Río Urbano
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Coordinadora Norte Tierra y Libertad
Ditsö Costa Rica
Diwo Ambientales
Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)
Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)
Grupo Acción Golfito
GuanaRed
Huertos Urbanos de Costa Rica
Indignados CR
Molinos Verdes de Moringa
Movimiento Patriótico Juanito Mora
Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica
Plataforma de Integración Ciudadana
PROAL-Pacuare
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)
Red de Coordinación en Biodiversidad
Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica
Red de Plantas Medicinales de Costa Rica
Red Internacional de Forestería Análoga
UNOVIDA
¡Ya Basta!
Enviado por Presidencia FECON.
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Ecologistas solicitan establecer los procesos administrativos y penales correspondientes a los funcionarios de la SETENA que hayan incumplido con la ley al otorgar la viabilidad ambiental al polémico mega-proyecto de 500 hectáreas de cultivo intensivo de piña que ha desatado un conflicto socio-ambiental.
En un extenso recurso de nulidad los ecologistas evidencian un claro favorecimiento al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes y que podrían provocar daños ambientales irreversibles.
El recurso fue interpuesto por representantes de diversos sectores entre ellos el ecologista, académico, campesino, mujeres rurales, estudiantes que consideran que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental mediante un puntaje, debió haberse reflejado que era necesario un estudio de impacto ambiental en el tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas protegidas por ley (art. 32, Ley orgánica del ambiente) al estar dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa.
Este formulario es una declaración jurada que advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información falsa se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones administrativas y penales a los responsables.
Así la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su nulidad por los siguientes puntos:
A solicitud de FECON el especialista en gestión ambiental Dr. Allan Astorga Gättgens realizó una sistemática y detallada revisión del expediente técnico y administrativo (18758 – 2016 SETENA), que consta de 534 folios y que sustenta la solicitud de nulidad firmada por personas asistentes a la manifestación del 15 de mayo pasado.
Informes: Allan Astorga tel. 8826 8551 o Mauricio Álvarez tel.887019165
Ver nulidad. http://www.bloqueverde.com/NulidadDelMonteOsa.pdf
Ver revisión del expediente técnico y administrativo:
http://www.bloqueverde.com/analisisAstorgapinaOsa.pdf
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.i-ambiente.es
Enviado a SURCOS por Presidencia FECON.
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Este lunes 15 de mayo a las 10 a.m. se estará llevando a cabo la marcha en defensa del humedal Térraba Sierpe contra la expansión piñera frente al Museo Nacional.
Enviado a SURCOS por Manuel Gamboa.
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