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Etiqueta: territorios indígenas

Comunicado a la Comunidad Nacional e Internacional ante la escalada de violencia contra el pueblo cabécar de China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur (1) y la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe (2) manifiestan su preocupación por la limitada acción estatal en el abordaje de los episodios de violencia contra las personas cabécares recuperadoras de China Kichá.

El pueblo cabécar de China Kichá como otros territorios indígenas a los cuales pertenecemos¸ ha sufrido una violencia estructural mediante la cual se le ha privado del acceso a la tierra incluso antes de su constitución del territorio como tal.

Ante la inacción estatal para garantizar el acceso a un derecho tan fundamental dentro de las cosmovisiones originarias como la relación con Sä ªmi ishäkä; nuestra madre tierra; se han desarrollado procesos legítimos de recuperación de nuestros territorios, y por tanto, de elementos de los mismos como lo son nuestras tierras, nuestros idiomas, nuestras tradiciones, artes y formas de relacionados con la naturaleza.

En el ejercicio genuino de volver a nuestras tierras se han exacerbado diferentes manifestaciones de violencia, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia física, violencia territorial, violencia jurídica y cultural, que incluso ha llevado a la hospitalización de compañeros y compañeras; y los dolorosos asesinatos de nuestros compañeros Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

En el marco de las celebraciones del Bicentenario promovidas por el gobierno actual deseamos llamar la atención que para los pueblos originarios de este país los beneficios de ser un país independiente aún son insuficientes, pues se nos siguen negando derechos vitales, para nuestros pueblos la colonización no ha terminado.

Como gestores y gestoras locales conocemos e identificamos las problemáticas de nuestros territorios, por lo cual promovemos y participamos en procesos para mejorar las condiciones dentro los mismos, reconociendo y asumiendo nuestro papel y responsabilidad, a la vez que sumamos acciones de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de otros territorios indígenas. Desde este lugar, demandamos al Estado el reconocimiento también de sus responsabilidades que ha dejado de atender, donde inclusive en algunos casos nos atrevemos a afirmar que actúa mediante sus instituciones y jurisdicción de manera parcializada en favor de grandes empresas y terratenientes.

El Plan – RTI presentado por el gobierno de entonces en el 2016 no ha devuelto hasta el momento una sola tierra a sus legítimos poseedores, siendo el mismo sólo una promesa sin cumplir de campaña electoral.

De manera particular, queremos llamar la atención sobre la escalada de manifestaciones de violencia que en los últimos tres días se ha perpetrado en China Kichá, de parte de usurpadores no indígenas, donde denunciamos que el actuar de la policía y del gobierno en general, así como el abordaje parcializado de los medios de información masiva (Teletica), quienes brindan un apoyo simbólico a los terratenientes, a la vez que les envalentona y propicia más violencia, poniendo en alto riesgo a las compañeras y compañeros que se encuentran en la defensa de sus legítimos derechos.

Exigimos al gobierno la intervención inmediata en China Kichá y en todos los territorios donde se susciten acciones de violencia de parte de usurpadores que atentan contra compañeras y compañeros de pueblos originarios que se encuentran en la defensa de sus legítimos derechos. Así como, la atención seria, pronta e integral de la privación de derechos fundamentales que viven a diario todos los pueblos originarios en Costa Rica.

Instamos a quienes apoyan la lucha de nuestros pueblos a compartir información veraz de lo que sucede en nuestros territorios con otras personas, no prestar oídos a la mal información de las empresas de comunicación.

¡¡Demandamos justicia en los casos aún impunes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera!!

¡¡Nos solidarizamos con el pueblo cabécar de China Kichá y todos los pueblos originarios que luchan por la defensa de sus derechos!!

  • La Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur se compone por personas gestoras y gestores de los Territorios: Boruca (brunca), Térraba (brorän), Yimba Cajc (brunca), China Kicha (cabécar), Salitre (bribri), Ujarrás (cabécar), Cabagra (bribri), Abrojo Montezuma (ngäbe), Conte Burica (ngäbe), Altos San Antonio (ngäbe), la Casona (ngäbe)
  • La Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe se compone personas gestoras y gestores de los territorios: Talamanca Cabecar (cabécar), Talamanca Bribri (bribri), Kekoldi (bribri), Tayni (cabécar), Bajo Chirripó (cabécar), Nairí Awari (cabécar), Alto Chirripó (cabécar), Comunidad Ngäbe de Sixaola (ngäbe), Comarca Ngäbe Buglé de Panamá (ngäbe – buglé), Comarca Naso Tjer Di de Panamá (naso), Territorio Bribri de Panamá (bribri), Comunidad Miskita de Pavas (miskito).

Firmas responsables:

Carlos Zúñiga Zúñiga, ced. 110200969
Coordinador de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe

Hugo Fernández González, ced. 602400769
Coordinador de la Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur, RIGELOPS

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Continúan incendios provocados en territorio indígena China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

COMUNICADO:

INCENDIOS EN KONO JÚ Y YUWI SENAGLÖ, RECUPERACIONES EN TERRITORIO CABÉCAR DE CHINA KICHÁ SIGUEN ACTIVOS

Sábado 06 de marzo 2021. Al ser las 7:30 p.m. el fuego en las recuperaciones Kono Jú y Yuwi Senaglö siguen fuera de control y en crecimiento.

Los incendios provocados son una forma más de agresión a los Pueblos Orginarios, situación que venimos denunciando desde el 2020. Al día de hoy ninguna persona ha sido judicializada por este crimen y la impunidad se mantiene. También el día de hoy, sólo en Kono Jú se han quemado entre 15-20 hectáreas.

Insistimos en la responsabilidad del Estado costarricense en garantizar nuestra integridad física así como la de nuestro Territorio.

Compartimos fotografías de los incendios: foto 1 Kono Jú y foto 2 Yuwi Senaglö.

Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Recuperadoras y recuperadores cabecares de Yuwi Sengalö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Publicación en Facebook:
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/254238749524864/

Denuncian irrupción de no indígenas en Territorio Indígena Maleku

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Li Uroteca Maleku Márama

Al ser las 5:32 p.m. del 2 de marzo de 2021.

Territorio Indígena Maleku.

El presente reporte se hace propiamente desde la finca que usurpa el señor de apellido Villegas, ubicada en un sector del Palenque Margarita, colindante con el Silencio de Guatuso.

Un enorme grupo de personas no indígenas, usurpadores, llegaron a cortar alambre y a intimidar al grupo de recuperadores y recuperadoras, tratando también de quemar los ranchos.

Los no indígenas, usurpadores y terratenientes han estado mintiéndole a los campesinos, diciéndole que nosotros les vamos a quitar el poquito de tierra que tengan, eso con el fin de que se unan a ellos.

Entonces, primero queremos decir que el Territorio Maleku está luchando por las tierras que legítimamente nos pertenecen. Segundo, nuestro movimiento de recuperación de tierra y territorio hasta el momento no ha recuperado ninguna finca cuya posesión en este momento esté en manos de pequeños campesinos no indígenas, para estos casos estamos tratando de resolver el conflicto por la vía de la negociación, buscando la participación de distintas instituciones públicas, porque reconocemos que muchos de estos pequeños campesinos se encuentran en estado de pobreza.

En la fotografía adjunta podemos observar a Oscar Villegas cortando los alambres en la finca recuperada por el pueblo indígena.

Reafirmamos nuestro accionar pacífico y reconocemos la labor que está realizando la Fuerza Pública para evitar la violencia.

Li Uroteca Maleku Márama

A SURCOS llegó el siguiente audio de una compañera indígena Maleku:

Vigilia en conmemoración de Jehry Rivera y Sergio Rojas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Hoy miércoles 24 de febrero y el 18 de marzo se estará llevando a cabo una vigilia en conmemoración de la muerte de Jerhy Rivera y Sergio Rojas. La misma se realizará en Desamparados Muro Sur, Polideportivo El Porvenir, la hora de la actividad es de 4:00pm a 7:00pm.

¡Esperamos su participación y acompañamiento!

Adjuntamos la invitación al evento:

Compartido con SURCOS por Édison Valverde.

Solidaridad con la lucha de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Isabel Ducca D.

Abordar el tema de los territorios indígenas es asumir una red de conflictos muy compleja que lleva necesariamente a toda la historia de nuestro país. Sin embargo, para conmemorar los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, vamos a plantear algunas respuestas básicas a lo que, probablemente, son los cuestionamientos principales que surgen desde la desinformación de que somos víctimas, aún sin saberlo en muchos casos.

¿Por qué los matan?

Jehry Rivera, al igual que Sergio Rojas, fue un líder comunitario Bröran del territorio de Térraba, recuperador de un terreno que había sido de sus antepasados y había sido usurpado por personas no indígenas. Fue asesinado el 24 de febrero de 2020, exactamente a escasas tres semanas en que se cumplía un año del asesinato de Sergio Rojas, quien había sido víctima de quince dispararos en su propia casa el 18 de marzo de 2019.

Ambos asesinatos pudieron haber sido evitados si el Estado costarricense cumpliera con sus compromisos con los pueblos indígenas. En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado costarricense adoptar medidas cautelares para garantizar la seguridad de pueblos indígenas como los Bribri por encontrarse «en riesgo debido a las acciones para recuperar sus tierras». No hubo tal protección, pese a que, en ambos casos, se habían interpuesto denuncias, petición de medidas cautelares o alertas tempranas.

El Estado es cómplice y “comparte derechos de autor” con los criminales. Quienes andan sueltos y siguen amenazando a la población indígena. De hecho, el asesinato de Jehry Rivera al año de la muerte de Sergio Rojas fue un triunfo y celebración de la impunidad con que se vanaglorian los usurpadores de los territorios indígenas.

¿Cuál es el antecedente inmediato a la recuperación de tierras?

La recuperación de tierras fue el laberinto al que lanzó el mismo Estado costarricense a la población indígena como única forma de hacer valer sus derechos, alzar la voz por su dignidad pisoteada una y otra vez, así como lograr una presencia para romper la invisibilización a la que es sometida constantemente.

En el año 2010, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un grupo de 26 personas indígenas de distintos pueblos había tomado pacíficamente la Asamblea Legislativa para pedir que los y las diputadas votaran la Ley de Autonomía Indígena. La respuesta del “representante del pueblo” que, en ese momento, fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, pagado por todos los costarricenses, fue sacarlos como si fueran perros del recinto legislativo en la madrugada del 10 de agosto. Ese “insigne” imitador de algún conquistador español fue Gerardo Villanueva.

Pablo Sibar Sibar, Coordinador de FRENAPI, lo recuerda:

“Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.

Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.

Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se ha extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas”.[i]

¿Son ilegales las recuperaciones de tierra por parte de los pueblos indígenas?

Toda la legislación nacional e internacional protege a la población indígena. Nicolás Boeglin lo aclaró:

«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».[ii]

No hay interpretaciones posibles a esas leyes, son claras en cuanto a la autonomía y posesión de los territorios se refiere. El problema es de otra índole.

¿Estará dispuesto el Estado y el gobierno de Carlos Alvarado a romper con una herencia racista y colonial en las celebraciones del Bicentenario?

Desde Confluencia Solidaria queremos brindar nuestro apoyo a la lucha por la justicia y autonomía para los pueblos indígenas.

Recordaremos a Sergio Rojas y a Jehry Rivera este miércoles 24 de febrero a las 6 p. m.

Usted puede unirse a este homenaje en Facebook Live de Surcos digital.

[i] Puede leer el texto completo en: Sibar, P. (2020, agosto 10). Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. En: Surcos digital https://surcosdigital.com/una-decada-de-que-nos-sacaron-arrastrados-de-la-asamblea-legislativa/

[ii] Puede leer el texto completo en: Boeglin, N. (2020, agosto 21). A 10 años del desalojo de líderes indígenas por parte del Congreso costarricense. En: Universidad de Costa Rica https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/08/21/voz-experta-a-10-anos-del-desalojo-de-lideres-indigenas-por-parte-del-congreso-costarricense.html#:~:text=El%20pasado%209%20de%20agosto%2C%20se%20conmemoraron%20los%2010%20a%C3%B1os,Asamblea%20Legislativa%20la%20tarde%20anterior.

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.

Comunicado Público: Juez reitera desalojo de Yuwi Senaglö, recuperación en Territorio Cabécar de China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

• Estado de Costa Rica insiste en desalojo de miembros del Pueblo Cabecar de China Kichá.
• En el ámbito judicial persisten serias irregularidades y el Ejecutivo no responde a solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Yuwi Senaglö.

Martes 16 de febrero de 2021. El 28 de setiembre de 2020 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá (al sur de Costa Rica) ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, decidieron iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia.

Hasta ese momento el terreno estaba siendo ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata, persona no indígena. Ese mismo día Vargas Mata logró ingresar a la casa que se ubica en el terreno, casa que se encontraba rodeada y custodiada completamente por la Fuerza Pública, donde se mantiene atrincherado hasta el día de hoy y sin existir una explicación satisfactoria y verosímil por parte del Ministerio de Seguridad sobre la forma en que Vargas logró ingresar a la edificación.

El 13 de octubre de 2020 el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) Expediente No. 20-000018-1555-AG-1, mediante resolución 48-2020 acoge la medida cautelar solicitada por Miguel Vargas (como parte actora) y ordena el desalojo de las familias recuperadoras Cabécares (como demandados), resolución que es ratificada el 1 de febrero de 2021 por el mismo Juzgado, ordenando a la Policía de Proximidad de Pérez Zeledón proceder con el desalojo de las y los recuperadores Cabécar; ambas resoluciones contrarias al Bloque de Constitucionalidad y violatorias de los Derechos Humanos del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Hasta el día de hoy, ambas resoluciones no han sido notificadas personalmente, ni conforme a la ley a la totalidad de las y los demandados; ante evidentes vicios en el cumplimiento del acto de notificación, el 15 de octubre las y los demandados interpusieron un incidente de nulidad del acto de notificación, sin embrago, hasta el momento no se les ha respondido dicho incidente, ni se corrigieron las irregularidades en las notificaciones. Esta causa es conocida por el Juez Jean Carlo Céspedes Mora quien mantiene relaciones de parentesco con personas no indígenas que ocupan territorios indígenas; hoy mismo las y los recuperadores interpusieron 2 incidentes de suspensión y nulidad que esperan se resuelvan conforme a Derecho.

Ante las graves consecuencias que traería la ejecución de esta orden de desalojo judicial, las y los recuperadores acompañados por la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, presentaron hoy martes 16 de febrero, formal Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, ante el Viceministerio de la Presidencia y el de Seguridad, este último ente encargado de otorgar dicha declaratoria. (Se adjunta Solicitud).

Esta es la tercera ocasión que se presenta formalmente dicha solicitud, la primera fue el 13 de noviembre de 2020, la segunda el 21 de diciembre de 2020 ante la cual el Ejecutivo sobre la Solicitud indicada “es un tema que está siendo analizado por los Ministerios encargados”.

El día de hoy las y los recuperadores de Yuwi Senaglo con el apoyo de la ADI reiteraron su Solicitud de que el Ministerio de Seguridad declare la Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö; lo anterior de acuerdo a las facultades y obligaciones que asisten al Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social, tomando en cuenta el antecedente de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jü y en aras de lograr la paz social del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Las y los miembros, recuperadoras y recuperadores del Pueblo Cabécar de China Kichá y las organizaciones y personas que suscriben este Comunicado Público manifestamos:

1. Denunciamos las irregularidades presentadas en el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).
2. Solicitamos al Poder Judicial se investigue una vez más el actuar del Juzgador Jean Carlos Céspedes Mora, encargado de dicho expediente y por fin se establezcan las responsabilidades administrativas y penales del caso.
3. Demandamos que el Poder Ejecutivo emita la Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo Yuwi Senaglö en un plazo máximo de 3 días a partir del día de hoy, ya que han contado con 3 meses para el análisis y resolución de la solicitud.
4. Demandamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la integridad territorial del pueblo Cabecar de China Kichá y sin más dilaciones realice los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio y así devolver la totalidad del Territorio al Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡NO AL DESALOJO DE YUWI SENAGLÖ!

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Recuperador@s Cabecar de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabecar de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin.
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Personas firmantes:
Mauricio Alvarez Mora, cédula 1 0877 0217proyecto ED-3526 Educación Popular y Geografía, Kioscos Ambientales UCR.
Marvin Amador Guzmán cédula 1 0673 0592, docente, investigador, UCR.
Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 3 0220 0485, docente e investigador UCR.
Denia Román Solano, cédula: 3 0305 0908. Docente Escuela de Antropología. UCR.
Xinia Zúñiga Muñoz 104880642 investigadora UNED.

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez Mora,

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

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Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

18-INFORME-ODHAIN-2021-sin-anexosDescarga

Programa Voces y Política: “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”

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Este miércoles 10 de febrero a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”, con la participación de Xinia Zúñiga, investigadora de la UNED y del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) y Gustavo Oreamuno, abogado de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.