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Etiqueta: trabajadores

Solicitan prontitud en pago a personal de Hacienda

El presidente de la seccional de la CUT en el Ministerio de Hacienda, Miguel Ureña Cascante, envió una carta al ministro que compartimos:

Estimable señor Ministro Nogui Acosta J.

Agradecemos el comunicado masivo, pero; deseamos se haga efectivo dicho pago a la brevedad posible.

Los trabajadores, en especial sus colaboradores del Ministerio que su persona lidera, gestor y Administrador de las Finanza Públicas, nos sentimos celosos, cuando otras instituciones, según sus propias declaraciones, ya se les pagó o depositó dicho compromiso.

Ciertamente esta es mi primera intervención como Presidente de una Seccional, ya que en mi condición de Secretario General de otras, no puedo estar cargando el lastre de un estatuto obsoleto y poco más con una junta Directiva, que al final pueda convertir el Sindicato en un Club Social, aprovechando una reunión de carácter profesional con su equipo y pedir por detrás alguien su ayuda para un puesto en determinado lugar, cosas que creo irrespetan su investidura, y falta la seriedad de algún mal integrante, pero, en calidad de Presidente de la Seccional CUT- Hacienda, la que de paso, se le ha atropellado por quizás una mala percepción de contradictorio o contienda al combatir y denunciar hasta penalmente , malos actos de los representantes de la actuación patronal y que desde noviembre de 2023, nos sumergen en la espera burocrática del finiquito con su firma del convenio de facilidades, impidiendo a mi representada el buen ejercicio de la democracia social.

Los años de conocernos, siempre profeso un respetuoso y afectuoso saludo al estrechar su mano, al menos de mi parte recíbalo siempre así, espero que el mal consejo o apreciación de otros malos contendores lo asienten, pues quizás les falta madurez política el no aceptarlo y de ahí las diferencias de criterio.

La balanza o nivelación de las relaciones obrero-patronales, gestadas en el milenio anterior, han superado con creces los beneficios de ese balance entre las partes, ni los empleados abusar, ni los patronos tampoco.

Señor Ministro; nuestras diferencias son mínimas, tanto así que he reiterado en varias ocasiones, que su persona es muy valioso y debería liderar el Poder Ejecutivo, y sí al Ministro de Hacienda le va bien, a Costa Rica también, ya que el motor en mucho se nutre de nuestra actuación en la sociedad misma, de ahí el celo, en el sentido a partir de sus declaraciones parece van girando los dineros sin ser fecha de pago a las cuentas de los trabajadores y en Hacienda ignoramos cuando, dinero para satisfacer el compromiso que nos ocupa, pero; que en Hacienda, su casa de trabajo, no se hace efectivo, siendo el tesorero del país mismo, y siendo el gestor y contralor presupuestario del Poder Ejecutivo seguimos a la espera, como si fuéramos trabajadores de tercera clase y nadie alza la voz, porque parece no saben opinar o solicitar un derecho, hacen pretensiones tan vagas y poco concretas, que denota quizás un temor a la contienda o al riesgo de perder un confort.

Con estas pocas palabras, le solicito gire la orden de pago (si aún no se ha pagado, cuando lo lea) para que se nos giren esos dineros, los ocupamos, para atender compromisos de deuda con las mal llamadas “garroteras”, lo ocupamos para la compra de buena medicina, ya que la CCSS aduce no poder dar medicina de calidad por el “perro amarrado entre Hacienda y la Caja” y el pobre trabajador asalariado está en medio de ese torbellino, hubo de cumplir hasta compromisos de entrada a clases sin la camisa de educación física de sus hijos o con el resto útil de un cuaderno del año pasado, distinto de los “Jeques” de la función Pública, que tienen salarios de primer nivel político, el trabajador de ”a pie” va a “coyol comido…”.

En fin la misiva pretende persuadirlo amigablemente de que se ordene se gire ese dinero, y no se manipulen las cuentas nacionales con recursos contables sobre las espaldas del trabajador humilde. imagino a un policía en su vigilia diaria y no poder comprarse al menos una botella de agua fría o una pipa para mitigar la sed por el calor de la temporada.

Reitero, lo macro es una cosa, lo micro otra, no dudo de su mirada, desde la palestra en la altitud del piso seis , hasta conversada con el Presidente mismo de como honrar dicho compromiso, desde noviembre aprobado por Ley de la República, y que al final pareciera ser que ni los 24 millones de dólares comprometidos en Hacienda digital por licencias “copy page” para darle clip a herramientas de integra y otros en materia de presupuesto, dan solución inmediata a recursos “posiblemente jineteados” durante todo un trimestre, favoreciendo quizás los números micro, oh quizás la peor percepción, de que las unidades de recursos humanos siguen deficitarias en talento humano; incapaz de atender oportunamente el mandato legal.

Le remito dicho interés, como un eco de varias personas que me increpan elevar su voz y pedir con vehemencia, respeto y con autoridad también, se honre a la brevedad dicho compromiso, negado con el actuar deficiente sus colaboradores, y no hagamos eco del estribillo “casa de herrero..” en virtud de que ya estamos cansados de que nos pongan de referencia en control del gasto, este tipo de dinero es inversión hasta en salud para todos los trabajadores.

Copio a buenos amigos en la Asamblea Legislativa, para llamar su atención, ya que los trabajadores también merecemos consideración y respeto, y sus colaboradores, malos colaboradores quizás lo están exponiendo demasiado.

Espero con pocas palabras lograr su comprensión, atentamente,

Lic. Miguel Ureña C.
Lic. en Derecho
Lic. En Administración
Presidente Seccional CUT- Hacienda

SITRAP y ANEP preparan acción internacional por violación de derechos laborales en finca agrícola

ANEP y SITRAP continúan trabajando en conjunto en defensa de los trabajadores de plantaciones agrícolas de la piña y el banano de Costa Rica. En esta ocasión, para plantear una serie de denuncias internacionales ante la violación de derechos laborales en fincas agrícolas.

Como parte de esta estrategia, ANEP y SITRAP se reunieron con trabajadores, para escuchar desde los trabajadores, la situación que viven diariamente. Se espera que en este mes de enero, se realice otro taller similar para continuar recopilando los testimonios de los trabajadores, para plantear las denuncias correspondientes. 

Para observar más detalladamente la nota, ingresar al siguiente enlace:

82 años de la CCSS

Manuel Delgado

Plaza de las Garantías Sociales, 1 de noviembre de 2023

Hace 82 años, en un día como hoy, pero 1941, el presidente de entonces Rafael Ángel Calderón Guardia puso el ejecútese a la ley de creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobada días antes por el Congreso Constitucional de la República.

La creación de la Caja fue la primera piedra de una serie de leyes y reformas que dieron como resultado una revolución, no política ni económica, pero sí social. Costa Rica fue revolucionada en su institucionalidad con aquellas reformas.

Aunque como digo, este proceso no representó un revolución política, sí forjó la unidad de las tres fuerzas más importantes de la época: por un lado el presidente Calderón Guardia y su equipo, a los que la oligarquía tenía decidido sacar del poder por la fuerza; segundo lugar, la iglesia católica, jefeada por un pastor inteligente y sensible; y en tercer lugar el Partido Comunista, que ocupaba un espacio político respetable pero que, sobre todo, lideraba un movimiento de masas, social y sindical de enorme fuerza. Porque hay que añadir que esta revolución social no fue un golpe de palacio, es decir, no fue un acuerdo en las alturas, sino que nació producto de la lucha de los trabajadores, en sus sindicatos y en las calles.

La creación de la Caja con sus dos grandes ramas, cuidado de la salud y pensiones, puso a Costa Rica a la vanguardia mundial en materia de seguridad social. En 1952, es decir 11 años después, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 102, obligatorio para todos los países, que contenía garantías menores que las que ya disfrutaban los costarricenses.

La Caja nació con una filosofía que se había forjado en Alemania en los últimos años del siglo XIX y que se originaba en las experiencias mutualistas europeas anteriores. El mutualismo era que un grupo de personas, de trabajadores, hacían un ahorro común, que cubría los salarios en caso de enfermedad de los afiliados. La diferencia es que esta nueva forma de financiamiento a que me refiero exigía el aporte obligatorio del patrono y del estado. Se creaba así un fondo que era público, pero que no era estatal, que pertenecía a los asegurados. Por eso se llama “caja”, es la caja común de los que contribuyen, obreros y patronos, para proteger a los trabajadores.

Este colocho histórico es muy importante porque hay que dejar claro que el dinero de la Caja, y ahora me refiero a la Caja Costarricense del Seguro Social, su patrimonio, no es del gobierno, es de los trabajadores, y cometen abuso en la letra y el espíritu de la ley, los que quieren disponer de ellos como si fuera un dinero del Ministerio de Hacienda.

En 1942, cuando se fundó, la Caja recibía el 5,5% de los patronos, el 3,5% de los trabajadores y el 3,0% del estado. En 1947 esto había sido modificado, y las tres partes pagan un 2,5% de las planillas.

En 1971, siendo presidente Figueres Ferrer y directivo de la Caja Calderón Fournier, el aporte del estado se disminuyó de 2,5 a 0,25%. Así se mantuvo por muchos años y en los últimos tiempos han tenido una subida, conjuntamente con la subida de los aportes de los patronos y los trabajadores.

La Caja ha sido víctima de toda clase de saqueos en sus presupuestos, y este saqueo explica en parte de la crisis en hoy se encuentra. Pero esta reducción de la cuota estatal fue trágica, pues representa un faltante de 2 % mensuales por 40 años o más. Así no hay empresa que aguante.

Pero hay mucho más que eso. En buena filosofía, la Caja es financiada por los trabajadores y para ello, es decir, para los afiliados, para los asegurados. Pero en los setentas comenzó un costosísimo proceso de universalización del seguro, proceso por el cual se le pasaron a los asegurados las responsabilidades por la salud de toda la población. A ese proceso siguió otro igual, que fue el traslado de todos los hospitales a la CCSS que no estuvo acompañado con el traslado de los dineros necesarios para mantener esos hospitales. Estas dos deudas todavía se cobran, en todo o en parte, hoy.

Pero el estado sigue trasladándole a la Caja responsabilidades que no son suyas. Fue lo que sucedió con la Covid. En momentos en que se produjo una contracción de sus ingresos, la Caja tuvo que utilizar sus recursos, especialmente su personal, para atender una pandemia cuya responsabilidad debió haber sido del estado.

Queda todavía una tercera cuestión, que atañe sobre todo a los regímenes de pensión pero que afecta también a los regímenes de salud. Y es que la Caja nació en momentos en que el número de personas jóvenes, de afiliados activos, era mayor, y en momentos que las expectativas de vida eran también menores. Eran también momentos en que los servicios eran relativamente más simples y baratos.

Pero en 80 años la vida ha cambiado. Hoy los regímenes de salud y menos aún los de pensión no pueden sostenerse solo con el aporte de los trabajadores y sus patronos. Si queremos un sistema de seguridad social moderno y sostenible ya no basta con pagarle a la Caja las deudas y evitar la sustracción de sus recursos, es necesario inyectarle enormes recursos desde el fisco, es decir, desde el Estado. Pero es lo contrario de lo que ocurre en la realidad.

Este país está gastando en salud una cifra de su PIB inferior a los de El Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras (que van del 7,3 al 8,4%) y apenas un poquito superior a las de Guatemala y Belice.

La cifra del país (7,2) está muy lejos del promedio de la OCDE, que es del 8,8% y apenas supera el promedio de América Latina y el Caribe. Así lo hace notar el estudio “Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023” de la ODCE.

Así estamos de mal y, además, peleando por cada cinco que el gobierno le niega a la Caja del dinero que no es del gobierno, sino de la Caja, es decir, de todos los asegurados.

El país que mayor porcentaje de su PIB le dedica a la salud es Cuba, con un 9,7%. Cuba es además el país que tiene más médicos por habitante, 6,7 por cada 1.000 habitantes. El promedio latinoamericano es de dos médicos. El promedio de la OEDC es de 3,5. Un informe de la BBC se pregunta de dónde saca Cuba tantos médicos. Una razón es que existe una convicción nacional en favor de la salud y de la unión entre salud y educación, es decir, la formación de médicos juega un rol fundamental en la sociedad. Ese país tiene 24 facultades de medicina y 52 escuelas de enfermería.

Costa Rica, por su parte, ocupa el quinto lugar con peor proporción de médicos y enfermeros por cada mil habitantes en la OECD. Por una parte, hay una terca oposición a abrir matrícula en las universidades, en especial con relación a los de especialistas. Pero al mismo tiempo no hay una voluntad de abrir plazas de trabajo y el sector sufre como pocos el flagelo del desempleo.

El Colegio de Odontólogos afirma que un 23% de sus profesionales no tienen trabajo. También se señalan cifras altas entre farmacéuticos y enfermeros. El Colegio de Médicos no conoce la situación de sus agremiados, pero señalan que muchos de ellos posiblemente laboran en otros campos distintos de la medicina propiamente dicha.

A esto hay que añadir una monstruosa carencia de infraestructura, con hospitales obsoletos y espacio físico insuficiente, sin salas de operación y recuperación necesarias.

Nuestra diferencia es que no tenemos esa convicción-país de apostar en serio por la salud, no la tenemos o la perdimos. Los ataques constantes a la CCSS son muestra de ello. Pero también lo son los recortes a los gastos en el rubro.

Los gastos de salud respecto al PIB descendieron en la década pasada (2010-2019) en un 0,53%. Su descenso respecto al gasto público es el más alto de América Latina: -7,6%.

Como respuesta a esto, hay un ascenso de los costos de la salud por la vía del uso de atención privada. En este rubro el país está por encima de la media de la OECD: 22,3% contra 19,9%. ¡Increíble! Los gastos de salud privada son superiores a la media de los países más desarrollados.

Según el mismo estudio, el pago de servicio privados de salud lanza a la pobreza al 1,7% de la población de manera directa, pero empuja a la pobreza a largo plazo a una cantidad mucho mayor, en el caso de nuestro país, al 10% de la población.

Hoy, en esta celebración, hay que reconocer que la lucha del pueblo ha detenido este año las arremetidas del ejecutivo, pero debemos redoblar esfuerzos no solo para salvar lo que tenemos, sino para relanzar nuestro sistema de seguridad social y apostar por una nueva revolución social, similar a la de hace 80 años.

Clase trabajadora del SINART se desliga de los malos manejos dentro de la institución

El personal trabajador se manifestó dentro de la instalaciones institucionales en contra de la grave situación en la que se encuentra el SINART y además se desligan de cualquier tipo de acción irregular o cuestionada, ya que ninguno tiene la potestad de tomar decisiones. 

La clase trabajadora del SINART solicita mantener un manejo transparente, que se corrijan las irregularidades y se sancionen a quienes las cometieron. 

Puede ver la información completa en el siguiente video: 

Ante los filibusteros de Zapote y de Cuesta de Moras, contra el neo esclavismo laboral

Vladimir de la Cruz

En la Constitución Política se dice claramente que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana; que la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana, y que el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Cuando la jornada diurna y nocturna se mezclan, en las llamadas jornadas mixtas, no deben ser mayores a las 7 horas de trabajo.

El logro de la jornada de 8 horas fue el resultado de una lucha tenaz, continua, sostenida durante el siglo XIX y parte del siglo XX, para superar las condiciones infamantes de seguridad e higiene ocupacional, y las particulares condiciones de trabajo cuyas jornadas eran de 12, 14, 16 y hasta 20 horas diarias en distintos empleos y trabajos, situación que afectaba hombres, mujeres, menores de edad y a los niños, quienes eran usados para limpiar chimeneas en las fábricas industriales.

Las luchas por esta jornada culminaron, en un primer momento, en las grandes movilizaciones y huelgas que se dieron en Estados Unidos en 1886, cuyo centro de atención fue la ciudad de Chicago, cuando resultado de esas luchas se estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores de Estados Unidos. En un segundo momento, cuando a partir de estas luchas, se estableció el 1 de mayo de 1890, como un día de lucha internacional, a realizarse cada año, para hacer valer esta jornada y demandar otras reivindicaciones obreras y laborales en todas partes del mundo.

En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios.

En los años siguientes hubo necesidad de continuar esta lucha porque no en todas las actividades laborales se reconocía.

En 1943, cuando se aprobó el Capítulo de las Garantías Sociales, en la Constitución Política de 1871, se estableció con rango constitucional la jornada de 8 horas. Ese mismo año se aprobó el Código de Trabajo donde se materializó esta jornada, con otras combinaciones específicas según ramas de producción, género y edad de los trabajadores. Este Capítulo constitucional se incorporó y aprobó en la Constitución Política aprobada en 1949, al amparo de la Segunda República, que dirigía José Figueres Ferrer, jornada que hasta hoy no había sido cuestionada en su extensión diaria.

Internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, organismo hoy vinculado a las Naciones Unidas, al cual
Costa Rica está adherido, y al cual se subordina en los Convenios Internacionales que de la OIT se han ratificado, ha establecido la jornada de 8 horas de trabajo diario, como uno de sus iniciales y más importantes Convenios. Al amparo de la OIT países europeos, miembros de la OCDE, organismo al que también Costa Rica se ha incorporado, tienen hoy jornadas de trabajo de 36 y 35 horas semanales, y no de 48 horas semanales como están establecidas para el sector privado en Costa Rica.

En la vida productiva del país hay empresas que tienen distintos regímenes de trabajo. Las hay que trabajan las 24 horas seguidas, porque el giro de sus actividades productivas obliga a que tengan un proceso laboral continuo. Las hay con sistemas productivos que no obligan las 24 horas continuas.

En estas empresas la contratación laboral se realiza tomando en cuenta el tipo de jornadas de trabajo legal y constitucionalmente establecidas, contratando trabajadores en jornadas de 8 horas, y pagando horas extras hasta 4 más, para una jornada extendida de 12 horas.

Las empresas que laboran 24 horas continuas, sin interrumpir sus labores, tienen que organizar turnos de trabajo de 8 horas, para los tres grupos de trabajadores que se distribuyen en ese tiempo de trabajo. Si dividen sus trabajadores en dos turnos laborales de 12 horas, tienen que reconocerles el pago de horas extras. Todo esto apegado a la Constitución y la ley, sin que haya que modificar el Código de Trabajo ni la Constitución Política.

Tres turnos de trabajadores distribuidos en 24 horas de trabajo de una empresa, en turnos de 8 horas cada uno, sin duda genera más trabajo, para más personas, que dos turnos de trabajo de 12 horas, que elimina un grupo de trabajadores. De hecho, la jornada de 8 horas estimula la mayor contratación de trabajadores, mientras la jornada de 12 horas reduce la contratación de trabajadores.

Empresarios y políticos esclavistas, nacionales y extranjeros, quieren alargar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias, sin pago de horas extras, reduciendo en esa posibilidad la contratación de trabajadores, abaratando sus costos de producción que se pagan con salarios. Falsamente dicen que la jornada de 12 horas va a dar a contratar más trabajadores, que los que tuvieran que contratar en tres turnos de 8 horas. En ello tienen comprometido al Presidente de la República, a su Consejo de Gobierno, y a la mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. El Presidente se presenta como el adalid, cosa que le gusta, de estos empresarios y políticos.

Quieren modificar legalmente artículos del Código de Trabajo para que la jornada laboral del sector privado sea extendida hasta las 12 horas diarias, al estilo que existían en el siglo XIX, cuando el régimen de trabajo y de las relaciones laborales se igualaba a los sistemas esclavistas de trabajo y de producción. No casualmente a los trabajadores y obreros del siglo XIX se les llamó esclavos modernos. Los empresarios extranjeros que así presionen en el país se comportan como filibusteros modernos. Los filibusteros encabezados por William Walker querían establecer la esclavitud en Centroamérica. La establecieron momentáneamente en Nicaragua y querían convertir a los pueblos centroamericanos en pueblos esclavos y anexados a los estados esclavistas sureños de los Estados Unidos.

El Presidente de Costa Rica el pasado 11 de abril, en Alajuela, paradójicamente habló contra los filibusteros que él considera existen en el país. Ocultó en su falso discurso el carácter y su esencia filibustera, de ser el Jefe de los Filibusteros laborales, que quieren hacer de los dos millones de trabajadores del sector privado, una masa de trabajadores esclavizados, sometidos a 12 horas de trabajo diario, sin reconocimiento de pago de horas extras, reduciéndoles así sus salarios, y empeorando sus condiciones materiales de trabajo, de vida y de familia.

El Presidente se presenta como el émulo de estos esclavistas modernos, como el verdadero Jefe Filibustero, junto con los diputados que le acompañan, que quieren imponer la jornada de 12 horas, como integrantes de esa falange impía de nuevos filibusteros esclavistas, instalados en sus cuarteles de Zapote y Cuesta de Moras, donde se libra la batalla como la del 11 abril, por derrotar a los filibusteros…anti trabajadores, neo esclavistas, anti costarricenses de su tradición jurídica laboralista.

El Benemérito de la Patria, el Gran Capitán de la lucha contra los filibusteros, Juan Rafael Mora Porras, cuando marchó hacia Nicaragua, llamó a luchar contra los filibusteros que habían reducido a Nicaragua “en la más oprobiosa esclavitud”, y amenazaban de imponer la esclavitud en Centroamérica y en Costa Rica.

Hay que detener, por la presión y protesta organizada popular, con criterios científicos sicológicos, médicos, por el sentido común, por la por el razonamiento histórico y jurídico, por la jurisprudencia internacional que tiende a bajar las jornadas de trabajo y no a aumentarlas, a esos filibusteros instalados en la toma de decisiones legislativas para evitar que establezcan el sistema de trabajo esclavista de las 12 horas diarias.

¡No, al neo esclavismo laboral! ¡No, a los esclavistas modernos!

Repaso de las causas de la ruina del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)(Parte II)

Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial

Continúo enumerando causas de la situación actual y futura del IVM (Parte I).

  1. En la página 20 de la Memoria de la CCSS de 1977, aparece esta otra nota muy reveladora (https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/2475/1977.pdf?sequence=1&isAllowed=y):

(*) En estas cuentas se incluye la suma de ¢826.808.913,47 que corresponde al «Déficit de las Cuotas del Estado» acumulado del 1° de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1977. De este déficit ¢450.123.565,48 corresponde al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y ¢376.685.347,99 al Seguro de Enfermedad y Maternidad. Conforme al sistema establecido, el déficit del Seguro de Enfermedad y Maternidad lo financia transitoriamente el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. (Destacado no es del original).

Es decir, desde la década de 1970 los partidos políticos en el poder tenían sus amigos en la CCSS para que, lo que le dejaban de cancelar a la CCSS del SEM de obligaciones estatales, se lo cargaran al deficitario IVM, posiblemente sin reconocerle intereses. Es el nacimiento del desvío de fondos de IVM, en el período 1971-1977 o desde antes.

  1. En las páginas 16 y 18 de la Memoria de la CCSS de 1976 (https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/462/memoria1976.pdf?sequence=1&isAllowed=y) aparecen estas otras notas muy significativas:

Préstamo a Pagar Seguro Invalidez, Vejez y Muerte ¢104.101.002,90

IVM Financiación Cuotas Estado   293.631.739,35

* En la cuenta «Cuotas del Estado» se incluye únicamente la parte que ya ha sido cancelada- El total por los doce meses en 1975 es ¢126.663.257.86 de los cuales el Estado ha cancelado únicamente la suma de ¢80.442.637,49 adeudando en consecuencia ¢46.220.620,37; si en los recursos del presente cuadro sumamos esa obligación, la diferencia entre productos y gastos reflejaría un exceso de ¢47.649.583,77. En 1976 el total por los meses es ¢176.646.565,69, habiéndose cancelado únicamente ¢97.918.902.00 por lo que adeuda ¢78.727.663.69, que si también es sumada daría una diferencia en ese año entre productos y gastos de ¢93.121.145,67.

** El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte le transfirió en 1975 ¢32.000.000,00 y en 1976 ¢50.000.000,00 al Seguro de Enfermedad y Maternidad. (Destacado no es del original).

Así que desde 1975 al IVM no solo le cargaban gastos propios del SEM, sino que en dos años le desviaron mediante el truquito de “sistema establecido” y “transferencias” ₡82 millones, que en colones del año 2023 a una tasa real del 4%, equivalen a ₡64.000 millones. El pasivo que se cita de esa Memoria, de ₡398 millones (₡104 + ₡294) equivale a ₡311.000 millones del año 2023 e ignoro si le fue reintegrado al IVM.

  1. A pesar de que la esperanza de vida venía en aumento, la CCSS no tuvo reparación en bajar paulatinamente las edades de retiro de los 65 años de edad a los 55 años de edad para las mujeres y a los 57 años de edad para los varones, desde el año 1984, sin ajustar la tarifa del 7,5% sobre los salarios. Incluso en 1980 había mejorado el salario promedio de referencia, sin ajustar la prima. Ver “Reformas reglamentarias” en la página 105 de la Memoria de la CCSS de 1984 https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/595/mem1984.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Algunos de esos acuerdos fueron derogados en la década de 1990, para darle un poco de aire al enfermo de nacimiento IVM, que ya tenía síntomas de moribundo.
  2. En 1976 se aprobó la Ley No 5905 “Pensionados Protegidos Seguro de Enfermedad Maternidad” que obligó a la CCSS a asegurar a los pensionados de los diversos regímenes de pensiones, incluyendo los de IVM. Luego la Ley No 6230 “Interpreta Ley 5905 de 26 de mayo de 1976” estableció que en el caso de IVM, éste debía pagar la cuota del pensionado, por lo que, desde hace más de 40 años se le cargó al IVM un gasto adicional del 13,75% sobre los montos de las pensiones; pero los directivos de la CCSS tampoco ajustaron la tarifa del IVM. Si a esto le agregamos el aguinaldo no incluido en la prima, el aumento en la esperanza de vida, concluyo que, no solamente desde el año 1947 la cuota del 7,5% era deficitaria, sino que desde la década de 1970 ésta debió ajustarse a por lo menos el 15% sobre los salarios; pero los directivos de la CCSS la dejaron constante en 7,5%.
  3. A diciembre de 2021 aparece en la cuenta 125361 del balance de IVM, una cuenta por cobrar al Fondo de Retiro de los empleados (FRE) de la CCSS, por un monto de ₡977 millones de fondos del IVM que fueron empleados para otros fines, violentando el párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución.
  4. Con la reforma de la Constitución en 1961 se le dio un plazo de 10 años a la CCSS para universalizar los seguros a su cargo. A partir de 1970 se aprobaron una serie de “leyes especiales” que le aumentaron el gasto a la CCSS (Leyes 5349, 5905, 7374, 7983 y otras). Esas leyes crearon sus propias fuentes de financiamiento y/o ordenaron crear nuevas fuentes de recursos. Sin embargo, muchos de esos nuevos recursos desaparecieron como por arte de magia y los administradores de la CCSS, en lugar de protestar comenzaron a aumentar las cuotas de los trabajadores asalariados del seguro social para financiar muchas de esas nuevas obligaciones, a pesar de que el párrafo tercero del artículo 73 tiene prohibido el uso de estos fondos para otros fines distintos a los propios de su creación.

Como se aprecia en el Cuadro siguiente, la CCSS aumentó la cuota del Seguro Social desde un 14,5% sobre los salarios en 1947, hasta un 22,5% en el año 2009; pero solamente trasladó un 7,5% al IVM durante todo ese período de 64 años. Mientras que la cuota del SEM la aumentó como las espumas, no solo para financiar el costo del seguro social de los trabajadores asalariados, sino también para sufragar otras obligaciones de leyes especiales que tenían su propia fuente de financiamiento, o que ordenaban que estas fueran creadas.

A partir del año 2010 la CCSS y los gobiernos de turno, no solo continuaron desviándole fondos al IVM, sino que nuevamente comenzaron a aumentar las cuotas tripartitas del seguro social de los trabajadores asalariados, en lugar de recuperar o crearle la fuente de financiamiento que esas “leyes especiales” y la Constitución ordenan, tanto para sufragar los gastos generados a la CCSS por esas mismas leyes, como para que el Estado se mantuviera al día con la CCSS.

Aportes que la CCSS recauda de patronos, trabajadores y Estado del Seguro Social

Si bien, para el período anterior a 1975 se pudo haber requerido una tasa de contribución mayor para financiar al seguro de salud de los trabajadores asalariados, pues la cobertura contributiva era baja y había topes máximos de cotización, eso no se justifica para años siguientes, pues la cobertura aumentó y se eliminaron dichos topes (Ley No. 4750 del 26/04/1971). En realidad, desde hace varias décadas el costo del seguro de salud de los trabajadores asalariados es inferior al 7,5% sobre los salarios.

Continuará una parte III.

La UNED no está evitando el salario global

La información que publicó el 12 de marzo de 2023, el medio CRHoy.com en la nota titulada UNED declara a todo su personal “exclusivo y excluyente” para evitar salario global, y cuyo cuerpo de la nota indica “para así escaparse del salario global”, es completamente falsa e induce a error a la persona lectora.

No es real que la UNED esté “escapando” o “evitando” el salario global, ya que el acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2951-2023, Art. III-A, inciso 9), celebrada el 09 de marzo del 2023, que la misma nota informativa menciona, tiene como finalidad, precisamente, incluir el salario global como forma de remuneración a las personas funcionarias de la institución.

El acuerdo se toma en estricto cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público, que establece en sus artículos 31, 32, 33 y 34, que la Metodología de valoración de trabajo, Grados dentro de las familias laborales, Clasificación de puestos de trabajo en familias laborales y grados, y Columna salarial global, deben ser establecidas por las instituciones de educación superior, al ser una Universidad pública con autonomía organizativa.

Ante la nueva modalidad de pago que será establecida por las casas de enseñanza superior, las cinco universidades públicas del país, incluida la Universidad Estatal a Distancia (UNED), trabajan en forma conjunta en la formulación del Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU), el cual, entre otras cosas, establecerá el salario global que regirá para las universidades.

Mientras los equipos profesionales de las cinco universidades terminan con esta formulación del RESU, el Consejo Universitario de la UNED ha instruido a la Administración, en el mismo acuerdo referido en la nota, para que elabore una propuesta de salario global transitorio para el personal universitario que ingrese a la institución, bajo la vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, como se indicó al inicio, justamente para el cumplimiento de lo establecido en la Ley.

El RESU es formulado desde el seno del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en concordancia con lo destacado por la Sala Constitucional en las consultas realizadas cuando entonces dicha ley era un proyecto de ley, que declaró inconstitucionalidad en algunos artículos debido a que no excluían a personas funcionarias que realizan labores propias de la actividad universitaria.

Asimismo, no se establecía que, en atención a la Autonomía Universitaria, la construcción de la familia de la columna salarial y sus características corresponde en forma exclusiva y excluyente a los máximos órganos de los entes universitarios.

“Es claro que este es un elemento esencial que afecta a la Autonomía Universitaria en relación con el funcionariado que se desempeña en la docencia, en la investigación, en la extensión social y cultural, así como aquellos funcionarios, profesionales y técnicos, que realizan labores administrativas vinculadas con la materia universitaria. De ahí que los órganos competentes para construir la familia y sus características, desde la óptica constitucional, lo hacen con independencia de las directrices y disposiciones reglamentarias que en este ámbito emita el MIDEPLAN o el Poder Ejecutivo”, dictaminó la Sala Constitucional.

Es así como en mayo del 2022, mediante oficio CNR-181-2022 del 2022, a solicitud de la coordinación del RESU y siendo la UNED la Universidad que presidía el CONARE, se procede a la declaración de que “la totalidad de los puestos existentes en las universidades y el CONARE se encuentran vinculados en forma exclusiva e incluyente, al cumplimiento del PLANES (Plan Nacional de la Educación Superior), de tal manera que ningún puesto podrá quedar excluido del sistema de empleo público universitario y sometido a la administración del Poder Ejecutivo”.

Por esta razón es que también el Consejo Universitario de la UNED acordó el 9 de marzo declarar a su personal, sin excepción alguna, como exclusivo y excluyente “para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, así como para cumplir la misión, visión, objetivos y funciones encomendadas a la universidad”, no para evadir el salario global, sino para defender la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de nuestra Constitución Política.

Así las cosas, solicitamos al medio CRHoy.com que se publique la información real sobre los procesos internos que sigue la UNED frente al cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público.

Nota de la edición: Derecho de respuesta solicitado por la UNED al diario CRHoy y enviado a SURCOS.

PLN le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles

Juan Carlos Durán Castro
SIFUPCR

Desde el SIFUPCR indicamos a la familia laboral del sector público que una vez más el PLN, le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles y muestra además cómo está tomado y conducido por gente de pensamiento ortodoxo, lo cual lo coloca como igual o superior al propio Gobierno.

Muestra así el PLN, su verdadero rostro pro trabajo precario y esclavo, ayudando al Gobierno y en dicha tarea surge la figura tristemente célebre de la Diputada Kattia Rivera en su rol de jefa de fracción del PLN, que como abanderada de la precariedad laboral, se presta como buena marioneta al juego de los Arias Sánchez, esperando sin duda alguna recompensa posterior, pero de paso le echa una buena paleada más de tierra a los colores verdiblancos de cara a las elecciones municipales 2024.

Así las cosas, se va acumulando rebeldía ciudadana que tarde o temprano explotará de alguna forma.

Análisis de FENTRAGH sobre el Proyecto de Ley 4/3

Maikol Hernández Arias, Secretario General de la Federación Nacional de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines FENTRAGH compartió mediante un vídeo el análisis conjunto con la Unidad Sindical al Proyecto de Ley 4/3 donde analizaron las implicaciones del proyecto que pretende ampliar las jornadas de trabajo de 12 a 8 horas diarias. 

A partir del análisis, consideran que dicho proyecto carece de aportes de la clase trabajadora por parte de la Asamblea Legislativa. Comparten además que un tema preocupante para esta Federación es que, previamente el Consejo Nacional de Salarios y el Consejo de Salud Ocupacional por votación y apoyo del sector empresarial, hayan eliminado las anotaciones con las labores consideradas riesgosas, pesadas e insalubres, situación que de llevarse a cabo el proyecto en este momento bajo las condiciones en las que se encuentra, podría ser utilizado en contra de los trabajadores. 

Según señala, un aspecto importante es tomar en consideración el punto de vista de los trabajadores y de esta Federación y solicita a los diputados  tomar en consideración las posturas y recomendaciones que se puedan realizar sobre esta materia. 

Compartimos el video.