Del 2 al 13 de junio se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, la 113 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Este evento reúne a representantes de gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales de distintos países, con el objetivo de tratar temas de trascendencia para el mundo del trabajo, los derechos laborales y la protección social.
En representación del sindicalismo costarricense participan Fanny Sequeira Mata, secretaria general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Rerum Novarum (CTRN), y Susan Quirós, secretaria general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), organización adscrita al Bloque Unitario Sindical y Social costarricense (BUSSCO).
Durante esta conferencia, Fanny Sequeira coordina con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo de hacer oír la voz de la clase trabajadora de Costa Rica y del mundo en los distintos foros de intercambio tripartito. La participación se ha enfocado en las luchas, desafíos y necesidades actuales de las personas trabajadoras.
Entre los temas centrales abordados en la CIT se destacan el trabajo decente en la economía de plataformas, la transición de la economía informal a la formal y la protección frente a peligros biológicos en el entorno laboral. La CTRN, junto con la CSA y la CSI, impulsan un convenio vinculante para garantizar derechos a quienes laboran en plataformas digitales, un sector con alta precariedad en Costa Rica.
También respalda la Recomendación 204 de la OIT para avanzar en la formalización del empleo ante la falta de políticas públicas en este ámbito. Finalmente, se discute la elaboración de un convenio para proteger a las personas trabajadoras expuestas a riesgos biológicos, tema que continuará desarrollándose en futuras sesiones.
En el contexto de estos temas, se han señalado situaciones como la precarización laboral, la erosión de derechos fundamentales, la violación de la libertad sindical y la desigualdad económica, social y de género. También se mencionan prácticas autoritarias e injerencias gubernamentales en instituciones autónomas.
Durante la conferencia sesiona la Comisión de Aplicación de Normas, que revisa anualmente el cumplimiento de los convenios internacionales. En esta edición se analizarán 24 casos de países que han sido denunciados por incumplimientos. En América Latina destacan los casos de Panamá (convenio 122 sobre políticas de empleo) y Ecuador (convenio 98 sobre negociación colectiva). También se mencionan denuncias de violaciones en Costa Rica, vinculadas a la libertad sindical, la legislación vigente y su aplicación.
La CTRN reafirma su compromiso con la acción sindical y la solidaridad nacional e internacional para democratizar el mundo del trabajo. Fanny Sequeira destacó que uno de los principales retos es asegurar el trabajo decente para las futuras generaciones, en favor de la sociedad en su conjunto.
Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica – Al IV trimestre 2024
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR) presenta el informe trimestral de mercado laboral, pobreza y desigualdad
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) presenta su último informe sobre mercado laboral, pobreza y desigualdad, el cual realiza el análisis hasta el IV trimestre del 2024.
Los indicadores estudiados demuestran que para el último trimestre del año pasado Costa Rica mostraba mejores indicadores de empleo, respecto al mismo periodo del año 2023. También se reflejan mejoras en el salario, una reducción de la pobreza como de la pobreza extrema y de la desigualdad.
Los datos señalan que el desempleo bajó, aunque lo hizo levemente, y pasó de una tasa de 7,3 a una de 6,9. Por su parte, la ocupación creció a un 52,8 %, lo que significa que una mayoría de las personas en edad de trabajar están efectivamente trabajando.
Más trabajo supuso también mejores ingresos para las personas trabajadoras, para el mismo periodo de análisis mejoró el salario por hora para casi la totalidad de las actividades económicas. La mediana de ingreso real, que ya mostraba una tendencia creciente, aumentó en el último año un 5,8 %, pasando de 1 784,8 a 1 888,6 colones la hora.
La pobreza y la pobreza extrema, medidas por la metodología de línea de pobreza, disminuyeron considerablemente en diciembre del 2024 respecto a diciembre del 2023, en 3,3 puntos porcentuales y 1,1 p.p. respectivamente. En la baja destaca la caída de la pobreza en zonas rurales donde este flagelo pasó de 27,1% a 22,1%.
Señala el informe que la reducción reciente en pobreza extrema ha sido generalizada, posiblemente como resultado de mejoras en ingresos, transferencias sociales más efectivas o una combinación de factores económicos y de política pública.
La pobreza y la desigualdad tuvieron mejoras en Costa Rica entre el 2023 y el 2024.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
La desigualdad se reduce. Entre junio de 2023 y junio de 2024 hubo una reducción del índice de Gini, pasando de 0,505 a 0,492. La reducción implica una mejoría en la desigualdad. Se trata según la lectura del estudio de una de las reducciones más grandes de los últimos años. Sin embargo, el estudio del IICE advierte que ese buen comportamiento de la desigualdad tuvo un freno pues en los últimos 6 meses del año pasado se mantuvo alrededor de 0,493.
Al respecto, la investigadora del IICE Daniela Córdoba Solano explica que la mejoría en los indicadores responde a diversos factores generales como “la baja inflación que tuvo el país durante el 2024 y el crecimiento económico mayor al esperado, que terminaron afectando positivamente al mercado laboral, los ingresos y la pobreza”.
Por ejemplo, el estudio evidencia que las transferencias sociales del sector público continúan impactando en la reducción de la pobreza total en 2024, aunque su impacto absoluto en la pobreza extrema fue menor que en años anteriores.
Desafíos
Pese a lo anterior, la realidad económica nacional sigue mostrando desafíos. Sin embargo, el mismo informe advierte que la reducción del desempleo fue pequeña y advierte que el aumento en los ingresos refleja disparidades importantes en el comportamiento del mercado laboral por rama de actividad económica.
En términos generales el estudio evidencia retos en la reducción de brechas de género. En los últimos cinco años, la brecha promedio en la tasa de inactividad rondó los 24 puntos porcentuales y esa cifra se explica mayoritamente por las diferencias, entre hombres y mujeres, asociadas a factores inexplicables por los datos observados a través de encuestas. Destaca sí que las mujeres con pareja tienen una mayor probabilidad de no participar en el mercado laboral en comparación con los hombres en la misma condición. En contraste, niveles educativos más altos, como tener estudios universitarios o haber finalizado la universidad, así como contar con secundaria completa, han contribuido a reducir la brecha en la tasa de inactividad.
Informe: Análisis del Mercado Laboral, pobreza y desigualdad I Trimestre 2025
Presenta la investigadora Daniela Córdoba Solano, IICE-UCR. En el informe muestra que, durante el último año, el mercado laboral costarricense obtuvo resultados positivos. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024, aumentó la ocupación y se redujeron tanto la inactividad como el desempleo. Informe disponible en: https://iice.ucr.ac.cr/
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Distintos sectores involucrados en la movilización hacia Casa Presidencial este 5 de febrero de 2025 difunden las exigencias que presentarán al Poder Ejecutivo.
En su comunicado se exponer: “Nos organizamos como una coalición de distintos sectores sociales, quienes nos haremos presentes en un plantón afuera de Casa Presidencial, durante la conferencia de presa” que es usual los miércoles de cada semana.
El siguiente documento incluye las exigencias por parte de la Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras:
Exigencias al Ejecutivo
Ante la crisis que atraviesa el país y la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo, presentamos las siguientes exigencias organizadas por ejes temáticos y construidas entre la diversidad de colectivos, entidades y organizaciones que son parte de esta coalición. Estas demandas son puntuales, viables y fundamentales para la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo pleno de la promesa del futuro.
1. Seguridad y lucha contra el crimen organizado
Exigimos una estrategia integral de seguridad que combata los vínculos del narcotráfico con estructuras del Estado y la crisis de homicidios que afecta al país. ¡No se matan entre ellos! Hay cientos de inocentes de por medio.
Exigimos la inmediata reubicación y fortalecimiento de la Academia de Guardacostas para el control de rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado.
2. Educación pública y acceso equitativo al conocimiento
Exigimos la restitución de los programas de educación sexual y protocolos contra el bullying en secundaria para la población LGBTIQ+.
Demandamos la garantía de una educación laica sin intervención religiosa y la no injerencia de grupos de interés ajenos a los principios democráticos en el sistema educativo.
Exigimos la reversión del congelamiento del aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la certeza del respectivo aumento solicitado y estudiado.
Exigimos una solución urgente a las 849 órdenes sanitarias en centros educativos y la presentación de una ruta clara para el fortalecimiento del sistema educativo. ¿Dónde quedó la ruta de la educación?
3. Transparencia, institucionalidad y financiamiento electoral
Exigimos una investigación inmediata sobre el financiamiento ilícito en campaña electoral utilizados por el gobierno actual.
Exigimos el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la gestión gubernamental y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Exigimos el respeto a la institucionalidad democrática, el cese del debilitamiento de las instituciones públicas y un alto a la violenta polarización del Ejecutivo.
4. Derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables
Exigimos una política efectiva para la prevención y sanción de los feminicidios, así como la erradicación de la impunidad en delitos sexuales. ¡No más impunidad!
Demandamos el acceso real a servicios de atención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
Exigimos la restitución del decreto #38999 para erradicar discriminación en instituciones contra población sexualmente diversa.
Exigimos la apertura de un debate serio y fundamentado sobre la despenalización del aborto en casos urgentes y en sus respectivas demandas.
● Exigimos la declaratoria de un estado de emergencia por la ola de femicidios.
5. Protección del ambiente y recursos naturales
Exigimos una moratoria inmediata a proyectos de gentrificación y hotelería que afectan comunidades costeras y vulnerables.
Demandamos la regulación estricta del uso de agroquímicos y la implementación de estrategias reales para la protección de fuentes de agua y bosques.
Exigimos la revisión de las irregularidades en proyectos de explotación ambiental y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes violen la normativa ambiental. ¿Qué pasa en Manzanillo, Limón?
6. Trabajo y justicia económica
Exigimos una estrategia clara para abordar la pobreza y el desempleo, con políticas que promuevan el empleo formal y digno.
Demandamos la eliminación de cualquier intento de ejecución de la jornada laboral 4×3 que precariza los derechos laborales y afecta la calidad de vida.
7. Comercio internacional y soberanía económica
Exigimos la revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio con Israel para garantizar que no comprometa la soberanía económica ni los derechos humanos.
8. Cultura y derecho a la libre expresión
Exigimos el descongelamiento de los 67 300 millones retenidos en los presupuestos de educación, cultura y seguridad.
Demandamos el respeto a la institucionalidad y al diálogo democrático, garantizando la libertad de prensa y expresión sin represalias.
9. Crisis de gobernabilidad y responsabilidad política
Exigimos la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
Demandamos explicaciones claras sobre las múltiples renuncias en el gabinete y medidas para restaurar la estabilidad institucional. ¡No más proselitismo!
Exigimos la eliminación de prácticas de discriminación sistemática en todas las instancias del gobierno.
El cumplimiento de estas exigencias es fundamental para la reconstrucción del pacto social y democrático del país. Exigimos respuestas inmediatas y acciones concretas que garanticen el bienestar de toda la población. ¡Seguiremos en la lucha!
Dentro de doscientos millones de años la deriva continental volverá a unir nuestro mundo, ¿por qué no nos adelantamos un poco y volvemos a unir la humanidad? Nunca como hoy ha sido más urgente hacerlo, nunca como hoy se han dado las condiciones para lograrlo y nunca como hoy lo ha exigido nuestra natural esencia vital cooperativa. Repensémonos.
¿Podemos prescindir de quienes fabrican nuestros zapatos, nuestra ropa, de quienes realizan la higiene de nuestras ciudades, de quienes hacen posible la producción y suministros de los productos agropecuarios y pesqueros que consumimos, de quienes nos suministran la energía eléctrica y hacen posible nuestras telecomunicaciones, de quienes velan por nuestra salud, dictaminan nuestra enfermedades y recetan tratamientos, de quienes nos dotan de las medicinas apropiadas que nos curan, de quienes hacen posible los avances científicos y tecnológicos que hoy ya nos son indispensables, de quienes cotidianamente nos informan de quienes nos educan, de quienes construyen y mantienen nuestros hogares, de nuestros seres queridos…y de los otros, en fin, de los demás seres humanos?
¿Podremos prescindir de las fuentes naturales, de las materias primas de las que en todo aspecto han sido, son y serán los fundamentos de toda civilización humana ayer, hoy y mañana, del aire, del agua, del sol, en fin, de los orígenes de nuestra vital energía? Obviamente no podemos prescindir de nuestros semejantes esto es, de la Humanidad, ni de nuestra Madre Nutricia la Naturaleza, sencillamente porque no somos autosuficientes y, en todo momento dependemos de ambas para estar vivos y, ni qué decir, para desarrollarnos plenamente, por cierto, que, en conjunto o nada.
¿Por qué si somos absolutamente dependientes de las y los demás seres humanos y de la Naturaleza, hoy les tratamos tan mal? ¿Por qué a nuestros semejantes los vemos como reales o potenciales enemigos, separándonos de ellos mediante todo tipo de alarmas y demás protecciones y, a nuestro imprescindible medio ambiente lo envenenamos, lo sobreexplotamos, en fin, lo destruimos tan irracionalmente? En vez de amarnos nos odiamos los unos a los otros y, a nuestra Casa Grande la destruimos por sus bases mismas cotidianamente… ¿Por qué?
Después de un largo proceso evolutivo empezamos a ser humanos pensantes, comprendimos que habíamos alcanzado esta etapa gracias al trabajo que efectuábamos para obtener de la naturaleza de la que proveníamos y que, trabajo mediante, nos daba abrigo, alimentos instrumentos que multiplican nuestros esfuerzo y, que así, seguiríamos mejorándonos infinitamente. Entendimos también que el trabajo realmente impulsor del progreso integral es el humano. Pues bien, pronto empezaron las luchas por los medios de producción y, pronto también, quienes triunfaron entendieron que, en vez de matar a los vencidos, lo mejor era convertirlos en fuente de trabajo a sus servicio, en esclavos. Conclusiones lógicas para ese momento histórico de aún muy precarios medios de trabajo, y proto desarrollo científico y tecnológico que, conforme estos fuesen perfeccionados por los seres humanos, debiesen perder toda vigencia. Pero no fue así, más bien a partir de esas erradas conclusiones. se estableció y, naturalmente con las adecuaciones formales -no esenciales- marcadas por el evolucionar histórico, se mantiene hasta hoy, la división de la Humanidad en dos clases: la de los dueños de los medios de producción -explotadores- y la de quienes carecen de ellos: trabajadores dependientes de un salario y, de una forma u otra, explotados.
Los dueños de los medios de producción acumularon capital, con el que diversificaron sus medios de obtener ganancias -agropecuarias, industriales, financieras, etc., y, mediante el manejo directo o indirecto del poder político, Estado, por ejemplo, y cultural -educación, religión, medios de comunicación, etc., etc.-, se garantizaron su dominio. De esta forma dictaron las tesis de que el ser humano es el rey de la creación y que la competencia sin límites -«hombre lobo del hombre» -ellos son, por cierto, el lobo-, es el estado social natural.
Toda esta autodestructiva locura constituye hoy, en el colmo de la misma, el Sistema Capitalista Neoliberal que actualmente predomina en el mundo y que es Homicida – mata a la Humanidad que somos-, Ecocida -mata a la Madre Naturaleza de la que dependemos esencialmente-, Plutocrático -gobierno de los ultrarricos nacionales y transnacionales-, Cleptocrático -gobierno de los mega ladrones y, Patriarcal, esto es, de quienes se autoproclaman los supremos dictadores -«machos alfa»-, de nuestras normas de convivencia ético jurídicas, cuya hipócrita «super moral» y «legislación suprema», solo sirven para defender el estado de cosas que les conviene como oligarquía hegemónica que son que son. Por esto estamos en la antesala de nuestra desaparición como especie y de nuestro hábitat natural como casa grande. Este absurdo es tal que, gracias a la manipulación que sobre nuestras mentes ejercen hoy sus grandes medios de manipulación ideológica arriba anotados, como víctimas, ayudamos constantemente a nuestro victimario -este maldito Sistema-, a victimizarnos. Por eso nuestro llamado a repensarnos, a entendernos como esencial y absolutamente Humanitaristas, Ecologistas, Demócratas Participativos y Solidarios.
Debemos rechazar frontalmente las antinaturales e irracionales tesis que sostienen las argollas hegemónicas de ciertos países que se autoproclaman «el Pueblo poseedor del «destino manifiesto» o, peor aún, «Pueblo escogido», por inexistentes deidades, para dominar el mundo. Hoy más que nunca debemos apoyar e impulsar, quienes defendemos un mundo de auténticos seres humanos solidarios, esencialmente unidos a nuestra Madre Naturaleza y, conviviendo en medio de una auténtica democracia que solo puede ser participativa, a nivel mundial la defensa, fortalecimiento y ampliación de organismos como los BRICS Plus, que pretenden establecer precisamente un mundo multipolar, fundamentado en el mutuo respeto a la soberanía y autodeterminación de los países y, que fomentan el mutuo apoyo y colaboración a fin de que cada país se desarrolle según lo determine su Pueblo; a nivel regional entidades como la CELAC -unión de los países de América Latina Caribe incluido- y, acá en Costa Rica, al Gran Frente Amplio, conformado por el FA orgánicamente unido con el Pueblo y sus auténticas organizaciones comunales, sindicales, cooperativas. religiosas auténticas, estudiantiles, etc., etc., jamás con los partidos politiqueros que, reformismo más fascismo menos, esencialmente representan camuflada o descaradamente a la Plutocracia Cleptocrática dominante. Repensémonos racional, rigurosa y profundamente y, nos entenderemos como la Humanidad ubicada en el momento histórico preciso para salvarnos como especie, en la medida desde luego en que también salvemos a nuestro medio ambiente, si no entendemos esto y no actuamos en consecuencia, simplemente desapareceremos llevándonos, como la tortuga a su vital caparazón, a nuestro hábitat natural hacia nuestra cataclísmica tumba, Despertar, informarnos, unirnos, organizarnos, empoderarnos, movilizarnos y convertirnos en Poder Popular para luchar, así constituidos, por la paz integral fundamentada en la justicia plena económica, política, social, cultural y ecológica.
La agroindustria de la piña y el banano en Costa Rica es un componente importante de la economía nacional. Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras de estas industrias enfrentan numerosas dificultades que afectan su calidad de vida. Veamos algunos aspectos relevantes de estos trabajadores.
Aunque parezcan frutas inofensivas, llevan muchas historias de dolor, migración, frustración y miseria, aunque para las empresas sean frutos rentables, que logran por una cosecha que resume la explotación humana.
Condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo en las piñeras y bananeras se caracterizan por largas jornadas laborales bajo condiciones climáticas adversas, salarios bajos y una falta de seguridad laboral. Los trabajadores suelen tener contratos temporales, lo que incrementa la incertidumbre y limita sus derechos laborales. En la última década, los salarios en la agroindustria han mostrado variaciones significativas, con un rango anual que oscila entre aproximadamente de 10.106.00 colones diarios.
Condiciones de vivienda y eliminación de las viviendas proporcionadas por las empresas
Históricamente, algunas empresas proporcionaban viviendas a los trabajadores cerca de las plantaciones. La eliminación de las viviendas proporcionadas por las empresas ha tenido un impacto negativo en la estabilidad y calidad de vida de los trabajadores. Sin este apoyo, muchos trabajadores enfrentan dificultades para acceder a viviendas adecuadas, lo que resulta en reducción del salario real y en condiciones de hacinamiento y falta de servicios básicos.
Transporte en zonas alejadas
La falta de transporte adecuado es un problema significativo para los trabajadores de las piñeras y bananeras, quienes a menudo viven en zonas rurales alejadas de las plantaciones. Esto incrementa el tiempo y el costo del desplazamiento diario, además de exponerlos a riesgos adicionales en su trayecto hacia y desde el trabajo. Muchos se movilizan en tractores con carretas o en moto y bicicleta.
Situación de salud y riesgos de trabajo
La exposición a pesticidas y otros químicos es una preocupación constante para la salud de los trabajadores agroindustriales. Estos productos pueden causar enfermedades respiratorias, dermatológicas y otros problemas de salud graves. Además, el acceso limitado a servicios de salud agrava la situación, ya que los trabajadores a menudo no reciben la atención médica adecuada. Los bajos salarios son el principal riesgo de trabajo en la agroindustria. Esto, junto al trabajo a destajo bajo el sol pone en riesgo a los trabajadores, y reduce su vida útil de trabajo.
El trabajo en las piñeras y bananeras conlleva numerosos riesgos, incluyendo cargas de trabajo excesivas, la manipulación de maquinaria pesada y el uso de herramientas afiladas. Las medidas de seguridad suelen ser insuficientes, lo que aumenta la probabilidad de accidentes laborales que pueden resultar en lesiones graves o incluso fatales.
Libertad sindical
Aunque los trabajadores tienen el derecho a organizarse y formar sindicatos, en la práctica enfrentan numerosos obstáculos. La intimidación y represalias por parte de algunos empleadores son comunes, lo que dificulta la formación de sindicatos y la defensa de los derechos laborales.
Niveles de pobreza y desigualdad
El mapa de miseria del país coincide con el mapa donde se asienta la agroindustria. Es un resabio de formas ominosas de trabajo que existieron en el país desde el siglo XIX.
Estas regiones rurales suelen presentar tasas más altas de pobreza y desigualdad en comparación con las áreas urbanas. La pobreza en estas zonas es un desafío persistente, exacerbado por condiciones laborales precarias y la falta de servicios básicos. La inseguridad alimentaria también es un problema relevante, a pesar de los esfuerzos para mejorar la canasta básica.
Acceso a servicios de salud y educación
El acceso a servicios de salud y educación en estas zonas rurales es limitado, afectando negativamente la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de los trabajadores y sus familias. Las instalaciones de salud y educación disponibles a menudo no cuentan con los recursos necesarios para atender adecuadamente a la población.
Las agroindustrias tienen médicos de empresa que limitan el acceso al INS en caso de riesgos de trabajo y trasladan esta responsabilidad a la CCSS: Los trabajadores agroindustriales en las piñeras y bananeras de Costa Rica enfrentan múltiples desafíos que afectan su calidad de vida. Es fundamental que se permita la libertad sindical y la negociacion colectiva, se tomen medidas para mejorar las condiciones de trabajo, vivienda, transporte, salud, seguridad laboral y libertad sindical. Solo a través de un esfuerzo conjunto y dialogo social entre el gobierno, las empresas y los sindicatos se podrán garantizar los derechos y el bienestar de estos trabajadores esenciales para la economía del país.
Zonas principales de producción de piña y banano y rentabilidad
En cuanto a la producción de piña, las principales zonas son la Zona Norte, la Zona Pacífica y la Zona Atlántica, empleando a aproximadamente 20,000 trabajadores y trabajadoras. El más reciente análisis de MOCUPP con datos del 2019 muestra que el cultivo de piña comprende más de 65 mil hectáreas que representan el 1,28% del territorio nacional. De los cultivos analizados; el cultivo de piña resulto ser el cultivo más rentable. Costa Rica es uno de los mayores productores de piña del mundo y abastece a importantes cadenas de supermercados de Europa, Estados Unidos y otros países. El país ha experimentado un crecimiento del 700% en la producción de piña en los últimos 15 años y la industria aporta 1.300 millones de dólares a la economía nacional. Los costos de establecimiento de una hectárea de piña tecnificada se encuentran cercanos a los $50 millones, siendo la semilla certificada el rubro más alto con el 52% del total, seguido por los equipos y herramientas con un 15%. Para la producción de banano, las áreas clave son la región del Atlántico, específicamente Limón, y algunas áreas del Caribe, con 40. 000 trabajadores y trabajadoras directas. El área bananera de Costa Rica alcanzó 43.013 hectáreas en producción. En promedio en Costa Rica se utiliza casi un trabajador directo por hectárea de plantación según estimaciones. Los precios de ventas oficiales se establecen por Fairtrade para el banano orgánico y convencional respectivamente para el tipo de caja 22XU 18,14 kg. El costo para producir una caja de banano en el sistema de producción convencional es 3,94 dólares y se vende a 16 euros por caja.
En resumen, la competitividad del banano costarricense se basa en la explotación de la mano de obra y el dumping social de las condiciones de vida y trabajo de miles de costarricenses y trabajadores indígenas y migrantes.
Documento compartido con SURCOS por el Instituto Sindical de Formación Política para América Central.
El dirigente Lenin Hernández Navas anuncia grandes logros entre organizaciones sindicales participantes en el Congreso Internacional sobre el Derecho al Trabajo, Seguridad Social, y Sindicalismo.
Se logró convenir agendas estratégicas internacionales que permiten la promoción y defensa de los derechos laborales entre México y Costa Rica. Se esperan grandes acciones que vienen a beneficiar a la clase trabajadora del país, con especial atención al sector laboral de la seguridad social.
Les invitamos a ver el video, e informarse acerca del sector trabajador por medio de SINAE Afines.
En un taller recientemente organizado por la Fundación Friedrich Ebert se profundizó en los desafíos que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales de reparto en Costa Rica, destacando aspectos que afectan directamente su calidad de vida y seguridad laboral. En este espacio se exploraron propuestas de ley, estudios de caso y encuestas que evidencian la precarización de estos trabajadores en el contexto actual y la urgente necesidad de establecer regulaciones que protejan sus derechos básicos.
Un elemento central en la discusión fue el “Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”. La diputada Sofía Guillén expuso en detalle cómo esta propuesta busca subsanar la falta de derechos laborales para los repartidores, en un entorno donde los ingresos y beneficios son limitados y las empresas de plataformas operan sin rendir cuentas a sus empleados ni a la sociedad.
Guillén argumentó que la ley plantea, en primer lugar, el derecho a la seguridad social y la compensación por horas extra, así como la implementación de descansos obligatorios. Además, el proyecto aborda la necesidad de transparentar el sistema de pagos y sanciones para evitar abusos, garantizando que los repartidores no sean penalizados injustamente por decisiones automatizadas de las plataformas. En una economía que rápidamente se apoya en estos servicios, la diputada destacó que sin legislación, estos trabajadores seguirán expuestos a la inseguridad y a la explotación laboral.
La presentación de la “Encuesta a personas repartidoras de la GAM, Costa Rica”, realizada por la M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, M.Sc. Jorge Solano Ruiz, Bach. Mariela Campos Lizano, y Bach. María José Herrera Madrigal de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional mostró una perspectiva cruda de la realidad que enfrentan los repartidores de plataformas en el día a día. Los resultados revelaron que, para muchos de estos trabajadores, una semana laboral promedio supera las 60 horas, con jornadas que se extienden a altas horas de la noche y abarcan fines de semana, todo sin acceso a prestaciones de salud, vacaciones, o condiciones mínimas de seguridad. A medida que más repartidores expresaban su dependencia de estas plataformas para mantener a sus familias, surgió un consenso: este sistema de trabajo impulsa una forma de esclavitud moderna en la que los repartidores deben trabajar incansablemente para lograr ingresos mínimos. Los resultados de la encuesta apuntan a que las condiciones son aún más duras para los repartidores que usan motocicletas, quienes, en busca de maximizar el tiempo y el número de pedidos entregados, están particularmente expuestos a accidentes y agresiones. La falta de seguro médico obliga a estos trabajadores a asumir los riesgos de su seguridad física sin ninguna cobertura por parte de las plataformas, creando una dinámica de extrema vulnerabilidad y desprotección.
El estudio “Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica”, realizado por María Leonela Artavia-Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campos Lizano, y María José Herrera Madrigal, profundiza en los efectos de esta precariedad laboral, detallando cómo la falta de regulación ha convertido a las plataformas en espacios de trabajo que eluden cualquier responsabilidad sobre las condiciones laborales. Este informe explora el papel de las plataformas como entidades que se presentan sólo como intermediarios, desligándose de la responsabilidad de los trabajadores a pesar de que ejercen control sobre las tarifas, los horarios y las condiciones bajo las cuales deben cumplir sus labores. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue el nivel de control que las plataformas ejercen mediante algoritmos que determinan el acceso a pedidos, la calificación de los repartidores y el valor de los ingresos en función de una serie de parámetros intransigentes que ni siquiera los trabajadores conocen a cabalidad. Este sistema de vigilancia y sanciones automatizadas se traduce en una especie de control remoto sobre los trabajadores, quienes ven sus ingresos y su estabilidad laboral comprometidos por decisiones que no pueden cuestionar ni negociar.
La influencia de estos algoritmos y el desamparo de los trabajadores en plataformas es un problema profundo en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral es una realidad creciente y la falta de opciones en el mercado laboral formal ha llevado a muchos a emplearse en estas plataformas de reparto. Para muchos de estos trabajadores, el trabajo en plataformas no es una opción de ingresos secundarios sino su único sustento, lo cual convierte en esencial la regulación de este sector. Sin embargo, en el estudio también se indica que el alto grado de informalidad en que operan los repartidores en la GAM, donde solo un pequeño porcentaje tiene alguna forma de seguridad social, hace que muchos de estos trabajadores tengan que autofinanciar cualquier tipo de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Este contexto, en el que los trabajadores soportan los riesgos financieros y de seguridad sin ningún respaldo, refuerza la imagen de las plataformas digitales como entornos altamente deshumanizantes y excluyentes.
Además, el estudio plantea que el trabajo en plataformas digitales se caracteriza por una enorme desventaja en la relación de poder entre los repartidores y las empresas. Al no tener representación sindical ni herramientas para hacer valer sus derechos, los repartidores se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. El informe advierte que el hecho de que las plataformas no se consideren como empleadores, sino solo como facilitadoras de servicios, ha permitido que estas empresas eludan las responsabilidades que normalmente se asocian con la relación empleador-empleado. Como resultado, los repartidores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las plataformas sin capacidad de negociación, quedando sujetos a cambios unilaterales en las tarifas, los tiempos de entrega, y las políticas de sanción. La inexistencia de un contrato de trabajo formal con derechos reconocidos implica que los repartidores están sujetos a una volatilidad extrema y a un ingreso fluctuante que muchas veces no cubre sus necesidades básicas.
En conjunto, estos estudios y propuestas reflejan la necesidad de un cambio en la forma en que las plataformas digitales operan en Costa Rica. Se ha propuesto que se tomen en cuenta experiencias internacionales, como en España, donde los trabajadores de plataformas han sido reconocidos legalmente como empleados, o en Chile, donde el apoyo de sindicatos ha facilitado negociaciones con estas empresas. Estos ejemplos resaltan la importancia de que los trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo cuenten con el respaldo de una ley que los proteja, sino también con la opción de integrarse a redes de apoyo que les permitan enfrentar las condiciones impuestas por las plataformas con mayor seguridad. La Fundación Friedrich Ebert, en su rol de organizador de este taller, ha enfatizado que la plataformización del trabajo no debe significar la deshumanización de los trabajadores.
La discusión sobre el reconocimiento y regulación de estos trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo trata de proteger a una población en crecimiento, sino también de establecer los cimientos para una economía digital más equitativa y responsable. Los estudios presentados en el taller dejan claro que, en la era digital, el trabajo no puede seguir avanzando en un vacío legal, y que es urgente que el Estado costarricense tome medidas para evitar que el avance tecnológico ocurra a costa de la dignidad y el bienestar de los trabajadores más vulnerables.
La Fundación Friedrich Ebert compartió esta valiosa información con SURCOS, resaltando la importancia de visibilizar y comprender las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en plataformas digitales en Costa Rica. Invitamos a las personas lectoras a profundizar en este análisis accediendo a los documentos completos, los cuales adjuntamos para su consulta: el Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales, la Encuesta a personas repartidoras de la GAM y el estudio Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica. Cada uno de estos documentos ofrece una visión crítica y detallada sobre las dimensiones de la precariedad laboral y los retos urgentes de regulación en el sector.
Por: Licda. Floribeth Salazar Vargas, coordinadora del Eje de Trabajo Local de Pridena UCR
La Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.
En el mes de julio, en el Centro Cívico por la Paz de Pococí, se realizó la presentación regional Huetar Caribe de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036.
Representantes institucionales y jóvenes de los seis cantones de la provincia participaron en este evento, coordinado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, junto con la oficina regional del Patronato Nacional de la Infancia de Limón, y sus respectivas oficinas locales ubicadas en: Talamanca, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo y Pococí.
En esta actividad se reflexionó colectivamente en torno a los siete ejes estratégicos de la política para socializar los desafíos que representa el plan de acción propuesto para los próximos cincos años (2024-2029).
Así, se compartieron las principales inquietudes de las mesas de trabajo, expuestas por la voz de las personas jóvenes que forman parte de los Consejos Participativos, vinculados a los respectivos Subsistemas Locales de Protección.
Institucionalidad democrática
El primer señalamiento fue la inclusión de la participación indígena no solo como mención en el documento, sino a través de acciones concretas que sean realmente incluyentes. Al respecto, la representante del cantón de Talamanca señaló que cuentan con necesidades e intereses específicos asociados a su cultura y cosmovisión, así como a la atención particularizada de las manifestaciones de violencia que reciben los pueblos indígenas.
Asimismo, se evidenció la necesidad de crear una oficina local en el cantón Guácimo, ya que, ante su inexistencia, la oficina local de Pococí se encuentra a cargo de atender ambas regiones, lo cual no solo genera una sobresaturación de labores profesionales, sino que, a su vez, compromete los pocos recursos institucionales con los que se cuenta para el desarrollo de actividades de prevención y promoción dirigidos a estas poblaciones.
En esta línea, plantean la urgencia de contar con políticas cantonales y presupuestos regionalizados, así como trabajar en el fortalecimiento de los comités tutelares.
Vida y familia en comunidad
Se considera necesario un mayor involucramiento de instituciones y personas. En este sentido, señalan que la mayoría de las acciones planteadas en el plan de acción recaen en pocas instituciones con acciones aisladas y que siempre se ven a las mismas personas, como representantes de las distintas redes o comisiones existentes para estos fines, por lo que consideran necesario diversificar y ampliar la participación de nuevos actores, señalando que el bienestar de las niñeces y las adolescencias es asunto de responsabilidad de todos y todas.
Aseveran que muchas de las acciones se dirigen a las niñeces y las adolescencias, mas no a sus familias, lo cual es un desafío, ya que muchos de ellos y ellas se desenvuelven en entornos con familias violentas.
Por ello, consideran fundamental el énfasis en la protección especial y subrayan la importancia de fortalecer los métodos de crianza respetuosa, y la reflexión para que las familias sepan la responsabilidad que conlleva criar.
Por otra parte, señalan que no todas las personas jóvenes buscan apoyo profesional, pues temen ser juzgadas, por lo que es necesario el desarrollo de abordajes más horizontales que les hagan sentir seguras y sugieren tomar en consideración una estrategia que permita materializar la política para ellos y ellas. En sus palabras, “que las personas jóvenes sepan para qué sirven”.
El área de salud
Para este eje las principales inquietudes se centraron en el acceso diferenciado para la población. Consideran fundamental contar con mayor acceso a servicios de psicología y de Trabajo Social, así como con horarios diferenciados para las citas médicas, de manera que no interfieran con los horarios laborales o educativos.
Plantean la necesidad de que los servicios dirigidos a jóvenes tengan mayor divulgación, pero que, además, se haga mediante medios llamativos y atractivos, para que el mensaje sea recibido.
El área de educación
Destacan la carencia de recursos y el papel que están jugando las personas docentes. Se subraya la mala infraestructura de los centros educativos, lo cual, entre otras cosas, desmotiva el deseo de asistir a las lecciones, así como las limitaciones en cuanto a conectividad.
Demandan mayores recursos tecnológicos, materiales y comunitarios. Además, señalan la alta exclusión educativa producto de la negligencia de las personas responsables o por la necesidad de acceder a mayores recursos económicos, lo cual implica el abandono educativo para incorporarse en trabajos, casi siempre de índole agrícola.
También mencionan la venta y el consumo de sustancias psicoactivas dentro de los centros educativos, algunas naturalizadas tras asumir su bajo riesgo, como los vaporizadores y otras ilícitas que incluso están siendo ofrecidas por las mismas personas docentes a lo interno de los colegios.
Las áreas de cultura, juego, deporte, recreación y actividad física
Resalta la falta de infraestructura deportiva adecuada para su desarrollo, así como la carencia de lugares para la recreación que, además, sean seguros para permanecer en ellos, ya que su percepción sobre los espacios públicos de la provincia es que son peligrosos.
Consideran que no se destina el presupuesto necesario para estos temas, por lo que evidencian que no es prioritario.
A su vez, indican la necesidad de una mayor escucha de las personas jóvenes para que no se minimicen sus emociones y condiciones de salud mental. Consideran necesario un mayor acompañamiento que valide sus situaciones de estrés o ansiedad, muchas veces, son provocadas por las demandas en el hogar, que pueden atenderse a través de su participación en espacios de ocio.
El área de medio ambiente
Hay problemas relacionados con la seguridad ambiental y alimentaria. El cambio climático determina el desplazamiento de familias porque las condiciones climáticas no permiten seguir viviendo de manera segura en su hogar, o porque han disminuido las fuentes de empleo, lo que lleva a migraciones internas.
A esto se suma la dificultad de acceder a empleos dignos, que respeten la naturaleza y permitan la solvencia económica.
Por otra parte, señalan actividades que no se desarrollan de manera óptima, como la gestión de residuos sólidos, la tala, los ruidos excesivos por empresas sin regulaciones, el riego de agrotóxicos en zonas escolares y casas de habitación, lo cual genera, entre otras, cosas grandes malestares físicos y psicológicos.
Consideran fundamental que existan más procesos de educación socioambiental y mayor regulación por parte de los Gobiernos locales, tanto a nivel de auditoría como de políticas cantonales que, lejos de perpetuar correcciones internas, pongan fin a situaciones irregulares.
Frente a este panorama, es importante señalar que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.
Por lo tanto, actualmente contar con un instrumento jurídico es importante para garantizar y resguardar a las niñeces y personas adolescentes. Pese a ello, la política fue aprobada con una falta grave tras la exclusión de los territorios indígenas en su consulta.
Ante tal omisión, la Defensoría de los Habitante realizó una denuncia e interpuso un recurso de amparo enfatizando la discriminación hacia la población y el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta situación fue señalada en varios momentos de la construcción de la política y previo a su aprobación por parte del equipo de Proyectos Interdisciplinarios en Niñeces y Adolescencias (Pridena UCR).
Por tanto, los múltiples desafíos que mencionan las personas jóvenes del Caribe evidencian que la implementación de la política requiere de una mirada particular, contextual y situada para la atención de las demandas de las poblaciones y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Se requiere la superación de indicadores y un gran trabajo articulado entre la institucionalidad pública y privada, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y las niñeces y las adolescencias.
Resulta imperante que las políticas públicas sean más inclusivas y se dirijan a abordar las desigualdades y deficiencias identificadas mediante planes de trabajo coherentes, realistas y regionalizados.
En este sentido, Pridena UCR, a través de su trabajo en lo local, se ha integrado al Subsistema Local de Protección del cantón de Guácimo, donde, a través de su compromiso por la promoción de los derechos de las niñeces y las adolescencias, se proponen y articulan acciones específicas que abonen a la consecución de los objetivos y metas establecidas.
Reconocemos el panorama desafiante y el largo camino que aún se requiere transitar, no obstante, reafirmamos nuestro compromiso por un trabajo ético, consecuente y sensible con las realidades locales, y con las niñeces y las adolescencias del país.
Licda. Floribeth Salazar Vargas Coordinadora del Eje de Trabajo Local de Pridena UCR
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica (ACANAMED) ha lanzado su Boletín N° 9, una publicación que ofrece contenido variado y relevante para la comunidad médica y el público en general. En esta edición, se abordan temas importantes como el carcinoma hepatocelular y el papel del ritmo circadiano en las enfermedades cardiovasculares, además de opiniones sobre la investigación clínica y la escasez de especialistas.
El boletín también incluye reseñas destacadas y un calendario de fechas relevantes de salud, como el Día Mundial del Cáncer de Piel y el Día Mundial del Cerebro, entre otras.
