Ir al contenido principal

Etiqueta: transparencia

La “Transparencia” Como Negocio

Marlin Ávila

Marlin Ávila
Marlin Ávila

La palabra “transparencia” ha sido incorporada en el léxico político demagógico de manera tal que aparece en cualquier discurso, texto y planes para el desarrollo de manera obligada, si no, el plan o el discurso no es creíble. Es aun más obligada su utilización que la palabra “cambio”. Se utiliza por cualquier político y desarrollista sin importar la corriente ideológica que profese, pero aun más por las corrientes conservadoras, quienes dominan el espectro político de países europeos, norte americanos y centro americanos.

Antes de ser descubiertos algunos políticos en sus actos corruptos, como ocurre ahora en España, éstos utilizaron esa palabra cuantas veces salieron a promover su imagen de líderes. En nuestros países centroamericanos, esa palabra esta tan prostituida que muchos grupos sociales honestos se empieza a resistir en utilizarla.

Y es que esta palabra debe ir acompañada por una corta expresión de tres más que expresan y comprometen a la acción y cumplimiento como son “rendición de cuentas”. Si no hay rendición de cuentas, la palabra “transparencia” es tan nula como lo sería un juramento ante un altar cristiano por un político dictador que se golpea el pecho diciendo que gobierna democráticamente. Sucede que los lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en discusión el fin de semana anterior en Washington, para resolver los problemas que provocan la migración masiva de menores hacia los Estados Unidos de Norte América, tiene un subtitulo en el inciso D ii numeral 2.50: Aumentar la Transparencia. Los tres gobiernos dicen:

“A fin de promover la mayor eficiencia en el uso y la distribución de los recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado, apoyaremos la implementación efectiva de las leyes de acceso a la información, incluyendo la definición y puesta en práctica de estándares de datos abiertos y el fomento del uso de la información pública para acceder a otros derechos, como salud, educación y vivienda. Asimismo, desarrollaremos e implementaremos mecanismos de transparencia presupuestaria (incluyendo geo-referencia del gasto público) y se fortalecerán los sistemas de adquisiciones, compras y licitaciones de obras públicas que permitan un mayor control y transparencia de los procesos y gestión de recursos. Por otro lado, se fortalecerá la transparencia en los procesos administrativos. Estas acciones serán complementadas con el mejoramiento de los sistemas de control y auditoria pública.”

Al menos en Honduras el Estado-Gobierno se blindó ante cualquier pesquisa ciudadana con las leyes que debe cumplir de Seguridad de Información y recientemente con la centralización de poderes en el Fiscal General, además de la concentración de poderes en el Ejecutivo  y la actitud de obscurantismo que manejan todas las instituciones del Estado y sus máximos dirigentes.

Luego, el Plan está diseñado de manera tal que la casi totalidad de la gestión quedará en manos de las empresas privadas nacionales e internacionales, las cuales no están obligadas a dar información ni rendirle cuentas a la ciudadanía. En Centro América los capitales privados son un misterio, excepto cuando los bancos multilaterales, que sí obtienen la información, tienen la voluntad de publicarla, o el periodismo investigativo externo logra publicar los datos. Este secretismo contribuye al lavado de activos por lo que fortalece la corrupción ya institucionalizada.

Desde que los gestores de este Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte lo hicieron a espaldas de los dis que beneficiarios: población que huye de la miseria, la violencia y el atropello a sus derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas está y estaría  ausente en todo el proceso.

Con la discusión de este plan, hecha en cuartos cerrados y “oscuros” por tecnócratas y políticos defensores hasta  morir del libre mercado y, últimamente en un Foro de cuatro gobernantes  y banqueros internacionales, podemos augurar un manejo eficiente de la inversión de nuestros recursos para beneficio de otros donde esa gran mayoría de ciudadanía deseosa de emigrar y migrantes actuales, recogerá las migajas que caigan de la mesa. El colmo es que quienes pagarán los créditos de ese plan será ésta y las próximas generaciones.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Movimiento Cívico Cruceño exige cancelar credenciales a alcalde municipal

Vecinos de La Cruz exigen cancelación de credenciales del Alcalde Municipal

La Cruz, Guanacaste. Denuncian procesos viciados en cobro de impuestos, falta de transparencia en la gestión municipal, despidos arbitrarios, contrataciones de personal sin requisitos e impedimentos a la participación ciudadana en las sesiones municipales.

El Movimiento Cívico Cruceño (MCC) nace a finales del 2013, producto del trabajo de distintos vecinos del cantón fronterizo y de la necesidad de articular un movimiento social independiente para defender los derechos de los pobladores ante múltiples injusticias y problemáticas socio-económicas. Tras realizar sondeos con los vecinos del cantón, inicia con la investigación de los temas de principal interés: el cobro de un impuesto para mantenimiento del parque, el mal manejo de los desechos sólidos y uso continuo de un botadero a cielo abierto, inconsistencias en la inversión de fondos públicos, la prevista demolición de la Escuela Salvador Villar Muñoz y las incompetencias demostradas en el caso del desarrollo del Mirador.

La agrupación ciudadana recolecta más de 500 firmas para detener la demolición del inmueble histórico y se espera contar con el apoyo del Ministerio de Cultura, para lograr una declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional e implementar el proyecto “Rescatemos Nuestra Identidad”: también elaborado por el MCC. Tras exponer numerosas inconsistencias y ejercer presión ciudadana, el MCC logra la suspensión del impuesto al parque exigiendo de igual manera un estudio inmediato por parte de la auditoría interna, con respecto a la onerosa propuesta fiscal. Contemporáneamente, los vecinos tramitaron con éxito una denuncia ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, resultando en una investigación y la elaboración de un informe detallado que señala un sinnúmero de insuficiencias y problemas en el inmueble y espacio público.

Investigando los integrantes del Concejo Municipal y sus expedientes abiertos en la Contraloría General de la República, el MCC acude al despacho del diputado Ronal Vargas Araya y se empieza un proceso de seguimiento y re-activación de los mismos, en aras de asegurar que se lleven los procesos hasta las últimas instancias.

El MCC también denuncia las incompetencias, inacción y falta de transparencia en el manejo del desarrollo del complejo turístico del Mirador. En el 2010 la Municipalidad recibió la obra tras una inversión de más de 400 millones de colones, sin embargo hasta la fecha no ha sido inaugurada ni alquilada, tal como fue la intención. Se calcula que en estos cuatro años la autoridad local ha perdido la oportunidad de percibir por concepto de alquiler, patentes y otros rubros alrededor de 70 millones de colones y que el estado de deterioro del inmueble en la actualidad es grave. A pesar de que el alcalde haya admitido su culpa, sigue el estatus quo con respecto a este proyecto municipal, con causa abierta en la Contraloría General de la República.

“La Cruz es el cantón menos desarrollado de Guanacaste y estamos entre los más rezagados a nivel nacional. Los jóvenes profesionales, capacitados y con mucha energía no pueden encontrar empleo digno a menos de que formen parte de la argolla local. Nuestro cantón no es una finca privada, aquí vivimos 20 mil personas y hemos decidido hacer algo al respecto porque durante años nuestro pueblo ha aguantado inconsistencias y faltas de transparencia: exigimos que la Contraloría se pronuncie y que se cancelen las credenciales del alcalde.” Resumió el secretario del MCC, José Corrales Medrano, refiriéndose a una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, de diligencias de cancelación de credenciales, resultado de una denuncia interpuesta por el entonces auditor municipal Jorge Sánchez Rojas.

 

Información enviada a SURCOS por Salvatore Coppola Finegan.