Marlin Ávila
La palabra “transparencia” ha sido incorporada en el léxico político demagógico de manera tal que aparece en cualquier discurso, texto y planes para el desarrollo de manera obligada, si no, el plan o el discurso no es creíble. Es aun más obligada su utilización que la palabra “cambio”. Se utiliza por cualquier político y desarrollista sin importar la corriente ideológica que profese, pero aun más por las corrientes conservadoras, quienes dominan el espectro político de países europeos, norte americanos y centro americanos.
Antes de ser descubiertos algunos políticos en sus actos corruptos, como ocurre ahora en España, éstos utilizaron esa palabra cuantas veces salieron a promover su imagen de líderes. En nuestros países centroamericanos, esa palabra esta tan prostituida que muchos grupos sociales honestos se empieza a resistir en utilizarla.
Y es que esta palabra debe ir acompañada por una corta expresión de tres más que expresan y comprometen a la acción y cumplimiento como son “rendición de cuentas”. Si no hay rendición de cuentas, la palabra “transparencia” es tan nula como lo sería un juramento ante un altar cristiano por un político dictador que se golpea el pecho diciendo que gobierna democráticamente. Sucede que los lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en discusión el fin de semana anterior en Washington, para resolver los problemas que provocan la migración masiva de menores hacia los Estados Unidos de Norte América, tiene un subtitulo en el inciso D ii numeral 2.50: Aumentar la Transparencia. Los tres gobiernos dicen:
“A fin de promover la mayor eficiencia en el uso y la distribución de los recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado, apoyaremos la implementación efectiva de las leyes de acceso a la información, incluyendo la definición y puesta en práctica de estándares de datos abiertos y el fomento del uso de la información pública para acceder a otros derechos, como salud, educación y vivienda. Asimismo, desarrollaremos e implementaremos mecanismos de transparencia presupuestaria (incluyendo geo-referencia del gasto público) y se fortalecerán los sistemas de adquisiciones, compras y licitaciones de obras públicas que permitan un mayor control y transparencia de los procesos y gestión de recursos. Por otro lado, se fortalecerá la transparencia en los procesos administrativos. Estas acciones serán complementadas con el mejoramiento de los sistemas de control y auditoria pública.”
Al menos en Honduras el Estado-Gobierno se blindó ante cualquier pesquisa ciudadana con las leyes que debe cumplir de Seguridad de Información y recientemente con la centralización de poderes en el Fiscal General, además de la concentración de poderes en el Ejecutivo y la actitud de obscurantismo que manejan todas las instituciones del Estado y sus máximos dirigentes.
Luego, el Plan está diseñado de manera tal que la casi totalidad de la gestión quedará en manos de las empresas privadas nacionales e internacionales, las cuales no están obligadas a dar información ni rendirle cuentas a la ciudadanía. En Centro América los capitales privados son un misterio, excepto cuando los bancos multilaterales, que sí obtienen la información, tienen la voluntad de publicarla, o el periodismo investigativo externo logra publicar los datos. Este secretismo contribuye al lavado de activos por lo que fortalece la corrupción ya institucionalizada.
Desde que los gestores de este Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte lo hicieron a espaldas de los dis que beneficiarios: población que huye de la miseria, la violencia y el atropello a sus derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas está y estaría ausente en todo el proceso.
Con la discusión de este plan, hecha en cuartos cerrados y “oscuros” por tecnócratas y políticos defensores hasta morir del libre mercado y, últimamente en un Foro de cuatro gobernantes y banqueros internacionales, podemos augurar un manejo eficiente de la inversión de nuestros recursos para beneficio de otros donde esa gran mayoría de ciudadanía deseosa de emigrar y migrantes actuales, recogerá las migajas que caigan de la mesa. El colmo es que quienes pagarán los créditos de ese plan será ésta y las próximas generaciones.
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