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Etiqueta: Tribunal Supremo de Elecciones

Óscar Aguilar Bulgarelli: “La Constitución del 49 y el Tribunal Supremo de Elecciones son pilares de nuestra democracia”

Escrito en . Publicado en Análisis.

El historiador y analista Óscar Aguilar Bulgarelli recordó este 7 de noviembre, fecha en que Costa Rica conmemora dos hechos históricos fundamentales: la defensa del derecho al voto en 1889 y la promulgación de la Constitución Política de 1949, que desde entonces ha garantizado la estabilidad democrática y la paz del país.

Aguilar señaló que el 7 de noviembre de 1889 marcó la primera gran defensa popular del sufragio:

“El pueblo se levantó en armas y rodeó la ciudad de San José para defender algo muy importante: el derecho a la elección libre de un presidente. La imposición que quiso hacer Bernardo Soto no prosperó, porque comprendió que la sangre de los costarricenses valía más que el poder”.

El analista recordó también que el 7 de noviembre de 1949, hace 77 años, fue aprobada la Constitución Política que dio origen al marco institucional actual:

“Todo el marco que nos ha permitido vivir en paz y tranquilidad durante 77 años se aprobó hoy, exactamente un día como este. Esa Constitución creó el Tribunal Supremo de Elecciones, institución que nos permite ir a elecciones libres, le guste o no al presidente de la República”.

Defensa del TSE y respeto a la legalidad

Aguilar enfatizó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha sido una de las instituciones que mejor ha garantizado la democracia costarricense, aunque reconoció que puede haber cometido errores en el pasado.
Sin embargo, advirtió que estos no justifican los intentos de deslegitimar o atacar al órgano electoral.

“La intervención contra este Tribunal el pasado miércoles fue inaudita, por sus términos y su forma. El presidente dice que no ha hecho beligerancia política, pero por supuesto que sí la ha hecho. Lo que ha habido es un irrespeto a la ley de su parte, y eso debe quedar muy claro”.

El historiador recordó que fue el propio TSE quien garantizó la validez de los votos que permitieron la elección del actual mandatario:

“Ese Tribunal envió en las elecciones pasadas a sus delegados a todas las mesas del país para cuidar el voto que lo hizo presidente. Usted se llenó la boca celebrando aquella elección, pero ahora, porque le piden respetar las normas del juego electoral, reacciona con improperios”.

Llamado al respeto institucional y la paz

Aguilar concluyó su exposición con un llamado al respeto de la institucionalidad y de las normas democráticas:

“No es amenazando al pueblo como vamos a tener elecciones libres y democráticas, sino respetando la Constitución. Los costarricenses queremos vivir en paz y superar este proceso para volver a tener una persona en la presidencia que se gane merecidamente el honor de ser llamada presidenta o presidente de la República”.

Cuando el poder se confunde con la verdad: una defensa cívica del Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En los últimos días, el debate público costarricense ha girado en torno a las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones. Las declaraciones del presidente de la República, al acusar a los magistrados del TSE de “amenazar la democracia” y “violar la Constitución”, no solo reavivan un conflicto político, sino que ponen a prueba la madurez institucional del país.

Más allá del intercambio retórico, lo que está en juego es el principio republicano de separación de poderes y la confianza ciudadana en el árbitro electoral que ha garantizado, por más de siete décadas, la estabilidad democrática costarricense.

El propósito de este texto no es alimentar la confrontación, sino invitar a una reflexión cívica y pedagógica sobre el significado profundo del respeto institucional, los límites del poder y la responsabilidad ciudadana de resguardar el equilibrio constitucional. Para ello, propongo un análisis desde tres lecturas complementarias: una jurídico-institucional, otra política discursiva y finalmente cívico-pedagógica. Quienes puedan leer esta reflexión pueden intervenir en el debate.

Lectura jurídico-institucional: el TSE como pilar de la democracia constitucional

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 99, confiere al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad exclusiva y vinculante de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. Este diseño no es accidental: responde al propósito histórico de proteger la pureza del proceso electoral frente a las presiones políticas.

Cuando el presidente de la República acusa a los magistrados electorales de “violar la Constitución”, incurre en una inversión del orden constitucional. No es el Ejecutivo quien interpreta ni juzga la legalidad de las actuaciones de un órgano autónomo, sino el Derecho —a través de los mecanismos institucionales previstos— quien determina los límites de cada poder.

Como advertía Norberto Bobbio, “la democracia se mide no por la fuerza de la mayoría, sino por los límites que la Constitución impone al poder” (El futuro de la democracia, 1984). El TSE encarna precisamente esa frontera: el lugar donde la soberanía popular se traduce en legalidad y donde ningún presidente puede situarse por encima de la norma.

Lectura política y discursiva: la erosión simbólica de la institucionalidad

Más allá de las declaraciones, el peligro radica en la estrategia discursiva que busca debilitar la confianza ciudadana en las instituciones arbitrales. Cuando un presidente acusa al árbitro de “amenazar la democracia”, introduce en la esfera pública una lógica de sospecha que reemplaza el debate racional por la deslegitimación emocional.

Este tipo de narrativa, propia del populismo contemporáneo, pretende sustituir la pluralidad institucional por la voz personal del líder. Habermas advertía que la legitimidad democrática depende de “la circulación de razones en el espacio público” y no de “la imposición de verdades desde el poder” (Facticidad y validez, 1992).

El discurso presidencial, al presentarse como intérprete moral del orden constitucional, desplaza la deliberación jurídica hacia el terreno de la fe política. Y en ese desplazamiento, la democracia se empobrece.

Lectura cívico-pedagógica: recuperar el sentido de la crítica democrática

La defensa del TSE no debe entenderse como un acto de complacencia institucional, sino como una tarea cívica de protección del equilibrio democrático. Las instituciones no son infalibles, pero su crítica debe provenir del respeto, el conocimiento y los cauces legales, no de la descalificación pública desde el poder.

En una democracia madura, los límites al poder no son obstáculos, sino garantías. Luigi Ferrajoli recuerda que “sin límites, el poder deja de ser democrático y se convierte en mera dominación” (Derecho y razón, 1995).

Por eso, frente a los ataques verbales y las descalificaciones, lo que corresponde no es replicar con fanatismo, sino educar políticamente: recordar que los árbitros electorales no gobiernan, pero hacen posible que gobernemos en libertad.

La independencia del Tribunal Supremo de Elecciones es, en última instancia, una expresión de la soberanía ciudadana, no de un privilegio burocrático. Defenderla es defender la posibilidad misma de elegir, disentir y decidir sin miedo.

Costa Rica ha preservado por más de siete décadas una cultura democrática basada en la confianza en sus instituciones. Esa confianza no puede ser patrimonio de un gobierno ni rehén de un discurso.

El respeto al TSE no es reverencia: es conciencia cívica. Cuando el poder se confunde con la verdad, el deber ciudadano es recordar que la verdad constitucional no tiene dueño.

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA respalda a la presidenta del TSE y llama a defender la institucionalidad

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El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional de Costa Rica expresó su respaldo público y solidario a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, ante los ataques verbales y políticos provenientes del Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento, aprobado por unanimidad mediante el acuerdo 0183-2025, reafirma la defensa de la independencia judicial y electoral como pilares esenciales de la convivencia democrática y del Estado de Derecho.
El IEM subraya que desacreditar al órgano encargado de garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales equivale a debilitar la legitimidad del poder político y a amenazar la paz social que ha caracterizado a Costa Rica desde 1949.

El documento destaca la valentía y el compromiso ético de la magistrada Zamora, primera mujer en presidir el TSE, y reconoce su trayectoria de servicio público en defensa de los derechos humanos, la participación política de las mujeres y el fortalecimiento democrático.
“La respuesta de la magistrada es un acto de responsabilidad institucional y de liderazgo cívico”, señala el comunicado, recordando que su intervención defiende no solo la institucionalidad, sino también el respeto y la verdad como fundamentos del debate público.

El Instituto llama a la sociedad costarricense, la academia y las instituciones públicas a proteger con firmeza los espacios democráticos, rechazar los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones y respaldar a las mujeres que, desde el servicio público, defienden los valores republicanos y los derechos conquistados.

Finalmente, el IEM reitera su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, la igualdad de género en la esfera política y la protección de quienes sostienen, con integridad y convicción, los principios de justicia, equidad y respeto mutuo.

Descargar aquí el documento completo.

En defensa de Costa Rica

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Sylvia Montero Mejía

Costa Rica es una nación muy joven: doscientos y un poquito más de años de vida independiente y un poquito menos de vida republicana. En términos “universales” (me refiero a su vida en relación con la vida del Universo), nuestra existencia es comparable a menos que nada. ¡Pero “somos”, “estamos aquí”!

A lo largo de esta corta vida, ciudadanos ilustres, mujeres valientes, hombres y mujeres intachables nos han ido dejando una larga lista de enseñanzas. Nuestra historia ha sido una secuencia de hechos que nos llenan de orgullo, de decisiones que han ido conformando nuestro “ser costarricense”, de voluntades que juntas han moldeado nuestro modo de ser, nuestro modo de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos.

Con errores a veces, con resultados tal vez no deseados, pero en la mayoría de los casos con una voluntad de hacer las cosas bien, en beneficio de la mayoría, habíamos adquirido en el ámbito mundial un lugar destacado. Mencionar el nombre de Costa Rica era sinónimo de paz, de respeto por la Naturaleza, de cordialidad, de gente respetuosa y afable. Tan buena fama adquirimos que nuestro eslogan “pura vida” se convirtió en nuestra carta de presentación ante el mundo entero. Venir a Costa Rica era, para muchos, la meta deseada, el destino ideal, el país anhelado. ¡Algo así como el sueño hecho realidad!

¿Qué ha sucedido?

¿Por qué nuestro nombre resuena hoy en el ámbito mundial como el destino menos recomendado, como el país más inseguro y además de los más caros? ¿Como el paraíso de los narcotraficantes donde no existen controles, ni vigilancia en los puertos y donde en las calles mueren a diario jóvenes involucrados y colateralmente mucha gente inocente?

El deterioro de Costa Rica se ha hecho insostenible. Nuestros pilares: educación, salud y seguridad necesitaban ser fortalecidos, pedían a gritos una inyección de mejoras. Se habían debilitado, pero con voluntad política podían salir adelante.

Sin embargo, durante estos últimos cuatro, el deterioro se agudizó. No se tomaron medidas para mejorar nuestras instituciones, sino que por el contrario prevaleció a lo largo de ellos una voluntad de destrucción, de abandono, de desamparo. Cuatro años han sido suficientes para dar al traste con todo lo que nos hacía distintos en el ámbito mundial. Se institucionalizaron, con una fuerza y un descaro nunca antes vistos, el robo, la insolencia, el irrespeto.

Es triste, realmente lamentable la situación que estamos viviendo.

Pero en medio de este ambiente inquietante y penoso, una carta de una funcionaria ejemplar nos ha devuelto la esperanza de que Costa Rica puede salir adelante. Ella, doña Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, ha levantado su voz en defensa de nuestra nación. Sus palabras son un llamado a todos los costarricenses para que no dejemos que nos roben lo que, por tantos años, con esfuerzo denodado de muchos patriotas, se ha conquistado en Costa Rica.

Con fuerza, determinación, claridad y valentía lanza esta frase:

“Usted está amenazando la paz y la estabilidad política”.

No es necesario decir nada más. La acusación es contundente y no deja espacio para dudas. Lo que se cierne sobre Costa Rica es de un peligro que no se había experimentado desde hacía 76 años.

Prestémosle oídos muy atentos a esta advertencia, a estas palabras pronunciadas por una persona de trayectoria impecable en el servicio público, por una ciudadana profundamente preocupada por nuestro futuro, y por la inmediatez de unas elecciones presidenciales.

Rescatemos lo mejor de nuestra historia. No permitamos que nos lleven al despeñadero.

Es hora de que retomemos la cordura y la sabiduría de los que con entrega y auténtico patriotismo pusieron a Costa Rica en un pedestal en el mundo.

Mensaje de la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, frente a los agravios del presidente Chaves Robles

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Comunicado

Señor Presidente:

Comienzo por manifestarle que no me es grato expresarle estas palabras. Ninguna persona al frente del Tribunal Supremo de Elecciones debió hacerlo en 76 años. Coincidieran o no con nuestras resoluciones, les diéramos la razón o no en sus tesis, todos los presidentes y la presidenta de la República que hemos tenido desde 1949 han respetado al Tribunal, conscientes de que se trata del órgano que, al certificar el resultado de las urnas, sustentaba la legitimidad de sus propios cargos y que deslegitimarlo era deslegitimar su mandato presidencial. Conscientes de que no tenemos otro mecanismo de resolución pacífica de la competencia por el poder político que el proceso electoral, por lo que difamarlo amenaza con dejarnos a los costarricenses sin alternativas a la violencia política que hace tanto superamos. Espero que comprenda que eso es algo que no podemos permitir.

Ahora bien, presentadas ya las candidaturas, el debate público nacional y el foco de atención no debe estar en usted, sino en las personas que aspiran a ser electas y en sus propuestas para resolver los problemas nacionales. Por eso esta será mi única manifestación pública sobre sus agravios.

No me mueven consideraciones personales para dirigirme a usted. Merezco respeto como persona y usted me lo ha faltado, pero no es esa la razón que me obliga a pronunciarme. Estoy ya al final de mi carrera de servicio público y, gracias a la sabiduría de nuestros constituyentes, usted carece de potestad para destituirme. Así que, en lo personal, sus manifestaciones sobre mí son irrelevantes. Pero no lo son en lo institucional y por la investidura que represento: cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros del Tribunal como juezas y jueces electorales, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos. Está amenazando la paz y la estabilidad política del país y eso es algo, le repito, que no podemos permitir.

Es falso que el Tribunal Supremo de Elecciones esté sesgado en su contra. Cuidamos los votos a su favor en 2022, cuando sus correligionarios no eran suficientes para hacerlo en las mesas de votación. Declaramos la elección a su favor, porque fue la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y eso para nosotros es sagrado. Desde entonces, hemos admitido y también rechazado denuncias en su contra, siempre conforme a lo que en derecho corresponde a los jueces. Pero, por ese mismo respeto a nuestras responsabilidades constitucionales y legales, no podíamos incumplir nuestro deber de fiscalización del financiamiento de campaña, quedarnos de brazos cruzados cuando amenazó con un apagón de radio y televisión, o permitir que se trasgredan las normas que en Costa Rica exigen la imparcialidad política de las autoridades de gobierno. Ha sido entonces que hemos pasado de merecer sus elogios a ser objeto de sus vituperios. No antes, solo entonces, y solo por cumplir con nuestro deber.

En esos ataques suyos, más que señalar deficiencias técnicas en nuestras decisiones colegiadas, usted ha optado por intentar desprestigiarme en lo personal. No sé si lo comprende, pero haber participado en algún partido político o servido un cargo durante un gobierno no veta a nadie para la magistratura electoral en ninguna democracia del mundo, porque en democracia la participación político-partidaria no es una vergüenza, sino un sagrado derecho ciudadano, y porque haber servido un cargo durante un gobierno, como usted mismo debe saber, no compromete a la persona con la agrupación política por la que se eligió ese gobierno. En mi caso, toda mi trayectoria profesional, de la que estoy muy orgullosa, incluido mi servicio público durante la primera administración Arias Sánchez, es y ha sido pública por años en el sitio web del TSE. Ese dato era público cuando yo recibía sus elogios, y lo era muchos, muchísimos años antes, durante elecciones en las que declaramos ganadores a personas de muchos diferentes partidos políticos.

Luego de años de trabajo honrado, tanto en el país como internacionalmente, en defensa de los derechos humanos, de las personas refugiadas, de las niñas y los niños, y de los derechos políticos de las personas, especialmente de las mujeres, cerré con broche de oro asumiendo como la primera mujer presidenta de uno de los órganos electorales más prestigiosos del mundo, no solo conduciendo con éxito los complejísimos procesos electorales de 2022 y 2024, sino, además, con una trayectoria impecable, sin haber sido sancionada jamás por falta alguna.

Con esas credenciales, flanqueada por mis dos compañeras magistradas y mis dos compañeros magistrados, juezas y jueces igualmente probos, y acuerpada por 1.400 funcionarios y funcionarias electorales de amplia experiencia y mística probada, de los cuales ninguno, ni uno solo, fue nombrado por ningún gobierno de turno, dirigiré las elecciones nacionales 2026 y garantizaremos, una vez más, que las y los costarricenses puedan votar en un proceso electoral libre, en el que las leyes electorales se cumplan y la voluntad popular se imponga.

¿No votar en las próximas elecciones?

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Vladimir de la Cruz

Han circulado llamamientos. Son de sectores chavistas y rodriguistas, que preocupados, y por sentirse amenazados, por las acusaciones que se han realizado contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por haberlo llevado a un antejuicio a la Asamblea Legislativa, para considerar si le levantaban o no su inmunidad, para que fuera procesado en la vía penal, como cualquier ciudadano, y porque el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ante acusaciones veraces de la beligerancia política del presidente, que realiza el presidente Chaves, se han planteado ante ese Tribunal, ha solicitado que por este motivo la Asamblea Legislativa conozca nuevamente de la posibilidad de levantarle su fuero presidencial.

Legal y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones puede gestionar esta solicitud. Es el custodio del campo electoral nacional en su máxima expresión. Es el mejor capacitado para actuar en esa dirección como lo está haciendo.

La beligerancia política, el entrometimiento del presidente todos los días en la política que no le corresponde, atacando a los partidos políticos opositores, atacando a todos los partidos políticos con representación legislativa, excepto a sus diputados, atacando y deslegitimando a los Poderes Públicos, incluso al Tribunal Supremo de Elecciones, tratando de minarles la confianza pública que tienen, el respeto constitucional que se merecen y creando el ambiente y la atmósfera que lo que se pretende es un golpe de estado contra su gobierno. Incluso un golpe de estado patrocinado por el Tribunal Supremo de Elecciones, insinuando que se presta a un gran fraude contra sus partidos políticos, que participaran en las elecciones próximas, con posibilidad de que no los dejen participar.

Parte de sus partidarios y fanáticos seguidores incluso llaman a tomar las armas para defender al presidente. Uno de ellos ha dicho públicamente que tiene las armas al servicio de quien se las solicite. Ha encendido los ánimos de sus seguidores que se vuelven agresivos. Uno de sus diputados incluso ha amenazado con extrañar, expatriar y expulsar costarricenses opuestos al presidente.

Otros ciudadanos que lo siguen curiosamente han llamado a no votar en las próximas elecciones como protesta, lo que es la tesis más idiota que se pueda esgrimir.

Si se trata de no votar porque el sistema electoral no produce confianza no da ningún resultado absoluto de que no se vote y no se elija a alguno de los 20 candidatos que hay inscritos. La votación se realiza con todo el padrón electoral abierto, con todos los ciudadanos que tiene el derecho al sufragio, todos mayores de 18 años. En Costa Rica el voto no es obligatorio, se manera que el resultado electoral se produce con los que participen, y si uno de esos candidatos logra el 40% de votación de los pocos que lleguen a sufragar gana. Si no lo saca, se pasa a la segunda ronda electoral en la que triunfa el que más votos tenga. El proceso electoral está hecho para que produzca un resultado.

Si el llamado es para desalentar a los antichavistas, a los que no quieren que el rodriguismo y el chavismo continúen en el gobierno, con cualquiera de sus partidos jaguar, es que procuran que solo los chavistas salgan a votar y así asegurar su triunfo.

Ciertamente, como se está presentando el panorama electoral no hay aún un faro que alumbre el camino hacia el primer domingo de febrero. Todavía hay pugnas importantes en algunos de los partidos, hay amenazas y solicitudes para que a algunos de ellos no les permitan participar en las elecciones. Los candidatos están muy desdibujados, salvo aquellos que por tradición o porque pagan acceso a los medios de comunicación, les toman en cuenta, para divulgarles como para considerarlos en las guerras de encuestas que se realizan, que están aparentemente polarizadas a dos contrincantes, siendo uno de ellos permanente, en cuanto representa el continuismo gubernativo.

Los candidatos desdibujados cubren todo el escenario, los presidenciales y los que aspiran a diputados. La reacción que se ha levantado contra los partidos políticos, y sus estructuras y dirigencias partidarias, ha hecho que la inmensa mayoría de las personas ya postuladas sean de poco conocimiento público y político, por ello, incoloras, insaboras e inodoras, por lo que no dejan de ser también peligrosas…políticamente.

En el ejercicio político la iniciativa política la tiene siempre el Poder Ejecutivo en tanto allí se toman las principales decisiones políticas y administrativas de toda la Administración Pública, de todos los ministerios e instituciones públicas. Son decisiones diarias, cotidianas nos gusten o no nos gusten, nos beneficien o no nos beneficien. Son decisiones políticas en que desde ese Poder y sus instituciones se meten con cada uno de nosotros todos los días. No es la Asamblea Legislativa la que se mete con nosotros de esa manera, es el Poder Ejecutivo el que así lo hace.

Desde este punto de vista el Poder Ejecutivo realiza actos y decisiones políticas que se meten todos los días con los, ciudadanos. Si la política de esa manera se mete con uno, entonces, los ciudadanos tenemos el deber, la obligación de meternos en la política, de meternos en la discusión política, en el debate de si se deben o no continuar las políticas que no nos gustan. Habrá quienes se metan porque les gusta como el gobierno actúa.

Así, no hay que caer en la trampa de no participar en política, en el proceso electoral o de no votar. Es una tesis, en este momento, reaccionaria, conservadora, de derecha si se quiere usar este término, que solo favorece al oficialismo y el continuismo político. Es de lo más peligroso que puede argüirse contra la democracia política que tenemos, por débil que sea.

Hay que tomar la decisión de votar por un candidato presidencial, con su partido, o votar por un partido con su candidato a presidente. De igual modo, hay que tomar la decisión de votar por sus candidatos a diputados, o por la persona que parezca mejor y más apta para gobernar, y para representarnos en la Asamblea Legislativa.

Lo que votan toman la decisión de votar por los que no votan. ¡Así es la cosa! O votamos nosotros o votan por nosotros. Algo de esto pasó en las elecciones del 2022. ¿Quiere usted, querido y apreciado lector, que esto vuelva a pasar?

Compartido con SURCOS por el autor.

El principio de autoridad y la beligerancia política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

A raíz de la solicitud hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Asamblea Legislativa, para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por quince de veinticuatro denuncias presentadas por beligerancia política, quedando pendientes nueve; han surgido sus defensores políticos y de oficio, como era de esperar. Pero hay tres que me han dejado sorprendido, la diputada y jefa del oficialismo Pilar Cisneros y dos abogados, uno su defensor de oficio y otro oficioso, analista por la prensa; una dice que estamos ante un “golpe de estado institucional”, y los otros hacen todo un galimatías entre la Constitución y el Código Electoral, para tratar de demostrar que no existe una normativa constitucional y legal que permita levantar ese fuero al presidente y que, por lo tanto, es improcedente y “legalmente equivocada y temporalmente inoportuna”, como dijo uno de ellos.

Ante semejantes afirmaciones chavistas, creo que vale la pena tratar de desenredar la madeja que tratan de montar, y ver las cosas simplemente dentro del marco y letra de la ley que nos dice primero la Constitución Política, como norma fundamental, sobre el principio de legalidad. Dice su artículo 11:

– Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes…

Entonces, como primera cosa a tener en cuenta es que don Rodrigo y doña Pilar no pueden ni hacer ni interpretar la ley como les dé la gana, pues juraron, sino por Dios por ser ateos disimulados o declarados, aunque sea ante un quipu o por lo más sagrado que tengan, el respeto de la Constitución y las leyes que de ella se derivan.

Pero, además, el artículo 102 de la Constitución la otorga al TSE atribuciones especiales y exclusivas, como, por ejemplo:

– Interpretar en forma exclusiva y obligatorias las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral.

– Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos políticos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación realizada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno…el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación.

Bien, puede verse claramente que el TSE si tiene potestad legal para sancionar sobre todas las denuncias que haya por cualquier incumplimiento de la ley. Y bien, de lo hasta aquí transcrito de la letra constitucional, eso es lo que ha sucedido, ni más ni menos. Como dice el dicho, no hay que brincar mucho pues el suelo está parejo.

Ahora bien, ¿qué sigue después? Para esto, debemos referirnos al artículo 121 inciso 9 de la Constitución sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa que dice:

– Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, vicepresidentes, ministro de Gobierno… declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamientos…

Queda demostrado por lo tanto que, al contrario de lo que dicen algunos leguleyos “chavestistas”, la Asamblea Legislativa si tiene potestad para conocer las acusaciones por clara beligerancia del presidente Chaves pues incumplió en cada una de ellas, con las prohibiciones legales de participación política, violando la Constitución y el Código Electoral. Así, la Asamblea deberá juzgar con base en el 121 inc.9 transcrito y el segundo párrafo del artículo 270 del Código Electoral, si la acusación que le remite el TSE es admisible o no, cumpliendo así con el trámite legal correspondiente a lo interno de la Asamblea Legislativa. Si ésta considera que los delitos electorales cometidos, en este caso beligerancia, justifican el levantamiento de la inmunidad, el expediente del presidente Chaves regresa al pleno Tribunal Supremo de Elecciones que, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 270 resolverá según corresponda. ¿Y qué corresponde en este caso?, lo que señala claramente el último párrafo del artículo 146 del Código Electoral que dice:

– El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contenidas en este artículo.

Los funcionarios citados en el 146 son, entre otros, el presidente, vicepresidentes, ministros y una extensa lista, a los cuales en ese mismo artículo se les prohíbe:

– … Participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes o reunión es de carácter político, utilizar la autoridad e influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar avisos en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidaria de cualquier otro género… únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y condiciones establecidas en este Código…

No se puede ocultar el sol con un dedo, es muy claro que el presidente como es su costumbre ha violentado y violado… la ley en infinidad de oportunidades y, además, ya en campaña, cada vez que consiente la presencia de los candidatos de su partido-taxi en actos oficiales, él y ellos violan la ley. Y cuidado, a lo mejor pueden llegar a ser excluidos de las elecciones si a alguien se le ocurriera presentar una acusación.

Por supuesto que todas las teorías legales y políticas para desacreditar esta acusación no son más que eso, formas de ocultar la verdad y los procedimientos ilegales y fraudulentos del chavismo. No hay tal golpe de estado institucional, absurdo de quien sufre una “termocéfala de poder” y cuyas consecuentes isquemias le impiden la suficiente claridad mental para darse cuenta de sus absurdos, o bien otros por ínfulas de notoriedad profesional, necesaria en quienes no han logrado madurar en los conceptos básicos de la profesión o los que siempre tienen a disposición un Sinpe.

Pero unos y otros, incluyendo los que nos amenazan con acabar con la democracia y sacarnos de nuestro país, sepan que no les será tan fácil; no se les teme y sabemos defender un país que construyeron con grandes sacrificios nuestros abuelos.

El sometimiento policial y de la Seguridad Pública ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.

Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.

El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.

Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.

El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.

Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.

Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.

Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.

Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.

Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.

La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.

En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.

El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.

Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.

Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.

En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.

Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.

¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?

Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?

¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?

Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.

Compartido con SURCOS por el autor.

Fraude electoral

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Cuando la Presidencia de la República irrespeta la Constitución Política en una campaña electoral, incurre en fraude.

Cuando esa misma Presidencia irrespeta la legislación electoral, violentando la neutralidad que busca un trato justo entre los contendientes, incurre en fraude. Cuando también usa indebidamente recursos del Estado, para influir en la opinión de los electores a favor de candidatos oficiales, incurre en fraude. Cuando lo hace en contra de candidatos de oposición, igualmente incurre en fraude. Cuando lanza ataques soeces contra las autoridades electorales, con la evidente intención de resquebrajar la sólida confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones, incurre en fraude.

Cuando manipula las redes sociales con troles, perfiles falsos, personas inexistentes, en apoyo de «supuestos logros», para sumar simpatizantes de cara a las elecciones, incurre en fraude.

Cuando maltrata de palabra a periodistas de medios independientes, que se «atreven» a incomodarlo con preguntas de incuestionable interés público, incurre en fraude. Cuando «inaugura» obras que no se han siquiera iniciado para engañar a los habitantes, incurre en fraude.

Cuando culpa a los organismos de control del gasto, del fracaso de obras mal planificadas, como “ciudad gobierno” y una “marina en Limón”, con la intención de erosionar su ganado prestigio institucional, incurre en fraude.

Cuando sin escrúpulo alguno, se burla de la fundamental veda electoral que reafirma la prohibición a mostrar beligerancia política de cualquier tipo, incurre en fraude.

En fin, independientemente de la magnitud de las ilegalidades cometidas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para cambiar el resultado de una elección reñida como la que se vislumbra. Muestra de esa eventual situación, fue el triunfo de don Óscar Arias sobre don Ottón Solís, decidido por solo el 1,1 % de los votos, sin que se hubiera dada beligerancia política alguna atribuible al respetado expresidente don Abel Pacheco.

Es claro pues, que incluso una beligerancia política apenas insinuada, podría tener un efecto brutal sobre la democracia, ¡si no es sancionada!, como ha de serlo en un país de derecho como Costa Rica, pues un resultado electoral sucedido en un contexto como el resumido, sería equivalente a un golpe de Estado, de sensibles, dolorosas, irreparables, consecuencias para nuestra amada Costa Rica. La sagrada voluntad popular, expresada en votos libres de perversas ilegalidades es el cimiento más importante de la institucionalidad que nos rige, y sobre la cual se ha construido un Estado admirado en el concierto de las naciones.

Por todo lo anterior, si en este momento histórico al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, se le ha de juzgar por numerosas causas de beligerancia política, y para ello es menester contar con el aval de una Asamblea Legislativa consciente de su alta responsabilidad, lo que los costarricenses esperamos es que las diputaciones se liberen de intereses personales o políticos, y le garanticen al señor presidente la oportunidad de responder a las acusaciones, con las opciones que le brinda el texto constitucional y la legislación electoral.

A solicitud de los magistrados del TSE, las damas y caballeros representantes populares que temporalmente conforman el Primer Poder de la República tienen ante sí, una responsabilidad superlativa, nunca antes vista. Su histórica decisión, aunque sustentada en hechos ya sucedidos, ¡es aún más importante para el futuro de la democracia costarricense!

Y es así pues en el caso injustificable de impedir juzgar al ciudadano que hoy preside el Poder Ejecutivo, se le estaría otorgando a éste un permiso para que, impunemente, siga adelante con su muy cuestionado comportamiento. Sería cual invitación, a mostrar sin desparpajo alguno, una beligerancia política desvergonzada, irrespetuosa, descarada, con la certeza de que cuenta con legisladores que le protegen e invitan a seguir por ese camino, y que no habría nada que le impida hacer lo que le dé la gana hasta el final de su administración.

Se trata pues, de escoger entre fortalecer el sistema democrático que aspiramos heredar a nuestros hijos y nietos, o el de asumir la vergonzante actitud de ponerse del lado de los que piensan que la Patria no es más que una palabra hueca, intrascendente, sin valor alguno. Por ello, respetuosamente instamos a las mujeres y hombres que están a pocos meses de alejarse de la gran sala del Plenario Legislativo, que antes de decidir cómo votar, lo conversen al interior de sus núcleos familiares, como generalmente sucede cuando se trata de tomar decisiones trascendentales que también afectan, para bien o para mal, a sus seres más queridos.

Dejar pasar como una cosa sin importancia una decisión semejante, podría tener efectos fatales, impensables, para la Costa Rica que solemnemente, invocando al Creador, una vez prometieron defender.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hay golpe de Estado, hay defensa de la ley y de la democracia”

Escrito en . Publicado en Análisis.

El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al reciente acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial al mandatario Rodrigo Chaves Robles, tras considerar que ha incurrido en beligerancia política, lo cual está prohibido para el cargo según la legislación costarricense.

Aguilar explicó que el procedimiento aplicado por el TSE se encuentra claramente establecido en el artículo 270 del Código Electoral, aprobado en 1996, el cual determina que, ante una acusación de beligerancia política, el Tribunal puede rechazarla o remitirla a la Inspección Electoral para su investigación. Si esta instancia considera que existe mérito, eleva el caso nuevamente al Tribunal, que puede entonces solicitar el levantamiento del fuero presidencial.

“Así de fácil: es un procedimiento legal”, afirmó el historiador, señalando que las denuncias contra el presidente no son recientes, sino que se remontan a diciembre del año pasado. “Las últimas fueron presentadas en marzo de este año por un grupo de ciudadanos en el que también participé”, añadió.

Aguilar recordó que el mandatario ha sido denunciado reiteradamente por acciones contrarias a la neutralidad política y cuestionó las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó la solicitud del TSE como un “golpe institucional”. “¿Qué entenderá esa señora por eso? —preguntó—. Golpe institucional sería que las mismas instituciones se dieran un golpe de Estado a sí mismas. Cuando se acata la ley no hay golpe. El problema es cuando no acatan la ley, como el presidente y como usted, doña Pilar”, expresó.

El historiador insistió en que las denuncias tienen sustento legal y no responden a motivaciones partidarias. “Nada tiene que ver con el Partido Liberación Nacional ni con acusaciones políticas. Todo eso son tonteras, maneras de ocultar la verdad. La verdad es que han violado la ley, y la ley está para cumplirse”, señaló.

Aguilar citó también el artículo 166 del Código Electoral, que establece que si, tras las investigaciones y audiencias correspondientes, el Tribunal determina que se ha cometido delito, puede solicitar la destitución del presidente. “Ahí sí, pero es cumpliendo la ley. Ahí no hay golpe”, enfatizó.

El analista advirtió que la ciudadanía no debe caer en la indiferencia frente a estos hechos, porque ello pondría en riesgo la democracia costarricense. “Si los costarricenses seguimos siendo indiferentes, vamos a matar la democracia”, manifestó.

Aguilar afirmó que el mandatario ha violado el Código Electoral en al menos 25 ocasiones, de las cuales el TSE solo ha señalado 15 en esta acusación, además de tener “más de un centenar de causas abiertas en la Fiscalía”.

Concluyó su intervención reiterando que el país no enfrenta un golpe de Estado, sino una defensa de la ley y del principio democrático.

“Aquí no hay golpe de Estado. Aquí hay defensa de la ley. Aquí hay el principio de que el ciudadano tiene una ley que lo protege para que no nos roben la democracia. Eso es lo que estamos haciendo.”