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Etiqueta: Tribunal Supremo de Elecciones

Un pecado capital de Laura Fernández y de todo el “chavismo”

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

En la religión católica existen los pecados capitales o graves y los veniales. Los evangélicos no lo entienden así, para ellos no hay pecados “pequeños” delante de Dios. No vamos a entrar en esta discusión teológica hoy. Sin embargo, vamos a hablar de una falta seria, entre muchas otras, de la candidata Laura Fernández en la política costarricense, avalada por su movimiento “chavista” y prohijada por los pastores con los que se reunió hace pocos días. Usamos el símil de un “pecado capital” cometido por el oficialismo, para que nos entiendan mejor todos los cristianos. Veamos.

¿Cuál fue el grave error en el que incurrió la candidata oficialista esta vez?

Vamos despacio; fueron varios los errores contra la Constitución de la República y el Código Electoral.

  1. El primero de ellos tiene que ver con un pacto que reveló el pastor Reynaldo Salazar del grupo político religioso “Foro Mi País” con Laura Fernández, que fue reconocido en la emisora “Stereo Visión Internacional”. Mientras Salazar hablaba del pacto, la candidata oficialista asentía con la cabeza, dando por buenas las palabras del religioso.
  2. El segundo se trata de haber reiterado el pacto por escrito en un panfleto que, un día después (15 de enero), el religioso solicitó a sus colegas pastores que lo distribuyesen entre sus feligreses durante una reunión celebrada en el “Templo Bíblico” de Tibás. La distribución del panfleto debía realizarse inmediatamente después de los oficios religiosos por parte de los pastores, quienes además debían indicarles a los feligreses de su respectiva congregación, que votaran por el oficialismo de la candidata Laura Fernández. Además, en esta reunión del 15 de enero, los pastores indicarían a los feligreses que al finalizar la reunión deberían dirigirse a las mesas a recoger los panfletos que distribuirían entre otros miembros “hermanos” de las iglesias evangélicas. La información señala expresamente que les añadieron a los pastores responsables que ello deberían hacerlo con el debido cuidado, “para que no se haga nada desde el altar ni en el culto, y que usted como pastor no se exponga…” Aquí cabe una preguntita que planteo de inmediato, ¿que no se exponga a qué o ante quién? Ya se les estaba sugiriendo actuar con sigilo y maña. ¿Por qué, si todo estaba bajo la luz del sol? (Cfr. L. Astorga y E. Oviedo. La Nación, 17 y 20 de enero 2026. Págs. 17 y 3 respectivamente)
  3. La Dirección del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de oficio abre una investigación sobre los hechos que hemos señalado. La investigación se inicia debido a la reunión sostenida entre el comando de campaña del PPSO (oficialismo) y los pastores religiosos evangélicos de “Foro Mi País”. Además, el Panfleto que sería distribuido (al parecer algo se distribuyó) con el nombre del PPSO se intitulaba: “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido del Pueblo Soberano?”
  4. En la reunión con los líderes religiosos estuvo presente de acuerdo con la información que reseñamos supra, Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia del PPSO y jefe de campaña de Fernández (Ibidem. 7.1.2026, pág. 7).
  1. Por su parte, Andréi Cambronero, jefe del despacho de la presidencia del TSE, explicó que el artículo 136 del Código Electoral expresamente prohíbe que se incluyan apelaciones de carácter religioso en la propaganda política. Esa sería una falta grave (“pecado capital” entre los católicos y falta grave entre los cristianos evangélicos). Una falta de esa naturaleza sería objeto de sanción por parte del Registro Electoral.
  2. Por otra parte, ya habíamos comentado sobre el “Pacto” que habían realizado los dirigentes del “Foro Mi País” con la candidata Fernández del PPSO. Hecho al que aludió Reynaldo Salazar en la entrevista del 14 de enero. Entonces, la candidata oficialista asintió con la cabeza, cuando Salazar dijo que ella había acordado otorgarles candidaturas a diputados, a líderes pertenecientes a congregaciones evangélicas y también que había aceptado que se le plantearan nombres de las mismas congregaciones para ocupar embajadas o ministerios en el caso de que se diera un gobierno suyo. También se produjo una admisión concreta de estos compromisos y otros, asumidos en su oportunidad por Rodrigo Chaves y, otros por Laura Fernández en el panfleto al que hemos aludido. Los acuerdos fueron firmados por la candidata del continuismo, Laura Fernández, desde el 23 de octubre del 2025 con el “Foro Mi País”.

La actuación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

El TSE emitió una medida cautelar, ordenando tanto a Laura Fernández como a Fabricio Alvarado, “…abstenerse de hacer manifestaciones públicas que directa o implícitamente, llamen a votar con base en razones o símbolos religiosos.” (Ibid. Medida Cautelar contenida en la resolución del TSE, del 16 de enero, en respuesta a los recursos de amparo electoral, expediente N° 034-2026). En la resolución del alto Tribunal se ordena detener de inmediato la distribución del panfleto que hemos mencionado.

La Constitución ordena la no injerencia de la religión en actividades oficiales de política electoral. Tampoco se permite a los seglares invocar motivos o creencias religiosas en sus actividades políticas.

En la Constitución de Costa Rica se prohíbe tajantemente, el uso de la religión en actividades político-electorales. La prohibición está contenida en el Artículo 28 de la Constitución Política, que a la letra dice: “No se podrá […] hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio de creencias religiosas”. Esta prohibición no entra en contradicción alguna con el artículo 75 de la Constitución en el que se garantiza tanto la libertad de culto como la laicidad del Estado en el sufragio. La prohibición antes bien protege la libertad de culto y a la vez asegura que las elecciones estén basadas en propuestas políticas y no en ningún tipo de coacción religiosa. Cualquiera puede comprobar lo dicho en la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Conclusión

La separación entre la Iglesia (cualquiera que sea su denominación) y el Estado es de larga data. No se trata de fobia anti religiosa. Todo lo contrario. El principio de la fe es la libertad de la creencia. Si alguien es coaccionado a creer, se pierde todo el sentido de la fe en Dios. De la misma forma, el Estado laico se basa en el principio de la defensa de la dignidad de la persona. Cualquier injerencia de la religión en la política, significa una imposición que contradice el principio moral de la dignidad de la persona. Se le estaría dando preeminencia a los creyentes por encima de los ciudadanos no creyentes, rompiendo así el principio de igualdad ante la ley. Por otra parte, en la política, las personas no pueden ser obligados a elegir. Si así sucediera, se estaría negando la esencia misma del nacimiento del Estado Liberal.

De modo que la tradición política costarricense que defiende por igual la libertad de cultos como la dignidad del ser humano, y custodia su independencia para elegir y ser electo, constituye una tradición que nos ha engrandecido como nación ante todas las demás naciones del mundo. Se quebraría el principio de la convivencia social como la conocemos los costarricenses. La legislación que aboga por la separación entre la Iglesia y el Estado protege tanto la religión como a la política. Cualquier intrusión de uno en otro, significaría un quebranto de la institucionalidad, de la libertad y la dignidad que nos tutela en la legislación tal y como se ha consolidado.

Los hechos narrados demuestran que Laura Fernández y el comando de campaña del PPSO, y por el otro lado los líderes religiosos evangélicos del “Foro Mi país”, no solo se proponían, violar la Constitución de la República, sino que de hecho ya la habían violado, porque los evangélicos ya habían distribuido, según parece, algunos de los folletos a los que nos hemos referido entre la hermandad evangélica de esa denominación. Por otro lado, lo más grave fueron los compromisos adquiridos con antelación, para reservar puestos desde las cúpulas religiosa y política, para conceder 24 diputaciones a los evangélicos y la apertura por parte de la candidata oficialista Fernández, para eventualmente darles embajadas o ministerios a los religiosos si lograran acceder al gobierno. Esto es grave y demuestra la proclividad del chavismo a violar la Constitución como parece haberlo hecho tantas veces. Las acusaciones contra Chaves y Fernández abundan en este sentido. Veremos cómo se resuelve en los estrados judiciales en el futuro próximo.

TSE ordena medida cautelar a Pueblo Soberano, Laura Fernández y Fabricio Alvarado

  • También deben acatarla la Federación Alianza Evangélica Costarricense, la Asociación Templo Bíblico Internacional, el Foro Mi País, así como los señores Reynaldo Salazar Salazar y Francisco Gamboa Soto.

San José, lunes 19 de enero de 2026. Mediante resolución de las 14:25 horas del 16 de enero de 2026, a través de la cual se admitieron a trámite los recursos de amparo electoral que se conocen en el expediente n.° 034-2026, conforme lo establece el artículo 230 del Código Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictó una medida cautelar en la que ordenó a la candidata Laura Fernández Delgado y al candidato Fabricio Alvarado Muñoz, junto con el partido Pueblo Soberano, que se abstengan de realizar manifiestos públicos que, directa o implícitamente, representen un llamado a votar por ciertas agrupaciones partidarias, apoyado en razones o símbolos religiosos, o de no hacerlo por otras, aunque no se identifiquen, pero resulten identificables, según coincidan o no con sus posiciones.

Esta medida cautelar, que incluye detener la difusión del folleto denominado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido Pueblo Soberano?” también debe ser acatada por los señores Reynaldo Salazar Salazar, Francisco Gamboa Soto, por la Federación Alianza Evangélica Costarricenses, la Asociación Templo Bíblico Internacional y por el Foro Mi País.

Las personas y organizaciones recurridas deberán instruir a los pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus fieles.

Esta medida cautelar debe ser acatada de inmediato tanto por las personas físicas como por las organizaciones recurridas. De acuerdo con lo establecido en el numeral 284 del Código Electoral, “la desobediencia o el incumplimiento, total o parcial, de las resoluciones (…) que, con fundamento en sus atribuciones constitucionales y legales, emita el TSE en materia electoral, constituye el delito de desobediencia previsto en el Código Penal”.

El TSE resolvió lo anterior ante los dos recursos de amparo electoral presentados por los señores Marco Antonio Morales Albertazzi y Mauricio Ordóñez Chacón, relacionados entre otros temas, con la presunta entrega de material propagandístico a favor de la candidata Fernández Delgado en un encuentro de pastores evangélicos realizado el pasado 15 de enero.

Intromisión extranjera en la campaña electoral de Costa Rica

Martín Rodríguez Espinoza

Lo que anunció Rodrigo Chaves no es un acto administrativo ni una visita protocolaria cualquiera, es una intromisión descarada en la campaña electoral costarricense, cuidadosamente montada como espectáculo político. Invitar al dictador Nayib Bukele en plena campaña, para “colocar la primera piedra” de una supuesta mega cárcel, es una provocación abierta a la institucionalidad del país y un mensaje electoral burdo a favor del oficialismo.

Que esta maniobra provenga de Rodrigo Chaves la vuelve todavía más grave. No se trata de cooperación internacional ni de intercambio técnico, es propaganda política importada, usando la figura mediática de un gobernante extranjero para influir en el electorado costarricense. Eso, aquí y en cualquier democracia que se respete, se llama injerencia.

El momento no es casual. En plena contienda electoral, montar un evento con luces, cámaras y discursos alrededor del llamado “Cacco” busca asociar mano dura, orden y autoridad, aunque sea prestada, con la candidata oficialista Laura Fernández. Aunque hoy digan que no hay una reunión “agendada”, ya la propia Pilar Cisneros dejó claro que “no se descarta una invitación”. El cálculo político es evidente.

Este acto debe ser condenado sin ambigüedades por la sociedad costarricense y, más aún, prohibido por el Tribunal Supremo de Elecciones. El TSE no puede mirar para otro lado mientras se usa a un mandatario extranjero, con un historial autoritario ampliamente cuestionado, para inclinar la balanza electoral. Si se permite esto, mañana se abrirá la puerta para que cualquier gobierno foráneo venga a hacer campaña en suelo nacional.

Costa Rica no necesita shows electorales disfrazados de obras públicas. Costa Rica se defiende con reglas claras, con soberanía, y con respeto al pueblo. Todo lo demás es una afrenta que no debemos normalizar.

8 de enero 2026

Óscar Aguilar Bulgarelli atribuye renuncia de tesorero a negativa de Laura Fernández de asistir a debate

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli afirmó que la renuncia de Valenciano Cranmer como tesorero de la campaña de Laura Fernández se habría producido luego de que la candidata se negara a asistir a un debate organizado por OPA, medio cuyo propietario —según indicó— es el propio Valenciano, pese a que, dijo, dicha propiedad se oculte mediante mecanismos como fideicomisos.

De acuerdo con Aguilar Bulgarelli, la negativa de la candidata a participar en ese debate generó un intercambio entre ambos y derivó en la renuncia del tesorero. Añadió que, posteriormente, Laura Fernández anunció que asistiría únicamente a cuatro debates: el del Tribunal Supremo de Elecciones, por tratarse de una obligación, y a los organizados por Trivisión, Radio Columbia y Repretel.

En su exposición, Aguilar Bulgarelli calificó a estos últimos medios como afines al gobierno y sostuvo que, en esos espacios, los debates serían conducidos con preguntas “light” o suaves, con el fin de facilitar las respuestas de la candidata y minimizar posibles errores. Señaló que, a su juicio, se trataría de formatos previamente controlados.

El analista enfatizó que la ciudadanía merece conocer la calidad intelectual, la capacidad y el nivel de conocimientos de quienes aspiran a la Presidencia de la República, y recordó —según expresó— las consecuencias de decisiones electorales tomadas en el pasado reciente. Dirigió además un llamado tanto a personas indecisas como a simpatizantes de la candidata para que exijan su participación en debates de ideas y conceptos, donde pueda demostrar su preparación.

Ver el video completo de la intervención de Óscar Aguilar Bulgarelli:

Un poderoso acuerdo

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En un país que dejó vencer su contrato social desde hace algunos años, alcanzar acuerdos y consensos es una tarea urgente y necesaria por cuanto lo que está en juego, ahora si, tiene que ver con el rumbo de la democracia y los valores de la convivencia ciudadana. La integración horizontal, en todo caso.

Ahora que los fuegos electorales entraron en veda y la circulación de mensajes y propaganda ha disminuido en su polifonía y volumen, es bueno recordar una acción plural suscrita recién en el mes de octubre.

Se trata del Acuerdo Nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco de la actual campaña electoral.

Hasta hace pocos años era impensable que algo así preocupara a la ciudadanía de cara a unas elecciones nacionales. Pero las amenazas a la libertad de expresión, la ausencia de debate público y los más de dos millones de publicaciones con mensajes de odio identificados en 2025 en el país encienden todas las alarmas posibles.

El acuerdo incluye entre otros aspectos el respeto irrestricto al rol del Tribunal Supremo de Elecciones, la garantía de la ética en la información socializada y el rechazo a las voces de odio e intolerancia. Uno de los compromisos que claramente dibujan la orientación del documento, tiene que ver con la corrección oportuna ante desinformación verificada.

Firmado por un conjunto importante de organizaciones de la sociedad civil, el proceso cuenta con el respaldo de instituciones de alto nivel en su función de testigos y garantes de lo suscrito, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Sede Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Programa Estado de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En una temporada clave para el rumbo del país en todas sus dimensiones, un contrato como el que presenta este acuerdo es urgente y poderoso en sus consecuencias. La ciudadanía, nosotros y nosotras, debemos acudir en su funcionamiento, pero sobre todo en la protección de su papel en esta delicada hora que se avecina.

Los fiscales de las mesas electorales de Pueblo Soberano

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral de Costa Rica tiene la fortaleza política, cívica, ciudadana, de que descansa en toda su organización en la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que despolitiza la administración del proceso en general, en tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, con su rango y estatus de Poder Público, es independiente de los otros poderes, especialmente del control del Poder Ejecutivo, tiene establecido por la Constitución Política y la legislación electoral la exclusividad, independencia, indelegabilidad de sus funciones y la imposibilidad de que sus funciones puedan ser subrogada por los otros poderes públicos.

Además, la organización final de las elecciones, desde que se entregan las tulas, los bolsos con toda la papelería electoral, a los miembros civiles de cada mesa de votación, hasta que terminado el conteo de los votos, y recogida de nuevo la tula con los resultados, todo en manos de los miembros de esas mesas, que han sido propuestos por los partidos políticos participantes, que inscribieron fiscales miembros de mesa, con las respectivas actas del resultado, con copia a cada uno de los miembros presentes en la mesa de recepción de votos, no solo se valida el proceso de votación, sino que se consolida en su resultado general que es aceptado técnicamente de inmediato. Aún así, se puede cuestionar el resultado de la revisión de papeletas, por si alguna se interpretó mal en la emisión del voto que representa, especialmente aquellas que son anuladas o votadas en blanco, con tal de revisarlas y si es del caso de rescatar esos votos. Puede suceder, igualmente que al revisar la votación se anulen votos de los emitidos, porque se encuentra una situación que permita anularlo.

Ejemplo de esto fue la elección del 2006, cuando en la Provincia de Limón, el Partido Acción Ciudadana, que no había presentado miembros de mesa, argumentó que podía haberse producido “algún fraude” en esas mesas, en virtud de que el resultado de las elecciones había sido, con una escasa votación, de 11.000 a favor de Oscar Arias. Pidieron revisión de las votaciones en toda la Provincia de Limón. Ante esa petición, Liberación Nacional se sumó para la revisión de los resultados, pidiendo que se contara todas las papeletas. Revisadas todas las provincias, Liberación Nacional pasó a 18.000 votos de diferencia.

Como se puede apreciar la presencia de los miembros de mesa puede ser muy importante para definir la cuenta final y definitiva de los resultados electorales, sobre todo que para los efectos de resultado se toma provisionalmente el resultado que informan los miembros de mesa. Si no hay cuestionamientos de revisión, se dan por válidos los resultados. No es fácil para los partidos políticos presentar fiscales y miembros de mesa en todas las mesas electorales del país. Los que tienen cierta ventaja, por su experiencia en elecciones, son los partidos que han participado en elecciones anteriores y tienen sus bases electorales, y su pueblo electoral fiel.

Para el proceso electoral próximo de febrero, se ha dicho que el Partido Pueblo Soberano no presentó miembros o fiscales de mesa, lo que resulta extraño, ya que en las elecciones municipales pasadas, los partidos que representaban al Gobierno, por su identificación con el presidente Chaves, al tercer partido en importancia, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en número de miembros de mesa. Más de 3000 presentaron, lo que les daba un alto nivel de control del resultado electoral.

¿Por qué su importancia? Supongamos, que en una mesa electoral solo hay dos representantes de dos partidos. Podrían ponerse de acuerdo en “anular” votos, o, en caso extremo, más delicado y peligroso penalmente, introducir votos, “haciendo votar” a los electores que no se presentaron a emitir sus votos. Ese es el quid.

Los partidos que del todo no presentan miembros de mesa, antes del 2006, quedaba expuestos a estas situaciones. A partir de entonces, el Tribunal de Supremo de Elecciones, empezó a contratar personas, para que actuaran como Fiscales Auxiliares de las mesas de votación para colaborar con la cuenta de los resultados y garantizar de esa manera el resultado nítido de la voluntad popular expresado en urnas.

Para las próximas elecciones, cuando el Partido Pueblo Soberano, como se ha dicho, “informalmente”, no ha presentado fiscales ni miembros de mesa, ¿qué interpretación podemos hacer? Simple y sencilla: están apostando a una derrota contundente, que impugnarían en sus resultados finales, argumentando fraude electoral, como ha venido sosteniendo el Presidente Chaves que el Tribunal Supremo Electoral pretende hacer en su contra, lo que ha llamado un “golpe de estado” en su contra, y en contra de los partidos que se representan con la necesidad de continuar su gobierno, para lo cual convoca constantemente a los ciudadanos en su favor, en su apoyo y en contra del “golpe de estado que le pretenden dar”. Esta es la clave de esta situación cuando en las elecciones municipales pudieron presentar una enorme cantidad de miembros de mesa.

En otro escenario, fatal para Pueblo Soberano, es que no tienen ninguna organización partidaria en capacidad de presentar miembros de mesa en todas las Juntas Electorales y sus mesas de votación, lo cual sería la razón fundamental de su posible derrota, desde el punto de vista organizativo y partidario, porque no se pueden pagar a razón de ¢10.000 (diez mil colones), con sus respectivas comidas en el día de votaciones para casi 6000 miembros de mesa, para cubrirlas todas, lo que equivaldría a 60 millones de colones, solo ese día, como les pagan a las personas que movilizan como acompañantes del presidente Chaves e sus gira cantonales, regionales o en las movilizaciones que intentan en San José, cuando así los convocan.

Toda esta fanfarria política se acompaña con la propaganda internacional que el presidente Chaves está montando, alrededor suyo, del “posible golpe de estado”, como quisieron hacer con el diputado Díaz Balart, del partido Republicano de Estados Unidos que públicamente hizo circular una “convocatoria” de la Embajadora de Costa Rica en Washington, para que le rindiera cuentas de las “amenazas” que había en Costa Rica contra el proceso electoral y contra el Presidente Chaves, cuando por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones, por denuncias de ciudadanos acusándolo de “beligerancia”, era convocado a la Asamblea legislativa, para conocer de esa situación y si correspondía constitucional y legalmente quitarle su fuero para someterlo, en instancias judiciales, la electoral es una de ellas, a su investigación.

El único interesado en un “golpe de estado” es el mismo presidente, impulsando un “autogolpe de estado”, impulsando una situación de inseguridad nacional, como lo está haciendo, inseguridad “institucional”, con todas las críticas y ataques que hace constantemente a los supremos poderes del Estado, a diferentes instituciones públicas, a los diputados y sus partidos, para que los ciudadano pierdan “su confianza” en toda la institucionalidad y así provocar, de ser posible, antes de las elecciones un estado de incertidumbre, de inseguridad agravándolo con la violencia e inseguridad ciudadana que se vive y que se estimula desde el gobierno, para tratar de provocar un “estado de excepción”, que le permitiera suspender garantías constitucionales, que le permitiera “suspender” hasta el mismo procesa electoral, manteniéndose de esa forma en el gobierno, por la fuerza, procurando crear un clima que le permitiera convocar a un nuevo proceso electoral varios meses después, sin “estorbos” políticos, por la represión que desataría o por los mecanismos que establecería para garantizar su “posible continuación gubernativa”. Los grupos armados que tiene en las regiones norteñas del país serían sus “brigadas” defensoras de la “institucionalidad y del presidente Chaves”, como los principales líderes de esos movimientos armados, constantemente expresan.

Este es el peligroso camino que están construyendo, desde la ausencia de los miembros de mesas y fiscales de votación en Pueblo Soberano y en la cúpula superior del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Si es cierto que no presentaron miembros de mesas para todas las juntas electorales y sus mesas de votación, es porque no tienen organización partidaria capaz de existir en todo el territorio nacional, mostrando se evidente debilidad político-organizativa, que las encuestas no muestran por ahora, porque se enfocan solo en las candidaturas de las personas. Pero, esas personas, en esas encuestas amañadas por la propaganda y por la pre-escogencia de visibilidad que les dan a algunos candidatos, se toparán con la encuesta real, válida, que es la del primer domingo en urnas.

Pronunciamiento del Encuentro Democrático sobre procesos que competen exclusivamente al orden constitucional costarricense

Desde el Encuentro Democrático consideramos necesario exponer, de manera clara y responsable, nuestra posición ante las recientes declaraciones emitidas por actores políticos extranjeros sobre procesos que competen exclusivamente al orden constitucional costarricense.

Costa Rica es una República Libre, Democrática y Soberana, forjada en una tradición cívica que se afirma desde hitos históricos como la Gesta de 1856, y consolidada gracias a instituciones que han sabido sostener nuestra vida política sin interrupciones ni tutela externa. Esa soberanía —política, jurídica y moral— no puede relativizarse según conveniencias coyunturales ni trasladarse al arbitrio de poderes extranjeros.

Reafirmamos nuestro respaldo al Tribunal Supremo de Elecciones, una institución central en la estabilidad democrática del país. Su trabajo ha sido clave para garantizar elecciones confiables, y es fundamental recordar que el procedimiento de levantamiento de inmunidad presidencial no equivale a destitución, sino a un paso legal previsto para asegurar el debido proceso.

Asimismo, es importante señalar que algunos actores nacionales han amplificado afirmaciones provenientes del extranjero que no solo carecen de rigor, sino que exageran y distorsionan la situación de forma descarada. Lo afirmado por un congresista no representa al Congreso de los Estados Unidos; ni siquiera constituye la posición de una comisión, subcomisión o instancia oficial. Convertir declaraciones individuales en supuestas posturas institucionales extranjeras es irresponsable y atenta contra la inteligencia del debate público.

Desde este espacio ciudadano, académico y progresista, insistimos en que los asuntos nacionales deben resolverse en Costa Rica, con apego a la Constitución, con serenidad democrática y sin concesiones a narrativas que buscan confundir o erosionar la confianza en nuestras instituciones.

Llamamos a una discusión política seria, informada y respetuosa, que coloque la dignidad humana, la igualdad de género, la justicia social y la sostenibilidad ecológica en el centro de la vida política. Trabajamos, como siempre, por una Patria Inclusiva, una Patria más justa, humana y comprometida con la paz.

Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático

San José, Costa Rica

Óscar Aguilar Bulgarelli: “La Constitución del 49 y el Tribunal Supremo de Elecciones son pilares de nuestra democracia”

El historiador y analista Óscar Aguilar Bulgarelli recordó este 7 de noviembre, fecha en que Costa Rica conmemora dos hechos históricos fundamentales: la defensa del derecho al voto en 1889 y la promulgación de la Constitución Política de 1949, que desde entonces ha garantizado la estabilidad democrática y la paz del país.

Aguilar señaló que el 7 de noviembre de 1889 marcó la primera gran defensa popular del sufragio:

“El pueblo se levantó en armas y rodeó la ciudad de San José para defender algo muy importante: el derecho a la elección libre de un presidente. La imposición que quiso hacer Bernardo Soto no prosperó, porque comprendió que la sangre de los costarricenses valía más que el poder”.

El analista recordó también que el 7 de noviembre de 1949, hace 77 años, fue aprobada la Constitución Política que dio origen al marco institucional actual:

“Todo el marco que nos ha permitido vivir en paz y tranquilidad durante 77 años se aprobó hoy, exactamente un día como este. Esa Constitución creó el Tribunal Supremo de Elecciones, institución que nos permite ir a elecciones libres, le guste o no al presidente de la República”.

Defensa del TSE y respeto a la legalidad

Aguilar enfatizó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha sido una de las instituciones que mejor ha garantizado la democracia costarricense, aunque reconoció que puede haber cometido errores en el pasado.
Sin embargo, advirtió que estos no justifican los intentos de deslegitimar o atacar al órgano electoral.

“La intervención contra este Tribunal el pasado miércoles fue inaudita, por sus términos y su forma. El presidente dice que no ha hecho beligerancia política, pero por supuesto que sí la ha hecho. Lo que ha habido es un irrespeto a la ley de su parte, y eso debe quedar muy claro”.

El historiador recordó que fue el propio TSE quien garantizó la validez de los votos que permitieron la elección del actual mandatario:

“Ese Tribunal envió en las elecciones pasadas a sus delegados a todas las mesas del país para cuidar el voto que lo hizo presidente. Usted se llenó la boca celebrando aquella elección, pero ahora, porque le piden respetar las normas del juego electoral, reacciona con improperios”.

Llamado al respeto institucional y la paz

Aguilar concluyó su exposición con un llamado al respeto de la institucionalidad y de las normas democráticas:

“No es amenazando al pueblo como vamos a tener elecciones libres y democráticas, sino respetando la Constitución. Los costarricenses queremos vivir en paz y superar este proceso para volver a tener una persona en la presidencia que se gane merecidamente el honor de ser llamada presidenta o presidente de la República”.

Cuando el poder se confunde con la verdad: una defensa cívica del Tribunal Supremo de Elecciones

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En los últimos días, el debate público costarricense ha girado en torno a las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones. Las declaraciones del presidente de la República, al acusar a los magistrados del TSE de “amenazar la democracia” y “violar la Constitución”, no solo reavivan un conflicto político, sino que ponen a prueba la madurez institucional del país.

Más allá del intercambio retórico, lo que está en juego es el principio republicano de separación de poderes y la confianza ciudadana en el árbitro electoral que ha garantizado, por más de siete décadas, la estabilidad democrática costarricense.

El propósito de este texto no es alimentar la confrontación, sino invitar a una reflexión cívica y pedagógica sobre el significado profundo del respeto institucional, los límites del poder y la responsabilidad ciudadana de resguardar el equilibrio constitucional. Para ello, propongo un análisis desde tres lecturas complementarias: una jurídico-institucional, otra política discursiva y finalmente cívico-pedagógica. Quienes puedan leer esta reflexión pueden intervenir en el debate.

Lectura jurídico-institucional: el TSE como pilar de la democracia constitucional

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 99, confiere al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad exclusiva y vinculante de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. Este diseño no es accidental: responde al propósito histórico de proteger la pureza del proceso electoral frente a las presiones políticas.

Cuando el presidente de la República acusa a los magistrados electorales de “violar la Constitución”, incurre en una inversión del orden constitucional. No es el Ejecutivo quien interpreta ni juzga la legalidad de las actuaciones de un órgano autónomo, sino el Derecho —a través de los mecanismos institucionales previstos— quien determina los límites de cada poder.

Como advertía Norberto Bobbio, “la democracia se mide no por la fuerza de la mayoría, sino por los límites que la Constitución impone al poder” (El futuro de la democracia, 1984). El TSE encarna precisamente esa frontera: el lugar donde la soberanía popular se traduce en legalidad y donde ningún presidente puede situarse por encima de la norma.

Lectura política y discursiva: la erosión simbólica de la institucionalidad

Más allá de las declaraciones, el peligro radica en la estrategia discursiva que busca debilitar la confianza ciudadana en las instituciones arbitrales. Cuando un presidente acusa al árbitro de “amenazar la democracia”, introduce en la esfera pública una lógica de sospecha que reemplaza el debate racional por la deslegitimación emocional.

Este tipo de narrativa, propia del populismo contemporáneo, pretende sustituir la pluralidad institucional por la voz personal del líder. Habermas advertía que la legitimidad democrática depende de “la circulación de razones en el espacio público” y no de “la imposición de verdades desde el poder” (Facticidad y validez, 1992).

El discurso presidencial, al presentarse como intérprete moral del orden constitucional, desplaza la deliberación jurídica hacia el terreno de la fe política. Y en ese desplazamiento, la democracia se empobrece.

Lectura cívico-pedagógica: recuperar el sentido de la crítica democrática

La defensa del TSE no debe entenderse como un acto de complacencia institucional, sino como una tarea cívica de protección del equilibrio democrático. Las instituciones no son infalibles, pero su crítica debe provenir del respeto, el conocimiento y los cauces legales, no de la descalificación pública desde el poder.

En una democracia madura, los límites al poder no son obstáculos, sino garantías. Luigi Ferrajoli recuerda que “sin límites, el poder deja de ser democrático y se convierte en mera dominación” (Derecho y razón, 1995).

Por eso, frente a los ataques verbales y las descalificaciones, lo que corresponde no es replicar con fanatismo, sino educar políticamente: recordar que los árbitros electorales no gobiernan, pero hacen posible que gobernemos en libertad.

La independencia del Tribunal Supremo de Elecciones es, en última instancia, una expresión de la soberanía ciudadana, no de un privilegio burocrático. Defenderla es defender la posibilidad misma de elegir, disentir y decidir sin miedo.

Costa Rica ha preservado por más de siete décadas una cultura democrática basada en la confianza en sus instituciones. Esa confianza no puede ser patrimonio de un gobierno ni rehén de un discurso.

El respeto al TSE no es reverencia: es conciencia cívica. Cuando el poder se confunde con la verdad, el deber ciudadano es recordar que la verdad constitucional no tiene dueño.

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA respalda a la presidenta del TSE y llama a defender la institucionalidad

El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional de Costa Rica expresó su respaldo público y solidario a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, ante los ataques verbales y políticos provenientes del Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento, aprobado por unanimidad mediante el acuerdo 0183-2025, reafirma la defensa de la independencia judicial y electoral como pilares esenciales de la convivencia democrática y del Estado de Derecho.
El IEM subraya que desacreditar al órgano encargado de garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales equivale a debilitar la legitimidad del poder político y a amenazar la paz social que ha caracterizado a Costa Rica desde 1949.

El documento destaca la valentía y el compromiso ético de la magistrada Zamora, primera mujer en presidir el TSE, y reconoce su trayectoria de servicio público en defensa de los derechos humanos, la participación política de las mujeres y el fortalecimiento democrático.
“La respuesta de la magistrada es un acto de responsabilidad institucional y de liderazgo cívico”, señala el comunicado, recordando que su intervención defiende no solo la institucionalidad, sino también el respeto y la verdad como fundamentos del debate público.

El Instituto llama a la sociedad costarricense, la academia y las instituciones públicas a proteger con firmeza los espacios democráticos, rechazar los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones y respaldar a las mujeres que, desde el servicio público, defienden los valores republicanos y los derechos conquistados.

Finalmente, el IEM reitera su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, la igualdad de género en la esfera política y la protección de quienes sostienen, con integridad y convicción, los principios de justicia, equidad y respeto mutuo.

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