En aras de alcanzar mayores niveles de paz social, con justicia y equidad en la cotidianidad universitaria y en todos sus ámbitos, las Universidades Públicas costarricenses adscritas al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) declararon el 2017 como el «Año de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz».
Como parte de esta declaratoria se han organizado una serie de actividades a lo largo del año en las universidades públicas de Costa Rica. Dadas las condiciones de violencia de diferente naturaleza que viven las sociedades centroamericanas, nos interesa también reflexionar sobre esas condiciones y escuchar los testimonios de personas de los diferentes países que están comprometidas con las luchas y movimientos por la justicia y el fin de la violencia.
El 19 de setiembre del año en curso, a las 3:00 p.m. tendrá lugar el Foro de Reflexión sobre los Hechos de Violencia en Centroamérica en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. En el documento adjunto encontrará información sobre las panelistas.
Las organizaciones señalaron que en los últimos años la población penitenciaria en Costa Rica ha experimentado un aumento considerable. Así, indicaron que la tasa de prisionalización es de 352 personas por cada 100.000 habitantes. “Costa Rica tiene una población carcelaria mayor a la de países con mayor criminalidad, como Brasil o Guatemala”, señaló Manuel Rojas, representante de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR.
Indicó que lo anterior obedece a la adopción de políticas de mano dura, que privilegian las medidas privativas de libertad sobre aquellas menos restrictivas; legislación que permite la prisión preventiva por circunstancias ajenas a las permitidas por los estándares internacionales; normas que posibilitan vulneración de garantías reconocidas en la Convención Americana; entre otros. Igualmente, señaló que algunos jueces han sido perseguidos por aplicar la Convención y por realizar sustitución de prisión preventiva por medidas cautelares distintas, aunque permitidas por el ordenamiento.
Por su parte, Gisela De León, de Cejil, agregó que, para que un centro penitenciario funcione de manera adecuada, debe contar con infraestructura apropiada, personal suficiente y capacitado y programas adecuados para la reinserción social. Sin embargo, todos estos factores son insuficientes ante el aumento de la población penitenciaria, lo que a su vez incide negativamente en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
Las organizaciones peticionarias reconocieron los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el liderazgo de la Ministra Cecilia Sánchez, para reducir el hacinamiento penitenciario. Sin embargo, resaltaron que la respuesta a este problema parte de la necesidad de un cambio en la política criminal.
La representante de Cejil explicó que, dentro de la población penitenciaria, hay grupos que se encuentran en una situación más vulnerable. Por ejemplo, las mujeres, las personas de pueblos indígenas, personas LGTBI. En particular se refirió a las afectaciones que sufren éstas últimas, a partir de la información obtenida a partir de un diagnóstico realizado en la materia, gracias al apoyo de la Unión Europea. Asimismo, Gisela reconoció que el Ministerio de Justicia y Paz ha realizado esfuerzos para abordar estas situaciones violatorias.
A la audiencia asistió la máxima representante de la cartera, quien informó las medidas que ha adoptado para profundizar en las garantías a favor de la población penitenciaria. Destacó, dentro de su exposición, que actualmente trabaja en conjunto con Cejil en la adopción de un protocolo para la atención de la población privada de libertad LGBTI.
Asimismo, relató que producto de las medidas que ha adoptado ha recibido una serie de ataques de diversos sectores. En respuesta, los representantes de la Comisión Interamericana dieron muestras de su solidaridad. En particular James Cavallaro, Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad calificó su trabajo de extraordinario y un ejemplo para las Américas.
Las organizaciones solicitaron que, en atención a lo anterior, la Comisión respalde el trabajo que viene realizando el Ministerio de Justicia y Paz costarricense y que solicite información al Estado en relación a las medidas adoptadas para adaptar su política criminal a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La audiencia fue solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Cejil para exponer los hechos, que a su vez generan un discurso fundamentado sobre el tema, el cual fue escuchado por representantes del Gobierno de Costa Rica y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta última emitirá recomendaciones.
Prensa de Cejil contactar con Fancisca Stuardo al correo fstuardo@cejil.org
Compartimos el link del documental «Anfibios: esperanza en sangre fría«, un documental de la Escuela de Biología de la UCR sobre las declinaciones enigmáticas de anfibios en Costa Rica.
*Imagen tomada del documental.
Enviado por Hannia Rodríguez, Productora, Documental.
UCR expone ante CIDH situación del sistema penitenciario de Costa Rica
Comunicado
La Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) participarán este 6 de noviembre en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar del sistema penal y penitenciario.
Actualmente, Costa Rica presenta uno de los índices de prisionalización más altos de la región latinoamericana: 352 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. La cifra sólo es superada por países con índices de criminalidad superiores a este Estado, como Brasil, Guatemala y Honduras. Además, el sistema penitenciario costarricense presenta un 40% de hacinamiento total generalizado, de acuerdo con su capacidad real.
Estos índices representan las consecuencias, tras décadas de utilizar el sistema punitivo de manera ajena a las regulaciones que exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la constante creación de normas para incrementar las penas; de procesos de juzgamiento expeditos, entre muchas otras causas.
A raíz de estas acciones, el sistema penitenciario costarricense está colapsado. Además, el hacinamiento carcelario ha generado condiciones de vida precarias afectando los derechos humanos de personas privadas de libertad. Particularmente, vulnera los derechos de mujeres, población LGBTI, personas indígenas, población con discapacidad, personas afrodescendientes o adultas mayores; y también ha limitado la capacidad del Estado de cumplir con la función de inserción social a la que se comprometió.
La información presentada en la audiencia corresponde, en parte, a un proyecto de Cejil financiado por a la Unión Europea, que tiene como objetivo promover la protección de los derechos humanos (DH) de las personas LGBTI privadas de libertad, contribuyendo a disminuir prácticas discriminatorias en su contra (más información).
Sobre la audiencia
La audiencia fue solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Cejil para exponer los hechos, que a su vez generan un discurso fundamentado sobre el tema, el cual será escuchado por representantes del Gobierno de Costa Rica y de la Corte Interamericana, esta última emitirá recomendaciones.
Por parte de la UCR será el profesor Dr. Manuel Rojas Salas, de la Maestría en Ciencias Penales y especialista en derecho penal, quien participará de la audiencia. Además, la delegación del Gobierno de Costa Rica será encabezada por la ministra de Justicia y Paz, María Cecilia Sánchez Romero.
Para atención a la prensa se puede coordinar en Ciudad de México con la la oficial de comunicación de Cejil, Francisca Stuardo al correo: fstuardo@cejil.orgo por vía whatsaap, previa solicitud de gestión con Gabriela Mayorga al 2511-1167 / 8912-8400
País
Costa Rica
Tema
Derechos de las personas privadas de libertad
Peticionarios
Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
Día y hora
Miércoles 06 de setiembre de 2017 / 11:30am – 12:30pm Ciudad de México / 12:30pm-13:30 pm Costa Rica
Lugar
Salón A Conferencia: Interamericana de Seguridad Social (CISS) San Ramón s/n, Col. San Jerónimo Lídice, 10200, Ciudad de México
Las acciones que realiza la Universidad de Costa Rica (UCR) desde sus estudiantes, personal docente y administrativo, en materia de acción social, serán motivo de reflexión en el Foro de Acción Social, una serie de actividades que dieron inicio a partir de este mes y concluirán en abril del próximo año, a través de cinco fases.
La primera etapa está marcada por los encuentros comunitarios o de reflexión sobre la acción social en las diferentes unidades académicas, que se desarrollan entre agosto y setiembre. El objetivo de inicio es el de crear un diálogo de reflexión y propuestas sobre la acción social con miembros de la comunidad universitaria y personas provenientes de las comunidades donde la UCR realiza obras de impacto directo, con el fin de determinar la interacción universidad – sociedad en el futuro.
La segunda parte abarcará dos días – el 26 y 27 de octubre –, cuando se realizarán actividades para hacer una puesta en común del aporte de los encuentros comunitarios sobre la acción social, cuyo fin será analizar y discutir los resultados de la primera etapa.
En la tercera fase se efectuarán las Jornadas de reflexión y propuestas de acción, el 16 y 17 de noviembre, con el propósito de realizar planteamientos concretos de acción social frente a los desafíos del siglo XXI desde la normativa institucional.
La cuarta etapa se realizará dentro del marco de la Escuela de Verano de Extensión – Acción Social, del 10 al 27 de febrero del próximo año, donde se organizarán formaciones de docentes y estudiantes de universidades públicas latinoamericanas, en conjunto con algunas comunidades rurales y urbanas de Costa Rica, a través de una experiencia teórico práctica.
Por último, la quinta etapa coincidirá con la semana de conmemoración del Centenario de la Reforma de Córdoba, del 24 al 28 de abril de 2018, cuando se presentará la ruta a seguir de la UCR referente a la acción social, en el marco de estos 100 años de gran relevancia para la conformación de los valores que rigen la vida universitaria en toda la región latinoamericana.
Para la vicerrectora de Acción Social, M.Sc. Marjorie Jiménez, el foro propicia reflexiones sobre las nuevas formas de vinculación entre la universidad y la sociedad, de modo que la institución se evalúe desde lo interno para poder proyectarse mejor hacia afuera.
«Si bien la UCR ha avanzado mucho en su modelo de acción social, el cual es muy solidario, debemos analizar su reconceptualización. Nos interesa analizar la acción social de la universidad, la cual está no solo en manos de una vicerrectoría, sino que es responsabilidad de toda la institución el ponernos de acuerdo en las reglas y lineamientos para el futuro«, señaló la M.Sc. Jiménez.
La funcionaria de apoyo logístico de la VAS, M.Sc. Natalia Carballo, quien también es organizadora de esta actividad, rescató que la diversidad de la acción social en la universidad debe llevar a la institución a un diálogo interno y externo, de modo tal que permita establecer una conciencia clara de la situación actual y de los desafíos que se pueden presentar en el horizonte.
«Hay una teoría que es transversal sobre lo que queremos hacer en los foros, pero no queremos imponer nada. Los encuentros comunitarios posibilitarán el diálogo entre las unidades académicas y sus comunidades; cada área de conocimiento sabe cómo se acerca. Estas fases también incluyen el diálogo a lo interno de la universidad, porque también somos una comunidad«, infirió la M.Sc. Carballo.
Entre los temas novedosos que tocarán los foros destaca la interacción de la universidad con las comunidades virtuales, a través de la tecnología y el acceso a Internet, de manera que la universidad pueda utilizar los entornos digitales para realizar aproximaciones a esas poblaciones e interactuar con ellas y beneficiarlas.
Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría
Las comunidades con las que interactúa la institución, como la indígena de La Casona, en Coto Brus, serán indispensables para obtener una evaluación más clara del estado actual de la acción social en la universidad. Foto: Archivo / ODI, UCR.
Una nueva publicación acaba de salir del horno del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, la misma contiene una guía clara para reducir la pobreza y la desigualdad en el país y fue compilada por los investigadores Leonardo Sánchez Hernández y Rafael Arias Ramírez.
Se trata del título “Educación, pobreza y desigualdad en Costa Rica” y el mismo se presentó este jueves 31 de agosto a las 9:30 a. m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Se trata de una guía muy clara y precisa para la elaboración de política pública en materia educativa.
La principal conclusión es que la educación universitaria y secundaria incide en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Aunque se podía tener alguna certeza de que así era, la investigación demuestra con detalle esa relación positiva entre las variables, logrando además hacer contribuciones teóricas y metodológicas.
El resultado es el mismo al evaluar la incidencia de la educación en la pobreza, sea esta medida por la vía de las necesidades básicas insatisfechas o por línea de ingresos.
Los resultados muestran el entorno del colegio, la calidad de las instalaciones del centro educativo y el perfil del docente tienen pesos importantes en el logro educativo de los estudiantes; y señala categóricamente que promover más la educación secundaria y universitaria permitiría disminuir la pobreza y la desigualdad en los distintos cantones del país.
Recomendaciones de política
Para incidir en la reducción de la pobreza, que en costa Rica afecta al 20% de la población, los autores recomiendan alcanzar la universalidad de la educación secundaria y, a la vez, lograr alta cobertura en esta; teniendo presente que, ante el cambio demográfico, se da un aumento relativo del peso poblacional de los adolescentes, aspecto que exigiría incrementar los esfuerzos para lograr que con el aumento de esta población también aumente la tasa de matrícula.
Las características de los profesores son importantes y determinantes para el logro educativo de los estudiantes. Docentes con mayor experiencia, mayor nivel académico, mejor condición laboral y formados en universidades públicas tienden a disminuir los porcentajes de repitencia y deserción. Más específicamente a medida que se incrementa la edad del docente o este tiene mayor grado académico, será menor la posibilidad de desertar.
Mejorar el rendimiento de los colegios no pasa solo por políticas asistenciales de ayuda económica a los estudiantes, es de vital relevancia la necesidad de supervisar la calidad docente, la publicación señala que la política de incentivos al profesorado debería estar relacionada con el rendimiento de sus estudiantes.
También advierte que la calidad de las instalaciones o infraestructura de las escuelas y colegios es importante para el éxito educativo, pues esta compensa las carencias de origen de los estudiantes. Es decir si el entorno del hogar no es favorable, el centro educativo lo puede compensar.
Otro de los hallazgos es que conforme los colegios académicos se alejan del centro urbano más cercano, se incrementan las probabilidades de deserción. En específico, por cada kilómetro que se aleje el colegio, existe 2,6 veces más probabilidad de aumentar en un punto porcentual la deserción.
Este y otros resultados ofrecen en su conjunto una ruta esclarecedora para quienes deben tomar decisiones de política pública en materia educativa, a ellos la Universidad de Costa Rica, a través del IICE y de sus profesionales vinculados les extiende una invitación a conocer a profundidad la publicación.
Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).
El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.
La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.
La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.
Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.
La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.
Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.
La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.
Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.
Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.
Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.
A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.
En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.
No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.
Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.
En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.
Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.
Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.
Como una iniciativa de la FEUCR y de estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, se elaboró dos videos en los cuales se expresa la preocupación existente por dos temas de importante trascendencia. El primero de ellos es acerca del negocio de la piña, el cual provoca destrucción ambiental y violación a los derechos laborales; el segundo habla sobre ¿por qué limitan los datos celulares al mes?
Situación no afectará las labores sustantivas ni el sistema de becas de la UCR
Andrea Marín Castro,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Con este acuerdo para el FEES 2018 todavía no se llega a lo establecido en la Constitución Política que dicta un 8% del PIB para la educación pública y un 1,5% del PIB para la educación superior pública (foto archivo ODI).
Los miembros de la Comisión de Enlace firmaron este martes 29 de agosto el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal (FEES) para el 2018.
Las partes acordaron establecer el monto del FEES para el próximo año en ₡496.266,72 millones y la transferencia de la UTN en ₡33.853,32 millones, lo cual corresponde a un incremento del 3,7% en relación con el monto del 2017.
Sonia Marta Mora, Ministra de Educación Pública, declaró que, a pesar de la compleja situación fiscal y económica del país, se evidencia un gran compromiso con la educación.
“Las universidades públicas son un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país. Este acuerdo reafirma los logros alcanzados para la educación universitaria, lo cual reviste una enorme importancia para Costa Rica”, manifestó Mora.
Ya el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR se había referido al tema y había enfatizado que nunca será aspiración de la institución avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen. Dijo que no se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, si no de compromiso social y solidaridad.
“No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados”, acotó Jensen.
Así mismo aseguró que esta situación no afectará las labores sustantivas ni el sistema de becas de la UCR, ya que desde hace varios años la institución ha implementado distintas medidas de contención del gasto que le permitirán afrontar este acontecimiento.
Para Luis Guillermo Carpio, presidente de CONARE “al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación en general y de la educación superior en particular. En este acuerdo privó el reconocimiento de la compleja situación fiscal del país, como se evidencia en el hecho de que se mantiene en el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Los rectores somos conscientes de la coyuntura presupuestaria y de los esfuerzos gubernamentales que se han realizado por enfrentar esta realidad. El convenio suscrito garantiza la operación normal de las universidades sin afectar aspectos sustantivos, becas y otros beneficios estudiantiles”.
En el acuerdo, las instituciones de educación superior estatal reiteran su compromiso de continuar las acciones de revisión y análisis, que ya se llevan a cabo, tendientes a la optimización de sus gastos operativos, la identificación de las oportunidades de mejora y la racionalización en el uso de los recursos.
También, se reafirma como principio asegurar un crecimiento equilibrado de los componentes del sector educación, para alcanzar el 1,5% del PIB nominal para el FEES en el tanto se alcance el 8% del PIB nominal para el sector educación en su conjunto.
Cifra se genera por una mayor oportunidad de denuncia y visibilización del problema
Población alzó su voz para demandar mayor respeto y amabilidad de trato en servicios públicos y privados
Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Los problemas que más aquejan al envejecimiento son de orientación económico. ¿Qué significa esto para los gobiernos de turno?: una redistribución de las cargas económicas destinadas a diferentes poblaciones, según la incidencia en el incremento de este grupo poblacional, afirmó Zulema Villalta del Conapam.
Maltrato, irrespeto y menosprecio, son algunas de las manifestaciones típicas de violencia que experimentan las personas adultas mayores en escenarios que van desde la atención en instituciones públicas o privadas, hasta en el uso del transporte público, e inclusive en el mismo hogar.
Así lo manifestaron un grupo de siete adultos mayores representantes de las sedes regionales y recintos de Puntarenas, Limón, Guanacaste y Alajuela, quienes compartieron sus experiencias de vida y retos que perciben ante diversas acciones cotidianas. Su presentación se dio en el marco de un Pre-Congreso realizado por el Programa de Posgrado en Gerontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) el miércoles 23 de agosto, actividad que encabezó el VI Congreso Internacional de Gerontología que se llevó a cabo el jueves 24 y el viernes 25 en el Hotel Wyndaham Herradura.
Durante la exposición, los ponentes exigieron un mayor respeto, amabilidad, paciencia y calidad en el trato que reciben en diversos servicios públicos y privados, principalmente en hospitales, clínicas, bancos y transporte. La petición responde a una situación de violencia que ha estado viviendo esta población en los últimos años, y que ha incrementado en la cantidad de casos registrados.
De acuerdo con Zulema Villalta Bolaños, Presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la institución atiende anualmente cerca de 1.500 reportes, y cada año la cifra aumenta aproximadamente en un 20%. Villalta explicó que ese número se genera no porque exista más agresión a nivel social, sino porque los adultos mayores tienen una mayor oportunidad de denuncia.
Dentro de los espacios más frecuentes de maltrato se encuentran los servicios de salud, el hogar y el transporte público, donde este último es el más común. Beatriz Grant Rojas, adulta mayor y expositora en la actividad, expresó que algunos conductores de autobús del servicio público aún se niegan a aceptar la cédula que los exonera del pago del pasaje. Esa situación se suele acompañar de malos gestos, irrespeto, poca paciencia y la retención ilegal del documento por parte de los choferes.
En cuanto a los servicios de salud, Villalta señaló problemas de infraestructura para brindar una atención óptima a la población adulta mayor. “Cuando hablamos de salud, hablamos de un hospital que ya está colapsado, sin salones modernos, que vuelve grosera la permanencia de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores están para cumplir con un programa de acompañamiento, de dignidad”, indicó.
Para enfrentar la situación de violencia que experimenta la población adulta mayor, la UCR ha impulsado el Congreso Internacional de Gerontología desde hace de más de 10 años, con el propósito de incidir en las políticas públicas, y promover cambios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Además, ha puesto a disposición un consultorio jurídico gratuito y especializado en la Facultad de Derecho, a fin de dar acompañamiento a los adultos mayores en la realización de dilegencias judiciales.
Un maltrato con secuelas
Filadelfio Sánchez Ramírez, también ponente en el pre-congreso y adulto mayor, enfatizó la falta de calidad en la atención al momento de realizar gestiones bancarias. En ocasiones quienes los atienden suelen evitar el contacto visual, y realizar los trámites sin tomar en consideración las limitaciones típicas de la etapa de la vejez.
“Queremos que se nos atienda con dignidad, como personas que somos, y que se nos respeten nuestros derechos. Deseamos que se eviten las actitudes de rechazo, y se nos dé una buena comunicación, que nos miren a los ojos. No es la primera vez que vamos a un banco y la persona que atiende no levanta la mirada porque es un adulto mayor. Esto es vergonzoso”, mencionó.
Los tipos de agresión que esta población sufre, abarcan desde el físico, sexual, psicológico, patrimonial y de abandono, hasta violencia institucional y estructural. El último se genera por la falta de políticas y recursos sociales para garantizar la calidad de vida de los adultos mayores.
Según información proporcionada por el Conapam, las consecuencias del abuso hacia las personas de edad avanzada genera fuertes repercusiones físicas y psicológicas, entre las que se destacan: daños físicos permanentes, dependencia a los medicamentos, trastornos en la alimentación, depresión, sentimientos de soledad, angustia, miedo y aislamiento, entre otros.
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Actualmente, Costa Rica cuenta con diez leyes, diez decretos y seis declaraciones internacionales que protegen a las personas adultas mayores. Sin embargo, la presidente ejecutiva de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), Johanna Fernández, afirmó que aún se desconocen, no solo por parte de la población costarricense, sino también por las mismas personas en edad avanzada.
La situación hace que sean más vulnerables ante los malos tratos, la violencia y el abandono. Una de esas regulaciones es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que aborda los derechos para mejorar su calidad de vida en diversos ámbitos de educación, salud, laboral y recreativo, así como laborales, de integridad, de imagen, y a los residentes o usuarios en establecimientos privados.
“Si una persona no conoce sus derechos, tampoco conocerá los canales para hacerlos valer. Cuando sé cuáles son mis derechos, yo puedo contar con una mejor calidad de vida a la medida que los puedo hacer exigibles. En este aspecto la educación es fundamental, tanto para los mismos adultos mayores, como para el resto de la población costarricense”, manifestó.
Otras de las regulaciones existentes son: la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el cual contempla el subsidio de bono de vivienda para las personas adultas mayores sin núcleo familiar; la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que proporciona un fondo económico a establecimientos destinados a su cuido y atención; y la Ley de Protección al Trabajador, orientada a otorgar una pensión a las personas adultas mayores en situación de pobreza.
De igual forma está la Ley 8718, que establece el porcentaje que destinar la Junta de Protección Social a los programas de atención, y la 8153 la cual define el permiso para los establecimientos que pretenda brindar servicios a la población adulta mayor. Finalmente se encuentra la Ley 7972, que asigna recursos al Conapam, y la 7936 sobre el costo del transporte en los servicios de transporte colectivo.
Esfuerzo UCR para proteger a la población
El Congreso Internacional de Gerontología es una iniciativa que desarrolla el Programa de Posgrado en Gerontología de la UCR, que inició en el 2005 y se lleva a cabo cada dos años, con el propósito de promover cambios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Este VI encuentro se reflexionó sobre la atención gerontológica centrada en la persona, es decir, como un individuo con necesidades y condiciones de vida diverso, que requiere una intervención diferenciada. Mabell Granados Hernández, directora del Posgrado de Gerontología, explica que dicho abordaje es esencial para tener una etapa de vejez con mejores condiciones, y preparar a Costa Rica para recibir un aumento considerable de la población adulta mayor en los próximos años.
“Aunque se han hecho muchos esfuerzos, todavía nos hace faltan muchas cosas por mejorar. Dese la academia procuramos contribuir en la calidad de vida de estas personas, y de nosotros mismos que estamos envejeciendo, para que tengamos un país más preparado, y podamos vivir una vejez en plenitud”, dijo.
