Las Universidades Públicas de Costa Rica junto con la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) presentaron a las y los ganadores de la XXXII del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2024, en sus categorías Persona física, Organización de la sociedad civil, Entidad privada y Entidad pública.
Este reconocimiento se realiza desde 1992 con el fin destacar las acciones y aportes positivos que realizan distintos sectores sociales, en materia de solidaridad, conservación, uso sostenible de los recursos e inclusión social.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica, el viernes 25 de octubre y contó con la participación de autoridades de las instituciones organizadoras, personas postulantes y miembros de la sociedad civil, que dan seguimiento a las iniciativas que concursan para obtener este importante galardón.
Este 2024 fueron reconocidas por sus aportes y acciones las siguientes entidades y personas:
Entidad pública
Nombre
Programa de Coordinación y Atención Intercultural
Responsable
Johanna Lázaro Morales
Motivo: “Por el acceso de la población a la educación superior”
Acceso de 1880 estudiantes a la matrícula de la Universidad.
Atender y apoyar 30 centros educativos indígenas.
Sostenibilidad de la población Indígena que tiene finalizado el Bachillerato.
Visitar estudiantes desde sus hogares y comunidades para que puedan acceder a la información sin derogar egresos familiares.
Otorgar becas socioeconómicas y apoyos complementarios, así como los apoyos para la conectividad.
Persona física
Nombre
Randy Siles Leandro – Artesanos de la gastronomía
Motivo: “Por inspirar, educar y empoderar a las comunidades a través de la gastronomía”
A través de los programas que ha desarrollado Randy Siles, alrededor de 200 jóvenes en situación de alto riesgo han tenido la oportunidad de recibir formación profesional en el sector gastronómico-hotelero, permitiéndoles un desarrollo profesional y personal que les habilita una mayor estabilidad y prosperidad en su futuro.
Mediante alianzas con empresas locales como Mariscos Jicaral, los programas de Siles han generado un impacto económico significativo, aumentando los ingresos de negocios familiares y creando empleo. Esto refuerza la economía local y mejora las condiciones de vida de las familias involucradas, así como promueve una cadena de suministro equitativa y sostenible para la industria gastronómica.
Los esfuerzos de Siles en capacitar a jóvenes privados de libertad, como en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, contribuyen a su reinserción social y laboral, ayudando a reducir la reincidencia delictiva y brindándoles una segunda oportunidad en la sociedad.
Los programas impulsados por Randy Siles integran principios de equidad de género, solidaridad y seguridad social, creando entornos inclusivos y justos que fomentan el respeto mutuo y la cooperación en la comunidad.
Organización de la Sociedad Civil (compartido)
Nombre
Asociación Proyecto Daniel Pro-Ayuda a Jóvenes
Responsable
Ligia Bobadilla Matta
Motivo: “Por cumplir el sueño de Daniel brindando apoyo y esperanza a los jóvenes con cáncer”.
Programa de tarjetas Naranjas para cuidadores.
Visitas hospitalarias por parte de colaboradores y voluntarios.
Realizan campamentos, conferencias, talleres y charlas.
Realizan Cena de Gala para recaudar fondos.
En 14 años han impactado positivamente a más de 3000 jóvenes.
Dormitorios en hospitales de la CCSS: Calderón Guardia, México y San Juan de Dios.
Donación de 23 camas especiales.
Realizan proyectos de recreación, bienestar, educación y beneficios para los pacientes y sus familias.
Brindan becas educativas (idiomas y carreras técnicas).
Organización de la Sociedad Civil (compartido)
Nombre
Fundación Pollitos de Hierro: Brigada Nacional para la Detección Temprana del Cáncer Infantil
Responsable
Yuri Romero Chaves
Motivo: “Por brindar esperanza y amor a la niñez y a sus familias en la lucha contra el cáncer”
Programa Bandera Llenamos Pancitas: no permitir que un niño pase dolores por su enfermedad y además deba pasar hambre. Han entregado 2.247 canasta de víveres.
El Albergue La Casa De Los Pollitos: brinda los cuidados especiales y la alimentación que necesitan los Pollitos y sus familias, en procesos de recuperación de cáncer.
Procura la Educación: todos los años se realizan entregas de paquetes escolares para contribuir con el ingreso a clases.
Iluminando Navidades: tercer jueves de diciembre, se le entrega a cada pollito y sus hermanos, regalitos navideños y ropa.
Entidad privada
Nombre
Fundación Saprissa
Responsable
Mariola Montero Castro
Motivo: “Por transformar la niñez a través de la disciplina y solidaridad”
Han beneficiado directamente a más de 10,000 niños y jóvenes, e indirectamente a 20,000 personas, incluidas sus familias y comunidades en todo Costa Rica.
Ofrecen una formación completa en habilidades futbolísticas y psicosociales, promoviendo el bienestar y desarrollo personal de los participantes.
Inculcan valores fundamentales como respeto, responsabilidad, solidaridad y trabajo en equipo, esenciales para la convivencia social y el desarrollo personal.
Trabajan en comunidades vulnerables y con poblaciones migrantes, promoviendo la integración social y la igualdad de oportunidades.
A través del programa «Al Estadio con Buenas Notas», incentivan el rendimiento académico al premiar a jóvenes con la oportunidad de asistir a partidos del Deportivo Saprissa.
Promueven la participación femenina en el deporte mediante programas como la Copa Saprissa Femenina, contribuyendo a la igualdad de género y la inclusión.
En el marco de entrega de este galardón, también se otorgaron reconocimientos adicionales por parte de la Defensoría de los Habitantes, del CONARE y de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Los cuales se describen a continuación:
Reconocimientosde la Defensoría de los Habitantes
Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna de San Carlos (ADIFORT): Por hacer La Fortuna un lugar mejor mediante el fortalecimiento productivo, social y económico.
Ligas Atléticas Policiales: Por transformar vidas de jóvenes a través del deporte y la educación.
Fundación Yo puedo ¿Y vos?: Por fortalecer habilidades y oportunidades en igualdad y equidad.
Green Wolf Costa Rica: Por generar un cambio positivo mediante la colaboración comunitaria y la restauración ecológica.
Reconocimiento en el marco de la declaratoria establecida por el Consejo Nacional de Rectores y las Universidades Públicas para el año 2024: “Universidades Públicas con los pueblos originarios”
Sonia Valverde “Asociación Labio Paladar Hendido”: Por asegurar la atención oportuna, rehabilitación y tratamiento de la población con paladar hendido.
Reconocimiento a la Innovación otorgado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica
Programa “Turismo para todas las personas”: Por su compromiso y dedicación hacia la creación de experiencias turísticas accesibles para todos.
Por Mar Fournier P., docente e investigador de la Escuela de Psicología; coordinador de la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual
Actualmente se encuentra en la corriente legislativa el proyecto N.º 20.970, que propone la adición de varios artículos a la Ley General de Salud. Los nuevos artículos buscan garantizar que los servicios de salud se alineen con los estándares internacionales para una atención de calidad, respetuosa de los derechos humanos y respaldada por evidencia científica.
En esta línea, el proyecto propone la inclusión del Art. 35 bis., el cual establece:
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género desde su singularidad y libertad individual en atención a su salud física, mental y bienestar.
Queda prohibido realizar, impartir, aplicar, obligar o financiar tratamientos, terapias, servicios o prácticas que obstaculicen, restrinjan, impidan, menoscaben, anulen o supriman la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona (…)
Este tema no es nuevo en el país. En 2012, el Colegio de Profesionales en Psicología se pronunció advirtiendo que las orientaciones sexuales e identidades de género no pueden ser objeto de diagnóstico o tratamiento, prohibiendo así cualquier práctica de este tipo.
En 2015, el Ministerio de Salud aprobó las Directrices técnicas para la promoción y garantía del derecho a la salud de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersex en Costa Rica, que tienen como propósito que el Estado garantice y respete el acceso al ejercicio del derecho a la salud para estas poblaciones.
En 2016, se aprobó la Norma nacional para la atención en salud libre de estigma y discriminación para personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex y otros hombres que tienen sexo con hombres, que establece disposiciones para garantizar que los servicios de salud sean espacios seguros, libres de estigma y discriminación. Esta Norma estipula que los servicios de atención en salud deben brindarse desde un enfoque despatologizante de la diversidad de identidades, orientaciones y expresiones.
El enfoque de la despatologización implica reconocer que las orientaciones sexuales no heterosexuales y las identidades de género trans forman parte del espectro de la diversidad humana, y que no constituyen ningún tipo de enfermedad o trastorno físico o mental.
El proyecto N.º 20.970 busca fortalecer el marco normativo ya existente en el país, y así resguardar el derecho a la salud y la protección de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, asexuales y queer (LGBTIQA+).
¿Qué son las llamadas “terapias de conversión”?
El proyecto N.º 20.970 ha suscitado discusiones en la opinión pública por su intención de fortalecer la normativa que prohíbe en el país la aplicación de las llamadas “terapias de conversión”. El término “terapias de conversión” se utiliza para nombrar intervenciones que se basan en la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género de una persona pueden y deben diagnosticarse, tratarse o cambiarse.
Desde un enfoque de derechos humanos, este tipo de intervenciones resultan preocupantes pues vulneran la autodeterminación, el derecho a la identidad y la libertad de las personas LGBTIQA+, y refuerzan el estigma y la discriminación hacia estas poblaciones. Pero ¿qué indica la evidencia científica en el ámbito de la salud sobre las llamadas “terapias de conversión”?
Estas intervenciones, con frecuencia realizadas por profesionales de las ciencias médicas y la psicología, o bien, por personas que ofrecen servicios de consejería, han sido ampliamente cuestionadas a la luz de los resultados de estudios científicos. La Asociación Americana de Psicología (2009) revisó la eficacia de estas intervenciones a través de un análisis sistemático de los estudios producidos entre 1960 y 2007. En términos generales, señala que estos estudios no cumplen con los estándares básicos de una investigación científica, por lo que existen importantes cuestionamientos sobre la validez de los resultados y la posibilidad de generalizarlos.
Por ejemplo, los estudios presentan problemas de validez de constructo (no existe una definición clara y estandarizada de lo que se entiende por orientación sexual) y validez conclusiva (las inferencias sobre la relación entre las intervenciones y la supuesta modificación de la orientación sexual, no alcanzan los criterios mínimos para sostener análisis estadísticos confiables). Asimismo, presentan graves problemas en la conformación de la muestra: parten de muestras demasiado pequeñas o heterogéneas, y reportan proporciones de deserción de entre 35% a 75% lo cual resulta inaceptable dentro de los estándares de la investigación científica.
En resumen, no existe evidencia científica, confiable y robusta que permita afirmar que estas intervenciones reduzcan o modifiquen la atracción hacia personas del mismo sexo, o reconfiguren la identidad de género de una persona.
¿Por qué es importante erradicar este tipo de prácticas?
La débil fundamentación científica sobre este tipo de intervenciones ha llevado a instituciones rectoras en salud a pronunciarse en contra de las llamadas “terapias de conversión”. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología (2015), la Organización Panamericana de la Salud (2018) y el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (2019), señalan la inefectividad, los riesgos y los posibles efectos nocivos sobre la salud mental que provocan estas intervenciones.
En la actualidad, investigaciones científicas buscan documentar los posibles riesgos de este tipo de intervenciones. Przeworski, Peterson y Piedra (2020) presentan una revisión sistemática de la eficacia, efectos nocivos y problemáticas éticas de las intervenciones que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Concluyen que las llamadas “terapias de conversión” promueven prejuicios sobre la diversidad sexual, agravando las condiciones de discriminación social y la interiorización de ideas negativas sobre la homosexualidad y las identidades trans. Esto puede provocar afectaciones a la salud mental, como altos y persistentes niveles de ansiedad, baja autoestima, depresión, trastornos de la conducta alimenticia, abuso de sustancias, conductas de riesgo, conductas autolesivas y riesgo suicida.
Cabe señalar que estas condiciones no son intrínsecas a la diversidad sexual y de género, sino que son detonadas o exacerbadas por los sentimientos de miedo, culpa, vergüenza y desprecio que este tipo de intervenciones promueven de manera directa o indirecta con respecto a la diversidad sexual y de género. Las personas menores de edad resultan especialmente vulnerables, pues con frecuencia son sometidas contra su voluntad a las llamadas “terapias de conversión”.
Por el contrario, en el ámbito de la salud mental existe abundante evidencia científica que respalda la efectividad de las intervenciones dirigidas a la afirmación de la orientación sexual y la identidad género para reducir condiciones de angustia y ansiedad, prevenir conductas de riesgo y riesgo suicida, y para mejorar el bienestar general (Meyer 2003; Lev, 2009; APA, 2015). El proyecto N.º 20.970 también contempla este tipo de tratamientos, y procura incluirlos como parte de la atención en salud integral.
Promover un tratamiento cuya efectividad ha sido ampliamente cuestionada, y cuyos riesgos y efectos nocivos han sido documentados, constituye una estafa con un alto índice de peligrosidad. Es por esto que nuestra Universidad, comprometida con el resguardo y la protección de la salud y el bienestar, debe tomar una posición activa en la denuncia de este tipo de intervenciones que constituyen un riesgo para la población.
Asimismo, en consecuencia con su tradición científica, la Universidad debe velar por la aplicación de los más altos estándares de calidad en los servicios de atención en salud. El apoyo a iniciativas como el proyecto N.º 20.970 resulta fundamental para garantizar una atención en salud oportuna, con igualdad, equidad, calidad, calidez, seguridad, accesibilidad, e inclusión.
Mar Fournier P. Docente e investigador en la Escuela de Psicología y actualmente soy el coordinador de la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual, UCR
Ante la escalada de violencia política contra las mujeres en Costa Rica: un llamado a la acción y a la protección de las mujeres en el espacio público.
Pronunciamiento.
En días recientes, las diputadas Sofía Guillén Pérez y Andrea Álvarez Marín fueron víctimas de violencia política y han denunciado amenazas contra su integridad física. Esto representa, no solo un ataque personal hacia ellas como mujeres, sino como funcionarias públicas en el ejercicio político. Dichos actos constituyen, además, una violación a la democracia costarricense. Este tipo de violencia política tiene como finalidad silenciar a las mujeres en el espacio público y perpetúa una cultura de intimidación y exclusión.
Desde el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, el Programa de interés Institucional en Violencia y Sociedad (PIVS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, condenamos enérgicamente las amenazas directas contra la vida de las diputadas.
Estos hechos reflejan un patrón alarmante de hostilidad que se ha intensificado en los últimos años, donde el espacio público, tanto físico como digital, se ha convertido en un campo de agresiones sistemáticas contra las mujeres que alzan su voz para defender los derechos humanos, cuestionar el poder y exigir transparencia en la gestión pública. Las amenazas contra las diputadas se inscriben en un contexto de creciente violencia simbólica y física que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en la política. Este ataque a las diputadas representa además un agravio contra el derecho de todas las mujeres a participar plenamente en la vida política y social, sin temor a represalias o agresiones.
Exigimos a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de las diputadas y de todas las mujeres que se enfrentan a la violencia política en el país. Instamos a las instituciones estatales a reconocer y abordar este problema de manera integral, incluyendo mecanismos de protección para las diputadas y trabajo en la educación y prevención de la violencia política contra las mujeres.
Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que rechacen toda forma de violencia y se unan en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, asegurando que el ejercicio de sus funciones se realice en un ambiente de respeto, libre de acoso y amenazas. No más silencio.
No más impunidad. Defendamos la democracia, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.
Firman
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM).
Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres.
Programa de Investigación en Violencia y Sociedad (PIVS). Red temática en Violencia, subjetividades y colectivos en contexto de vulnerabilización, necropolítica y duelos.
Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI).
Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres (CIEM).
La Universidad de Costa Rica (UCR) ha solicitado formalmente un derecho de respuesta a Noticias Repretel, tras la difusión de un informe en el que se presentaron datos que la institución considera falsos e inexactos respecto al crecimiento de su personal en comparación con el aumento de matrícula estudiantil. El reportaje en cuestión, Universidades públicas: Aumento en planillas supera el crecimiento de estudiantes, fue emitido el 17 de octubre de 2024. La UCR, a través de su Oficina de Comunicación Institucional (OCI), señala que las cifras presentadas en el reportaje no reflejan la realidad y, por lo tanto, requiere una rectificación en condiciones similares a las de la emisión original.
A continuación, se presenta el contenido del derecho de respuesta solicitado por la UCR:
22 de octubre de 2024
OCI-910-2024
Randall Rivera
Director
Andrés Ramírez
Periodista
Noticias Repretel
Estimados señores:
Espero se encuentre muy bien. Me dirijo a usted, en su calidad de director de Noticias Repretel, para solicitarle la publicación del presente derecho de respuesta, en virtud de la publicación realizada por el medio de comunicación que usted dirige, titulada Universidades públicas: Aumento en planillas supera el crecimiento de estudiantes, difundida en la edición vespertina del 17 de octubre de 2024, con una duración de 4 minutos y 20 segundos, y presentada por el periodista Andrés Ramírez.
Realizó la solicitud de derecho de respuesta debido a que en dicha nota se divulgaron datos falsos y se hicieron afirmaciones falsas e inexactas, agraviantes para la Universidad de Costa Rica (UCR) y de conformidad con el Artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los Artículos 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, N° 7135.
La información para publicar es la siguiente:
NOTICIAS REPRETEL DIFUNDIÓ DATOS FALSOS SOBRE LA UCR
Noticias Repretel publicó datos falsos e inexactos el pasado 17 de octubre, sustentados en un análisis incorrecto, realizado por el canal de comunicación Primera Línea, en relación con el crecimiento de la planilla de la Universidad de Costa Rica (UCR).
De forma poco apegada a la realidad, el periodista aseguró que, durante el último año, la planilla de la UCR creció “hasta en un 25% pero el crecimiento promedio de sus estudiantes fue de apenas un 1%” y califica esto como “crecimientos disparejos”. Esta información es insostenible. Lo cierto es que la planilla de la UCR solo creció un 1,34% entre junio de 2023 y junio de 2024 (de 9.988 a 10.122 funcionarios), mientras que la población estudiantil creció 6,57% entre 2016 y 2023 (de 41.645 a 44.380 estudiantes).
Otro elemento fundamental a considerar es que muchos docentes tienen nombramientos en fracciones de tiempo, por lo que la medida correcta para definir si la planilla creció, de un periodo a otro, es la cantidad de tiempos completos en la Universidad.
Si se trata de jornadas a tiempo completo, siempre con junio como mes de referencia, la cifra pasó de 7.385,39 a 7.398,76, entre 2023 y 2024, lo que significa un incremento de sólo 0,17%.
Se utiliza el mes de junio para realizar el análisis porque es el mes en que la planilla registra las mayores cifras. Toda esta información es verificable y de acceso público, lo que es una muestra de la transparencia de la UCR.
FIN DEL TEXTO
Para garantizar que esta publicación sea en condiciones equivalentes a su publicación original, le solicito que el texto anterior sea locutado en la edición vespertina de su medio y los datos anteriores se consignen en cuadros similares a los presentados durante la nota televisiva. En cuanto a los gráficos tipo súper, la única petición es que se agregue la leyenda “Para más información: http://transparencia.ucr.ac.cr/”.
FIN DEL DERECHO DE RESPUESTA
De antemano, agradezco su buena voluntad y la publicación del presente derecho de respuesta en los próximos tres días, en condiciones equivalentes a la publicación que motiva esta acción, lo cual incluye la difusión en su sitio web, redes sociales y cualquier otra plataforma donde la publicación original fuera divulgada.
Servicios de atención nutricional y educativa del PREANU
El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario (PREANU) cuenta con acciones educativas para mejorar la alimentación de toda la familia de manera integral.
María del Mar Izaguirre Cedeño Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Discurso del acto de graduación del 8 de octubre del 2024
Un llamado a la acción universitaria para los nuevos graduados
Hoy convergen en este magno espacio académico las disciplinas mismas que vieron la luz incluso antes de que Costa Rica naciera a la vida republicana, en 1848. En efecto, el estudio del Derecho, del latín y del castellano, como se decía en la época, pero también de la Filosofía, las lenguas extranjeras, y poco después, de las decorosas artes, cuando las musas fueron invocadas para ser incorporadas al magisterio y la academia, constituyeron los primeros elementos de formación que recibieron nuestros alumnos desde el primer tercio del siglo XIX. Costa Rica se funda entonces sobre sólidas bases jurídicas, culturales e intelectuales que siguen en pie hasta el presente.
¡Con esto quiero decir, jóvenes graduandos, familiares, amigos que les acompañan, que este país, en su configuración actual, no se improvisó! Por el contrario, resulta de un largo proceso y de una visión particular de Estado, la que se gestó desde las auroras de nuestra incipiente Nación de aquel entonces y que apostó por el Orden jurídico, la Cultura y la Educación. A mediados del siglo antepasado, nuestros gobernantes tenían muy claro que instalar una tradición académica constituiría la base de la idiosincrasia costarricense, generadora de estabilidad política, de desarrollo económico y cultural, y de una útil y necesaria cohesión social para lograr el bien común, contrario a lo que sucedía en el resto de Centroamérica y de América Latina. Debemos entonces comprender que nuestro país ha creído en la Educación desde los albores de la Independencia, e hizo esfuerzos ingentes para que cada nueva generación tuviese acceso a la Educación, haciéndola gratuita, obligatoria e integral, y por definición, sostenida por el erario, como una de sus mayores y más apremiantes responsabilidades en la consecución de estos supremos objetivos colectivos. La educación pública fue siempre el más importante proyecto de Estado de estepaís: con nuestras escuelas y colegios, y más tarde, con la Universidad de Santo Tomás entre 1843 a 1888, predecesora de la Universidad de Costa Rica. Y en general, podemos decir que nunca riñó con el sistema ni la economía liberal que tradicionalmente se ha desarrollado en Costa Rica, porque incluso en ese modelo económico se entendía que la educación era esencial para sostener cualquier forma de desarrollo.
Sin embargo, hoy en día, contra toda lógica, raciocinio y coherencia, a contracorriente de nuestra historia e idiosincrasia, vemos con estupor e indignación que, en vez de robustecer la educación pública y las bases jurídicas de nuestro pueblo, asistimos a la expoliación brutal y al total desmantelamiento de un sistema que nuestros antepasados crearon para formar a nuestros niños y jóvenes; dotarles no solo de saberes básicos y complejos necesarios para comprender el mundo, sino también inculcarles los valores cívicos fundamentales para la sana convivencia social, el respeto a la institucionalidad y la formación e información sobre los derechos y deberes que les asisten como ciudadanas y ciudadanos responsables; un sistema educativo creado también para su desarrollo integral, personal y profesional, en procura de una mejora sustantiva de la calidad de vida de cada costarricense; un sistema concebido para generar valor público a nuestras instituciones, de acceso universal, como parte de la agenda fundamental del Estado; un sistema garante de nuestra democracia, la piedra angular y el pilar fundamental de la democracia costarricense, puesto que desea generar mayor equidad, accesibilidad e igualdad de oportunidades; y ante todo y sobre todo, un sistema educativo que fue diseñado para crear y formar personas libres, capaces de desarrollar la lucidez y el coraje necesarios para defender sus propios derechos fundamentales, gracias a una conciencia lúcida, al libre albedrío y al ejercicio pleno de la razón crítica.
Lo que sucede hoy en día, estimables jóvenes, es la más descarada y frontal violación a los preceptos constitucionales que, uno a uno, con toda impunidad, un grupo de individuos sin escrúpulos le inflige al Pacto Social Fundamental del pueblo costarricense. Así, por ejemplo, la semana pasada, el Gobierno, a través de la cartera de Hacienda, envió a la Asamblea Legislativa un presupuesto para el MEP con un faltante de 118 mil millones de colones, sin hablar de los 459 mil millones que necesita la Caja Costarricense de Seguro Social y que tampoco fueron presupuestados. La niñez y la muchachada desprovista de comedores escolares y de transporte en lo más inmediato, sin hablar de todas las carencias en infraestructura básica, en formación continua y en equipo para trabajar. Así, en un innegable atentado de constitucionalidad contra los artículos 77 al 83, Hacienda nos anuncia incluso que el presupuesto para el 2025 seguirá en descalabro, amparado en una política despiadada de recortes frente a los cuales hay una ausencia total de propuestas o rutas: ni ruta de la economía, ni ruta del crecimiento, ni ruta de la Educación, ni ruta del Agro, ni ruta de la seguridad, ni ruta de la Cultura, ni ruta de Estado. Así, crece el empleo informal que afecta principalmente a las mujeres; la Caja es objeto de paralización y de botín para negocios oscuros; la criminalidad y la inseguridad se han disparado; propuestas de leyes abierta y desvergonzadamente inconstitucionales; leyes como LMEP que atentan contra el derecho a una vida digna de las personas trabajadoras, con salarios por debajo del costo real de vida; falta de previsión de políticas para garantizar la potabilidad y abastecer de agua y de electricidad a todas las comunidades costarricenses, funciones para las cuales fueron creados el AyA y el ICE, también desmantelados; discursos autoritaristas de odio y polarización que rozan los delitos de traición a la Patria y sedición; irrespeto al principio constitucional de división de poderes; desprotección total de nuestros agricultores, que sufren la embestida de la producción extranjera, más cara y de menor calidad; en fin, un sinnúmero de irregularidades que se agrava conforme va avanzando esta Administración.
Costa Rica es hoy un país a la deriva. Y ni siquiera menciono aquí el Fondo Especial para la Educación Superior, cuya adecuada negociación debió culminar en agosto pasado, y que aún hoy está en veremos. En cambio, en total infracción al artículo 84 de la Constitución y de manera absolutamente inaudita, dando prueba de su incompetencia y mala fe, el Gobierno prefirió endilgar la responsabilidad de asignar el FEES a la Asamblea Legislativa, lo cual nunca sucedió en lo que tiene de existir esta Universidad.
En otras palabras, un Estado social de Derecho como el nuestro, además de respetar la legalidad, tutela los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, la cultura, y delegan en los simples servidores públicos, depositarios del poder, que son el Presidente y los Diputados, la obligación de proteger y garantizar esos derechos y libertades fundamentales. Esto hay que recalcarlo con insistencia, porque tomar consciencia de los derechos adquiridos y de su amplitud, es absolutamente necesario para poder identificarlos y defenderlos como corresponde. La Constitución NO puede quedarse en una pura abstracción, ni en letra muerta, tampoco es una mera declaración de aspiraciones, como pretende falsamente la Ministra del MEP.
Lo que quiero señalar y recordar aquí, jóvenes graduandos humanistas y juristas, es que Costa Rica es uno de los más solidos y antiguos Estados de Derecho de América Latina, regido por una Constitución Política, que es la columna vertebral de nuestra organización política y social, y la que le da cohesión interna y legitimidad. Es el instrumento por excelencia que, al lado de las garantías individuales, contempla el Derecho Humano Fundamental de acceso a la Educación; el derecho humano fundamental a la Salud Pública para lo cual crea la Caja; el derecho a un ambiente natural sano y protegido con nuestros parques y reservas naturales como Gandoca Manzanillo; el derecho a las condiciones dignas de trabajo que aseguren el sustento de cada hogar costarricense; la libertad de cátedra, de expresión y de comunicación; y entre otros muchos derechos, el derecho a la Cultura. Este Estado de Derecho no solo alberga a nuestro Estado social, sino que también plasma los fines culturales de la República.
Entonces, es a nosotros y es a ustedes, jóvenes, que nos corresponde, en conjunto, velar por el respeto de nuestros derechos fundamentales desde nuestras trincheras, desde nuestras disciplinas, puesto que nuestro sistema es el único que le da asidero y razón de ser a nuestra condición de ciudadanos, pero sobre todo al ejercicio de las disciplinas y profesiones hoy aquí representadas. Una abogada y un abogado no pueden más que referirse a un ordenamiento jurídico para el ejercicio pleno de su labor, porque detrás de él subyacen los principios fundamentales de legalidad, justicia, equidad y probidad.
Y por la misma razón, este ordenamiento jurídico tutela y prevé los fines culturales de la República, es decir el enriquecimiento de la Cultura, como reza el artículo 89 de la Constitución, que hace que artistas, letrados y pensadores tengan el terreno allanado para desplegar su creatividad y pensamiento. Díganme ustedes si esto se está cumpliendo, cuando sabemos que el Ministerio de Cultura lo que ha hecho desde su entrada en vigencia es recortar cada vez más el presupuesto para la Cultura. Y me permito recordar que ninguno de estos preceptos es menos constitucional que el otro, y por tanto no se pueden ni menoscabar ni considerar un accesorio del que se pueda prescindir en cualquier momento, alegando una crisis económica, como lo predica desaforadamente una diputada del partido oficialista… Porque, “para qué tractores sin violines”, como ya bien lo dijo un prócer costarricense.
Ante esta nefasta tormenta que arrasa temporalmente nuestro país, provocada por un grupo de improvisados del poder, y de cara al futuro próximo, ¿qué nos corresponde como ciudadanas y ciudadanos? Sin duda alguna, hacer valer el Derecho, la jurisprudencia vinculante, la sana crítica racional y el recurso a los instrumentos internacionales para actualizar y validar el que sigue siendo hasta hoy el más moderno, más poderoso y más visionario de todos los cuerpos jurídicos de América Latina, como lo es laConstitución Política de Costa Rica, pensada para el bienestar de cada una y cada uno de nosotros, y para garantizar la democracia y la paz social que tantos beneficios nos han rendido.
Pasado el grueso de la pandemia, que favoreció la llegada de estos grupos al poder inspirando el miedo y creando desinformación, corresponde también propiciar el encuentro, y crear espacios de diálogo para identificar mejor las problemáticas y proponer elementos de solución adaptados a la realidad, y a las necesidades propias, empezando en nuestros hogares, pero también en nuestras comunidades y entre los distintos sectores sociales.
Corresponde, sobre todo, como futuros profesionales, ejercer liderazgos y crear sinergias desde nuestros gremios y corporaciones profesionales para dar a conocer los alcances de nuestro sistema democrático, el potencial que tiene pero que no hemos ejercido plenamente como ciudadanas y ciudadanos porque el sistema educativo oficial no ha cumplido con esta labor. Si hay algo que siempre teme un gobierno de turno es tener una ciudadanía alerta, pensante, crítica, consciente de sus derechos y libertades que siempre le recordará los límites y alcances de su poder.
Y debo decirlo aquí, a manera de conclusión, jóvenes: por dicha este desastre es reversible, tiene solución y se puede rectificar. Y esto se logra gracias a los nuevos y activos liderazgos, que cada uno de ustedes representa, conscientes de los daños ocasionados y del papel que tienen en la buena marcha de los asuntos de esta sociedad.
Ya lo han dicho filántropos de todo mundo, amigos del género humano, líderes mundiales comprometidos y hasta me voy a permitir citar al mismo Papa Juan Pablo II quien lo sintetizó perfectamente en pocas palabras cuando dijo: ¡Have no fear!, N’ayez pas peur !, ¡NO TENGAN MIEDO!, porque la verdad les asiste y tienen el coraje necesario para hacerlo.
Por eso aquí en la Universidad, no permitiremos que tampoco se instale el miedo a amenazas cobardes y oscuras de actos terroristas, como la que experimentamos la semana pasada. Grupos radicalizados que se hacen eco de los discursos de odio y de polarización que emanan desde la cúspide misma del poder de este país, se han envalentonado y llegado a estos extremos.
¡No! ¡La sagrada Educación de nuestros niños y jóvenes se respeta! No vamos a ceder, no vamos a claudicar, no tenemos miedo, no nos dejaremos amedrentar por amenazas cobardes, estaremos en pie de lucha siempre para resguardar nuestros derechos fundamentales.
Por eso, jóvenes graduandos, no permitan que les arrebaten sus derechos, y sobre todo sus sueños y aspiraciones; resistan, luchen por sus espacios y por la creación de otros espacios en las instituciones de educación y en la estructura económica del país.
Hoy culmina una etapa llena de aprendizajes, experiencias y recuerdos, para comenzar otra nueva, llena de proyectos y ambiciones. Disfruten mucho de este gran triunfo académico, al lado que quienes les apoyaron siempre y les motivaron a alcanzar esta gran meta: los y las docentes que fueron fuente de inspiración, sus amistades queridas, sus compañeros de carrera, sus familias, y por supuesto, sus amados padres. ¡Muchísimas felicidades!
“Soltemos la lengua” es una sección del proyecto Esta palabra es mía, un espacio de divulgación lingüística y literaria.
Francisco Guevara Quiel Decano de la Facultad de Letras, UCR
En el marco de la semana de solidaridad y denuncia, se organizan diversas actividades en protesta por la absolución de Juan Eduardo Varela, asesino confeso del líder indígena Bröran de Térraba, Jerhy Rivera. La decisión fue tomada por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón, generando indignación y movilización en apoyo a los derechos de los pueblos originarios y en busca de justicia.
Las actividades programadas son las siguientes:
Jueves 17 de octubre: Cine Foro «La Lucha Indígena» con la proyección de la película La Princesa Mononoke , a las 5:00 pm en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
Viernes 18 de octubre:
Plantón a las 9:00 am frente a la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia, para entregar un voto de censura a la magistrada Damaris María Vargas.
Conferencia de prensa a las 10:30 am en la Asamblea Legislativa, Piso 3, Sala de conferencias, donde se presentará el voto de censura avalado por más de 600 organizaciones y activistas de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Sábado 19 de octubre: Actividad en Térraba, cuyo objetivo es seguir visibilizando la lucha por la justicia y los derechos de los pueblos indígenas.
Las acciones son impulsadas por el Colectivo de Apoyo a doña Digna junto con estudiantes universitarios, quienes exigen una respuesta clara y justa por parte del sistema judicial. Se invita a quienes deseen participar a inscribirse al WhatsApp 84 32 65 03, indicando su nombre completo y cédula, antes del jueves 17 de octubre al mediodía.
Mañana, 12 de octubre del 2024, a las 3:00 p.m en el Edificio Saprissa, frente al Pretil, UCR se realizará una reunión inicial de cara a las marchas del 25 de noviembre, con el lema “Fuego global al patriarcado: contra las violencias machistas”.
Le invitamos a unirse a esta primera reunión feminista de organización, en el Frente Ecologista Universitario, para articularse en la organización de cara a la conmemoración del 25N desde los feminismos interseccionales.
Agregamos un enlace que redirige al formulario de inscripción.
La actividad invita a las personas interesadas a participar en esta primera reunión para colaborar en la planificación y coordinación de actividades. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace proporcionado. Es una oportunidad para involucrarse en el activismo y la construcción comunitaria, en un espacio que acoge diversas identidades y perspectivas en la lucha contra la violencia patriarcal.
Este 17 de octubre del 2024, a las 5:00 pm en el auditorio 609 de Ciencias Sociales, UCR, se estará proyectando la película “La Princesa Mononoke”. Esta es una fábula animada que ilustra la lucha indígena por sus tierras, ante fuerzas extractivistas que buscan destruirlas, al igual que la importancia de la ecología. Esto, para generar reflexión alrededor de la lucha indígena, y el contexto actual del juicio por el asesinato del líder indígena Bröran de Térraba, Jerhy Rivera.
Después, contará con un panel, conformado por los panelistas Zeidy Bruwä, indígena Ngäbe de Conte Burica, y coordinadora del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, Fanny Reyes Ortiz, indígena Bröran del territorio indígena de Térraba, parte del equipo directivo de la Red de Mujeres Rurales, y finalmente Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional público y derecho ambiental internacional de la UCR.
Este evento está organizado por la Red de Estudiantes de Sociología de Latinoamérica y el Caribe, y apoyado por varias entidades como Kioscos Socioambientales, y la Federación Ecologista.
Les invitamos a asistir a este enriquecedor evento para informarse y mantenerse al tanto con la situación crítica de los pueblos originarios en Costa Rica.
Al finalizar cada investigación se hará una rendición de cuentas y una devolución a los sectores sociales involucrados en cada uno de los proyectos.
Las cuatro propuestas de investigación de alto nivel que este año resultaron ganadoras de la convocatoria efectuada en el mes de marzo por parte del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA-UCR) se distinguen por la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad que debe promover la universidad, y la transferencia del conocimiento que se generará desde esas perspectivas hacia la sociedad. Así lo destacó durante el acto de premiación la Vice rectora de investigación de la UCR, María Laura Arias Echandi.
Investigación de alto nivel con un fuerte compromiso social
El proyecto “Agua potable para las comunidades indígenas de la Zona Sur: desde la cosmovisión hasta su uso seguro”, es coordinado por coordinado por la Dra. Luz Chacón Jiménez, de la Facultad de Farmacia. El grupo investigador trabajará en torno al retroceso en el acceso al agua potable en Costa Rica, al pasar de una cobertura del 95.7% en 2021 al 89.9% en el 2023, donde los acueductos comunales son actualmente los más afectados.
Por medio de este proyecto se desarrollará un plan integral de gestión del recurso hídrico que mejore no solo el acceso al agua sino, además, la calidad y la seguridad en este acceso, así como fortalecer la conservación de recursos hídricos Las comunidades de pueblos originarios beneficiadas serán Boruca, Salitre, Térraba. El proyecto denota también como políticas públicas ineficientes aunadas a una serie de prácticas agrícolas, deforestación, usurpación de tierras, entre otros tantos factores, están debilitando cada día más este derecho humano al acceso a agua potable.
Por su parte el proyecto “Domesticando la inteligencia artificial: la reconfiguración contemporánea de los “hechos” en Costa Rica”, coordinado por el Dr. Ignacio Siles González, profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR (ECCC) pretende analizar la domesticación cotidiana de tecnologías de inteligencia artificial. Se quiere comprender mejor cómo la relación de las personas con las opciones que ofrece la Inteligencia Artificial influyen en la reconfiguración contemporánea de los “hechos” en nuestro país, en áreas como la desinformación , la salud, e incluso su papel en los flujos migratorios.
Sin duda alguna el proyecto “Hongos psicoactivos: desde la biología hasta su potencial uso en salud mental”, coordinado por la Dra. Andrea Vincent Rossi, del Centro de Investigaciones en Productos Naturales (CIPRONA) aporta una perspectiva innovadora en torno al uso y aplicaciones de los compuestos psicodélicos, para el tratamiento de algunos trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión, entre otros trastornos .
Este proyecto propone un abordaje integral del tema que posibilite llenar algunos vacíos en torno a los hongos psicoactivos . Un abordaje desde su composición química, su mecanismo de acción, sus posibilidades terapéuticas , entre otros aspectos. Adentrarse en la aceptación de estos compuestos por parte de especialistas en la atención de la salud mental, es otro de los fines del proyecto.
Según los resultados que arroje este proyecto, se proyecta la propuesta de un proyecto de ley en nuestro país que establezca una regulación, normas claras, y la legalidad necesaria para una posible producción de estos hongos psicoactivos, como una opción más para el tratamiento de personas con alguna condición de desorden mental, ya que esta temática es poco abordada por los sistemas de salud y las políticas públicas del país.
El tema de la contaminación en zonas del país dedicadas a la producción piñera lleva ya varios años de estar en la mira y en la discusión pública en nuestro país por los efectos negativos sobre el ambiente por el uso de plaguicidas y la contaminación de fuentes de agua. El proyecto “Análisis de riesgo ambiental y toxicológico por contaminantes orgánicos y diseño de un sistema de biodegradación para plaguicidas en zonas piñeras de Costa Rica”, coordinado por el Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la UCR, busca dar respuestas más concretas a esta problemática de larga data.
Entre 2015-2018 el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR llevó a cabo un monitoreo de aguas superficiales y subterráneas en la zona de influencia de producción de piña en la región Huetar Norte, el cual reveló la presencia de 28 plaguicidas.
El proyecto persigue, en una primera etapa, aplicar análisis de riesgo ambiental y toxicológico humano e identificar los compuestos de mayor peligro para priorizar medidas de protección ambiental y manejo de residuos agrícolas en la zona.
María Encarnación Peña Bonilla Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR