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Etiqueta: UNA

Análisis de Coyuntura: La administración Chaves Robles

La Escuela de Sociología de la Universidad Nacional compartió el análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. En un documento detalla los puntos más importantes de la administración actual, retratan la situación y mantienen al día las cuentas del gobierno.

Relatan cómo su estilo político es uno de enfrentamiento, lejano a la negociación, y critica a los Poderes de la República o a partidos y personas con lenguaje fuerte.

La estrategia presidencial se ha enfocado en crear una oposición más sentida de grupos y la interpelación es directa con pocas posibilidades de acuerdos.

Hay también una serie de puntos importantes que trata, y se colocan abajo, del documento que invitamos a nuestros lectores a revisar ya que tiene información puntual e importante sobre la situación coyuntural de esta administración.

  1. Uno de los rasgos más característicos de la administración de Rodrigo Chaves Robles ha sido su persistente búsqueda del desmantelamiento de la institucionalidad pública, destacando particularmente intentos de vender empresas estatales, el cercenamiento del gasto público en sectores claves del país, el desfinanciamiento de instituciones públicas y el incumplimiento de deudas con estas. 
  2. Tanto en la praxis y el discurso: Chaves asume una retórica degradante contra las institucionalidad democrática y pública, intentando posicionarse como un líder popular y antisistema que incluso ha llegado a denominar a Costa Rica como una ‘‘dictadura perfecta’’, declaración que posteriormente fue rechazada públicamente por 8 expresidentes de la República (Campos, 2024, párr. 1). Tal y como señala Murillo (2024, párr. 6), para Chaves ‘‘su gobierno encarna una ‘revolución’ y aferrado a la figura de un ‘jaguar’ como metáfora de valentía en ocasión de un pretendido referendo… Chaves llegó a calificar como falsa la idea de que Costa Rica haya sido una democracia desde la mitad del siglo XX’’.
  3. La educación ha sido un reto para el gobierno Chaves Robles, nos hemos enfrentado a hitos históricos y múltiples ataques y recortes en búsqueda de un desmantelamiento de la Educación Pública tal y como la conocemos. El gobierno no ha planteado una ruta precisa y clara y directa tanto en sustancioso de alta vulnerabilidad reinserción escolar formación de personal académico y en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo.
  4. El enfrentamiento con la Contraloría se ha agravado en los últimos meses ya que en materia de contratación evaluación de órganos públicos y altos administrativos ha tratado de que esta institución salga del ámbito que le corresponde para tratar de limitar sus posibilidades, de hecho comenzó con un encuentro en la Contraloría General de la República para luego ampliar a otros niveles.
  5. El gobierno de Costa Rica ha mantenido como constante el reducir gastos públicos como una medida para lograr mayores equilibrios macroeconómicos con la finalidad de reducir el déficit a niveles aceptables. De hecho, el Ministro Acosta ha logrado reducir sustancialmente el déficit, pero con ausencia de un de una estrategia que permita establecer objetivos que son necesarios para el país de hecho, el sector educativo se ha visto cómo el sector donde la reducción es fuerte en un momento que el modelo educativo es muy endeble y, con una inercia que no le permite responder al requerimiento del país.
  6. Si bien en el plan internacional el gobierno de la república se ha comprometido con la cumbre del milenio y ser un país de vanguardia en esta materia. Las acciones parecieran ir en otro sentido. De hecho, el MINAE no cuenta con una política ambiental como fueron otros gobiernos que avanzaron hacia un país más sustentable por el contrario las mismas afirmaciones del presidente sobre la tala bosques en otro momento sobre explotación petrolera han puesto en duda la situación. De hecho, no se han firmado decretos que ayuden a mejorar, sino que en temas como la tala de bosques hay una omisión grande que ha terminado en un debate sórdido entre las partes lo cual nos indica que no hay élites que plantean acciones que mejoren en el campo ambiental.
  7. La violencia estructural indicada en los últimos tres meses se mantienen femicidios, raptos, violaciones, desaparición de personas jóvenes y el sicariato en su máxima expresión. Se hacen esfuerzos por la dureza pública y otros organismos para fortalecer la vigilancia pero se requiere fortalecer el número de personas, pero con tecnología de punta para poder combatir a la misma, de igual manera el fortalecimiento de la fuerza marina es una necesidad de primer nivel y contar con equipos y grupos especializados en la vida aérea es parte de lo que se requiere en esta área con una legislación más oportuna para combatir al narcotráfico y otras formas similares.
  8. Costa Rica ha vivido un periodo de intensos enfrentamientos entre los poderes del Estado, reflejando un deterioro notable en las relaciones institucionales y un ambiente político cada vez más polarizado. Durante estos meses, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional (Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes (DH) y la Contraloría General de la República (CGR), ha alcanzado niveles sin precedentes, poniendo en cuestión la estabilidad democrática del país. 
  9. Se reconoce que, a pesar de las críticas hacia la labor de Luis Amador y del Ministro Marcelo Jenkins, ha habido una continuidad en los esfuerzos en esta área. Si bien se han logrado algunos avances, como en el caso de la carretera de circunvalación en Cartago, la ruta 32 con sus puentes y el mantenimiento estratégico, aún se está trabajando en lo que se ha denominado “rezago histórico”. El gobierno debería enfocarse en finalizar estas obras, como la carretera San Carlos, que son necesarias. Además, es fundamental fortalecer acciones en zonas de alta densidad, como los núcleos de zonas económicas y carreteras como Liberia-Nicoya, y dejar el planeamiento de estas iniciativas para los próximos años. 
  10. La inversión social no es un tema central en el gobierno de la república pese a que estamos en una situación en el cual la pobreza y las desigualdades las asimetrías son un factor presente con mayor profundidad para Costa Rica. Esta situación es preocupante porque más grupos se unen a la pobreza donde las oportunidades y por el tipo de formación no tiene posibilidades de desarrollarse. No hay recorrido del sector ni planes de mediano y largo plazo lo que se expresa en un alejamiento de la propuesta del plan nacional de desarrollo y se aleja fuertemente de los acuerdos firmados con la OCDE y la cumbre del 2030.

SURCOS comparte los materiales del análisis.

Dos décadas de rehabilitar corazones y devolver la esperanza de vida

El Centro de Rehabilitación Cardiovascular, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la UNA, devuelve la esperanza y calidad de vida a las personas que han sufrido un evento cardíaco o deban someterse a un procedimiento

Por: Johnny Humberto Núñez Z./periodista

Oficina de Comunicación-UNA

jnunez@una.cr

Concebido hace 20 años como un proyecto académico, el Programa Centro de Rehabilitación Cardiovascular de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (Ciemhcavi) de la Universidad Nacional (UNA) surgió ante la necesidad de contar en el país con un espacio, donde las personas con Enfermedad Cardiovascular (ECV) recuperen su calidad de vida mediante un acompañamiento multidisciplinario, el cual busca mejorar el funcionamiento físico, psicológico y social de los pacientes

Dicho centro inició en los albores de la década del 2000, primero como un proyecto, gracias a una investigación realizada para tesis de maestría de los académicos Jorge Salas y Luis Blanco; tiempo después se consolidó en uno de los programas de Ciemhcavi con altos beneficios a la población nacional, al punto que en 2023 entró en operación un centro homólogo en el Campus Liberia de la UNA.

De forma paralela, Ciemhcavi-UNA habilitó la terapia en rehabilitación para pacientes oncológicos, sobrevivientes a diferentes tipos de cáncer, que funciona los lunes, miércoles y viernes, el cual por ahora es gratuito y se basa en la prescripción del ejercicio.

Los estudios evidencian que este tipo de programas, basados en el ejercicio reducen la mortalidad entre un 20% a un 25%, mejoran la capacidad funcional entre un 10% a un 34%, disminuyen la presión arterial sistólica entre 6 y 4 mmHg y la diastólica en 2 mmHg. La rehabilitación cardíaca contribuye con la reducción de los factores de riesgo coronario, disminuye la inflamación del endotelio, reduce los niveles de estrés, el tiempo de hospitalización y mejora la calidad de vida de los pacientes.

Vencieron sus miedos

Según mencionan los especialistas de Ciemhcavi, cuando los pacientes llegan por vez primera al centro de rehabilitación cardíaca, su principal temor es retomar la actividad física, además de presentar cuadros de ansiedad y hasta depresión; sin embargo, una vez que inician la terapia, tanto en fase II como III, y con el paso de los días, la confianza y seguridad retorna a ellos.

Alfredo Calderón, paciente del programa de rehabilitación comentó que cuando se tiene un evento cardíaco, el principal problema es el miedo a la muerte y con ello el temor a ejercitarse de nuevo. “Pero cuando usted viene aquí y se monta en una caminadora vuelve a la vida. Además, el ambiente grupal conformado por personas que pasaron lo mismo permite intercambiar experiencias”, resaltó Calderón.

Rosario Villalobos, paciente condecorada este día por mantenerse en el centro de rehabilitación de la UNA desde hace 20 años, tiene la particularidad de que se ejercita no por haber sufrido un evento cardíaco, sino por recomendación médica al tener factores de riesgo, como el descontrol en sus niveles de colesterol. “Prácticamente nos daban ejercicio en la cancha, hacíamos caminatas hasta la Escuela de Veterinaria, tiempo después nos habilitaron el gimnasio de Ciemhcavi, donde hasta la fecha nos ejercitamos con máquinas y pesas”, dijo Villalobos.

Calidad de vida

José Andrés Trejos, coordinador del programa de RC resumió que durante 20 años de trayectoria en el campo de la investigación se han redactado más de 12 publicaciones científicas, a nivel de extensión la atención a más de 1000 personas y en docencia el desarrollo de más de 20 cursos de capacitación. “Sin duda nuestro mayor logro ha sido mejorar la calidad de vida de las personas”, agregó Trejos.

Destacó que en la actualidad se cuenta con un total de 50 pacientes, cuyo objetivo consiste en rehabilitar física, social y mentalmente a los pacientes con ECV, para procurar una mejor reintegración de la persona a la sociedad, su regreso a la vida cotidiana, trabajo y actividades familiares.

Ahora bien, para el coordinador del centro cardíaco, el mayor reto es impulsar la rehabilitación cardíaca fuera de la GAM. Si bien ya se cuenta con un centro de rehabilitación en el Campus Liberia de la UNA, desde se gestiona con la vicerrectoría de Extensión abrir dos centros; uno en Pérez Zeledón y otro en Nicoya, ya que la rehabilitación cardíaca se encuentra más accesible a los pacientes del Valle Central.

Jorge Salas, subdirector de Ciemhcavi y cofundador de dicho centro, resaltó que como escuela de ciencias, la tarea primordial es garantizar un servicio más actualizado, de la mano con la innovación tecnológica y en la medida posible traer instrumentos innovadores que permitan mejorar el proceso de rehabilitación cardiovascular de los usuarios.

Gretel Villalobos, coordinadora de fase III del programa de rehabilitación cardíaca expresó que la rehabilitación no solo incluye el ejercicio, sino que es educar al paciente en cuanto a temas de nutrición, psicología, ejercicio y otros, por lo que es fundamental el trabajo o la alianza con otras instituciones y profesionales, como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) o grupos participativos como la Asociación Costarricense de Cardiópatas Rehabilitados (Acocare).

María José Esquivel, asistente del programa, explicó que las personas interesadas deben solicitar una cita de valoración inicial al correo reahabilitacion.cardiaca@una.cr y adjuntar la documentación respectiva como exámenes referencia del especialista, epicrisis y lista de medicamentos. Una vez admitidos, portar ropa deportiva, agua, paño y merienda por si la requiere. Para información de costos pueden comunicarse al: 2562-6971/6734.

Fases del programa

Fase 1: Periodo en que el paciente está hospitalizado después de sufrir un evento o procedimiento cardíaco.

Fase 2: El programa debe iniciar según recomendación médica entre la primera y segunda semana posterior al evento cardiaco. Esta fase consta de 36 sesiones de ejercicio programado y monitoreado por medio de la telemetría, supervisión médica y sesiones de educación al paciente, en cuanto a la ECV, manejo de los factores de riesgo coronario y cambios en su estilo de vida.

Fase 3: Esta es de mantenimiento y seguimiento al paciente después de las fases anteriores y se recomienda que sea para el resto de su vida.

VÍDEO EN: 

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Violencia digital se asienta entre adolescentes

  • Compartir material íntimo como fotos y videos aparece en primer lugar de estudio que aplicó cuestionario a 146 personas adolescentes.

  • 76% dijo que la tecnología es importante en las relaciones de pareja.

UNA Comunica. 19 de setiembre de 2024. Tres estudiantes de un colegio en Heredia fueron suspendidos el mes anterior por alterar imágenes de compañeras utilizando Inteligencia Artificial (IA). Este, es un caso de violencia digital.

Es también el retrato de la forma en que ahora, hombres y mujeres en edad adolescente, interactúan con el uso de las nuevas tecnologías, trasgrediendo derechos de otras personas. Pero no es la única forma.

Un proyecto de investigación del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), aplicó un cuestionario de 24 preguntas, utilizando como modelo a un colegio de zona urbana y otro de colegio rural. En total, se entrevistó a 146 personas que cursan décimo o undécimo año y con edades entre los 16 y 18 años.

Uno de los resultados más esclarecedores, indica que, de la población total consultada, un 90% de la zona rural afirmó que conoce al menos de una situación de violencia empleando la tecnología. En el caso del colegio urbano, el porcentaje es del 85%.

“En este sentido, es posible afirmar que las situaciones de violencia mediadas por la tecnología resultan bastante habituales en la cotidianeidad de las personas adolescentes y que el estudiantado está en la capacidad de reconocerlas como situaciones que son efectivamente violentas”, se indica en la investigación.

El estudio hizo una aproximación sobre las principales situaciones de violencia que dijeron reconocer las y los encuestados. En primer lugar, aparece la acción de compartir material íntimo como fotos o videos (68,7%), seguido de actitudes de celos por publicaciones que se comparten desde las redes sociales (64,6%).

Luego, destacan la divulgación de memes como gesto de burla o acoso contra otra persona y, en cuarto lugar, el envío de mensajes o llamadas de manera repetida para vigilar a su pareja adolescente.

“También logramos identificar otras situaciones en donde tanto hombres como mujeres ejercen violencia por medio de la tecnología. En el caso de ellas, pudimos constatar que lo ejercen más por el tema de controlar y ver qué hace mi pareja. En cuanto a ellos, la utilizan más para lo que llaman ‘quemar’ a alguien, compartiendo imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

Estos resultados se destacan en el estudio Tecnologías y violencia de género en las relaciones de pareja de adolescentes a cargo de las académicas Mena, Fanella Giusti y Silvia Jiménez del IEM.

De acuerdo con Jiménez, para el desarrollo de este trabajo fue fundamental el apoyo del Ministerio de Educación Pública (MEP), por medio de un convenio para acceder a los centros educativos y al consentimiento informado de los padres o encargados legales de los adolescentes.

“Esta temática es de mucha relevancia en la actualidad porque sabemos que la tecnología es algo del día a día, de su cotidianidad, más aún entre la población adolescente que creció en plena era digital y que la utiliza para socializar y relacionarse afectivamente”, indicó Silvia Jiménez.

Además de estos resultados, el proyecto contempla la divulgación de una campaña por redes sociales con posteos para ayudar a identificar conductas o acciones que representen violencia de género digital. El nombre de la campaña es Alto a la violencia digital.

Otros resultados

Comentarios digitales que afectan la reputación de la persona, uso de perfiles falsos para establecer una relación, acceso a contraseñas y cuentas personales, revisión del teléfono celular sin consentimiento, grabación de encuentros sexuales y publicación de imágenes alteradas (como el caso de los estudiantes de Heredia), son otros ejemplos de casos que las y los adolescentes dijeron reconocer.

El cuestionario reportó que en la mayoría de situaciones, son los hombres quienes realizan la acción y las mujeres quienes lo reciben. Sin embargo, en algunas de ellas las diferencias no son significativas. Por ejemplo, en el caso de compartir imágenes o mensaje íntimos el porcentaje indicado de que son ellos quienes lo hacen contra ellas es de un 46,3%, mientras que viceversa, es de un 43,5%.

A pesar de ello, para un 76% de las personas consultadas las tecnologías tienen un papel trascendental en sus relaciones de pareja, frente a un 24% que dijo que este factor tiene poca o ninguna importancia.

Del total de personas consultadas, 106 manifestaron que el principal uso que le da a la tecnología en sus relaciones es para “conversar”, 77 mencionaron que “para compartir fotos y/o videos”, mientras que 43 para “tener encuentros sexuales”.

El estudio también consultó acerca de cuáles consideran que son los efectos más relevantes en la salud física o emocional de situaciones de violencia vividas. Este ítem lo respondieron 48 adolescentes, y destaca en primer lugar la “inseguridad” como principal consecuencia. Le siguen sentimientos de “enojo”, “ansiedad” y “vergüenza”.

Al respecto, la investigación concluye que “es importante vislumbrar las posibles ramificaciones que podría acarrear tales efectos, dentro de los cuales conviene destacar el suicidio. Si bien es cierto que en los datos de la presente investigación la ideación suicida es reportada en menor medida por el estudiantado, el malestar emocional a raíz de situaciones de violencia en las redes sociales es una de las principales causas de este fenómeno entre la población adolescente. En este sentido, los datos recopilados merecen una aguzada atención, pues pueden conllevar consecuencias psíquicas perdurables y hasta irreversibles”.

En términos generales, se identificó que el teléfono celular es el dispositivo electrónico que más poseen los estudiantes, y mientras en la zona urbana un 67% dijo utilizar aplicaciones, ese porcentaje se reduce a un 51% en la zona rural. La edad de inicio en el uso de aplicaciones es de 12,94 años y las principales apps que utilizan son WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Tok y videojuegos en línea.

El estudio determinó, además, que algunos estudiantes manifestaron que han utilizado aplicaciones para citas (su uso se reporta a los 13 años en el caso de zona urbana y de 16 años en zona rural).

Finalmente, se estableció que, para la población de ambas regiones, el promedio de edad en que inician las relaciones de pareja es a los 14 años.

Se adjunta el estudio.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Buenas noticias desde La Habana: Delegación tica obtuvo medallas de oro y bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Biología

Del 7 al 14 de setiembre Costa Rica participó en la XVII Olimpiada Iberoamericana de Biología, en la Habana Cuba, representada por los estudiantes Andrés Corrales del Colegio Científico de Puntarenas (oro) y Juan Diego Castro (bronce) del Colegio del Valle de Pérez Zeledón, quienes fueron acompañados por los académicos José Pereira Chaves y Federico Herrera Madrigal, ambos de la Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional (UNA).

En dicha edición los estudiantes desarrollaron dos exámenes teóricos con nivel de complejidad diferentes, en donde se evaluó: anatomía y fisiología animal, anatomía y fisiología vegetal, biología celular, biología molecular, microbiología, bioquímica, genética, evolución, ecología, taxonomía, y etología. Además, hicieron tres exámenes experimentales de laboratorio: zoología, genética molecular y botánica.

En esta edición hubo representantes de 15 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Ecuador, España, Perú, Portugal, República Dominicana, Paraguay y Honduras, estos dos últimos se integraron este año de observadores, en total participaron 45 estudiantes.

Las pruebas fueron diseñadas y lideradas por los académicos de la Facultad de Biología de la Universidad La Habana, y la logística general estuvo a cargo del Ministerio de Educación de Cuba.

“A pesar de las dificultades económicas que tiene Costa Rica, siempre se tiene el compromiso de promover extracurricularmente las destrezas, habilidades y competencias del pensamiento científico, en donde con la sinergia del Ministerio de Educación Pública (MEP), e instituciones privadas, se ofrecen estos espacios que van más allá de un currículum escolar. Se busca dar oportunidades a la juventud costarricense para que se reten e identifiquen sus potencialidades. Es una oportunidad también para integrar el enfoque STEM, donde se promueve una visión global, sistémica y de vida para cientos de estudiantes que participan en un proceso nacional, y que hoy culminan con el orgullo de representar a un país tan pequeño como lo es Costa Rica, enfrentándose a potencias iberoamericanas de igual a igual”, comentó Pereira.

Para los académicos, es fundamental que el país cuente con iniciativas como la que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa con el expediente N° 24.164 relacionado con el financiamiento permanente para la organización y desarrollo de las olimpiadas científicas costarricenses, “esto es una forma de seguir generando oportunidades, potenciando las competencias del pensamiento científico, e incentivar a profesores de secundaria a que se unan y promuevan en el estudiante una formación integral, donde la resolución de problema y el aprender a aprender sean parte de la cotidianidad, que se trabaje y ponga en práctica desde la vivencia del pensamiento crítico con una visión sistémica, por ello es fundamental contar con recursos económicos para hacer una verdadera y significativa comunicación.

“Desde la Comisión organizadora, conformada por UNA, UNED, UCR, TEC, MEP, MICITT Y COLYPRO, docentes y estudiantes, no es posible que todos los años tengamos la incertidumbre de qué esperar para el próximo, quién apoyará financieramente, y sobre todo la angustia que le genera a los estudiantes que siguen un proceso de entrenamiento para competir a nivel centroamericano, iberoamericana y mundialmente. Si queremos seguir trabajando en lo más importante que es nuestra niñez y juventud, se debe contar con el contenido presupuestario. Insto y pido respetuosamente el apoyo a las personas diputadas para que esta iniciativa sea analizada, valorada y aprobada para seguir avanzando desde los distintos espacios, las evidencias están, el compromiso está y la necesidad de potenciar las áreas STEM es una obligación en la actualidad. Este año la Vicerrectoría de Investigación de la UNA aportó el financiamiento para hacer posible la participación de estos muchachos”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Estilo de gobierno obstaculiza acuerdos para avanzar en política social

  • La inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de las políticas del actual Gobierno.

  • En campos como el educativo y el ambiental no existe una ruta hacia una política clara y efectiva. Hay avances en infraestructura, pero se debe acelerar el paso en proyectos claves.

UNA Comunica. 12 de setiembre de 2024. El lenguaje autoritario, el estilo centralizado en la figura del Presidente y la constante confrontación con otros Poderes de la República e instituciones son un lastre para avanzar en la propuesta de soluciones de política social vinculados a educación, seguridad, ambiente y poblaciones vulnerables.

El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), da cuentas de la realidad que atraviesa el país, cuando ya el Gobierno ha consumido más de la mitad de su gestión, que finaliza en mayo de 2026.

Bajo el título Un país en conflicto: las diferencias sustanciales entre Poderes de la República, el análisis enfatiza en que las divisiones del Poder Ejecutivo se han acrecentado ante instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y las universidades públicas.

Una muestra evidente de ello, de acuerdo con Carlos Carranza, coordinador del Programa, es el uso de un lenguaje duro y estigmatizante, para referirse a aquellas personas a quienes el presidente Rodrigo Chaves considera sus opositores políticos.

Eso lo hace verse como persona lejana a la negociación y con una hiper centralización de las decisiones de política pública que provienen desde Zapote. “Mantenerse firme en sus posiciones es parte de la estrategia presidencial, donde la interpelación es directa y con muy pocas posibilidades de poder alcanzar acuerdos”, manifestó Carranza.

El estilo empleado busca achacar a la Asamblea Legislativa la responsabilidad en el estancamiento de las soluciones y en la tardanza en la aprobación de proyectos de ley, más aún en un periodo donde los esfuerzos del gobierno se han centrado en impulsar el proyecto de la Ley Jaguar y en debilitar a la Contraloría.

En el caso del Poder Judicial, las críticas se dirigen hacia sus distintas instituciones: desde la Corte Plena, hasta la Sala Constitucional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En este contexto, el estudio determina que se ha instaurado un modelo económico, “donde la inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de la lógica de las políticas de Gobierno”.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda se han hecho esfuerzos por reducir el déficit fiscal, no existe una estrategia clara que permita establecer objetivos concretos. Al respecto, Carranza hizo un llamado para que los equilibrios financieros por los que ha apostado la actual Administración, no dejen de lado un adecuado nivel de desarrollo en política social.

“La deuda que existe hacia los sectores con menos acceso a oportunidades es mayor y tendrá repercusiones en los próximos años, no solo con un apagón educativo, sino con una parálisis de una parte del sistema educativo y social”, indica el análisis.

Lo anterior hace que el Gobierno esté incumpliendo con acuerdos y metas establecidos a nivel del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la cual el país es parte.

Lupa en sectores

En el campo de la educación, se destaca que existen vacíos relevantes en la definición de una ruta clara hacia una política en esta materia. Problemas en la reinserción escolar, la falta de formación de personal académico, el retraso en la introducción de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y el poco fomento de la lectura, son parte de los síntomas que se están percibiendo.

A esto se suma los problemas en la implementación de una estrategia hacia el bilingüismo y la reducción constante en los recursos que se destinan a financiar la educación pública, y que abarca la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En cuando a la política ambiental, el informe recoge la contradicción entre las promesas del gobierno de Rodrigo Chaves y las acciones que pone en práctica. En términos generales, acusa la ausencia de una política ambiental, las situaciones de contaminación de agua que ha afectado a comunidades enteras y el uso de plaguicidas y pesticidas en cultivos.

A esto se suma el interés del Poder Ejecutivo por debatir acerca de la minería a cielo abierto y la pérdida de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar las obras del proyecto Orosi II, que solucionaría los problemas de abastecimiento de agua potable en la Gran Área Metropolitana.

“El país se encuentra en una situación crítica que refleja la negligencia y el desinterés de las instituciones nacionales de proteger el medio ambiente y gestionar los recursos naturales”, indica el análisis.

La inseguridad, principal preocupación de los costarricenses muestra indicadores preocupantes, con 406 crímenes que el OIJ ha vinculado con el crimen organizado y con el asesinato de 40 mujeres, de las cuales, 14 se han catalogado como femicidios.

Para este análisis de coyuntura, los académicos de la UNA hicieron una evaluación de la situación actual de las personas adultas mayores. Al respecto, se destaca que el acelerado proceso de envejecimiento al que se enfrenta el país se produce por el aumento de la esperanza de vida al nacer y la disminución en los niveles de fecundidad.

En ese entorno, persiste la violencia contra adultos mayores en sus diferentes manifestaciones y la necesidad de asegurar el acceso a una pensión digna en favor de esta población.

Asimismo, se hace una llamada de atención para que el Estado no descuide la atención de la niñez y adolescencia, a la luz justamente de la política nacional que rige la materia. Particularmente, se hace énfasis en la exclusión de esta población en los territorios indígenas.

En cuanto a temas de infraestructura, el informe reconoce que ha existido continuidad en el impulso de algunas obras, pese al cambio en la jerarquía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, insta a que se avance de manera más decidida en proyectos clave como la carretera a San Carlos, por ejemplo.

Puede descargar el estudio completo en formato PDF desde este enlace.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Tecnología mejora habilidades cognitivas en adultos mayores

 

  • Sensaciones socioemocionales relacionadas con la satisfacción con la vida, apoyo social, autoeficacia y salud, mejoraron.

  • Intervención incluyó a dos grupos, de 10 y 11 personas, del cantón de Nicoya, en medio de la pandemia.

UNA Comunica. 13 de setiembre de 2024. Para doña Felipina Fajardo tomar fotos y enviárselas a sus contactos, a través del teléfono celular que le regalaron sus tres hijos, era una tarea imposible. Ahora no solo hace eso, también realiza videollamadas y hasta se puso en contacto con una farmacia cercana para solicitar, por medio de su sitio web, el envío exprés de una medicina que requería para atender una dolencia en su columna.

Doña Felipina tiene 75 años y desde que nació ha vivido en Nicoya. Aceptó ser parte de un proyecto del Programa de Investigaciones en Psicología (PIP) de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA), llamado Promoción de procesos de envejecimiento saludable en población mayor residente en Nicoya, Guanacaste, mediante intervenciones con tecnologías de la información y la comunicación.

Mediante dos grupos (uno de 10 y el otro de 11 personas), los investigadores a cargo del proyecto, liderado por la académica María Dolores Castro, se propusieron determinar si el uso de la tecnología podía mejorar las habilidades cognitivas y de bienestar subjetivo entre la población adulta mayor.

Asimismo, identificar si a través de esta intervención era posible hacer un manejo eficaz del estrés y la ansiedad y de cómo se sentían ellas y ellos con la inclusión en el uso de la tecnología.

Para todos estos casos el resultado fue positivo. Por un lado, una de las conclusiones fue que esta población sí está dispuesta a aprender sobre tecnología, que sus capacidades y habilidades cognitivas mejoraron, así como sus sensaciones socioemocionales, relacionadas con la satisfacción con la vida, el apoyo social, la autoeficacia y la salud.

Para llegar a estas conclusiones, el grupo de investigación aplicó una prueba antes de que iniciaran las sesiones de capacitación y otro al finalizar, transcurridas las 10 semanas entre reuniones virtuales y presenciales, las cuales se llevaron a cabo en la biblioteca pública de Nicoya.

“Cuando nos referimos a capacidades cognitivas estamos hablando de la memoria, la atención, el control ejecutivo. El bienestar subjetivo es el grado de satisfacción que puedan tener las personas con sus vivencias. Y en esto hay mucha evidencia que dice que cuando las personas mayores aprenden a usar la tecnología aumenta un estado que se llama la autoeficacia, que es creer de que soy capaz de lograr las metas que me propongo”, manifestó Castro.

Junto con ella, el equipo estuvo integrado por Mauricio Blanco, académico de la Escuela de Psicología y por Mayela Coto, académica de la Escuela de Informática. También se contó con el apoyo de estudiantes asistentes tanto en la ejecución de los talleres como del seguimiento con los dos grupos.

Tareas

La necesidad de emprender este proyecto en una zona rural del país nació tras la pandemia. Castro manifestó que desde el 2008 viene trabajando temas de envejecimiento en la Escuela y desde ese momento se planteó la inquietud de cómo investigar las formas en que las personas, en su etapa de adulto mayor, pudieran vivir de manera saludable y con una mejor calidad de vida.

En el 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez.

En el 2014, luego de concluir su tesis de doctorado, María Dolores Castro inició con un proyecto que involucraba el impacto de la tecnología en los procesos de envejecimiento, pero en zonas urbanas, con residentes de las provincias de la Gran Área Metropolitana (GAM).

“La pandemia nos hizo una gran revelación, porque entonces nos planteamos: ¿ahora qué hacen los adultos mayores que están en aislamiento y que no saben cómo acceder a las nuevas tecnologías? Y ¿cómo hacemos para prevenir sentimientos de soledad, cuando no tienen la oportunidad de convivir con otras personas?”, se cuestionó la académica.

Fue así como seleccionaron el cantón nicoyano, y con el apoyo de la biblioteca pública local, comenzaron a girar invitaciones de personas interesadas en ser parte del estudio. El banderazo de arranque fue en el 2020, en plena pandemia, de ahí la necesidad de que tuviese una modalidad virtual.

Elementos como aprender a conectarse a una red inalámbrica de Internet, utilizar aplicaciones como WhatsApp, realizar videollamadas a través de la herramienta de Zoom, compartir audios y fotos, fueron parte de las enseñanzas. Esto se complementaba con tareas que debían cumplir los participantes y cuyos resultados luego se compartían con el grupo.

Más allá de aprender sobre el uso de aplicaciones y sus funcionalidades, el proyecto tuvo el propósito de resolver cómo, a partir de su uso cotidiano, estimulan la memoria y proyectan interacciones sociales relevantes.

Entonces, por medio de estas labores, que para muchas personas pueden ser rutinarias, se establecían intervenciones desde la psicología para analizar el impacto, por ejemplo, sobre distintas habilidades cognitivas.

“Los viernes trabajábamos técnicas de respiración, de manejo del estrés o cómo lidiar con pensamientos negativos, como, por ejemplo, ‘yo ya no puedo aprender esto porque estoy muy viejo’ y a partir de ahí, saber cómo se pueden abordar”, agregó Castro.

De las evaluaciones realizadas, un 80% de los asistentes indicó que la actividad más significativa fue el recuento de recuerdos personales, seguido del uso de Zoom (76%) y la grabación e intercambio de audios por WhatsApp (76%). Además, un 77% consideró que lo aprendido en las sesiones de estrés y ansiedad es muy útil para su vida diaria.

Hoy, doña Felipina dice sentirse feliz. Ella tiene familiares y conocidos que viven lejos y ahora, por medio de la tecnología, puede tener contacto más frecuente con sus personas allegadas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional sobre las elecciones en Venezuela

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) ha emitido un pronunciamiento sobre las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas el pasado 28 de julio de 2024. En la sesión ordinaria No. 15-2024 del Consejo de la Facultad, llevada a cabo el 2 de septiembre de 2024, se abordaron los hechos relacionados con la elección y las controversias posteriores.
Según los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro resultó ganador con el 51,95% de los votos (6.408.844 votos), mientras que Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, obtuvo el 43,18% de los sufragios (5.326.104 votos) con el 97% de las actas escrutadas. Sin embargo, indica el comunicado, el CNE aún no ha publicado las actas desglosadas por mesa de votación para corroborar estos resultados.

Por su parte, la oposición ha cuestionado los datos oficiales y ha presentado aproximadamente 24 mil actas recolectadas por voluntarios, que representan un 81,7% del total. Según el conteo opositor, González Urrutia habría ganado con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro.
El Panel de Expertos de la ONU emitió un informe preliminar en el que afirma que el CNE «no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad» esenciales para unas elecciones creíbles. Además, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó los resultados el 22 de agosto de 2024, lo cual fue rechazado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que señala la falta de imparcialidad tanto del tribunal como del CNE. La OEA instó a que se publiquen las actas de la elección desglosadas por mesa y que se realice una verificación imparcial de los resultados.
Desde que se conocieron los resultados oficiales, se han registrado protestas masivas dentro y fuera de Venezuela exigiendo transparencia en el conteo de los votos. Estas manifestaciones han sido reprimidas por el gobierno, resultando en 27 personas fallecidas, cerca de 200 heridas y más de 2.400 detenidas hasta la fecha, dice el documento enviado a SURCOS.

La comunidad internacional ha llamado al gobierno venezolano a cesar la violencia contra la población civil disidente y a garantizar la transparencia electoral, situación que no se ha resuelto hasta ahora.

El escrito del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales de la UNA expresa que la crisis política en Venezuela se atribuye a un deterioro de las instituciones democráticas, influenciado tanto por el modelo populista del chavismo como por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Esto ha exacerbado la polarización política y la crisis económica, lo que ha forzado a unos 7,7 millones de venezolanos a abandonar el país, muchos en busca de mejores condiciones de vida o para huir de la persecución política. En Costa Rica, para 2023, se reportaron 29.400 venezolanos, de los cuales solo 11 mil han logrado regularizar su estatus.

Acuerdos del Consejo de la Facultad
En respuesta a este complejo escenario, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA acordó los siguientes puntos:

  1. Instar al gobierno de Venezuela y al Tribunal Supremo de Justicia a detener la represión y la persecución política contra los líderes de la oposición, así como a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión de la población civil que exige el desglose de las actas por mesa de votación.
    Acuerdo firme y unánime.
  2. Ratificar la importancia de que los partidos políticos respeten la voluntad popular y que el CNE ponga a disposición las actas de todas las mesas de votación para un conteo transparente.
    Acuerdo firme y unánime.
  3. Instar a los gobiernos extranjeros a no reconocer a ningún candidato como ganador hasta que los resultados finales sean corroborados por los datos de las actas.
    Acuerdo firme y unánime.
  4. Solicitar al Consejo Universitario de la UNA que se pronuncie oficialmente sobre la situación en Venezuela, exigiendo el respeto a la voluntad popular y a los derechos humanos.
    Acuerdo firme y unánime.
  5. Fomentar la discusión informada sobre procesos electorales en la Facultad de Ciencias Sociales, reconociendo que la transparencia y la democracia son esenciales para la convivencia pacífica y el respeto al estado de derecho en América Latina.
    Acuerdo firme y unánime.
  6. Comunicar este pronunciamiento a toda la comunidad universitaria y a las autoridades pertinentes, incluyendo al Dr. Arnoldo André Tinoco, Canciller de la República de Costa Rica.
    Acuerdo firme y unánime.

Este acuerdo fue firmado por la Dra. Marta Sánchez López, presidenta del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, y «refleja el compromiso de la Universidad Nacional con los valores de soberanía, democracia y derechos humanos».

Información compartida con SURCOS por el profesor Carlos Carranza.

Estudiantes transforman sus vidas gracias a las becas de la UNA

La Universidad Nacional (UNA) es un pilar fundamental en la educación superior costarricense, pues le permite a miles de estudiantes acceder a oportunidades académicas que de otra manera no estarían a su alcance. El sistema de becas de la UNA es uno de los más robustos del país, y resulta clave en el proceso de inclusión y movilidad social.

Raquel Loría, una joven socióloga recientemente titulada, es un ejemplo de cómo las becas cambian vidas. Proviene de una zona rural y de una familia de escasos recursos, enfrentó numerosos desafíos para ingresar a la universidad; sin embargo, gracias al apoyo de la UNA, que le otorgó una beca socioeconómica, culminó sus estudios con una formación integral que trasciende lo académico.

En el 2023, la UNA asignó un total de 10.574 becas, de las cuales 8.570 correspondieron a la categoría socioeconómica. Estas becas no solo cubren la matrícula y los créditos académicos, sino que también ofrecen una serie de beneficios adicionales que facilitan el proceso educativo de los estudiantes. De los más de 10.000 estudiantes beneficiados en 2024, el 93,2% proviene de colegios públicos y educación abierta, lo que subraya el compromiso de la universidad con la equidad educativa.

Los campus regionales de la UNA han desempeñado un papel crucial en la expansión de estas oportunidades. Los porcentajes de estudiantes becados en campus como Coto (85,9%), Pérez Zeledón (84,1%) y Sarapiquí (81,2%) reflejan el impacto directo de las becas en las regiones fuera del Valle Central, donde la necesidad de apoyo económico es mayor. Asimismo, en la Región Central, campus como Omar Dengo y Benjamín Núñez mantienen coberturas de becas significativas, con un 54% y 40,8% de su población estudiantil beneficiada, respectivamente.

La inversión realizada por la Universidad Nacional en su sistema de becas y beneficios estudiantiles en 2024 asciende a ₡12.244.876.073, uno de los presupuestos más significativos en este rubro. Este esfuerzo no solo asegura el acceso a la educación superior, sino que también contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para contribuir activamente al progreso social y económico del país.

El testimonio de estudiantes como Raquel Loría demuestra que la educación pública es un motor de cambio en Costa Rica, y abre puertas a un futuro más prometedor y equitativo para todos.

Video:

Para más información comunicarse con la periodista Natalia Salas Gómez a los teléfonos 8873-60-01 22773067.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica 

En promedio 136 mujeres solicitan medidas de protección por violencia al día

  • Acompañamiento psicológico y determinación de variables socioeconómicas, laborales y familiares son esenciales para un abordaje integral y de protección a víctimas

UNA Comunica. 6 de setiembre de 2024. Actualmente, en promedio, 136 mujeres estarán acudiendo a instancias judiciales a solicitar medidas de protección ante situaciones de violencia. Al año, serían 62 mil casos, de acuerdo con el Examen Periódico Universal Costa Rica de abril 2024, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.

La estadística surge en el contexto donde se dio a conocer el reciente caso del femicidio de Loida Villalobos, de 34 años, quien aparentemente murió a manos de su esposo, en su casa en La Tigra de San Carlos, el pasado 27 de agosto.

Ella estuvo casada con el presunto agresor desde el 2010 y desde hace tres meses estaban separados. El sospechoso tenía prohibición de acercarse a Villalobos, medida que incumplió para cometer el femicidio.

Junto con la abogada especialista en derechos humanos y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), Larissa Arroyo, se analizó el entorno de exposición que sufren las mujeres víctimas de violencia y la efectividad de las medidas cautelares.

Para la experta, es importante considerar, en primera instancia, que el Estado está en la obligación de acatar lo que disponen las leyes en este tema, y luego velar por la adecuada implementación de las medidas que muchas veces están incluidas en protocolos, guías y manuales.

Sin embargo, es insuficiente lo que el Estado hace en este momento para resguardar la seguridad de la víctima, más allá de la denuncia presentada. Es ahí donde debe determinarse la magnitud de cada caso particular y, a partir de ahí proponer los abordajes económicos, de acompañamiento psicológico, laboral, de educación y vivienda que permita un abordaje integral.

“Pensemos en esos 136 casos diarios y lo que puede significar a nivel institucional. Porque entonces voy a necesitar a una policía y a un Poder Judicial, capacitados. Por eso es por lo que, para mí, es muy importante que no solo hablemos de las medidas cautelares, pues no es así como vamos a llegar a las verdaderas causas”, determinó Larissa Arroyo.

Además, las mujeres deben enfrentar los mitos y estereotipos alrededor del tema de la violencia, que abarca también el ámbito institucional. Por ejemplo, Arroyo mencionó aquellas situaciones donde, en el ámbito institucional, las denuncias son tramitadas por personas funcionarias que carecen de una perspectiva de género.

Caso por caso

Denunciar la agresión siempre será un paso necesario y fundamental; sin embargo, se debe analizar cada caso por aparte y determinar lo que puede implicar para la víctima. “Si se tratara de mi amiga, de mi vecina, de mi prima, mi consejo es que plantee la denuncia, pero que, en la medida de sus posibilidades, piense en un plan previo, porque no es lo mismo si ella convive con la persona o no, si depende económicamente de él, si tienen hijos o si padece alguna enfermedad. Todas estas variables hay que considerarlas”, agregó Arroyo.

Al mismo tiempo, reconoce que, dependiendo de las circunstancias, la persona afectada no va a tener tiempo de pensar en un plan previo, más aún si la agresión se consume intempestivamente. “Ahí, el consejo es llamar de manera inmediata al 911, porque ellos tienen el personal entrenado para intervenir y trasladar a la víctima a un lugar seguro que puede ser un albergue o donde un familiar”.

Asistencia jurídica

Dentro de ese abordaje integral que debe brindarse desde la institucionalidad, Larissa Arroyo aboga por garantizar el patrocinio legal a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Ese tema, incluso, forma parte de las recomendaciones que giró el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al examinar el octavo informe del Estado costarricense en esta materia, de febrero del año anterior.

En el apartado de recomendaciones se indica: “Amplíe los servicios públicos de asistencia letrada debidamente financiados a fin de asegurar la asistencia jurídica a las mujeres que no dispongan de medios suficientes en los procedimientos en materia penal, civil y administrativa relacionados con la violencia de género y la discriminación contra las mujeres”.

Para Arroyo, dentro del contexto socioeconómico de las víctimas puede darse ese sentido de desprotección, al no contar con los recursos económicos suficientes para sufragar la asistencia legal.

Para estos efectos, desde el 14 de julio de 2023 rige la ley 10.347 que adiciona un artículo a la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el cual promueve la suscripción de convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales relacionados con la Ley 8.589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Otras iniciativas, como el expediente 24.303, está en discusión en este momento en la Asamblea Legislativa y busca, también en aras de cumplir con las disposiciones de CEDAW, crear un régimen de reparación integral para familiares y dependientes que han sobrevivido a un femicidio y que incluye asistencia médica, psicológica y representación jurídica.

Finalmente, Larissa Arroyo hizo un llamado a que el país avance en estrategias interseccionales para reconocer cómo la violencia basada en género afecta a las mujeres de distintas formas y estará condicionada, además, a si se trata de una mujer migrante, por ejemplo, o de una región indígena, afroscostarricense, transexual o si posee alguna condición de discapacidad.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Vigilia en apoyo a Digna Rivera, en memoria de su hijo Jehry Rivera

Hoy, lunes 9 de septiembre a partir de las 5:00 pm en la UCR, plaza contiguo a la Escuela de Artes Plásticas, Finca 1 en la Rodrigo Facio se estará llevando a cabo una vigilia, en donde se exige justicia para Jehry Rivera y los pueblos originarios, en apoyo a su madre, doña Digna Rivera. 

Jehry Rivera, líder indígena y defensor del ambiente fue asesinado en febrero del 2020, en medio de un proceso de recuperación de tierras. Luego de 4 años, todavía no se ha hecho justicia, ya que el presunto asesino, Juan Eduardo Varela, durante el 2023, y luego de haber confesado haber cometido el asesinato en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de cárcel, no obstante el tribunal de Cartago poco después lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados. Este proceso judicial que ha seguido tras el asesinato de Jehry no ha logrado hacer justicia, y deja una herida abierta en la lucha por el territorio, y los derechos humanos de los pueblos originarios, su autonomía, y el ambiente en nuestro país.

Actualmente este proceso se encuentra en su recta final, siendo el lunes 9 y el martes 10 de septiembre los últimos dos días del juicio al que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas, en los tribunales de Pérez Zeledón.

Es importante mantenerse alerta en este momento decisivo, y denunciar la falta de justicia en este caso, en donde se está manteniendo impune un crimen que pone en evidencia el racismo y colonialismo presentes en el país. Se exige que se retomen las acciones necesarias para esclarecer el asesinato de Jehry, y que se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas, al igual que se fortalezcan las políticas ambientales que este líder, activista y luchador por los derechos del ambiente defendió durante su vida.

La firmeza de los tribunales y el otorgar la justicia es necesaria por las personas que continúan luchando por la defensa del ambiente, al igual que la ratificación del acuerdo Escazú, el cual fue archivado por la Asamblea Legislativa en el 2023 aun cuando es un instrumento legal para la protección del activismo ambientalista, algo especialmente importante para una nación cuya posición en la comunidad internacional es una de ambientalismo.

Se honra la memoria de los y las lideresas que han sido asesinados y asesinadas por la defensa de sus tierras, derechos, y la vida misma en Costa Rica y América Latina. Por esto, el dia de hoy se extiende el llamado para recordar a Sergio Rojas y a Jehry Rivera, al igual que las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kicha, con personas líderes indígenas que se enfrentan a hostigamiento y amenazas en su lucha por la defensa de sus territorios y la recuperación contra la ocupación por empresas y personas no indígenas.

Esta vigilia cuenta con el apoyo de diversas organizaciones estudiantiles de la UCR y la UNA entre ellas asociaciones, federaciones, y movimientos estudiantiles. Se les solicita a los asistentes que traigan flores y velas.

¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!