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Acompañamiento psicológico y determinación de variables socioeconómicas, laborales y familiares son esenciales para un abordaje integral y de protección a víctimas
UNA Comunica. 6 de setiembre de 2024. Actualmente, en promedio, 136 mujeres estarán acudiendo a instancias judiciales a solicitar medidas de protección ante situaciones de violencia. Al año, serían 62 mil casos, de acuerdo con el Examen Periódico Universal Costa Rica de abril 2024, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
La estadística surge en el contexto donde se dio a conocer el reciente caso del femicidio de Loida Villalobos, de 34 años, quien aparentemente murió a manos de su esposo, en su casa en La Tigra de San Carlos, el pasado 27 de agosto.
Ella estuvo casada con el presunto agresor desde el 2010 y desde hace tres meses estaban separados. El sospechoso tenía prohibición de acercarse a Villalobos, medida que incumplió para cometer el femicidio.
Junto con la abogada especialista en derechos humanos y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), Larissa Arroyo, se analizó el entorno de exposición que sufren las mujeres víctimas de violencia y la efectividad de las medidas cautelares.
Para la experta, es importante considerar, en primera instancia, que el Estado está en la obligación de acatar lo que disponen las leyes en este tema, y luego velar por la adecuada implementación de las medidas que muchas veces están incluidas en protocolos, guías y manuales.
Sin embargo, es insuficiente lo que el Estado hace en este momento para resguardar la seguridad de la víctima, más allá de la denuncia presentada. Es ahí donde debe determinarse la magnitud de cada caso particular y, a partir de ahí proponer los abordajes económicos, de acompañamiento psicológico, laboral, de educación y vivienda que permita un abordaje integral.
“Pensemos en esos 136 casos diarios y lo que puede significar a nivel institucional. Porque entonces voy a necesitar a una policía y a un Poder Judicial, capacitados. Por eso es por lo que, para mí, es muy importante que no solo hablemos de las medidas cautelares, pues no es así como vamos a llegar a las verdaderas causas”, determinó Larissa Arroyo.
Además, las mujeres deben enfrentar los mitos y estereotipos alrededor del tema de la violencia, que abarca también el ámbito institucional. Por ejemplo, Arroyo mencionó aquellas situaciones donde, en el ámbito institucional, las denuncias son tramitadas por personas funcionarias que carecen de una perspectiva de género.
Caso por caso
Denunciar la agresión siempre será un paso necesario y fundamental; sin embargo, se debe analizar cada caso por aparte y determinar lo que puede implicar para la víctima. “Si se tratara de mi amiga, de mi vecina, de mi prima, mi consejo es que plantee la denuncia, pero que, en la medida de sus posibilidades, piense en un plan previo, porque no es lo mismo si ella convive con la persona o no, si depende económicamente de él, si tienen hijos o si padece alguna enfermedad. Todas estas variables hay que considerarlas”, agregó Arroyo.
Al mismo tiempo, reconoce que, dependiendo de las circunstancias, la persona afectada no va a tener tiempo de pensar en un plan previo, más aún si la agresión se consume intempestivamente. “Ahí, el consejo es llamar de manera inmediata al 911, porque ellos tienen el personal entrenado para intervenir y trasladar a la víctima a un lugar seguro que puede ser un albergue o donde un familiar”.
Asistencia jurídica
Dentro de ese abordaje integral que debe brindarse desde la institucionalidad, Larissa Arroyo aboga por garantizar el patrocinio legal a las mujeres víctimas de violencia doméstica.
Ese tema, incluso, forma parte de las recomendaciones que giró el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al examinar el octavo informe del Estado costarricense en esta materia, de febrero del año anterior.
En el apartado de recomendaciones se indica: “Amplíe los servicios públicos de asistencia letrada debidamente financiados a fin de asegurar la asistencia jurídica a las mujeres que no dispongan de medios suficientes en los procedimientos en materia penal, civil y administrativa relacionados con la violencia de género y la discriminación contra las mujeres”.
Para Arroyo, dentro del contexto socioeconómico de las víctimas puede darse ese sentido de desprotección, al no contar con los recursos económicos suficientes para sufragar la asistencia legal.
Para estos efectos, desde el 14 de julio de 2023 rige la ley 10.347 que adiciona un artículo a la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el cual promueve la suscripción de convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales relacionados con la Ley 8.589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
Otras iniciativas, como el expediente 24.303, está en discusión en este momento en la Asamblea Legislativa y busca, también en aras de cumplir con las disposiciones de CEDAW, crear un régimen de reparación integral para familiares y dependientes que han sobrevivido a un femicidio y que incluye asistencia médica, psicológica y representación jurídica.
Finalmente, Larissa Arroyo hizo un llamado a que el país avance en estrategias interseccionales para reconocer cómo la violencia basada en género afecta a las mujeres de distintas formas y estará condicionada, además, a si se trata de una mujer migrante, por ejemplo, o de una región indígena, afroscostarricense, transexual o si posee alguna condición de discapacidad.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
