En el marco de la celebración de las fiestas de la Virgen del Mar, el proyecto Cultura del Agua de la Universidad de Costa Rica (UCR) preparó un video dedicado a esta tradición porteña, como parte de sus esfuerzos por documentar relatos, prácticas y memorias que reflejan la relación de las comunidades con el agua. Le invitamos a verlo:
La procesión marítima, realizada el pasado 12 de julio en la costa pacífica del país, se efectúa en honor a la Virgen del Carmen, conocida en Puntarenas como Virgen del Mar, y tiene como eje la participación de embarcaciones que acompañan la imagen de la Virgen en aguas del golfo de Nicoya, como una manifestación de fe vinculada con la protección de pescadores, marineros y familias costeras.
De acuerdo con investigaciones históricas publicadas en la revista académica Diálogos de la Universidad de Costa Rica, la advocación de la Virgen del Carmen —de origen europeo y difundida en América desde el siglo XVII— llegó a Puntarenas bajo la figura de la Virgen del Mar, con la instauración de las festividades en 1914 por parte del presbítero José Daniel Carmona. La tradición popular asocia el origen de esta devoción con el naufragio de una embarcación en 1913, cuya tripulación fue rescatada; desde entonces, la fiesta se consolidó como una expresión de identidad porteña en la que se entrelazan la fe, el trabajo pesquero, la navegación y la memoria comunitaria. La celebración fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica, en reconocimiento a su arraigo entre las comunidades pesqueras del Pacífico.
Según el coordinador del proyecto Cultura del Agua, Mario Enrique Arias Salguero, la relación de las comunidades costarricenses con el agua no se limita a la ciencia o a la gestión técnica de los recursos, sino que también está tejida en la historia, la espiritualidad y las vivencias de la población, en expresiones culturales construidas a partir de creencias, conocimientos, valores y prácticas.
El relato sobre esta devoción forma parte del libro El Agua de la Gracia: manantiales, ríos, sequías e inundaciones en el culto Mariano en América Latina. El proyecto Cultura del Agua como herramienta para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico es una iniciativa de Acción Social del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la UCR, cuyo objetivo es promover una relación más consciente con el agua a partir del reconocimiento de prácticas culturales, comunitarias y territoriales.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Cátedra Centroamérica y la Fundación Heinrich Böll Stiftung Centroamérica, invita a la presentación del IV Informe sobre Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica, una investigación que analiza las condiciones actuales para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la región.
La actividad se realizará el martes 21 de julio de 2026, a las 10:00 a. m., en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Esta cuarta edición del informe examina el estado de la libertad de expresión, la libertad de prensa y las condiciones del ejercicio periodístico en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mediante un enfoque comparado que permite identificar tendencias regionales, patrones de presión contra el periodismo y transformaciones recientes en el ecosistema mediático centroamericano.
De acuerdo con las entidades organizadoras, la investigación combina un análisis del contexto regional sobre libertad de expresión y periodismo con los resultados de una encuesta aplicada a periodistas de esta región y entrevistas realizadas a representantes de medios de comunicación. El propósito es aportar evidencia sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente el ejercicio periodístico en Centroamérica.
La presentación constituye un espacio para compartir los principales hallazgos del estudio y promover la reflexión sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en la región, en un contexto marcado por cambios políticos, sociales y tecnológicos que inciden en el trabajo de la prensa.
La actividad es gratuita y también será transmitida en vivo a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Las personas que deseen asistir de manera presencial deben completar previamente el formulario de inscripción disponible en:
La organización invita a estudiantes, periodistas, personas investigadoras, representantes de medios de comunicación y público interesado a participar en esta presentación y conocer los resultados del informe regional.
La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) invita al conversatorio «Realidad colonial del Sáhara Occidental y la lucha de las personas trabajadoras saharauis por su independencia», una actividad abierta al público que busca acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía costarricense a la situación histórica, política y social que vive el pueblo saharaui.
La actividad se realizará el martes 14 de julio de 2026, a las 4:30 p.m., en las instalaciones del SINDEU, en San Pedro de Montes de Oca.
El conversatorio contará con la participación de Nafii Buda Ahmed Mohamed, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Saguia el Hamra y Río de Oro (UGTSARIO), y del historiador Dr. Jorge Barrientos, docente de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Nafii Buda Ahmed Mohamed nació el 16 de octubre de 1981 en El Aaiún, Sáhara Occidental. Además de dirigir actualmente la UGTSARIO, fue presidente de la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis, director de la Radio Nacional Saharaui y responsable de la radio y televisión comunitarias en los campamentos de refugiados de El Aaiún y Auserd. También ejerció como docente en la enseñanza básica, secundaria y de formación profesional en los campamentos de refugiados saharauis, acumulando más de dos décadas de trabajo en comunicación y defensa de los derechos del pueblo saharaui.
El conversatorio permitirá conocer la realidad del Sáhara Occidental, territorio reconocido por las Naciones Unidas como pendiente de descolonización. Según la información institucional de la UGTSARIO, la organización considera que la ocupación del territorio y la negación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación constituyen el origen de las violaciones a los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales que denuncia desde hace décadas.
Fundada en 1974, la UGTSARIO se define como una organización sindical de resistencia que representa a las personas trabajadoras saharauis tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios ocupados, la diáspora y otros espacios donde desarrolla actividad laboral. Entre sus principales objetivos figuran la defensa de los derechos laborales y sociales, la protección de los derechos humanos y el respaldo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia.
El documento institucional señala además que la organización denuncia la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, la represión contra personas sindicalistas y defensoras de derechos humanos, la discriminación laboral y la exclusión de la población autóctona, al tiempo que desarrolla una labor permanente de sensibilización internacional sobre la situación del territorio.
La actividad es organizada por FESITRAES con el respaldo de las organizaciones sindicales SINDEU, SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED, como un espacio para promover el conocimiento, el diálogo y la solidaridad internacional en torno a una de las últimas cuestiones de descolonización pendientes en el mundo.
El programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, invita a participar en un nuevo panel titulado «Enriquecimiento ambiental como estrategia para mejorar la salud mental», un espacio dedicado a reflexionar sobre los aportes de distintas disciplinas para comprender y fortalecer la salud mental desde una perspectiva integral.
La actividad se realizará en vivo el viernes 3 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (UTC-6), y será transmitida a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.
Panelistas invitados
El panel contará con la participación de dos especialistas provenientes de las ciencias biológicas y de la salud.
Participará Andrey Sequeira Cordero, Ph.D. en Biología, investigador y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), especializado en genética humana, neurobiología del estrés y las bases biológicas de los trastornos.
También estará presente Jenny Vásquez Vásquez, enfermera y obstetra de la Universidad de Costa Rica, terapeuta holística y sexóloga en consulta privada.
El diálogo buscará abordar cómo el enriquecimiento ambiental puede contribuir al bienestar psicológico y emocional, integrando conocimientos provenientes de la biología, la salud, la neurociencia y la experiencia clínica.
Transmisión y emisoras aliadas
Además de las plataformas digitales del programa, la actividad cuenta con el respaldo de diversas emisoras comunitarias y culturales:
Guanacaste 106.1 FM.
Radio Soberanía.
Radio Revolución.
506 Ondas Alajuelita.
Voces Libertarias 97.3 FM.
Las personas organizadoras invitan al público a seguir esta conversación y participar en un espacio de reflexión sobre alternativas para promover la salud mental desde enfoques interdisciplinarios y preventivos.
Consejo Universitario mantiene criterio institucional y recomienda no aprobar el texto actualizado del Expediente N.º 23.414
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto actualizado del proyecto de ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente N.º 23.414), al considerar que la iniciativa continúa debilitando el modelo eléctrico público costarricense y plantea una transformación estructural del sector sin ofrecer garantías suficientes para proteger el interés público.
Con esta decisión, la Universidad reafirma los criterios institucionales emitidos en 2023 y 2024 respecto al texto base y al texto dictaminado de la iniciativa, manteniendo una posición consistente en defensa del modelo eléctrico construido por Costa Rica durante más de siete décadas.
El análisis realizado por especialistas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ciencias Sociales y otras unidades académicas concluye que el proyecto propone una reconfiguración profunda del sistema eléctrico nacional, desplazando un modelo basado en la planificación pública, la solidaridad y el acceso universal hacia otro sustentado en la competencia y la lógica de mercado. Aunque formalmente se mantiene la rectoría estatal, la propuesta amplía la participación de agentes privados en funciones estratégicas y modifica el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destacan la creación de un Mercado Eléctrico Nacional bajo criterios de competencia, el traslado de funciones estratégicas actualmente ejercidas por el ICE hacia un nuevo ente coordinador, la pérdida de capacidad de planificación pública del sistema eléctrico y los riesgos que ello representa para principios como la universalidad, la solidaridad, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, el análisis advierte que experiencias internacionales de liberalización eléctrica han evidenciado aumentos tarifarios, deterioro en la calidad del servicio y una mayor vulnerabilidad operativa.
El Consejo Universitario también considera que la modernización del sistema eléctrico es una necesidad impostergable; sin embargo, esta debe orientarse al fortalecimiento institucional del ICE, la despolitización de la planificación energética, el desarrollo de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la gobernanza pública del sector, sin debilitar el modelo solidario que ha permitido a Costa Rica alcanzar una de las coberturas eléctricas más altas de América Latina y una matriz basada mayoritariamente en fuentes renovables.
En ese sentido, la Universidad de Costa Rica reitera su disposición de colaborar con la Asamblea Legislativa y con las instituciones del sector energético mediante el aporte de sus capacidades académicas y técnicas para construir una propuesta de modernización del sistema eléctrico que preserve el interés público, fortalezca al ICE y responda a los desafíos de la transición energética y la seguridad eléctrica del país.
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Las políticas de cuidado, la organización social de las familias y el fortalecimiento de la democracia fueron el eje de la conferencia «Cuidar, controlar y castigar: las políticas de familia en tiempos de erosión democrática», realizada el lunes 29 de junio de 2026 en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
La actividad fue organizada por el Posgrado Centroamericano en Sociología y la Red Interuniversitaria de Estudios sobre los Cuidados y sus Transformaciones, y contó con la participación de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR); la M.Sc. Laura Rivera Alfaro, coordinadora de la Iniciativa Puentes para la Educación de la Vicerrectoría de Acción Social y docente de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente; y la Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología, quien moderó el encuentro.
Durante la apertura, Nancy Piedra destacó que la conferencia forma parte de un proceso sostenido de reflexión impulsado por el Posgrado y por la Red Interuniversitaria para analizar críticamente las transformaciones sociales que atraviesan América Latina. Señaló que el debate sobre los cuidados ha sido impulsado de manera decisiva por los movimientos feministas, así como por organismos internacionales y espacios académicos que han contribuido a colocar este tema en el centro de las políticas públicas.
Los cuidados como derecho humano y como disputa política
En su exposición, Juliana Martínez Franzoni planteó que América Latina atraviesa un momento decisivo para las políticas de cuidado. Recordó que la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, universal y exigible, estableciendo que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de calidad, proteger a quienes cuidan y corregir las profundas desigualdades que caracterizan la organización social de los cuidados en la región.
Sin embargo, advirtió que ese importante avance normativo convive con una realidad profundamente desigual.
Explicó que la organización de los cuidados continúa descansando principalmente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza, lo que limita sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.
Para la investigadora, el cuidado debe entenderse no solamente como un componente de la política social, sino como una infraestructura política capaz de distribuir poder dentro de la sociedad.
Desde esa perspectiva, sostuvo que las políticas públicas pueden utilizarse para ampliar derechos y promover inclusión, pero también pueden convertirse en mecanismos de control social e incluso de castigo cuando las democracias experimentan procesos de deterioro institucional.
De cuidar para incluir a cuidar para controlar
Uno de los principales planteamientos de la conferencia fue la necesidad de comprender la evolución reciente de las políticas de familia en América Latina.
Martínez Franzoni explicó que durante los primeros quince años del siglo XXI numerosos países ampliaron la protección social mediante reformas en salud, asistencia social y sistemas de cuidado, incorporando a sectores históricamente excluidos y reconociendo los cuidados como un cuarto pilar de los sistemas de bienestar.
Ese proceso permitió ampliar licencias, fortalecer servicios comunitarios, reconocer el trabajo de cuidados y promover la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y familias.
No obstante, sostuvo que actualmente diversos países enfrentan un cambio de orientación política.
En ese nuevo contexto, afirmó, algunas políticas de familia dejan de orientarse prioritariamente hacia la inclusión y pasan a desempeñar funciones de vigilancia, disciplinamiento y control sobre determinados grupos sociales.
Según explicó, cuando el Estado reduce su papel como garante de derechos y fortalece enfoques autoritarios, se profundiza la división sexual del trabajo y se produce lo que diversos estudios denominan una «refamiliarización forzada» de los cuidados, trasladando nuevamente la mayor parte de estas responsabilidades a las familias y, particularmente, a las mujeres.
El cuidado también es desarrollo económico
La investigadora subrayó que los cuidados no deben analizarse únicamente desde la política social.
Argumentó que constituyen también un componente estratégico del desarrollo económico, ya que generan empleo, distribuyen ingresos y fortalecen la economía de servicios.
En ese sentido, propuso avanzar hacia políticas que integren tres dimensiones complementarias:
consolidar los cuidados como un cuarto pilar del bienestar;
reconocerlos como un sector productivo generador de empleo;
incorporarlos como un estándar transversal en las políticas laborales, sociales y ambientales.
A su juicio, solamente una estrategia integral permitirá convertir el reconocimiento jurídico del derecho al cuidado en transformaciones concretas para la población.
Defender las políticas públicas de cuidado
En los comentarios posteriores a la conferencia, Laura Rivera Alfaro destacó la importancia de comprender que las disputas actuales sobre las políticas de familia forman parte de debates más amplios acerca del papel del Estado, la democracia y los derechos sociales.
Señaló que muchas de las transformaciones recientes buscan reinstalar visiones tradicionales de la familia que trasladan nuevamente las responsabilidades del cuidado al ámbito privado, debilitando la responsabilidad pública en esta materia.
Rivera subrayó que defender las políticas de cuidado implica también defender la igualdad, la democracia y la posibilidad de construir sociedades más justas, capaces de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades que sostienen la vida cotidiana.
Un debate necesario
La actividad concluyó con un intercambio entre las expositoras y el público asistente, en el que se profundizó sobre los desafíos que enfrentan Costa Rica y América Latina para fortalecer políticas públicas de cuidado en un contexto marcado por restricciones fiscales, desigualdades persistentes y transformaciones políticas.
Las organizadoras señalaron que este tipo de espacios buscan aportar herramientas de análisis que permitan comprender las relaciones entre democracia, bienestar, políticas sociales y organización de los cuidados, promoviendo una discusión informada sobre uno de los temas centrales para el presente y el futuro de la región.
La conferencia completa puede verse en el siguiente enlace de YouTube:
• UCR promoverá estudios científicos • Exige a las instituciones gubernamentales cumplir la legislación ambiental vigente • Expresa solidaridad con personas comunicadoras y líderes comunales que han sido víctimas de persecución
San José, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su profunda preocupación ante la posible tala rasa de 748 árboles de 22 especies distintas autorizada en Playa Panamá, Guanacaste, como parte de la primera fase de un proyecto turístico e inmobiliario que contempla la construcción de hoteles, residencias y otras infraestructuras dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo.
Mediante un acuerdo aprobado hoy 18 de junio de 2026, el Consejo Universitario advirtió sobre los potenciales impactos ambientales que podría generar la eliminación de esta cobertura arbórea, tanto para la biodiversidad como para los ecosistemas y la vida silvestre asociada a la zona.
La Universidad recordó que existen criterios técnicos que señalan que el área donde se pretende desarrollar el proyecto podría corresponder a un bosque ubicado en terrenos estatales administrados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), condición que le otorgaría la categoría de patrimonio natural del Estado y, por tanto, una protección especial bajo la legislación nacional.
“Ante la existencia de criterios contrapuestos sobre la naturaleza del área intervenida, la Universidad considera fundamental que prevalezca el rigor científico y el análisis técnico independiente”, señala el acuerdo.
Por esta razón, la UCR instó a sus unidades académicas especializadas en biología, ecología, geografía y gestión ambiental a valorar la realización de estudios científicos que permitan determinar si el terreno donde se autorizó la tala reúne las características necesarias para ser clasificado legalmente como bosque.
La Universidad enfatizó que la posible eliminación de 748 árboles podría ocasionar daños graves e incluso irreversibles sobre los ecosistemas locales, afectando especies de flora y fauna que dependen de estos hábitats.
Asimismo, destacó que la conservación de los recursos naturales constituye uno de los principales activos de la región y una de las bases fundamentales de la actividad turística en Guanacaste. En ese sentido, advirtió que la pérdida de cobertura forestal podría comprometer los mismos valores paisajísticos y ambientales que sustentan el atractivo turístico del territorio.
Como parte del acuerdo, la UCR hizo un llamado al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para que garanticen el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de la biodiversidad.
La Universidad recordó que el artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado de garantizar su protección.
El acuerdo también expresa solidaridad con personas comunicadoras, activistas y líderes comunales que han denunciado posibles irregularidades relacionadas con el proyecto y que, según se ha señalado públicamente, enfrentan situaciones de persecución y presiones derivadas de su labor de denuncia ambiental.
Sobre este punto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ciencias Sociales, Dra. Ilka Treminio Sánchez, señaló que “en los últimos años se ha producido persecución contra personas defensoras del ambiente y contra quienes se enfrentan a este tipo de procesos, en los que las empresas dominan los negocios y también buscan determinar el uso y disfrute de las playas y los recursos naturales. Prueba de ello es que precisamente la próxima semana se realizará el juicio contra el influencer Juan Bautista Alfaro, quien ha defendido con mucha fuerza y valentía los recursos naturales de Playa Panamá”.
La UCR reafirmó que toda persona tiene el derecho constitucional de denunciar acciones que puedan afectar el ambiente sin ser objeto de represalias, así como de exigir la reparación de los daños ocasionados.
Más allá del caso específico de Playa Panamá, la Universidad considera necesario abrir una discusión nacional sobre el modelo de desarrollo impulsado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
El Consejo Universitario señaló que la Ley Reguladora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, vigente desde 1982, responde a una visión de desarrollo propia de otra época y requiere ser analizada a la luz de los actuales desafíos ambientales, sociales y territoriales.
En este contexto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ingeniería, Dra. Natalia Solano Meza, afirmó que “como concesión territorial, el Polo Turístico de Papagayo lleva detrás una visión de desarrollo que implica despojo de tierras, daño ambiental, gentrificación y, como bien lo señala el dictamen, turistificación. Esta concesión funciona, sin lugar a dudas, bajo una lógica similar a la de los enclaves productivos de los siglos XIX y XX en Costa Rica, y además pone en riesgo la capacidad del Estado costarricense para regular el impacto ambiental de estos proyectos”.
La Universidad considera necesario evaluar de forma integral los costos y beneficios del modelo turístico predominante en la región, incorporando criterios de sostenibilidad ecológica, participación comunitaria, justicia social y protección de los territorios.
La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica realizará la conferencia “Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica”, una actividad que abordará las implicaciones de la iniciativa legislativa que actualmente genera un amplio debate en distintos sectores sociales, académicos y comunitarios del país.
La exposición estará a cargo de Alberto Gutiérrez Arguedas, docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede de Occidente, en San Ramón. Además, será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.
La conferencia se realiza en un contexto de creciente discusión nacional sobre el denominado proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, iniciativa que ha sido cuestionada por organizaciones sociales, sindicatos, gobiernos locales y sectores académicos que consideran que debilitará el modelo eléctrico solidario construido por Costa Rica durante décadas.
En las últimas semanas, diversas municipalidades del país han aprobado acuerdos manifestando su rechazo a la propuesta legislativa, mientras organizaciones ciudadanas han advertido sobre posibles efectos en la planificación energética, el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la gestión pública del servicio y el acceso universal a la electricidad. Estos sectores sostienen que la discusión trasciende aspectos técnicos y constituye un debate sobre el modelo de desarrollo y el futuro de un servicio considerado estratégico para el país.
La actividad organizada por la Sede de Occidente busca contribuir al análisis informado de esta discusión mediante una exposición académica sobre los alcances y riesgos que, según sus críticos, podría implicar la aprobación del proyecto.
Detalles de la actividad
Conferencia: Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica Expositor: Alberto Gutiérrez Arguedas Cargo: Docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) Fecha: Viernes 19 de junio de 2026 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Auditorio de la Sede de Occidente, San Ramón Transmisión: Canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica
La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.
Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.
Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.
El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.
Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.
Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.
Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.
Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.
El programa Alternativas dedicará su próxima emisión al tema “Genética del cáncer de mama”, con el propósito de analizar los factores genéticos asociados a esta enfermedad, los avances científicos en su estudio y la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento a las personas afectadas.
La actividad se realizará el 29 de mayo de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, así como por diversas emisoras colaboradoras.
El panel contará con la participación de Gustavo Gutiérrez Espeleta, genetista, docente y exrector de la Universidad de Costa Rica. Gutiérrez Espeleta ha desarrollado una amplia trayectoria en investigación científica y se desempeña como representante y asesor en temas de ciencia, biodiversidad, cáncer, protección animal y evaluación de investigaciones en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), además de participar en redes latinoamericanas especializadas.
También participará Laura Chaverri Vargas, obstetra y educadora prenatal certificada, egresada de la Universidad de Costa Rica, quien compartirá su experiencia personal como paciente de cáncer de mama, aportando una perspectiva humana sobre los desafíos asociados al diagnóstico, tratamiento y recuperación.
La actividad busca acercar al público a la comprensión de los componentes genéticos del cáncer de mama y promover la reflexión sobre la importancia de la investigación científica, la detección temprana y el apoyo integral a quienes enfrentan esta enfermedad.
La transmisión forma parte de los espacios de análisis impulsados por el programa Alternativas y contará con el apoyo de las emisoras Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias.
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