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Etiqueta: universidad pública

SIUNED cumple tres años y señala quién paga la crisis presupuestaria en la UNED

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) cumplió tres años el 16 de octubre. Con ese motivo publicó un pronunciamiento en el que hace un balance de su trayectoria y fija su posición sobre los salarios, la estabilidad laboral, el tiempo de trabajo y la crisis presupuestaria de la universidad.

El sindicato se fundó el 16 de octubre de 2023. Según el documento, nació de la organización de las personas trabajadoras frente a varios problemas:

  • las reformas que afectaron los componentes salariales;

  • la imposición de un salario global transitorio que califica de “paupérrimo”;

  • el deterioro histórico de las condiciones laborales en la UNED frente a otras universidades públicas.

Hoy tiene 950 personas afiliadas, entre personal administrativo, profesional y docente de todos los ámbitos institucionales.

En el texto, el SIUNED sostiene que su crecimiento demuestra la necesidad de mantener la organización sindical “incluso en un período marcado por medidas contra la clase trabajadora y por discursos que presentan la acción colectiva como innecesaria”. Recuerda que las garantías laborales no nacieron de la generosidad de quienes concentran el poder, sino de movilizaciones, conflictos y resistencias. Para sustentarlo cita a Abramovich y Courtis y a Grau-Crespo (2024), quien describe cuatro décadas de deterioro del empleo público, flexibilización laboral y antisindicalismo en el país.

Un sindicato independiente, clasista y combativo

La organización se define como independiente, clasista y combativa. Aclara que la independencia “jamás significa aislamiento ni rechazo al diálogo”: quiere decir que sus decisiones responden solo a los intereses de las personas trabajadoras y no a una administración, un gobierno, un partido o un grupo de poder. El pronunciamiento afirma que la Administración de la UNED, en algunos momentos, “ha pretendido señalar esta independencia sindical, con el objeto de frenar el pensamiento alternativo”.

El carácter clasista, explica, parte de reconocer que el personal académico, el administrativo, el profesional y el no profesional comparten una condición común: dependen de su trabajo para sostener su vida. Desde ahí, el sindicato entiende como problemas colectivos y no individuales:

  • el interinazgo histórico;

  • el desconocimiento de horas extra;

  • el congelamiento salarial;

  • la sobrecarga de trabajo.

Con base en Sepúlveda Malbrán y Frías Fernández (2007) y en Barretto Ghione (2017), el SIUNED plantea que la combatividad debe combinar movilización, formación, investigación, negociación y propuesta. Señala que el diálogo social solo es democrático cuando existen organizaciones con capacidad real de participar: “Dialogar desde la debilidad o sin fundamentación suficiente puede convertirse en mera consulta, o aún peor, conducir a la derrota”.

Salarios, estabilidad y presupuesto

Entre sus logros, el sindicato destaca la lucha por el reconocimiento del costo de vida de 2020 y 2026, con la que se obtuvo un ajuste del 3,5% en las bases salariales. También sigue luchando por recuperar la anualidad del 5%, “de conformidad con lo que indican las últimas resoluciones de los tribunales de justicia”. El documento afirma que, ante las demandas del sindicato mayoritario, la Administración y el Consejo Universitario “han utilizado la estrategia del avestruz”.

Otros puntos del balance:

  • Estabilidad laboral. En 2025 el SIUNED presentó al Consejo Universitario una propuesta para dar continuidad a los nombramientos de las personas interinas.

  • Petitoria de 2026. Une demandas laborales, financieras, institucionales y democráticas. Denuncia que persisten atrasos en los pagos al personal a tiempo parcial, mientras se reduce el tiempo reconocido para las tareas, se limitan sustituciones, se congelan plazas o se reparten las mismas responsabilidades entre menos personas.

  • Otras gestiones:

    • impulsó una normativa interna para prevenir y sancionar el acoso laboral;

    • tiene presencia en todas las comisiones institucionales con representación del sector laboral;

    • ofrece asesoría legal y atiende consultas diarias.

Sobre el financiamiento universitario, el sindicato dice que desde su fundación ha defendido el FEES “de forma decisiva” y ha denunciado “la errática estrategia seguida por CONARE en sus negociaciones”. Agrega que esa defensa no puede ser acrítica: exige transparencia, prioridades claras y rendición de cuentas. Para el SIUNED, el FEES pasa por exigir que se cumpla el 8% del PIB para la educación pública, “no por negociaciones parciales y sometiéndose a la agenda del gobierno”.

En cuanto a la crisis presupuestaria de la UNED, el pronunciamiento reconoce que existen restricciones financieras. Explica que la universidad ha aplicado medidas de contención que afectan plazas, contrataciones, jornadas, giras y presencialidad, y plantea la pregunta de fondo: “¿quién termina pagando el costo?”. Con base en Baylos (2020) y la experiencia española posterior a la crisis financiera, advierte que las políticas de austeridad pueden modificar de manera duradera las relaciones de poder en el trabajo. “Defender presupuesto y defender derechos laborales son partes de una misma lucha cuando el objetivo es preservar la educación pública como derecho”, concluye.

El tiempo de trabajo y la digitalización

Otro eje del documento es el Sistema de Tiempos para la Actividad Académica (SITA). En 2026, el sindicato rechazó la propuesta de lineamientos de la Vicerrectoría de Docencia por dos razones: desconocía el trabajo previo hecho con distintos actores institucionales y, sobre todo, podría causar afectaciones regresivas en las condiciones laborales. “El tiempo también es salario y el tiempo también es vida”, afirma el texto. Si una actividad mantiene su complejidad pero se reducen las horas reconocidas, el trabajo no desaparece: se convierte en trabajo no reconocido, en jornadas extendidas o en presión para producir más en menos tiempo.

El SIUNED vincula ese debate con la digitalización del trabajo. Hoy el control puede ejercerse mediante indicadores, plataformas, formularios y tiempos estandarizados. Citando a Baylos (2022), plantea que, si un sistema distribuye cargas, mide productividad o condiciona evaluaciones, las personas trabajadoras y sus organizaciones deben conocer sus criterios y participar en su definición, algo aún más relevante con la expansión de la inteligencia artificial. Sobre el teletrabajo, con base en Romagnoli, advierte que la virtualidad puede producir disponibilidad permanente y extender el trabajo hacia el tiempo personal. El documento lo llama “colonización de la vida cotidiana”.

El pronunciamiento sostiene que las autoridades del Consejo Universitario y la Rectoría no han cuestionado esas dinámicas y que, por el contrario, siguen pidiendo sacrificios. Lo resume así: “En cuanto a temas de condiciones laborales, la UNED es candil en la calle y oscuridad en la casa”. Por eso el sindicato incluye en su agenda:

  • el derecho a la desconexión;

  • el respeto a las jornadas declaradas;

  • el pago del tiempo efectivo de trabajo;

  • la salud ocupacional en entornos digitales;

  • la transparencia de los sistemas automatizados.

“No basta con defender derechos del siglo XX frente a problemas del siglo XXI: es necesario conquistar nuevos derechos”, señala.

Organización y movilización

El SIUNED cierra con una agenda que incluye la defensa salarial, la reducción del interinazgo, el reconocimiento integral del tiempo de trabajo y la participación real en las reformas institucionales. Afirma que la defensa de la universidad pública está ligada al financiamiento educativo, la seguridad social, los servicios públicos y el empleo digno, y llama a la unidad sindical, popular y estudiantil para enfrentar “el modelo neoliberal capitalista”. También advierte que “los criterios jurídicos e informes no alteran las relaciones de poder por sí solos. Exigen organización, respaldo colectivo y movilización unitaria”.

“Las conquistas del pasado parecieron en su momento demandas imposibles”, concluye el documento, que termina con las consignas “¡Tres años de lucha! ¡Ahora sí hay sindicato en la UNED! ¡Unidad de la clase trabajadora!”.

Por qué manifestarse en favor de la universidad pública costarricense

Escrito en . Publicado en Educación.

Alejandro Guevara Arroyo

1. La convocatoria: la defensa de la universidad pública costarricense

El día 20 de octubre de 2026 se ha convocado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía costarricense en general para manifestarse públicamente en favor de la universidad pública costarricense.

Dicha manifestación se da con motivo de los considerables recortes planteados por el movimiento que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo nacional y una mayoría de la Asamblea Legislativa, en el segundo presupuesto extraordinario de 2026 y en el Presupuesto Nacional de 2027, particularmente en lo relativo al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según se ha informado, dichos recortes implicarían un perjuicio importante para las instituciones universitarias públicas, al comprometer los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y acción social, así como para la continuidad y el desarrollo de diversos programas y servicios dirigidos a la comunidad nacional.

2. El problema: la legitimidad del fin y la adecuación del medio

Ante dicha convocatoria, la pregunta propia de cualquier persona políticamente responsable, que se entiende integrante de una comunidad política, es si existe un deber que le sea pertinente para asistir a dicho evento. Entiendo que dicha cuestión puede ordenarse en dos niveles:

  • Si es legítimo o correcto el fin o principio normativo de aquello que se pretende lograr con la acción.

  • Si el medio seleccionado es adecuado para alcanzar dicho fin.

Consideremos primero el segundo de estos asuntos.

3. La protesta social: un derecho fundamental para el autogobierno democrático

Sabemos, por supuesto, que en el orden constitucional costarricense el derecho a la protesta social es un derecho político fundamental constitucionalmente protegido. Es, además, un genuino derecho humano, en tanto forma parte de los derechos políticos a la participación democrática. Se trata de lo que muchos pensadores llaman «derechos de los derechos»: derechos que garantizan acciones que sirven para exigir y definir el alcance de otros derechos fundamentales.

Su sentido democrático es centralmente expresivo. Por un lado, comunica a la comunidad política en general, y a los representantes en especial, posiciones y demandas políticas que por cualquier razón pueden estar opacadas en la agenda pública regular. Por otro lado, advierte a las élites políticas que existe una cantidad significativa de ciudadanos con capacidad de acción colectiva, lo que por cierto puede tener consecuencias electorales posteriores.

En ambos sentidos, la protesta constituye una forma de ejercicio del autogobierno democrático, mediante la cual la ciudadanía interviene en la formación y el control de las decisiones públicas, más allá de los procesos electorales. La importancia democrática de dicho derecho se subraya en órdenes socio-políticos profundamente elitistas como el que efectivamente existe en un país como Costa Rica.

Por lo dicho, la efectividad de la protesta social depende, en especial en la coyuntura socio-política actual, de su visibilidad política. A su vez, ello depende, entre otros factores, de su magnitud. Ello nos devuelve a la cuestión inicial de si la persona ciudadana, en tanto individuo, debería contribuir a conformar dicha magnitud, a riesgo de no lograrlo (i.e. de perder el tiempo).

4. La universidad pública como bien común y su defensa como deber de justicia

La respuesta a este asunto se encuentra en determinar el deber cívico de participar dada la justicia o valor intrínseco de los reclamos que se intentan visibilizar con la manifestación. En otras palabras, aunque la contribución individual no garantice el éxito de la acción colectiva, su justificación puede descansar en el deber de contribuir, aun así, a la protección de un bien común. Se trataría, entonces, de un deber de justicia: contribuir, en la medida de las propias posibilidades, a sostener las instituciones que hacen posible una comunidad política de personas libres e iguales.

Determinar esta cuestión normativa consiste en establecer si el bien dañado por la política que promueve el gobierno es de tal índole que todas y todos tengamos el deber cívico de protegerlo. Entiendo que la respuesta es afirmativa: la universidad pública, humanista y nacional es un bien que debe ser defendido por toda la comunidad política costarricense.

a. Que la universidad sea pública quiere decir, primero, que los bienes que genera o hace posible son distribuidos por criterios independientes de los del mercado. Así, dado que la educación superior es un derecho social, las personas han de poder disfrutar de él independientemente de su capacidad económica (en el sentido desarrollado por el jurista y filósofo del derecho chileno Fernando Atria, para quien los derechos sociales requieren instituciones organizadas bajo un régimen de lo público, en el que el acceso a ciertos bienes se funda en la condición de ciudadanía y no en la capacidad de pago).

b. Que sea humanista quiere decir que propicia, tanto en la educación que brinda como en otros bienes que ofrece a la sociedad, el florecimiento humano en toda su integridad. El sentido de la actividad universitaria, entonces, no es contribuir a la sociedad de consumo, sino generar las condiciones para que las personas humanas que integran su comunidad y la comunidad nacional puedan desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales, morales, creativas y políticas, como dimensiones de la realización humana plena.

c. Que sea nacional quiere decir que los bienes que genera y ofrece son centralmente para la comunidad nacional, la patria, sin que ello excluya su contribución al conocimiento y al bienestar de la humanidad en general.

5. La justicia de la universidad pública: igualdad de oportunidades y progreso de la comunidad política

Entiendo que dos son las principales razones que fundamentan la justicia de una institución de esta índole:

  1. El ascenso social:

Consiste en la posibilidad efectiva de que las personas mejoren su posición socioeconómica respecto de aquella de su familia de origen, mediante el acceso a oportunidades educativas y profesionales que no dependan decisivamente de su condición social inicial.

Se trata de un objetivo dependiente de un principio social de justicia redistributiva que fácilmente podría emparentarse con el principio rawlsiano de justa igualdad de oportunidades y, complementariamente, con el principio de diferencia, según el cual las desigualdades sociales y económicas solo se justifican si redundan en el mayor beneficio de las personas menos aventajadas de la sociedad. Notablemente, es un principio dirigido a la mejora del bienestar social de las personas, especialmente de las menos aventajadas, mejorando las oportunidades para el progreso económico de los individuos que integran la sociedad.

b. Progreso de la comunidad costarricense en general, al menos de dos maneras:

Primero. Tal y como fue diseñada la universidad pública de las repúblicas modernas, en especial bajo la tradición republicana francesa (en la que destaca Louis Liard, 1846-1917, filósofo y reformador de la enseñanza superior francesa, quien concibió la universidad como una institución fundamental para el desarrollo científico, intelectual y moral de la nación y la consolidación de la República): la institución universitaria tiene como función esencial formar a profesionales que contribuyan directamente a la construcción de la nación, que es la República misma. Ello por el nivel tanto humanístico como especializado que caracterizaría a dicha educación, y por los lugares que irían a ocupar sus profesionales en dicha sociedad, destacando su presencia en las altas jerarquías estatales, pero también privadas.

Segundo. En el caso de Costa Rica, porque una parte sustancial de la producción de conocimiento científico y técnico del país depende directamente del entramado institucional universitario público. Según datos del Programa Estado de la Nación, las universidades públicas generaron el 78 % de la investigación científica publicada en el país entre 2000 y 2021, lo que le brinda a la comunidad nacional el bien público central del conocimiento necesario para ejercer la soberanía y otros bienes complementarios, dependientes de ámbitos particulares de acción públicamente relevante (salud, administración, agro, etc.). En este sentido, la producción pública de conocimiento contribuye a que la comunidad política disponga de capacidades propias para decidir sobre sus asuntos comunes, sin depender enteramente de poderes e intereses particulares.

6. La defensa de la universidad pública es un deber cívico general, no un interés corporativo

Es así que la protección de la universidad pública costarricense no es una cuestión de interés de una facción o corporación social particular, sino que es un deber cívico general de toda la comunidad política. No se trata, por tanto, de defender los privilegios de quienes integran la institución, sino las condiciones institucionales que permiten realizar bienes públicos y derechos comunes. Dicho deber resulta más demandante, si cabe, para las personas que ocupan puestos de docencia, investigación o dirección en dicho entramado, en tanto son los vehículos institucionales esenciales para la realización de los altos fines públicos que hacen inteligible la institución.

7. En conclusión

Dadas dichas consideraciones, pareciera claro que sí existe un deber cívico de asistir a la manifestación convocada para el día de mañana 20 de octubre y ejercer el derecho constitucional a la protesta social, pero también de convocar, por las razones señaladas u otras relevantes, a que asista toda la comunidad universitaria y la ciudadanía general.

Nota del autor: Este documento recibió una revisión ortográfica mediante el instrumento ChatGPT. El autor constató el producto de manera íntegra.

UCR realizará foro sobre los retos del Estado de Derecho y el papel del Poder Judicial y la Universidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Universidad de Costa Rica y el Consejo Universitario invitan al foro “Retos y perspectivas del Estado de Derecho en Costa Rica: el papel del Poder Judicial y la Universidad”.

La actividad será impartida por magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y contará con la moderación de la Dra. Ilka Treminio Sánchez, del Consejo Universitario.

El foro se realizará el viernes 21 de agosto, a las 3:00 p. m., en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía.

Las personas interesadas en asistir deben confirmar su participación mediante el correo confirmaciones.cu@ucr.ac.cr

Roque Dalton frente a la indiferencia universitaria

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
biodiversidadcr@gmail.com

Este artículo surge tras asistir al espectáculo teatral, poético y musical “Roque Dalton. El turno del ofendido”, presentado recientemente en el Teatro de Bolsillo; una magnífica puesta en escena que reivindica la vigencia humana, política y cultural de Roque Dalton (https://shortlink.uk/1vGIN)

A medio siglo de su muerte, Roque Dalton sigue interpelando a las universidades latinoamericanas con una pregunta incómoda: ¿para quién se produce el conocimiento?

Por décadas, las universidades latinoamericanas han sido espacios de pensamiento crítico, debate intelectual y producción de conocimiento. Sin embargo, también han enfrentado una tensión permanente: la de decidir si ese conocimiento se limita a los círculos académicos o si, por el contrario, se pone al servicio de las grandes causas sociales de nuestras sociedades. En ese debate, la voz de Roque A. Dalton García (1935-1975) sigue conservando una vigencia extraordinaria.

Dalton no fue únicamente un poeta brillante. Fue también un intelectual profundamente incómodo para los poderes políticos, económicos e incluso culturales de su tiempo. Su obra literaria, marcada por el humor, la ironía y la crítica social, estuvo atravesada por una convicción fundamental: el intelectual latinoamericano no podía permanecer neutral frente a la injusticia.

Ese llamado tuvo un destinatario muy claro: la universidad.

Para Dalton, el conocimiento que no dialoga con la realidad social termina convertido en un ejercicio estéril. Criticó duramente al intelectual encerrado en la “torre de marfil”, distante de los dolores y esperanzas de su sociedad. En una América Latina caracterizada por profundas desigualdades, pobreza, exclusión y violencia política, el poeta salvadoreño consideraba que el silencio académico equivalía, muchas veces, a una forma de complicidad.

Su pensamiento sigue interpelando a las universidades públicas latinoamericanas, especialmente en momentos en que numerosos sectores intentan reducirlas a simples centros de formación técnica o a engranajes funcionales del mercado. Dalton recordaba que la universidad debía ser mucho más que eso: un espacio de conciencia crítica, de reflexión ética y de compromiso con la transformación social.

No se trataba, desde luego, de convertir la academia en propaganda política ni de sacrificar el rigor científico en nombre del activismo. El propio Dalton comprendía el enorme valor del pensamiento crítico y de la investigación seria. Lo que cuestionaba era la indiferencia. Su preocupación central era que el conocimiento universitario perdiera contacto con la realidad de las mayorías.

La reciente puesta en escena “Roque Dalton. El turno del ofendido” permitió precisamente reencontrarse con esa dimensión profundamente humana y crítica del poeta salvadoreño. El espectáculo no solamente reconstruye fragmentos de su vida y de su obra, sino que devuelve actualidad a preguntas que siguen siendo incómodas para nuestras sociedades y nuestras universidades: ¿para quién se escribe?, ¿para quién se investiga?, ¿a quién sirve realmente el conocimiento?

Vivimos una época marcada por múltiples crisis: deterioro ambiental, concentración de la riqueza, debilitamiento democrático, violencia social y desinformación masiva. Frente a estos desafíos, la universidad no puede limitarse a observar desde la comodidad institucional. Las sociedades latinoamericanas necesitan académicos capaces de investigar, denunciar, explicar y proponer soluciones a problemas que afectan cotidianamente a millones de personas.

En Costa Rica, esa discusión no es ajena. Las universidades públicas han desempeñado históricamente un papel fundamental en la defensa de la democracia, la movilidad social y el pensamiento crítico. Sin embargo, también enfrentan crecientes presiones presupuestarias y discursos que buscan deslegitimar su función social. En ese contexto, recordar a Roque Dalton resulta especialmente pertinente.

El poeta salvadoreño comprendía que la función social de la universidad no consiste únicamente en producir profesionales competentes, sino también ciudadanos conscientes. Su llamado a los académicos universitarios era, en el fondo, un llamado ético: poner la inteligencia y el conocimiento al servicio de la sociedad.

Tal vez por eso su pensamiento continúa generando incomodidad. Porque obliga a preguntarnos para quién investigamos, para quién enseñamos y para quién producimos conocimiento. Obliga a cuestionar si la universidad está contribuyendo a reducir las desigualdades o si, inadvertidamente, termina reproduciéndolas.

A medio siglo de su muerte, Roque Dalton sigue recordándonos que el conocimiento sin compromiso humano corre el riesgo de convertirse en simple ornamentación cultural. Y que una universidad incapaz de escuchar a su sociedad termina perdiendo, poco a poco, su razón de ser.

Imagen: https://eluniversitario.ues.edu.sv/escritores-salvadorenos-roque-dalton/

La UCR sale a las calles en defensa del FEES: comunidad universitaria convoca a marchar unida este 24 de abril

Escrito en . Publicado en Educación.

La Universidad de Costa Rica (UCR) vivirá este viernes 24 de abril una jornada de movilización convocada por sectores estudiantiles y respaldada por autoridades universitarias, en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la universidad pública. La cita será a las 9:00 a.m. en El Pretil, desde donde se realizará un recorrido simbólico por la milla universitaria bajo un llamado a la unidad institucional y la participación pacífica.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) difundió la consigna “Marchemos con las bandas”, invitando a que el movimiento estudiantil se haga escuchar en defensa del FEES. El mensaje señala que resguardar ese fondo es también defender la educación pública, las oportunidades para las nuevas generaciones y el futuro de la UCR.

“¡Que suenen las bandas! ¡Que se escuche el movimiento estudiantil! ¡Que la UCR salga a las calles!”, expresa una de las convocatorias compartidas por la organización estudiantil.

Llamado del Vicerrector de Docencia

El Vicerrector de Docencia, M.Sc. Jáirol Núñez Moya, dirigió un mensaje a la comunidad docente señalando que la defensa de la Universidad constituye una de las lecciones más profundas que hoy pueden transmitirse a la sociedad.

En su pronunciamiento pidió facilitar condiciones para que personal académico y equipos de trabajo puedan participar e invitar también al estudiantado. Añadió que salir a las calles en esta coyuntura es también una forma de hacer docencia de cara al país.

Asimismo, recordó que la movilización coincide con el 24 de abril, fecha vinculada a luchas sociales históricas en Costa Rica, así como con el Día de la Persona Funcionaria Universitaria.

Consejo Académico de Áreas llama a la unidad

Por su parte, el Consejo Académico de Áreas, integrado por decanaturas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales y representación de sedes regionales, advirtió que la sostenibilidad institucional está en juego y que solo una universidad unida podrá defender el presupuesto y, con él, la educación superior pública.

El pronunciamiento, firmado por el Dr. José Antonio Blanco Villalobos, coordinador de ese órgano, insiste en la necesidad de diálogo, mediación y articulación entre todos los sectores universitarios para enfrentar la coyuntura.

Defensa del modelo universitario público

La movilización ocurre en medio del debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas. Para los sectores convocantes, el FEES no representa únicamente una partida presupuestaria, sino la posibilidad de sostener investigación, regionalización, becas estudiantiles, acción social y acceso a educación superior de calidad.

La jornada del 24 de abril busca proyectar una imagen de cohesión institucional y recordar el papel histórico de la universidad pública como motor de movilidad social, pensamiento crítico y desarrollo nacional.

Manual práctico del 0%: disculpen las molestias, no pedimos permiso

Escrito en . Publicado en Educación.

Observatorio de Bienes Comunes

No fue solicitado. No fue validado. No pidió permiso.

Pero existe, porque algo está pasando.

Un “botiquín” que no busca tranquilizar, sino nombrar lo que el 0% deja en la vida universitaria… y poner a circular herramientas desde la memoria de las luchas.

Y quizá, incluso, esté sobrando el manual.

Porque ya hay estudiantes organizándose, movilizándose y sosteniendo la defensa de la universidad pública.

Porque esa experiencia viva también es un manual en marcha.

* El 0% no es neutral: se vive como retroceso en becas, proyectos y territorios.

* La defensa de la universidad no empieza de cero: recoge memorias de luchas en América Latina y el Caribe.

* Sostener la movilización en el tiempo convierte gestos pequeños en fuerza política.

* Salir del campus y conectar con la sociedad amplía el conflicto y lo vuelve común.

* Disputar el sentido importa: no es gasto, es una condición para sostener derechos.

* La organización también es cuidado: sostener implica ritmo, relevo y comunidad.

Si sirve, que circule.

Si incomoda, también.

🔗 https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/manual-practico-del-0-disculpen-las-molestias-no-pedimos-permiso/

Pronunciamiento CONARE: Sobre la situación del líder indígena Pablo Sivas Sivas y la protección de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

4 de febrero del 2026. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en coherencia con su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del Estado de Derecho, manifiesta su profunda preocupación ante los hechos recientes que han colocado al líder indígena Pablo Sivas Sivas y a su comunidad en una situación de riesgo y desprotección, así como por las condiciones estructurales de vulnerabilidad que continúan afectando a los pueblos originarios del país.

El CONARE considera imprescindible hacer un llamado firme y respetuoso a las instituciones del Estado y a las autoridades competentes para que actúen de manera oportuna y responsable, garantizando el cumplimiento efectivo del marco jurídico nacional e internacional destinado a la protección integral de estas poblaciones, el cual obliga a salvaguardar la vida, la integridad, la dignidad y la seguridad de sus integrantes.

La ausencia o insuficiencia de acciones preventivas y de protección adecuadas por parte de instancias estatales ha contribuido, una vez más, a escenarios de indefensión que resultan incompatibles con los principios de legalidad, justicia y respeto a los derechos humanos que deben orientar la función pública.

En este contexto, el CONARE reafirma la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas concretas, coordinadas y efectivas que aseguren condiciones de vida digna, libres de violencia, discriminación y exclusión, y que garanticen la no repetición de situaciones que vulneren los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Las universidades públicas, como espacios de pensamiento crítico, compromiso social y construcción democrática expresan su solidaridad con estas comunidades y reiteran su disposición a contribuir, desde la docencia, la investigación, la extensión y la acción social, al fortalecimiento de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.

El papel de los sindicatos en la construcción de la universidad pública costarricense del Siglo XXI

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Anais Patricia Quirós Fernández.

MSc.Lic.Bach. Anais Patricia Quirós Fernández
Académica Universitaria Titular Carreras ILE,PIT
Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés
Universidad Técnica Nacional, Sede El Roble
Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos,
Conciencia digital y fundamentos de la IA,
Diplomada Internacional en Cambio Climático y
Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales
Estudiante Carrera Derecho,
Escritora. Líder Sindical,
Científica Social, Consultora Empresarial
apatriciaq@yahoo.com

La universidad pública costarricense se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo nacional, gracias a su aporte en docencia, investigación y extensión. Sin embargo, su construcción y sostenimiento no se explican únicamente desde la acción estatal o académica, sino también desde la participación activa de sindicatos y asociaciones gremiales que han defendido los derechos laborales, la autonomía universitaria y el financiamiento público.

En el Siglo XXI, marcado por transformaciones políticas, económicas y tecnológicas, el papel de los sindicatos universitarios se reconfigura y adquiere nuevos retos que trascienden lo laboral para insertarse en la defensa del modelo de educación superior pública.

Los sindicatos en la historia universitaria costarricense

El movimiento sindical universitario tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación de la Universidad de Costa Rica y posteriormente de las demás universidades estatales. Estas organizaciones nacieron en un contexto de lucha por condiciones dignas de trabajo y por el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Como señala Rojas (2015), los sindicatos han sido actores centrales en la configuración de una universidad pública con vocación democrática, plural y comprometida con el desarrollo social.

Defensa de la autonomía universitaria y del financiamiento público

En las últimas décadas, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se ha convertido en un espacio estratégico de incidencia sindical. Según Mora (2020), los sindicatos han sido determinantes en la defensa del financiamiento estatal frente a intentos de recortes presupuestarios, argumentando que la inversión en educación superior es una condición necesaria para la competitividad y la justicia social. Asimismo, han sostenido la importancia de la autonomía universitaria como garantía de libertad académica y gestión democrática.

Construcción de condiciones laborales y diálogo social

Los sindicatos han aportado a la construcción de la universidad pública costarricense mediante convenciones colectivas y mesas de diálogo que garantizan derechos como estabilidad laboral, equidad de género, salud ocupacional y capacitación continua. De acuerdo con Chacón (2018), estos procesos no solo han mejorado las condiciones de los trabajadores universitarios, sino que también han contribuido a una gobernanza institucional más inclusiva, en la que la voz de los trabajadores tiene un papel en la toma de decisiones.

Retos del Siglo XXI: innovación, ética y sostenibilidad

El contexto actual de globalización, digitalización y cambios en el mercado laboral plantea nuevos desafíos. Los sindicatos deben posicionarse como agentes que impulsen la capacitación en nuevas tecnologías, la investigación pertinente y la incorporación ética de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Además, deben evitar caer en prácticas corporativistas, recordando que su misión no se limita a la defensa de intereses particulares, sino a la construcción de una universidad que sirva al bien común (Vargas, 2021).

Dentro de ese contexto, los retos prioritarios de los sindicatos universitarios, específicamente en la Universidad Técnica Nacional, son:

  1. Derechos laborales y condiciones de trabajo.

  • Negociar la primera convención colectiva de trabajo (CCT)

  • Defender la estabilidad laboral contra despidos injustificados o precarización

  • Promover mejoras en salarios, pluses, anualidades y pensiones

  • Velar por las condiciones seguras de trabajo (salud ocupacional, equipo adecuado)

  1. Defensa de la educación superior pública

  • Reinvindicar el Fondo Especial para la Educación Superior ( FEES)

  • Participar en la discusión sobre el financiamiento universitario

  • Rechazar políticas de recorte presupuestario que afecten la calidad

  • Apoyar el acceso equitativo de estudiantes de bajos recursos

  1. Políticas internas universitarias

      • Participar en órganos colegiados (Consejos Universitarios, Comisiones)

      • Defender la autonomía universitaria

      • Impulsar la transparencia en la gestión administrativa

      • Velar por criterios de contratación justos y meritocráticos

  1. Bienestar y desarrollo del personal

  • Promover programas de capacitación y profesionalización.

  • Impulsar servicios de apoyo(guarderías, salud mental, recreación)

  • Fomentar equidad de género, no discriminación, no misoginia, no violencia, no acoso no hostigamiento laboral ni sexual y no persecusión y beligerencia sindical a los dirigentes dentro de la UTN.

  1. Incidencia nacional y social

  • Alianzas con sindicatos de otras universidades y del sector público

  • Defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y derechos sociales.

  • Participación en movimientos nacionales contra reformas regresivas.

  • Impulso de agendas de sostenibilidad, inclusión y derechos humanos.

  • Campañas para fortalecer la autonomía universitaria frente a injerencias políticas.

  • Propuestas de teletrajo y horarios flexibles según la naturaleza de los puestos.

  • Defensa de régimen de pensiones del Magisterio Nacional

Conclusión

Los sindicatos en la universidad pública costarricense han sido y continúan siendo actores fundamentales en la defensa de la autonomía, el financiamiento y los derechos laborales. En el Siglo XXI, su papel se amplía hacia la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del pacto social que sustenta la educación superior pública. Su capacidad para adaptarse, dialogar y mantener un compromiso ético con el interés general determinará la vigencia y relevancia de la universidad pública como motor de desarrollo nacional.

Referencias

  • Chacón, L. (2018). El sindicalismo universitario en Costa Rica: aportes y desafíos. Editorial UCR.

  • Mora, J. (2020). Educación superior pública y financiamiento estatal en Costa Rica: debates contemporáneos. Revista de Ciencias Sociales, 170(2), 45-62.

  • Rojas, M. (2015). Autonomía universitaria y movimiento sindical en Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad Nacional.

  • Vargas, E. (2021). Universidad, sindicatos y futuro: desafíos del Siglo XXI. Revista Latinoamericana de Educación Superior, 12(3), 89-110.

La Universidad de Costa Rica se solidariza con el pueblo palestino

Escrito en . Publicado en Derechos.

Vivimos un momento de profundo dolor en la historia de la humanidad. Las imágenes, las noticias y los testimonios que nos llegan desde Palestina son un espejo roto que refleja una realidad desoladora e indigna. Día tras día, informes inquietantes del sistema de Naciones Unidas y de diversas organizaciones humanitarias nos confirman que no se trata de exageraciones ni de percepciones aisladas: lo que ocurre es real, inmediato y devastador. No podemos —como seres humanos, como miembros de una comunidad global y como universidad comprometida con la verdad— mirar hacia otro lado.

En Gaza, la desesperación tiene rostro y tiene nombre. Rostro marcado por el hambre y la sed, por la infancia arrebatada a miles de niños; nombre de familias que han perdido todo, incluso la esperanza. Allí, el tejido social se desgarra bajo el peso de la destrucción, la escasez de ayuda humanitaria y la dolorosa inacción de una comunidad internacional que, con su tibieza, permite que la tragedia continúe.

No podemos ni debemos acostumbrarnos a este nivel de violencia. El término “genocidio” es grave, y por eso estremecen las palabras del Comité Especial de Naciones Unidas, que en noviembre de 2024 afirmó que la guerra en Gaza reúne las características de un genocidio. Expertos independientes, basados en pruebas contundentes, coinciden. Este no es un juicio improvisado: es una advertencia seria, que nos interpela a todas y todos.

Desde 1945, la humanidad intentó aprender de sus sombras. Se levantó un andamiaje jurídico —el Derecho Internacional Humanitario, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los principios universales de derechos humanos— con la promesa solemne de que nunca más el odio, el racismo y la deshumanización marcarían el rumbo de los Estados. Y, sin embargo, aquí estamos, contemplando el incumplimiento flagrante de esa promesa. El fracaso no es solo de las instituciones: es un fracaso de nuestra humanidad.

En la Universidad de Costa Rica creemos que el conocimiento y la conciencia no pueden permanecer en silencio. Nos debemos al pensamiento crítico, al debate ético y a la reflexión profunda. Hoy, más que nunca, es imperativo analizar las raíces de este conflicto y comprender sus impactos —humanitarios, sanitarios, socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales— tanto en el presente como en las generaciones futuras. No se trata solo de cifras y estadísticas: se trata de vidas.

Como universidad pública, tenemos un deber moral ineludible: alzar la voz contra toda forma de violencia y opresión, y hacerlo desde nuestra identidad y vocación. Nuestra misión no es únicamente formar profesionales; es formar seres humanos con capacidad mirar el dolor del otro y responder con acción, con ciencia, con cultura y con compromiso social. La verdad, sustentada en el conocimiento y humanismo, es nuestra mayor herramienta para construir una sociedad más justa.

Por eso, hoy hacemos un llamado firme a solidarizarnos con el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania. Invitamos a toda nuestra comunidad a multiplicar las acciones académicas, científicas, culturales y sociales que promuevan el diálogo, la reflexión crítica y la construcción de propuestas para una convivencia pacífica y duradera.

Reiteramos nuestro compromiso con los principios universales de la dignidad humana, el respeto al derecho internacional, la defensa de la vida y el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino. El conocimiento solo cumple su propósito cuando se pone al servicio de la justicia y de la paz. Y en tiempos como estos, callar no es neutralidad: es complicidad.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector Universidad de Costa Rica

Convocatoria a conversatorio: “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”

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Frente a las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, la comunidad universitaria tiene la responsabilidad ética de abrir espacios de reflexión, análisis crítico y solidaridad activa. Por ello, les invitamos al conversatorio “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”, que se realizará el próximo miércoles 11 de junio, de 3:00 a 6:00 p.m., en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca Joaquín García Monge, con apoyo de la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores/as de la Universidad Nacional (FEUNA y SITUN, respectivamente).

Esta actividad busca visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufre el pueblo palestino, así como reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la universidad pública costarricense en la denuncia del genocidio y en la construcción de una solidaridad activa y transformadora que busque parar de forma definitiva la barbarie contra la población palestina.

Contaremos con las intervenciones de Wajiha Sasa Marín, Gerardo Cerdas Vega, Irina Coronado López, Paolo Nigro Herrero, Esteban Chicas y Sofía León, así como representantes del SITUN, quienes desde diversas perspectivas compartirán análisis históricos, políticos, éticos y jurídicos sobre la situación actual en Palestina y el rol que nos corresponde como comunidad académica. El evento está abierto también a todas las personas interesadas en sumar su voz a la denuncia y a la solidaridad. La voz de las universidades no puede permanecer en silencio frente al genocidio.