La Universidad de Costa Rica (UCR) vivirá este viernes 24 de abril una jornada de movilización convocada por sectores estudiantiles y respaldada por autoridades universitarias, en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la universidad pública. La cita será a las 9:00 a.m. en El Pretil, desde donde se realizará un recorrido simbólico por la milla universitaria bajo un llamado a la unidad institucional y la participación pacífica.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) difundió la consigna “Marchemos con las bandas”, invitando a que el movimiento estudiantil se haga escuchar en defensa del FEES. El mensaje señala que resguardar ese fondo es también defender la educación pública, las oportunidades para las nuevas generaciones y el futuro de la UCR.
“¡Que suenen las bandas! ¡Que se escuche el movimiento estudiantil! ¡Que la UCR salga a las calles!”, expresa una de las convocatorias compartidas por la organización estudiantil.
Llamado del Vicerrector de Docencia
El Vicerrector de Docencia, M.Sc. Jáirol Núñez Moya, dirigió un mensaje a la comunidad docente señalando que la defensa de la Universidad constituye una de las lecciones más profundas que hoy pueden transmitirse a la sociedad.
En su pronunciamiento pidió facilitar condiciones para que personal académico y equipos de trabajo puedan participar e invitar también al estudiantado. Añadió que salir a las calles en esta coyuntura es también una forma de hacer docencia de cara al país.
Asimismo, recordó que la movilización coincide con el 24 de abril, fecha vinculada a luchas sociales históricas en Costa Rica, así como con el Día de la Persona Funcionaria Universitaria.
Consejo Académico de Áreas llama a la unidad
Por su parte, el Consejo Académico de Áreas, integrado por decanaturas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales y representación de sedes regionales, advirtió que la sostenibilidad institucional está en juego y que solo una universidad unida podrá defender el presupuesto y, con él, la educación superior pública.
El pronunciamiento, firmado por el Dr. José Antonio Blanco Villalobos, coordinador de ese órgano, insiste en la necesidad de diálogo, mediación y articulación entre todos los sectores universitarios para enfrentar la coyuntura.
Defensa del modelo universitario público
La movilización ocurre en medio del debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas. Para los sectores convocantes, el FEES no representa únicamente una partida presupuestaria, sino la posibilidad de sostener investigación, regionalización, becas estudiantiles, acción social y acceso a educación superior de calidad.
La jornada del 24 de abril busca proyectar una imagen de cohesión institucional y recordar el papel histórico de la universidad pública como motor de movilidad social, pensamiento crítico y desarrollo nacional.
No fue solicitado. No fue validado. No pidió permiso.
Pero existe, porque algo está pasando.
Un “botiquín” que no busca tranquilizar, sino nombrar lo que el 0% deja en la vida universitaria… y poner a circular herramientas desde la memoria de las luchas.
Y quizá, incluso, esté sobrando el manual.
Porque ya hay estudiantes organizándose, movilizándose y sosteniendo la defensa de la universidad pública.
Porque esa experiencia viva también es un manual en marcha.
* El 0% no es neutral: se vive como retroceso en becas, proyectos y territorios.
* La defensa de la universidad no empieza de cero: recoge memorias de luchas en América Latina y el Caribe.
* Sostener la movilización en el tiempo convierte gestos pequeños en fuerza política.
* Salir del campus y conectar con la sociedad amplía el conflicto y lo vuelve común.
* Disputar el sentido importa: no es gasto, es una condición para sostener derechos.
* La organización también es cuidado: sostener implica ritmo, relevo y comunidad.
4 de febrero del 2026. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en coherencia con su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del Estado de Derecho, manifiesta su profunda preocupación ante los hechos recientes que han colocado al líder indígena Pablo Sivas Sivas y a su comunidad en una situación de riesgo y desprotección, así como por las condiciones estructurales de vulnerabilidad que continúan afectando a los pueblos originarios del país.
El CONARE considera imprescindible hacer un llamado firme y respetuoso a las instituciones del Estado y a las autoridades competentes para que actúen de manera oportuna y responsable, garantizando el cumplimiento efectivo del marco jurídico nacional e internacional destinado a la protección integral de estas poblaciones, el cual obliga a salvaguardar la vida, la integridad, la dignidad y la seguridad de sus integrantes.
La ausencia o insuficiencia de acciones preventivas y de protección adecuadas por parte de instancias estatales ha contribuido, una vez más, a escenarios de indefensión que resultan incompatibles con los principios de legalidad, justicia y respeto a los derechos humanos que deben orientar la función pública.
En este contexto, el CONARE reafirma la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas concretas, coordinadas y efectivas que aseguren condiciones de vida digna, libres de violencia, discriminación y exclusión, y que garanticen la no repetición de situaciones que vulneren los derechos fundamentales de los pueblos originarios.
Las universidades públicas, como espacios de pensamiento crítico, compromiso social y construcción democrática expresan su solidaridad con estas comunidades y reiteran su disposición a contribuir, desde la docencia, la investigación, la extensión y la acción social, al fortalecimiento de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.
MSc.Lic.Bach. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria Titular Carreras ILE,PIT Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés Universidad Técnica Nacional, Sede El Roble Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos, Conciencia digital y fundamentos de la IA, Diplomada Internacional en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales Estudiante Carrera Derecho, Escritora. Líder Sindical, Científica Social, Consultora Empresarial apatriciaq@yahoo.com
La universidad pública costarricense se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo nacional, gracias a su aporte en docencia, investigación y extensión. Sin embargo, su construcción y sostenimiento no se explican únicamente desde la acción estatal o académica, sino también desde la participación activa de sindicatos y asociaciones gremiales que han defendido los derechos laborales, la autonomía universitaria y el financiamiento público.
En el Siglo XXI, marcado por transformaciones políticas, económicas y tecnológicas, el papel de los sindicatos universitarios se reconfigura y adquiere nuevos retos que trascienden lo laboral para insertarse en la defensa del modelo de educación superior pública.
Los sindicatos en la historia universitaria costarricense
El movimiento sindical universitario tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación de la Universidad de Costa Rica y posteriormente de las demás universidades estatales. Estas organizaciones nacieron en un contexto de lucha por condiciones dignas de trabajo y por el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Como señala Rojas (2015), los sindicatos han sido actores centrales en la configuración de una universidad pública con vocación democrática, plural y comprometida con el desarrollo social.
Defensa de la autonomía universitaria y del financiamiento público
En las últimas décadas, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se ha convertido en un espacio estratégico de incidencia sindical. Según Mora (2020), los sindicatos han sido determinantes en la defensa del financiamiento estatal frente a intentos de recortes presupuestarios, argumentando que la inversión en educación superior es una condición necesaria para la competitividad y la justicia social. Asimismo, han sostenido la importancia de la autonomía universitaria como garantía de libertad académica y gestión democrática.
Construcción de condiciones laborales y diálogo social
Los sindicatos han aportado a la construcción de la universidad pública costarricense mediante convenciones colectivas y mesas de diálogo que garantizan derechos como estabilidad laboral, equidad de género, salud ocupacional y capacitación continua. De acuerdo con Chacón (2018), estos procesos no solo han mejorado las condiciones de los trabajadores universitarios, sino que también han contribuido a una gobernanza institucional más inclusiva, en la que la voz de los trabajadores tiene un papel en la toma de decisiones.
Retos del Siglo XXI: innovación, ética y sostenibilidad
El contexto actual de globalización, digitalización y cambios en el mercado laboral plantea nuevos desafíos. Los sindicatos deben posicionarse como agentes que impulsen la capacitación en nuevas tecnologías, la investigación pertinente y la incorporación ética de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Además, deben evitar caer en prácticas corporativistas, recordando que su misión no se limita a la defensa de intereses particulares, sino a la construcción de una universidad que sirva al bien común (Vargas, 2021).
Dentro de ese contexto, los retos prioritarios de los sindicatos universitarios, específicamente en la Universidad Técnica Nacional, son:
Derechos laborales y condiciones de trabajo.
Negociar la primera convención colectiva de trabajo (CCT)
Defender la estabilidad laboral contra despidos injustificados o precarización
Promover mejoras en salarios, pluses, anualidades y pensiones
Velar por las condiciones seguras de trabajo (salud ocupacional, equipo adecuado)
Defensa de la educación superior pública
Reinvindicar el Fondo Especial para la Educación Superior ( FEES)
Participar en la discusión sobre el financiamiento universitario
Rechazar políticas de recorte presupuestario que afecten la calidad
Apoyar el acceso equitativo de estudiantes de bajos recursos
Políticas internas universitarias
Participar en órganos colegiados (Consejos Universitarios, Comisiones)
Defender la autonomía universitaria
Impulsar la transparencia en la gestión administrativa
Velar por criterios de contratación justos y meritocráticos
Bienestar y desarrollo del personal
Promover programas de capacitación y profesionalización.
Impulsar servicios de apoyo(guarderías, salud mental, recreación)
Fomentar equidad de género, no discriminación, no misoginia, no violencia, no acoso no hostigamiento laboral ni sexual y no persecusión y beligerencia sindical a los dirigentes dentro de la UTN.
Incidencia nacional y social
Alianzas con sindicatos de otras universidades y del sector público
Defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y derechos sociales.
Participación en movimientos nacionales contra reformas regresivas.
Impulso de agendas de sostenibilidad, inclusión y derechos humanos.
Campañas para fortalecer la autonomía universitaria frente a injerencias políticas.
Propuestas de teletrajo y horarios flexibles según la naturaleza de los puestos.
Defensa de régimen de pensiones del Magisterio Nacional
Conclusión
Los sindicatos en la universidad pública costarricense han sido y continúan siendo actores fundamentales en la defensa de la autonomía, el financiamiento y los derechos laborales. En el Siglo XXI, su papel se amplía hacia la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del pacto social que sustenta la educación superior pública. Su capacidad para adaptarse, dialogar y mantener un compromiso ético con el interés general determinará la vigencia y relevancia de la universidad pública como motor de desarrollo nacional.
Referencias
Chacón, L. (2018). El sindicalismo universitario en Costa Rica: aportes y desafíos. Editorial UCR.
Mora, J. (2020). Educación superior pública y financiamiento estatal en Costa Rica: debates contemporáneos. Revista de Ciencias Sociales, 170(2), 45-62.
Rojas, M. (2015). Autonomía universitaria y movimiento sindical en Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad Nacional.
Vargas, E. (2021). Universidad, sindicatos y futuro: desafíos del Siglo XXI. Revista Latinoamericana de Educación Superior, 12(3), 89-110.
Vivimos un momento de profundo dolor en la historia de la humanidad. Las imágenes, las noticias y los testimonios que nos llegan desde Palestina son un espejo roto que refleja una realidad desoladora e indigna. Día tras día, informes inquietantes del sistema de Naciones Unidas y de diversas organizaciones humanitarias nos confirman que no se trata de exageraciones ni de percepciones aisladas: lo que ocurre es real, inmediato y devastador. No podemos —como seres humanos, como miembros de una comunidad global y como universidad comprometida con la verdad— mirar hacia otro lado.
En Gaza, la desesperación tiene rostro y tiene nombre. Rostro marcado por el hambre y la sed, por la infancia arrebatada a miles de niños; nombre de familias que han perdido todo, incluso la esperanza. Allí, el tejido social se desgarra bajo el peso de la destrucción, la escasez de ayuda humanitaria y la dolorosa inacción de una comunidad internacional que, con su tibieza, permite que la tragedia continúe.
No podemos ni debemos acostumbrarnos a este nivel de violencia. El término “genocidio” es grave, y por eso estremecen las palabras del Comité Especial de Naciones Unidas, que en noviembre de 2024 afirmó que la guerra en Gaza reúne las características de un genocidio. Expertos independientes, basados en pruebas contundentes, coinciden. Este no es un juicio improvisado: es una advertencia seria, que nos interpela a todas y todos.
Desde 1945, la humanidad intentó aprender de sus sombras. Se levantó un andamiaje jurídico —el Derecho Internacional Humanitario, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los principios universales de derechos humanos— con la promesa solemne de que nunca más el odio, el racismo y la deshumanización marcarían el rumbo de los Estados. Y, sin embargo, aquí estamos, contemplando el incumplimiento flagrante de esa promesa. El fracaso no es solo de las instituciones: es un fracaso de nuestra humanidad.
En la Universidad de Costa Rica creemos que el conocimiento y la conciencia no pueden permanecer en silencio. Nos debemos al pensamiento crítico, al debate ético y a la reflexión profunda. Hoy, más que nunca, es imperativo analizar las raíces de este conflicto y comprender sus impactos —humanitarios, sanitarios, socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales— tanto en el presente como en las generaciones futuras. No se trata solo de cifras y estadísticas: se trata de vidas.
Como universidad pública, tenemos un deber moral ineludible: alzar la voz contra toda forma de violencia y opresión, y hacerlo desde nuestra identidad y vocación. Nuestra misión no es únicamente formar profesionales; es formar seres humanos con capacidad mirar el dolor del otro y responder con acción, con ciencia, con cultura y con compromiso social. La verdad, sustentada en el conocimiento y humanismo, es nuestra mayor herramienta para construir una sociedad más justa.
Por eso, hoy hacemos un llamado firme a solidarizarnos con el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania. Invitamos a toda nuestra comunidad a multiplicar las acciones académicas, científicas, culturales y sociales que promuevan el diálogo, la reflexión crítica y la construcción de propuestas para una convivencia pacífica y duradera.
Reiteramos nuestro compromiso con los principios universales de la dignidad humana, el respeto al derecho internacional, la defensa de la vida y el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino. El conocimiento solo cumple su propósito cuando se pone al servicio de la justicia y de la paz. Y en tiempos como estos, callar no es neutralidad: es complicidad.
Dr. Carlos Araya Leandro Rector Universidad de Costa Rica
Frente a las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, la comunidad universitaria tiene la responsabilidad ética de abrir espacios de reflexión, análisis crítico y solidaridad activa. Por ello, les invitamos al conversatorio “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”, que se realizará el próximo miércoles 11 de junio, de 3:00 a 6:00 p.m., en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca Joaquín García Monge, con apoyo de la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores/as de la Universidad Nacional (FEUNA y SITUN, respectivamente).
Esta actividad busca visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufre el pueblo palestino, así como reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la universidad pública costarricense en la denuncia del genocidio y en la construcción de una solidaridad activa y transformadora que busque parar de forma definitiva la barbarie contra la población palestina.
Contaremos con las intervenciones de Wajiha Sasa Marín, Gerardo Cerdas Vega, Irina Coronado López, Paolo Nigro Herrero, Esteban Chicas y Sofía León, así como representantes del SITUN, quienes desde diversas perspectivas compartirán análisis históricos, políticos, éticos y jurídicos sobre la situación actual en Palestina y el rol que nos corresponde como comunidad académica. El evento está abierto también a todas las personas interesadas en sumar su voz a la denuncia y a la solidaridad. La voz de las universidades no puede permanecer en silencio frente al genocidio.
Esteban Rodríguez-Dobles Docente, Historiador, Escuela de Estudios Generales
El 4 de diciembre de 2024, quien fuera director de la EEG Jairol Núñez Moya presentó su renuncia tras más de un año en el cargo (ahora actual Vicerrector de Docencia de la administración Araya Leandro); finalizando su informe de labores ante la Asamblea de Escuela, hizo la afirmación de que en la UCR “el enemigo está adentro”. Esto contradice gran parte de su discurso sobre hacer universidad. ¿Cómo se hace universidad fracturándola más? Nos necesitamos a todos en la Universidad.
La creación de un enemigo interno es una estrategia clásica de la política y se emplea para consolidar poder, movilizar apoyo popular y justificar medidas represivas. En la Revolución Francesa, Robespierre y los Jacobinos lo usaron, así como en la Costa Rica contemporánea Juan Diego Castro o Fabricio Alvarado han utilizado la idea de un enemigo interno.
En el contexto universitario reciente, la idea de anónimos, enemigos internos o ataques políticos, han sido empleados para evadir responsabilidades o al menos diluir la culpa señalando hacia esos que no guardan silencio, o buscan hacer control político, es decir quienes participamos de la vida democrática de la institución y nos importa la transparencia. Son estas torsiones del lenguaje las que convierten una crítica legítima o información innegable en discursos de odio.
Las relaciones de poder se reproducen en contextos democráticos, laborales, y educativos, muchas veces sin necesidad de coerción explícita. La dominación opera a través de dispositivos sociales, simbólicos y estratégicos, cuya eficacia reside precisamente en su invisibilización o en su aceptación como parte del sentido común.
El destacado sociólogo e historiador argentino Javier Balsa, quien ha estudiado la hegemonía y el discurso político, propone una tipología con 3 formas de la aceptación de la dominación:
Aceptación por hábito
Se fundamenta en la fuerza de la costumbre, en la repetición social de prácticas y jerarquías que se naturalizan como incuestionables. Aquí, la dominación se interioriza a través de esquemas de percepción y acción aprendidos que hacen parecer el orden existente como el único posible. Por ejemplo, en la EEG tenemos 45 años sin reformar el reglamento de esta unidad académica.
Aceptación por creencias compartidas
Esta forma de legitimación se basa en un consenso normativo o en la adhesión a una forma de ver el mundo que otorga sentido y legitimidad al ejercicio de la autoridad. En este caso, la obediencia se produce porque los dominados creen en la justicia, necesidad o conveniencia del orden instituido, o bien confían en la figura de quien ejerce el mando. La eficacia del poder reside en su capacidad de hacerse pasar por legítimo, justo o inevitable a los ojos de quienes lo padecen o reproducen.
Aceptación instrumental o estratégica
Esta forma se apoya en cálculos pragmáticos y en lógicas de interés personal o de un pequeño grupo. La dominación se acepta porque proporciona beneficios materiales, porque reduce riesgos o porque resulta funcional a los objetivos individuales del sujeto. Esta forma de aceptación puede involucrar cinismo, resignación o conveniencia, y no necesariamente implica adhesión consciente o ideológica.
He pretendido con estos artículos, poner sobre la mesa el contexto histórico en el que se reprodujeron prácticas antidemocráticas que fueron acopladas en la cultura política universitaria. Demostrando los mecanismos empleados en el ejercicio del poder político, así como las formas en que se acepta la dominación de una minoría sobre la gran mayoría de la comunidad universitaria. Espero con ello contribuir a motivarle. Aún estamos a tiempo de recuperar el prestigio de la Universidad, toda crisis es también una oportunidad. Espero que a raíz de todo el escándalo nacional, pensemos bien por quiénes queremos ser representados próximamente en el CU.
Esteban Rodríguez-Dobles Docente, Historiador, Escuela de Estudios Generales
En el artículo de opinión anterior, veníamos enumerando una serie de prácticas que deterioran y debilitan la democracia en la UCR a partir de lo establecido en el artículo 106 del Estatuto Orgánico y con los siguiente 2 puntos concluimos con ello. Además, en este penúltimo artículo proponemos algunas medidas remediales para superar en parte la crisis de fragmentación de la institución y motivar a la comunidad universitaria a implicarse en el fortalecimiento de la cultura democrática de la UCR realizando propuestas de reforma al art.106.
3. Ambigüedad en el ejercicio de la autoridad disciplinaria
El artículo establece que la Dirección ejerce autoridad disciplinaria “conforme al Estatuto Orgánico y a los reglamentos”, pero sin detallar:
La existencia de garantías procesales claras.
La posibilidad de defensa o apelación ante sanciones.
La supervisión de dicha potestad por parte de un ente colegiado.
Esto puede generar espacios para prácticas autoritarias o para una aplicación desigual del régimen disciplinario, lo que entra en conflicto con los principios de justicia y equidad democrática.
4. Designación vertical de comisiones y delegaciones
Aunque la Dirección puede nombrar comisiones para diversos temas, no se establece que estas deban surgir de votación o acuerdo de la Asamblea de Escuela. Esto debe ser reconsiderado.
A continuación se compara el tipo de práctica que se estila en el artículo 106 y el efecto antidemocrático que genera:
5. Propuestas remediales:
-Establecer mecanismos participativos explícitos de la Asamblea de Escuela para la toma de decisiones clave.
-Garantizar espacios colegiados vinculantes y no meramente consultivos o procedimentales.
-Incorporar criterios de transparencia, deliberación y rendición de cuentas en las funciones directivas ante la Asamblea de Escuela más allá del informe anual.
Si queremos cambiar la cultura política dentro de la UCR, debería bastar la ética humanista y profesional, pero es imposible en un mundo con personas cuya ética es flexible. La necesidad de reformar el Artículo 106 es prioritaria como primer paso, dadas todas las razones que han sido expuestas y siendo testigo de los abusos que ha posibilitado el 106 en mi contexto profesional. El art.106 refleja una estructura jerárquica fuerte en la administración universitaria, funcional para con ciertos fines operativos, pero con riesgos claros para la cultura democrática plena y madura que debería ser ejemplar en la universidad.
En el último de estos artículos de opinión, terminamos por dar atención a las nada sofisticadas formas de dominación que se han incorporado en nuestro medio, para así entender llanamente la relación de esta democracia delegativa permeada en la universidad y las prácticas aceptadas consuetudinariamente. ¿Es posible un diálogo sin subordinación en la academia? ¿De qué puede servir el diálogo frente a una verticalidad con disonancia cognitiva?
Esteban Rodríguez-Dobles Docente, Historiador, Escuela de Estudios Generales UCR
Al parecer fue en el 3er Congreso Universitario (1971-1974) que la figura de Decano y sus amplias atribuciones produjese cambios para que las funciones de la dirección de las unidades académicas tuvieran más independencia y versatilidad sobre sus propias decisiones y acciones, sin embargo a lo largo de los años produjo el efecto de crear una multitud de feudos. Con base en el Artículo 106 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, este establece atribuciones para la figura de la dirección de escuela, pero también son visibles las claras tensiones o limitaciones al ideal de democracia universitaria, especialmente desde una perspectiva crítica que valore la horizontalidad, la participación colectiva y la transparencia institucional. Para sintetizar tanta información a continuación se enumeran una serie de prácticas que deterioran y debilitan la democracia en la UCR a partir de lo establecido en el artículo 106 del Estatuto Orgánico:
1. Concentración de poder en la figura de la Dirección
El artículo otorga a la persona directora amplias competencias unilaterales, entre ellas:
Aprobar los planes de trabajo docente y la distribución de tareas.
Proponer el nombramiento de personal académico interino.
Ejercer autoridad disciplinaria inmediata sobre el personal y estudiantado.
Suspender actividades sin necesidad de consulta colegiada.
Esta concentración de atribuciones por tanto deriva en decisiones verticales, poco participativas o discrecionales, especialmente si no existen mecanismos de fiscalización efectiva por parte de la Asamblea de Escuela. ¿Cómo puede ser posible que no exista en los Estatutos Universitarios un límite a la cantidad de puestos a ocupar? Justo en este momento en la EEG desde el 1 de enero de 2025 una sola persona ejerce al mismo tiempo funciones en subdirección, dirección a.i, coordinación de sección, miembro de Comisión para asignación de dedicación exclusiva y miembro del Consejo editorial de una revista. ¿Cómo interpretar esta concentración de funciones? Por la razón que sea, perjudica la democracia universitaria pues impide la formación de nuevos liderazgos o la selectividad de los mismos.
A pesar de la importancia académica y electoral que tiene la EEG en la UCR, entre las últimas elecciones que se han dado para ocupar cargos en la dirección y la subdirección, al menos en 3 ocasiones han sido procesos con una sola persona candidata. ¿A qué se debe esto?, ¿es desafección a los puestos de mando?, ¿el bloqueo de liderazgos alternativos?, ¿o una cultura política corrupta y clientelar? Son una multitud de cuestiones que solo las planteamos como dudas, pero sin embargo sugieren el complejo deterioro de la vida democrática dentro de las Asambleas de Escuela.
2. Falta de contrapesos institucionales explícitos
Aunque se menciona la participación de la Asamblea de Escuela, el artículo no explicita claramente:
Mecanismos de rendición de cuentas periódica más allá del informe anual.
Formas de participación vinculante de la Asamblea de Escuela o representación estudiantil en decisiones clave.
Procedimientos democráticos para la formación de comisiones o para el nombramiento de personal interino. (A pesar de estar contemplado en el artículo)
Con ello, la ausencia de procedimientos deliberativos explícitos puede reducir los espacios efectivos de cogobierno, donde estudiantes, administrativos y académicos tengan voz en temas sustantivos. Una democracia universitaria robusta requiere espacios de deliberación permanente y no dependientes del criterio personal de una figura administrativa.
Hace más de 100 años, en la Universidad Nacional de Córdoba tras un importante movimiento ciudadano, se instauró en 1918 un sistema democrático en el que toda la comunidad universitaria —estudiantes, docentes y personal administrativo— tuvo derecho al voto, ello ocurrió gracias a un proceso colectivo de la Reforma Universitaria que contempló la participación horizontal.
Con este segundo artículo terminamos de establecer el contexto histórico que enmarcan los escándalos relacionados con las acciones de diferentes funcionarios y cuerpos colegiados, posteriormente abordaremos aspectos más específicos.
Para el ciudadano que no tiene tiempo de reflexiones sobre la calidad de la democracia, hoy el Estado y sus instituciones son vistos por una gran parte de personas como un estorbo y una carga económica, con funcionarios con sueldos multimillonarios, un modelo que sirve a unos pocos, con un rígido sentido burocrático, parasitario y corrupto. Esta indignación contra las instituciones públicas, este desencanto por el sistema democrático tiene sus antecedentes en una multitud de situaciones.
Las filtraciones de Wikileaks en noviembre de 2010 nos mostró el negocio militar de la guerra en Irak y Afganistán, a ello se sumaron los Panama Papers (2016) y los Pandora Papers (2021), develando los mecanismos de elusión y evasión fiscal,detallaban operaciones offshore de políticos, empresarios, celebridades y criminales. En la filtración de Pandora fueron más de 11.9 millones de archivos procedentes de 14 despachos legales especializados en servicios offshore, exponiendo a más de 300 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países. Según datos del Ministerio de Hacienda, se identificaron 120 entidades costarricenses, entre personas físicas y jurídicas; los límites de lo verdadero y lo falso perecieron estar dando paso a un ethos individualista, tiránico y revanchista.
Tomemos en cuenta además que Costa Rica experimentó una seguidilla de escándalos indignantes de corrupción en obra pública. Casos como La trocha fronteriza o Ruta nacional 1856 Juan Rafael Mora Porras (2011), El Cementazo (2017), el caso Diamante (2021), empujaron al proceso electoral de 2022 a una segunda vuelta donde el cuestionado José Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), también altamente cuestionado, se enfrentaron por la presidencia de la República. El resultado era previsible, el cambio aunque incierto dejaba atrás al bipartidismo, al supuesto comunismo y al PAC, todo con el apoyo popular aunque significara un balazo en el pie, fue un cambio al fin. No todo cambio es para bien.
Es en este marco donde las acciones cometidas por funcionarios de la OEPI, el Consejo Universitario de 2024, y la administración Araya Leandro durante 2025, tienen una mayor repercusión y significado, pues han dotado de armas a los propios detractores de la universidad pública y a los enemigos de la autonomía universitaria.
Señala el filósofo francés Eric Sadin, que dada la acumulación de estas evidencias y decepciones producto de un sistema político global corrupto, estas cosas produjeron un ambiente propicio para un tipo de individuo que se ha convertido en un tirano, vota para castigar, de manera que vivimos en la era de la tiranía de los individuos con smartphone, una especie de totalitarismo de la multitud en la internet, apáticos con la democracia, y afines a un recambio que responda a los intereses personales y no a un proyecto colectivo sostenible, ¿estamos ante el fin de un mundo común? ¿Estamos ante el fin de un proyecto común de universidad?
Es como si existieran realidades paralelas, semejante a lo que acontece a lo interno de la UCR por parte del arayismo. ¿Pueden estas paradojas incidir en las prácticas de la vida democrática de una institución como la UCR? En el siguiente artículo continuaremos problematizando.
