El proyecto “Costa Rica Aprende con la U Pública” inicia matrícula para 64 cursos gratuitos
Los días jueves 6 y viernes 7 de mayo la Universidad de Costa Rica (UCR) abrirá el periodo de matrícula para los 64 cursos del proyecto Costa Rica Aprende con la U Pública, una iniciativa interuniversitaria cuya propuesta es abrir las puertas de las aulas universitarias para establecer un diálogo de saberes, conocimientos y desarrollo de destrezas entre las universidades públicas y las comunidades.
Todos los cursos son gratuitos y virtuales y tienen una duración de 12 horas, de las cuales ocho serán impartidas mediante la plataforma virtual UCR Global. Las clases darán inicio el 1 de junio y concluirán el 13 de agosto, y cada persona tiene derecho a matricular como máximo dos cursos. Al concluirlos se otorgará un certificado virtual que acreditará la participación.
Existen opciones diseñadas para personas desde los siete años de edad, e incluso una gran variedad para personas adultas mayores. Además de completar el formulario de matrícula, se debe contar con un teléfono celular o computadora con conexión a Internet, una cuenta de correo electrónico e instalar la aplicación Zoom.
Entre los temas de los cursos están la alimentación saludable, la salud bucodental, el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, medicamentos seguros, cómo hacer hojas de cálculo en programas como Excel o LibreOffice, danza, cuentacuentos o aprender sobre derechos humanos, pozos y manantiales y en qué consiste la economía social solidaria, y otras 50 posibilidades
Para la Dra. Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social (VAS), este proyecto “es un espacio que democratiza el acceso a la educación y con este esfuerzo la UCR abre ventanas al conocimiento para que todas las personas interesadas en un curso gratis y virtual pueda tener un espacio para la interlocución con los saberes de esta casa de estudios. También es un espacio de contención cognitiva y afectiva, tan necesaria e importante en este momento de pandemia y crisis económica”.
A este esfuerzo se sumaron más de 50 unidades académicas de la UCR, entre las que están escuelas, programas institucionales y centros e institutos de investigación de todas las sedes regionales y recintos de la universidad. “Costa Rica Aprende con la U Pública” se enmarca dentro la declaratoria institucional “2021: Año de las Universidades Públicas por la conectividad como derecho humano universal”.
Para matricular debe ingresar a este sitio y posteriormente seguir las indicaciones de las personas facilitadoras de los cursos. En el correo electrónico cursos.vas@ucr.ac.cr se brinda más información, o a los teléfonos 2511-5272, 2511-5582, 2511-1211 o 2511-1195.
A menos de un año de las elecciones generales en Costa Rica, el llamado “gobierno corporativo” hunde a miles de trabajadores costarricenses en la pobreza y la desigualdad social, viendo ellos como la pequeña nación centroamericana de 51 mil kilómetros cuadrados irremediablemente, se “colombianiza” por la corrupción y narcotráfico en los más altos niveles de la sociedad, mientras intencionalmente va cambiando el Estado Social de Derecho hacia otro donde los poderes de la república formalmente existen pero sus competencias cada vez son más difusas por la colaboración que deben dar para consolidar así el ambicioso “proyecto” país.
Con un 60% de los votos en segunda ronda para el presidente Carlos Alvarado en 2018, proveniente del Partido Acción Ciudadana (PAC) – una incisión de partidarios que se consideraban marginados del “socialdemócrata” Liberación Nacional (PLN)- los costarricenses hicieron gala de su buena fe y creyeron en un redireccionamiento de la política exterior , la seguridad ciudadana, la cleptocracia y la economía doméstica controlada, esta última, como es sabido, por al menos un centenar de familias encargadas de las finanzas, los bancos y el gran comercio. Los votantes vieron entonces la oportunidad de “castigar” al cerrado bloque bipartidista constituido por “socialcristianos” y “liberacionistas”, fortalecido sobre manera a partir de la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), cuando este gobierno apostó por el Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE I) exigido por el Banco Mundial.
Es así que a menos de 10 meses de realizarse las elecciones generales – están previstas para el 6 de febrero de 2022- la reputación del mandatario no es la mejor: sus detractores lo vincularon con supuestos viajes de descanso pagado por empresarios allegados a su gobierno, de priorizar la economía por encima de la salud de los trabajadores, de no dejar pasar la crisis de la pandemia para echar al suelo conquistas laborales y de recolectar “información” personal de más de un millón de ticos, sin que los ciudadanos conocieran estas andanzas, entre otras. La Fiscalía General de la República dice que va a investigar hasta las últimas consecuencias al gobernante y a un cercano grupo suyo por este asunto de la recolección de información de más de un millón de personas que, primero se entregó a una empresa privada para su “custodia” y luego, dicen ya está en el lugar correspondiente por ley: el Ministerio de trabajo. Su popularidad tampoco es la mejor, pues una encuesta centroamericana de opinión otorgó a Alvarado el último lugar en el istmo (Agencia Prensa Latina, citando a la encuestadora CID Gallup 4/3/2021).
La matriz mediática presenta además al gobernante como “alumno” aventajado en cuanto a las peores causas enarboladas por Washington, sí se trata de los gobiernos constitucionales de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Respalda al “grupo de Lima” y a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), cuando se trata de reconocer al “gobernante fantasía” y su “banda” – no controlan en Venezuela una cuadra- encargados de saquear los activos de los venezolanos en el extranjero. Sí bien es cierto el gobierno de Alvarado terminará su administración en 2022, desde ya tiene asegurado un lugar en el colectivo de miles de trabajadores costarricenses, sobre todo a partir de sus gestiones para alcanzar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 1.778 millones, que a decir de sus detractores, no necesita el país y, en cambio, compromete seriamente el futuro del movimiento sindical, el empleo público y las cuatro universidades públicas para citar algunos de los “daños colaterales” . El decir de estos grupos es que “embarga” la nación centroamericana por varias generaciones, así como toda clase de recursos e instituciones. Las universidades públicas en la mira desde hace tiempo por el “proyecto país” (Súmese el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Refinadora Costarricense de Petróleo) sobreviven frente a unas 60 casas de estudios superiores privadas encargadas de llenar de sus profesionales los tres poderes de la república. Las autoridades universitarias les han costado entrar en razón en el sentido que para muchos de los tecnócratas formados en ellas la educación ya es un gasto ensanchador del llamado déficit fiscal y no una inversión y un derecho a la instrucción, sobre todo de aquellos más arrinconados por el sistema de producción. El dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Trino Barrantes, en un reciente llamado a la unidad para la defensa del “Estado Social de Derecho”, la coordinación de “acciones” y “la lucha contra el neoliberalismo”, calificó de “guerra despiadada desde los tres poderes de la República” la coyuntura que viven los costarricenses.
En otra proclama en ocasión del 1 de mayo dada a conocer por la revista Surcos los trabajadores acusaron a las élites económicas y políticas del PLN, de los Partidos Unidad Socialcristiana, del PAC, Restauración Nacional y Nueva República, de “precarizar” las deterioradas condiciones laborales y salariales, al reducirse las jornadas laborales, suspenderse los contratos de trabajo y congelando salarios. En el documento proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios; se oponen al acuerdo con el FMI y las exigencias que el mismo contiene con siete proyectos legislativos simulados, porque deteriora servicios públicos esenciales, empobrecen, y golpe las instituciones estatales.
Recuérdese que mediante una Cadena de radio y televisión a principio de octubre de 2020 Alvarado, y quien fue presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, convocaron a una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar acuerdos para atender la situación fiscal y la crisis económica del país. Cerca de 70 organizaciones entre sindicatos, federaciones estudiantiles de las universidades públicas, Alianza Cristiana, Movimiento solidarista, municipalidades, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, entre otras , junto a Cámaras y federaciones empresariales fueron llamadas al “dialogo” por Costa Rica (fuentes: https://delfino.cr/2020/10/quienes-representaran-a-cuales-sectores-en-la-mesa-de-dialogo-multisectorial y https://www.larepublica.net/noticia/estado-de-la-nacion-cancela-dialogo-multisectorial-porque-no-se-dieron-las-condiciones-necesarias).Sin embargo, ahora algunos “lideres” sindicales que tuvieron expectativas con dicho dialogo, sienten ya los efectos de aquel promovido “acercamiento”; no obstando lo anterior para reconocer que, por encima de las críticas que ahora quieren hacer al jefe de estado, es un hecho que el presidente Alvarado, sí “tiene quien le escriba”, pues en algunos medios de comunicación ha recibido apoyo para su frase favorita dicha por televisión: “trabajar, trabajar”. Estas loas provienen principalmente de miembros de cámaras y federaciones empresariales, algunos cuyos líderes son, a la vez, parte o defensores del poderoso “gobierno corporativo” (Ver: https://elearningccpa.or.cr/producto/presupuesto-publico-contratacion-administrativa-17-05-2021/?id_producto=undefined).
SOROS Y LA “TERCERA VIA”
El “esfuerzo” sostenido por casi 12 años, en cuanto a la posibilidad de una “tercera vía” de gobernanza sin “capitalismo salvaje” y menos algún asomo de “socialismo”, tiene en Costa Rica “magistrales” alumnos que, a lo mejor, el magnate George Soros conoce y ni siquiera imaginó cuando confeccionó sus mantras para el campo de los recursos naturales y dar su lógica creíble a la ideología de género, entre otros. Desde los gobiernos de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014); el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018); así como del actual (2018-2022), la nueva gobernanza está complementada por grandes empresas cuyos esfuerzos van dirigidos a fortalecer las relaciones de los accionistas, propietarios e inversionistas con el Estado, cada vez más disminuido. De esta manera, el llamado “estado corporativo”, adecúa el marco legal, financiero y económico a la “democracia”, “la paz social” y el “desarrollo” del país.
Empero, la discusión sobre cómo organizar a los asalariados y articular sus demandas, más allá del interés del empresariado para que disputen, en un primer momento el poder, lo controlen luego, y posteriormente, sea distribuido entre los sujetos activos de la producción de riqueza, sigue siendo una tarea pendiente entre los líderes de los asalariados. La evidencia más a mano es la desmovilización de los trabajadores promovidos por este sistema de “gobernanza paralelo” en estos últimos años; además de que muchas cabezas de la llamada gente “progresista” o la denominada “izquierda”, han perdido la perspectiva de lucha en pro del derecho a tener patria independiente, justa y digna, presentando como “conquista”, por ejemplo, ver izada la bandera del movimiento LGTBIQ en las afueras de la casa presidencial, como sinónimo de “igualdad” e “inclusión” social, cuando los prejuicios sociales, económicos y religiosos siguen evidentes a lo largo y ancho del país contra estas minorías; o la lucha por mejores salarios para las mujeres, como forma de combatir “el patriarcado”, olvidando la necesidad urgente de enderezar la lucha conjunta de hombres y mujeres contra las estructuras económicas que cada día nos despojan de esa patria cuyas sabanas corrimos siendo niños y a la cual tenemos derechos a vivir con dignidad como personas por el simple hecho de haber nacido vivos.
De esta .manera, quienes por acción u omisión defienden las tesis de Soros en cuanto a familia, ambiente, recursos naturales o trabajo, lograron muchas veces elevar a tema nacional sí, es mejor o peor un “estado laico” , sí la extracción de minerales a cielo abierto va contra el “desarrollo sostenible”, etc.; por encima de por qué en Costa Rica el sindicalismo es inexistente en el sector privado, sí es posible un sindicalismo en pleno siglo XXI que entierre egos y derribe feudos, o sí este país cumple con el artículo 23.1 de la Convención Universal de Derechos Humanos. Esta norma ordena que el trabajo es un derecho garantizado a la persona, pero el gobierno corporativo interpreta que la disposición se refiere a escoger libremente el trabajo. O hasta dónde, haberse sometido a la tesis de la fundación Soros, en cuanto debe reducirse la población en las economías periféricas, ya afectó a toda la sociedad costarricenses. La cantidad de adultos mayores ha crecido un 60% solo en los últimos 12 años y para estar más que claros, para el año 2045, seremos más adultos mayores que jóvenes (Fuente: https://www.google.com/search?q=costa+rica+envejece&rlz=1C1UUXU_esCR944CR944&oq=costa+rica+envejece&aqs=chrome..69i57.9867j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
El “gobierno corporativo” puede ufanarse que el valor agregado en el sector de servicios es de un 73 % del valor total de Costa Rica, seguido por la industria y la construcción (21 %) y el sector primario (5 %). El proceso de apertura al comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa, que comenzó desde las décadas de los ochenta, diversificaron la producción del país, impulsando las exportaciones y mejorando la utilización de la fuerza laboral (Fuente: El Panorama del gobierno corporativo; en https://www.oecd-ilibrary.org/sites/380130cf-es/index.html?itemId=/content/component/380130cf-es). Además debemos alegrarnos que los ticos con anemia menores de dos años son apenas el 18%, el desempleo nacional es de 23,2%, según la encuesta Continúa de Empleo (ECE), cuyo porcentaje de desocupados nunca antes se había visto, cuya fuente asegura es culpa de la pandemia de la COVID 19. O con el creciente deterioro de las escuelas usadas por la gente impedida de recurrir a la boyante educación privada. Según la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, no se justifica el abandono en que están los centros de educación pública, porque “el Estado es responsable de asegurar las condiciones que permitan la plena realización de los derechos del niño y en particular, el derecho a una educación de calidad. (Fuente: Sobre anémicos en La Nación 16/ago 2019 y https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-mal-estado-de-centros-educativos-debe-ser-prioritario-para-el-mep/).
NACE UN MANTRA: “SIN FMI NOS VAMOS AL CARAJO”
El desempleo, la falta de vivienda, los elevados precios de los servicios y los alimentos, el congelamiento de salarios y la exclusión social – Costa Rica está entre los cinco primeros países latinoamericanos con más mayor inequidad – entre otros, estaban antes de la aparición de la pandemia de COVID 19. El sicariato y los “ajustes” de cuenta, al mejor estilo de Colombia, nunca necesitaron de un maldito virus para extenderse. Con o sin vacunas están presentes en la vida del costarricense. Y no hay un plan integrado que ataque las raíces socioeconómicas del problema. Las noticias sobre narcotráfico suelen ser aquí las compañeras inseparables durante el almuerzo o la cena. Solo en febrero de 2021 la Policía Antidrogas confirmó que evitó la “exportación” de 2.5 toneladas de cocaína; que saldría por el puerto de Limón. Según la agencia de noticias Reuter -9 ene de 2021- Costa Rica cerró el 2020 con la mayor cantidad de cocaína y marihuana incautadas en su historia, al decomisar 71,2 toneladas de droga, explicando que el récord se logró por un aumento de la producción en Colombia y mayores capacidades policiales en casa.
En este contexto cobró relevancia que un influyente diputado del PLN, exsecretario general de esa organización y presidente de la comisión legislativa sobre narcotráfico, Gustavo Viales, renunciara a los dos últimos cargos, tras ser vinculado por la policía con una investigación a un cartel dedicado al trasiego de cocaína y legitimación de capitales. (Fuente:ELPaís.cr; 13/4/2021; http://www.elpais.cr/2021/04/13/diputado-viales-del-pln-renuncia-a-inmunidad-por-caso-de-narcotrafico-en-region-sur/). El ha negado toda vinculación hecha por la policía, así como de unos parientes cercanos, haciendo ver su disposición a someterse a la investigación. Según la Fiscalía de la República la banda había infiltrado la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); trasegarían una tonelada de cocaína cada dos meses. En 1985 durante la administración del PLN, encabezada por expresidente Monge, fue detenido en Costa Rica el “inversionista” y narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, supuestamente con una lista de “contactos”. Fue devuelto a México en tiempo récord y la libreta donde, según la prensa, aparecían direcciones y ubicaciones de esos contactos se perdió misteriosamente.
No todo, empero, está perdido en cuanto al derecho de tener un mejor país y lo provisorio del asunto. Para el presidente Alvarado la situación socioeconómica de su país encontrará una solución con el préstamo de $ 1776 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como “no hay chocolate sin cacao”, para acceder al empréstito deberá reformarse todo el sector estatal, congelar planillas y salarios, así como reducir fondos a importantes instituciones públicas (transferencias suena más elegante). De esta manera, la gobernanza paralela – está inspirada en el gobierno de los empresarios brasileños desde 1995-, prácticamente se consolidará definitivamente, pues quedan pocos activos estatales que vender o dar en concesión.
Durante un reciente discurso dado en la región del pacífico costarricense, en tono coloquial y para destacar la trascendencia del empréstito, Alvarado aseguró que necesitan la reforma del sector público a fin de reducir el faltante fiscal, porque sin el FMI “todo se va al carajo”.
Fuente: Semanario Universidad del 13/4/2021.
El déficit fiscal se origina, según la versión oficial, porque se destina el 1.56% de la producción nacional al pago de la deuda, siendo la mayor carga (83,82% de ella) para los llamados acreedores internos (Fuente: Diario Extra 17/4/2021). Para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, el faltante fiscal es provocado por los tenedores de bonos de la deuda interna, la evasión de impuestos, la corrupción, el contrabando y las repetidas amnistías tributarias dadas en los distintos gobiernos, cada vez que así exigen el empresariado.
Vargas apunta a que los distintos gobiernos han “satanizado” a los empleados públicos como los responsables de la crisis fiscal cuando hay elevadísimos salarios en el sector estatal para altos burócratas afines al proyecto neoliberal, además de millones de colones que se pagan en “asesorías” a los amigos del gobierno. Es del criterio que quienes tienen bonos de deuda interna y especulan con esos valores, hacen que cada costarricense nazca embargado, pues llega a este mundo con una deudilla equivalente a $ 9.917. Por su parte, el Semanario UNIVERSIDAD se quejó recientemente porque nadie conoce a estos “tenedores de deuda interna”, pues están blindados por el principio de “confidencialidad”, según los altos tribunales del país.
Este periódico dio a conocer que 25 grandes contribuyentes del control unificado del Ministerio de Hacienda entre 2017 y 201|9 estuvieron, inexplicablemente, ausentes del Registro Único de Contribuyentes, según una investigación realizada por la Contralaría General de la república (Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). El informe asegura que todas esas firmas registraron volúmenes de importaciones por ₡ 370.936 millones e impuestos aduaneros por ₡ 51.078 millones, equivalente en dólares estadounidense a unos $ 604 234 millones y 83 millones.
Primero pido perdón por usar esas «categorías» generacionales sin gran fundamento científico – social, y que han devenido en meros lugares comunes. No se trata de una competencia. Sino de visibilizar importantes acontecimientos históricos que han moldeado la resistencia popular contra la destrucción paulatina del Estado Social de Derecho.
Necesario es decir que la ‘teorías de las generaciones’ tienen un sesgo muy anglosajón. Y que su operatividad conceptual es muy vaga.
Un ejemplo: En principio la Generación anterior a la X no es la Boomer sino la llamada Generación Jones de intermediación.
Pero no es lo mismo nacer en la «Generación Jones»(nacidos aproximadamente entre 1954 – 1965, o sea, repito, posterior a los «Baby Boomers» y anteriores a la Generación X) en Estados Unidos, sin Vietnam, sin revolución sexual, con las drogas criminalizadas, mucho más despolitizados, con Televisión 24/7, con alto desempleo y recesión al crecer, al estilo del Presidente Obama, que nacer en esa mismos años pero en Centroamérica, Latinoamérica o Medio Oriente, o en el antiguo Bloque Socialista de Europa del Este con posterior Restauración capitalista. Punto. No hay parangón. Incluso las diferencias entre campo, puertos y ciudad cuentan, y no sólo en Costa Rica sino en el Mundo entero obviamente.
Otro tema es el mismo término «Generación X», tomado de la cultura pop del primer grupo de Punk de Billy Idol, y referido en la literatura por el canadiense Douglas Coupland, etc. Al parecer, tomado a su vez de un equívoco al malinterpretar un fotoensayo del famoso Robert Capa, referido a los niños y niñas nacidos después de la Segunda Guerra Mundial (o sea los llamados «Babyboomers» de Estados Unidos). El término sólo se popularizó en tardíamente al final de los 90s y comienzos de la década del 2000.
Ahora lo esencial:
El olvido de la Lucha contra ALCOA no es gratuito. Signo de una generación de lucha heroica, resulta conveniente olvidarla. Trivializarla, romantizarla, minimizarla, evadirla.
Nadie debe recordar nunca, esa primera plana en «Le Monde Diplomatique» con un joven estudiante costarricense llamado (José Picado Lagos) en guayabera, retando a golpes a un policía antimotines armado de su garrote…
Faltan muchos y muchas en la foto pero ahí están. Vale la pena seguir interpelándolos y aprendiendo mutuamente de sus experiencias.
Fue una maravillosa generación, mucho anterior incluso a la mía, denostada por el anglicismo «Boomer», ahora de moda.
Nuestra Generación X:
Pero suave, yo nací en 1968, Año del Tet… Tenía 2 años en 1970. Y entré a la conservadora Facultad de Derecho en UCR en 1985… No conocía movimiento estudiantil alguno en el colegio (al menos en mi colegio privado). La actividad política me ha perseguido desde mi ingreso a la UCR. Y es como un mal Karma, valga la redundancia.
Ya desde 1988 acompañaba al Trabajo Campesino en Acosta, y eso fue otra cosa, no era la esfera de las capas medias universitarias… Era alimento espiritual. Era Dharma. Era como dejar de estudiar Derecho y comenzar a estudiar Filosofía.
Admito que no era muy ‘normal’. Pero tampoco lo soy ahora a mis Cincuentas.
Y bueno, quería aportar algo al justo y necesario tributo histórico de ALCOA 1970, pero con voz propia:
¿Quién se acuerda de 1991 y la Lucha de las Universidades Públicas por su justo presupuesto?
¿Quién se acuerda del Ministro Thelmo Vargas adalid del Neoliberalismo en el PUSC? ¿Alias ‘Thelminator’?
¿Y del tenebroso Bipartidismo Neoliberal?
La lucha y expulsión por la presión popular del ‘coco’ Neoliberal, Thelmo Vargas como Ministro de Calderón Fournier en 1991 fue nuestra otra victoria generacional. (Aún y cuando haya terminado en eso cosa extraña llamada FEES, que para algunos/as resultó regresiva respecto de la norma constitucional explícita previa).
Recapitulemos el contexto de los 90s, porque tampoco fueron fáciles:
No fue un mero revival de los 60s parisinos.
Estábamos en pleno pleno auge Neoliberal en Latinoamérica y en el Mundo, con la reciente caída de la URSS, y de los regímenes burocráticos del «Socialismo Histórico», y con escepticismo propio de la corta moda académica Posmoderna… Se nos negaba así la Utopía, y se predicaba con simplismo el ‘Fin de la Historia’ por un tal Francis Fukuyama, ahora un ‘converso’ me dicen.
El sectarismo mesiánico también apareció como un falso refugio.
Sin embargo, nuestra lucha fue igual de heroica a la de ALCOA, y tal vez incluso, hasta igual o más importante políticamente, en términos estratégicos nacionales. Aunque Usted no lo crea y la desconozca.
Fue una poderosa y estratégica victoria popular la de 1991 en el silencio global de la caída del Muro de Berlín, que le recortó las alas al proyecto Neoliberal Bipartidista todavía en boga…
No nos equivoquemos, sólo lo volvió más lento, a lo «tico», pero eso fue mejor que la receta de Menem en Argentina, o de Salinas de Gortari en México, o de Collor de Mello en Brasil, o del Autogolpe de Fujimori en los 90s, o sea fue relativamente «bueno» para nuestro golpeado Estado Social de Derecho.
Este movimiento estudiantil costarricense gestado entre 1990 y 1991, permitió y sembró, los aires de la posterior Lucha por el ICE contra el llamado Combo 2001, o incluso contra el TLC (2006 – 2007). Nos inspiró sin duda ALCOA. Pero tuvimos nuestra propia identidad. No tuvimos un Vietnam, tuvimos la Guerra del Golfo contra Iraq (dos guerras de Iraq, y en medio la Invasión a Afganistán justificada por el terror psicológico colectivo del 9/11).
Carteles de Jim Morrison y Lennon, alternaban con consignas del Mayo 68 o del Surrealismo y Dadaísmo, y desfilaban junto a los de Carmen Lyra, o CALUFA, Rodrigo Facio, o el Ché. Fue maravilloso y polifónico. Lleno de colores y de creatividad revolucionaria. La mutación política (Negri, dixit) parió con nosotros.
Nota Morista:
Me hubiese gustado decir de los carteles que muchos eran de Manuel Mora Valverde, pero en realidad sistemáticamente se nos ocultaba su figura y su pensamiento estratégico, se le minizaba, o se le denostaba por el sectarismo de la poca izquierda universitaria ilustrada que quedaba. Esa fue mi experiencia política y académica, al menos.
Era más fácil conocer el recetario ‘ultra’ de un extraño y gris Trosko argentino (con perdón de Trotsky) apodado Nahuel Moreno y sus rabietas y disputas con el sabio economista belga Ernest Mandel, que estudiar el exitoso Pacto Social de 1943 que dio origen a nuestras Garantías Sociales. Así de sencillo.
En fin, éramos muy ingenuos y podíamos equivocarnos muy fácilmente. Yo incluido obvio. (Eran épocas confusas de reflujo político).
Ya para los 90s habían ahogado la lucha estudiantil de 1970. Los finales de los 80s fueron de restauración conservadora en Costa Rica. Hicieron muy bien su trabajo ideológico…
Los Planes de Paz necesarios en Centroamérica nos dieron oxígeno, luego el cerco económico al Agro nacional y la obligada reconversión agroexportadora, el giro Neoliberal del PLN de Oscar Arias, la Invasión a Granada (1983) y a Panamá (1989), la amenaza norteamericana de Invasión a Nicaragua, luego la lógica derrota electoral del FSLN, la derrota militar de las Guerrillas centroamericanas frente al genocidio del fascismo militar criollo, la anterior crisis de Carazo y el FMI, la brutal hiperinflación, la propaganda anticomunista 24/7, etc.
Nuestro referente teórico universitario era Helio Gallardo, al menos en la UCR. Algunos conocíamos incluso al gran Franz Hinkelammert, «El Yeti» y a sus colaboradores del viejo DEI.
Todo lo demás era casi marginal (adrede posiblemente), puro manto y leyenda o mero Diamat sin «socialismo real».
Obviamente con las excepciones del caso, como el brillante historiador de la UCR, Paulino González Villalobos, veterano de ALCOA y fallecido trágicamente en 1988 (qepd.), o los profesores de Psicología Social (Jaime Robert e Ignacio Dobles) y sus charlas de freudomarxismo.
Claro académicamente (no políticamente), ya asomaban al menos en la vieja Escuela de Filosofía- UCR, el Ecologismo y el Feminismo (gracias Yolanda Ingianna).
El acrónimo LGTBIQ no estaba bien difundido, y aún dentro de la izquierda juvenil, salvo cierta tolerancia represiva (Marcuse), sus reivindicaciones eran mal vistas. Esa era nuestra moral pueblerina que privaba. Sin embargo, ya habían discretos Colectivos universitarios en lucha. Igualmente sobre el complejo y actual tema indígena.
Si estaba muy clara la necesidad de pensar a los nuevas subjetividades sociales, a los nuevos actores sociales, más allá de la clase trabajadora y el campesinado.
La teoría social contenida y su explosivo potencial en el Psicoanálisis de Freud (gracias Tatiana Facio). La crítica Neomarxista y gramsciana al Marxismo Soviético (gracias Giovanna Giglioli).
La vieja Escuela de Frankfurt y su Teoría Crítica (igual que en Europa occidental de los 60s y 70s), eso a pesar del publicitado (e insoportablemente denso) Jürgen Habermas, también nos movilizó.
Foucault y Deleuze y el posestructuralismo francés de izquierda (no posmodernismo), no se le puede explicar a los sectores populares. ¿Para qué además? Pero sí podemos trabajar con Privados de Libertad (1998) y repensar el encierro, el cuerpo y su vigilancia social.
Y claro, la Filosofía de la Liberación Latinoamericana (Dussel). Pensar desde América Latina, escribía Helio.
También y no menos, el espíritu ‘acrata’ de la Revista Kasandra Virtuala y de Jorge Jiménez ofrecía una salida estética contestaria y de ruptura, con el Progresismo soso heredado de los 70s.
Luego vino Hegel, primero con Don Arnoldo Mora Rodríguez y don Fernando Leal, luego Gerardo Mora Burgos en la Sede Occidente, y luego con Roberto Fragomeno y nuestro Centro de Estudios Filosóficos «Lágrima Negra».
Soy injusto con una nunca olvidada generación de profesores de Economía Política de la UNA, quienes iban desde Neokeynesianos, Neoricardianos (por Piero Sraffa), hasta Neomarxistas críticos.
No podía faltar en la UNA, don Federico López y su luz. Faltarán muchas y muchos docentes de mencionar, claro.
Pero sería todavía más injusto sino menciono al extraordinario, maravilloso, y aún más politizado movimiento estudiantil de la Universidad Nacional. Su líder indiscutible Danilo Solís (qepd.), nuestro hermano y compañero de generación.
Danilo, nuestro «Peluca», «Danny Boy», educó con su sencillo ejemplo, y con su honestidad y consecuencia política, a toda una generación de luchadores y luchadoras cívicos del posterior Combo del 2000 de la UNA (Johana Hernandez, Alvin Solano, Oscar Barboza Lizano, Esteban Campos Méndez, Andrés Gallardo, Dimitri Shiltagh Prada, Jorge Blanco Chan, etc.).
Nada como aguantar durante el Combo del 2000 o en 1991 bajo el Sol y la lluvia, con algunos/as pocos/as un Bloqueo en plena Avenida Central y Segunda de San José… En ese tiempo era legal. Sin embargo, la represión policial era la misma, sino pregúntele a la líder estudiantil de la Lucha contra Combo privatizador del ICE, Eva Carazo Vargas, o al veterano compañero César LD López, o incluso al entonces todavía más joven, Ariel Foster de la UNA.
No fueron las únicas luchas, entre 1991 y el 2007 hubo una serie de fantásticas luchas populares, acompañadas siempre por jóvenes y estudiantes, universitarios y hasta colegiales (Roberto Herrera).
Un recuerdo emotivo:
Los Policías se preparan para la carga… Nuestra gente estaba muy cansada y la mayoría se había retirado a la UCR … La Policía incluso era más numerosa, sobraban oficiales… Y de repente como en una película con final feliz, vemos una maravillosa Legión de jóvenes universitarios y universitarias, ordenada, marchan casi, vienen caminando desde Heredia, era algo casi espartano, cobijados con una manta con estrella roja, subiendo contravía la Avenida Central. Marchan hacia nosotros… No habían celulares. Solo señales.
La policía vuelve a ver a su retaguardia y de inmediato se reubica pacífica en la Plaza de la Democracia. Ahí abracé a los y las compas de la UNA. No nos hemos separado hasta la fecha, y terminé sacando mi Posgrado en esa maravillosa Universidad Necesaria.
Y del TEC sólo conocimos a sus líderes estudiantiles como «El Mechas», ahora un gran profesional e Ingeniero en el ICE.
Sabíamos del exilio del Arquitecto Roberto Villalobos Ardón del viejo TEC, por sus maravillosos cursos de Filosofía del Arte en la UCR. Y obviamente luego, cultivamos la amistad y admiración por el Rector don Eugenio Trejos BENAVIDES, pero luego, durante el Combo del 2000. Años después pude tener el honor de ser docente en su Campus de San Carlos. (TEC- SC).
En la UNED obviamente hubo compañeros y compañeras docentes, que se lo jugaron el todo por el todo. Su protagonismo científico y político brilló con luz propia en la lucha del Combo, y no se apaga con nada.
Menciono en la UNED al extensionista Italo Fera Fallas con bajo perfil a veces y a quién conocía desde mi anterior trabajo campesino en Acosta, y obviamente, a mi amigo y compañero actual de trinchera Luis Paulino Vargas Solís.
Creo que Luis Paulino de la UNED y Henry Mora J de la UNA (éste último junto al maestro Franz Hinkelammert), ambos con universos discursivos diferenciados y con prácticas – políticas militantes, transformaron ese hiato entre práctica- teórica- académica y práctica- política popular. A las pruebas me remito, nadie los calla. Y siguen como un tábano antineoliberal jodiendo al Pensamiento Único, en pleno 2021.
Sin embargo, para 1991 debo señalar que hubo un divorcio práctico – político entre la chata realidad costarricense, y nuestra exquisita pero incompleta formación académica (eso solo fue un grato privilegio de la Educación Pública Superior).
En fin, hicimos lo que pudimos. No teníamos la gravedad conspirativa, ni la tesitura de otras épocas de Insurgencia, ni la ligereza o la apertura o las redes sociales de los Millennials y Centennials posteriores. Fuimos y somos, con luces y sombras.
Y sólo yo estuve ahí. Y no quería dejar de testimoniarlo.
Nuestras mayores equivocación estratégicas, fueron simples pecados de juventud:
1) No forjar una identidad política y cultural propia. Nunca tuvimos sana autoestima política colectiva, sólo algunos egos.
2) No construir tampoco una expresión política-electoral propia (ni el PAC ni el FA ni antes el Naranjazo lo fueron).
3) No tener o desarrollar un medio de comunicación de masas independiente y propio. A lo sumo pedimos espacio en el Seminario Universidad y Radio Universidad y el Canal 15… Luego se creó Radio U. Los demás intentos de Prensa Independiente de la época fracasaron. Ergo «Esto Pasa».
4) Y peor aún, para algunos y algunas, fue el ser o Cooptados/as o Marginados/as, un binomio muy cruel en términos personales.
Aún así, nos reivindicamos luego contra el Combo privatizador del ICE y supimos sobrellevar la derrota táctica y estratégica del TLC (2006 y 2007).
No conozco, sin embargo, ninguna Plaza con el nombre de ‘Thelminator’…
Siempre ‘pedimos permiso’, exhibimos la herida interna, la carencia constituida, y necesitamos citar a una fuente de autoridad. ¿No nos la creemos todavía?
Entre 1642 y 1672, es decir, en los inicios mismos de la edad moderna, tuvo verificativo en Holanda la primera gran revolución democrático-liberal; esa revolución es conocida en la historia como “La República de los Hermanos De Witt” por haber sido Jan De WITT su máximo líder; su asesinato en las calles de La Haya significó el término de esa especie de “primavera” de las luchas por la democracia dentro del marco de una ideología liberal. Su ideólogo más connotado fue Baruc Spinoza, filósofo holandés de origen sefardita; en su última e inconclusa obra, TRATADO POLÍTICO, Spinoza intentó darnos una definición de lo que hoy entendemos por democracia; allí afirmó que la defensa de las libertades públicas constituye la esencia misma de lo que se debe entender por “democracia”. Esas libertades públicas son para Spinoza tres: la libertad de conciencia (fundamental en una época como la suya, que ya llevaba un siglo de guerras de religión posteriores a las Reforma Protestante, que dividió la cristiandad occidental), la libertad de expresión (muy novedosa para una época en que en se acababan de crear los periódicos) y la libertad de organización como expresión social y política de las otras dos. Hoy solemos hablar más ampliamente de “derechos humanos”, cuya carta plasma la razón de ser de las Naciones Unidas, por lo que ésta constituye el fundamento ético y jurídico del derecho internacional, pues no pueden darse relaciones civilizadas entre naciones si no se inspiran en esos principios doctrinales.
Es dentro de esa concepción filosófica que debemos entender la libertad de prensa como un derecho humano. La libertad de prensa es legítima jurídica y éticamente tan sólo si expresa la soberanía del pueblo, entendiendo por “soberanía” el ejercicio de las libertades colectivas como condición indispensable para que un pueblo sea dueño de su destino y pueda escribir la historia con su puño y letra. La libertad de prensa es legítima tan sólo si expresa la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a saber la verdad. Quienes convierten ese derecho sagrado en un poder fáctico, lo tergiversan al reducirlo a un instrumento de manipulación de conciencias y en un monopolio de facto que da origen a una dictadura mediática. Su más brutal expresión es el manejo descarado de las llamadas “redes sociales”, que han sustituido en la práctica a los partidos políticos como expresión del pluralismo ideológico y la confrontación de ideas. Ab(usando) de esos poderosísimos recursos tecnológicos, han llegado al poder figuras espernibles, como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y, más cerca de nosotros, Bukele en El Salvador. Todo lo cual es consecuencia en el ámbito político de la revolución tecnológica actual, pues las comunicaciones han sido monopolizadas por las grandes empresas de la comunicación, quienes las financian. Al autocalificarse como “paladines de la libertad”, no hacen sino defender los intereses de esos monopolios mediáticos, convirtiendo así el derecho constitucional a la información en una mercancía. Quienes están a su servicio, subordinan los valores democráticos a los intereses de sus patronos; los periodistas a su servicio no son más que empleados.
Lo que sucede en el ámbito nacional no es más que un reflejo de lo que acaece en la esfera internacional. La campaña de difamación y de medias verdades en contra de las universidades públicas, emprendida por los empleados de la familia Jiménez Borbón, acostumbrada a tratar a la Patria de Juanito Mora y García Monge como si fuera un feudo azucarero, constituye un ejemplo de lo dicho. Se les cobra a nuestras beneméritas instituciones el estar formando ciudadanos con conciencia patriótica, como nos enseñaron a hacerlo nuestros grandes maestros humanistas, como Omar Dengo y Rodrigo Facio, a fin de inspirarse en el ejercicio del poder en la práctica de los derechos humanos, entendiendo “derechos” en el sentido kantiano de la palabra, a saber, como condición de posibilidad de la libertad como ejercicio de la razón práctica. Esos valores son tres, porque señalan la finalidad de las tres facultades superiores o dimensiones que definen al ser humano como “espíritu absoluto” (Hegel). La razón teórica (“pura” para Kant) aspira a la verdad, la voluntad (“razón práctica” para Kant) procura el bien ético, y la sensibilidad busca la belleza. Las libertades públicas deben ubicarse en la segunda dimensión, dado que son, insisto, la expresión social de la libertad como ejercicio de la racionalidad.
En filosofía política y derecho constitucional se habla del “pueblo” con el calificativo de “soberano”; este calificativo es altamente honroso, pues en los regímenes regidos por democracias absolutistas era un atributo tan sólo del rey , debido a que la monarquía era concebida como investida de atributos divinos (Bossuet). Debemos al más influyente ideólogo de la Revolución Francesa (1789), Juan Jacobo Rousseau, el haber conferido dicho atributo al pueblo llano que, desde entonces, se convierte en un principio fundamental de lo que entendemos por “democracia”. Es el pueblo-soberano la única matriz o fuente de las libertades públicas. Éstas se desarrollarán en consonancia con la conciencia que de sus derechos adquieren los pueblos, al calor de las luchas libertarias que despliegan; lo cual hace que debamos concebir los derechos humanos no como una especie de entelequia metafísica, sino como un proceso dialéctico, es decir, dentro de un marco de dimensiones históricas, movido por la dinámica de las fuerzas sociales.
La campaña en contra de las universidades públicas, como muy bien lo señala el actual Rector de la UCR, Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, constituye un atentado en contra de los valores y principios democráticos, cimientos de nuestro sistema de vida republicana. Las universidades públicas, al luchar por sus derechos constitucionales, lo hacen igualmente por la soberanía de nuestro pueblo, por la dignidad de nuestra república. De esta manera honran con hechos y no con altisonantes y demagógicas declaraciones, el Bicentenario de Nuestra Independencia.
Antes que quien lea esto me descalifique porque soy profesor de la Universidad de Costa Rica, debo decir que no estoy defendiendo ningún privilegio. Ya en varias facultades hemos solicitado cambios en el sistema salarial de la UCR, dándole mucho más peso al régimen de méritos que a la antigüedad. Las autoridades han dado pasos concretos en esa línea, disminuyendo sustancialmente las anualidades y trabajando aceleradamente en el diseño de un nuevo sistema salarial.
La Ley de Empleo Público va mucho más allá del tema salarial, y toca temas como política de contratación, mecanismos de evaluación y políticas de sanciones dentro de las universidades públicas, las cuales afectan el quehacer universitario en el ámbito académico. Pero, malintencionadamente, se ha querido reducir la discusión del impacto de la Ley de Empleo Público en la educación superior pública al tema salarial. So pretexto del salario, tema que se ha manipulado con mentiras o verdades a medias para influir en la opinión pública y atizar el odio hacia las universidades estatales, lo que en realidad quieren algunos es limitar la libertad de cátedra garantizada en la Constitución, por la vía del debilitamiento de la autonomía universitaria tal como la define el Artículo 84 de la Constitución Política, la misma que quienes ejercen el Poder Ejecutivo y el Legislativo juraron defender.
¿Por qué la autonomía universitaria les estorba a ciertos representantes del poder económico, dentro y fuera del gobierno, y a sus voceros? El papel de la UCR está dado en el Artículo 5 de su Estatuto Orgánico: Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las personas que integran la comunidad costarricense; buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia; formar profesionales en todos los campos del saber, que integren una cultura humanística con su formación especial o profesional; contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías; elevar el nivel cultural de la sociedad costarricense mediante la acción universitaria; estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral, destinado a formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la indebida explotación de los recursos del país.
Todo lo anterior requiere que la acción universitaria esté libre de la influencia de las tendencias ideológicas predominantes y de los gobiernos de turno. Por ejemplo, algunos quisieran que la educación superior se circunscriba a materias tecnológicas o administrativas y minimice o elimine lo demás. Esa visión estrecha quedó plasmada en el informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa. Con la Ley de Empleo Público, el gobierno va a influir sobre los mecanismos de contratación y evaluación del personal universitario, lo cual claramente resta la necesaria libertad de la acción académica, garantizada por la autonomía universitaria. Podríamos llegar a una situación lamentable en que los rectores y otras autoridades universitarias se nombren por color político, o, como sucede en el gobierno, que a quienes ocupan jefaturas haya que indemnizarlos para que dejen el puesto.
Por otra parte, los mecanismos de evaluación profesional del Servicio Civil no promueven la excelencia (no hay evaluación por los usuarios) ni la productividad, como sí lo hace el régimen académico de las universidades públicas, en el cual la enseñanza es evaluada por los estudiantes y la productividad y calidad de la investigación por “pares académicos” anónimos, con frecuencia internacionales, que revisan y dictaminan sobre el mérito de los trabajos científicos. Cambiar este riguroso sistema de méritos de las universidades por la “amistosa” evaluación del Servicio Civil va en detrimento de la calidad universitaria.
La moción aprobada en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, para que el sistema de empleo público de las universidades públicas esté compuesto de la normativa interna aprobada por sus propios órganos de autogobierno, es salomónica: reivindica la autonomía universitaria dada por la Constitución, pero no excluye el tema salarial universitario de la Ley de Empleo Público. La reacción visceral y mendaz de algunos sectores de la prensa y grupos de interés contra esta moción demuestra claramente que el interés de estos sectores y grupos no es el salario sino la autonomía, y reafirma que el salario es el pretexto. Lo que priva en esos sectores es la visión mercantilista del quehacer universitario, para la cual la autonomía es un estorbo.
En Costa Rica se debate el Proyecto Ley Marco de Empleo Público, que pretende alcanzar un Estado centralizado, fuerte, y que golpearía a los sindicatos públicos.
“Tiene cabezas gemelas (…), como si no le bastara verter veneno por una boca” (Historia Natural, Plinio)
Apenas terminé de leer el recientísimo y último texto del Proyecto Ley Marco de Empleo Público (Exp. 21336), a altas horas de la noche, porque solo a estas se pueden comprender los misterios que encierra este texto oscuro, de repente, la memoria me asaltó y transportó a una película, producida en 1959, a la que tuve el honor de ser invitado –como se dice-, a la “premier”, cuando muchos de quienes leen este artículo, ni siquiera pensaban nacer.
Aquella película se tituló “El monstruo de dos cabezas”, una coproducción norteamericana-japonesa, no recomendada para menores, precursora de las cintas protagonizadas por bicéfalos, como Experimento Diabólico (1972), El increíble trasplante bicéfalo (1971); que recomiendo las vean en la próxima Semana Santa, en lugar de las mismas películas, de siempre, que ya nos sabemos de memoria.
Después de este ligero trance que me jugó la memoria, traté de acomodar de golpe las ideas y redacté estas líneas, acerca de aquel accidentado y poco virtuoso proyecto, que se encuentra encerrado en su propio laberinto.
1.- Los avatares y tragedias del Leviatán
El Proyecto de ley de empleo público tiene un cardinal objetivo político, que va más allá del fiscalista.
Tratando de resumir este propósito, podemos decir que su finalidad política es reconfigurar el Estado en un Estado centralizado, fuerte, que asuma la gobernanza y el disciplinamiento unilateral del conjunto del empleo en la Administración Pública, que incluya, además, las instituciones autónomas, con todas las universidades públicas y hasta el Poder Judicial.
En consonancia con este objetivo de suprema importancia, tenemos que comprender que la centralidad del proyecto se radica en la rectoría política del empleo público. La rectoría es la columna vertebral, que sostiene, integra y articula los demás ejes y componentes del proyecto.
Esta potestad se le atribuyó a MIDEPLAN, trasmutado en un supra Ministerio, dueño y señor de la gobernanza del empleo, prácticamente de toda la Administración Pública, conformada por más de 300.000 empleados y empleadas, reducidos al status de súbditos del poderoso Estado.
Así, MIDEPLAN, se convertía en el Leviatán de la Administración Pública, con potestades que no existen en la tierra que se puedan comparar –parafraseando el clásico libro de Thomas Hobbes-; más allá de las autonomías constitucionales y la división de Poderes.
Por esos menesteres del “arte” político, en un episodio traumático del curso del proyecto, MIDEPLAN fue destronado del poder y la corona del nuevo Leviatán la pusieron en cabeza de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
Pero los defenestrados no se iban a quedar resignados, y en el 2° día de mociones, vía artículo 137 del Reglamento Legislativo, pactaron, como en aquella película, “El increíble trasplante bicéfalo”, un quirúrgico trasplante de órganos y vísceras, diseccionando la disputada rectoría entre esas dos instituciones, creando la nueva Anfisbena de dos cabezas que asumirá la gobernanza del empleo público.
2.- El emergente monstruo de dos cabezas
En ese acuerdo político se negoció el reparto de la rectoría. ¿Pero en qué términos se pactó este reparto?
La distribución se diseñó de la siguiente manera: de un lado, a MIDEPLAN, se le restituyó, teóricamente, la rectoría del empleo público (artículo 6.1), asignándosele algunas competencias específicas (artículo 7).
Por otro lado, a la DGSC le corresponde realizar, además, de las funciones que estipula el Estatuto de Servicio Civil, “dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas, lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público” (artículo 6.2); competencia que también, ex lege, tiene MIDEPLAN (artículo 7.a y 7.c).
El artículo 8 señala las múltiples competencias que se concedieron a la DGSC, entre las cuales destacan: “emitir los lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño” (artículo 8.d, artículo 29) y “establecer un sistema único y unificado de remuneración de la función pública” (artículo 8.h).
En otras normas, las siguientes competencias también asignadas a este órgano: la administración de la plataforma integrada de empleo público (artículo 13), la emisión de disposiciones de alcance general, directrices, reglamentos, circulares, manuales y resoluciones para el reclutamiento y selección de los y las servidoras públicas de nuevo ingreso (artículo 15), la definición de la metodología de valoración del trabajo del servicio público (artículo 32), la fijación de los salarios de los jerarcas de la Administración Pública (artículo 38), entre otras muchas.
Todas estas atribuciones conferidas se coronaron con la investidura a la DGSC de “personería jurídica plena para el cumplimiento de sus objetivos” (reforma de artículo 7 bis del Estatuto de Servicio Civil).
No me quiero extender en el análisis normativista de semejante regulación, que daría para mucho debate, pero, entre tanta deficiencia de técnica legislativa e incoherencias, se puede sostener, para no ir más lejos, que la rectoría de MIDEPLAN es una rectoría de papel, abstracta, lírica, que queda muy vaciada por las múltiples competencias que se reservaron y sumaron a la DGSC, que hasta incluso se reconoció que tiene competencia para emitir “políticas públicas”.
La emisión de políticas públicas es una potestad típica de gobierno, que constitucionalmente está reservada al Poder Ejecutivo y los otros Poderes de la República, cada uno en el ámbito de su competencia funcional y material.
Entonces, tenemos que, además que el proyecto de por sí ya era totalmente impresentable, desde su génesis, el monstruo sufrió una sobreviniente mutación, ahora más horrible que nunca, con dos cabezas, que tienen competencias comunes, duplicadas, con límites imprecisos, que se traslapan, difuminadas, creándose una nueva especie de Anfisbena en la institucionalidad pública costarricense.
La Anfisbena es una criatura de la mitología, que Plinio recopiló en la Historia Natural, como una serpiente de dos cabezas, que no le basta verter veneno con una boca. El romano Lucano, en el poema épico Farsalia, la describe como una serpiente “que se vuelve para cada una de sus cabezas”.
Esta especie de monstruo bicéfalo, incorporado al proyecto de ley, no estaba registrado en los textos de mitología griega, ni en los bestiarios medievales, que surge de la creatividad y la fantasía política de la Asamblea Legislativa, aunque sea sacrificando la Constitución Política.
3.- La bestia encerrada en su laberinto
El proyecto, tramitado de manera motorizada, plagado de una colección de vicios groseros de constitucionalidad, de manifiestas incoherencias y contradicciones insalvables, ha seguido un atropellado y antidemocrático curso, con enmiendas que en aluvión de mociones van y vienen, en uno y en sentido contrario, como estos despropósitos que se aprobaron, en materia de rectoría de gobierno, y ni qué decir de los sibilinos remiendos en materia de autonomías.
Con estas erráticas enmiendas se pretenden dos cosas: por una parte, modular o edulcorar los vicios de constitucionalidad, y por otra parte, paliar algunas normas muy lesivas.
Pero, a estas alturas del estado del proyecto, por más que se corten las venas, invocando el espíritu del constituyente, qué lástima que no están vivos, esos vicios son absolutamente insubsanables.
Son incorregibles esos horrores y vicios, porque el proyecto parte de premisas incompatibles con nuestra Constitución Política; es decir, la iniciativa legislativa tiene un contenido genético que se vuelve contra los postulados del Estado Social y Democrático, y por tanto, no se puede armonizar con remiendos cosméticos, que buscan producir un ilusionismo jurídico.
Esa vana pretensión de racionalizar y mesurar algunas normas del proyecto, para dar una engañosa o falsa apariencia de constitucionalización del texto, los ha conducido por la senda de un camino sinuoso y pantanoso, hasta llevarlo al intrincado laberinto en que está.
El mismo quedó atrapado en su propio encierro y perdido en su laberinto, que hasta Dédalo habría envidiado su diseño.
Desde el punto de vista jurídico y constitucional, ya no tiene escape del laberinto, pero intentarán cualquier artificio para tratar de salvar la bestia. Mucho menos quedan excluidas las sorpresas, aunque sea mutilando la Constitución Política. Recordemos, como dice Foucault: “El monstruo combina lo prohibido y lo imposible”.
Veremos, en definitiva, la suerte final que la fortuna deparará al controvertido proyecto, que como suele pasar, por lo menos, en el cine de terror, el monstruo casi siempre muere, ajusticiado por un Héroe, que aplaste “las cabezas del monstruo Leviatán” (Salmos: 74:14).
El martes 2 de marzo, frente a un conocido diario, recordaba otros tiempos en que daba gusto leer a buenos periodistas en la prensa nacional, y cómo hoy es deplorable la calidad o falta de ella en que han caído algunos de estos medios. Leyendo el editorial del que, hasta hace unos pocos años, era un diario, y aunque no participáramos muchas veces de sus ideas, reconocíamos que se comportaba de manera bastante profesional en cuanto a la seriedad de las fuentes en que se apoyaba. Lamentablemente, de un tiempo para acá, no solo ha perdido en lo profesional sino, inclusive, en lo ético.
El editorial en mención (La Nación, 2 de marzo) se basa en la opinión sesgada y mal intencionada de un actor que, dicho sea de paso, formaba parte del gabinete de la administración que luego intentó criticar. Opinión, además, descontextualizada dado que él omitió tendenciosamente la información completa de los estudios actuariales y otros documentos y eso es lo que aprovecha el editorialista con igual actitud. Todo eso hace poco confiable la opinión que, además, proviene de quien es responsable de una desacreditada administración.
De todos es bien conocida la campaña que este periódico viene emprendiendo contra la institucionalidad pública, la cual le ha dado al país importantes condiciones que sobresalen en el contexto latinoamericano, y de esa campaña no han escapado las universidades públicas, cobijadas bajo el fuero constitucional de la autonomía, un logro esencial para su importante misión.
Se afirma, en ese editorial, que las medidas que se tomaron, en el año 2010, en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que aumentaron la anualidad al 5,5% se hicieron sin estudios técnicos, y eso es absolutamente falso: el incremento de la anualidad no fue una ocurrencia peregrina, estuvo sustentada en sólidos estudios técnicos, jurídicos y financieros. Y ya sea que la memoria falla, o por mala intención, es bueno recordar que ese incremento se inicia por una resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007) que obligó a la UCR a subir la anualidad al 5,5% al personal de la Facultad de Odontología que había interpuesto el recurso para exigir el cumplimiento de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas y que tuvieron que ser reconocidos de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. Tratar de detener esa aprobación en los tribunales fue una lucha de casi 25 años, de quienes estuvimos al frente de la institución. La resolución sentó un precedente que obligó a su implementación, ya que cualquier funcionario del área de salud podía presentar el mismo recurso con la seguridad de reclamar pago retroactivo y de costas a la UCR.
La disposición de la Sala, además, provocaba una injustificada desigualdad en las remuneraciones salariales. El análisis jurídico hacía ver que la Constitución Política, en su artículo 57, establece que “… el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. Así el fallo de la Sala generaba injusticia y, paradójicamente, de alguna manera, también inconstitucionalidad, al darse un trato salarial desigual para el resto de los funcionarios de la institución y abría la posibilidad de que cualquier persona que trabajara en la UCR y que no recibiera ese incentivo podía interponer un recurso alegando la violación de sus principios y derechos constitucionales y laborales. Como se desprende, el análisis legal estuvo en la base del proceso de toma de decisiones que llevó a la aprobación del aumento de la anualidad.
La decisión estuvo acompañada por otros estudios, entre ellos, uno de la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) sobre el impacto y la sostenibilidad financiera que tendría ese aumento (“Costos proyectados de la relación de puestos 2010-2049, con la aplicación del incremento de la anualidad de un 3% a un 5,5%”). Sobre la base de este estudio, Oplau concluía que la aprobación de ese cambio de anualidad era sostenible financieramente. Al mismo tiempo se hicieron dos estudios actuariales: el primero lo realizó el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, “Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica” (2010), y el segundo estudio, basado en el mismo modelo pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.
Es claro que la medida no fue ilegítima, como lo pretende el editorialista: fue aprobada por el Consejo Universitario, sin objeciones de la Oficina Jurídica, Contraloría Universitaria, ni de la Contraloría General de la República cuando aprobó el presupuesto. En ese tiempo, la UCR seguía teniendo un rezago salarial en relación con las demás instituciones autónomas, como lo demostró un estudio de aquella época de la Contraloría General de la República, que indicaba que el salario promedio de la UCR era el más bajo de las entidades públicas que había analizado.
Una vez más puedo afirmar con toda certeza que las medidas implementadas durante mi administración estuvieron sustentadas en los criterios técnicos de los estudios actuariales, financieros y jurídicos para respetar el bloque de legalidad que nos regula y el precepto estructurador del equilibrio financiero institucional.
Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base y también, que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Ahora, si recordamos un poco de historia, el régimen de mérito o reajuste por carrera académica viene creciendo desde el 2008, cuando los salarios estaban estancados y eran los más bajos de los profesionales del sector público costarricense. Recordemos que, como su designación lo dice, los pasos para recibir estos reajustes están basados en el mérito y son acordes a criterios de excelencia académica, reconocidos por las universidades en el mundo.
No puedo dejar de resaltar que, en ese incremento de la anualidad, suman muchos otros factores externos a las decisiones universitarias, como son el Voto Constitucional No. 15460-08, que eliminó el tope de anualidad en el Sector Público y la Ley No. 8096, art. 85 que establece un reconocimiento del riesgo policial con un 18% adicional, entre otras.
Es bueno recordar, también, que la toma de decisiones con respecto al equilibrio financiero de una universidad requiere de análisis rigurosos y periódicos sobre los diferentes componentes del gasto institucional, lo que además de salarios comprende inversiones, becas y deuda, entre otros, junto con las expectativas de ingreso relacionadas con el financiamiento del FEES, y un principio estructurador del equilibrio financiero institucional que es la llamada relación 80/20; es decir, el parámetro fundamental que impone una contención del crecimiento en salarios y la operación de la institución.
Por otra parte, una obligación de las instituciones de educación superior en el mundo es mantener un talento humano de primera calidad, altamente formado e internacionalmente vinculado a redes de colaboración de primer orden y vigilar constantemente que esta comunidad de académicos tenga las condiciones de equipo y materiales para realizar sus labores de docencia, investigación y acción social. En la historia de nuestra universidad este principio ha guiado las decisiones de la política salarial universitaria.
En conclusión, después de estudiar los informes financieros, se demuestra que no está la Universidad en una situación deficitaria, contrario a lo que se ha señalado en múltiples ocasiones, desde diversos frentes y que la relación 80/20 no se ha visto afectada: los datos actualizados muestran decrecimiento del peso salarial en relación con los otros gastos institucionales (inversión, endeudamiento, becas y los gastos de operación) para el 2017 y el 2018 y un crecimiento moderado en el 2019 y 2020 pero inferior al 80%; un porcentaje, repito, garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Estos datos nos permiten destacar que el principio estructurador de la relación 80/20, que se mide regularmente en forma semestral por política de equilibrio financiero institucional, alerta una serie de mecanismos y controles actuariales, técnicos, financieros y jurídicos que sustentan las evaluaciones periódicas de la política salarial institucional, tal y como se refleja en los informes semestrales y en las diversas instancias universitarias y, esto, en la UCR, desde hace al menos tres décadas.
Al observar estos datos y el comportamiento de la masa salarial se evidencia que el equilibrio financiero institucional debe ser abordado considerando otros dos componentes fundamentales de la ecuación: por un lado la meta de que el FEES llegara, en 2015, al 1,5% del PIB y el mandato constitucional de ser quinquenal (pero ninguno de los dos elementos lo ha cumplido el Gobierno: el FEES no ha llegado, aún al 1,5% del PIB y no se han vuelto a firmar de manera quinquenal, desde 2010) única forma de garantizar un proceso de planificación racional de la inversión en educación superior pública y, por otro lado, los compromisos de inversión y de endeudamiento que afectan en el largo plazo ese equilibrio financiero.
Las universidades públicas están conscientes, como lo han asegurado sus autoridades actuales, de la conveniencia de analizar, corregir, mejorar cualquier situación que lo amerite, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, eso sí, dentro de las mismas condiciones que el mandato constitucional les otorga y les exige sin peligrosas injerencias ajenas, a veces desconocedoras de su imporatnte Misión.
Si de veras los que se han empeñado en esta campaña, como el susodicho periódico, entendieran y quisieran favorecer a las universidades públicas y su indiscutible servicio al país, no deberían proponer que estén “a expensas de decisiones políticas, sin sustento técnico” como dice el editorialista, permitiendo que intereses políticos, económicos y empresariales ajenos al verdadero espíritu de ellas las pongan “en la ruta al despeñadero”, como han dado al traste con el desempeño de algunas universidades, principalmente en el contexto latinoamericano.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís Economista, director a.i. CICDE-UNED
Me refiero aquí al artículo de Rubén Hernández Valle, titulado “La burguesía salarial y la autonomía universitaria” (La Nación, 5 de marzo de 2021).
El escrito transmite claramente la impresión de que el distinguido jurista da por bueno que a las universidades se les aplique una versión parcialmente modificada de la ley del empleo público. Ello podría incomodar a La Nación, medio que, con infinita largueza y generosidad, le concede a Hernández Valle, tarima y altavoces para difundir sus ideas. Es que, como es público y notorio, ese medio se ha dedicado a satanizar cualquier posible trato diferenciado a las universidades.
O sea, pareciera que Hernández Valle contradice la ortodoxia establecida, puesto que admite que para el personal académico de las universidades rija una especie de sistema paralelo de remuneración o premio, que se entregaría de forma casuística. Ilustremos el punto. Dígase que este año Paquita publicó un par de artículos científicos y Remigio un libro. Entonces les dan un bono (o varios bonos, no lo sé), como recompensa. Claro, ello no se incorpora a sus salarios, pero sí aporta un “plus” para el año o temporada en que les fue concedido, con la posibilidad de que esos “pluses” se repitan cada vez que Paquita y Remigio publican algo.
Lo de “plus”, bien lo sabemos, es palabra maldita, ominosa, peligrosísima. Ninguna persona que no desee caer en desgracia con los grandes poderes que rigen a nuestro país, debiera jamás pronunciarla. Y, claro está, Hernández Valle no la menciona. Su heterodoxia no da para tanto. Lo de “plus” lo digo yo, que de todos modos soy parte del grupo de forajidos, que aquellos poderes ha declarado culpables de todos los males que aquejan a Costa Rica. Pero, en fin, es rigurosamente cierto que Hernández Valle mete por la ventana de atrás, este otro tipo de “plus”, acaso confiado a que La Nación no se entere. No vaya a salir regañado.
Eso sí, ni Paquita ni Remigio tendrán una trayectoria académica que exhibir y de la cual ufanarse, para al cabo de los años decir: “soy catedrática”, “soy catedrático”. A los 60 serán el mismo profesor y profesora que eran a los 22 ¿O será que en la versión de Hernández Valle es posible conceder este tipo de estímulos morales a modo de pluses simbólicos? No lo sé, y el famoso jurista no lo aclara.
Por otra parte, nos alecciona Hernández Valle en el sentido de que las universidades, dotadas de “autonomía administrativa”, pueden “administrar su personal (nombrarlo, sancionarlo, despedirlo, etc.)”. Y, sin embargo, el proyecto de empleo público dice que es un órgano externo a las universidades el que reglamentará todo eso ¿Realmente las universidades estarían “administrando su personal” cuando es una instancia externa la que formula y aprueba los reglamentos que regulan esos menesteres? No creo que Hernández Valle sea tan ingenuo como para tomarse en serio tal cosa, aunque sí pareciera lo suficientemente arrogante como para creer que los demás somos tan idiotas como para admitir tamaño desatino. Lo más que podríamos decir es que las universidades aplicarán las reglas que alguien más formuló, con un agravante: ese ente externo posiblemente no tiene ni idea de cómo funcionan las universidades públicas costarricenses.
Podemos ilustrar el punto así: supóngase que Hernández Valle tiene un muy exclusivo bufete de abogados (es solo un decir, ignoro si lo tiene). Pues resulta que una empresa que se dedica a la fabricación de inodoros se encarga de formular los reglamentos en materia de personal del bufete de nuestro distinguido jurista ¿podemos confiar que lo harán bien y a satisfacción de tan reputado abogado?
Hernández Valle nos habla asimismo de la “autonomía académica” y de la “autonomía financiera”. En relación con esta última menciona el “numeral 85 de la carta política”, y, en gesto de inusitada magnanimidad, reconoce que depender en materia de financiamiento “de los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, impediría ejercer “a cabalidad” la autonomía académica. Aquí de nuevo, el señor jurista arriesga ganarse una reprimenda por parte de los mandamases. Baste recordar que La Nación misma ha presionado reiteradamente para que los “humores del Ejecutivo o del Legislativo” metan mano en los presupuestos universitarios, y cuando lo han hecho -porque recientemente lo han hecho- lo han aplaudido de pie y a rabiar.
En relación con esto último, y como para apaciguar la ira que sus heterodoxias y veleidades pudiesen provocar, Hernández Valle enfatiza que las universidades están obligadas a observar una “sujeción estricta a la regla fiscal”. Cae entonces la pregunta: y si la regla fiscal de alguna manera entrase en conflicto con el “numeral 85 de la carta política” ¿cuál prevalecería? Se supone -entiendo que todavía el orden institucional de Costa Rica funciona de esa forma- que una norma constitucional es superior a una ley. Y la regla fiscal -no lo olvidemos- nace de la ley 9635.
Pero hay algo más que, no obstante la infinitud de su sapiencia, Hernández Valle deja pasar desapercibido: el artículo 78 de la Constitución. Este ordena que a la educación (incluidas las universidades) se destinará un financiamiento total, no inferior al 8% del PIB. Supuesta una “sujeción estricta a la regla fiscal” ¿sabe usted que ocurriría con los presupuestos para educación (la totalidad de éstos, no solo los de las universidades)? Sencillo: el porcentaje con respecto al PIB irá disminuyendo con el paso del tiempo. Es un resultado inexorable que deriva del diseño de la regla fiscal y de la aritmética que le es propia. Mientras la deuda pública exceda del 30% como porcentaje del PIB, el gasto en educación estará forzado a crecer menos que el PIB, y, por lo tanto, el porcentaje entre ese gasto en educación y el propio PIB, irá en descenso año con año. Y si hoy la deuda ronda el 70% del PIB ¡haga usted cálculos para cuándo se logrará que descienda por debajo del 30%! De aquí a ese momento -acaso yo no vea la aurora de tan venturoso día- el porcentaje que los presupuestos de la educación representen en el PIB, habrán caído lejos, muy lejos del 8%.
Ya para entonces, el artículo 78 constitucional habrá pasado a ser, por mérito propio, una “leyenda urbana”, muy de acuerdo, por cierto, con la estética literaria tan del gusto de nuestro afamado jurisconsulto. Y, entonces, ¿mantenemos apego al mandato de “sujeción estricta a la regla fiscal”?
Y en cuanto a la “autonomía académica”, hay hilos que el señor abogado no enhebra. Dejarlos sueltos es peligroso. Esa autonomía no solo requiere, para hacerse efectiva, de la autonomía financiera, de forma que, en materia de dineros, las universidades no queden sometidas a “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”. Es que la autonomía académica se concreta en la libertad de cátedra, y ésta última es mucho más que un principio abstracto que flota en el éter de las ideas. La libertad de cátedra se hace efectiva, se encarna y materializa, cuando los académicos y las académicas la ejercitan: en la docencia, la investigación o la extensión o acción social. La cosa se enturbia cuando el nombramiento, evaluación, despido, etc. de ese personal queda sujeto a reglamentaciones influidas por “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, que es, exactamente, lo que ocurre en este caso.
También nos habla Hernández Valle de las convenciones o negociones colectivas. Se abstiene de repetir su tan entrañable pero vulgar falacia en relación con el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, pero igual insiste en la prohibición. Ello convierte en “leyenda urbana”, no solo el artículo 62 de nuestra Constitución, sino también el propio Convenio 98, como también el Convenio 154 de la OIT.
Pero, en fin, creo que de eso se trata justamente. Es decir, las realidades políticas en Costa Rica han evolucionado hacia el imperio incontestable de ciertos intereses y, respectivamente, de la ideología propicia a esos intereses. Esa hegemonía es a tal punto asfixiante, que inclusive están reescribiendo la Constitución y reescribiendo las obligaciones internacionales del país. Todo aquello que no se ajuste a esos intereses y esa ideología va metamorfoseándose en “leyenda urbana”.
En el cierre de su artículo, tal y como ya lo había hecho en el título de éste, Hernández Valle opta por curarse en salud, recurriendo a la descalificación a priori en contra de quienes opinen diferente a él. Sé que mucha gente que lea esto, recurrirá al mismo sucio y vil procedimiento. Me tiene sin cuidado. A mis 63 años, con mi derecho jubilación mediante el sistema IVM de la Caja debidamente consolidado, y habiendo renunciado a cualquier figuración política, puesto que Costa Rica jamás me consideró merecedor de alcanzar ninguna, no tengo ya ningún interés personal que defender. Lo dejo dicho, pero sin esperar que haya ninguna comprensión sobre mi decir.
El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»
Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».
Dime con quien te comparas…
El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.
Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.
Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.
Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.
Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.
¿Otro falso mesías?
El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»
Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.
La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»
Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).
Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?
¿Y la oveja?
Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.
Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.
Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.
En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.
De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.
Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.
[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.
[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.
-Derecho de respuesta del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica a publicación del periódico La Nación–*
El día 22 de febrero de 2021, el periódico La Nación publicó, en su portada, un titular que dice “Salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania”. El reportaje que acompaña dicho titular asevera que los salarios de las personas funcionarias de las universidades públicas costarricenses son equivalentes a los de las universidades alemanas, a pesar de las enormes diferencias que existen entre ambos países en materia económica y social. En medio de una coyuntura compleja como la que atravesamos actualmente, en la cual se está impulsando el proyecto de Ley de Empleo Público, nos parece necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a esta publicación.
Existe una marcada diferencia entre el titular y el contenido del artículo. Por un lado, el titular hace una generalización errónea, pues, al no precisar cuáles sectores de las universidades públicas costarricenses tienen salarios que compiten con los de Alemania, hace pensar que son todos los salarios de todas las personas funcionarias de las universidades costarricenses. Como se demuestra en el siguiente punto, esto es categóricamente falso. De esta manera, el titular es tendencioso y exhibe una intención de manipular la opinión pública a interpretaciones equivocadas, pues hasta los datos expuestos en el artículo lo contradicen.
El artículo del periódico La Nación presenta una retórica de evidencia incompleta. Debemos entender por retórica una técnica oratoria con base psicológica que busca conducir a la persona lectora para que llegue a conclusiones erróneas. En este caso, se hace utilizando la falacia de evidencia incompleta que presenta a la persona lectora una versión manipulada de la verdad para conducirle hacia el sesgo de confirmación de que las universidades públicas son culpables de la situación económica actual por sus salarios altos. Como ya se indicó, esta conclusión es completamente falsa. Esta retórica se da, como indicamos desde el título. Sin embargo, la propia La Nación menciona que menos del 1% de todas las universidades públicas tiene salarios altos (0,67% para ser exactos, un número cercano a cero). Luego, para añadir más confusión en la persona lectora, convierte ese grupo en el total y hace afirmaciones como “hay 21 empleados con sueldos superiores a los ¢7 millones, es decir, el 13%”. En dicho punto recurre de nuevo a la retórica o engaño psicológico para producir un efecto negativo en el lector hacia las universidades públicas. Sin embargo, ese es el 13% del 0,65%, es decir el 0,1% aproximadamente. Este número es aún más cercano a cero. Este artículo sería un caso de estudio para el propio “No coma cuento” de La Nación, lo cual demuestra la hipocresía intelectual del periódico.
Ciertamente, existen grandes desigualdades salariales a lo interno de las universidades públicas costarricenses, como se puede inferir a partir de una lectura cuidadosa del artículo. Debido a que esta desigualdad es clara y evidente, si se examina el funcionamiento de las universidades, su denuncia no es mérito de La Nación. Más aún, cabe preguntarse con qué interés este periódico presenta un titular engañoso, sabiendo que la mayoría de personas no lee atentamente los artículos y se limita a la impresión que le causan los titulares de portada. A partir de esto se puede afirmar que la publicación de la La Nación no tiene como fin mejorar los sistemas de educación superior pública, sino otra cosa, porque, de lo contrario, ¿para qué se propondría engañar a sus lectores?
Desde el Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica estamos convencidos y convencidas que estas desigualdades deben ser revisadas y corregidas y que ello significa defender y mejorar la educación pública costarricense. Sin embargo, a quien le corresponde revisar y corregir esta situación es a la propia comunidad universitaria, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
Consideramos irrespetuoso e irresponsable publicar un titular y un reportaje como este, el cual contribuye a desprestigiar y descalificar, ante la opinión pública, la destacada labor que realizan las universidades públicas costarricenses a nivel nacional e internacional. Los aspectos financieros por mejorar en estas instituciones se deben hacer luego de realizar un análisis serio y riguroso, con miras a encontrar soluciones razonables y justas. Se esperaría de parte del periódico La Nación, uno de los medios de mayor difusión en Costa Rica, mayor rigor científico y periodístico. La sociedad costarricense lo merece.
* El periódico La Nación se negó a publicar este derecho de respuesta.
