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Etiqueta: universidades públicas

LA CUARTA PARED

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El sonido era ensordecedor. No se escuchaba nada entre gente que no entendía el inicio de la puesta teatral y la algarabía desatada en un auditorio colegial de más de mil gentes, en el marco de un festival Inter universitario de teatro en la Costa Rica bisoña de inicios de los años noventa, cuando creía que el neoliberalismo era sólo un proyecto para reformar al estado, empequeñecerlo, privatizarlo y entregárselo al capital transnacional.

Toda esa agenda se ha ido cumpliendo 30 años después, solo que ahora impulsada desde una contra revolución cultural regresiva y conservadora sin retorno.

Es una noche calurosa de febrero y el festival se desarrolla en el Pacífico costarricense. Allí hemos llegado como parte del elenco de Spacem, montaje producido por el Grupo de teatro Girasol, del Centro de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, una de las cinco universidades públicas del país. La algarabía la provocábamos los actores que, confundidos entre el público, encendíamos nuestros focos y hacíamos maniobras con nuestros cuerpos. Se trataba de una obra futurista en la que los sueños y el empeño eran ley motiv. Lo hicimos desde nuestras condiciones de montaje y producción en una universidad pública.

En estos días la contrarrevolución cultural conservadora y regresiva representada en el poder ejecutivo costarricense y una estrategia de comunicación bien pensada en redes sociales, han lanzado una ofensiva para disminuir el presupuesto que por ley le es otorgado a las universidades públicas para seguir operando.

Entre sus argumentos, urgen a las universidades impulsar carreras técnicas en desmedro de las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Es urgente, ha sido urgente si una revisión interna de la distribución presupuestaria pero no hacia la baja, sino más bien para volverla más equitativa entre remuneraciones e inversión social, que al final termina siendo más amplia que las primeras.

Pero los embates prácticos y discursivos contra todo significado social y cultural de las universidades públicas costarricenses han encontrado resonancia en una agenda setting que por años ha ensañado su arsenal contra estas instituciones. Particularmente su rol crítico, pensante, cuestionador.

Entonces pienso en ese momento del festival de teatro donde llegamos grupos universitarios a compartir nuestro trabajo. En mi caso, entonces estudiante de sociología, tuve la enorme posibilidad de audicionar y tomar parte de un hermoso proyecto cultural que como el Grupo de Teatro Girasol formó no solo actrices y actores, sino personas pensantes y felices ante la vida.

En el género teatral romper la cuarta pared significa interacción entre el personaje y el público en un diálogo natural. Hoy quiero romper esa cuarta pared para dejar constancia del enorme legado que dejó en mi haberme formado en una universidad pública, desarrollarme en el área de las ciencias sociales y complementarla con una visión artística que hoy impulso a través de la literatura, de la poesía.

Termino esta reflexión participante citando a mi maestro Osvaldo Sauma quien nos recordaba el ser comunidad, algo que necesitamos hoy para defender nuestra institucionalidad universitaria pública de los embates recortistas y retrógrados:

“Que no se salve nadie si no nos salvamos todos”.

La universidad pública, una vez más, está en la lucha. Librémosla juntas, juntos.

Rector de la UNA: Defendamos la Universidad Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El señor Rector de la Universidad Nacional y Master Francisco González Alvarado, manifiesta la imposibilidad de aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo en cuanto a la negociación del presupuesto de las universidades públicas.

Dicha propuesta contraviene el orden constitucional al proponer una disminución del presupuesto universitario de un año para otro. Lamentablemente el recorte que se solicita al presupuesto por parte del Poder Ejecutivo ronda el 25% del presupuesto actual de las universidades públicas, lo que se traduce en un obstáculo de operación ante los servicios brindados, la reducción de las investigaciones sociales y la limitación del sistema de becas.

Sumémonos a esta lucha para defender y apoyar las universidades públicas que son de todos y todas.

Acceda al siguiente enlace para observar el vídeo completo:

https://fb.watch/eSDKjmHQ3w/

Llamado urgente del rector de la UNA

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Reiteramos la URGENCIA de realizar la concentración en defensa de la Universidad Pública.

Desde CONARE, los Consejos Universitarios, las Federaciones de Estudiantes y los Sindicatos, instan en el llamado urgente y vehemente a la comunidad universitaria y nacional a salir a manifestarnos el próximo martes 16 de agosto a las 9:00 a.m., frente a la Casa Presidencial, saliendo de la fuente de la hispanidad.

Por ello, se insta al cambio de actividades ordinarias de la Universidad (tanto académicas como administrativas) hasta las 5:00 p.m., para atender el llamado que nos convoca a todas y todos en defensa de la Educación Superior Pública.

Reiteramos a toda la comunidad que esta lucha no puede reposar sobre los hombros de pocas personas; todo lo contrario, debemos hacer un frente común para continuar construyendo el camino y destino de la Universidad Pública y el Estado Social de Derecho.

Para el caso de la UNA el servicio de buses estará saliendo a partir de las 7:45 a.m. de la explanada 11 de abril y de regreso a las 3:45 p.m. desde el Redondel de Toros Zapote.

¡Vamos todas y todos a defender la Educación Superior Pública!

Cordialmente,
Francisco González Alvarado
Rector
Universidad Nacional
Costa Rica

Puede ver en el siguiente enlace un video con el rector de la UNA: https://wp.me/p6rfbZ-iTt

Comunicado de prensa del CONARE y la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Rectores y Federaciones de Estudiantes rechazan la propuesta del Ejecutivo porque incumple con el mandato constitucional sobre financiamiento de la educación superior pública

11 de agosto del 2022. Este día los rectores de las cinco universidades públicas y el representante estudiantil de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica participamos en el marco de la Comisión de Enlace en la segunda convocatoria para definir el monto con el que se financiará la educación superior pública para el año 2023.

La propuesta entregada por los representantes del Poder Ejecutivo, propone una rebaja sustancial en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la transferencia a la Universidad Técnica Nacional para el 2023.

Para el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica y las comunidades universitarias, esta propuesta es inadmisible por las siguientes razones: 

La eventual disminución del monto del FEES con respecto al año anterior, constituiría un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de nuestra Constitución Política.

La aceptación de esta propuesta implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a las carreras, el cierre de proyectos de investigación y extensión y una disminución de nuestra presencia en las regiones. Además, afectaría la cobertura de las becas actuales y futuras para nuestra población estudiantil.

De concretarse, obligaría a las universidades a prescindir del personal necesario para el buen desempeño de las actividades esenciales y comprometería la operación de las universidades públicas. 

En el marco de la negociación, se acordó llevar a cabo una reunión el próximo martes 16 de agosto en Casa Presidencial a las 9:00 a.m.

Reiteramos nuestras mayores y genuinas voluntades de llegar a un acuerdo que posibilite continuar aportando desde la educación superior pública al desarrollo del país.

SEC: En defensa del financiamiento integral de la educación pública y en apoyo a las universidades públicas

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE (SEC), EN DEFENSA DEL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE APOYO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Resultando:

I. El pasado jueves 11 de julio, se realizó la II sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), oportunidad en la que el Gobierno de la República propuso una disminución en el presupuesto de las universidades públicas para el año 2023 de más de 128 mil millones de colones con respecto al año anterior (2022); lo anterior sin entrar a considerar la pérdida del valor adquisitivo de ese presupuesto, debido a los incrementos sobrevinientes producto de una inflación interanual galopante que al cierre del primer semestre de este año alcanzó el 11.48%.

II. Los rectores y la Confederación Estudiantil Universitaria rechazaron públicamente esa propuesta por cuanto constituye un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de la Constitución Política que garantiza el financiamiento de la educación superior universitaria pública, sin que se puedan disminuir sus ingresos ya establecidos. Por otra parte, como bien lo están advirtiendo los rectores y estudiantes, con esa propuesta gubernamental se produciría para el próximo año: una reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a carreras y becas estudiantiles; el cierre de proyectos de investigación y extensión incluidos proyectos de asesoría al MEP como los aportes de CONARE al Marco Nacional de Cualificaciones de las carreras de educación entre otros; se produciría además, el retiro obligado de la presencia universitaria en las regiones.

III. El rebajo en el presupuesto de la educación pública para el año 2023, en la propuesta del Gobierno a las universidades, es general y no solo para la educación superior públicas. El Ejecutivo indicó literalmente, que: “…Siendo que el sector educación recibe el 75% (6.02 del PIB) de lo que por Constitución debería recibir (8% del PIB), la propuesta es que se rebaje proporcionalmente los fondos para todos los actores del contexto educativo…” Lo anterior significa que la propuesta del Gobierno del Presidente Chaves y la Ministra Müller para el financiamiento de toda la educción pública estatal para el año 2023, incluye una disminución del 25% con relación a lo que constitucionalmente le corresponde (sin incluir la inflación), y de aproximadamente un 23% en relación al presupuesto del presente año. Lo anterior significa para el Ministerio de Educación Pública, la imposibilidad de realizar programas tan urgentes como el de recuperación pedagógica post pandemia o la intervención de la infraestructura educativa; peor aún, dicha disminución presupuestaria conduciría a un cierre técnico de los diferentes servicios educativos del MEP.

IV. La propuesta gubernamental tiene como sustento, el congelamiento de los salarios del personal del MEP para los años 2022 y 2023, lo cual es desde todo punto de vista insostenible en tiempos de inflación galopante como los que se viven actualmente y más, si consideramos también, que los salarios del personal del Ministerio de Educación Pública acumulan al final del primer semestre 2022, una pérdida en su valor adquisitivo que supera el 10% , debido al congelamiento general de salarios para el sector público durante los años 2020, 2021 y 2022.

V. Desde la Constituyente de 1949 (hace 73 años) no se presenta ninguna situación similar, de abandono estatal de la inversión pública en educción. Todas las Administraciones desde 1949 han priorizado la inversión pública en educación y salud; ni siquiera en los momentos más críticos de la pandemia COVID-19 (años 2020 y 2021) se dejó de priorizar la inversión en educación pública.

VI. Es falso el dilema que plantea la señora Ministra, en el sentido de que no puede financiar la educación superior universitaria pública, porque se desfinancia la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), puesto que lo que su Gobierno propone, es el desfinanciamiento de toda la educación pública estatal.

VII. Lo anterior pone en evidencia también, el interés del Gobierno actual por impulsar la educación privada en detrimento de la educación pública estatal.

 Considerando único:

Mediante resolución Nº 2016-012803 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de las 11:21 horas del 7 de setiembre de 2016 se declara inconstituiconal cualquier Presupuesto Ordinario Nacional que no contemplase el monto constitucionalmente previsto por el artículo 78 de la Constitución Política vigente. En lo que aquí interesa, la parte dispositiva de esta resolución indica:

“Se declara CON lugar la acción, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad por omisión del Título 210-Ministerio de Educación Pública del artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 (N° 9289 de 1 de diciembre de 2014), por no cubrir el monto mínimo del 8% de gasto público en educación estatal, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política. Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. …”

De conformidad con el antecedente de jurisprudencia constitucional citado, el proceder del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto de la educación pública para el 2023, constituye un desacato manifiesto a un mandato judicial expreso.

POR LO TANTO, EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SEC, ACUERDA:

  1. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO PROCESO INTEGRAL OBLIGATORIO DESDE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR HASTA LA DIVERSIFICADA, DEBIDAMENTE COSTEADA POR EL ESTADO CON UN PRESUPUESTO ANUAL NO INFERIOR AL 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (Artículos 77 y 78 de la Constitución Política).
  2. APOYAR INCONDICIONALMENTE LA SOLICITUD DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y DE LA CONFEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, PARA QUE EN LA PRESUPUESTACIÓN DEL AÑO 2023 SE CUMPLA ESTRICTAMENRTE EL MANDADO CONSTITUCIONAL SEGÚN EL CUAL EL ESTADO DOTARÁ DE PATRIMONIO PROPIO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PÚBLICA, Y LE MANTENDRÁ SUS RENTAS ACTUALES, LAS CUALES NO PODRÁN SER DISMINUIDAS SI NO SE CREAN SIMULTÁNEAMENTE, OTRAS MEJORES QUE LAS SUSTITUYAN. (Artículos 84 y 85 de la Constitución Política)
  3. DEFENDER EL PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO UNA INVERSIÓN ESTATAL IMPRESCINDIBLE, NECESARIA PARA QUE GARANTIZA LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA SOCIAL Y ENTRE REGIONES, ASÍ COMO EL RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA UN MUNDO LABORAL ALTAMENTE TECNIFICADO E INTERNACIONALIZADO.
  4. DEMANDAR AL GOBIERNO LA ATENCIÓN RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL DEL MAGISTERIO NACIONAL, QUE ACUMULAN 3 AÑOS DE CONGELAMIENTO SALARIAL.
  5. SOLICITAR A LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SUMARSE A LA DEFENSA DEL PRESUPUESTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
  6. ACUERDO FIRME.

UCR manifiesta preocupación por posible reforma al artículo 176 de la Constitución Política

Escrito en . Publicado en Derechos.

La UCR exhortó al Poder Legislativo a que archive el proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense. (Foto: Facebook Asamblea Legislativa).

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado el pasado viernes por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su preocupación por los términos en los que se fundamenta la propuesta de reforma al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente N.° 22.266.

La iniciativa tiene como propósito, según la exposición de motivos, fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar crear instituciones y programas en el sector público sin que se verifique su contenido presupuestario; sin embargo, también pretende que ese principio prevalezca sobre la autonomía constitucional otorgada a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Sociales (CCSS), las municipalidades y las universidades públicas.

Ante esta situación, la UCR aseguró que las autoridades gubernamentales y legislativas harían mal en limitar, negar, retrasar o condicionar –bajo criterios estrictamente presupuestarios– los recursos financieros que debe proveer el Estado a dichas instituciones públicas.

Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue clara al establecer un régimen de autonomías constitucionales, con el fin de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.

Esta casa de estudios superiores considera que el proyecto legislativo contiene una modificación intrínseca a aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, ya que menoscaba y cercena principios constitucionales en favor de razones presupuestarias; lo anterior refleja una clara intencionalidad de concentrar la toma de decisiones financieras en el Poder Ejecutivo, en contraposición a la descentralización administrativa constitucional e incluso a la pregonada en las recomendaciones de política pública de los organismos internacionales.

Por estos motivos, la UCR exhortó de manera vehemente a las diputadas y a los diputados que archiven este proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense.

Asimismo, instó a los Poderes de la República, al TSE, a las municipalidades, a la CCSS y a las demás universidades públicas a debatir acerca de las repercusiones que tendría para el cumplimiento de sus fines constitucionales esta reforma.

Voces y Política: El FEES como pilar en la educación superior y el papel del movimiento estudiantil en la defensa de las universidades públicas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Se extiende la invitación a sintonizar el programa Voces y Política, el próximo miércoles 03 de agosto a las 5:00 p.m.

En esta ocasión se estará conversando acerca del FEES y su importancia para la educación superior costarricense, así como del papel del movimiento estudiantil en la defensa de las universidades públicas.

Se contará con la participación de la señora Miryam Badilla Mora, representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y del señor José María Villalta, exdiputado de la República.

Escuche el programa por la 96.7 FM en Radio Universidad o véalo a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales.

Compartido con SURCOS por Programa Voces y Política.

Autoritarismo y crisis ecológica desde Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alexis Antonio Rodríguez Brenes

Con respecto al artículo publicado por el Semanario Universidad, el 6 de julio del 2022, titulado: “Reestructuración del MINAE excluiría a comunidades, indígenas y universidades de toma de decisiones ambientales” (https://semanariouniversidad.com/pais/estructuracion-del-minae-excluiria-a-comunidades-indigenas-y-universidades-de-toma-de-decisiones-ambientales/), quisiera comentar sobre esta postura del Gobierno de Costa Rica a pocos días de iniciado su mandato y de cómo estas acciones atentan directamente contra la vida.

La Tierra, el planeta en el que vivimos, sufre una crisis ecológica que se ha salido de las manos de las y los seres humanos. El capitalismo, ya no solo entendido meramente como un sistema económico, sino como un fenómeno cultural que no solo predomina en Occidente ya que se ha extendido a casi la totalidad de las poblaciones que habitan La Tierra, es la marca de esta debacle que enfrenta la humanidad. Sumado a la decadente sociabilidad del mundo, donde la empatía y la solidaridad son algo especial por su poca aparición en la vida cotidiana, surge el capitalismo con sus despiadados métodos extractivistas y explotadores, que, a modo de resumir la historia, está a un paso de acabar con la vida humana y ya ha consumado la vida de muchos otros seres vivos que habitaban el planeta Tierra.

A pesar de la magnitud de la emergencia planetaria, por la cual en los últimos años hemos visto emerger a la luz pública personas representantes de múltiples áreas, como la ciencia moderna, la sabiduría ancestral, la política, el arte, etcétera, que han alzado su voz con estrategias creativas, la indiferencia predomina. Y el problema no se queda ahí, se agrava, debido a que muchas de estas personas que con valentía asumen su responsabilidad de comunicarle al resto de la población la gravedad de la crisis ecológica que estamos viviendo y que además activamente trabajan en defensa de la naturaleza, son constantemente amenazadas y hasta asesinadas por personas que resguardan los intereses del capital. Estos actos violentos predominan en Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción; como ejemplo están los asesinatos de Jairo Mora en 2013 y de los aborígenes Sergio Rojas en 2019 y Jehry Rivera en 2020. Cabe resaltar que en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) se menciona que en las tierras que gestionan las comunidades indígenas alrededor del mundo se encuentra el 80% restante de la biodiversidad del planeta.

Enlazando con el artículo publicado en el Semanario Universidad que detalla las graves implicaciones que el Gobierno pretende imponer con el proyecto de ley que busca reestructurar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), lo dicho anteriormente refleja las profundidades de esta nefasta reforma. El autoritarismo del presidente Chaves es una característica clave de este proyecto, evidenciado en la intención de limitar la toma de decisiones a una sola persona, que sería quien encabece el MINAE, excluyendo la diversidad de criterios científicos, técnicos, económicos, políticos y a la voz del pueblo; esto para rendirle pleitesía a la clase alta de este país y a empresas transnacionales, que sin escrúpulos, con la única intención de alimentar su avaricia, están en total disposición de malgastar los recursos naturales, sin importarles las vidas que se acaben por estas acciones.

Para ocultar esto se utiliza el velo de que son decisiones necesarias para “reactivar la economía” o para “generar más empleos”, pero quienes realmente se benefician son la minoría que ostenta el poder económico y político, y quienes sufrimos somos las y los mismos de siempre, la clase trabajadora, aquellas y aquellos que aceptamos estas circunstancias inhumanas que nos limitan a sobrevivir la vida, no a vivirla. Además, ¿cuál economía se va a reactivar o cuáles empleos se van a generar cuando ni siquiera existan las condiciones para sostener la vida humana en el planeta?

El colapso planetario es inminente, las consecuencias las tenemos frente a nuestros ojos: tormentas cada vez más intensas, frecuentes incendios forestales, grandes extensiones de suelos degradados, océanos contaminados, olas de calor sin precedentes, escasez de alimentos por falta de polinización, migración impulsada por el cambio climático, y esta lista aún puede crecer. Esto se puede comprobar en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que con datos científicos recientes y detallados muestran como se agrava la crisis, los efectos cada vez son más severos y a pesar de esto los países ricos siguen siendo los mayores culpables, no muestran signos de querer revertir la situación y quienes sufren las peores consecuencias son los países colonizados y explotados por estos países ricos. En estos enlaces pueden leer un artículo que resume puntos importantes del reporte del IPCC y el reporte completo que lamentablemente solo se encuentra en el idioma inglés: https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/ultimo-informe-ipcc/ – https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Mitigar las consecuencias aún es posible, pero se necesitan cambios radicales, porque estamos viviendo tiempo radicales. Infórmese, lea, estudie, tome posición, responsabilícese, solidarícese, radicalícese.

El apagón de la educación pública: el recorte permanente de recursos presupuestarios

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Manuel Hernández Venegas

Sabía usted. mi estimado y estimada lectora que:

1.- Que desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?

2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?

3.- Tal vez lo sabe, pero si no le recuerdo, que en este ejercicio económico los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones menos que en el año 2021.

4.- ¿Sabía, -no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa-, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?

5.- ¿Sabía, -mucho menos lo dudo-, que la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de declaraciones y pactos internacionales de Derechos Humanos?

6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los Derechos Humanos son la causa de las calamidades publicas y la corrupción de los gobiernos?

7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector.
Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?

ESPERANDO EL CAMBIO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En estos tiempos, un cambio de gobierno debería conducir a un cambio de políticas. Ya habíamos acotado el peligro de que el nuevo gobierno se convirtiera en un segundo tiempo del partido iniciado por el gobierno de don Carlos Alvarado, donde se gestó la alianza pluripartidista más neoliberal de la historia política reciente del país, intensificando la polarización económica y social.

La agenda de proyectos de ley impulsada por el gobierno prácticamente se ha reducido a retomar proyectos de la administración anterior. Por supuesto, la mayoría afines a las políticas orientadas a continuar desmantelando la institucionalidad social y atentando contra derechos fundamentales de los trabajadores, para seguir sirviendo la mesa de los eternos ganadores, en este río revuelto. Es decir, cambio de gobierno sin cambio de políticas.

Así, por ejemplo, se pone en la picota, nuevamente, la autonomía de instituciones como las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, acogiendo e impulsando un proyecto de reforma a la Constitución para poner la carreta delante de los bueyes, es decir, los intereses fiscalistas sobre los intereses del bienestar y el desarrollo social del país.

Si algo necesita este país, para salir del atolladero en que se encuentra, es salud y educación de calidad. Sin duda, la mejor inversión social que se puede hacer si se está interesado, realmente, en salir de la pobreza y la desigualdad estructurales, y ofrecer oportunidades para el trabajo digno y “decente” a la juventud costarricense.

Con estos proyectos este gobierno pretende “ordenar la casa”, cuando lo que está haciendo es socavando los cimientos que aún la mantienen en pie. Por una parte, las universidades públicas que se ubican en los primeros lugares del rating académico latinoamericano, y que están entre los principales centros de investigación y producción científico-tecnológica innovadora del país, así como de formación de profesionales de alta calidad académica. Por otra, una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social que ha sabido encarar con propiedad la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, y es ejemplo allende nuestras fronteras en seguridad social. Sin embargo, en estas y otras instituciones públicas se deben introducir cambios para que los servicios que ofrecen sean cada vez cualitativamente mejores, y cumplan su cometido. Pero, ello no se logra cercándolas.

¿Por qué estos gobiernos se han ensañado con la institucionalidad social y pública, mientras continúan protegiendo y hasta premiando a empresas y financieras privadas, como ALDESA, entre muchas otras, siendo las principales causantes del desorden de la casa que se pretende ordenar? ¿Dónde están los proyectos de ley para cobrar, de manera retroactiva, las evasiones y elusiones fiscales por parte de las grandes empresas? ¿Dónde están los proyectos de ley para incrementar los impuestos a los grandes activos de capital y a los bienes improductivos, como fincas abandonadas y propiedades cuya única rentabilidad es la plusvalía que adquieren con el tiempo para beneficio de sus dueños? ¿Dónde están los proyectos de ley para impulsar la construcción de infraestructura que evite continuar pagando alquileres multimillonarios, que sangran las finanzas del Estado? ¿Dónde están los proyectos de ley para aumentar el salario mínimo, y brindar, así, capacidad de compra a las mayorías de trabajadoras y trabajadores y compensar un proceso inflacionario creciente?

Sin cambio sustantivo de políticas producto de un nuevo pacto social solidario, seguiremos esperando a Godot: el cambio que el país necesita, y que no llega.