Manuel Hernández

1.- Desde el año 2007, hasta el periodo actual, existe una tendencia decreciente en el financiamiento de la educación pública costarricense. El andamiaje social que configura la Constitución fue profundamente alterado.

2.- Desde que se reformó el artículo 78 de la Constitución Política, en el año 2011, con la finalidad de fortalecer y modernizar la educación pública, nunca se ha cumplido con el mandato constitucional de asignar a la educación pública un mínimo de un 8% de PIB anual.

3.-El presupuesto constitucionalmente asignado a la educación no es un “techo presupuestario.” Es un mínimo presupuestario, lamentablemente, año tras año, impunemente incumplido.

4.- Tan solo en los últimos 4 años se le hurtaron a la educación pública más de 2.000 millones de colones, a merced de la violación del precepto constitucional. Esta es la verdadera causa del denominado “apagón” educativo. El artículo 78 constitucional lo transformaron en letra muerta y papel mojado.

5.- El presupuesto que se está asignado a la educación pública para el periodo 2023, será el más bajo de lo que llevamos de este siglo XXI: tan solo un 6.02% de PIB. Apenas ligeramente por encima del mínimo asignado antes de la reforma constitucional de 2011.

6.- Como si lo anterior fuera poco, amén de que nunca se ha cumplido con el mandato del artículo 78 de la Constitución Política, en la fatídica Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incluyeron el presupuesto de INA y otros programas sociales.

La Ministra cuando asumió el cargo juro y prometió a la Patria observar y defender la Constitución.

Apenas han pasado unos pocos meses y ya se convirtió en detractora de la Constitución.

¡Que el pueblo y la Patria os lo demanden!