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Etiqueta: universidades públicas

UNA: Las universidades estatales estamos al servicio del país

Dr. Alberto Salom

Rector Universidad Nacional

 

Los rectores de las universidades públicas hemos observado con preocupación ataque que, principalmente desde, mediados del 2018, diputados de diversas fracciones y medios de comunicación han hecho a las instituciones de la educación superior.

Estamos preocupados porque, como intento probar, no obstante, el respeto que nos merecen tanto los diputados, como los representantes de los medios de prensa, la mayor parte de los argumentos son descontextualizados, se basan en información falsa y contienen con frecuencias descalificaciones contra lo rectores. Para probar lo dicho me referiré, como un ejemplo al editorial de La Nación del 14 de enero pasado informativo.

1- El editorial cita un fragmento del artículo 85 de la Constitución Política, según el cual las rentas que reciben las Universidades con cargo al Presupuesto Nacional (o FEES), no podrán ser abolidas, ni disminuidas, y que las mismas serán ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda.

El editorialista tiene el afán de resaltar lo que denomina “el riesgo moral” que—según él—se alimenta cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base. Este afán lo lleva a omitir algunos hechos muy importantes. El primero de ellos, sobre el cual no se dice media palabra, es que al aprobar el último Presupuesto Nacional de la República, el 20 de noviembre, los diputados disminuyeron las rentas que reciben las universidades, en clara violación del artículo 85 Constitucional.

En segundo lugar, el mismo artículo 85 señala que: “Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.” Pero no surgió ningún diferendo en el seno de la Comisión de Enlace. Considero imposible que el editorialista desconozca este hecho.

2-Por otra parte, se omite decir que los aumentos “elevados” del FEES a la base como el que se produjo al inicio de la administración Solís, son una excepción en los últimos nueve años. También se guarda el editorial de puntualizar que según el artículo 85 constitucional, el presupuesto de cada año no puede ser disminuido, ni abolido, “…si no se crean, simultáneamente otras mejoras que las sustituyan.” Si bien es cierto desde el 2010 el presupuesto universitario creció a una tasa un poco inferior al 10%, de nuevo se omiten dos circunstancias concordantes entre sí:

  • Durante buena parte de la década de los años 90 el presupuesto de las universidades fue decreciente con relación al PIB nominal. En ese lapso hubo un año inclusive, en el que el crecimiento del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior fue inferior al crecimiento del poder adquisitivo de la moneda y al menos en dos años de la misma década fue casi similar a la inflación. O sea, las universidades arrastraron un rezago importante en su presupuesto respecto del PIB.
  • En el 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución, ley 8954-06-02, mediante la cual se aumentó la dotación del presupuesto nacional a la educación en su conjunto, del 6% al 8%. El transitorio I de dicha ley señala que: “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.” Como es sabido, en la fecha indicada no se llegó al 8% del PIB para la educación en su conjunto.
  • Por todas las circunstancias antedichas, el presupuesto en conjunto de las cuatro universidades (UCR, TEC, UNA y UNED) ni siquiera había llegado al 1.5% respecto del PIB, como parte del 8% del presupuesto total del gobierno destinado a la educación. No es sino hasta el 2019 que se llega al 8%; es decir, con un retraso de cuatro años. Esta relación del 1.5% respecto del PIB, en tanto el presupuesto total de educación llegase al 8%, nació de un acuerdo con el gobierno de Laura Chinchilla, el cual ha sido rubricado ya por dos gobiernos más.

3- El editorial pretende abordar el tema de los pluses, de una manera sesgada. Veamos:

  • El freno del crecimiento del FEES en el 1.5% del PIB, impedirá un crecimiento del mencionado presupuesto de las universidades, y por lo tanto, no se comerá “…año a año porciones mayores de los recursos económicos y fiscales del país” como lo supone el editorialista. Lo que sí puede ocurrir, si no se introducen correctivos a determinados pluses instalados en toda la administración del Estado, de los cuales las universidades públicas no son excepción, es el indeseable efecto de que los aumentos de la masa laboral crezcan en un porcentaje mayor respecto del total de los recursos del FEES. Empero, con los planes de control del gasto que se comenzaron a implementar, los rectores estamos dados a la tarea de impedir que eso suceda.
  • El editorial quiere desconocer lo que los rectores hemos hecho frente a gastos indebidos, al afirmar que “…es poco -o más bien, nada- lo que han hecho para evitarlos o moderarlos.” La Nación sabe algunas de las iniciativas que hemos emprendido, puesto que las noticias han sido publicadas en sus mismas páginas y los rectores en ocasiones hemos sido entrevistados. Ejemplos: Henning Jensen, de la UCR, se ha referido públicamente a un plan de contención del gasto, dentro del cual una de las medidas más importantes fue reducir la anualidad de un 5.5% a 3.75%. El rector Marcelo Prieto de la UTN disminuyó de un 55% a un 30% del salario el monto de la dedicación exclusiva; dejando el beneficio solamente a jefes, directores o coordinadores, ya antes se había eliminado el acceso de bachilleres a este beneficio.
  • Finalmente, vuelven a arremeter contra este servidor y contra la UNA, al publicar que parte de los ingresos que recibimos las universidades por concepto de transferencias (FEES) los dedicamos a la construcción de obras de baja importancia social, y mencionan la ya existente Plaza de la Diversidad Cultural. Hemos aclarado que no nos propusimos construir una plaza. Pero al repetir ese estigma una y otra vez, como lo hacen hoy La Nación y otros medios, han logrado instalar en la conciencia de mucha gente una idea errónea, desnaturalizando una obra cultural y académica, que se proponía crear una galería de arte, una concha acústica para la expresión artística de la danza, del teatro y de la música, junto a la ampliación de la soda Padre Royo, indispensable para una población universitaria creciente, así como oficinas para la dirigencia estudiantil de la UNA. Con la línea editorial de La Nación uno puede tener diferencias, pero siempre he leído con interés su trabajo en el ámbito cultural. No entiendo cómo pueden ahora separarse alevosamente de esa línea, buscando crear la imagen de que los universitarios malbaratamos los recursos en bagatelas. Esas “bagatelas” son obras del arte y la cultura. El desprestigio provocado no es sano ni justo con una institución a la que le ha costado años labrar la imagen que hoy tiene entre muchos conciudadanos, como una institución que usa los recursos para becar a cerca del 60% de sus estudiantes y otorgar beca completa al 78% de nuestros jóvenes en las zonas rurales. En cambio, no es posible por la ley de promoción de desarrollo científico y tecnológico, según el artículo 95, tomar los recursos que con sacrificio obtenemos de la venta de servicios en el ámbito externo a la universidad para, como lo pretende el editorial “…otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de recursos limitados.” Es cierto que en ese mismo artículo la ley permite usar los recursos en lo que dispongamos las autoridades universitarias, cuando la venta de servicios se haga a lo interno. Sin embargo, los recursos de esta venta suelen ser exiguos como para pensar que se pueda otorgar un monto significativo en becas a estudiantes de escasos recursos. La pretensión del editorial refleja un desconocimiento supino acerca de cómo se deben manejar los recursos públicos que recibimos.

Tampoco es cierto, que los subsidios del FEES “…beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media.” La UNA posee uno de los sistemas de admisión más justos de las universidades del país. Lo que no podemos directamente es impedir, como universidad, que sean los estudiantes de familias acomodadas los que en mayor proporción concluyen la educación media. Endosarnos esto también es el colmo de la distorsión de la realidad, solo para desprestigiar a las universidades públicas.

Con la comisión recientemente instalada en la Asamblea Legislativa, si desean analizar los recursos del FEES, estamos prestos a colaborar, somos entidades que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos al diálogo. Las universidades estatales estamos al servicio del país.

 

Enviado a SURCOS por M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.

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UNA: Gestión de la calidad e innovación prioridad de la Universidad Pública

Educación Superior Pública busca sensibilizar a distintos grupos de interés acerca de la importancia de la gestión de la calidad e innovación en la dinámica universitaria

En el marco de los procesos de gestión de la calidad, se desarrolló el “IV Foro sobre calidad e innovación en la Educación Superior” el 5 y 6 de noviembre en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica; 7 y 8 de noviembre en el Centro Universitario de la UNED en San José y en la sede central del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago, respectivamente.

La organización del evento estuvo a cargo del equipo interuniversitario Gestión de Calidad e Innovación en Educación Superior (GECIES) que inició su labor en el año 2016, con el compromiso de fortalecer la cultura de calidad e innovación en las instituciones universitarias.

Este equipo organizador está conformado por representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN). Además, en esta oportunidad se contó con la colaboración del Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA).

El objetivo de la actividad se orientó a propiciar la sensibilización a distintos grupos de interés acerca de la importancia de la gestión de la calidad e innovación en la dinámica de las instituciones de educación superior, así como compartir las buenas prácticas que favorecen los procesos de mejoramiento continuo e innovación del quehacer académico, fortaleciendo la calidad de sus resultados, productos y servicios.

En el evento participó personal académico y administrativo de las diferentes universidades; gestores de calidad de instituciones y organizaciones gubernamentales y privadas, quienes coincidieron en la necesidad de generar e intercambiar nuevos aprendizajes en la temática.

La apertura del foro estuvo a cargo de la Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta de la Universidad Nacional, quien hizo alusión a la importancia de gestar y articular acciones entre las universidades y fortalecer la relación universidad sociedad.

En el foro se realizaron conferencias magistrales, paneles y talleres con especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas atinentes a innovación, empleabilidad y seguimiento de egresados, internacionalización en la educación superior, planificación y gestión de la calidad.

Las conferencias magistrales abordaron los temas:

  • “Gestión de la calidad en las instituciones de Educación Superior” a cargo de Claudia Lucía Velandia Gómez, Universidad de los Andes, Colombia;
  • “Acreditación Institucional – HCERES” Tatiana Fernández Martín, Instituto Tecnológico de Costa Rica;
  • “Calidad e Internacionalización: realidad y desafíos” María Almudena Garrido Diez, Universidad de Deusto, España;
  • “Programa Éxito Académico en la Universidad Técnica Nacional” Katalina Perera Hernández;
  • “Calidad académica” Francisco González Alvarado, Universidad Nacional, Costa Rica.

Para la Máster María Agustina Cedeño Suárez, Coordinadora de la Iniciativa Gestión de la Calidad para la Excelencia (Rectoría Adjunta), el desafío es asegurar que la responsabilidad que la sociedad le encomendó a las instituciones de educación superior se cumpla, y esto se hace evidente en la medida que la comunidad universitaria da cuenta de ella: “ Las participaciones durante este IV Foro abordaron, en términos generales, la importancia de la mejora continua en el desarrollo de los procesos, el conocimiento innovador orientado a solventar problemáticas del contexto social y el compromiso de transferir conocimiento como un acto de responsabilidad social y forma de establecer su nivel de calidad”, indicó Cedeño.

En este sentido, se desarrollaron reflexiones, discusiones y planteamientos sobre el tema de calidad e innovación en la Educación Superior necesarios en nuestras instituciones de educación universitaria.

El académico José Miguel Carot Sierra, de la Universidad Politécnica de Valencia, España participó en la actividad de forma virtual con el video: “Empleabilidad y Seguimiento de Egresados”, de esta manera, aludió que el seguimiento de las personas egresadas es primordial para conocer la calidad de la educación superior y su impacto en la sociedad: “Se requiere de forma inminente el análisis de la empleabilidad, considerando para ello las nuevas demandas de la sociedad, el aprendizaje continuo, la flexibilidad de los profesionales en la sociedad del conocimiento, proporcionando herramientas que posibiliten la búsqueda de soluciones innovadoras”, expresó Carot.

En el panel “Calidad e Innovación en procesos académicos” participaron Giannina Ortiz, académica del TEC; Susana Ruiz Guevara, Vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA y José Luis Arce Sanabria de la UCR, quienes coinciden en general en que la gestión de la calidad en educación superior implica participación, acceso y socialización de la información y pertinencia social como principios básicos para la toma de decisiones.

El segundo panel denominado “Planificación y gestión de la calidad” a cargo de María Auxiliadora Protti, del TEC; Javier Rodríguez, de la UNA y Carlos Luis Rojas, de CCA plantearon se planteó la necesidad del cambio en la dinámica cotidiana de las instituciones, mediante una adecuada planificación como elemento esencial para la ejecución y logro de lo propuesto. Se da por sentado que en la búsqueda de la calidad se cuente con una actitud positiva y de apertura como requisito indispensable.

En la presentación “Buenas prácticas: calidad e innovación” se compartieron experiencias de varias universidades: Noemy Quirós Bustos, del TEC; Xinia Castillo Campos, de la UTN, y Viviana Berrocal Carvajal, de la UNED; Randall Jiménez Retana, de la UCR; David Argüello, de la UNA; y José Miguel Rodríguez, director ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).

En cuanto a los talleres académicos realizados durante el Foro los temas abordados fueron: “Estrategias relacionadas a la Gestión de Calidad” (Claudia L. Velandia G.); “Diseño de Proyectos Internacionales” (María Almudena Garrido D.); “Prácticas de Innovación y Calidad Académica” (Francisco González A.)

Colaboración:

María Agustina Cedeño Suárez

Cindy Chavarría Muñoz

Iniciativa Gestión de la Calidad para la Excelencia, Rectoría Adjunta UNA

Fotografías: Cortesía UNED

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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UCR: Confederación Universitaria Centroamericana cuestiona recortes al presupuesto de universidades públicas de la región

La Secretaria General de la Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) hizo un llamado a los gobiernos de los países miembros del Sistema de la Integración Regional Centroamericana y manifestó su apoyo a las gestiones de las universidades públicas para obtener presupuestos justos.

Según el comunicado del CSUCA, los recursos suficientes son necesarios para cumplir responsablemente con la inmensa tarea de expandir la cobertura educativa a toda la población, ofreciendo una Educación Superior con calidad, pertinencia y transparencia.

Además señalaron que las últimas acciones de los gobiernos de algunos países de la región de reducir las asignaciones presupuestarias para la educación en general y para la educación superior en particular, ponen en riesgo el cumplimiento de los fines fundamentales de las universidades públicas y vulneran la autonomía universitaria y su naturaleza de bien público social.

Igualmente se resaltó la importancia para los países de la región de fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación que garanticen la calidad, transparencia y la condición de servicio público de las instituciones, para que la educación contribuya eficazmente al crecimiento económico, a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación.

Asimismo, que construya la identidad regional; genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y así contribuir con la creación de conocimiento, y a la trasformación social y productiva de las sociedades centroamericanas.

El documento señala que la educación superior es un derecho humano que constituye un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.

 

Andrea Marín Castro,

ODI; UCR

 

Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.

Enviado por Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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Retos y logros de universidades públicas en América Latina

El rector de la UCR, Henning Jensen, conversa con el Dr. Francisco Tamarit de la Universidad de Córdoba y el Dr. Roberto Escalante, Secretario General de la Udeal, sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba entre el 11 y el 14 de junio pasado.

En el diálogo se aborda desde la razón de ser de la universidad pública, hasta los embates que hoy sufren estas instituciones de parte de quienes quieren colocar la tarea universitaria en manos de multinacionales basadas en el lucro.

Puede ver el diálogo en el siguiente video:

 

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Rector UCR: »Eventual reducción del FEES es un retroceso del modelo de desarrollo del país»

En la Sesión nº29 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, siete miembros votaron a favor de la moción presentada por el diputado Jonathan Prendas. (Imagen tomada de la grabación de la sesión / Asamblea Legislativa).

El recorte al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobado en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios el miércoles 17 de octubre, no es aún un recorte definitivo, pues debe primero ser discutido en el Plenario Legislativo en dos debates.

La moción fue presentada por el diputado Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional (PRN), y pretende recortar este fondo en ₡10 mil millones para trasladarlo a las partidas de amortización de deuda. Esa moción fue aprobada con 7 votos a favor y 3 en contra.

“El FEES es la principal fuente de financiamiento de las universidades estatales, para cumplir con las funciones de docencia, investigación y acción social. La educación superior es un factor de movilidad social, y uno de los principales aportes a la competitividad del país a largo plazo. Reducir el FEES sería dar un paso atrás en la definición del modelo de desarrollo de Costa Rica, y vulnerar el Estado social de derecho en el acceso a la educación superior pública”, afirmó el Dr. Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En sus palabras, la UCR ha venido implementando una serie de medidas para contener el gasto, en línea con las necesidades del país por salvaguardar sus finanzas. Por ejemplo, este año se ahorraron ₡2 029 millones por la reducción de las anualidades al pasar del 5,5% al 3, 75%. Para el 2019, once rubros y nueve medidas adicionales tendrán restricciones presupuestarias que serán gestionadas desde la administración.

El Artículo 85 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que el Estado mantendrá —con las rentas actuales y las que fuesen necesarias— un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), cuyas rentas “no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. También indica la Constitución Política, en su Artículo 78, que el gasto público de la educación estatal (incluida la superior) no debe ser inferior al 8% anual del producto interno bruto (PIB).

El monto requerido por las universidades públicas es establecido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en un plan nacional quinquenal (PLANES) que incluye los egresos de operación y de inversión. Aunque la Constitución no lo establece, las Universidades y el Gobierno han aceptado que el monto del FEES sea negociado en una Comisión de Enlace. Si, como ha sucedido, no se logra un acuerdo quinquenal, la Comisión ha adoptado acuerdos anuales respecto al monto presupuestario requerido, y el Poder Ejecutivo debe incorporar en el presupuesto ordinario la partida correspondiente al FEES.

“La Constitución Política garantiza de modo efectivo la financiación de las Universidades estatales. La Asamblea Legislativa no puede desconocer, ni mucho menos violar, esta garantía constitucional. El Artículo 85 no confiere facultades al Poder Legislativo para disminuir el monto presupuestario definido por el PLANES o el establecido unánimemente por la Comisión de Enlace, sin diferendo alguno. A la Asamblea Legislativa no le resta más que cumplir con su obligación constitucional de aprobar el presupuesto destinado a la educación superior pública”, comentó el Dr. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la UCR.

En julio de este año, la Comisión de Enlace acordó establecer el monto del FEES para el 2019 en ₡511 154 millones y para la UTN un presupuesto de ₡34 868 millones. Estos montos corresponden al presupuesto del año 2018, ajustado por la inflación (estimada en un 3% para el año 2019).

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios es la encargada de discutir el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 (Expediente 20 964), cuya votación final debe realizarse antes del sábado 20 de octubre. Para que el proyecto pase a Plenario, el dictamen o los dictámenes deberán ser rendidos antes del 25 de octubre.

 

Caterina Elizondo Lucci

Periodista de Rectoría

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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EL CONARE impulsa el desarrollo regional

En el 2018: “Año de las Universidades Públicas por la Autonomía, la Regionalización y los Derechos Humanos”, el CONARE reafirma la profunda vocación humanista y la contribución al desarrollo nacional y regional que caracteriza a las cinco universidades de educación superior.

De esta manera, el pasado 31 de julio de 2018, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aprobó el Reglamento para el Fortalecimiento de la Regionalización Universitaria, (CNR-267-2018) de esta manera, se crean los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional (OCIR) y los Consejos Consultivos Regionales (CCR), como parte de los órganos interuniversitarios de coordinación del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal que compete aprobar al Consejo Nacional de Rectores, en el ejercicio de su potestad constitucional de organización y gobierno, propias de las instituciones de educación superior universitaria estatal, reconocidas en el inciso ch) del artículo 3º de la Ley número 6162 del 30 de noviembre de 1977.

Parte del acuerdo menciona que la Regionalización Interuniversitaria se planificará de conformidad con la División Territorial Administrativa vigente bajo la coordinación de las siguientes instituciones de educación superior universitaria estatal:

  1. a) Región Chorotega: Universidad Nacional (Liberia)
  2. b) Región Brunca: Universidad Estatal a Distancia
  3. c) Región Huetar Caribe: Instituto Tecnológico de Costa Rica
  4. d) Región Huetar Norte: Universidad Técnica Nacional
  5. e) Región Pacífico Central: Universidad de Costa Rica (Puntarenas)

Los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional tendrán como finalidad promover la realización sistémica de acciones interuniversitarias que vinculen el quehacer universitario al desarrollo económico, social, humano, sostenible y tecnológico de cada región, en coordinación con actores y sectores representativos de cada región.

Cabe mencionar que las funciones que se le han asignado a estos Órganos de Coordinación Interuniversitarios Regionales, son:

Definir acciones de articulación e integración interuniversitario relacionadas con la regionalización por medio de la coordinación interuniversitaria y la articulación con sectores competentes.

Presentar a consideración del CONARE la formulación de un plan anual acorde a los ejes de PLANES anual, contemplando el análisis del entorno interno y externo, considerando, al menos:

Observancia y respeto de la diversa normativa institucional;

Procesos participativos con actores de los diferentes estamentos universitarios y sectores regionales;

Evaluación de acciones, indicadores y metas cuantificables que permita ejecutarlas con transparencia y rendición de cuentas;

Contemplar las demandas y necesidades de la región con la finalidad de proponer soluciones y buscar el impulso al desarrollo regional.

Dentro de un contexto constitucional de respeto a la independencia y a la autonomía universitarias, en los proyectos e iniciativas universitarias tendientes al desarrollo de capacidades regionales en sus ámbitos de administración y gestión, de producción, de empleabilidad, de emprendedurismo, así como en salud, educación, cultura y desarrollo científico y tecnológico, el Órgano de Coordinación Interuniversitario Regional podrá sesionar con representantes de los diferentes sectores a fin de promover las bases requeridas para la coordinación, cooperación y articulación entre las diferentes organizaciones, empresas, así como instituciones locales y regionales e instituciones públicas asociadas al desarrollo regional correspondiente.

Para los rectores de la Universidades Públicas, es de interés institucional del CONARE promover acciones sistémicas tendientes a garantizar el fortalecimiento de un modelo de regionalización universitaria basado en los más elevados principios humanísticos y democratizadores como un medio dignificante de la gestión académica que promueva principios sociales fundamentales de equidad, democratización, de justicia distributiva y de promoción del desarrollo humano integral y sostenible.

Colaboración:

OPES-CONARE

 

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Conferencia UNA: El papel de las universidades públicas en la política de Gobierno Abierto

Este próximo 23 de agosto de 9 a.m. a 12 m.d. se llevará a cabo la conferencia: El papel de las universidades públicas en la política de Gobierno Abierto, en la Sala de Exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, Heredia.

Para información e inscripción, comuníquese a los teléfonos 2562 4096 / 2562 4098 / 2562 3146 o al correo transparencia@una.cr

Conferencia UNA El papel de las universidades publicas en la politica de Gobierno Abierto

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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UNA impulsa acciones para poblaciones en riesgo y desventaja social

El día 8 de agosto la Rectoría, la Rectoría Adjunta, la sedes Regional Chorotega y Huetar Norte y Caribe de la Universidad Nacional (UNA), realizaron el taller: “Articulación de Universidades Públicas en pro del desarrollo territorial”, este en el Centro Universitario UNED, Pavón de Los Chiles (Territorio Norte-Norte).

El taller del miércoles 08 de agosto pretendía ejecutar una acción sustantiva entre las cinco universidades estatales y los comités cantonales, para contribuir a las necesidades de formación de aquellas poblaciones en situación de riesgo y desventaja social. De ahí que se formulará la creación de una comisión que en mediano plazo defina la estrategia a seguir en procura de la calidad de vida de los pobladores del territorio Norte-Norte. La idea primordial es que cada universidad contribuya con estas comunidades de acuerdo con sus planes de acción en las zonas rurales.

En el caso de la UNA, desde la Rectoría Adjunta se contará con el acompañamiento de la Sede Regional Chorotega y el Campus Sarapiquí de la región Huetar Norte y Caribe de la UNA, mediante el impulso de las carreras itinerantes, es decir plantear una oferta académica y acompañamiento desde las Sedes Regionales y de estas hacia las comunidades que han vivido en exclusión y pobreza.

Para el éxito de las carreras itinerantes cada unidad académica, Sede, Sección o Centro deberá identificar qué otras universidades públicas brindan servicios en cada territorio y promover una alianza que permita integrar en cada contexto la acción universitaria, la interpretación conjunta del territorio y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Las carreras itinerantes se aperturan vía convenio con las instancias territoriales (Municipalidades, Asociaciones de Desarrollo, Instituciones del Estado); esto permite un trato diferenciado a aquellas poblaciones que están en desventaja social, por lo tanto son exonerados de realizar examen de admisión, los criterios de selección los determina cada unidad académica, (nota de presentación, cuestionario escrito, entrevista cualitativa, entre otros).

Las alianzas con actores beligerantes en los territorios debe ser una acción permanente de las autoridades académicas correspondiente para que las acciones universitarias tengan una contraparte local activa en función garantizar la permanencia de los estudiantes en la carrera y un apoyo logístico coherente con la realidad de cada territorio.

*** Mayor Información con: Alejandro Ubau (8946-5000) o con la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2277-3464).

Johnz

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Boaventura de Sousa en la UCR: Universidades públicas deben desmercantilizarse, descolonizarse y despatriarcalizarse

  • Boaventura de Sousa se presentó en la UCR para conmemorar los 100 años de la Reforma de Córdoba

Boaventura de Sousa en la UCR Universidades publicas deben desmercantilizarse
El Dr. Boaventura de Sousa está de visita en la UCR como parte de la celebración del centenario de la Reforma de Córdoba. Durante la actividad, la Mag. Marjorie Jiménez, vicerrectora de Acción Social, presentó el Manifiesto de la Universidad de Costa Rica en el contexto de conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Como parte de la conmemoración del centenario de la Reforma de Córdoba, el Dr. Boaventura de Sousa Santos ofreció una conferencia en el Teatro Popular Melico Salazar, que organizó la Universidad de Costa Rica (UCR), en la que hizo un profundo análisis sobre la manera en la que debe entenderse, en el momento actual, el manifiesto que se firmó en 1918, y cómo realizar una democratización de alta intensidad en las universidades públicas.

Para de Sousa, esta democratización consiste en desrmercantilizarla, descolonizarla y despatriarcalizarla, diferentes tareas que hay que hacer y que deben darse con luchas distintas, pero de manera articulada.

Una universidad cuando empieza a descolonizarse debe rever su historia, debe entender que no hay un solo conocimiento válido, si no múltiples conocimientos de múltiples fuentes. Deben verse como espacios polifónicos donde hay variedad de voces con una coexistencia muy fuerte, para transformarse en “pluriversidad”.

No obstante, el embate del neoliberalismo será muy fuerte y para llegar a ese punto se tienen que buscar alianzas, pues el Estado dejó de ser un aliado de las universidades públicas.

“Las universidades tienen que buscar alianzas alternativas, y no es arriba, es abajo”. Tienen que demostrar que son espacios distintos, que no es ahora por oportunismo o por sobrevivencia que se buscan estas alianzas, si no que han entendido que su misión está en trabajar para la emancipación social, ya no de la clase media, sino de las personas más pobres, de los pueblos afrodescendientes y de los indígenas, lo que significa un proceso mucho más amplio, pues es ahí donde está su vocación.

¿Cuál es el contexto que nos obliga a pensar bien y a celebrar con mucha fuerza este manifiesto y este centenario?, preguntó el sociólogo portugués. Su respuesta fue enfática en destacar varios puntos, de lo que él llamó el “contexto brutal de nuestro tiempo”.

Así, explicó que el Estado ha sido reconfigurado para servirse de los intereses del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Señaló, además, que el Estado es un campo de disputa lleno de contradicciones, y esas contradicciones han sido históricamente las luchas por el bien común.

Boaventura de Sousa en la UCR Universidades publicas deben desmercantilizarse2
La conferencia del Dr. de Sousa se llevó a cabo en el Teatro Popular Melico Salazar. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Otro proceso del que habló fue el vaciamiento de la democracia, que se da cuando lo que antes era inversión ahora se ve como gasto.

“Cuando se destruyen o erosionan los derechos sociales y económicos, emerge lo que hoy llamo fascismo social. Las sociedades son políticamente democráticas, pero son socialmente fascistas”, sentenció.

 

“Lo que estamos pasando ahora es que el neoliberalismo quiere un Estado sin contradicciones, que esté totalmente a su servicio, que privatice, que liberalice, que desregule, para servir mejor a los intereses del capital. Esto de desfigurar el Estado es fundamental para entender lo que está pasando”.

Boaventura de Sousa

Agregó que hoy en día existe la recolonización de la diferencia. El racismo, la xenofobia, la islamofobia son nuevas formas de colonialismo que están ampliamente instauradas en la sociedad actual.

“Vivimos en sociedades donde la dominación tiene tres cabezas: capitalismo, colonialismo y patriarcado, y ellas están bien articuladas; nuestro drama es que la resistencia sigue fragmentada”.

¿Cuál es el impacto de todo esto en la universidad pública?

Desde hace 30 años, cuando el neoliberalismo empiezó con fuerza, la universidad pública comenzó a ser atacada y se convirtió en el gran blanco de los gobiernos conservadores. Esto sucede porque las universidades han sido históricamente el centro de la producción del pensamiento libre, crítico e independiente, y de la construcción de un proyecto nacional, aspectos que hoy no caben dentro del proyecto neoliberal.

Según de Sousa, este ataque se ha expresado en tres fases distintas. La primera, cuando se le pide a las universidades producir lo que el mercado exige. En segunda instancia, cuando se propone que la universidad sea ella misma un mercado y surgen los rankings, herramientas fundamentales para mercantilizarla. Por último, la fase en que se encuentran actualmente muchas universidades, en que la institución debe ser gobernada como una empresa y se aboga por eliminar la gratuidad.

“¿Podemos defenderla con base solamente en el Manifiesto de Córdoba? Es un instrumento brutal, es un patrimonio fundamental como mayo del 68, pero tendremos que ir más allá”, recalcó.

Boaventura de Sousa en la UCR Universidades publicas deben desmercantilizarse3

Manifiesto de la Universidad de Costa Rica en el contexto de conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba

San José, 24 de abril 2018

Nos encontramos en la antesala de la conmemoración de los 100 años del Manifiesto de Córdoba, proclamado por la juventud estudiantil cordobesa, en Argentina, el 21 de junio del 1918. Aquella revuelta estudiantil inspiró todo un movimiento de transformación de las estructuras y del concepto mismo de universidad en América Latina y el mundo, hasta entonces controladas por las oligarquías y el clero.

El movimiento estudiantil de la época, cansado de ver cómo su casa de estudios era dominada por el dogmatismo religioso y por una jerarquía autoritaria y excluyente, luchó por una mayor participación en la toma de decisiones, el mejoramiento académico, la libertad de cátedra y el respeto a la diversidad de credos, pensamientos y tendencias científicas y filosóficas. Hace 100 años, las y los estudiantes, que hoy nos empeñamos en recordar, marcaron el camino de la libertad y el sueño. Esta lucha estudiantil gestó un gran impacto sociocultural y político que definió, a la vez, un perfil de universidad latinoamericana.

De acuerdo con la perspectiva de esta novedosa reforma, las universidades no podían seguir siendo claustros “donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaran la cátedra que las dictara”. Había que escoger entre la universidad de las élites y la universidad de la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno estudiantil. Pero, aunque la Reforma de Córdoba significó un gran avance, todavía hoy podemos decir que “los dolores que quedan son las libertades que faltan”. Mientras algunos sectores poderosos de la sociedad le continúan reclamando a la universidad que se comporte como una vieja “torre de marfil”, esa entidad señera, depositaria y reproductora del saber que se vierte hacia las comunidades, henos aquí, por nuestra parte, queriendo recoger, 100 años después, aquella estafeta del cambio y la transformación, de la renovación y la lucha.

Es cierto que la universidad presenta internamente las características de la sociedad que la cobija: sus mismos grupos sociales, sus conflictos, su estructura, sus diversas ideologías, sus procesos, sus virtudes y sus defectos, sus objetivos y sus fines. Sin embargo, eso no nos exime de adoptar una mirada crítica; por el contrario, el bien común se nos torna hoy, como nunca antes, el camino y una tarea obligatorios. No le corresponde a la universidad cambiar unilateralmente a las comunidades; dado que la universidad y las personas que la conforman son parte intrínseca de la realidad que miran y desean transformar, su mirada y su acción han de ser horizontales, de respeto, de igualdad y de humildad. Las comunidades, y sobre todo los sectores más desposeídos, deben ser el espejo en el que la universidad se mire, así se torne doloroso reconocernos en el reflejo. La universidad ha de ayudar, en consecuencia, en la interpretación de los sentimientos y necesidades de los más diversos grupos sociales, pero especialmente de los excluidos, y, de esa manera, contribuir a su desarrollo, no solo material, sino también espiritual y humano.

Tenemos la obligación de hacer que nuestros sueños no sean solo nuestros, también tenemos que aprender a hacer propios los sueños de los otros. ¡Qué no quede conocimiento sin reconocimiento dentro de las universidades, qué no mutilemos los saberes de mujeres y hombres de las comunidades urbanas y rurales, o desdeñemos su paso frente a las puertas de la universidad! Si queremos defender la educación superior como un bien público de acceso universal, debemos pensarnos como tejidos de una gran red interrelacionada. Esto implica volver los ojos a aquella vieja raíz del concepto de universidad: ese lugar donde todas las personas encontremos un espacio y podamos dimensionarnos en la medida de las ilusiones compartidas. Por ello, para defender la universidad pública desde la acción social transformadora, es necesario ir más allá de las actividades asistencialistas, de promoción y de divulgación interna universitaria. Debemos replantearnos, una y otra vez, la manera en que hacemos y entendemos la acción social. Significa, una vez más, asumir un compromiso en el proceso de transformación, sin importar si somos graduados, graduadas, docentes, estudiantes, funcionarios o funcionarias administrativas, o habitantes de las comunidades de nuestro país.

En los nuevos contextos sociales, nacionales y globales, nuestra acción social no puede estar constituida por la suma de proyectos aislados. No podemos contentarnos con mirar la sociedad desde la perspectiva frívola y aséptica de quien solo observa. Debemos trabajar juntos y juntas en el abordaje integral y estratégico de los problemas, y ver las situaciones como síntomas de situaciones más profundas y complejas. Tenemos, también, que desarrollar la capacidad de hacer nuestros los sufrimientos y los traumas ajenos. El mundo de hoy nos obliga a atender nuevos contextos económicos, sociales, políticos, científicos, tecnológicos, culturales y ambientales emergentes, pero también nos obliga a reivindicarnos herederos de los saberes ancestrales y cotidianos de los sectores tradicionalmente oprimidos, provenientes de sus experiencias vitales de resistencia y lucha. Al fin y al cabo, es acaso allí donde cotidianamente adquiere sentido y fuerza lo que hacemos en la universidad.

Es verdad, por otra parte, que asistimos a una revolución tecnológica apabullante, cuyas consecuencias apenas vislumbramos. La universidad y las comunidades, si no quieren quedar peligrosamente rezagadas, han de enfrentarse a ese proceso decididamente, para incorporar lo nuevo sin sacrificar lo autóctono, para avanzar en el conocimiento y la gestión de los nuevos instrumentos técnicos sin sacrificar principios y subjetividades, y para asumir el control del avance sin caer en la condición de consumistas acríticos de la avalancha tecnológica. Debemos prepararnos para el mundo del mañana, pero sin perder de vista, como aquel extraño ángel de la historia de Walter Benjamin, las ruinas que el progreso va dejando a su paso. Este no es un reto menudo; es, de hecho, un gran desafío. Por eso, ocupamos construir el futuro conjuntamente: hacer a un lado, en colectivo, los obstáculos más obtusos y escabrosos del camino. Todas las actividades de la universidad pública deben, en función de ello, tener como centro la búsqueda del bien común, sea mediante la docencia, para formar personas comprometidas con la excelencia y con la solidaridad; mediante la investigación-acción, para generar nuevos conocimientos que enriquecen la cultura y procuran comprender nuestra realidad natural y social, o bien mediante la fuerza vital y luminosa de la vida estudiantil. Debemos reafirmar un modelo de universidad democrático y democratizador, que enfrente la desigualdad y la inequidad, así como la tendencia a la especialización de un saber cada vez más ajeno a los sectores populares y empobrecidos a los que nos debemos.

A 100 años de la Reforma de Córdoba, la Universidad de Costa Rica levanta la voz de nuevo, reivindicando todo el quehacer universitario, y sobre todo, la acción social o extensión como una práctica transformadora y liberadora articulada íntimamente con la docencia y la investigación. Las comunidades del futuro deberán seguir alimentando a las universidades públicas no solo con los recursos necesarios para su funcionamiento, sino con el cúmulo de saberes y conocimientos que le otorgan vida y sentido. No permitamos que la universidad vuelva a ser ese polvoriento claustro, abierto únicamente a intereses mercantiles. Luchemos por una universidad que, al contrario, haga espacio a la ternura y la esperanza de todas las personas. Debemos posicionar en las agendas universitarias acciones concretas para la construcción de una universidad de los saberes, entendida como un espacio de construcción de nuevos conocimientos y caminos de emancipación, que permita profundizar la democracia, desmercantilizar la vida, descolonizar y eliminar el racismo y el etnocentrismo, eliminar todas las formas de sexismo y discriminación, así como la construcción de un concepto de solidaridad basado en el concepto de bien común y en la generación de una calidez y respeto entre las personas de estas hacia la naturaleza.

Hoy, desde Costa Rica, en este abril del 2018, sumamos nuestras voces a las voces estudiantiles de la Universidad de Córdoba, quienes lucharon por la universidad sin ataduras que todavía hoy soñamos. Prolongamos sus voces en nuestras voces con la esperanza de que, en nuestro concepto actual y futuro de universidad, la acción social brille como praxis defensora e impulsora de una educación pública para todas las personas.

Defendamos las universidades y la acción social porque aunque “los dolores que quedan son las libertades que faltan”, nos sobran manos, paredes, miradas para reescribir nuestra historia, nos sobran el viento, la luz, la tierra para sembrar certidumbres y arrebatar verdades, nos sobra el movimiento para no estancarnos y dar todo por ganado. Tenemos oscuridad para convertirnos en centellas, color, en vida. Tenemos abrazos para palpar y amasar los muros. Tenemos puños, empeines, talones para golpear aceras y hacer caminos. Tenemos gargantas, dientes, boca para morder las palabras que nos amarran. Tenemos fuerza, esperanza, pinceles para escribir una y otra vez que nos quedaremos aquí, siempre, hasta cuando no nos sobren los dolores y no tengamos libertades que nos falten.

Andrea Marín Castro

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Rectoría UCR: Proyecto de ley amenaza financiamiento para sedes regionales universitarias

De manera casi unánime, 10 de los 11 diputados miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa votaron a favor del proyecto de ley Nº 20595 «Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público», el cual derogaría artículos específicos de la Ley 6450 (incisos 3 y 3 bis), que sirven de fuente de financiamiento de ¢2093 millones para la inversión regional de cada universidad pública, y que provienen de fondos del Impuesto sobre la Renta.

El proyecto, impulsado por los diputados del Partido Acción Ciudadana, Marcela Guerrero y Steven Núñez, pretende definir un mínimo del monto que reciben estas instituciones para el desarrollo de sedes regionales, usando como base el dinero asignado actualmente para estos fines. El problema radica en que la iniciativa no asegura que este dinero vaya a aumentar, pues el texto indica que en el futuro se realizarían «transferencias», sin que se especifique que estas serían incrementos.

Debido a este riesgo, jerarcas del Consejo Nacional de Rectores (Conare) acudieron el jueves 12 de abril a la Asamblea Legislativa para reunirse con los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios y hacerles ver el error que sería la aprobación final de este proyecto en el plenario. La Universidad de Costa Rica advirtió que la sola posibilidad de restar recursos a las universidades públicas crearía un vicio de constitucionalidad, indicó el rector, Dr. Henning Jensen Pennington.

La Rectoría de la UCR puntualizó que las universidades públicas nos veríamos afectadas, ya que este tipo de fondos responden al Plan Nacional de la Educación Superior (Planes), y con el nuevo proyecto quedaría a criterio del Plan Nacional de Desarrollo. Pero también, según el artículo 84 de la Constitución Política, las universidades se sustentan con patrimonio propio, y no de la caja única del Estado, pues el proyecto busca que los giros se realicen según la disponibilidad de recursos públicos.

Por otra parte, el artículo 85 de la Carta Magna señala que el Estado dotará de patrimonio a las universidades públicas y les creará «rentas propias» y, justamente, este financiamiento es considerado como una renta propia en la Ley 7386 que reforma el artículo 3 y 3 bis de la Ley 6450, la cual asigna y distribuye un monto idéntico a las instancias regionales de cada casa de educación superior (en el caso de la UCR, un porcentaje importante de ese dinero va directamente al Recinto de Paraíso y el resto al Programa de Desarrollo Regional).

Las autoridades superiores de la UCR indicaron que, después de la reunión con los diputados, los rectores acordaron enviar un texto con una redacción satisfactoria para ambas partes, de modo que queden eliminados los aspectos inconstitucionales y para asegurar que este presupuesto crezca porcentualmente en la misma medida que lo hace cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). No preocupa que ese proyecto derogue la ley actual, señalaron las autoridades universitarias, siempre y cuando los recursos crezcan con criterios académicos y no políticos.

Otro aspecto que cabe destacar es que el proyecto en cuestión no fue presentado a las universidades públicas para su pronunciamiento, lo cual va también en contra de lo que establece la Constitución Política, así como tampoco fue analizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

La Universidad de Costa Rica confía en que las y los diputados cambiarán de opinión y entregarán un informe de mayoría negativo que, en teoría, eliminaría cualquier posibilidad de que esta iniciativa pueda ser aprobada por los 57 diputados de esta o la próxima legislatura.

 

Información generada desde la Rectoría UCR.

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