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Etiqueta: uso del suelo

Intensificación de construcciones en Costa Rica ¿Qué implica? Mecanismos del extractivismo inmobiliario

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En la última década hemos asistido en Costa Rica a una explosión del negocio inmobiliario, que ha venido a cambiar el paisaje en nuestras ciudades, pero también, y con mayor intensificación en las costas de nuestro país. Guanacaste representa tal vez el lugar dónde esta intensificación ha marcado, sin embargo, lo vemos presente en los cerros del Valle Central, también, en Pacífico central, Península de Osa y Caribe Sur empiezan a aparecer en este recuento de los territorios dónde las construcciones son protagonistas, no sólo del cambio de paisaje, sino también, del despojo de las comunidades locales a través del forzamiento del cambio de uso del suelo, la expropiación y privatización.

Por esta razón, nos parece importante reflexionar sobre los mecanismos que están presentes detrás de este «extractivismo inmobiliario» para que nos permite comprender los alcances y límites que representa su accionar, así como los efectos que están siendo intensificados en nuestros territorios.

Les compartimos esta infografía para invitar a este debate.

PDFImagen

Cambio de «uso de suelo» en el municipio de Talamanca

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

Según el Diario Extra, el Alcalde afirma que no tiene cuantificado el volumen de cambios de «USO DE SUELO» generados en 188 hectáreas del Distrito de Cahuita, supuestamente originados por nuevas normas legales, específicamente la Ley número 9223 de 2014 y sus jurisprudencias constitucionales.

Para aquellos que no están familiarizados con el tema y no han seguido su evolución en la última década, les aclaro lo siguiente con respeto:

En la última década (2014-2024) en la zona costera del Cantón de Talamanca (Distrito de Cahuita), se han producido dos olas de cambios de «USO DE SUELO» por parte de la Municipalidad, ambos con el objetivo de facilitar un desarrollo inmobiliario costero de alta gama.

La diferencia marcada entre ambos  es que algunos  de los cambios se realizaron  sin considerar la protección de la fauna y los monos, bajo la Ley número 9223 del 20/03/2014 (Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur).

Mientras que los otros cambios  se realizaron  con total desprecio por los derechos humanos de posesión de tierra, supuestamente cumpliendo la Ley número 9242 (Ley para la Regulación de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre).

Debido a la etiqueta de «Ocupación en Precario» que esta ley atribuyó a todos los poseedores de propiedades en la Zona Marítima Terrestre, la Municipalidad cambió la naturaleza de los «Permisos de Uso de Suelo» sin restricciones a una naturaleza «PRECARIA» para aquellos que no tenían una escritura pública. Así surgió el nuevo «PERMISO DE USO EN PRECARIO», que no existía antes de 2014.

Imagino que las autoridades tampoco saben cuántos de estos últimos cambios de «USO DE SUELO» se han realizado. Este es un problema integral que debemos abordar como tal.

Estamos de acuerdo en proteger a la fauna y los monos de Manzanillo y Cocles; pero también hay que proteger a  los habitantes locales de Manzanillo, Cocles, Puerto Viejo y Cahuita, con posesiones decenales y leyes ancestrales, quienes también tienen derechos que están siendo vulnerados.

El rol de la zonificación en los planes reguladores: ordenar para crecer

A pesar de que desde 1968 la Ley de Planificación Urbana establece que todos los gobiernos locales deben tener un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial, menos del 50% de los municipios del país cuentan con uno vigente, aprobado antes del año 2000. 

Recientemente varias comunidades se han levantado a favor o en contra de los planes reguladores propuestos para sus cantones, tal es el caso de Pérez Zeledón y Montes de Oca. ¿Pero, qué es un plan regulador y cómo funciona?

De acuerdo con Guillermo Calderón Ramírez, coordinador del Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio (PROGOT), un plan regulador es una herramienta de planificación y gestión que busca organizar y ordenar el uso del suelo y los recursos en un territorio determinado. Donde su objetivo es promover un desarrollo sostenible y equilibrado, considerando aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales.

En Costa Rica, la planificación regional y nacional está a cargo del Mideplan y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), pero la planificación local corresponde a las municipalidades. «Sí, la Ley de Planificación Urbana de 1968 establece que todos los gobiernos locales deben tener un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial», afirmó Calderón. Sin embargo, destacó que menos del 50% de los municipios cuentan con un plan regulador vigente, muchos de los cuales fueron elaborados antes del año 2000.

Calderón destaca, que uno de los componentes más visibles y a menudo controversiales dentro de un plan es la zonificación. “Esta es la que define los usos de suelo: dónde se puede construir, dónde pueden estar las zonas residenciales, comerciales, industriales, entre otros, pero el propósito principal de un plan regulador es ‘ordenar la casa’, es decir, organizar nuestro territorio para evitar la densificación desordenada y el crecimiento exponencial sin planificación”.

El plan regulador trabaja con usos residenciales, comerciales, industriales, agrícolas o mixtos, basándose en las características de cada cantón y haciendo proyecciones de hasta 10 y 20 años para planificar el crecimiento futuro del territorio. Calderón aclaró que la infraestructura existente mantiene su uso. «Si una zona es residencial, seguirá siendo residencial; si es comercial, seguirá siendo comercial. Los cambios se aplican a las nuevas construcciones y desarrollos futuros».

Calderón enfatizó que un plan regulador no es una herramienta para confiscar tierras ni para limitar arbitrariamente el uso del suelo. «Es un instrumento para ordenar el territorio de manera racional y sostenible».

En detalle

El proceso comienza con la elaboración del presupuesto y la formación de una comisión en el gobierno local. Luego se realiza un diagnóstico territorial con la participación de la comunidad. «El diagnóstico territorial se realiza a través de talleres de participación ciudadana, porque la población conoce su territorio mejor que nadie», dijo Calderón.

Una vez completado el diagnóstico, se desarrolla una propuesta territorial que también se consulta con la comunidad. Esta propuesta define los usos del suelo y las áreas de crecimiento. Después, se lleva a cabo una audiencia pública y se envía el plan al INVU para su revisión. Finalmente, el concejo municipal adopta el plan y se publica en el Diario Oficial La Gaceta, convirtiéndolo en ley.

«El proceso puede tardar aproximadamente un año y medio, pero puede extenderse dependiendo de la revisión por parte de diferentes entidades como Setena o el INVU», explicó Calderón.

El investigador también mencionó el papel de la UNA como un actor social en la elaboración de estos planes. «Nuestro papel es socializar la información y apoyar a la población. La Universidad ofrece un valor significativo a estos proyectos, más allá de lo económico, contribuyendo con la confianza y participación de la comunidad».

Actualmente la UNA trabaja con las municipalidades de Atenas, Cañas, Bagaces, Tilarán, Upala, San Rafael de Heredia, en la consolidación de sus planes reguladores.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Imagen ilustrativa, UCR.

Continuará presión para archivar el PH San Rafael

Génesis Santiago R.Cruz (1)

 

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael podría ser archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido y corre el riesgo de que se anule su viabilidad ambiental y los permisos de uso de suelo otorgados por una funcionaria municipal de forma irregular. Mientras tanto, el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica presiona para que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan regulador del cantón.

El Estado costarricense parece apostar cada vez más por la apertura y liberalización de la generación de energía eléctrica. Esto ha propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos, tanto públicos como privados, sin la debida planificación y evaluación de sus impactos. Además, el otorgamiento de permisos y los procesos de consulta a las comunidades han detonado cuestionamientos y oposición por parte de diversos sectores sociales de todo el país.

Movimiento Rios Vivos4

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, presentado por la empresa Grupo H Solís, obtuvo viabilidad ambiental el 27 de octubre del 2016. Este proyecto pretende represar el Río San Rafael, que se ubica en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. En teoría, este permiso significa que es posible desarrollar el proyecto sin generar un costo social y ambiental mayor a los beneficios que produciría en la comunidad.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el ente que otorga las viabilidades ambientales, tomando en cuenta “supuestos” criterios técnicos. No obstante, ha sido cuestionada en muchísimas ocasiones por sectores académicos y ambientalistas, que han denunciado que actúa movida por influencias políticas y económicas, más que por criterios técnicos.

En el caso del PH San Rafael, los cuestionamientos a la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA no se hicieron esperar. El trámite del expediente de este proyecto fluyó con inusitada rapidez: el estudio sociológico se realizó en menos de un mes y la viabilidad ambiental fue otorgada al día siguiente de haberse presentado dicho estudio. Esto levantó sospechas entre vecinas y vecinos de la zona, ya que este tipo de estudios demoran varios meses e incluso años para ser aprobados para proyectos similares.

Por eso, varios comités defensores de los ríos de las comunidades de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Coto Brus, aglutinados en el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, han unido esfuerzos para detener el avance del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael.

Si bien la viabilidad ambiental de SETENA es uno de los requisitos más importantes para que este proyecto tenga luz verde e inicie las obras de construcción, hay otros permisos y trámites pendientes que, afortunadamente, han obstaculizado la construcción de esta hidroeléctrica.

Aún están pendientes de aprobar: la concesión de aguas de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); los permisos municipales que están en proceso de juicio por haberse otorgado de forma irregular; y la declaratoria de conveniencia nacional, que debe emitir el Poder Ejecutivo.

Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) debía dar la concesión para la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica; es decir, el permiso para que el proyecto pueda vender la energía que produzca. Afortunadamente, la ARESEP emitió un dictamen negativo en relación al proyecto el 1ero de agosto de 2017, debido precisamente a que el PH San Rafael no tiene, a la fecha, la concesión de aguas del MINAE aprobada.

Ahora la empresa deberá presentar una solicitud de prórroga del tiempo para la gestión de sus permisos, lo que dichosamente atrasará la aprobación de este proyecto. Si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no renueva en octubre dicha solicitud de prórroga al proyecto, el PH San Rafael sería archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido.

Como parte de los esfuerzos para frenar el avance de este proyecto, la Comisión Defensora del Río San Rafael, que forma parte del Movimiento Ríos Vivos, presentó una nota al Poder Ejecutivo, dirigida directamente al presidente de la república Luis Guillermo Solís, donde se solicitó que no se otorgue la conveniencia nacional al proyecto.

Según Melvin Solís, representante de la Comisión Defensora del Río San Rafael, el presidente Solís: “se comprometió ante quienes entregaron la nota, que durante su mandato no iba a haber conveniencia nacional para este proyecto”. Sin embargo, estando en periodo pre electoral, esta decisión del ejecutivo sería incierta en el 2018. Para Melvin Solís “es una clara amenaza; hay partidos y hay candidatos a la presidencia que ya dijeron ‘vamos para adelante con este tipo de proyectos’. Por eso estamos corriendo para lograr acuerdos importantes con esta administración y que el proyecto quede enterrado antes de que llegue alguien más a dirigir el país”, dijo.

En la Dirección de Aguas del MINAE, el expediente de concesión de aguas del proyecto está en proceso de estudio. Un Informe Técnico emitido el 19 de julio del 2017 por el Ingeniero Francisco Vargas, de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur, fue favorable para otorgar la concesión, argumentando que las 950 oposiciones que interpusieron vecinos y vecinas de las comunidades afectadas, no tienen fundamento técnico. Este informe indica que las afectaciones ambientales y sociales del PH San Rafael ya fueron tomadas en cuenta por la SETENA al aprobar la tan cuestionada viabilidad ambiental (que recordemos que se aprobó tan sólo un día después de presentado el estudio sociológico). Ahora le corresponde al MINAE tomar la decisión de otorgar o no la concesión de aguas a este proyecto.

Con respecto a la Municipalidad del cantón de Pérez Zeledón, el 8 de enero del 2016 se presentó a la SETENA un acuerdo del Concejo Municipal, indicando que no se otorgarían permisos municipales, ni certificados de uso de suelo a ninguna construcción del PH San Rafael, en el deslizamiento Zapotal, Quebrada Mollejones y en toda la extensión del río San Rafael, por las condiciones de riesgo en el terreno. No obstante, la anterior alcaldesa de Pérez Zeledón, Vera Violeta Corrales, firmó los permisos de uso de suelo, sin criterio técnico y pasando por encima del acuerdo del concejo. Extrañamente, la misma Comisión Nacional de Emergencias (CNE) desmintió que hubiera riesgo en la zona.

Por eso, actualmente el Movimiento Ríos Vivos está solicitando a las y los regidores de las distintas fracciones, que retomen el acuerdo de no otorgación de permisos al PH San Rafael y que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan Regulador del cantón.

También se está exigiendo que se anulen los permisos de uso de suelo otorgados por la ex-alcaldesa de forma irregular, mediante un juicio que se desarrolla ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si se logran anular estos permisos de uso de suelo, se anularía también la viabilidad ambiental del proyecto otorgada por SETENA.

Movimiento Ros Vivos2

Finalmente, Ríos Vivos ha gestionado reuniones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que se emita una declaratoria de las cuencas de la zona como fuentes prioritarias para consumo humano y así garantizar a futuro el derecho humano al agua de las comunidades del Sur de Costa Rica. Para Geovanny Arias, del Movimiento Ríos Vivos, “esto va para largo. Vamos a empezar a hacer cadenas y alianzas, y eso es lo que pretendemos. Esto apenas empieza y ahí estamos, humildemente en la lucha”, expresó.

Los grupos de poder de la institucionalidad costarricense, así como diversos grupos empresariales privados, han propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos como el PH San Rafael, amparados en la excusa de que existe un aumento de la demanda energética y de que es necesario producir más energía para reducir las tarifas y hacerlas más competitivas.

Ambos argumentos han sido refutados por sectores ambientalistas y académicos, ya que los datos demuestran que el país ya tiene cubierta la demanda energética. Por lo tanto, este tipo de generación de energía está estrechamente ligada al interés privado de ampliar la oferta exportable a partir de la venta de energía en el Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica (MER).

Muchos ríos de Costa Rica hoy son sitios de sacrificio que están atravesados, no por uno, sino por varios proyectos hidroeléctricos. Esto ha reducido los caudales de forma tan significativa y abrupta que, en muchos casos, los daños ambientales son irreversibles. La zona norte de Costa Rica ha visto sus ríos desaparecer con el avance de las hidroeléctricas y piñeras, que hoy amenazan también a los ríos vivos del Sur.

Para el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, la defensa del Río San Rafael trasciende el nivel local y convoca a muchos sectores a nivel nacional e internacional, alrededor de la defensa la naturaleza, los ríos y del derecho humano al agua de todas y todos.

Más información: https://www.facebook.com/riosvivosmovimiento/

 

1 Comunicadora popular y facilitadora de procesos en la Asociación Voces Nuestras

movimiento rios vivos

Apoyo Movimiento Rios Vivos

Enviado por la autora.

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Declaran improcedente demanda que buscaba dejar sin efecto matriz del SENARA para protección de acuíferos

  • Resolución del 8 de agosto del 2017 del Tribunal Contencioso Administrativo
  • Declarada “improcedente” demanda de la Municipalidad de San José, la UCCAEP, la Cámara de la Construcción, CANARA, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, y otros, contra el SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento)

 

Los demandantes solicitaron la nulidad absoluta del acuerdo del SENARA del año 2014 en que se declara de acatamiento obligatorio y general, la “Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”.

Dicha “matriz” es un instrumento fundamental que, por resolución anterior de la Sala Constitucional, derivó en un procedimiento utilizado por el Estado para determinar el tipo de protección que ha de darse a los importantes acuíferos subterráneos del país, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar en donde se encuentren.

Aunque el Ministro de Ambiente Édgar Gutiérrez Espeleta no se apersonó en el proceso judicial, llamó la atención el hecho de que su Director de Aguas del Minae, y el que fuere su Secretario General de la Setena, José Miguel Zeledón y Freddy Bolaños, respectivamente, hubieren participado como testigos por la parte demandante. Es decir, altos funcionarios del MINAE participaron contra el SENARA, en un juicio de trascendental importancia para la protección de las decenas de acuíferos subterráneos que todos los costarricenses deberíamos resguardar.

VOTO Nº 70-2017-IV

 

Freddy Pacheco León

Testigo por parte del SENARA

frepaleon@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por Freddy Pacheco León.

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Cámaras de empresarios pierden juicio contra SENARA

  • Juicio contra instrumento de protección de aguas subterráneas

 

El pasado 8 de agosto el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta nos notificó de la resolución 70-2017-IV donde se nos hace saber, que la pretensión de la Cámara de la Construcción ante ese tribunal, para que se anulara la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico, instrumento de protección de las aguas subterráneas del país creado por SENARA, fue declarada sin lugar.

Apoyando la pretensión de los constructores, se presentaron en el proceso más de una decena de cámaras de empresarios, además de la Municipalidad de San José y Grecia, que les choca que SENARA haya emitido un instrumento de aplicación en todo el país que establece recomendaciones en relación con las densidades de población y coberturas de los terrenos a efecto de mitigar el impacto negativo en las aguas subterráneas que pueden tener algunas actividades humanas. A las cámaras y acólitos municipales les molesta que las recomendaciones del SENARA sean obligatorias de seguir por los tomadores de decisiones cuando decidan sobre el ordenamiento territorial.

La pretensión de las cámaras de empresarios es uno más de los intentos que se han dado a través de muchos años, para que SENARA no emita recomendaciones que protegen el recurso hídrico, y que quede en manos de ellos y en instituciones como municipalidades el decidir aspectos de cobertura o densidad poblacional, lo que conllevaría un atentado contra el agua, en tanto no pocas veces las municipalidades han demostrado poco interés en la protección de ese recurso y más bien se han puesto al servicio de los desarrolladores constructivos.

Otro ejemplo de los intereses que existen para eliminar la oficina de protección del recurso hídrico subterráneo del SENARA, se da a través de los varios proyectos de ley del recurso hídrico que se han presentado a la Asamblea Legislativa, en cuenta el mal llamado de iniciativa popular, que pretende trasladar las competencias técnicas que tiene SENARA en materia de aguas subterráneas, a una oficina dependiente del MINAE, ente donde su jerarca toma decisiones no pocas veces con criterio político y no técnico.

Llama la atención que uno de los testigos ofrecidos por las cámaras en el juicio contra la Matriz, fue un funcionario del MINAE, nada menos que el director del Departamento de Aguas.

En CONCEVERDE única organización del país que participó por medio de uno de sus integrantes en el juicio como coadyuvante pasivo a favor de SENARA y su instrumento de protección del recurso hídrico, nos sentimos complacidos con la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo e instamos a luchar por la protección del recurso más importante que podemos tener los seres vivos, como es el agua.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de ecoportal.net.

Enviado por CONCEVERDE.

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Juicio contra SENARA

  • Cámaras de Empresarios atacan instrumento para la protección del recurso hídrico

 

Por varios años los empresarios han presionado para que deje de existir la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico; sus intentos han fracasado ya que este instrumento elaborado por SENARA, ha contado con la “bendición” de la Sala Cuarta que en varias de sus resoluciones, ha señalado que su aplicación es obligatoria en todo el país. No contentos, en octubre del 2015 la Cámara de la Construcción presenta una demanda contra SENARA en el Tribunal Contencioso Administrativo para que se anule el instrumento de protección del recurso hídrico subterráneo. Apoyando ante el Tribunal Contencioso el argumento de la Cámara de la Construcción, se presenta en calidad de coadyuvantes, la Municipalidad de San José, de Poás, la Asociación de Cámara de la Construcción, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Textil Costarricense, Cámara Costarricense de Hoteles, Asociación Cámara Nacional de Radio, Cámara de Transporte de Carga, Asociación de Desarrollo Inmobiliario, Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara Costarricense de Hoteles, Colegio de Ingenieros y Arquitectos, etc. La acción de los empresarios o sus representantes ante el Contencioso, tiene como propósito dejar sin efecto la Matriz que es un instrumento técnico que tiene como fin proteger el recurso hídrico, sobre todo subterráneo, de las actividades humanas por medio de la aplicación de una serie de criterios del uso del suelo apropiado en función de la vulnerabilidad hidrogeológica y la actividad productiva. Pareciera que la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico es un estorbo para cómo quieren llevar a cabo los empresarios sus actividades, por lo que quieren eliminar ese instrumento de protección, aun cuando esto signifique poner en peligro el recurso hídrico de los costarricenses.

No es la primera vez que se atacan los criterios técnicos de la Dirección de Investigación y Gestión del Recurso Hídrico (DIGH) del SENARA tendientes a la protección del recurso hídrico; así por ejemplo varias ciudadanos y organizaciones denunciamos en junio del 2009,que la Junta Directiva del SENARA, había acordado censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de SENARA pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver al MINAET, además acordaron, que no le correspondía definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html)

En el 2011 se volvió a denunciar por varias organizaciones el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, dirigido a concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET. (Léase: http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html).

Las anteriores intentos y otros que se han dado contra SENARA, sobre todo contra la oficina que está encargada de la protección del recurso hídrico subterráneo, como es la DIGH, se vio frenado por la Sala Constitucional y la misma Contraloría de la República, que se pronunciaron a favor de la Matriz de Uso del Suelo y de la independencia de la DIGH a la hora de emitir sus recomendaciones y criterios. No conformes con lo que ha decidido la Sala Constitucional y la Contraloría, los intentos de los empresarios para anular los criterios técnicos del SENARA continúan, como es con la demanda para anular la Matriz de Uso del Suelo, cuyo juicio iniciará este jueves 29 de junio a las 8:30 a.m. en el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicochea. Esperamos que otra vez los afanes de los empresarios sean frenados y que los jueces decidan a favor del recurso hídrico de los costarricenses.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por CONCEVERDE.

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La piña deja huellas amargas en Costa Rica

Comunicado

  • Los impactos ambientales y laborales de las piñeras no se pueden ocultar
  • Es urgente la intervención del gobierno para obligar al cumplimiento de la legislación nacional e internacional

 

Las comunidades que alojan plantaciones piñeras en Costa Rica, muchas en las zonas más pobres del país, conviven diariamente con riesgos de contaminación del agua y aire, pérdida de bosques y biodiversidad, erosión y cambios en el uso del suelo, y graves afectaciones a la salud de la población y a la producción ganadera por la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans.

Los trabajadores de las plantaciones piñeras tienen suerte cuando les pagan el salario mínimo por jornadas extenuantes bajo el sol y por arriesgar su salud al exponerse a agroquímicos reconocidos como altamente tóxicos. Cuando tratan de organizarse en sindicatos para defender sus derechos, son perseguidos y corren el riesgo de perder sus inestables empleos.

Esas realidades han salido a la luz en la prensa nacional recientemente, a raíz de la investigación que realizó Oxfam Alemania en nuestro país en el marco de su campaña “Hacer la fruta justa”. En su última visita en octubre, esa organización internacional denunció que la situación en Costa Rica no ha mejorado desde su primera visita en 2008, al contrario la expansión del cultivo de piña ha llevado sus impactos a más comunidades costarricenses.

Sin embargo CANAPEP, la CNAA y COMEX dicen que estas denuncias son falsas. No quieren reconocer la responsabilidad de la producción piñera en la contaminación de acuíferos en Siquirres (Cairo, Milano y La Francia), que hace años limita el derecho humano de acceso al agua potable de miles de familias. Tampoco en la contaminación del acuífero de Veracruz en Pital, San Carlos, donde este año se encontraron en el agua rastros de bromacil, un herbicida altamente tóxico utilizado en las fincas piñeras que rodean el acuífero. No quieren reconocer las malas condiciones laborales que sufren los trabajadores de las piñeras, ni la persecución sindical que enfrentan cuando se organizan de forma independiente para defender sus derechos.

El sector piñero se niega a reconocer lo que viven a diario las comunidades cercanas a sus fincas y los trabajadores que sostienen su producción. Le quitan importancia a la preocupación que llevó al Consejo Municipal de Los Chiles a decretar una moratoria a la expansión del cultivo de piña, que sin embargo fue contradecida por la Sala IV. Si un gobierno local no puede ejercer sus potestades para organizar el territorio y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a su población, ¿quién nos ampara?

Por lo tanto:

  1. Celebramos la visita de Oxfam Alemania a Costa Rica, porque nos ayuda a llamar la atención sobre esas realidades que enfrentamos todos los días, y que no deberían preocupar a las autoridades nacionales solamente cuando trascienden las fronteras.
  2. Rechazamos las declaraciones irresponsables del Ministro de Comercio Exterior, que prefiere defender los poderosos intereses económicos de compañías inescrupulosas antes que el interés nacional y los derechos humanos de las comunidades afectadas, tal como lo hiciera también Oscar Arias con la minería en Crucitas.
  3. Exigimos el respeto a la legislación nacional e internacional en temas laborales y ambientales, especialmente el reconocimiento en las fincas piñeras de la libertad sindical, que es el mejor mecanismo para que los trabajadores puedan defender sus derechos y denunciar las irregularidades sin temor a persecución o despidos.
  4. Seguiremos denunciando estas situaciones en alianza con los movimientos de consumidores y consumidoras conscientes, que quieren conocer las condiciones en que se produce la piña en Costa Rica y que están dispuestos a usar su poder de compra para mejorar esas condiciones.

 

Acueducto de Milano, Siquirres

Alianza de Redes Ambientales, ARA

Alianza Nacional en Defensa del Agua, ANDA

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

Coeco-Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Comité de Ganaderos de Los Chiles

Federación Ecologista Costarricense, FECON

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, FRENASAPP

Fundación Bandera Ecológica

Fundación Neotrópica

Red Centromericana de Acción del Agua, FANCA

Unión de Asociaciones para el Desarrollo Sostenible de Upala, UNADESU

Unión Nacional de Trabajadores/as, UNT

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por ARCA.

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Cámaras de Empresarios atacan instrumento técnico de SENARA

De nuevo, arremeten contra SENARA; está vez son los empresarios reunidos en varias cámaras y colegios profesionales, como la Asociación de Cámara de la Construcción, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Textil Costarricense, Cámara Costarricense de Hoteles, y otras 7 más, que denuncian ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a SENARA por haber promulgado la Matriz de Criterios de Uso del Suelo.

La acción de los empresarios ante el Contencioso, tiene como propósito, dejar sin efecto la Matriz, que es un instrumento técnico que tiene como fin proteger el recurso hídrico, sobre todo subterráneo, de actividades humanas por medio de la aplicación de una serie de criterios del uso del suelo apropiado en función de la vulnerabilidad hidrogeológica y la actividad productiva; esta matriz, es un estorbo para los empresarios de la construcción, que no quieren ver limitada su actividad, aun cuando en algunos casos puede significar un deterioro del principal recurso que tenemos los costarricenses, como es el agua.

No es la primera vez que se arremete contra los criterios técnicos de la Dirección de Investigación y Gestión del Recurso Hídrico (DIGH) del SENARA; así por ejemplo varios ciudadanos y organizaciones denunciaron en junio del 2009, que la Junta del SENARA, había acordado limitar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de SENARA pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver al MINAET, además acordaron, que no le correspondía definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html). También en el 2011, se volvió a denunciar el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, dirigido a concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET. (Véase: http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html).

Los anteriores intentos y otros que se han dado contra SENARA, sobre todo contra la oficina que está encargada de la protección del recurso hídrico subterráneo, como es la DIGH, se vio frenado por la Sala Constitucional y la misma Contraloría de la República, que se pronunciaron a favor de la independencia de la DIGH a la hora de emitir sus recomendaciones y criterios. No conformes con lo que ha decidido la Sala Constitucional y la Contraloría, los intentos del poder económico siguen, uno es a través de la nueva Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico (Ley de aguas) que traslada las potestades que hoy tiene la DIGH a un órgano dependiente del MINAE, donde el jerarca de ese órgano será de libre remoción de ministro de turno, o sea se porta “bien” o lo despiden.

Pero la más reciente acometida contra la DIGH, es la que se denuncia al inicio de la presente nota, una acción contra la Matriz de Uso del Suelo del SENARA, conocida bajo el expediente 15-008626-1027-CA, interpuesta por la Asociación de la Cámara de la Construcción, donde comparecen apoyando la acción de esa Cámara, unas diez cámaras, como la de Hoteles, Industrias, Transporte de Carga, Textiles, entre otras.

Es necesarios que los ciudadanos a títulos personal o a nombre de sus organizaciones, coadyuven a favor del SENARA en la acción interpuesta por los empresarios, como lo ha hecho la red YARCA y CONCEVERDE, que han presentado sus coadyuvancias a favor de mantener la Matriz de Criterios de Uso del Suelo.

Ver coadyuvancia de YARCA a favor de la Matriz en el siguiente enlace:

YARCA COADYUVANCIA A FAVOR MATRIZ USO SUELO

 

Enviado a SURCOS Digital por CONCEVERDE.

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