Etiqueta: viabilidad ambiental

Goicoechea dice no a la combustión química o incineración de residuos sólidos

Escrito en 23/09/2020. Publicado en Madre Tierra.

El Concejo Municipal se manifestó mediante un acuerdo en contra de la aprobación de permisos sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos en San José de acuerdo al criterio emitido por la Dirección de Gestión Ambiental de este municipio (MG-AG-DGA261-2020, adjunto).

El criterio de la Dirección de Gestión Ambiental “considera que este tipo de tratamiento de residuos (incineración), no contempla el principio de jerarquización, incluido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839). Por otra parte, existen importantes vacíos en relación a los costos finales, que esta iniciativa podría traerle a futuro a nuestra Municipalidad, en el caso de que participemos en ella”.

Con esta declaratoria serían ya dos las municipalidades metropolitanas que le cierran el camino a esta cuestionada tecnología.

El Consejo municipal de Belén acordó en junio pasado oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración en los límites del cantón de Belén, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores.

Dentro de los considerandos que la municipalidad de Belén expuso señalan: “El país tiene el plan de ser un país descarbonizado al año 2050. Mediante el Decreto Ejecutivo 41561 se oficializó el Plan Nacional de Descarbonización. Dicho plan establece una reducción muy significativa de las emisiones del país que afectan el cambio climático, lo que se contrapone con una planta de incineración, que más bien aumenta las emisiones a la atmósfera y promueve el cambio climático.”

Camino cuesta arriba

La presidencia del ICE Irene Cañas aseguró que no van a facilitar ningún terreno para hacer la incineradora (o cualquier tipo de combustión química) de residuos que busque generar electricidad producto de la actividad puesto que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad; no es del interés del Instituto Costarricense de Electricidad este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable (oficio 0060-300-2020, adjunta).

Mientras la presidenta ejecutiva del IFAM Marcela Guerrero indicó: “La posición de IFAM en concordancia con la posición del Gobierno estableció avanzar en materia de gestión integral de residuos en todas aquellas actividades que tengan por naturaleza menores impactos. No solo disminuyendo los gases de efecto invernadero y cuidando la salud de las personas a través de la calidad del aire. Además, se deben generar condiciones para que las actividades que se desarrollen se apeguen al plan de descarbonización y que generen empleos de calidad bajo la lógica de la economía circular. La Incineración evidentemente no es una actividad acorde con las aspiraciones del gobierno de trabajar la gestión integral de residuos”.

Informes del Dr. Ronald Arrita tel. 8355 8133.

0060-300-2020-ACOTEL-Respuesta-FEMETROMDescarga

SE_16-2020-17-08-20-iNCINERACIÓN-1Descarga

7.-SM-1796-2020-1Descarga

Información enviada a SURCOS por Fabián Pacheco.

Nuevo gobierno, viejos piñeros

Escrito en 08/05/2018. Publicado en Madre Tierra.

Henry Picado Cerdas (*)

Las condiciones están dadas para que continúe la impunidad del delito ambiental piñero
A un año de grandes movilizaciones contra la expansión las promesas del gobierno no se cumplieron
Un 74% de las fincas piñeras con Viabilidad Ambiental nunca han sido inspeccionadas

FECON- 7 de mayo 2019.- El mandato de Carlos Alvarado Quesada comienza con dos desafíos importantes en materia agroambiental. Uno es reconocer la poca o nula discusión en la campaña electoral sobre la expansión del monocultivo de la piña para evitar un verdadero diálogo nacional sobre este tema. El otro desafío es sacudirse del continuismo de la inacción que deja la administración anterior con respecto al delito ambiental orquestado por el sector piñero.

Estamos pronto de cumplir un año de que Mariana Paniagua y Jorge Castro salieron desde Pavón de los Chiles rubo a Casa Presidencial en San José, una travesía de 180 Kilómetros para denunciar la situación que viven miles de personas campesinas en muchas partes del país: la expansión descontrolada del monocultivo (Fecon, 18-5-2017). Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria se desplegó en el Centro de San José para solicitar la revocación del permiso otorgado a la empresa Del Monte para la siembra de 500 hectáreas de piña en la inmediaciones del Humedal Terraba-Sierpe y sobre sitios de importancia arqueológica donde se albergan esferas de piedra precolombinas (Semanario Universidad,16-5-2017).

A la llegada de Paniagua y Castro a San José, bajo un fuerte aguacero, su primera acción fue ir directamente hacia Casa Presidencial, dónde el mismo Luis Guillermo Solís le atendió con simulado interés, para que al día siguiente lo volvieran a recibir un grupo de asesores presidenciales -entre ellas Paola Vega, actual diputada- con actitud altanera y con el objetivo de llevar a mal puerto cualquier petición de esta pareja de pequeños ganaderos de los Chiles. Pese a la desidia del gobierno, Castro y Paniagaua le entregaron el 23 de mayo de 2017 al gobierno de Luis Guillermo Solís un pliego petitorio que se tradujo en una serie de acuerdos. Entre los que se encontraban:

Primer acuerdo: “que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.”

Segundo acuerdo: “se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.”

Tercer acuerdo: “El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a ese apoyo.

Cuarto acuerdo: “Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el cantón de Los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.” (Voces Nuestras, 25-5-2017)

Este acuerdo fue firmado por María Elena López (como Ministra de Salud en ese momento), Edgar Gutiérrez (como Ministro de Ambiente), Sergio Alfaro (como Ministro de la Presidencia) y Luis Felipe Arauz (como Ministro de Agricultura). Estos puntos jamás fueron cumplidos y no se realizaron las acciones que se prometieron por parte del gobierno a Paniagua y Castro. Sobra decir que la expansión piñera continua y la impunidad por parte de los empresarios piñeros es la moneda de cambio con la que le paga el Estado a quienes denuncian este desastre. Mientras tanto Paniagua y Castro tuvieron que abandonar su finca al ser totalmente rodeados por un lado de piña y por otro de la inacción del Estado (Voces Nuestras 31-1-2018).

Un año después, el gabinete de la nueva Administración Alvarado Quesada se enfrenta a este reto mayúsculo en materia ambiental. El fenómeno del impacto generalizado en casi todo el país del monocultivo de la piña que su predecesor, Luis Guillermo Solís, no fue capaz de atender. Lejos de eso se prevé un continuismo en el tema lo cual una agudizaría más esta crisis.

La lectura que las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Sectores Afectador por la Producción Piñera (FRENASAPP) hacen de esta coyuntura particular con respecto a este monocultivo no ve un panorama muy alentador. Así se analizó en la última reunión del FRENASAPP (Kioscos Ambientales, 22-4-2018) el pasado 19 de abril en San José. Las comunidades y organizaciones concluyen que Carlos Alvarado Quesada no parece diferenciarse mucho de la Administración Solís-Rivera en términos de abordaje de este conflicto socio-ambiental.

El escenario pos-elecciones:

En el ámbito de comercio exterior este nuevo gobierno trae una perspectiva de abrirse a nuevos mercados, pese a que no quiere firmar nuevos tratados de libre comercio, pero si profundizar la agenda neoliberal.

En este sentido hay que mencionar que las plantaciones de piña ha crecido de un 4% a un 7% por año, esto serían de 2.500 a 4.000 hectáreas que se suman al término de 12 meses. Al mismo tiempo los ingresos de los piñeros crecen al mismo ritmo, es decir alrededor de un 8% anual (Centroamérica Data, 27-4-2018). Esto confirma que la expansión sigue existiendo pese los esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) y del gobierno de negar el fenómeno de expansión.

Preocupa además la impunidad que puede llegar a tener las empresas piñeras que por ejemplo, se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos más de 1.112 hectáreas de este cultivo dentro de Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado; el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (Fecon, 12-2-2018). Empresas que siguen funcionando en la actualidad en total impunidad.

En otro sentido la reforma a la normativa ambiental impulsada por la administración Solís-Rivera deja portillos preocupantes por medio de los cuales la expansión piñera puede continuar. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de reforma del Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental que sigue el espíritu de desregularizar los controles e incrementar los umbrales ambientales para “facilitar el comercio y la competitividad” (Fecon, 7-3-2018). El Ministerio de Ambiente de la administración Solís-Rivera creó una propuesta inspirada en las ideas de Jorge Woodbridge (ministro de competitividad de Oscar Arias Sánchez) en la cual reduce los requisitos para la instalación de monocultivos. Es así como plantaciones de menos de 25 hectáreas no tendrían que presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto abriría un portillo muy peligroso que incentivaría aún más la expansión piñera.

En este mismo sentido un informe de agosto de 2017 por parte de la comisión interna de SETENA titulado “Casos de plantaciones de piña – análisis de expedientes 2016-2017” revela que de los 27 expedientes sobre permisos de plantaciones piñeras el 74% de estos no tienen seguimiento alguno, ni inspecciones, es decir de sólo 7 piñeras fueron visitadas, mientras las otras 20 fincas no tienen seguimiento alguno. Hay que mencionar que sólo existen cuatro inspectores para realizar las visitas de las piñeras de todo el país.

Este mismo informe, rendido al MINAE por parte de la misma Setena, revela que un 22% de las piñeras con Viabilidad Ambiental registran alguna denuncia o infracción registrada en los tribunales de justicia. Lo que nos da indicios de que la falta de cumplimiento de los inspectores de Setena abona los casos de impunidad de los delitos ambientales del sector piñero.

Por otro lado, el Gobierno Solís-Rivera firmó tres reglamentos sobre plaguicidas que fomentan la entrada al país de agroquímicos sin necesidad de presentar estudios previos, con el argumento de modernizar los plaguicidas que se utilizan actualmente e introducir nuevas moléculas. Nos referimos a un reglamento que permite no realizarse las evaluaciones ecotoxicológicas a los plaguicidas en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N° 40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (Decreto N°39995). Esto lo único que hace es allanar el camino para los intereses del agronegocio.

Este Gobierno de Unidad Nacional tiene una gran responsabilidad entre manos. Es necesario tomar acciones en torno a la expansión de los monocultivos. De no hacerlo estaría refrendando de forma irresponsable la inacción del gobierno Solís-Rivera en materia agroambiental condenando a cientos de comunidades a tomar agua envenenada, a ser víctimas de la explotación laboral y a ver como su ganado pierde hasta un kilo por día por culpa de la mosca de la fruta.

(*) Presidente, Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), teléfono 87609800

Foto: Marcha contra la expansión piñera. 15 mayo 2017. Foto: Semanario Universidad.

Enviado por FECON.

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Presentan recursos ante Tribunal Ambiental y SETENA contra obras en acueducto de Sardinal

Escrito en 13/12/2017. Publicado en Agua, Derechos.

Mediante dos recursos de amparo presentados ante el Tribunal Ambiental y SETENA, se solicita la nulidad de la resolución que otorga viabilidad ambiental al proyecto de obras en acueducto de Sardinal, esto por aparentes irregularidades.

Denuncia TAA – Sardinal_JSQ

(Sardinal) SETENA_Nulidad

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/

Enviado por Mauricio Álvarez.

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Continuará presión para archivar el PH San Rafael

Escrito en 25/08/2017. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Génesis Santiago R.Cruz (1)

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael podría ser archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido y corre el riesgo de que se anule su viabilidad ambiental y los permisos de uso de suelo otorgados por una funcionaria municipal de forma irregular. Mientras tanto, el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica presiona para que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan regulador del cantón.

El Estado costarricense parece apostar cada vez más por la apertura y liberalización de la generación de energía eléctrica. Esto ha propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos, tanto públicos como privados, sin la debida planificación y evaluación de sus impactos. Además, el otorgamiento de permisos y los procesos de consulta a las comunidades han detonado cuestionamientos y oposición por parte de diversos sectores sociales de todo el país.

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, presentado por la empresa Grupo H Solís, obtuvo viabilidad ambiental el 27 de octubre del 2016. Este proyecto pretende represar el Río San Rafael, que se ubica en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. En teoría, este permiso significa que es posible desarrollar el proyecto sin generar un costo social y ambiental mayor a los beneficios que produciría en la comunidad.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el ente que otorga las viabilidades ambientales, tomando en cuenta “supuestos” criterios técnicos. No obstante, ha sido cuestionada en muchísimas ocasiones por sectores académicos y ambientalistas, que han denunciado que actúa movida por influencias políticas y económicas, más que por criterios técnicos.

En el caso del PH San Rafael, los cuestionamientos a la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA no se hicieron esperar. El trámite del expediente de este proyecto fluyó con inusitada rapidez: el estudio sociológico se realizó en menos de un mes y la viabilidad ambiental fue otorgada al día siguiente de haberse presentado dicho estudio. Esto levantó sospechas entre vecinas y vecinos de la zona, ya que este tipo de estudios demoran varios meses e incluso años para ser aprobados para proyectos similares.

Por eso, varios comités defensores de los ríos de las comunidades de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Coto Brus, aglutinados en el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, han unido esfuerzos para detener el avance del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael.

Si bien la viabilidad ambiental de SETENA es uno de los requisitos más importantes para que este proyecto tenga luz verde e inicie las obras de construcción, hay otros permisos y trámites pendientes que, afortunadamente, han obstaculizado la construcción de esta hidroeléctrica.

Aún están pendientes de aprobar: la concesión de aguas de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); los permisos municipales que están en proceso de juicio por haberse otorgado de forma irregular; y la declaratoria de conveniencia nacional, que debe emitir el Poder Ejecutivo.

Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) debía dar la concesión para la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica; es decir, el permiso para que el proyecto pueda vender la energía que produzca. Afortunadamente, la ARESEP emitió un dictamen negativo en relación al proyecto el 1ero de agosto de 2017, debido precisamente a que el PH San Rafael no tiene, a la fecha, la concesión de aguas del MINAE aprobada.

Ahora la empresa deberá presentar una solicitud de prórroga del tiempo para la gestión de sus permisos, lo que dichosamente atrasará la aprobación de este proyecto. Si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no renueva en octubre dicha solicitud de prórroga al proyecto, el PH San Rafael sería archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido.

Como parte de los esfuerzos para frenar el avance de este proyecto, la Comisión Defensora del Río San Rafael, que forma parte del Movimiento Ríos Vivos, presentó una nota al Poder Ejecutivo, dirigida directamente al presidente de la república Luis Guillermo Solís, donde se solicitó que no se otorgue la conveniencia nacional al proyecto.

Según Melvin Solís, representante de la Comisión Defensora del Río San Rafael, el presidente Solís: “se comprometió ante quienes entregaron la nota, que durante su mandato no iba a haber conveniencia nacional para este proyecto”. Sin embargo, estando en periodo pre electoral, esta decisión del ejecutivo sería incierta en el 2018. Para Melvin Solís “es una clara amenaza; hay partidos y hay candidatos a la presidencia que ya dijeron ‘vamos para adelante con este tipo de proyectos’. Por eso estamos corriendo para lograr acuerdos importantes con esta administración y que el proyecto quede enterrado antes de que llegue alguien más a dirigir el país”, dijo.

En la Dirección de Aguas del MINAE, el expediente de concesión de aguas del proyecto está en proceso de estudio. Un Informe Técnico emitido el 19 de julio del 2017 por el Ingeniero Francisco Vargas, de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur, fue favorable para otorgar la concesión, argumentando que las 950 oposiciones que interpusieron vecinos y vecinas de las comunidades afectadas, no tienen fundamento técnico. Este informe indica que las afectaciones ambientales y sociales del PH San Rafael ya fueron tomadas en cuenta por la SETENA al aprobar la tan cuestionada viabilidad ambiental (que recordemos que se aprobó tan sólo un día después de presentado el estudio sociológico). Ahora le corresponde al MINAE tomar la decisión de otorgar o no la concesión de aguas a este proyecto.

Con respecto a la Municipalidad del cantón de Pérez Zeledón, el 8 de enero del 2016 se presentó a la SETENA un acuerdo del Concejo Municipal, indicando que no se otorgarían permisos municipales, ni certificados de uso de suelo a ninguna construcción del PH San Rafael, en el deslizamiento Zapotal, Quebrada Mollejones y en toda la extensión del río San Rafael, por las condiciones de riesgo en el terreno. No obstante, la anterior alcaldesa de Pérez Zeledón, Vera Violeta Corrales, firmó los permisos de uso de suelo, sin criterio técnico y pasando por encima del acuerdo del concejo. Extrañamente, la misma Comisión Nacional de Emergencias (CNE) desmintió que hubiera riesgo en la zona.

Por eso, actualmente el Movimiento Ríos Vivos está solicitando a las y los regidores de las distintas fracciones, que retomen el acuerdo de no otorgación de permisos al PH San Rafael y que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan Regulador del cantón.

También se está exigiendo que se anulen los permisos de uso de suelo otorgados por la ex-alcaldesa de forma irregular, mediante un juicio que se desarrolla ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si se logran anular estos permisos de uso de suelo, se anularía también la viabilidad ambiental del proyecto otorgada por SETENA.

Finalmente, Ríos Vivos ha gestionado reuniones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que se emita una declaratoria de las cuencas de la zona como fuentes prioritarias para consumo humano y así garantizar a futuro el derecho humano al agua de las comunidades del Sur de Costa Rica. Para Geovanny Arias, del Movimiento Ríos Vivos, “esto va para largo. Vamos a empezar a hacer cadenas y alianzas, y eso es lo que pretendemos. Esto apenas empieza y ahí estamos, humildemente en la lucha”, expresó.

Los grupos de poder de la institucionalidad costarricense, así como diversos grupos empresariales privados, han propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos como el PH San Rafael, amparados en la excusa de que existe un aumento de la demanda energética y de que es necesario producir más energía para reducir las tarifas y hacerlas más competitivas.

Ambos argumentos han sido refutados por sectores ambientalistas y académicos, ya que los datos demuestran que el país ya tiene cubierta la demanda energética. Por lo tanto, este tipo de generación de energía está estrechamente ligada al interés privado de ampliar la oferta exportable a partir de la venta de energía en el Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica (MER).

Muchos ríos de Costa Rica hoy son sitios de sacrificio que están atravesados, no por uno, sino por varios proyectos hidroeléctricos. Esto ha reducido los caudales de forma tan significativa y abrupta que, en muchos casos, los daños ambientales son irreversibles. La zona norte de Costa Rica ha visto sus ríos desaparecer con el avance de las hidroeléctricas y piñeras, que hoy amenazan también a los ríos vivos del Sur.

Para el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, la defensa del Río San Rafael trasciende el nivel local y convoca a muchos sectores a nivel nacional e internacional, alrededor de la defensa la naturaleza, los ríos y del derecho humano al agua de todas y todos.

Más información: https://www.facebook.com/riosvivosmovimiento/

1 Comunicadora popular y facilitadora de procesos en la Asociación Voces Nuestras

Enviado por la autora.

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FECON: Investigación de la UCR en la Zona Norte evidencia expansión piñera descontrolada y sus impactos socioambientales

Escrito en 23/06/2017. Publicado en Madre Tierra.

Solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en el cantón de los Chiles
Entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces

La investigación surgió de un proyecto de Acción Social que es parte del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Dicho proyecto trabaja con comunidades en la Zona Norte-norte desde el año 2009.

El estudio incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte incluyendo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. En la investigación se evidencia la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen hay plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Por otra parte, hay evidencia de que cerca de veinte fincas dedicadas a la producción de piña se localizan dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER. A este respecto el Estudio plantea la hipótesis de que la expansión de esa actividad en los últimos años –principalmente en el cantón de Los Chiles- fue posible a partir del alquiler de tierras, con al menos tres consecuencias: “i) los propietarios de las parcelas pasaron a ser asalariados, ii) hubo desplazamiento –interno o externo- de familias, y iii) el suelo se degradó por efecto del alto uso de agroquímicos, al punto que, si estas tierras volvieran a manos de sus propietarios, posiblemente no serán aptas para la producción agropecuaria.”

Investigación completa: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/022/Ambiente/Valverde_Ketal_2016.pdf

Enviado por Presidencia FECON.

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Piñera en Osa no es viable y proyecto debe rechazarse

Escrito en 20/05/2017. Publicado en Madre Tierra.

SETENA, empresa y consultores cometieron errores, omisiones y negligencias
Piden nulidad a viabilidad ambiental, sanciones administrativas y penales a los responsables

Ecologistas solicitan establecer los procesos administrativos y penales correspondientes a los funcionarios de la SETENA que hayan incumplido con la ley al otorgar la viabilidad ambiental al polémico mega-proyecto de 500 hectáreas de cultivo intensivo de piña que ha desatado un conflicto socio-ambiental.

En un extenso recurso de nulidad los ecologistas evidencian un claro favorecimiento al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes y que podrían provocar daños ambientales irreversibles.

El recurso fue interpuesto por representantes de diversos sectores entre ellos el ecologista, académico, campesino, mujeres rurales, estudiantes que consideran que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental mediante un puntaje, debió haberse reflejado que era necesario un estudio de impacto ambiental en el tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas protegidas por ley (art. 32, Ley orgánica del ambiente) al estar dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa.

Este formulario es una declaración jurada que advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información falsa se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones administrativas y penales a los responsables.

Así la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su nulidad por los siguientes puntos:

Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.
Bajo la finca existe un acuífero y el el mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
A pesar de todo lo anterior la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.
El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, de la Marina Papagayo en el 2004.
El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales así como institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad.

A solicitud de FECON el especialista en gestión ambiental Dr. Allan Astorga Gättgens realizó una sistemática y detallada revisión del expediente técnico y administrativo (18758 – 2016 SETENA), que consta de 534 folios y que sustenta la solicitud de nulidad firmada por personas asistentes a la manifestación del 15 de mayo pasado.

Informes: Allan Astorga tel. 8826 8551 o Mauricio Álvarez tel.887019165

Ver nulidad. http://www.bloqueverde.com/NulidadDelMonteOsa.pdf

Ver revisión del expediente técnico y administrativo:

http://www.bloqueverde.com/analisisAstorgapinaOsa.pdf

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.i-ambiente.es

Enviado a SURCOS por Presidencia FECON.

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No más piñeras en zona Sur: manifestación el lunes 15 de mayo a las 10 am frente al Museo Nacional

Escrito en 10/05/2017. Publicado en Madre Tierra.

3000 mil nuevas hectáreas de cultivo de piña afectarían patrimonio arqueológico y Humedal Térraba Sierpe
Sospechan que fincas se destinarían a la siembra de piña transgénica

Personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas se manifestarán el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la expansión piñera, frente al Museo Nacional y llegando a MINAE donde se presentará una solicitud de nulidad a la viabilidad ambiental otorgada por SETENA para la siembra de piña en Osa (FECON, 21-4-2017).

En la marcha participarán representantes de comunidades del Caribe, Zona Norte, Puntarenas y otras comunidades afectadas organizadas en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAP).

El detonante para esta manifestación ha sido el Proyecto Finca Palmar Sur de la multinacional piñera Del Monte – Pindeco al cual SETENA le dio viabilidad ambiental en menos de 20 días y recibió un trato semejante al que sigue cualquier familia costarricense cuando decide construir una casa. El monocultivo se desarrollaría a menos de 500 metros de la plaza de Palmar Sur, lo cual pone en riesgo la salud de la población por los niveles de tóxicos y agroquímicos que se utilizarían en este tipo de cultivo.

La Finca de Palmar se encuentra a menos de 5 kilómetros del núcleo del Humedal Térraba-Sierpe (HNTS) lo representa amenaza de contaminación por agroquímicos. Esta preocupación se fundamenta en un estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia en el Humedal de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra piña ni caña de azúcar, los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas son transportadas muchos kilómetros arriba por los sedimentos y el agua del río Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.

Además, dentro del área de la finca a sembrar hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia patrimonial. Esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió a protección esta zona como Sitio Ramsar, específicamente el Delta del Diquís, conocido como el Humedal Térraba – Sierpe. En junio del 2014, la declaratoria de esta área como Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esto significa que cualquier actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de actividades productivas en zonas aledañas al humedal, a los sitios arqueológicos y al paisaje para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.

Las organizaciones manifestantes presentarán ante la UNESCO una solicitud para que evalúe el impacto que este proyecto tendría en el sitio arqueológico. Además, personas ecologistas y campesinas aprovecharán la jornada presentar una acción de inconstitucionalidad contra uno de los decretos de reglamento de agroquímicos aprobado por el Gobierno a inicio de año.

Este proyecto está incluido dentro de la evaluación arqueológica realizada por PINDECO para otros dos proyectos en Potrero Grande de Buenos Aires, uno es la Finca Los Ángeles Superior de unas 1200 hectáreas donde PINDECO determinó la presencia al menos 12 yacimientos arqueológicos pero no se descarta la existencia de otros yacimientos. El otro proyecto es Finca Los Ángeles Inferior, de unas 1000 hectáreas y se determinó la presencia al menos de cinco yacimientos arqueológicos. (ver Licitación 02- 2017 GOP Servicios Profesionales Consultoría y Evaluación Arqueológica, Del Monte).

¿Piña transgénica? La Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado discute en este momento la aprobación de un protocolo para la exportación de piña genéticamente alterada (transgénica) llamada «Piña Rose»(Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011). Esta “investigación” fue aprobada por la CTNB para PINDECO en 2011 y ha implicado sembrar este tipo piña en Buenos Aires de Puntarenas bajo un permiso de “siembra semicomercial” y no para el consumo del producto, sin embargo ecologistas tienen fuertes sospechas que los proyectos en cuestión sean para el cultivo expansivo de este tipo de piña.

Quienes convocan a la marcha del 15 de mayo consideran que el MINAE y Museo Nacional deben accionar procesos legalmente establecidos para realizar una evaluación ambiental estratégica en la cuenca del Térraba-Sierpe y no facilitar la destrucción de sitios de importancia mundial, el cultivo estaría a menos de 2 kilómetros del sitio principal conocido como el Museo de las Esferas.

Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800 o Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165

Licitacion 02-2017 Servicios y Consultoria Arqueologica (2)

Imagen de portada con fines ilustrativos.

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FECON denuncia el mayor retroceso en participación ciudadana de Costa Rica

Escrito en 18/02/2017. Publicado en Derechos.

Es la Sala Constitucional la que tiene como fin, entre otros, garantizar la supremacía de los derechos y libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. Pero de la Sala IV ¿quién nos ampara?

Recientemente la Sala IV rechazó un recurso de amparo que interpuso el Comité de Defensa del Agua de Sardinal por la falta de fiscalización social en los estudios técnicos para viabilidad socio ambiental del proyecto de Acueducto El Coco – Ocotal. Con este fallo de la Sala IV, Voto 1163 del pasado 27 de enero de 2017, se produjo el más peligroso retroceso de jurisprudencia socio ambiental al degradar al nivel constitucional el estatus de derecho humano a la participación en asuntos ambientales.

El coordinador de la maestría en derecho ambiental de la UCR, Mario Peña Chacón, considera que “probablemente sea la primera vez que la Sala Constitucional elimina el estatus de derecho fundamental a un derecho previamente reconocido y ampliamente desarrollado».

Álvaro Sagot, profesor de derecho ambiental y ecologista, considera que este voto es “una regresión ambiental, evidente y manifiesta, del derecho humano a la participación en asuntos ambientales. Con este reciente y peligroso Voto Constitucional, los magistrados eliminan la relevancia de rango de derecho fundamental al derecho de participación, y para mí en banda el de información también, rompiendo con la línea jurisprudencial que tenía desde hace 15 años y con lo dispuesto en declaraciones internacionales como Río 92 entre otras”.

Para FECON este voto es el peor retroceso de la Sala IV en materia socio ambiental desde su creación, pues convierte las declaraciones internacionales en la práctica en “letra muerta” al considerar el tema de la participación como un tema de legalidad y no de constitucionalidad. La principal consecuencia del fallo es que la participación ya no sería más objeto de tutela desde la jurisdicción constitucional, debiendo acudirse a partir de ahora directamente a la jurisdicción ordinaria (en este caso la contenciosa administrativa) para hacer valer este derecho de rango «legal».

Para FECON es inaceptable pues hay que tomar en cuenta que la jurisdicción contenciosa administrativa, a diferencia de la constitucional, implica para la ciudadanía altos costos monetarios entre otros, requiere de patrocinio letrado mediante la participación de un abogado durante todo el proceso y además, existe la posibilidad de condena en costas personales procesales para la parte perdedora. Esto lo que haría en la práctica es dejar cientos de casos de disputas ambientales en las vías de hecho aumentando la conflictividad socio ambiental en el país.

El presidente de FECON Mauricio Álvarez se preguntó: “¿Quién nos ampara de la sala? ¿Quién nos ampara de las injusticas de la justicia cuando estamos en presencia de una resolución totalmente política y no técnica? La Sala acomoda la constitución y los convenios internacionales a un modelo económico e ideológico y no lo contrario, como lo hizo con la reelección presidencial, el TLC, etc”.

Los ecologistas valoran acciones a tomar, pues el fallo además contradice ampliamente el artículo 9 de la Constitución que dispone que “el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Además, llama la atención de que la Sala y el Estado cierran las vías constitucionales a muchos de conflictos socio ambientales, que sus mismas acciones, omisiones y políticas crean dejando las vías de hecho como legítimas para cambiar políticas, acciones administrativas y decisiones que afectan al ambiente y limitan la existencia de otras visiones de desarrollo posible para las comunidades, país y el mundo.

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

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Rechazado proyecto de incineración en Alajuela

Escrito en 22/12/2016. Publicado en Madre Tierra.

Segundo proyecto archivado por SETENA

La Resolución Nº 2201-2016-SETENA rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Proyecto de Residuos Sólidos en La Garita de Alajuela analizado bajo el expediente administrativo Nº 9279-2012-SETENA.

Con base en unos 81 incumplimientos del EIA la SETENA ordenó el archivo y negó la viabilidad ambiental a la transnacional de la incineración Wastelectric S.A que pretendía instalar una planta en contiguo la Zona Franca en La Garita de Alajuela.

Entre las decenas de omisiones del proyecto la SETENA señala que no se presenta un adecuado Plan de Manejo de aguas residuales y pluviales sin el recibido por parte de la Municipalidad de Alajuela. Falta permisos y diseños de la planta de tratamiento y no se analiza que sucede con las aguas residuales generadas propiamente por la actividad. Con relación a la dotación de agua no existe claridad sobre la manera en que se suplirá la demanda de agua del proyecto.

Una de las preocupaciones de las comunidades son las cenizas toxicas que generan estos proyectos SETENA asegura que “con relación a la disposición final de desechos, no se indica el tipo de desechos que serán producidos, almacenamiento, manejo, transporte, tratamiento y disposición final. Relacionado con los desechos líquidos generados, no se indica la cantidad y calidad estimada que se generará. Tampoco se explica cómo serán tratados”.

Uno de los puntos de mayor discordia de estas tecnologías son las emisiones de gases perjudiciales para el ambiente como dióxido de carbono y para la salud como las dioxinas, furanos, policiclos aromáticos, los cuales son cancerígenos. En lo referente a las emisiones según SETENA: “no se explica con cual normativa se comparará o medirá, considerando que en Costa Rica no hay legislación en este campo. Tampoco se indica la normativa legal costarricense existente aplicable a este tipo de actividad, normas a cumplir, sistema de medición”.

En relación con el tema de percepción local no se explicó la metodología empleada para definir la muestra de la población a consultar. Tampoco se señala la percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto sobre dicha infraestructura.

Entre otros vacíos importantes es la falta el Análisis Costo – Beneficio del proyecto, que permita conocer la conveniencia socioeconómica del proyecto, ni estudio de impacto vial, no se respondieron inquietudes formuladas por la sociedad civil.

La compañía no pudo ampliar y evacuar observaciones de: Instituto Meteorológico Nacional, Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Turismo, Comisión Arqueológica Nacional, Universidad de Costa Rica, Dirección de Protección al Ambiente Humano, del Ministerio de Salud, La Defensoría de los Habitantes, Colegio de Biólogos de Costa Rica, Dirección de Cambio Climático, Municipalidad de Alajuela, Vice ministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y Colegio de Químicos de Costa Rica.

Dos ejemplos, el Colegio de Geólogos de Costa Rica señala que existe una fragmentación en los temas de geología e hidrogeología, que el apartado de geología es muy pobre por lo que debe ser ampliado, se debe realizar un inventario de pozos y captaciones que existan en los alrededores y analizar la posible influencia del proyecto en la calidad y cantidad de agua. Se debe analizar con más detalle el posible riesgo de contaminación del agua subterránea y aguas superficiales. Mientras El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), específicamente se señala que el estudio hidrogeológico presentado no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el SENARA.

Segundo proyecto archivado

En el caso del proyecto de Barranca en 2013, tras meses de protestas, manifestaciones y acciones legales, los vecinos lograron que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) archivara el proyecto denominado “Puntarenas Waste Energy” (ver más ).

La Sala Constitucional acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Desarrollo Residencial Ciudad Cariari (ASOCARIARI), con apoyo de Msc. Alvaro Sagot y Dr. Allan Astorga, contra el reglamento que habilita la incineración de residuos (Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE del 15 de junio de 2015 ).

En SETENA se están evaluando proyectos de incineración, en Carrillo tramitado por Coopeguanacaste y Grupo Hoskinson, en León Cortes de Agropecuaria Setenta Cuarenta y Ocho y uno más en La Uruca a nombre de empresa Proactiva Colombia. S.A y en Cañas, Tilarán y Bagaces por la Bioenergía Tica subsidiaria de Urban Partners Ltd.

Ver resolución completa de SETENA: https://www.setena.go.cr/wp-content/Doc/RESOLUCIONES%20COMISION%20PLENARIA/2016/RES-2201-2016.pdf

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Exmagistrada «pro minería» ahora representa Tajo Asunción

Escrito en 15/05/2015. Publicado en Madre Tierra.

Continúa medida cautelar que detiene las obras

Ex magistrada asesora al gobierno y lo representa en Fundación

En audiencia del Tribunal Contencioso Administrativo (11 -5-15), para definir si se mantiene o se elimina la medida cautelar que impide la operación del Tajo Asunción, destacó la presencia de la exmagistrada Ana Cristina Calzada quien es ahora la representante judicial de la empresa minera.

La exmagistrada «pro minera» se mantuvo en silencio durante la sesión y sólo gesticuló cuando el otro abogado de la minera aceptó la debilidad de la Viabilidad Ambiental al declarar que si fuera necesario hacer los puentes sobre el Río Banano para cruzar el material ellos lo harían.

Nos preguntamos si no existe algún impedimento para que un ex magistrado litigue siendo ahora asesora del gobierno en materia de libertad de expresión y representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la Fundación de Parques Nacionales, pues nos parece impropio que por el cargo ostentado lo haga y además se presente ante jueces que posiblemente pudieran haber sido subalternos, amigos, conocidos y que implique presión sobre su gestión.

Nos preguntamos si su nuevo trabajo y el nombramientos en el Ejecutivo no tuvo que ver con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, donde el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de AyA y sin mayor problema le facilitan la apertura a la mina no metálica más grande de todo el Caribe costarricense.

No es cualquier mina ni cualquier magistrada. El ex diputado Claudio Monge y ecologistas han señalado que gracias a la ausencia de los exmagistrados Paulino Mora, quien falleció, y de Ana Virginia Calzada, por jubilación, la Sala Constitucional rechazó – por unanimidad- una acción interpuesta por la empresa minera Infinito Gold en el histórico caso «Crucitas» que buscaba cuestionar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). En aquel momento Monge dijo que podía deberse su ausencia y declaró: “siempre pensé que protegían a Óscar y Rodrigo Arias” (Semanario Universidad, 26-6-2013).

Esta acción de inconstitucionalidad impugnaba “la jurisprudencia de la Sala Primera y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre cosa juzgada material de las sentencias de la Sala Constitucional.” La acción fue presentada en noviembre del 2011 y fue rechazada de plano en octubre del 2013, ya que no cumplía con un requisito básico propio de este tipo de casos, que es estar relacionado con un proceso judicial o un procedimiento administrativo cuya discusión se encuentre aún abierta.

Dos años de estudio de la acción de inconstitucional puso en evidencia la posición de Calzada como presidenta del tribunal en las notas de sus votos de sentencias donde insistía en que las resoluciones de la instancia, aún cuando se declaren sin lugar, se convierten en “cosa juzgada”. (Semanario Universidad, 16-5-2012).Además, en aquel momento hubo una división de criterios sumamente marcada y retrasos para que fueran los magistrados propietarios quienes resolvieran finalmente, en ausencia de estos otros dos magistrados, la decisión que rechazó la acción fue por unanimidad.

Mora y Calzada habían mostrado cierta simpatía hacia Industrias Infinito, según la percepción del abogado Alvaro Sagot, que participó en el caso desde los primeros recursos de amparo (Semanario Universidad, 26-6-2013).

Esa complicidad y simpatía por la empresa quedó en evidencia en Setiembre de 2009 en la visita judicial de Sala IV a la mina en Crucitas. Ambos magistrados legitimaron una serie de anomalías con los opositores a las minas, exdiputados que recibieron malos tratos y discriminaciones que nos colocaron en absoluta desventaja para realizar dicha diligencia legal. Durante la vista, los Magistrados solo visitaron los sitios que la mina les mostró, nunca escucharon a los demandantes, ni a los vecinos y vecinas de la comunidad que les intentaban mostrar los desastres ocasionados (Semanario Universidad, 16 -9-2009).

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