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Etiqueta: Violencia de Género

¡Digamos no al fundamentalismo religioso!

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La Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia de Costa Rica presenta el siguiente mensaje:

-¿Para dónde irá esa gente?

-Va para la Iglesia

-Mmmm que bueno, ¿vos sabes que ahí se aprende a ser mejor persona?

-A veces no…

-¿Por qué lo decís?

-Fijate que una vez entre y el Padre le estaba diciendo a las mujeres: “Recuerde que la biblia dice que deben ser sumisas con sus maridos y que atenderles es una expresión del amor de Dios »-Pero yo no estoy de acuerdo con eso.

-Pues yo tampoco estoy de acuerdo. Es que me parece una barbaridad utilizar la palabra de Dios y aprovecharse de la fe de la gente para justificar el machismo, como si las mujeres no estuviéramos cansadas de tanta desigualdad.

El objetivo de este mensaje es visibilizar cómo el fundamentalismo religioso pretende imponer el acatamiento literal de creencias y preceptos bíblicos sin tomar en cuenta el contexto cultural, la época y la comunidad para los que fueron escritos. El texto bíblico fuera de contexto, sirve de pretexto para perpetuar la violencia de género, el irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad humana.

Adjuntamos el audio:

 

Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera.

Foro Internacional: La violencia mediática

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El derecho de las mujeres a preservar y defender su integridad frente a las formas de abordaje de la prensa en casos de delitos y violencia de género

El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica–THE, por medio de la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación Alberto Cañas-COLPER, consciente de la relevancia sobre la violencia contra las mujeres por razones de género, y el abuso contra sectores vulnerabilizados de la población, aboga por una cobertura con enfoque de género, responsable, respetuosa, ética, mesurada necesaria, suficiente pero nunca sobredimensionada con el dolor y la intimidad de las familias afectadas. El homicidio de una mujer a manos de su victimario, no importa el parentesco, que tenga, es un acto despreciable, de uso desmedido de la fuerza, de irrespeto por la vida humana que no puede justificarse y por lo tanto, los medios de comunicación, hemos de contribuir a frenar los discursos, prácticas, eventos, prejuicios, ideologías y narrativas que la promuevan.

Por esta razón, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-THE, en conjunción con los profesionales afiliados al Sindicato Nacional de Periodistas, la Secretaría del Consejo de Género del Sindicato afiliado a la FEPALC, a la Federación Internacional de Periodistas y a la Secretaria del Consejo de Género de la FIP, el Ideario Costa Rica Bicentenaria Dialogo Nacional de la Universidad Nacional (UNA) en el Eje Transformación del Estado en el tema Mujer y Política, El Programa de Política de Igualdad y Equidad de Género-PIEG-UNA, el Instituto Nacional de la Mujer-INAMU, reconocen la imperiosa necesidad de contribuir al mejoramiento y tratamiento de la información en los espacios de opinión y noticias sobre el tema de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres por razones de género.

En este sentido, el THE–COLPER llevó a cabo (Presencialidad Remota-Zoom) el miércoles 25 de noviembre de 2020, el Foro Internacional: “La Violencia mediática: el derecho de las mujeres a preservar y defender su integridad frente a las formas de abordaje de la prensa en casos de delitos y violencia de Género”.

El evento realizado en el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” tuvo como objetivo aportar elementos conceptuales y metodológicos en el tratamiento informativo de los delitos y violencia de género en Costa Rica. De esta manera, coadyuvar a sensibilizar a los y las comunicadoras que trabajan como profesionales en medios informativos y vocerías, para reflexionar sobre la forma como son referenciados los delitos contra las mujeres en razón de su género, y contribuir a erradicar los prejuicios y estereotipos, en las representaciones sociales como propuesta para romper el círculo de la violencia cultural, social y mediática.

En la apertura del Foro Internacional el Master Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, resaltó que espacios de comunicación como el Foro sobre la Violencia mediática, en cuanto al derecho de las mujeres a preservar y defender su integridad, frente a formas de abordaje de la prensa en casos de delitos y violencia de género”, se constituyen en espacios formativos para sensibilizar, concientizar, profundizar y mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer, asimismo, fomentar e impulsar la cobertura de información, bajo responsabilidad de los profesionales como de los medios de comunicación, respetando los estándares éticos, hacia la construcción de pensamientos y generación de opiniones objetivas y equilibradas: “La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, por ello, es importante la creación de consciencia colectiva sobre este tema que está presente en nuestra cotidianidad. Nuestro deber es actuar en lo que esté a nuestro alcance, para que en Costa Rica se respete el derecho a la identidad, a la imagen, integridad, honra y dignidad de las mujeres”.

En este Foro, la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, Master Patricia Mora Castellanos, hizo un vehemente llamado a las mujeres a alzar la voz contra el machismo y exigirle a la sociedad en su conjunto y al Estado en particular que cuide de la seguridad de las niñas y mujeres y que exija justicia pronta y cumplida ante cualquier acto de agresión a alguna de ellas.

El Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, Lic Belisario Solano Solano, ex viceministro de Gobernación y Policía, reafirmó que para la Junta Directiva y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, es central el abordaje de los temas sobre la violencia contra las mujeres: “Esta jornada es muy rica en el conocimiento, en la llamada de atención, en la necesidad de que tengamos que asumir a partir de hoy una actitud coherente, consistente, sistemática para poder cambiar esta cultura de violencia estructural y mediática que afecta a las mujeres en Costa Rica y el mundo”.

El Presidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, P.h.D. (c) Efrain Cavallini Acuña, expresó que el Foro Internacional, busca llamar la atención hacia la urgencia de propiciar una cultura libre de discriminación y marginación de género, de parte de los medios informativos y de los profesionales del periodismo y de la comunicación social. Por ello, agradeció a las expositoras por compartir sus saberes, por abrir encuentros e interacciones, con el fin de contribuir con la justicia social, el desarrollo humano sostenible e innovar en la producción y la promoción del conocimiento mediante la incorporación de los aportes realizados desde los estudios de género, para alcanzar la transformación de las condiciones que generan inequidad.

En calidad de Presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas-Bruselas-Bélgica- la Licda. María Ángeles Samperio, solicitó a las organizaciones de periodistas a proporcionar apoyo a las personas que son amenazadas. En esta línea manifestó que la Federación está solicitando que se ratifica el convenio número 190 de la Organización Internacional de Trabajo-OIT- sobre el acoso en los centros de trabajo: “Creemos que es muy completo y facilita las herramientas para poner fin al acoso y para que las demandas de las personas que lo padecen especialmente las mujeres sean consideradas y tengan consecuencias para los acosadores. Las empresas por su parte tampoco deben perder de vista su responsabilidad de proteger a los periodistas de sus plantillas, porque difícilmente podrán ejercer su labor profesional si se sienten amenazados. Precisamente una de las tareas que no debemos olvidar es la de visibilizar a las periodistas que han sido acosadas y amenazadas. Debemos apoyarlas para cuenten su historia, denuncien y puedan seguir con su trabajo sin miedo a las presiones”.

El Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas, ha sido consistente en la estrategia de luchar contra la violencia de género, por ello, solicitan la ayuda de todas las organizaciones que forman parte de la Federación, para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres y poder enfrentar la batalla de la inequidad en conjunto con otros países: “ Somos precisamente las personas periodistas que podemos reclamarles a nuestro gobiernos que sean más activos en la defensa de la igualdad y la erradicación de violencia de género. Si contamos con buenas leyes nacionales será más fácil la lucha”.

La Master Carmen Ulate Rodríguez, Académica, Coordinadora del Eje de Igualdad de Género del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional y directora del Programa de Política de igualdad y equidad de género de la Universidad Nacional-. PIEG-UNA, hizo referencia a las diversas convenciones internacionales que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, comentó que las mujeres en esta sociedad patriarcal se encuentran en posiciones desiguales de poder en relación con los hombres, relegadas a un lugar de subordinación respecto a ellos. Esta desigualdad de poder crea un rango que favorece la agresión y protege al agresor: “…Es este desbalance de poder lo que permite y facilita el aprendizaje y la práctica de la violencia de los hombres hacia las mujeres” (Carcedo, 2001:4). Acotó Ulate que los demás argumentos que se han esgrimido para justificar la violencia de género se constituyen en simples mitos que pretenden ocultar la realidad, creando confusión e impidiendo su comprensión, con la finalidad de obstaculizar el adecuado enfrentamiento del problema. Es decir, es la relación de poder desigual entre los géneros lo que genera la agresión, está presente en la estructura de la sociedad y es un fenómeno cotidiano, se da en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.

La académica afirmó que los modelos tradicionales de aprendizaje en las diferentes disciplinas (derecho, piscología, periodismo), consideran que: el contexto social se valora irrelevante o insignificante-incluidas las relaciones familiares-, y se culpa a la madre de la mayoría de los problemas exhibidos por los hijos. Las teorías tradicionales… son casi totalmente ineptas para reconocer los efectos socioculturales tales como el sexismo, la discriminación, la ciudadanía de segunda clase. La violencia y la devaluación sistemática, como elementos que tienen impacto directo y determinante sobre la salud mental de las mujeres. La madre es responsable de todos los problemas de los hijos/as y recae sobre ella la responsabilidad de realizar los cambios necesarios. Los terapistas (entre otros profesionales) tanto hombres como mujeres, han introyectado los valores culturales patriarcales, exhibiéndolos, aplicándolos y reforzándolos en la sicoterapia (y otras prácticas profesionales) (Sharratt: 1988, 72,76)

En el Foro Internacional celebrado el 25 de noviembre de 2020, Ulate resaltó al público participante por medio de la presencialidad remota, que la ideología patriarcal permea y se transmite de generación en generación por medio de la educación, la familia, las iglesias, los medios de comunicación, el Derecho y el Estado. Para la mayoría de las personas incluyendo profesionales de las diversas disciplinas, las diferencias entre hombres y mujeres está sustentada en supuestos teóricos esencialistas, en donde la naturaleza y Dios lo han determinado de esa manera, quiere decir que son personas que están lejanas de entender lo histórico y la construcción social de los géneros: “Es importante tomar en cuenta que a pesar de que en Costa Rica existen leyes contra la violencia hacia las mujeres por razones de género no basta trabajar en el contenido de las leyes; hay que incidir en sus mecanismos, en las instancias asociadas a su aplicación, y en la actividad y comportamiento de la gente respecto a ellas. Nos acercaremos a su erradicación cuando el problema de la violencia hacia las mujeres sea una preocupación y responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y se le identifique abiertamente como un comportamiento abusivo anclado al poder y a la violencia, que puede y debe ser eliminado. (García y Bedolla, 1989; González, 1989, citadas por García y Bedolla, 1993: 47).

La comunicadora Master Thais Aguilar Zúñiga, en su disertación: “Palabras de cambio para nuevos paradigmas de comunicación”, resaltó que los periodistas contribuyen a determinar los temas que interesan a las audiencias, porque la noticia es un acto subjetivo, ya que estos informadores deciden qué es lo importante: “En la comunicación mediática la figura del agresor suele ser minimizada y el foco se centra en la víctima, en su apariencia, su manera de vestir y se da una invasión en su privacidad. Contrario a esto, lo adecuado sería que se centre en como la sociedad ha manejado la información sobre la violencia de parte de los hombres y revisar los comportamientos sociales de acuerdo con el sexo”.

Aguilar, presentó algunas recomendaciones para mejorar la cobertura de las noticias:

  • Resguardar la identidad de las sobrevivientes de violencia.
  • Dar la palabra a las personas afectadas únicamente cuando estas lo aprueben. Identificar al agresor con claridad en su comportamiento más que en su identidad.
  • Mejorar la cobertura es fundamental para la erradicación de las conductas sociales que fomentan la violencia.
  • Buscar y visibilizar historias de superación personal de violencia.
  • Dar seguimiento a las noticias y reconocer que la violencia es un problema social que trasciende las clases sociales y los niveles educativos.

“Tensiones entre los medios de comunicación y los derechos humanos de las mujeres”, fuel el título de la exposición a cargo de la Dra. Marcela Arroyave Sandino, Abogada del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) especialista en Derechos Humanos y género, quien hizo énfasis en que los medios de comunicación son instituciones educadoras y el que el ejercicio de la libertad de expresión si bien es esencial, puede llegar a violentar otros derechos fundamentales si se utiliza de manera inadecuada, lo que provoca tensión, por ello, para reducir esta tensión y respetar los derechos humanos, se debe trabajar en eliminar contenidos sexistas donde se presenta la imagen estereotipada de la mujer: “ Es responsabilidad del Estado tomar las medidas necesarias para evitar que los medios de comunicación reproduzcan una imagen de la mujer desigual y estereotipada. Se debe exhortar a los medios a reconocer su responsabilidad de generar valores igualitarios e inclusivos. Es importante resaltar que los medios tienen las posibilidades de realizar estos cambios eliminando la violencia mediática, de modo que puedan evitar las imágenes que directa o indirectamente promueven la explotación de mujeres o que atenten contra su imagen”.

“Comunicación sin sexismo”, fue el tema explorado por la Magister Andrea Cuenca Botey, Coordinadora e investigadora de la Cátedra de Ciencias Sociales en la Universidad Estatal a Distancia (UNED, a quien le preocupa la inexistencia de un trato equitativo entre hombres y mujeres en los medios informativos y plataformas mediáticas. Dado que el lenguaje sexista se encuentra tanto en espacios formales como informales, se hace prioritario transversalizar el género, para cambiar la naturalización de la violencia en la comunicación positiva y equilibrada, ya que muchas veces dicho uso es inadecuado y es justificado desde la práctica comunicativa del mercadeo o la publicidad.

La expositora indicó que desde el Observatorio de Género y medios Centroamericano al que ella pertenece, se busca abrir espacios de encuentro y diálogo entre la ciudadanía, los medios de comunicación, las industrias culturales, las empresas de publicidad y profesionales de la comunicación, para aportar a la construcción de la ética periodística y publicitaria, partiendo de los valores universales de los Derechos Humanos y reducir la brecha de la violencia de género, en especial la violencia simbólica que se ejerce a través de los medios de comunicación: “Los resultados de los monitoreos realizados son negativos para la mujer, dado que pocas veces las mujeres aparecen como expertas en temas de políticas, pero, si en temas de índole social y muy pocas veces se menciona la ocupación de las mujeres, por el contrario se identifican como niñas, personas, joven o estudiantes”.

Cuenca Botey, convocó a los medios de comunicación y a las personas periodistas a utilizar el género universal, no utilizar significados sexistas donde las mujeres se subestiman o minimizan, practicar el uso del lenguaje incluyente y de imágenes no sexistas e incorporar voces de mujeres en temas de deportes, economía y política:“ La audiencia debe reconocer de manera crítica y reflexiva en cada video, imagen o publicidad sexista; los tipos de violencia, estereotipos y estigmas sobre las mujeres y descubrir la manera de cómo son camufladas las risas, los montajes cómicos y ofensivos en los mensajes, para descalificar el papel de la mujer con estereotipos indeseables”.

“El derecho a la comunicación, un derecho de todos y todas”, fue el tema desarrollado por la Master Adriana Naranjo, Antropóloga Comunicadora Ux Designer, para quien Costa Rica se enorgullece de la libertad de expresión, sin embargo, la sociedad tiene un concepto limitado de este derecho, además de una visión conveniente para los medios de comunicación quienes no aceptan regulaciones en ese aspecto: “ En el país no hay democratización de los medios porque no hay medios comunitarios e independientes, por el contrario, la comunicación es dominado por unas pocas empresas para su lucro y beneficio y no hay diversidad de opiniones; lo cual crea un discurso uniforme y reproduce discursos machistas y material sexista”.

“Hay un lucro privado de un bien que es público (espectro radioeléctrico), un lucro privado por sobre los derechos humanos”, indicó Naranjo, quien dejó claro que a diferencia de lo que se ha dicho, sí se necesita una ley nueva para que se democratice la comunicación, que contemple protocolos, regulación y elimine los vacíos legales que se encuentran actualmente. Esto es necesario porque los medios evidencian en todas sus formas de comunicación las relaciones de poder del sistema patriarcal. Es lamentable la contradicción existente entre el accionar de las instituciones a favor de la inclusión de las mujeres y las acciones sexistas de los medios de comunicación agregó la Antropóloga y señaló que es inaceptable que hasta ahora no haya un protocolo para los medios de comunicación, que estipule como informar contemplando la integración humana, sin justificar las agresiones y culpabilizar a las víctimas: “ Los Gobiernos han tomado una postura basada en que no se puede luchar contra los medios…, el punto más allá de la lucha, es la necesidad de herramientas de sensibilización, así como la educación mediática de la población en general”.

ENLACE: Foro completo
https://www.facebook.com/104524877983409/videos/675489976449001

 

Por:
Efrain Cavallini Acuña-Académico UNA
Valery Brais Chaves. Ideario Diálogo Nacional UNA

Foro: El derecho de las mujeres frente al abordaje de la prensa en casos de delitos y violencia de género

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Ideario Costa Rica Bicentenaria Diàlogo Nacional, la Universidad Nacional, el Tribunal de Honor y Ètica-Colegio de Periodistas de Costa Rica. Invitan al foro: » La violencia mediàtica: el derecho de las mujeres a preservar y defender su integridad frente a las formas de abordaje de la prensa en casos de delitos y violencia de gènero»

Se realizará también la presentación del Protocolo de Prensa para el Abordaje y Tratamiento Informativo de la Violencia de Género contra las Mujeres y Sectores Vulnerables. Dìa: Miércoles 25 de noviembre de 2020. Hora: 10 am Facebook Live:  Rectoría Universidad Nacional y  Colegio de Periodistas de Costa Rica

 

Enviado a SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

16 días de activismo contra violencia de género

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  • Del 25 de noviembre al 10 de diciembre 

Durante los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre se estará celebrando 16 días de activismo contra la violencia de género y por la promoción de los derechos humanos.

 

Imagen de portada ilustrativa.

Recolecta de firmas contra proyecto que modificaría régimen de pensión alimentaria

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Carta sobre pensiones

Estimadas compañeras:

Necesitamos su apoyo. Les pasamos esta carta para que la puedan firmar dada la gravedad del asunto. Esta carta fue redactada por la activista Leda Castillo de Poder Ciudadano.

Pueden leer el texto aquí:

San José, 12 de noviembre, 2020

Señoras y señores
Diputadas y diputados
Asamblea Legislativa
Costa Rica

Estimadas señoras diputadas, estimados señores diputados:

Como representantes de la sociedad civil organizada, les expresamos nuestra preocupación con respecto al proyecto de ley 21.702 el cual está por dictaminarse en la Comisión de Niñez y Adolescencia y al que se opusieron tanto el Inamu como la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.

Con respecto al proyecto de ley 21.702 “Reforma al artículo 171 del Código de Familia, para “TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN ALIMENTARIA”, quienes conformamos las organizaciones de mujeres, manifestamos lo siguiente:

Este proyecto de ley fue sometido a consulta hace aproximadamente un año, mediante el expediente 21.206 y fue objeto de total repudio entre las mismas autoridades judiciales como de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, como organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres, exponemos algunas de las razones.

La pretensión es que la autoridad judicial pueda solicitar a quien administra ese dinero, cuentas sobre los gastos en caso de dudas sobre la administración correcta de la cuota alimentaria, lo cual “se solicitará únicamente una vez al año, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de su destino.”

Al respecto, se debe tener presente que la persona que administra la Pensión alimentaria, -que por lo general es la madre- la mayor parte del tiempo ni siquiera cuenta con una cuota alimentaria que en verdad cubra todos los rubros que, de acuerdo a lo que establece el artículo 164 del Código de Familia, debe abarcar la Pensión alimentaria. Aunado a lo anterior, ya la legislación vigente obliga a quien tiene la guarda y crianza a justificar los montos de la cuota desde el inicio del proceso.

Adicionalmente, la autoridad judicial casi nunca cuenta con los suficientes elementos de juicio necesarios para determinar una cuota justa en virtud de las malas prácticas en que incurren los padres para ocultar tanto bienes como ingresos o cualquier otro rubro que, de una u otra manera, evidencien o den una idea clara del estatus acostumbrado por las y los menores de edad.

Así, desde el momento en que por algún conflicto familiar se deba entablar un proceso de Pensión alimentaria, a las y los menores se les priva, entre otras cosas, de diversión, actividades extracurriculares, medicina privada para atender asuntos muy específicos que la CCSS no atiende y muchas otras cosas a las que tenía acceso con anterioridad.

Quienes impulsan la reforma al artículo 171 del Código de Familia lo hacen -según ellos- con el fin de que la autoridad judicial, a petición de la persona menor que tenga al menos doce años, del Patronato Nacional de la Infancia, o de la persona alimentante, pueda solicitar a quien administra ese dinero, rendir cuentas respecto de todos aquellos rubros comprendidos en la cuota alimentaria; no obstante, lo que a la larga podrá demostrar esta reforma es que efectivamente las cuotas alimentarias que se establecen no cubren los gastos de las poblaciones menores de edad; sino que más bien limita las condiciones de vida que son necesarias para su desarrollo.

Gran parte de los testimonios de las madres revelan que el derecho a la recreación, a la diversión, a una buena educación, a salud integral y otra serie de derechos se ven violentados en razón del bajo canon que se asigna por Pensión alimentaria.

La idea de que la mujer es quien debe asumir la guarda, crianza y manutención de hijas/os sin que al hombre se le obligue a cumplir con la responsabilidad que debe ser compartida, permanece aún muy arraigada en el pensamiento de la sociedad y es aprovechada por personas o movimientos contrarios al derecho fundamental al alimento para proponer supuestos beneficios, que nunca alcanzan a la niñez como se pretende hacer creer; sino que sólo beneficia a la parte demandada, en su gran mayoría, hombres.

No en vano los organismos internacionales afirman que “la violencia de género acompaña a las mujeres durante toda su vida, como un mecanismo recordatorio del rol de subordinación que el sistema patriarcal espera que asuman (…)”.

Es evidente que no se han tomado en cuenta las verdaderas condiciones de las personas beneficiarias alimentarias así como el reiterado incumplimiento de los obligados. En investigaciones realizadas por la Defensoría de los Habitantes, la misma ha dicho que: “no se debe omitir que durante la tramitación judicial de la pretensión alimentaria, las mujeres asumen automáticamente el soporte económico y de cuido de las personas a su cargo, independientemente de si el obligado alimentario honra o no la deuda”. (Informe final con Recomendaciones, 2011).

Si bien el Estado le debe brindar una protección especial a la niñez, también lo debe hacer con la mujer, lo cual está en entredicho al pretender una rendición de cuentas sobre montos de dinero que muchas veces ni siquiera cubren las necesidades básicas de la persona que se supone sea la beneficiaria.

El Instituto Nacional de las Mujeres señaló en el oficio INAMU PE-0400-08-2019 lo siguiente: “Es necesario que las personas deudoras alimentarias comprendan que la responsabilidad de brindar las condiciones básicas de vida a las personas menores de edad no es una obligación de quien ostente la custodia, sino que forma parte de las responsabilidades familiares del deudor para la protección prioritaria de los derechos de los niños, las niñas y personas adolescentes. (…)”.

Igualdad y no discriminación hacia las Mujeres:

El incumplimiento en la aplicación de las convenciones y tratados internacionales, que son de acatamiento obligatorio para nuestro pais, puesto que ya forman parte de nuestro ordenamiento juridico, tienen como resultado una grave discriminación hacia las mujeres. Costa Rica, como Estado Parte, se comprometió a “adoptar todas las medidas adecuadas, incluidas leyes y medidas especiales temporales para que las mujeres disfrutemos plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Es precisamente en esa línea del Derecho Internacional que se destaca el artículo 1 de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” de las Naciones Unidas, el cual considera que la violencia contra las mujeres es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.

En adición a lo anterior y, citado por la Defensoría de la Mujer, debe tenerse en cuenta que “estadísticamente está demostrado que son las mujeres quienes, en representación de sus hijas e hijos, acuden mayoritariamente en demanda de este derecho: el 79.9% de mujeres actoras o acreedoras en expedientes de pensiones alimentarias vrs. 6.18% en que son hombres actores o acreedores de pensiones alimentarias.

El férreo control que se pretende hacia la mujer es tal que ha causado repudio hasta en las autoridades judiciales. Al respecto, se mencionan las palabras del señor Mauricio Chacón, Juez de Familia, quien manifestó en torno a un proyecto de ley similar:

“Es una forma de tener control de lo que hacen, porque yo, que soy el hombre y que mando, tengo que saber todo lo que hace, pero yo nunca le digo cuántas cervezas me tomo, ni cuánto dinero invierto en mis cosas. Hago con mi plata lo que quiero, pero usted (mujer) me tiene que decir todo”, reprochó.3

A esto agrega: “La doctrina habla de principio de no rendición de cuentas porque la pensión no es un castigo (…). Me da la impresión de que se le quiere dar trámite de regla a aquello que es la excepción y eso me parece perverso”, indicó el juez Mauricio Chacón.”4 (Ver citas 2, 3, y 4).

2https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/pensiones-alimentarias-2/ 3https://actualidadjudicialpj.poder-judicial.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:sera-necesario-justificar como-se-gasta-la-pension-alimentaria-proyecto-de-ley-pretende-que-asi-sea&catid=102&acm=_420

4https://actualidadjudicialpj.poder-judicial.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:sera-necesario-justificar como-se-gasta-la-pension-alimentaria-proyecto-de-ley-pretende-que-asi-sea&catid=102&acm=_420

La normalización de cada vez más tipos de violencia se están consolidando como obstáculos permanentes y su propósito es limitar el ejercicio de los derechos de las mujeres al bienestar, al uso y control de recursos, no así a los hombres, a quienes sí se les ha permitido asumir su obligación alimentaria voluntariamente y es el ejercicio del poder lo que les ha facilitado eludir estas obligaciones tan fácilmente.

Obsérvese que, a través de un proyecto de ley el mandato patriarcal pretende mantener su vigencia discriminatoria partiendo de una norma disfrazada de derecho que solo vendría a reforzar las relaciones de poder así como los estereotipos que más bien deben ser erradicados de toda la legislación.

MARCO NORMATIVO Y DE COMPROMISOS INTERNACIONALES

  1. A) Marco global de compromisos internacionales de derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres

Los compromisos internacionales para los derechos humanos y la igualdad efectiva son dinámicos y se adaptan a la evolución del derecho internacional. Desde el 2017 se acordaron nuevos compromisos internacionales incluyendo las observaciones y las recomendaciones que surgen de las evaluaciones periódicas de la convencionalidad de derechos humanos que implica nuevos retos y desafíos para su implementación estatal1.(1 Proyecto de Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la CEDAW) y que el Estado debe tener presente en toda legislación que se promueva.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

El compromiso con la igualdad efectiva, los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es transversal a la Agenda 2030. Esto significa que en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se definen metas explícitas e implícitas para el logro de la Igualdad y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas (Objetivo 5)

En razón de lo anterior, “se afirma que no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades, el igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos (…) y a la adopción de decisiones a todos los niveles.” En este marco, una de las grandes aspiraciones es (…) “fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el plano nacional. “

“La máxima aspiración es eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los niños6.(6 A/Res/70/1. 2015.)”.

Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional

Este instrumento político-técnico busca cerrar la brecha entre la igualdad de jure y de facto mediante el fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, superando discriminaciones, prejuicios y resistencias.

Uno de los grandes desafíos para alcanzar la igualdad efectiva hacia el 2030 implica superar nudos estructurales vigentes en Latinoamérica como: la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo, la injusta organización social del cuidado y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. (8ONU, CEPAL. Décimo Tercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, p. 13).

La autonomía como base para la igualdad, demanda un nuevo pacto social y de género que cuente con el compromiso de todos los actores sociales, para garantizar su ejercicio pleno con una visión de futuro transformadora, lo cual “implica modificar las características discriminatorias y patriarcales (…) de nuestras sociedades y las políticas públicas”

Nudos estructurales y brechas de desigualdad que persisten en Costa Rica:

Patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y predominio de la cultura del privilegio

El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha sido una lucha histórica cuya principal dificultad se fundamenta en la vigencia del sistema patriarcal, construido a partir de las desigualdades de poder entre mujeres y hombres, que promueve la superioridad de lo masculino y su dominio sobre las niñas, las mujeres y sobre otros hombres que se apartan del modelo masculino convencional.

Combatir los estereotipos de género y la discriminación derivada de este sistema social para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales ha sido una lucha continua y lenta, pero cuyos frutos se han ido materializando a lo largo de los años en el reconocimiento formal e informal de la igualdad como una aspiración de todo Estado democrático.

En los últimos años se constata el resurgimiento de tácticas, discursos y patrones socioculturales discriminatorios (…) que siguen reproduciendo la desigualdad y la violencia. “

“Se han levantado cuestionamientos, en el ámbito nacional e internacional, sobre los objetivos de la igualdad y la perspectiva de género, que intentan generar duda sobre sus impactos en la sociedad y en la vida de los hombres.”

“La lectura de este contexto no debe pasar desapercibida, pues constituye un obstáculo para el avance de los derechos humanos de las mujeres, al limitar o retardar su desarrollo mediante estrategias formales e informales, como por ejemplo, la oposición en espacios de toma de decisiones en ámbitos públicos, o la difusión de mensajes que confunden a la población sobre la pertinencia o no de continuar defendiendo la lucha de las mujeres”. (Sinalevi).

Finalmente, consideramos que la aprobación del proyecto 21.702 “vendría a perpetuar la violencia y discriminación contra las mujeres e incluso contra las personas menores de edad, a quienes se les estaría limitando su bienestar para favorecer la mezquindad de quienes, en la mayoría de los casos, han tenido que ser obligados a brindar el alimento a sus hijos e hijas”. (Criterio Inamu).

Para participar con su firma ingrese AQUÍ:

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Compartido con SURCOS por Carmen Chacón.

Encuentro: Hacia una América Latina libre de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y el Comité de Mujeres de la Subregión Centro América y México, realizará el próximo 11 de noviembre a las 09:00 horas, el Encuentro Subregional virtual “Hacia una América Latina libre de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo”, en el marco del proyecto FORSA que se está implementando en la región.

La actividad, tienen como propósito reflexionar sobre la política de la ISP en materia de violencia y problematizar la nueva normalidad; dar a conocer algunos conceptos sobre género y cuidado, y la lucha por erradicar la violencia de género en un contexto de crisis; debatir sobre las oportunidades y desafíos que representa para los sindicatos de los servicios públicos la ratificación del Convenio 190 de la OIT; y finalmente, compartir experiencias sindicales de las campañas contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que haya experimentado la subregión andina.

Participarán: Verónica Montufar, responsable mundial de la ISP en materia de Género (Ecuador); María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA – Chile); Viviana García, especialista en género y Convenio 190 de la OIT (Argentina); y Nayareth Quevedo, Coordinadora del proyecto FORSA.

Puede seguir la actividad por el Facebook Live que se indica en el afiche.

Violencia de Género en Tiempos de Pandemia

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La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos, OIDH, le invita al Google Meet “Violencia de Género en Tiempos de Pandemia” este próximo 18 de noviembre a las 6 p.m. hora Costa Rica y 7 p.m. hora Panamá.

I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo: resoluciones

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Sindicatos y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos de modo virtual, los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo resuelven:

Resolución Primera: difundir ampliamente la Declaración final del Congreso Mundial de Educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, así como cada uno de sus acuerdos. En ese marco las organizaciones participantes la enviarán a los Ministerios de Educación o sus equivalentes, los medios de comunicación, las centrales sindicales, la UNESCO y los organismos multilaterales el próximo 5 de octubre, como expresión de las resistencias en el día mundial de los y las docentes. Para ello, se traducirá al inglés, portugués y francés.

Los debates del I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo están disponibles en canal de YouTube de Otras Voces en Educación

Comité Organizador
I Congreso Mundial de Educación 2020
En defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo educativo

En el siguiente enlace podrá ver las resoluciones:
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/361270

Declaración final del I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

25, 26 y 27 septiembre 2020

Sindicatos y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo declaramos que:

La pandemia del COVID-19 generó una situación inédita de parálisis global programada, que desnudó las profundas desigualdades del sistema, pero que también se convirtió en una oportunidad para el gran capital en su propósito de avanzar en una redefinición de sus procesos y dinámicas, con elementos de mayor exclusión y dominación. La ola de privatizaciones de los servicios básicos y de interés social ocurridas en las últimas décadas, hizo que los sectores sociales más empobrecidos y la clase trabajadora fueran los más afectados por la crisis de la pandemia.

Tal parálisis se imbricó con la crisis económica del capital que venía eclosionando en una nueva recesión económica mundial. En ese contexto vimos surgir gobiernos neo- conservadores con políticas de corte fascista como el de Trump o Bolsonaro, que con sus políticas negacionistas de los riesgos para la salud del COVID-19 llevaron a miles de seres humanos a los hospitales y a la muerte. Muchos gobiernos, siguiendo el ejemplo de Trump y Bolsonaro, privilegiaron las ganancias por encima de la vida humana. Esto debe ser enfrentando por los pueblos y sus organizaciones sociales y sindicales en el plano de las ideas, la movilización y la organización.

La actual coyuntura mundial es de crisis profunda del sistema capitalista que lo lleva, una vez más, a intentar colocar sobre las espaldas de los y las trabajadores los costes de esta situación.

Con lo que respecta a educación, la pandemia del COVID-19 ha servido de pretexto para avanzar en la agenda neoliberal de sociedad educadora, la cual se concreta con novedosas formas de privatización educativa, asociadas al acceso a la conexión a internet y la posesión de equipos para participar en las clases remotas y virtuales.

El experimento de la virtualidad en casa está siendo usado para colocar una disputa que no existía en febrero de 2020, entre educación presencial en la escuela versus educación virtual en casa. El capitalismo sabe que no puede suprimir de manera impune y rápida las escuelas, pero está creando el imaginario social sobre la obsolescencia de lo escolar. Con ello procura dar entrada a las corporaciones tecnológicas y de contenidos educativos digitales al “mercado educativo”, lo cual va acompañado de una desinversión sostenida en la actualización y formación docente para contextos digitales como el actual.

La propuesta de educación virtual, híbrida y multimodal ha encontrado a millones de niños, niñas y jóvenes sin posibilidades reales de continuar sus estudios. No son ellos, los y las jóvenes y los más chicos(as) quienes están dejando los estudios, es el sistema capitalista quien los está dejando fuera, al romperse el papel igualador de condiciones de aprendizaje asignado a la escuela.

A pesar de ello, la docencia internacional ha asumido por cuenta propia y con el acompañamiento de sus gremios y sindicatos la tarea de actualizarse para enfrentar los actuales desafíos pedagógicos. Los educadores del mundo somos un digno ejemplo del compromiso con la continuidad del derecho a la educación, en condiciones cada vez más adversas, quienes hemos garantizado de manera real el sostenimiento del vínculo pedagógico con los y las estudiantes.

Los/as docentes han sido sometidos al acoso laboral, sobre carga en sus horarios y tareas, encerrados/as en sus casas, resolviendo por su cuenta la continuidad de la actividad educativa. Situación que además, ha incrementado la jornada de trabajo por las tareas de cuidado y sostenimiento del hogar, afectando especialmente a las trabajadoras docentes con hijes menores o adultes mayores a su cargo. Esto lo ha hecho el magisterio mundial con el mínimo o ningún reconocimiento de los gobiernos.

Ello no oculta la emergencia de nuevas formas de privatización, al transferir a las familias, docentes y estudiantes las responsabilidades de los Estados nacionales de garantizar las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la educación. Son ahora las familias, docentes y estudiantes quienes deben comprar o repotenciar computadoras, pagar planes de datos para el acceso a internet e incluso adquirir plataformas privadas para poder dar clases virtuales. Esta privatización está siendo ocultada con una estruendosa cortina de humo comunicacional de los gobiernos algunos de los cuales, incluso, han sostenido un supuesto éxito educativo en la pandemia, con frases oportunistas sobre la vocación docente.

Algunos gobiernos de manera irresponsable han intentado convocar a una vuelta a clases en medio del ascenso de los contagios, sin que aún se cuente con una vacuna y sin las adecuadas condiciones de bio seguridad, cuestión que expresa con claridad que sus mayores preocupaciones están en reactivar la economía capitalista en crisis, a costa de la seguridad y vida de les niñes, familias y les trabajadores de la educación, exponiendo a la inmunización por rebaño.

Mientras el capital hoy defiende la escuela como guardería y sitio para transmitir conocimientos funcionales al modo de producción, nosotros defendemos la escuela del pensamiento crítico, de la solidaridad, del encuentro humano, del vínculo con la transformación social.

La actual crisis ratifica viejas certezas al tiempo de instalar nuevos desafíos. La certeza según la cual la experiencia educativa ineludiblemente se sostiene en una actividad presencial ha recuperado nuevamente valor para el ejercicio docente, tan denostado por la mercantilización educativa neoliberal. Con todo ello, el retorno a las aulas y a la presencialidad no puede ser un regreso a aquella realidad naturalizada de desigualdades expresadas antes de marzo 2020 y con dramatismo durante la pandemia.

El desafío que enfrenta la generación de trabajadores y trabajadoras de la educación en el presente es aún mayor: se trata de pensar y construir respuestas, no solo para la coyuntura, sino que desde el presente de resistencias se pueda trazar un horizonte estratégico, que pasa ineludiblemente por la construcción de alternativas pedagógicas que sustenten una nueva escuela, una nueva universidad.

Asumir de la manera más consistente y responsable este desafío, supone ir más allá de las fronteras nacionales puesto que lo que está en juego es precisamente la superación de la crisis de un modelo globalizado de educación neoliberal.

La universidad pública intenta ser tensionada por el capital hacia modelos de privatización, lo cual demanda un renovado compromiso con su carácter público, algo que forma parte de nuestras preocupaciones centrales.

Por ello, este I Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo acuerda:

Primero: condenar de manera firme y contundente este nuevo modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Por ello, se insta a los gobiernos, a que en el periodo que aún resta de la pandemia se garantice el acceso universal y gratuito al internet y los planes de datos, así como la dotación de equipos de computación a docentes y estudiantes. La crisis generada por el COVID-19 no puede ser un pretexto para imponer el paradigma neoliberal de sociedad educadora ni para descargar sobre los y las trabajadoras(es) la actual crisis económica mundial;

Segundo: declarar por unanimidad que la educación pública, gratuita, popular, laica, científica, no sexista, no racista y de excelencia es para nosotres entendible en un marco de presencialidad, encuentro, diálogo y construcción compartida del conocimiento en las aulas e instituciones educativas, y siempre al servicio de los problemas globales, nacionales y locales de las grandes mayorías Por ello, denunciamos los intentos de las grandes trasnacionales y corporaciones tecnológicas de promover el modelo de educación en casa, como una ruta para elevar sus ganancias en detrimento de las necesidades humanas de aprendizaje de los pueblos;

Tercero: la presencialidad no se opone al uso de la innovación tecnológica en las escuelas, liceos y universidades, pero ello demanda el desarrollo de plataformas virtuales independientes y nubes digitales soberanas en manos de los sistemas educativos nacionales y las organizaciones sindicales del magisterio. Este tema se convierte en central en la lógica de frenar nuevas formas de dependencia científica y del conocimiento derivadas de la dependencia tecnológica. La docencia mundial tiene el saber pedagógico para trabajar desde cada especificidad el conocimiento que se corresponda al desarrollo tecnológico en las aulas con una perspectiva igualitaria, de justicia social, anti patriarcal, feminista, ecológica, crítica, emancipatoria, de defensa de nuestra memoria histórica y los pueblos ancestrales y anticapitalista;

Cuarto: Ante la desinversión educativa que viene ocurriendo en el marco de políticas neoliberales, lo cual se expresa en el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de les docentes, planteamos a la OIT y la UNESCO la urgencia de producir una nueva actualización de las “Recomendaciones de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966)” y de las “Recomendaciones de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior” (1997), así como de sus revisiones posteriores. Se debe garantizar el respeto a los derechos laborales de la docencia, con pleno acceso a la formación y actualización permanente, gratuita y en servicio, a cargo de los estados y las instituciones educativas.

Quinto: es urgente abrir un diálogo educativo abierto y permanente con las organizaciones de los/ las estudiantes y sus familias que defienden el derecho a la educación en los nuevos contextos de asedio de las corporaciones tecnológicas, para con ellos y ellas construir rutas de trabajo compartidas;

Sexto: establecer un plan de unidad en las luchas que se exprese en la solidaridad activa con todas las formas de defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo que se libren en los territorios locales, nacionales, continentales y mundiales. En ese sentido trabajaremos en una ruta unitaria que permita el establecimiento de la segunda semana de junio de 2021 como la semana mundial de movilizaciones en defensa de la educación pública, la ciencia y la cultura, en la cual se coordinen organizaciones de les trabajadores de la educación, asociaciones de familias y estudiantiles. Trabajaremos en el post congreso para impulsar la Marcha Global de les Trabajador@s de la Educación, los estudiantes y las familias y la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura;

Séptimo: Transformar el Grupo de Contacto Internacional que posibilitó llegar a este Congreso Mundial, en el Espacio de Encuentro Global de las Luchas en Defensa de la Educación Pública con el propósito de allanar el camino para la conformación de un espacio estable y permanente, la Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores(as) de la Educación.

Octavo: se aprueba emitir por separado las declaraciones de solidaridad con las luchas de los pueblos y el movimiento pedagógico que fueron presentadas ante la mesa de debates.

Participantes en el I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo

Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CTA-A, Argentina), Pedro Hernández (CNTE, Sección 9, México),Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), David Lobao (SINASEFE, Brasil), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Eduardo González (MUD, Chile), Luz Palomino (CII-OVE), Nelson Alarcón (FECODE, Colombia), Jorge Dorantes Silva (CNSUESIC, México), Vladimir Laura (CONMAURB, Bolivia), Denis Solis (ASPE, Costa Rica), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Rosa Berrio (USTEC-STES-IAC, España), Mari Luz González (STES, España), Secretaria General de la FERC Francesa, Albert Sansano (FME,FSM), Laura Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Andrea Zilbersztain (CEIP-H Argentina), Ernesto Aguilar Mondragón (CNSUESIC, México), Aníbal Navarrete (Chile), Lev Velásquez, (CNTE, México), Richard Araujo (APOESP, Brasil), Alfredo Cáceres (SUTEBA Tigre, Argentina), Andrés Quisphe (UNE, Ecuador), Carlos Munevar (La Roja, Colombia), Casey Davison (Sidney Australia), César Valdovinos (CINPECER, México), Faustino Celestino Martínez (Monterrey, Nuevo León, CNTE, México), Fredy Mamani (Maestros Rurales, Bolivia), Julia McRae (Surrey Teachers´ Association, Canadá), Gamaliel Guzmán Cruz (CNTE, Michoacán, México), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Miguel Ángel Hernández (SITRAIEMS, México), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Sara Chambers (CTU, Chicago), Dermeval Marins de Freitas (SEPE, Brasil), Yesid González (ADE, Colombia), Miguel Rivera González (FMPR, Puerto Rico), Luis Miguel Dorry (OVE México), Rebecca Garelli (National Educators United, Arizona, EEUU), Pedro Gómez Bámaca (CNTE, Sección 7 Chiapas, México), María del Carmen López (MAEC, Oaxaca), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Gustavo Teres de Rosario (AMSAFE, Argentina), Lorena Gordillo (SUTE, Mendoza, Argentina), William Velandia (FECODE, Colombia), Luis Miguel Cisneros (Investigador, México), Eblin Farega (ANDES, Brasil), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Antonio Elías (Uruguay), Daniel Libreros (UN, Colombia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú) Marc Casanovas (USTEC, STES-IAC, Cataluña), Sidney Kgara (NEHAWU, Sudáfrica), Denis Solis, (ASPE, Costa Rica), Julieta Kusnir (Los Ángeles, EEUU), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Monique Dols (Nueva York, EEUU), Raúl Gil (Uruguay), Sebastián Henríquez (SUTE, Mendoza), Vicent Mauri (Intersindical de Valencia), Sheila Ceccon (Instituto Paulo Freire, Brasil), Nelsy Lizarazo (CLADE), Mari Luz González (STES, España), Cecily Myart-Cruz (Presidenta UTLA), María Elisa Salgado (SUTEBA Tigre), Nelva Reyes (CGTP – Panamá), Luis Bueno (CNSUESIC, México), Toninho Alves (FASUBRA, Brasil), Rosa Cañadel (España), Elizabeth Búrigo (Brasil), Rose Mary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Carolina Jiménez (CLACSO Colombia), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Fernando Gómez (COAD, Argentina), Roberto Aguilar (Bolivia), Hugo Aboites (México), Shirley Florencia de la Campa (México), Pedro Hernández Castillo (ASPU, Colombia), Denis Chávez (Universidad de Panamá), Leopoldo Munera (MANPUP, Colombia), Xavier Diez (Intersindical, Cataluña, España), Albert Sansano (FME/FSM) Ángel Rodríguez Rivera (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Osvaldo Coggiola (ANDES Brasil), Eloy López Hernández (CNTE, Sección 22, México), Karina Bathyany (CLACSO), Beatriz Introcaso (COAD, Rosario, Argentina), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Marcela Browne (Argentina), Oscar Hernández Neri (Red de Universidades Alternativas, RUA, México), Gustavo Adolfo López Torres (ASPU – UPN, Colombia), Sandra Lario (Argentina), Luis Miguel Dorry (OVE), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Edgar Isch (Ecuador), Tere Garduño (México), Anaida Colón (Chapman, EEUU), Ángela Zambrano (Ecuador), Peter McLaren (EEUU), Henry Giroux (Canadá), Bill Ayers (EEUU), Francisco Cabrera Romero (GIPE, CEAAL), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Oscar Jara (CEAAL), Jurjo Torres Santomé (A Coruña. España), Erika Candelaria Hernández (Oaxaca, México), Jesús Alemancia (Red Mesoamericana Alforja), Martha Alfonso (Fecode, Colombia), Alfonzo Tamayo (Revista Educación y Cultura, Colombia), Mauro Jarquín (México), Vernor Muñoz (CME), Fernando García Culebro (Ove- Chiapas), Lourdes Urbáez (Educadora popular, Venezuela), Sócrates Silverio Galicia (CNSUESIC, México), Catherine Walsh (Ecuador), Juan Carlos Cascos (Kairós), Ezequiel Alfieri (Argentina), Valeria Rojas Urrea (Coordinadora de Federaciones de Trabajadoras(es) de la Educación, Chile), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Luis Huerta-Charles (EEUU), Lara María Bertolini (Travazona, Argentina), Enrique Diez (Investigador, España), Nano Balbo (Argentina), Teresa Vélez (FMPR, Puerto Rico), Janeth Motato (Consejo Regional Indígena del Caldas, CRIDEC, Colombia), Juan Ramírez (UTLA, EEUU), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el Derecho a la educación), Fernando Santana (CEIP-H), Edwin Morales Laboy (FMPR, Puerto Rico), Maura Elena López Aguilar (CNTE, Sección 34, Zacatecas, México), Víctor Manuel Fernández Andrade (Magisterio Zacatecas, México) y diez mil seiscientos ochenta y un (10.681) inscritos e inscritas, quienes participaron activamente en los debates a través del YouTube de Otras Voces en educación y los Facebook live, Instagram live y Twitter live de las organizaciones participantes

Encuentro Nacional rumbo al Congreso Mundial en defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

DECLARACIÓN

La actual pandemia por el COVID–19, impuso sobre la sociedad, un confinamiento generalizado a nivel mundial sin precedentes. De esta forma, logró inmovilizar, aunque no completamente, a los diversos movimientos sociales anticapitalistas, de tal modo que cimbró sus lógicas organizativas y de resistencia política. Esta circunstancia ha sido aprovechada por los gobiernos para favorecer a las corporaciones del capitalismo informático.

Es urgente que los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura, los académicos y los estudiantes, los movimientos sociales y populares, reinventemos y re-articulemos nuestras formas de lucha para defender la escuela pública, la cultura, la ciencia y la tecnología para poner en el centro el desarrollo humano y no el capital humano.

La pandemia paralizó los procesos educativos en el mundo. Más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes suspendieron de manera abrupta las actividades en las escuelas y las aulas. En el caso mexicano, donde la mitad de los hogares no cuentan con computadoras ni con conexión a internet, fueron excluidos tres de cada diez estudiantes de la estrategia de educación oficial, y los que sí lograron participar, fueron expuestos a una educación virtual precaria, excluyente, bancaria y sin un método de aprendizaje creativo ni crítico. Este escenario en el que la educación en la escuela se desplazó al hogar con tiempos rígidos y actividades que invaden sus dinámicas cotidianas, tensó una crisis emocional y afectiva entre los alumnos y sus familias. A partir de este escenario sociopolítico, se agudizó la desigualdad económica, cultural y digital, así como la violencia social y de género.

Concebimos la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología como bienes públicos y derechos humanos universales, por tal motivo nos pronunciamos por el pleno cumplimiento de la universalidad y gratuidad en su acceso y disfrute, para lo cual se requiere un incremento del presupuesto del gobierno federal y de los gobiernos estatales.

También nos pronunciamos por la eliminación de todas las políticas y programas del neoliberalismo, que han promovido la privatización y mercantilización de la educación, la ciencia y la cultura. En ese sentido, demandamos la eliminación del sistema híbrido, público-privado, porque prioriza las certificaciones y acreditaciones antes que la vida y el desarrollo pleno de la salud, del aprendizaje necesario y urgente, además de promover la estandarización de la educación; porque refuerza la visión gerencial y de la reproducción de las desigualdades, al estar basado en una noción de la calidad y de excelencia, desde una perspectiva economicista y tecnocrática.

Igualmente denunciamos el uso de la pandemia para reforzar la tendencia privatizadora de la ciencia y la cultura en la educación, por medio de plataformas virtuales comerciales y de contenidos sesgados por la visión corporativa de los dueños de los espacios digitales. El capitalismo de plataformas construye la desigualdad social en el acceso al conocimiento y la comunicación, produce un apartheid tecnológico, una clase de infopobres en la que los niños y jóvenes marginados, así como los trabajadores precarizados, no pueden resolver el problema del equipo y la conectividad.

EDUCACIÓN BÁSICA

En el caso de México se entregó la rectoría de la educación, inicialmente a Google para que 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes fueran el mercado cautivo de la transnacional de las tecnologías digitales; en una segunda fase de la educación remota se pactó con la oligarquía de las televisoras privadas y como consecuencia su rescate económico y moral, tras una caída constante de credibilidad por sus filas conservadoras durante cuarenta años de neoliberalismo.

En contraste, se impulsa un recorte brutal a la formación inicial y continua de los docentes. Contrariamente a los preceptos constitucionales y al Plan Nacional de Desarrollo, en los que se establece el reforzamiento de las escuelas formadoras de docentes y la revalorización del magisterio, el proyecto presupuestal de egresos de la federación para 2021 contempla un recorte de 95.3% a las escuelas normales y a la universidad pedagógica nacional; para el desarrollo profesional de los docentes en el servicio educativo se proyecta un recorte del 89% y para capacitación un 49%. Las corporaciones del capitalismo informático van por el desplazamiento del magisterio, por un amplio mercado de productos educativos digitales y por la eliminación de la escuela física y presencial.

Consideramos que los preceptos bajo los cuales se confeccionó la actual reforma educativa no lograron desarraigar las imposiciones del neoliberalismo y mantienen criterios empresariales en la política educativa nacional. Por ello, no aceptamos ningún tipo de educación o de política que limite el ingreso y la permanencia de los estudiantes al Sistema Educativo y reivindicamos la lucha por la democratización de nuestro país, de la educación pública y los sindicatos.

Los trabajadores de la educación mantenemos la exigencia de ser tomados en cuenta para la aportación de propuestas para la elaboración de contenidos, diseño de actividades escolares, estrategias de simplificación administrativa y todo lo que se relacione con el quehacer educativo. Sostenemos el principio de la comunicación y la convivencia humana como el medio para la difusión, el diálogo y la construcción de los saberes y los aprendizajes.

Nos reiteramos educadores populares, porque enseñamos aprendiendo entre maestros, alumnos y padres de familia, en las comunidades y en la ciudad, a partir de la realidad de la comunidad escolar y para beneficio de la población en general. De acuerdo con ello, seguimos proponiendo y reinventado formas de educación alternativa para llegar hasta los lugares más olvidados, porque promovemos la emancipación de las personas y sus comunidades a través de una educación que fomenta la colectividad, la solidaridad, la empatía, el respeto por el medio ambiente, el pensamiento crítico, la búsqueda del bien común, el amor y la ciudadanía patriótica.

EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

Reivindicamos un proyecto de educación superior basado en las organizaciones colectivas de los trabajadores académicos, administrativos y estudiantes, que promueva una sociedad igualitaria, una formación integral y humanista, con pleno respeto a los derechos de todas y todos; que desarrolle el pensamiento crítico y creativo por medio de pedagogías críticas y liberadoras, además de responder a las grandes necesidades nacionales.

Sostenemos que las instituciones de educación superior deben ser espacios de libre ejercicio de los derechos, por lo que deben funcionar de manera democrática y gozar de una autonomía sustantiva cuyo ejercicio se debe garantizar con un subsidio público suficiente, oportuno e incondicional de carácter transexenal, no menor a los porcentajes recomendados por los organismos multilaterales como la UNESCO o la propia ONU. La autonomía debe comprender la libertad de cátedra e investigación, el autogobierno, la libertad de pensamiento y de expresión y la armonía con los derechos colectivos laborales de asociación y negociación colectiva en el plano nacional.

Demandamos condiciones de trabajo dignas para los trabajadores académicos y administrativos; un programa amplio de recuperación salarial y la eliminación de los programas unilaterales de estímulos mediante su incorporación al salario pactado bilateralmente; además de un ambicioso programa de creación de plazas de tiempo completo y de estabilidad laboral, para eliminar la precariedad en que laboran miles de profesores.

Asimismo, demandamos el respeto a las organizaciones colectivas de los trabajadores universitarios y su incorporación en las grandes discusiones nacionales sobre el proyecto de educación superior que requiere el país y sobre las políticas que se impulsarán en el sector.

Exigimos a las cámaras de diputados y senadores, así como a la SEP, que los centros, escuelas o proyectos comunitarios de las Universidades Alternativas, sean reconocidos en la Ley General de Educación Superior, como lo son las universidades privadas y públicas. Esto es una medida necesaria para alcanzar la equidad e incrementar la cobertura del nivel educativo sobre todo en poblaciones pobres, aprovechando el saber, la organización social y la cultura autogestiva de los pueblos. Además, proporcionar a estos estudiantes becas, en igualdad de circunstancias que las Universidades Benito Juárez.

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

La formación de vocaciones científicas y para la investigación inicia desde la educación básica. Fortalecer la educación desde sus cimientos con una visión de futuro y conciencia de clase de todas las áreas de las ciencias y tecnologías, es fundamental para el desarrollo integral del país.

La investigación científica requiere una formación con integridad, madurez intelectual y respeto por los principios éticos. Implica una formación sin discriminación por razones de raza, color, ascendencia, sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, origen étnico, origen social, posición económica o social de nacimiento o discapacidad. Además, que todos los ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades de educación y formación iniciales que califican para poder realizar carreras de investigación y desarrollo tecnológico, con acceso a los empleos no precarizados en la investigación científica.

Los programas de posgrado son formadores de científicos; sin embargo, tienen un alto índice de rechazo de aspirantes, lo que cancela la posibilidad de incrementar la planta de trabajadores científicos. Es indispensable incrementar los espacios para científicos en formación, teniendo programas de apoyo en el inicio y durante el desarrollo de su carrera; que cuenten con becas, movilidad y demás acciones afirmativas necesarias para suprimir la desigualdad de oportunidades, subsanar las desigualdades del pasado y los patrones de exclusión; fomentar en particular, que las mujeres y las personas de otros grupos con baja representación, tengan la posibilidad de realizar carreras científicas.

La formación científica debe promover las responsabilidades sociales del científico, y a su vez garantizar el acceso equitativo y libre a la literatura, los datos y los contenidos. Se necesita fortalecer la enseñanza de todas las ciencias; incluir elementos interdisciplinarios en los programas de estudios y en los cursos, considerando las dimensiones éticas de la ciencia y la investigación, así como la integridad intelectual, esto con el fin de que los científicos participen de los procesos colectivos de apropiación social del conocimiento, para contribuir efectivamente a la toma de decisiones públicas y la atención de problemas sociales prioritarios.

CULTURA

Los trabajadores del sector cultura, nos encontramos en un contexto muy particular con la creación de la Secretaría de Cultura Federal (SCF) que en el actual gobierno desarrolla una política cultural, que denota una continuidad de la instrumentada por los anteriores gobiernos neoliberales: 1) reducción del presupuesto para el sector y 2) la total apertura a la iniciativa privada, las denominadas industrias culturales, en áreas sustantivas del Estado, como son educación artística, investigación y protección del patrimonio cultural.

Concebimos la cultura como un campo indisoluble de la educación y como estrategia para el desarrollo integral de los ciudadanos; pero, hoy esta visión está amenazada por los preceptos de una “Ley General de Cultura y derechos culturales” que privilegia conceptos como: desarrollo cultural, fomento cultural, turismo cultural, gestión cultural, entre otros, que tienen como fin la disminución de la obligación del Estado de brindar a la población acceso a la educación y al disfrute del arte y la cultura.

México es un país rico en características culturales y fue ejemplo para el mundo en el fortalecimiento de instituciones dedicadas a ello, debido a su conformación pluricultural (multiétnica y plurilingüística); no obstante, los procesos económicos, políticos y sociales que actualmente tienen lugar en el mundo globalizado, ponen en riesgo el conjunto de valores culturales y educativos de nuestro país.

Ante este escenario, los trabajadores del sector cultura, junto a los demás sectores, necesitamos organizarnos colectiva y solidariamente en la defensa del patrimonio cultural, energético y natural; sobre todo porque debemos retomar la lucha histórica de todos aquellos ciudadanos, académicos, sindicalistas y demás luchadores sociales que nos antecedieron.

En el ámbito educativo, en relación a la enseñanza artística y la identidad cultural, con el objetivo de promover la organización del sector cultural a nivel internacional, solicitamos proponer en el próximo Congreso Mundial de Educación, la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura, en el que se pueda expresar el panorama internacional, para plantear posibles soluciones que permitan enfrentar de manera global los problemas educativos y laborales que atañen al sector cultural en el mundo.

Consideramos que estamos en un estado de emergencia, por lo que se debe formar un frente amplio para trabajar en la elaboración de un proyecto nacional de cultura, que contemple la creación de observatorios públicos de las políticas culturales en conjunto con las universidades nacionales y luchar que por ley el presupuesto para la cultura no sea menor a lo recomendado por la ONU, en contraparte de la política gubernamental de reducción que ahoga a este sector. Por último, debemos trabajar y luchar por la creación de un órgano consultivo que esté integrado por representantes de los trabajadores de la cultura.

En este contexto, el “Encuentro nacional, rumbo al I Congreso Mundial en defensa de la Escuela Pública y contra el neoliberalismo, DECLARA:

Que pugnamos por una verdadera educación impartida, financiada y asegurada por el Estado para toda la población; que sea pública, humana, emancipadora, crítica, universal, laica, multicultural, incluyente y respetuosa de la diversidad de género. Por tal motivo, rechazamos de manera enérgica los recortes presupuestales a educación, cultura, ciencia y tecnología.

Que convocamos a la unidad de los trabajadores de la educación, ciencia y cultura y a toda la clase trabajadora para defender los derechos sociales y humanos, que han sido vulnerados en este periodo de pandemia.

Qué hacemos patente nuestra exigencia para que se creen las condiciones de un regreso seguro a las actividades escolares, con la infraestructura y equipamiento mínimo para garantizar las medidas sanitarias y de una buena educación.

Que no permitiremos un regreso de esta emergencia sanitaria a la normalidad del explotador y el explotado, porque esta pandemia debe servir para dejar en claro la necesidad de reintegrar su verdadero valor al ser humano, escamoteado por el neoliberalismo y la proliferación del consumismo y la depredación.

¡En defensa de la educación, la ciencia y la cultura para todos y todas!

18 de septiembre de 2020