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Etiqueta: violencia estructural

País retrocede hacia una violencia estructural

Escrito en . Publicado en Análisis.

La confrontación entre órganos de decisión política y poderes de la República, la violencia que se manifiesta en la calles y el abandono de agendas proclives a la defensa de los derechos humanos representan síntomas de que el Estado costarricense avanza hacia un estado de violencia estructural “que se expande por todo el territorio nacional”, de acuerdo con el más reciente informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Esta situación facilita que exista un vacío en la generación de acuerdos importantes para el país, mientras que la desigualdad económica y social continúa afectando a la población, lo que es perceptible en áreas como la educación, el medio ambiente, los programas sociales y la infraestructura pública.

Carlos Carranza, académico de la UNA y coordinador del programa, fue crítico al señalar que “a través del análisis de diversos temas clave, se expone una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos estructurales y una sensación general de incertidumbre”.

Lo que en anteriores informes de este programa se advertía, se convirtió en la constante en el primer cuatrimestre de 2025: un estilo discursivo del presidente Rodrigo Chaves marcado por el enfrentamiento con otros sectores políticos y sociales, como ocurre con la Asamblea Legislativa, y particularmente, con el presidente de este poder, Rodrigo Arias.

Utilizar mensajes con tono confrontativo, dirigirlos por medio de canales fuera de la comunicación formal y atizados por la ausencia de una cabeza en el Ministerio de la Presidencia que sirva como puente, son parte de las relaciones que se han establecido en el periodo de análisis. Sin embargo, ese choque ha ido mucho más allá de la relación Zapote-Cuesta de Moras y se vio amplificado en la marcha contra el fiscal general, en la que participó el propio mandatario y su gabinete.

El uso continuo del veto presidencial ante proyectos de ley que no son de interés del Poder Ejecutivo y el incremento en las tensiones con otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) complementan el estilo gubernamental. “Esta actitud ha contribuido a una atmósfera de polarización y debilitamiento del diálogo institucional”, agregó Carranza.

La violencia estructural no solo se alimenta con el discurso confrontativo de parte del Gobierno hacia otras entidades. Se ha convertido en un hecho social recurrente que tiene otras manifestaciones, como sucede los femicidios, que alcanzan la cifra de 17 casos en lo que va del 2025.

El informe destaca que la actual Administración no ha logrado revertir “esta tendencia preocupante” de la violencia estructural y que, más bien, ha dado un giro en su política hacia un enfoque neoconservador en temas de derechos humanos, protección de minorías y atención de la población migrante.

El informe recoge varios elementos al respecto: la aceptación por parte de Costa Rica de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos, la posición ambigua que el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, mantuvo en una presentación ante el plenario de la Asamblea Legislativa y la emisión de un decreto que restringe el financiamiento y el apoyo político a la Agenda 2030 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Estas decisiones debilitan la posición de Costa Rica en el contexto global”, indicó Carlos Carranza.

Rezago en sectores

Como en cascada, la incertidumbre generada por la falta de cohesión política afecta a otros sectores. En el plano social, el informe recoge que, si bien se registra una leve reducción en los índices de pobreza, ésta se ve acompañada de un aumento en la desigualdad, producto de la reducción de financiamiento en programas sociales y de una atención insuficiente a instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El rezago en la infraestructura hospitalaria, que se evidencia en mayor medida con la construcción del nuevo hospital en Cartago, la falta de solución a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y citas, la fuga y renuncia de médicos especialistas y el conflicto generado con la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), por parte de cooperativas, son el reflejo de la decadencia en la sistema de seguridad social.

En materia ambiental, el programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense cuestiona con inquietud si existe una política clara en este ámbito. Más bien, apunta a las dudas y críticas generadas entre el interés público y el privado, en casos como la tala de árboles en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. “Por ello, cuestionamos la existencia de una estrategia coherente y señalamos la pérdida de rumbo en programas tradicionalmente emblemáticos”, agrega el informe.

En el área de la infraestructura, el análisis matiza entre avances y limitaciones. El académico de la UNA indicó que existe un esfuerzo continuo por mejorar la condición de algunas vías, pero en el proceso ocurren tropiezos, como el caso de la construcción de la carretera a Limón y los problemas suscitados por las rotondas que sustituyeron los pasos a desnivel que originalmente se plantearon en el proyecto.

Lo mismo ocurre con la apertura, este año, del paso elevado en La Lima, de Cartago, que no ha estado exenta de críticas, mientras que la propuesta de un tren eléctrico, la planificación vial y la falta de atención de riesgos en carreteras y puentes que representan un riesgo real para los usuarios, según alertó el Lanamme de la UCR, están entre las tareas que registran un avance muy lento.

El panorama vuelve a tornarse crítico en materia de educación. Ante la falta de una ruta, denuncia el informe, se suma una reducción inédita en la inversión educativa, un modelo organizativo a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) discordante con las demandas actuales y la necesidad de mejorar los planes de enseñanza, para fortalecer la competitividad y el talento humano que promuevan la movilidad social.

“Luego de tres años sin tener una ruta clara, el sistema educativo se muestra estacando, con una inversión menguante y una organización desfasada, lo que compromete el futuro ciudadano”, describió Carranza.

Finalmente, el informe denota un escenario de conflictividad en el ámbito del comercio exterior tras la imposición de aranceles a las exportaciones costarricenses por parte del gobierno de Estados Unidos y la necesidad de establecer una estrategia a largo plazo.

El análisis concluye con una expectativa poco halagüeña de cara al segundo semestre del año: “A menos que se realicen esfuerzos deliberados por cambiar el rumbo, todo indica que esta será la tónica que prevalecerá durante el resto del año, especialmente si el presidente continúa reforzando este clima mediante un lenguaje simbólico cargado de tensión”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

SURCOS comparte la presentación utilizada en la exposición del análisis: descargar aquí.

Entre el abandono y la humillación: la grave situación de salud que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca

Escrito en . Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Por Colectivo Antonio Saldaña
Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes

A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.

Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.

Un sistema que margina

En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.

La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.

Deshumanización institucional

Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.

Un sistema que no comprende ni respeta

Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.

Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.

El CONASPI y la promesa incumplida

El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.

Anécdotas que duelen

El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.

Un llamado urgente

El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud

Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.

Constitución Política de Costa Rica

El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.

Ley General de Salud (N.º 5395)

Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.

Convenio 169 de la OIT

Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.

Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono

La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.

Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.

El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.

Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.

La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.

Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena

La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.

Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer, Sin categoría.

Comunicado

¡EMERGENCIA NACIONAL: ¡TRES FEMICIDIOS EN MENOS DE 12 HORAS!

Costa Rica vive hoy una tragedia que no puede ser ignorada: en menos de 12 horas, tres mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Estos crímenes son la manifestación más brutal de una violencia estructural que el Estado ha sido incapaz de prevenir. Frente a esta realidad, alzamos nuestra voz para exigir medidas claras, urgentes y efectivas que pongan fin a esta emergencia nacional.

Nuestra preocupación es profunda: el Estado costarricense y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como ente rector, han fallado en garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. No basta con discursos ni medidas simbólicas, necesitamos acciones concretas que respondan al mandato de los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Ambos instrumentos exigen políticas efectivas, integrales y sostenidas para erradicar la violencia de género.

Exigimos:

  1. Declaratoria de emergencia nacional por violencia contra las mujeres. Este es un llamado urgente a priorizar recursos y políticas públicas para prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia.

  2. El fin de la violencia institucional. Necesitamos instituciones que estén del lado de las mujeres, no del poder ejecutivo que perpetúa y naturaliza la violencia de género. Exigimos un INAMU que represente los intereses de las mujeres y no sea un apéndice del Ejecutivo.

  3. Una ministra comprometida con las mujeres. Queremos un liderazgo que no justifique las acciones del Ejecutivo, sino que aplique con firmeza los mandatos de los convenios internacionales y las leyes nacionales para salvar la vida de las mujeres.

  4. Cumplimiento de los compromisos internacionales. Es indispensable que el Estado costarricense cumpla con las obligaciones que ha asumido en la CEDAW y Belém do Pará, generando políticas efectivas, seguimiento integral y protección real para las mujeres en riesgo.

Un llamado a la acción colectiva:

Instamos a todas las organizaciones de mujeres, colectivos feministas y movimientos sociales a unirse en una Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres. Esta lucha no puede ser de corto plazo ni limitada a las calles; debe ser sostenida y llevada a todos los espacios:

  • En las comunidades, trabajando juntas para concienciar y capacitar a las personas en prevención de la violencia de género.

  • En las instituciones, exigiendo cambios estructurales y denunciando la negligencia.

  • En los centros de trabajo, promoviendo espacios seguros y libres de discriminación.

  • En los hogares, educando desde la familia para erradicar los patrones de violencia.

  • En las calles, alzando nuestras voces juntas en una lucha incansable por los derechos de las mujeres. Nos vemos este

Hoy, más que nunca, debemos acuerpar a cada mujer que enfrenta violencia, construir redes de apoyo y compartir información que salve vidas. Esta es una lucha que nos compromete a todas y todos, porque la vida de las mujeres no puede seguir siendo arrebatada por la indiferencia, la negligencia y la impunidad.

¡Por una Costa Rica justa, segura e igualitaria!

¡Que nuestras voces retumben en cada rincón del país y exijan un cambio real!

Desde la resistencia y por la vida de las mujeres.

DECLARAMOS EMERGENCIA NACIONAL YA.

Declaración de la 7ª Asamblea Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Asamblea realizada en la Casa de Cultura Las Jarillas, Ciudad de México los días 7 y 8 de diciembre de 2024.

Con un gran Tlamanalli en ofrenda a la madre tierra por la Paz en el mundo, como pueblos originarios ancestrales nos unimos contra este modelo imperialista, que nos impone guerras mediáticas, jurídicas, políticas, económicas, tecnológicas y con la seria amenaza de convertirla en una guerra nuclear, que destruiría nuestra forma de vida colectiva y podría suponer el fin de nuestra existencia como especie humana.

Nos reafirmamos como un espacio colectivo y de dialogo para seguir encontrándonos como pueblos hermanos que vivimos realidades similares; ante las cuales, constituimos como tarea de primer orden la necesidad de continuar uniendo nuestras voces por la defensa de la vida, de nuestros bienes naturales, de nuestros cuerpos y territorios contra la ocupación, genocidio, saqueo y destrucción que el sistema capitalista, colonialista, imperialista, patriarcal y racista nos impone.

Históricamente hemos aprendido a enfrentar la violencia estructural con una oposición firme expresada desde formas de vidas comunitarias, solidarias, de cuidados colectivos, de saberes arraigados a nuestros territorios y a nuestros pueblos. Lo cual ha permitido fortalecer los procesos de resistencia y lucha de manera creativa y permanente.

Basta de violaciones a nuestros derechos humanos colectivos como pueblos, no más impunidad, alto a las masacres y a los genocidios, fuera el militarismo y paramilitarismo de nuestros territorios.

La militarización es la imposición por la fuerza, es el medio que utilizan los Estados Unidos y la OTAN entre otros de sus aliados, para imponer su hegemonía, evitar el libre desarrollo de los pueblos y contener a los movimientos sociales que se resisten a estos fenómenos generados por la guerra. También y de manera brutal contribuyen a la destrucción ecológica en todo el planeta, siendo uno de los principales responsables del cambio climático.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos manifestamos una vez más nuestro firme compromiso de seguir avanzando en la defensa y respeto de los derechos humanos colectivos de los pueblos, como un instrumento vital para nutrir la solidaridad, la sororidad, la autonomía, la igualdad, la justicia y la paz.

Ante un mundo plagado de injusticias y exclusiones, continuamos uniéndonos para su transformación y lograr constituirnos en un mundo capaz de reconocer la diversidad humana y hacer prevalecer la vida sobre la muerte y la destrucción.

Queremos vivir en paz desde América Latina hasta Palestina y todos los territorios del mundo, esto significa avanzar en la construcción de sociedades justas, guiadas por la solidaridad, y plenas en sus capacidades para desarrollarse libres y soberanamente.

Nuestro continente, debe ser un territorio de Paz, libre de bases militares y de armas nucleares, desde el Observatorio siempre defenderemos las banderas de la Unidad y la integración del Abya Yala.

Nuestro modelo es por la vida, la colectividad, el dialogo, el respeto a nuestra Madre Tierra. Una paz con justicia social, dignidad y libertad.

Libertad a todas las prisioneras políticas y políticos del mundo. Todas las personas que habitamos este planeta tenemos derecho de vivir en PAZ. ¡Si a la Paz!, ¡No a la guerra!.

Alzamos nuestras voces y decimos que los pueblos queremos vivir en Paz, queremos que nuestros territorios sean espacios de paz y armonía con la naturaleza.

¡Alto al genocidio de Israel contra Palestina y Líbano!

¡Todas y todos somos Palestina!

¡Los pueblos queremos Paz YA!

¡Si a la Paz no a la guerra!

¡Desde el Río hasta el Mar Palestina Vencerá!

¡Libertad, Libertad Palestina Libertad!

Lanzan investigación sobre criminalización a mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras

Escrito en . Publicado en Derechos, Sin categoría.

29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.

La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización

Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.

Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.

Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización

La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.

Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.

Pronunciamiento público: Estado de Costa Rica mantiene impune el asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento público: Estado de Costa Rica mantiene impune el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, situación que agrava la ocupación ilegal de los territorios indígenas y la violencia contra los pueblos originarios.

– Organizaciones firmantes de este comunicado denuncian la impunidad sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak y del Pueblo Bribri de Salitre.

Miércoles 24 de enero 2024. El pasado viernes 19 de enero, la familia Rojas Lázaro comunicó que el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur decidió el sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. El caso fue conocido por el Juzgado Penal de Buenos Aires, con el número de expediente 19-000178-0990-PE y los imputados eran los no indígenas Edwin Guevara Mora y Víctor Zúñiga Fallas. Como consecuencia del sobreseimiento ambos serán liberados sin ninguna consecuencia judicial; también las investigaciones no continuarán y con ello la impunidad para Sergio, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre se impondrá.

De esta manera, la impunidad y la deuda histórica del Estado costarricense con los Pueblos Originarios se fortalece. Como si eso fuera poco, envalentona a los ocupantes ilegales, agresores y todos los sectores que obtienen beneficios económicos, sociales y políticos de la ocupación ilegal, colonial y racista de los Territorios Indígenas. La violencia institucional y el nulo acceso a la justicia por parte de los Pueblos Originarios es estructural y sistémica. Pese a la continua y sistemática violencia a la que sobreviven los Pueblos Originarios y las múltiples denuncias establecidas antes las instancias judiciales ningún caso ha sido resuelto, muchos menos ninguna persona no indígena ha ido presa por amenazas de muerte, intentos de homicidio y muchas otras formas de agresión. El único fue el asesino confeso del Brörán Jerhy Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela, quien fue puesto en libertad meses después por el Tribunal de Apelaciones de Cartago.

Muy al contrario, ha sido la situación de los Pueblos Originarios ante las instancias judiciales: el mismo Sergio fue privado de libertad por 7 meses entre el 2013 y 2014, por una causa judicial que al día de hoy no cuenta con pieza acusatoria. Así, aunque la investigación penal contra la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre (de ese momento) inició en 2012, el Poder Judicial ha sido incapaz de construir una pieza acusatoria. 12 años después la investigación continúa y Sergio fue privado de libertad, aunque esa fase no terminará.

Dolorosamente, las consecuencias de esta sentencia se extienden al Pueblo Bribri de Salitre y otros Pueblos Originarios. La impunidad sobre el caso de Sergio fortalece a los ocupantes ilegales -entre los que sobresalen los imputados en el caso de Sergio, Edwin Guevara y Víctor Zúñiga- a los terratenientes, a los discursos de odio y racistas y, en general, promueve una cultura de violencia en los Territorios Indígenas y comunidades aledañas. La desidia, falta diligencia y celeridad de la Fiscalía tiene consecuencias graves sobre cuerpos, vidas de infancias, mujeres y hombres. Así, el Estado lejos de proteger a los Pueblos Originarios se convierte en uno de sus mayores verdugos.

En diciembre del 2023, en medio de la amenaza al archivamiento del caso que investiga el asesinato de Sergio, 106 persones y 54 organizaciones de al menos 20 países diferentes enviaron cartas solicitando al Juzgado de Buenos Aires que rechazaran la solicitud de sobreseimiento. Entre las organizaciones se encontraban políticas, de Pueblos Originarios, sociales, de Derechos Humanos, ecologistas, entre otras.

En este contexto, se exige al Poder Judicial realizar de forma diligente y urgente las investigaciones y diligencias necesarias hasta dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato de Sergio Rojas para establecer las consecuencias penales respectivas.

Más allá de las exigencias a las instancias gubernamentales e internacionales, como Pueblos Originarios continuaremos los procesos de resistencia. En el fortalecimiento de los procesos organizativos, la reafirmación territorial y la autonomía está la principal arma que nos defenderá de un Estado racista, colonial y violento y los ocupantes ilegales.

Suscribimos este pronunciamiento:
– Coordinadora de Lucha Sur Sur
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Alakölpa Ditsö Ajkönúk (Salitre).
– Ditsöpa Keneblok (Salitre).
– Consejo Iriría Sätkök de Yabamï Dí Kátá (Cabagra).
– Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
– Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
– Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
– Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
– Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
– Comunidad Brörán de Crun Shurin.
– Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas Iríria Tsochok.
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
– Asociación Voces Nuestras.
– Partido Vanguardia Popular.
– Kioscos Socio-ambientales, UCR.
– Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI).
– Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina).
– Costa Rica Afro.
– Colectiva por el Derecho a Decidir.
– Mujeres Rurales de Costa Rica.
– Asociación Tinamaste.
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
– Bloque de Vivienda.
– Asociación Solidaria Comparte-Costa Rica.
– Partido Obrero Socialista (POS.)
– Red Solidaridad con Palestina.
– Bloque Verde.
– Red de Gestores Locales del Pacífico Sur (REGELOPS)·
– Movimiento Buen Vivir Costa Rica.
– Fundación Pedagógica Nuestramerica.
– Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).
– Asociación El Camino de la Semilla. Territorio indígena de Térraba.
– Colectivo Agua es vida, no mercancía.
– CR Solidaria.
– Movimiento humanista.
– Asociación Ecologista Desamparadeña (ASECODES).
– Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC.
– Unidas en Justicia e Igualdad de San Ramon de Alajuela.
– Movimiento Popular Costarricense.
– Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI).
– ACI-PARTICIPA, Honduras.
– Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras.
– Organización del Pueblo Kichwa Saraguro, Ecuador.
– Coordinadora de Comunidades afectadas por TRECSA, Guatemala.
– Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México.
– Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.
– Soldepaz – Pachakuti, España.
– Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza.
– Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EEUU.
– Alianza por la Justicia Global, SOA Watch, EEUU.
– Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos.
– Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela.
– Red de Colectivos La Araña Feminista, Venezuela.
– Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Venezuela.
– Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela.
– Colombianas y Colombianos por la Paz.
– Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colombia.
– Observatorio de Paz, Colombia.
– Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury.
– Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia.
– Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala.
– Comisión Multisectorial del Uruguay.
– Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador.
– Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
– Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá.
– Movimiento Alfa y Omega de Perú.
– Movimiento de Favelas de Rio Janeiro, Brasil.
– Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche.
– Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall).
– Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina.
– Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina.
– Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH).
– Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México.
– Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC).
– Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI).
– Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH).
– Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX).
– Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco).
– Taller del Sur.
– Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas.
– Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ).
– Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH).
– Colectivo Ocho Trueno.
– Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA).
– Colectivo Insurrección Visual.
– Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México.
– Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América.
– ComuniSur.

 

Foto: Reuters.

Experto alerta sobre falta de rumbo en la política social costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos.

UNA Comunica. 5 de octubre, 2023. La conjunción de una serie de problemas políticos, sociales y económicos genera falta de claridad sobre el rumbo del país, lo cual afecta directamente la calidad de vida de las y los costarricenses, de acuerdo con el Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, presentado esta mañana por parte del coordinador de este Programa, Carlos Carranza.

El experto, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, hizo una radiografía sobre los aspectos más relevantes de la realidad nacional.

Uno de los aspectos más destacados fue el señalamiento de que el país carece de una política social establecida. Lo anterior es producto de los aumentos de los índices de violencia en el país y el alto grado de desigualdad que afecta principalmente a los grupos de población de más bajos recursos económicos.

“Lo que estamos viendo es que se ha instalado en Costa Rica una violencia de carácter estructural donde no se prevén soluciones integrales a este fenómeno. La violencia estructural tiene un componente de distribución de la riqueza y el capital educativo, que en este país está en detrimento”, manifestó Carranza en su exposición.

Muestra de ello, es que en la agenda que convocó el Poder Ejecutivo el pasado 2 de octubre del Consejo de Seguridad, ninguno de los puntos se refiere a condiciones de reforma estructural en términos de equidad, educación y trabajo, sino a proyectos de ley vinculados a la contención del crimen.

Justamente, el tema educativo fue uno de los puntos centrales de la presentación. En este ámbito, el experto manifestó que el país requiere otras alternativas educativas para que pueda salir del bache en que se encuentra y que ha sido alertado, entre otros estudios, por el Programa Estado de la Educación.

Las discusiones públicas sobre el presupuesto que se le debe asignar a la educación pública, la falta de equipamiento para un proceso de enseñanza adecuado y el desfase que existe en el aprendizaje de nuevos idiomas, representan retos que deben ser abordados de manera integral por parte de las autoridades educativas.

La relación del Gobierno con otros poderes de la República, como el Poder Judicial, también fue parte de los resultados del estudio, donde se identificaron relaciones complejas que pueden afectar la propuesta de soluciones a graves problemas sociales, como el tema de la violencia.

Esa complejidad en las relaciones se puede ver acentuada además en la necesaria discusión que debe liderar el Poder Ejecutivo con otras fuerzas políticas para la búsqueda de alternativas a los desafíos fiscales del Estado costarricense, para atraer nuevos recursos a las arcas estatales que permitan una mayor estabilidad en las finanzas públicas.

Finalmente, Carranza señaló la preocupación que existe por la alta rotación percibida en los puestos de jerarquía del Poder Ejecutivo, lo que impide contar con un equipo gerencial permanente que permita atender estos retos que están enmarcados en ese “rumbo limitado y con contradicciones”, que detalla el estudio de Análisis de Coyuntura.

Enlace a la exposición de Carlos Carranza: https://fb.watch/nuDYwSB-Pc/

Adjuntamos los documentos del informe completo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

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«Llegó la hora de la limpieza social»

Escrito en . Publicado en Comunidad, Sin categoría.

Carlos Campos Rojas
Guápiles, 30 de julio de 2023

Así fueron informados los habitantes de Pococí mediante un panfleto distribuido, por una de las facciones que disputan el territorio del narcotráfico en la provincia de Limón.

Hay toque de queda, juicios sumarios en media calle, quemas de casas, arrinconamiento de los comerciantes y emprendedores, que solo pueden operar bajo las condiciones establecidas por la facción dominante hasta el momento. Las autoridades ausentes.

La limpieza social, como acto terrorista, es la masacre de quienes adversan a la facción que se asume dominante. La limpieza social que se anuncia -es decir, la masacre de la población-, solo es posible anunciarla y divulgarla en panfletos, porque hay una autoridad política superior que lo autoriza, de lo contrario no podría ni siquiera considerarse y ya estarían esas personas en proceso de ser identificadas. Esta limpieza social se extenderá a cualquiera que disienta con el régimen que desea imponerse. Los académicos que tanto dicen que debe defenderse la tan manoseada democracia, ahora guardan silencio cómplice y cobarde, acallando el relato, volviendo la cara, solo para preservar su endeble burbuja: nadie puede eludir la violencia cuando esta es la ley.

Un hombre se quita la camisa en la Asamblea Legislativa e insulta a los diputados y es un debate nacional sobre el odio y la urgente necesidad de ser protegidos. La sangre de la población de Limón corre por las calles de nuestra provincia y se asume como algo intrascendente, esa es la congruencia del estado social de derecho, la violencia como norma en la provincia más desigual, desde hace muchas administraciones.

El narcotráfico en Costa Rica es un conjunto de élites que no les importó el país y se aseguraron que las raíces de su actividad corrompiesen a los necesarios en todos los estamentos del Estado, para llenarse de dinero ensangrentado. Lo he dicho reiteradamente, para que exista un narcotraficante se requiere el concurso de tres actores: un político que abra las puertas de par en par; un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Si uno de estos actores no participa, el narcotráfico no puede operar.

La masacre acontecida en Tortuguero en el aula de una escuela, fue el inicio del reciente desparpajo, un hombre asesinó, a la vista de todos, a una mujer que estaba en la facción contraria. Ayer sábado 29 en pleno centro de Guápiles, prácticamente frente a la entrada de emergencias del Hospital, masacraron cuatro personas.

Nuestra violencia es estructural, tenemos los peores indicadores en inversión en educación, salud, tecnología, oportunidades. Los que mueren son nuestros hijos, las mujeres y jóvenes vulnerables carentes de oportunidades a los que solo el narcotráfico les tiende la mano. Son hijos de la provincia más desigual de Costa Rica, de donde se saquea diariamente la riqueza, para que el vallecentrismo viva su opulencia.

Nuestra provincia está inmersa en una guerra desde hace muchos años, que ahora escala a la demostración de la barbarie a que están dispuestos los narcotraficantes para demostrar quién manda, después seguirá el privilegiado vallecentrismo.

Al igual que en Chicago en época de Al Capone, el alcalde y miembros del Concejo Municipal se arrinconan con silencio cómplice, suplicando las recetas de siempre, más policías, sabiendo todos, que cuando nos ofrecen seguridad, lo único que perdemos es la libertad, pues es la ciudadanía la que debe encarcelarse, como si los criminales fuéramos nosotros, para entregarles nuestras comunidades a su antojo.

La población sabe la forma en que la corrupción y la impunidad de políticos, jueces, fiscales, comerciantes, policías, funcionarios públicos (hombres y mujeres porque ahí no hay problemas de género, ni reclamos de violencia política), se pavonean por nuestras calles demostrando que nacen de la conducta del autoritarismo de esta destartalada república representativa, para acrecentar el miedo y dominarnos, insultándonos con su “creciente bienestar económico”.

Todos sabemos que la policía ha sido preparada solo para garrotear a la población cuando se levanta en protesta ante los desmanes de los que se les encargó administrar el país, la DIS solo persigue sindicalistas, dirigentes comunales o a quienes desde palacio les indiquen.

Manifiesto nuevamente mi preocupación, en como el Presidente ruge en flancos débiles con su potestad de imperio, pero guarda silencio y distancia en temas tan estratégicos como el que señalamos, porque todavía sigue la incógnita de cuál es la mano que mece la cuna. Fue regocijante ver la instalación de los escáneres en APM y la detección inmediata de cómo se prestan algunas industrias agrícolas para ensuciar nuestras exportaciones. Lo triste fue ver cómo se volvió la cara y se minimizó la situación, cuando sorpresivamente se destruyó uno de los escáneres. Todo volvió a la “normalidad”.

Reunido con Don Orlando, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, le hice saber que si no actuamos con rapidez y de inmediato, el descrédito a que se ha sometido la institucionalidad representativa -entre ellas el sistema de Justicia-, abrirá el paso a que se imponga otra justicia, aunque no nos guste la que surja, porque la espada aparece cuando la justicia llega tarde.

La ciudadanía con sus saberes y experiencias, debe levantarse y movilizarse en busca de la paz. Llamar a rendir cuentas – estén en el puesto que estén- a quienes permiten al narcotráfico asumirse dueño de nuestro destino y de la vida de nuestros hijos. Que asuman personalmente su responsabilidad. Deben revisarse sus cuentas bancarias, sus posesiones, sus relaciones políticas y comerciales. Llegó la hora de que pongamos orden.

Bajo el mandato de la Constitución Política debemos movilizarnos como El Soberano -hoy a 20 años de que nuestra Carta Magna, así lo reconoció -, junto a los funcionarios públicos y empresarios decentes, haciendo valer el poder del que somos dueños. Tenemos que sobrepasar el miedo y levantarnos con dignidad, con Dios de la mano, pues de no hacerlo seremos nosotros mismos, los que habremos hecho un pacto con el diablo.

Somos un pueblo de paz, construiremos un entorno de paz, pues la guerra no se derrota con la guerra, sino con la paz.

Un país bajo la piel

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El inicio de la época contemporánea de las movilidades humanas debe ser ubicado justamente hace diez años cuando el mundo observaba horrorizado el naufragio de una embarcación con más de 500 migrantes provenientes de Eritrea, Somalia y Ghana y que salió de Libia rumbo a Italia.

La fecha del 3 de octubre y el nombre Lampedusa marcan de alguna manera el comienzo de una época de horror fabricada por la gubernamentalidad migratoria global contra los cuerpos de las personas migrantes.

Entre Lampedusa y Ciudad Juarez han pasado cientos de miles de historias de drama y sufrimiento de personas que han fallado intentando cumplir el proyecto de tener un futuro mejor. En esta última ciudad, la necropolítica migratoria mexicana se encargó de calcinar, dejar morir al mejor estilo agambiano, a más de 40 personas migrantes “aseguradas” en un centro de gobierno estatal. Ocurrió el 28 de marzo reciente y las implicaciones de la apatía y la deshumanización institucional mexicana coludida con el sector empresarial privado apenas si empiezan a conocerse.

Hace apenas tres días una nota periodística informaba de la detención de 15 personas costarricenses en la frontera entre México y Estados Unidos cuando intentaban cruzarla. La estadística, apenas perceptible en la realidad centroamericana, muestra sin embargo la acuciante finalización de un proyecto costarricense basado en la integración horizontal y la fortaleza institucional.

El término de esta comunidad imaginada está produciendo poco a poco fisuras sociales que encuentran en la migración una estrategia de salvación y sobrevivencia. Fueron 15 esta vez, pero el conteo agregado ya empieza a mostrar cifras significativas desde una realidad golpeada por un autoritarismo de baja intensidad, la violencia estructural y la desigualdad galopante.

En un emotivo encuentro de música y poesía realizado el 30 de abril, los artistas nicaragüenses Luis Enrique Mejía Godoy y Gioconda Belli ofrecieron en San José un momento de reflexión, vibración y memoria.

Hablaron del exilio como ese país al que nunca se llega, al decir de Abdelmalek Sayad. El exilio como una posibilidad de reconstrucción de la historia personal, la piedra de Sísifo vista como una posibilidad de volver a levantarse una y otra vez. Hablaron de pieles que llevan países, como los migrantes de Lampedusa, los de Ciudad Juarez, los cientos de miles de exiliados y solicitantes de refugio en Costa Rica desde abril de 2018.

En tanto el orden global siga fabricando cuerpos exiliados, reducidos a la nada, su piel mostrará las marcas de países que empiezan a disolverse en la geografía. Para ellos la música y la música existirán para salvarlos.

¿Miden las encuestas lo que piensa la gente?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social

Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.

El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.

El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.

Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.

La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.

La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.

El hecho objetivo

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:

  • Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
  • Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
  • El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
  • En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
  • Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
  • El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
  • Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
  • Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
  • Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
  • Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
  • Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.

Ocuparnos de las causas

Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.

Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.

Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.

Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuenta con una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.

Abril,2023