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Colombia: Rechazan amenazas contra la vida de defensores y defensoras de DD.HH integrantes del Pacto Nacional Por la Salud y la Vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.

En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.

Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.

El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.

La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.

Por eso exigimos;

Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.

También solicitamos a:

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.

Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.

Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,

– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública.
– Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ).
– Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay.
– Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta.
– Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS).
– Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT).
– Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá.
– Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME).
– Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología.
– Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Alicia Milena Torres, profesora universitaria.
– Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia.
– Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia.
– Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria.
– Ana Marcela Bueno, docente universitaria.
– Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF).
– Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados.
– Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral.
– Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC).
– Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina.
– Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS).
– Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila.
– Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN).
– Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá.
– Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga.
– Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR).
– Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking.
– Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS).
– Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA)
– Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana.
– Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina
– Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional.
– Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina.
– Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur.
– Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida.
– Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE)
– César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut.
– Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social.
– Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL).
– Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria.
– Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador.
– Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia.
– Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE).
– Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia.
– Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia.
– Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC).
– Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona.
– Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia.
– Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
– Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
– Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Corporación Grupo Guillermo Ferguson.
– Cristina Ruiz, Argentina.
– David Cuéllar Gálvez, profesor universitario.
– Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH.
– Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga.
– Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia.
– Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva
– Diego I. Lucumí, profesor universitario.
– Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN).
– Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME).
– Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).
– Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín.
– Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE).
– Elba Luz Martínez, docente universitaria.
– Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil.
– Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
– Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G).
– Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
– Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador.
– Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria.
– Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES).
– Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia.
– Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM).
– Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca.
– Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia.
– Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP).
– Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente.
– Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO).
– Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN)
– Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD).
– Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México.
– Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá.
– Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC).
– German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia
– Gilberto Ríos, Uruguay.
– Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC).
– Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia.
– Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
– Gloria Leal, profesora universitaria.
– Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Haydali Rodríguez, profesora universitaria.
– Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD).
– Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín.
– Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia.
– Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI).
– Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria.
– Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL.
– Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia.
– Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
– Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario.
– Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá.
– Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos.
– Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción.
– Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador
– José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios.
– José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana.
– José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB).
– José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
– Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL).
– Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana.
– Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina
– Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas.
– Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA).
– Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ).
– Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR).
– Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR).
– Katia Cesa, Brasil.
– Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores
– Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS).
– Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario.
– Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados.
– Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia.
– Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
– Luz Marina Suaza, profesora universitaria.
– Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina
– Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores.
– Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina.
– Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO).
– María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
– María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá.
– María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS).
– María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua.
– María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY).
– María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia.
– Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria.
– Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz.
– Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile.
– Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB).
– Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación.
– Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP).
– Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial.
– Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP).
– Maylen Rojas, doctora en epidemiología.
– Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería.
– Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud.
– Mesa Ecuménica por la paz (MEP).
– Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA).
– Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES).
– Miguel López, comunicador social.
– Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
– Sandra Milena Montoya, profesora universitaria.
– Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina.
– Miryam Rico, presidentes, ACCES.
– Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil.
– Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento.
– Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana
– Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia
– Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización.
– Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI).
– Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI)
– Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador.
– Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT).
– Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia.
– Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
– Nora Aller, odontóloga, Argentina.
– Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).
– Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito.
– Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología.
– Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela.
– Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD).
– Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC).
– Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora
– Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina.
– Patricia Uribe, profesora universitaria.
– Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional.
– Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia.
– Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Red Colombiana de Salud Perioperatoria.
– Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz)
– Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ.
– Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador.
– Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá.
– Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública.
– Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria.
– Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia.
– Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE).
– Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina.
– Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT).
– Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina.
– Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia.
– Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia.
– Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria.
– Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC).
– Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria
– Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección.
– Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina.
– Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia.
– Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá
– Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT)
– Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República.
– Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista.
– Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina
– Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC).
– William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).
– William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial.
– William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST).
– Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador.
– Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia.
– Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.

La libertad de expresión es sustancial a la democracia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Nosotras feministas y mujeres defensoras de Derechos Humanos que conformamos la Red de Puntos Violentas nos posicionamos ante el caso de nuestra compañera defensora Claudia Campos Rodríguez, quien en este momento está lidiando con una demanda por difamación por parte de Juan Diego Castro.

El programa Suave un Toque, donde Claudia Campos Rodríguez era presentadora, realizó una serie de ediciones donde se abordó las candidaturas presidenciales, entre ellas Juan Diego Castro del Partido Integración Nacional (PIN). Debido a la crítica realizada y la información recopilada que realizó el programa durante la contienda presidencial del 2017, Claudia está siendo injustamente demandada por el delito difamación como reprimenda por ejercer el ejercicio de la comunicación popular.

Las organizaciones feministas y de mujeres aquí firmantes denunciamos esto como un ataque directo a la libertad de expresión y señalamos las intenciones en las que en muchas ocasiones se ha procurado en censurar las voces de jóvenes y mujeres críticas que han asumido el compromiso de informar y comunicar a la población nacional en el contexto electoral. La libertad de expresión es sustancial a la Democracia y la pluralidad de medios alternativos también.

La denuncia de Juan Diego Castro contra la compañera Claudia Campos durante su colaboración en el programa Suave un Toque, es un acto que busca desacreditar el trabajo de comunicadoras y comunicadores populares quienes encabezan el periodismo crítico y libre en la región de América Latina.

Recordemos que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia por fortalecer el funcionamiento de los sistemas pluralistas y deliberativos. La libertad de expresión protege y fomenta la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole. Sin libertad de expresión el concepto de opciones políticas se convierten en una ficción y la democracia en ilusión. La democracia se construye día a día, ¡por eso la defendemos!

Instamos al Poder Judicial y al Gobierno de Costa Rica poner alto a los intentos de coartar los derechos humanos con actos que son claramente antidemocráticos. También hacemos un llamado a la prensa libre y a las defensoras y defensores de Derechos Humanos a sumar su apoyo a Claudia en este momento de violencia política, donde la violencia machista, adultocentrista la quieren no sólo callar sino también castigar por expresar lo que es de conocimiento público.

Acompañemos a Claudia este 11 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. en el II Circuito Judicial de San José en Calle Blancos Goicoechea, porque la #JusticiaParaClaudia es Democracia. #NadieNosCalla
#EntreNosotrasNosCuidamos #ProtejamosLaLibertadDeExpresión

Para apoyar esta iniciativa ingrese aquí.

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Y ahora la tercera muerte de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Para los estados nacionales fundados por los criollos, hace un par de siglos, en esta parte del mundo, no se trata sólo de ignorar los derechos más elementales y la existencia misma de los pueblos originarios de Abya yala, nombre que le daban los kunas a este continente en que habitamos, sino de recurrir a su paulatina exterminación física y cultural como una serie de pasos previos para consumar su eliminación total o conversión postrera. Ese, y no otro, es y ha sido desde el siglo XIX el accionar y la intencionalidad manifiesta de quienes gobiernan todos estos países, de ahí su inacción y complicidad con los asesinatos de líderes indígenas que se cometen a diario en países como Colombia, Honduras, Guatemala e incluso en la pudibunda Costa Rica, un país este último donde los medios de comunicación apoyan, de innumerables maneras, a los terratenientes que se han apropiado de las tierras de los pueblos originarios, se trata de una nación que se declara blanca o caucásica por excelencia, una tan singular dentro de la que “esos otros desconocidos” no pasan de ser una molestia marginal, a lo sumo(que problema con esos “inditos” que no entienden todavía el valor comercial de la tierra), un estado costarricense que irrespeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, uno cuyo Poder Legislativo se negó hace ya diez años a votar una ley de autonomía para estos pueblos-nación que quedaron territorialmente, dentro del estado nacional de Costa Rica, uno cuyas autoridades tanto del gobierno central como de los municipios o gobiernos locales se mantienen entre la indiferencia y la complicidad manifiesta frente a la violencia y el atropello, casi cotidiano contra los bribris, cabécares, brorán, teribes, gnäbe bugles y malekus en lucha por recuperar sus tierras usurpadas. La escalada de violencia, con bandas de matones y pistoleros pagados por los terratenientes en los territorios de esos pueblos, culminó con el asesinato de dos importantes líderes de esos grupos étnicos, en el lapso de poco más de un año: Sergio Rojas Ortíz y Jehry Rivera, líder entre los bribris el primero y de los brorán el segundo cayeron abatidos por la violencia homicida, ordenada por poderosos intereses económicos, los que necesitan esas tierras paras sus grandes negocios, y están decididos a quitarse esas gentes de su camino sin entrar en consideraciones humanitarias de ninguna clase, recurriendo incluso a aquellos que han renegado de sus orígenes para consumar el genocidio y el etnocidio simultáneos.

Dado lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que no tuvo que transcurrir siquiera un lapso de dos años para que se consumara lo que me atrevo a calificar, sin tapujos ni bobadas de ninguna clase, como la tercera muerte de Sergio Rojas Ortíz. El atroz crimen ocurrido en Salitre del cantón de Buenos Aires, en la noche del 18 de marzo de 2019 fue apenas el inicio de un no tan lento proceso hacia la impunidad y el olvido del crimen cometido en la persona de uno de los líderes más importantes entre los bribris que habitan en el actual territorio de Costa Rica, casi de inmediato se ejecutó su segunda muerte cubriéndolo con una campaña de infamias a través de los medios comunicación más importantes del país, esa muerte consistió en censurar acremente, y recriminar de previo a quienes se atrevan a invocar su memoria como un luchador consecuencia por los derechos de los suyos, con lo que se buscaba no solo deslegitimar esa lucha sino abrir el camino para la impunidad y el olvido.

Cuando apenas ha transcurrido un año y medio del primero de esos asesinatos, el de Sergio Rojas Ortiz, su tercera muerte comienza a abrirse paso en los medios de comunicación social e incluso en las redes sociales, para ello el Poder Judicial declara cerrado el caso ante lo que llama la “imposibilidad” de identificar a los culpables (no se distingue entre autores intelectuales y ejecutores, desde luego) del crimen.

A diferencia de Ramón Mercader, el catalán que asesinó al líder bolchevique León Trotsky en la ciudad de México, cuya tercera muerte viviendo siempre bajo otro nombre, ocurrió en Cuba en 1978, después de haberse convertido en “otro” (Jacques Mornard- Frank Jackson) para cometer el crimen y pasar después veinte años encarcelado en México en esa misma condición enajenada, aquí no es el victimario (recordemos el libro de Jorge Semprún LA TERCERA MUERTE DE RAMÓN MERCADER) sino la víctima en la persona de Sergio Rojas Ortiz, la que es asesinada una vez más, al negar la posibilidad de establecer las responsabilidades de él o los asesinos, abriéndole paso a la impunidad y al olvido en un país sin memoria histórica. Para nosotros, Sergio Rojas Ortiz vivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria, su legado nos pertenece también a todos los que asumimos y respetamos su humanidad, al igual que la de todos sus hermanos de los pueblos originarios que habitan el actual territorio de Costa Rica, quienes merecen todo nuestro respeto y la solidaridad que podamos darles. Que así sea.

¡Repudio a los femicidios! ¡Apoyo a las movilizaciones recientes!

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Organización Política Carmen Lyra

Durante esta semana han salido a la luz los presuntos culpables de los asesinatos de María Luisa Cedeño y Allison Bonilla, y en lo que llevamos del año, según el Observatorio de violencia de género contra las mujeres y el acceso a la justicia, se han registrado 9 casos de femicidios reconocidos judicialmente en Costa Rica.

Estos femicidios son una evidencia irrefutable de lo violento que es este sistema patriarcal y machista con el que tenemos que convivir día a día las mujeres, un sistema que quiere mantener siempre el control de nuestro cuerpo, y en caso de que alguna de nosotras reaccione de manera negativa o confrontativa ante este control, se le trate de manera violenta, denigrante y agresiva contra nuestra integridad física, psicológica y sexual.

Las formas bajo las cuales se llevan a cabo estos feminicidios y se realiza su investigación solamente nos recuerda y reafirma la necesidad de reivindicar la condición de humanidad de las mujeres como personas que merecen ejercer su vida con dignidad. El papel trascendental que juegan las mujeres en el desarrollo de una sociedad más justa, digna y equitativa se ve minimizado con las formas de violencia que se normalizan.

Los deficientes procesos judiciales en los cuales no se prioriza la búsqueda de los asesinos ni la claridad de sus condenas evidencia la poca importancia que le dan las autoridades de la materia a las vidas de las mujeres. Pero esta solo es una parte de la cultura de violencia hacia las mujeres que debe de eliminarse. La cultura de prevención de la violencia está sumamente minada y olvidada, y es allí donde se debe promover que las vidas de las mujeres importan tanto como la de cualquier ser humano que habita la tierra.

Las condiciones actuales nos exigen un profundo replanteamiento del valor que se le da a las labores de cuido en esta sociedad. No hay que olvidar que esta labor ha recaído históricamente sobre las mujeres como un papel secundario; sin embargo, es a través del cuido y la crianza que se forman los seres humanos, y es a través de ellos que podremos crear más y mejores condiciones para lograr que las mujeres seamos al fin libres de realizarnos como personas con todo nuestro potencial.

Mientras esta situación no cambie, viviremos con sentimientos de rabia y de tristeza a la vez, y es esta combinación de sentimientos lo que nos permite tomar las acciones que sean requeridas para evitar que las vidas de las mujeres sean asesinadas y ultrajadas de su dignidad.

Desde la Organización Política Carmen Lyra apoyamos y nos solidarizamos con las acciones feministas ejecutadas en el país, y condenamos rotundamente que se sigan cometiendo femicidio, asesinando a las mujeres solo por el hecho de serlo. Hacemos un llamado a las autoridades a que tomen todas las medidas requeridas para que las personas culpables cumplan las penas correspondientes, y a la sociedad para que reflexionemos sobre los principios que están manteniendo nuestras relaciones actuales.

Datos 2020: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Estadisticas/Femicidio/Documentos/Femicidio_2020_28agosto_cdr.pdf

Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia: http://observatorio.mj.go.cr/observatorio-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-y-acceso-la-justicia

Pueblo Bribri no se detendrá en la defensa de sus derechos ancestrales

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A más de 6 meses del vil y cobarde asesinato del hermano Sergio Rojas del Clan U̱ni̱wak, el Pueblo Bribri de Salitre sigue luchando por sus derechos que legítimamente le corresponden y que han sido negados por parte del Estado costarricense, responsable de que el hermano Sergio no este hoy en día. Durante más de 20 años Sergio reclamo al Estado la devolución de sus tierras, hasta que viendo como el Estado hacia caso omiso a esta exigencia, decidió el Pueblo Bribri comenzar por hacer acciones para la reafirmación territorial por medio de las recuperaciones de tierras. Tras recuperar gran parte del territorio y a pesar de las continuas agresiones por parte de los terratenientes no indígenas, el Estado brillaba por su ausencia, y más bien, en muchos casos arremetía contra el Pueblo Bribri por medio de su Poder Judicial. Todo esto aunado a las acciones ilegalidades e irregulares por parte de diferentes ministerios (INDER, MINAET, PANI, INAMU, DINADECO, MEP, CCSS, otros) de Poder Ejecutivo en clara violación a la ley 6172, al Convenio 169 y diversas Declaraciones en favor de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Hoy, queremos expresar nuestra más profunda indignación porque a pesar de tantos años de reclamo y a más de 6 meses de ausencia del hermano Sergio, el Estado continua con las políticas represivas en contra del Pueblo Bribri de Salitre, permitiendo que los terratenientes ilegales continúen dentro de nuestras tierras a pesar de haberse demostrado que no son poseedores de buena fe y de que han estado involucrados con algún tipo de grave violencia y discriminación en contra del Pueblo Bribri. El Estado por medio de su Poder Ejecutivo y Judicial ha permitido que tierras que le corresponden ancestralmente al Pueblo Bribri sean dadas a las Asociaciones de Desarrollo, ente que durante más de 40 años ha servido para intereses en favor del Estado. Las amenazas continúan contra aquellos que reclaman su derecho legítimo a la tierra, no hay libertad, ni paz cuando los mismo agresores que por años han atentado contra el Pueblo Bribri continúan libremente por nuestras calles, por nuestras tierras. Las acciones represivas y violatorias de los derechos indígenas del Pueblo bribri continúa por parte de estos ministerios, viniendo a empeorar el sensible sentimiento de pérdida de nuestro hermano. La IMPUNIDAD es palpable con respecto al asesinato del hermano Sergio así como de los muchos casos judiciales que se encuentran en manos del Poder Judicial.

El Pueblo Bribri no se detendrá en la defensa de sus derechos ancestrales, y defenderá la Madre Tierra hasta su último aliento de vida, tal como lo hizo nuestro hermano Sergio.

Agradecemos a todos aquellas y aquellos que de diversas formas han apoyado al Pueblo Bribri en su lucha y resistencia.

“Antes de salir huyendo, prefiero morir luchando por los ideales del pueblo bribri. Los Bribris no tenemos miedo. Gracias a todos y todas las personas que luchan por un mundo mejor para todos”.

Uniwak

Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa

Territorio Bribri de Salitre

 

Enviado por Marcela Zamora Cruz.

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FRENAPI: A seis meses del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Derechos.

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

DENUNCIA PÚBLICA DEL FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)

¿QUIÉN LO MATÓ?

A SEIS MESES DEL ASESINATO DE SERGIO ROJAS ORTIZ

Hoy, 18 de setiembre del 2019, se cumple medio año del ruin y repudiable asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak de Salitre (Buenos Aires de Puntarenas), miembro del Concejo Ditsö Iriria Ajkönúk Wakpä, de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra, fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas- FRENAPI.

Sergio Rojas Ortiz representó, representa y representará el espíritu indómito defensor de los DDHH de su Pueblo Bribri y de los demás Pueblos indígenas en Costa Rica. En su resistencia y valentía, tan incómodas para las personas agresoras de los DDHH de los Pueblos, está la causa de su asesinato.

EL 17 de setiembre del 2012, hace 7 años, Sergio fue víctima de un atentado a balazos que, por segunda vez (un año antes lo habían apedreado desconocidos en un recodo del camino), dejó ver la intención de asesinarle. El hecho fue denunciado, el resultado se alejó de ser una investigación profunda del caso.

La persecución con amenazas y agresiones contra Sergio, fue permanente por parte de las personas usurpadoras NO indígenas tanto de su Territorio Bribri como de otros territorios cercanos. Esta persecución se ejecutó por quienes vieron en la causa indígena una amenaza de perder las tierras que con maña y violencia arrebataron a sus habitantes originarios: los Pueblos Indígenas. En esa «campaña» contra Sergio, contra sus compañeras/os recuperantes y el Frente (FRENAPI) también estuvieron (están) implicados miembros de la Municipalidad y Alcalde de Buenos Aires, funcionarias/os de Gobierno Central, Judiciales y Diputadas/os de varios Partidos y Administraciones. También, se unieron (y se unen) medios de comunicación como la Extra y algunos Noticieros de Televisión que replicaron su encarcelamiento provisional por “acusaciones” que no tienen fundamento con información tergiversada y/o sensacionalista.

En el 2015 la Comisión Interamericana de DDHH – CIDH dictó las Medidas Cautelares MC 321-12 a favor de los Pueblos de Salitre y Térraba, la razón: la escalada de actos de violencia y hostigamiento contra estas poblaciones. Una de las finalidades primordiales que pretenden desde entonces las MC 321-12 corresponde a la adopción de medidas necesarias para el resguardo de la vida e integridad personal de las/os miembros de ambos Pueblos. A pesar de ello, los Gobiernos Solís Rivera y Alvarado Quesada no cumplieron con la implementación de los Protocolos para hacer efectivas esas Medidas, permitiendo, por omisión, y a veces con la complicidad in-directa de la Fuerza Pública, que las personas agresoras y violentas continuaran ejecutando sus actos delictivos, hasta culminar con el asesinato de nuestro hermano Sergio.

Las Comunidades no han dado marcha atrás, la violencia no se detiene y las recuperaciones de Tierra/Territorio aumentan en Salitre y se expanden a otros Territorios, bajo las consigas «Sergio Vive- la Lucha sigue y se extiende”, “Sergio No murió, se MULTIPLICÓ”.

A seis meses del vil asesinato de nuestro hermano, se desconoce el estado de la Investigación que realiza la Fiscalía General. La impunidad histórica de los delitos contra los Pueblos Indígenas es patente.

Reprochamos que cuando las/os indígenas denunciamos actos delictivos, no se da trámite a nuestras denuncias, llegando incluso a ser rechazadas o archivadas sin previa investigación. Esto genera mayor violencia y temor cuando llegan las personas agresoras denunciadas, quienes se atreven a perpetrar nuevos actos delictivos bajo el cobijo de la impunidad que constantemente les favorece.

El escenario impune, permite más espacio de acción a las personas usurpadoras y agresoras, tanto particulares como a funcionarias/os de los tres poderes estatales. La más reciente agresión física se evidencia contra la compañera Magdalena Figueroa, recuperante de la Finca Kapleña de Salitre a quien el usurpador le roció su rostro con herbicida. En cuanto al hostigamiento y agresión emocional, se evidencian las amenazas del PANI principalmente a nuestras compañeras, respecto a llevarse a las/os menores de edad de las fincas recuperadas por las familias indígenas (este hecho recientemente lo denunciamos públicamente).

La Ley Indígena establece que «los territorios indígenas son inalienables, exclusivos de los Pueblos que los habitan…Los NO indígenas No pueden poseer tierras dentro de estos territorios, ni construir casas, ni usar los recursos naturales que ahí existan…» (Ley 6172 de 1977), en el mismo sentido el Convenio 169 de la OIT (de los Pueblos Indígenas) ratificado por Costa Rica 1992, dice que el Estado (todo) debe garantizar la seguridad e integridad de los Territorios Indígenas y el respeto de los demás Derechos de estos Pueblos.

De lo dicho y principalmente de lo vivido, tenemos certeza que el Estado Costarricense No ha podido garantizar la vida e integridad personal de nuestros Pueblos ni de sus defensores, tampoco hay voluntad política por parte del Estado para lograr el saneamiento territorial de los Pueblos Indígenas. Por el contrario, ha permitido por acción u omisión la usurpación de sus Tierras/Territorio, no ha logrado garantizar otros derechos de nuestras/os hermanas/os indígenas, dejando que las personas agresoras sigan entrando y saliendo sin impedimento de los Territorios. Todo esto, bajo la complicidad de un sistema impune para las personas agresoras y severo para la población indígena con ensañamiento en quien es defensor/a de los DDHH.

EXIGIMOS SANEAMIENTO E INTEGRIDAD TERRITORIALES;

RESPETO POR NUESTROS DERECHOS HUMANOS.

¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA SERGIO!

¡Por una Justicia Pronta y Cumplida, NO MÁS IMPUNIDAD!

¡LA LUCHA SIGUE!

¡Autonomía Indígena YA!

¡Sergio No murió, se multiplicó!

¡Sergio Rojas VIVE!

FRENAPI, 18 de setiembre 2019

COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

COMUNICADO_FRENAPI_6-meses-del-ASESINATO-de-SRO_18-de-setiembre-2019Descarga

 

Enviado por Suyen Vega.

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ODHAIN: continúa violencia contra recuperadores indígenas de tierras

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Observatorio en Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)

A las autoridades públicas y organismos internacionales

A solicitud y por invitación del Comité de Recuperantes Brörán de la Finca Crun Shurín del Territorio de Térraba y del Comité Coordinador de Mujeres Recuperadoras Yimba Caj -de la Finca Du Tuj del Territorio Brunkaj (Boruca) de Yimba Kaj (Rey Curré) ante nuevos acontecimientos ocurridos en ambas Fincas recuperadas: en Crun Shurín, el retiro de los bienes muebles que quedaban, del supuesto poseedor, que deja en incertidumbre y «… más vulnerables pues se llevaron hasta los portones…»; con rumores de una posible acción violenta en contra de las familias recuperantes; en Du Tuj, reitera su denuncia de que «… venimos siendo amenazadas, acosadas  y agredidas por el No indígena, usurpador Juan Jiménez Hidalgo y sus matones…».

La 17°. Misión del Observatorio ODHAIN, se realizará los días domingo 25 y lunes 26 de agosto del 2019, saliendo de San José para entrevistarse con personas de las comunidades mencionadas, que recuperan tierra / territorio, con autoridades locales y de ser posible con los supuestos dueños de las fincas o sus representantes; tiene como objetivos, documentar e informar a la comunidad nacional e internacional los hechos suscitados en las últimas semanas, así como dar seguimiento a los anteriores Informes ODHAIN relacionados con estas dos comunidades de recuperantes.

La 17° Misión ODHAIN, visitará en el primer día, las comunidades de Crun Shurín y de Du Tuj, para entrevistar a las personas y grupos en conflicto y documentar los hechos denunciados. En el segundo día ( y posteriores en San José) se dará énfasis a las entrevistas con autoridades policiales, despachos judiciales que intervienen en esos casos; también con INAMU, representantes de Iglesias – INDER y el viceministro de la presidencia Juan Alfaro, encargado de la implementación de las medidas cautelares establecidas por la CIDH, a los Territorios de Salitre y Térraba.

La 17°. Misión del ODHAIN está integrada por: Alejandro García Valerlo, 1 – 489 – 786, del Movimiento Humanista Internacional (Sección Costa Rica); Gustavo E. Cabrera Vega, cédula 3-222-901, de la Asociación Americana de Juristas – Capítulo CR (AA) – CR); Ana Nicté Castillo Delgado, cédula 4 – 0227 – 0830, del Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR); Suy Len Wong Ugalde, cédula 1-572-540, del Centro Amigos para la Paz (CAP); Alejandro Céspedes Badilla, cédula 1- 0991 – 0557 y Aída Varela Murcia, Pasaporte F- 143405, ambos de Justicia Paz e Integridad con la Creación (JPIC), de la Familia Franciscana.

La Coordinación de la Misión estará a cargo de Aída Varela Murcia y Alejandro García Valerlo. Hacemos la presente comunicación para los efectos correspondientes, agradecemos la atención a la misma.

Observatorio en Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN) (Sede SERPAJ-CR / 2223-4472 / informesodhain@gmail.com

 

Enviado a SURCOS por Suyen Vega.

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FRENAPI denuncia amenazas del PANI y gobierno hacia recuperadores indígenas

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El día jueves 22 de agosto del 2019, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a través de su Trabajadora Social, Laura Salazar Gonzales, volvió para amenazar a familias indígenas de la Finca Kapleña, en conflicto con el usurpador No Indígena, en Salitre. Personeras del PANI, han amenazado con regresar con la policía para llevarse a las/os niñas/os, ingresarlas/os a albergues y acusar a madres/padres de poner en riesgo y peligro a personas menores de edad si continúan con las acciones de recuperación. Han intimidado a estas familias al decir que pueden ser encarceladas y con ello declarar el abandono de sus hijas/os para “…quitarnos las/os chiquitas/os para siempre…”. Se ha amedrentado a las familias recuperantes proponiendo que se retiren del lugar y dejen al usurpador tranquilo.

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