Nosotras, las mujeres y personas en su diversidad y colectivos disidentes, nacemos de la disputa por nuestros espacios, por colectivizar la alegría y las resistencias para alcanzar nuestros derechos, pero sobre todo, porque desde la autonomía tenemos el derecho de posicionarnos políticamentedesde los feminismos, porque lo personal es político.
Es por eso que en este contexto electoral nos posicionamos a favor de las mujeres, los cuerpos feminizados y personas del colectivo LGTBIQ+, pero además todas aquellas poblaciones históricamente excluidas y vulnerabilizadas, como las personas adultas mayores, personas de pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes, personas con diversidad funcional y menores de edad.
Por lo tanto, pese a que nacemos en un contexto electoral, ninguna oferta electoral se ha acercado de manera responsable a nuestras demandas y se han instrumentalizado las necesidades de la ciudadanía, sobre todo en territorios rurales y periféricos.
Hoy 31 de marzo del 2022, nos pronunciamos en sororidad ante la situación que está viviendo la joven Sofía Agüero, miembro del partido Progreso Social Democrático, una mujer que en el contexto electoral, ha sido instrumentalizada para fines corruptos en un país donde la democracia nunca ha sido representativa.
Queremos así mismo denunciar el acoso violento y abusivo por parte de los seguidores del candidato Rodrigo Chaves hacia nosotras y otras colectivas posicionadas en el contexto electoral, lo cual denota que se sienten acuerpados por una lógica misógina, machista empoderada por lo que ha representado dicho candidato, el cuál no se hace responsable por este tipo de campañas agresivas y polarizadas.
Comprendemos que la población desea un cambio y que esta polarización en ciertos contextos nace de este deseo, pero precisamente aquí es dónde vemos una oportunidad: no podemos seguir permitiendo el acoso y la violencia sexual o política hacia las mujeres y otras personas en contextos electorales.
Adjunto podrán encontrar material que se ha recopilado desde los activismos inscritos desde No Más Acoso CR, que son evidencia de los ataques fanáticos realizados por los seguidores de Rodrigo Chaves contra nuestros feminismos.
¡Sumemos nuestras voces contra el acoso sexual, contra la política tradicional y machista!
¡Sumemos unidad entre nosotras las mujeres que desde nuestros posicionamientos e incidencia seguiremos haciendo historia por todas, todes, quienes no están y quienes vendrán!
Los tentáculos del uribismo, el fallido narco-estado colombiano, las indecisiones de Iván Duque, la estructura paralela de los grupos paramilitares. Tienen un rasgo esencial. No cesan de asesinar al pueblo de nuestra hermana República de Colombia.
En los últimos días el asesinato de Mario, profesor de agricultura que adhería la filosofía rastafari; la prestigiosa médica LUZ ARTEAGA, que combinó su noble profesión con su papel de lideresa social. BREINER CUCUÑA, niño indígena Nasa, defensor de la tierra. Sí, los tres comparten un destino común, fueron asesinados en sus territorios, defendiendo las causas sociales más nobles.
Llamamos a los organismos de sociales nacionales de Colombia, a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, para que inicien una campaña sostenida, cuyo eje esencial sea el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, pero sin la injerencia del ejército de los Estados Unidos, en dichas negociaciones.
Está demostrado que las “Fuerzas del Orden”, tienen como objetivo básico el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, contra el movimiento social y la población disidente. Como lo dice el autor citado. La doctrina promovida por EEUU básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”. (Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. /… / el mismo autor citado agrega que, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que toman los policías de este en América Latina, lo hacen bajo la dirección de la Escuela de las Américas, de tal suerte que, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información” (https://www.alainet.org/es/articulo/183982). La sostenida provocación del actual gobierno de Iván Duque y la escalada de acciones militares en la frontera de Venezuela, explican el trasfondo de lo que estamos denunciando.
Por eso compartimos como lo señalan el periódico digital El Clarín de Colombia y el noticiero de radio el Clarín, cuando señalan lo siguiente: La urgente desmilitarización de la frontera con Venezuela, que cese los asesinatos de líderes populares, que se evite el desplazamiento masivo en Catatumbo. (https://fb.watch/aGJ5wVJ1CW/).
No nos es extraño por eso que el embajador de Rusia en Venezuela, Serguei Melik-Bagdasárov, considere la posibilidad de que, entre Rusia y Venezuela, se intensifiquen los lazos de cooperación militar ante un eventual aumento de las presiones por parte de los Estados Unidos.
Podría parecernos no razonable. Pero, a decir verdad, la escalada militar en la frontera entre Colombia y Venezuela, responde a la naturaleza intervencionista de los Estados Unidos en nuestras soberanías nacionales. No olvidemos que el Departamento de Arauca, dirigido por un militar, es uno de los puntos de mayor fricción en este momento histórico entre ambos países.
En otro orden de cosas, también denunciamos, los ataques violentos con artefactos explosivos de las sedes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, las sedes del Pacto Histórico y de Comunes.
Citamos nuevamente los medios de comunicación masiva colombianos que al respecto señalan:
Finalmente, como partido elevamos este comunicado ante la opinión pública nacional e internacional y exigimos el respeto a los Derechos Humanos esenciales del pueblo de Colombia. Respeto a la vida de las lideresas y líderes populares, sindicales y partidistas.
Vendrá un momento, en que Uribe, Duque y los otros testaferros del imperialismo norteamericano, tendrán que ser sentados en el banquillo, para que dé cuenta de sus crímenes de lesa humanidad.
San José, lunes 24 de enero de 2022
HUMBERTO VARGAS CARBONELL. Secretario General. TRINO BARRANTES ARAYA. Presidente. LUIS ALFONSO PARDO MARTÍNEZ. Secretario de Relaciones Internacionales. Partido Vanguardia Popular
El 1 ero de julio del año 1981, en Costa Rica, la joven Viviana Gallardo Camacho, de 18 años de edad, fue asesinada por varios disparos en una diminuta celda de detención de la Dirección General de la Guardia Civil, al tiempo que fueron heridas de bala dos compañeras suyas, también detenidas con ella.
Los tiros provinieron de un oficial de esta misma Guardia Civil, José Manuel Bolaños Quesada, quien, sin tener asignada la vigilancia de Viviana Gallardo y la de sus compañeras aquel fatídico día, llegó con su metralleta y al parecer, instrucciones muy claras.
En un texto del juez Rodolfo Piza Escalante adjuntado a una decisión de setiembre de 1983 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso (véase enlace, páginas 19-31), se precisa que:
«2. El 1o. de julio de 1981, el Cabo de la Guardia Civil José Manuel Bolaños Quesada, que no estaba a cargo de la vigilancia de las detenidas, logró llegar hasta la puerta de su celda y disparar con una metralleta a través de la mirilla de la misma, causando la muerte de Viviana e hiriendo a sus compañeras Alejandra y Magaly«.
La noticia de la muerte de Viviana Gallardo estremeció a toda la sociedad costarricense y causó un profundo impacto en Costa Rica, en una época de violencia política que caracterizaba a la región centroamericana.
Desde la perspectiva internacional, el caso fue informado usando los canales usuales: por ejemplo, en este cable desclasificado de los archivos de la diplomacia de Argentina, se precisa la forma – algo escueta – en que fue informada la capital argentina por parte de uno de sus representantes en Costa Rica (véase texto). No se ha tenido acceso a otros cables diplomáticos enviados en la época desde San José (y se considera que una investigación al respecto sería muy deseable en aras de conocer mejor cómo la correspondencia diplomática comunicó al mundo este asesinato, y con base en qué tipo de fuentes).
Una reacción insólita del Estado costarricense
Desde la perspectiva del derecho internacional público, el caso del asesinato de Viviana Gallardo constituye una verdadera rareza, como lo detallaremos a continuación.
Se lee, en una primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de noviembre de 1981 (véase texto completo), que el Estado costarricense presentó una denuncia, muy pocos días después de los hechos, ante la misma Corte:
«1. Mediante telegrama del 6 de julio de 1981, el Gobierno de Costa Rica (en adelante «el Gobierno») anunció la introducción de la instancia de una demanda para que la Corte entrara a conocer el caso de Viviana Gallardo y otras. Por escrito del 15 de julio de 1981 ese anuncio fue formalizado. En su demanda el Gobierno manifestó a la Corte la decisión de someter a su conocimiento el caso de la muerte en prisión de la ciudadana costarricense Viviana Gallardo, así como el de las lesiones de sus compañeras de celda, causadas por un miembro de la Guardia Civil de Costa Rica, encargado de su vigilancia, en la Primera Comisaría de la Institución; hechos ocurridos el 1 de julio de 1981. En su demanda el Gobierno, invocando el artículo 62.3 de la Convención, solicitó que la Corte decidiera si esos hechos constituían una violación, por parte de las autoridades nacionales de Costa Rica, de los derechos humanos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención, o de cualquier otro derecho contemplado en dicho instrumento internacional «.
El entonces Presidente de la Corte, el costarricense Rodolfo Piza Escalante, tramitó de manera muy célere la solicitud. Se lee en esta misma precitada decisión que:
«5.Por resolución del 15 de julio de 1981, el Presidente de la Corte, Dr. Rodolfo E. Piza E., decidió someter directamente la consideración de la demanda del Gobierno a la Corte en pleno. Resolvió igualmente, según lo dispuesto por el artículo 5.3 del Reglamento, ceder la Presidencia para el conocimiento del presente asunto al Vicepresidente, Dr. Máximo Cisneros. Habiendo sido electo Presidente de la Corte el Juez Carlos Roberto Reina el día 17 de julio de 1981, pasó desde la misma fecha a presidir las sesiones en sustitución del Juez Máximo Cisneros«.
La respuesta del juez interamericano se dio en dos tiempos.
En una primera decisión del 13 de noviembre de 1981 (cuyo documento original puede apreciarse en este enlace) los jueces decidieron rechazar la solicitud de Costa Rica, al leerse en la parte dispositiva que la Corte:
«1. Decide, unánimemente, no admitir la demanda introducida por el Gobierno de Costa Rica para el examen del caso de Viviana Gallardo y otras. 2. Decide, unánimemente, aceptar y tramitar la solicitud subsidiaria del Gobierno de Costa Rica para remitir el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. Decide, unánimemente, retener la petición del Gobierno de Costa Rica en su lista de asuntos pendientes en espera del trámite ante la Comisión«.
Reenviado el caso a la Comisión, en este enlace se puede apreciar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 30 de junio de 1983, que concluye:
«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el Artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«.
En un segundo tiempo, en una resolución del 8 de setiembre de 1983, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase enlace pp.16-17), páginas decidió:
«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4. Incluir la presente resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el artículo 59 inciso g) del Reglamento de la Comisión«.
El precitado juez Rodolfo Piza Escalante se apartó del criterio de la mayoría (véase enlace, página 31), al indicar en una larga opinión disidente (o voto salvado) que:
«MI VOTO SALVADO es para que la Corte declare: 1. Que, en virtud de la Resolución de la Comisión No. 13/83 de 30 de junio de 1983, deben tenerse por agotados jurídicamente los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2. Que, en consecuencia, cumplida la condición de procedibilidad impuesta por el artículo 61.2 de la Convención y de conformidad con la Decisión de esta Corte del 13 de noviembre de 1981, debe la Corte reasumir el conocimiento de la petición presentada por el Gobierno de Costa Rica«.
En los anales del derecho internacional público, este caso resulta a todas luces insólito, en la medida en que, por primera (y única) vez, un Estado presentó una denuncia … en su contra. El sistema internacional de protección de los derechos humanos funciona como un régimen que asiste a las víctimas en caso de no encontrar justicia o respuesta a sus reclamos en un Estado Parte a un tratado internacional de derechos humanos: pero nunca fue ideado para que los Estados presenten denuncias en su contra.
Cuando el caso fue enviado para conocimiento de la Comisión, órgano interamericano jurídicamente habilitado para recibir denuncias por parte de las víctimas, una desgarradora carta de la madre de Viviana Gallardo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de julio de 1983 (véase texto completo) señaló las condiciones inhumanas de detención previo al asesinato de su hija y las humillaciones a la que fue sometida días antes de aquel 1ero de julio de 1981.
Viviana Gallardo: preguntas lancinantes que no logra borrar el tiempo
En este muy completo artículo publicado por la BBC en el 2017 y titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:
«Sin embargo, el Tribunal Superior Primero Penal condenó a Bolaños como autor único del crimen a 24 años de prisión, que después se redujeron a 18. Luego se le permitió visitar a sus hijos los fines de semana y el 30 de septiembre de 1987 obtuvo el beneficio de la libertad condicional.«
Una libertad condicional otorgada en setiembre de 1987 para hechos acaecidos en julio de 1981 plantea algunas interrogantes. No se ha tenido acceso a algún análisis desde la esfera penal que pueda explicar tan generoso beneficio obtenido de forma tan rápida por los defensores del señor Bolaños. Es de notar que en el precitado informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1983, el Estado costarricense se refirió a la pena de 18 años impuesta al señor Bolaños en una de sus respuestas:
» 13. El Gobierno de Costa Rica en nota del 24 de agosto de 1982 dio respuesta a la solicitud de la Comisión, adjuntando dos certificaciones debidamente autenticadas de las sentencias dictadas en la causa contra José Manuel Bolaños por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de Viviana Gallardo, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nasser. También informó que la pena de 18 años de prisión impuesta al señor Bolaños se cumple actualmente en el Centro Regional de Adaptación Social de Pérez Zeledón».
Fotografía de placa conmemorativa artesanal que apareció en el 2017 y fue a las pocas horas retirada, extraída de artículo de la BBC del 2017 titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica».
En las conclusiones de su libro publicado en el 2017, titulado «El crimen de Viviana Gallardo» (véase texto completo), luego de un exhaustivo análisis, el historiador costarricense David Díaz Arias finalizó con dos preguntas que, 40 años después de los hechos, permanecen siempre muy válidas:
«El cabo Bolaños murió en junio del 2014 y la prensa comentó entonces que se había llevado a la tumba “el secreto” de por qué mató a Gallardo. En ese contexto, la segunda esposa de Bolaños repitió que aquel hombre había sido bueno, pero le indicó a La Nación que no quería ahondar en el pasado porque “ya lo que pasó pasó y él recibió la condena. Solo él y Dios saben lo que pasó y ya se lo llevó a la tumba”. Como se ve, es imposible que se dejen de tejer dudas sobre la muerte de Gallardo si la prensa insiste en crearlas o reproducirlas. No era exacto que Bolaños no hubiera dado una causa de por qué mató a Gallardo; de hecho, sí lo hizo, construyó dos explicaciones: la de que había sido una venganza, que ensayó entre julio de 1981 y marzo de 1982 y la de que había sido un plan construido desde “arriba” que primero reveló al Semanario Universidad en 1981 y que sostuvo y amplió en detalles desde 1982 hasta 1991. Su pena, además, fue drásticamente reducida de la que originalmente se le había impuesto.
Resulta claro ahora que la teoría de que Gallardo fue asesinada para evitar que delatara a los miembros de “La Familia” carece de fundamento, ya que desde el 17 de junio de 1981, las autoridades habían capturado prácticamente toda la documentación necesaria relacionada con ese grupo. Tampoco es creíble la teoría de que fueron altas autoridades políticas o policiales las que planearon el asesinato, dado que para efectos de combatir el comunismo era más estratégico que Gallardo permaneciera viva. Las preguntas de fondo, que permanecen sin responder son: ¿a quiénes les convenía que Gallardo muriera? ¿Quiénes podían ser directamente perjudicados si ella declaraba en los tribunales? » (pp.26-27).
En este artículo publicado por el periodista Fernando Francia el 2 de julio del 2020, titulado «Viviana Gallardo: un crimen aleccionador«, se lee que:
«El debate sobre terrorismo o revolucionaria se instaló para siempre. Los medios mantienen la versión de terrorismo, aunque estudiosos de historia, tanto David Díaz de la Universidad de Costa Rica como Eduardo Tristán de la Universidad de Santiago de Compostela, sostienen que, por sus postulados políticos, por los documentos encontrados y por las prácticas demostradas atribuidas a la organización no puede adosárseles el término de terrorismo. Era un grupo que cuestionaba el orden establecido y las injusticias y que pretendía realizar cambios por la vía armada».
A modo de conclusión
Salvo error de nuestra parte, en este 1ero de julio del 2021, no se ha observado ninguna iniciativa para conmemorar los 40 años desde que fue asesinada Viviana Gallardo en Costa Rica.
Pese a ello, no cabe duda que en este caso (como en muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en América Latina), la exigencia de justicia y de verdad se acentúa con el pasar de cada primavera, de cada conmemoración; al tiempo que, algunos de los testigos de aquella convulsa época en América Central podrían sentir (tal vez) que ya ha llegado el momento de liberar algunas cosas ocultadas durante 40 años.
(*) Este texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.
El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.
Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).
Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.
Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.
Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.
“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.
Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.
En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.
Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.
El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.
La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.
Por eso exigimos;
Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.
También solicitamos a:
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.
Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.
Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,
– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública. – Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ). – Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH). – Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay. – Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta. – Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS). – Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT). – Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá. – Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME). – Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. – Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Alicia Milena Torres, profesora universitaria. – Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia. – Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia. – Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria. – Ana Marcela Bueno, docente universitaria. – Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC). – Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF). – Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados. – Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral. – Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC). – Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina. – Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS). – Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila. – Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN). – Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá. – Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga. – Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR). – Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking. – Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS). – Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA) – Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana. – Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina. – Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina – Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional. – Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina. – Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur. – Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida. – Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE) – César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut. – Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social. – Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL). – Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria. – Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador. – Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia. – Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE). – Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia. – Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia. – Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC). – Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona. – Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia. – Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle. – Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). – Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí). – Corporación Grupo Guillermo Ferguson. – Cristina Ruiz, Argentina. – David Cuéllar Gálvez, profesor universitario. – Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH. – Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga. – Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia. – Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva – Diego I. Lucumí, profesor universitario. – Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH). – Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública. – Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN). – Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME). – Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública. – Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). – Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín. – Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE). – Elba Luz Martínez, docente universitaria. – Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil. – Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). – Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G). – Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. – Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala. – Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina. – Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador. – Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria. – Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES). – Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia. – Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM). – Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca. – Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia. – Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP). – Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente. – Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO). – Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN) – Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD). – Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México. – Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá. – Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina. – German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC). – German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia – Gilberto Ríos, Uruguay. – Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC). – Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia. – Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). – Gloria Leal, profesora universitaria. – Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Haydali Rodríguez, profesora universitaria. – Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD). – Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín. – Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia. – Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI). – Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria. – Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL. – Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia. – Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. – Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario. – Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá. – Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos. – Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción. – Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador – José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios. – José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana. – José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB). – José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. – Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL). – Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana. – Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina – Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas. – Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA). – Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ). – Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR). – Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR). – Katia Cesa, Brasil. – Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores – Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS). – Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario. – Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina. – Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados. – Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia. – Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). – Luz Marina Suaza, profesora universitaria. – Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina – Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores. – Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina. – Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO). – María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. – María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. – María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá. – María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS). – María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua. – María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY). – María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina. – María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia. – Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria. – Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz. – Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile. – Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB). – Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación. – Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP). – Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial. – Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP). – Maylen Rojas, doctora en epidemiología. – Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería. – Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud. – Mesa Ecuménica por la paz (MEP). – Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA). – Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES). – Miguel López, comunicador social. – Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). – Sandra Milena Montoya, profesora universitaria. – Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina. – Miryam Rico, presidentes, ACCES. – Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil. – Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento. – Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir. – Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay. – Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana – Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia – Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización. – Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI). – Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI) – Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador. – Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT). – Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia. – Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). – Nora Aller, odontóloga, Argentina. – Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI). – Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito. – Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología. – Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela. – Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD). – Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC). – Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora – Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina. – Patricia Uribe, profesora universitaria. – Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional. – Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia. – Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. – Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí). – Red Colombiana de Salud Perioperatoria. – Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz) – Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ. – Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador. – Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC). – Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá. – Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública. – Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria. – Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia. – Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE). – Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina. – Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT). – Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina. – Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia. – Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia. – Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria. – Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC). – Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria – Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección. – Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina. – Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia. – Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá – Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT) – Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República. – Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista. – Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala. – Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina – Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC). – William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE). – William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial. – William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST). – Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador. – Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia. – Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.
Nosotras feministas y mujeres defensoras de Derechos Humanos que conformamos la Red de Puntos Violentas nos posicionamos ante el caso de nuestra compañera defensora Claudia Campos Rodríguez, quien en este momento está lidiando con una demanda por difamación por parte de Juan Diego Castro.
El programa Suave un Toque, donde Claudia Campos Rodríguez era presentadora, realizó una serie de ediciones donde se abordó las candidaturas presidenciales, entre ellas Juan Diego Castro del Partido Integración Nacional (PIN). Debido a la crítica realizada y la información recopilada que realizó el programa durante la contienda presidencial del 2017, Claudia está siendo injustamente demandada por el delito difamación como reprimenda por ejercer el ejercicio de la comunicación popular.
Las organizaciones feministas y de mujeres aquí firmantes denunciamos esto como un ataque directo a la libertad de expresión y señalamos las intenciones en las que en muchas ocasiones se ha procurado en censurar las voces de jóvenes y mujeres críticas que han asumido el compromiso de informar y comunicar a la población nacional en el contexto electoral. La libertad de expresión es sustancial a la Democracia y la pluralidad de medios alternativos también.
La denuncia de Juan Diego Castro contra la compañera Claudia Campos durante su colaboración en el programa Suave un Toque, es un acto que busca desacreditar el trabajo de comunicadoras y comunicadores populares quienes encabezan el periodismo crítico y libre en la región de América Latina.
Recordemos que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia por fortalecer el funcionamiento de los sistemas pluralistas y deliberativos. La libertad de expresión protege y fomenta la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole. Sin libertad de expresión el concepto de opciones políticas se convierten en una ficción y la democracia en ilusión. La democracia se construye día a día, ¡por eso la defendemos!
Instamos al Poder Judicial y al Gobierno de Costa Rica poner alto a los intentos de coartar los derechos humanos con actos que son claramente antidemocráticos. También hacemos un llamado a la prensa libre y a las defensoras y defensores de Derechos Humanos a sumar su apoyo a Claudia en este momento de violencia política, donde la violencia machista, adultocentrista la quieren no sólo callar sino también castigar por expresar lo que es de conocimiento público.
Acompañemos a Claudia este 11 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. en el II Circuito Judicial de San José en Calle Blancos Goicoechea, porque la #JusticiaParaClaudia es Democracia. #NadieNosCalla #EntreNosotrasNosCuidamos #ProtejamosLaLibertadDeExpresión
La violencia es el miedo a las ideas de los demás Mahatma Gandhi
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.
El No y el Sí siguen siendo las consignas que retratan el alto grado de polarización sociopolítica que ha marcado el derrotero del país en lo que va del siglo XXI.
Inauguramos el siglo, en el año 2000, con el Sí y el No a la privatización del ICE, el denominado “Combo Energético”; en el 2007 con el Sí y el No al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; recientemente, en el 2018, con el Sí y el No al Plan Fiscal de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; y ahora, en el pandémico 2020, con el Sí y el No al Convenio con el Fondo FMI.
Las fuerzas políticas partidarias, aprovechando que se está a las puertas de una nueva contienda electoral y atendiendo al descontento popular, cada vez más beligerante y masivo, se aprestan a desmarcarse de lo que ha sido un gobierno de coalición pluripartidista. De alguna manera, los partidos de “oposición”, que realmente no lo han sido, ahora se aprestan a tratar de sacar ventaja de esta inesperada irrupción popular.
Por su parte el autoritarismo del gobierno y su falta de capacidad de diálogo han contribuido a que se fortalezca la “democracia de la calle”, que no solo es el pueblo en las calles si no el pueblo apropiándose de las calles y prácticamente paralizando al país; al parecer, la única vía para encarar un gobierno que se ha tomado muy en serio el consejo de Maquiavelo de que el príncipe debe ser más temido que amado. Y ahora que se apresta a dialogar, empieza mal convocando a sectores de manera bilateral, como si se tratara de una estrategia para ir midiendo fuerzas, cuando la calle arde.
Por otra parte, los medios de comunicación más influyentes, como Canal 7, Radio Monumental y La Nación brillan por la forma burda de manipulación y visión parcializada. Bastan dos ejemplos.
En una de las ediciones de Telenoticias se hacen malabares periodísticos con montajes de imagen, para echar leña al fuego del movimiento de protesta, manipulando una imagen en donde los manifestantes atacan con piedras a los antimotines que vienen más que protegidos. En ese preciso momento, pasa un vehículo de la Cruz Roja y entonces resulta que los atacantes son presentados como si estuvieran apedreando al vehículo. Este hecho es retomado desde un discurso delirante y enardecido para tratar a todos los manifestantes como los que muerden la mano a quienes la extienden; es decir, utilizando el recurso habitual de la sinécdoque (juzgar el todo por la parte).
En una comparecencia, en Radio Monumental, de cuatro economistas para debatir sobre salidas a la crisis, con la advertencia de hablar con numeritos y precisión técnica, la mayoría, tres de los cuatro, estuvieron encantados con los numeritos alegres sobre reducción del gasto público, venta de activos, fusión de instituciones públicas, y el oro y petróleo del subsuelo etc. Solo uno de los participantes destacó que el asunto no competía solo a los “expertos» sino a la diversidad de actores sociales, con sus ideas y propuestas. Y ninguno, ni por broma, mencionó las billonarias evasiones y elusiones de impuestos.
Este tipo de prensa, tan descaradamente parcializada, a la par de un gobierno que, como alguien dijo, solo escucha con el oído derecho, se han venido convirtiendo en agentes de la violencia simbólica y política que está abonando el terreno para el caos. Sin embargo, cuando se habla de violencia se responsabiliza únicamente al movimiento de protesta con sus piedras de “juguete”, comparadas con la “ráfaga” de ideas parcializadas y manipuladoras de la prensa. Sí, la violencia se cultiva cuando se le tiene miedo, y no se le da cabida, a las ideas de los demás, como señalaba el maestro de la no-violencia, Mahatma Gandhi.
Llegó la hora de aprovechar que estamos tocando fondo, para conjuntar buenas voluntades, inteligencias y sabidurías ciudadanas y concertar las políticas de estado que se requieren para salir del sótano y proyectar el país por los senderos de la equidad económica y del bienestar y la paz social. Postergar esta tarea ineludible es poner en peligro la paz del país, ya lesionada por una agresión socioeconómica y política de la que poco se habla. Efectivamente, muy poco se habla de la violencia mediática, psicológica, económica y política que se ejerce sobre el pueblo, cuando se ignoran y pisotean sus derechos y se utiliza el poder para institucionalizar la corrupción legalizada.
Hay que abocarse a superar la polarización entre el Sí y el No a paliativos o placebos; y decidirse con seriedad y voluntad ciudadana a decirle Sí a Costa Rica, para encontrar la mejor medicina para un paciente en cuidados intensivos.
Ya para inicios de la década de 1980 el visionario pensador costarricense don Luis Barahona Jiménez percibió cómo la polarización económica y social estaba conduciendo a la existencia de dos Costa Rica, y apelaba al patriotismo para superarla: “[…] dos rostros que no coinciden y que, por lo mismo, suponen una división creciente que se radicaliza día con día, no por razones ideológicas o de propaganda política, sino por un planteamiento sociológico, político, económico y moral errado, que acabará por enfrentar estos dos sectores […] aquellos costarricenses que quieran proceder con honradez, sentido humano y patriotismo, están en la obligación de evitarlo […]”[1].
Con gran tino, señalaba don Luis que el nudo de la cuestión competía a una racionalidad socioeconómica, ética y política “errada”, y no se reducía a cuestiones ideológicas y propagandísticas, el sendero frecuentado por una clase política y una partidocracia de pocas luces y más interesada en “vivir de la política que para la política” (Weber), es decir, en resolver los problemas sustantivos del país.
En el marco del conflicto suscitado por el referéndum convocado sobre el TLC con Estados Unidos, apuntábamos que la ciudadanía mostraba especial interés por “reconstruir el espacio democrático, para proyectar un nuevo modelo de desarrollo con amplia participación popular”[2]. Asimismo, hacíamos referencia a “las provocaciones de una tecnocracia” renuente al diálogo, la vía para profundizar la democracia, antídoto de la violencia en sus diferentes manifestaciones: económica, social, simbólica y política. Además, percibíamos la voluntad ciudadana de proyectar el país “hacia una cultura del diálogo y la no-violencia”[3].
Sin embargo, hoy la polarización social del país se ha intensificado al punto de estarnos conduciendo a un estallido social violento. Nuevamente, más allá del Sí o el No al FMI, persiste un doble desafío: reconstruir el espacio democrático para fortalecer su carácter participativo y dialogal y reconstruir el pacto social para superar de una vez por todas ese doble rostro de Costa Rica, que debe ser causa de indignación para todo costarricense que se precie de serlo.
[1] Barahona, J. Luis (1980) La patria esencial. San José, C.R. Litografía e imprenta Lil, pp.102-103.
[2] Vega, Alvaro (2010) El despertar de la ciudadanía. Ideología del miedo y cultura de la no violencia en Costa Rica. Heredia, C.R., EUNA, pp.94-95.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.
Para los estados nacionales fundados por los criollos, hace un par de siglos, en esta parte del mundo, no se trata sólo de ignorar los derechos más elementales y la existencia misma de los pueblos originarios de Abya yala, nombre que le daban los kunas a este continente en que habitamos, sino de recurrir a su paulatina exterminación física y cultural como una serie de pasos previos para consumar su eliminación total o conversión postrera. Ese, y no otro, es y ha sido desde el siglo XIX el accionar y la intencionalidad manifiesta de quienes gobiernan todos estos países, de ahí su inacción y complicidad con los asesinatos de líderes indígenas que se cometen a diario en países como Colombia, Honduras, Guatemala e incluso en la pudibunda Costa Rica, un país este último donde los medios de comunicación apoyan, de innumerables maneras, a los terratenientes que se han apropiado de las tierras de los pueblos originarios, se trata de una nación que se declara blanca o caucásica por excelencia, una tan singular dentro de la que “esos otros desconocidos” no pasan de ser una molestia marginal, a lo sumo(que problema con esos “inditos” que no entienden todavía el valor comercial de la tierra), un estado costarricense que irrespeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, uno cuyo Poder Legislativo se negó hace ya diez años a votar una ley de autonomía para estos pueblos-nación que quedaron territorialmente, dentro del estado nacional de Costa Rica, uno cuyas autoridades tanto del gobierno central como de los municipios o gobiernos locales se mantienen entre la indiferencia y la complicidad manifiesta frente a la violencia y el atropello, casi cotidiano contra los bribris, cabécares, brorán, teribes, gnäbe bugles y malekus en lucha por recuperar sus tierras usurpadas. La escalada de violencia, con bandas de matones y pistoleros pagados por los terratenientes en los territorios de esos pueblos, culminó con el asesinato de dos importantes líderes de esos grupos étnicos, en el lapso de poco más de un año: Sergio Rojas Ortíz y Jehry Rivera, líder entre los bribris el primero y de los brorán el segundo cayeron abatidos por la violencia homicida, ordenada por poderosos intereses económicos, los que necesitan esas tierras paras sus grandes negocios, y están decididos a quitarse esas gentes de su camino sin entrar en consideraciones humanitarias de ninguna clase, recurriendo incluso a aquellos que han renegado de sus orígenes para consumar el genocidio y el etnocidio simultáneos.
Dado lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que no tuvo que transcurrir siquiera un lapso de dos años para que se consumara lo que me atrevo a calificar, sin tapujos ni bobadas de ninguna clase, como la tercera muerte de Sergio Rojas Ortíz. El atroz crimen ocurrido en Salitre del cantón de Buenos Aires, en la noche del 18 de marzo de 2019 fue apenas el inicio de un no tan lento proceso hacia la impunidad y el olvido del crimen cometido en la persona de uno de los líderes más importantes entre los bribris que habitan en el actual territorio de Costa Rica, casi de inmediato se ejecutó su segunda muerte cubriéndolo con una campaña de infamias a través de los medios comunicación más importantes del país, esa muerte consistió en censurar acremente, y recriminar de previo a quienes se atrevan a invocar su memoria como un luchador consecuencia por los derechos de los suyos, con lo que se buscaba no solo deslegitimar esa lucha sino abrir el camino para la impunidad y el olvido.
Cuando apenas ha transcurrido un año y medio del primero de esos asesinatos, el de Sergio Rojas Ortiz, su tercera muerte comienza a abrirse paso en los medios de comunicación social e incluso en las redes sociales, para ello el Poder Judicial declara cerrado el caso ante lo que llama la “imposibilidad” de identificar a los culpables (no se distingue entre autores intelectuales y ejecutores, desde luego) del crimen.
A diferencia de Ramón Mercader, el catalán que asesinó al líder bolchevique León Trotsky en la ciudad de México, cuya tercera muerte viviendo siempre bajo otro nombre, ocurrió en Cuba en 1978, después de haberse convertido en “otro” (Jacques Mornard- Frank Jackson) para cometer el crimen y pasar después veinte años encarcelado en México en esa misma condición enajenada, aquí no es el victimario (recordemos el libro de Jorge Semprún LA TERCERA MUERTE DE RAMÓN MERCADER) sino la víctima en la persona de Sergio Rojas Ortiz, la que es asesinada una vez más, al negar la posibilidad de establecer las responsabilidades de él o los asesinos, abriéndole paso a la impunidad y al olvido en un país sin memoria histórica. Para nosotros, Sergio Rojas Ortiz vivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria, su legado nos pertenece también a todos los que asumimos y respetamos su humanidad, al igual que la de todos sus hermanos de los pueblos originarios que habitan el actual territorio de Costa Rica, quienes merecen todo nuestro respeto y la solidaridad que podamos darles. Que así sea.
Durante esta semana han salido a la luz los presuntos culpables de los asesinatos de María Luisa Cedeño y Allison Bonilla, y en lo que llevamos del año, según el Observatorio de violencia de género contra las mujeres y el acceso a la justicia, se han registrado 9 casos de femicidios reconocidos judicialmente en Costa Rica.
Estos femicidios son una evidencia irrefutable de lo violento que es este sistema patriarcal y machista con el que tenemos que convivir día a día las mujeres, un sistema que quiere mantener siempre el control de nuestro cuerpo, y en caso de que alguna de nosotras reaccione de manera negativa o confrontativa ante este control, se le trate de manera violenta, denigrante y agresiva contra nuestra integridad física, psicológica y sexual.
Las formas bajo las cuales se llevan a cabo estos feminicidios y se realiza su investigación solamente nos recuerda y reafirma la necesidad de reivindicar la condición de humanidad de las mujeres como personas que merecen ejercer su vida con dignidad. El papel trascendental que juegan las mujeres en el desarrollo de una sociedad más justa, digna y equitativa se ve minimizado con las formas de violencia que se normalizan.
Los deficientes procesos judiciales en los cuales no se prioriza la búsqueda de los asesinos ni la claridad de sus condenas evidencia la poca importancia que le dan las autoridades de la materia a las vidas de las mujeres. Pero esta solo es una parte de la cultura de violencia hacia las mujeres que debe de eliminarse. La cultura de prevención de la violencia está sumamente minada y olvidada, y es allí donde se debe promover que las vidas de las mujeres importan tanto como la de cualquier ser humano que habita la tierra.
Las condiciones actuales nos exigen un profundo replanteamiento del valor que se le da a las labores de cuido en esta sociedad. No hay que olvidar que esta labor ha recaído históricamente sobre las mujeres como un papel secundario; sin embargo, es a través del cuido y la crianza que se forman los seres humanos, y es a través de ellos que podremos crear más y mejores condiciones para lograr que las mujeres seamos al fin libres de realizarnos como personas con todo nuestro potencial.
Mientras esta situación no cambie, viviremos con sentimientos de rabia y de tristeza a la vez, y es esta combinación de sentimientos lo que nos permite tomar las acciones que sean requeridas para evitar que las vidas de las mujeres sean asesinadas y ultrajadas de su dignidad.
Desde la Organización Política Carmen Lyra apoyamos y nos solidarizamos con las acciones feministas ejecutadas en el país, y condenamos rotundamente que se sigan cometiendo femicidio, asesinando a las mujeres solo por el hecho de serlo. Hacemos un llamado a las autoridades a que tomen todas las medidas requeridas para que las personas culpables cumplan las penas correspondientes, y a la sociedad para que reflexionemos sobre los principios que están manteniendo nuestras relaciones actuales.
Datos 2020: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Estadisticas/Femicidio/Documentos/Femicidio_2020_28agosto_cdr.pdf
Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia: http://observatorio.mj.go.cr/observatorio-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-y-acceso-la-justicia
A más de 6 meses del vil y cobarde asesinato del hermano Sergio Rojas del Clan U̱ni̱wak, el Pueblo Bribri de Salitre sigue luchando por sus derechos que legítimamente le corresponden y que han sido negados por parte del Estado costarricense, responsable de que el hermano Sergio no este hoy en día. Durante más de 20 años Sergio reclamo al Estado la devolución de sus tierras, hasta que viendo como el Estado hacia caso omiso a esta exigencia, decidió el Pueblo Bribri comenzar por hacer acciones para la reafirmación territorial por medio de las recuperaciones de tierras. Tras recuperar gran parte del territorio y a pesar de las continuas agresiones por parte de los terratenientes no indígenas, el Estado brillaba por su ausencia, y más bien, en muchos casos arremetía contra el Pueblo Bribri por medio de su Poder Judicial. Todo esto aunado a las acciones ilegalidades e irregulares por parte de diferentes ministerios (INDER, MINAET, PANI, INAMU, DINADECO, MEP, CCSS, otros) de Poder Ejecutivo en clara violación a la ley 6172, al Convenio 169 y diversas Declaraciones en favor de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Hoy, queremos expresar nuestra más profunda indignación porque a pesar de tantos años de reclamo y a más de 6 meses de ausencia del hermano Sergio, el Estado continua con las políticas represivas en contra del Pueblo Bribri de Salitre, permitiendo que los terratenientes ilegales continúen dentro de nuestras tierras a pesar de haberse demostrado que no son poseedores de buena fe y de que han estado involucrados con algún tipo de grave violencia y discriminación en contra del Pueblo Bribri. El Estado por medio de su Poder Ejecutivo y Judicial ha permitido que tierras que le corresponden ancestralmente al Pueblo Bribri sean dadas a las Asociaciones de Desarrollo, ente que durante más de 40 años ha servido para intereses en favor del Estado. Las amenazas continúan contra aquellos que reclaman su derecho legítimo a la tierra, no hay libertad, ni paz cuando los mismo agresores que por años han atentado contra el Pueblo Bribri continúan libremente por nuestras calles, por nuestras tierras. Las acciones represivas y violatorias de los derechos indígenas del Pueblo bribri continúa por parte de estos ministerios, viniendo a empeorar el sensible sentimiento de pérdida de nuestro hermano. La IMPUNIDAD es palpable con respecto al asesinato del hermano Sergio así como de los muchos casos judiciales que se encuentran en manos del Poder Judicial.
El Pueblo Bribri no se detendrá en la defensa de sus derechos ancestrales, y defenderá la Madre Tierra hasta su último aliento de vida, tal como lo hizo nuestro hermano Sergio.
Agradecemos a todos aquellas y aquellos que de diversas formas han apoyado al Pueblo Bribri en su lucha y resistencia.
“Antes de salir huyendo, prefiero morir luchando por los ideales del pueblo bribri. Los Bribris no tenemos miedo. Gracias a todos y todas las personas que luchan por un mundo mejor para todos”.
