Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:
RESULTANDO QUE:
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense mediante la proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas prioritarios del país, a fin de edificar una sociedad más justa”.
“Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Ingrese en el siguiente enlace para leer el Pronunciamiento completo.
Enviado por Marcela Zamora Cruz.
Sea parte de SURCOS:
21 de marzo del 2019. Ante el lamentable homicidio del líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz, defensor de los territorios autóctonos y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades estatales, fieles al respeto de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico que los respalda, condenan y repudian este acto criminal y la violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, situaciones que se contraponen al ser costarricense y a nuestro Estado democrático y de justicia social.
Conare solicita a las autoridades correspondientes investigar este crimen con la diligencia y la celeridad debidas para identificar a sus responsables y someterlos a las sanciones penales vigentes, así como asegurar y mantener las medidas de protección oportunas y eficaces a favor del pueblo de Salitre y en especial de la familia doliente.
Nuestro país no debe pasar por alto este hecho que muestra, una vez más, la violación de los derechos de los pueblos indígenas que han ocupado nuestros territorios desde tiempos inmemoriales.
Además, Conare y las universidades públicas hacen un llamado a la sociedad costarricense, a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos para que velemos por el restablecimiento de la paz y la justicia ante este intolerable crimen.
No podemos aceptar la violencia social bajo ninguna de sus manifestaciones. Es deber del Estado y de sus autoridades garantizar a la ciudadanía las condiciones necesarias para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos fundamentales de todos los habitantes.
El Consejo Nacional de Rectores por este medio expresa su solidaridad con la comunidad indígena bribri.
Consejo Nacional de Rectores (Conare)
Tomado de: https://www.ucr.ac.cr
Sea parte de SURCOS:
22 de marzo de 2019
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su repudio ante el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica. Sergio Rojas, como miembro del pueblo indígena Bribri de Salitre, era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 30 de abril de 2015.
De acuerdo con información de público conocimiento, la noche del 18 de marzo de 2019, Sergio Rojas Ortiz fue asesinado mientras se encontraba en su vivienda, en la comunidad de Salitre. Su asesinato se produjo horas después de haber acompañado a unos vecinos de la comunidad a presentar una denuncia ante la Fiscalía por amenazas contra ellos. La Comisión advierte que Sergio Rojas era miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Autoridades Propias Defensores de la Madre Tierra, del Pueblo de Salitre y había sido víctima de varios ataques y amenazas anteriormente.
Dada su situación de riesgo, la CIDH a través de la Resolución 16/15, otorgó medidas cautelares a favor a los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, incluido el señor Rojas. En su Resolución, la Comisión solicitó al Estado de Costa Rica entre otros aspectos, adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal y que investigaran las fuentes de riesgo. Tras el otorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una situación de riesgo, existe un deber especial de protección por parte del Estado. La implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse y evitar la eventual responsabilidad internacional del Estado.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. Asimismo, como lo ha valorado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la pérdida de un líder indígena puede llegar a tener impactos en el colectivo que representa, pudiendo significar la desmembración y daño a la integridad de su colectividad.
En ese sentido, atendiendo el contexto en que ocurrieron los hechos, la CIDH destaca la importancia del territorio para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, y reitera lo establecido por la Corte Interamericana, en el sentido que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva por parte de los Estados respecto de las tierras indígenas puede crear un clima de incertidumbre permanente, afectando en consecuencia la paz social del colectivo.
La Comisión observa que el Presidente de la República de Costa Rica condenó el asesinato, calificándolo como “Un día trágico para el pueblo bribri, nuestros pueblos indígenas y todo Costa Rica”. Asimismo, la Comisión toma nota de la instrucción dada para que las entidades competentes puedan dar con los responsables y esclarecer los hechos, así como adoptar las medidas de seguridad a favor de los familiares.
“Saludamos la respuesta del Estado de crear una unidad especial para la investigación de la muerte del líder indígena Sergio Rojas”, señaló la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. “Este crimen debe ser investigado de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales. En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes”, agregó.
Por su parte, el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, manifestó que “en la investigación, el Estado debe incluir líneas donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como defensor de derechos humanos”.
Finalmente, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de las medidas cautelares. El Gobierno de Costa Rica ha invitado a la CIDH a realizar una visita de trabajo para dar seguimiento a estas medidas cautelares.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente: https://mailchi.mp
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Sea parte de SURCOS:
El Departamento Ecuménico de investigaciones, DEI, como centro latinoamericano de investigación, formación y de pensamiento crítico, comprometido con la construcción de una sociedad alternativa, solidaria, equitativa, incluyente y ecológicamente sustentable, condena enérgicamente el asesinato del líder Indígena bribri Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, la noche del 18 de marzo del año en curso.
Sergio se había destacado en la lucha por la defensa de las tierras ancestrales y la resistencia territorial de su pueblo, habiendo sufrido un atentado en el 2012, del que salió ileso de tres disparos, y habiendo sufrido, en su andar junto a sus compañeros y compañeras, amenazas constantes. Fue también encarcelado por seis meses como consecuencia de su entrega a la lucha.
Sergio era miembro del FRENAPI, (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), y el día anterior había acompañado a varias personas de la comunidad bribri a poner la denuncia a la Fiscalía por usurpación de tierras y las amenazas y agresiones que viven a diario. Este atroz hecho criminal, este asesinato político, se da en un contexto en el que se incumplieron las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que lo hace más grave aún. Es responsabilidad del Estado y del Gobierno de la República de Costa Rica brindar protección y seguridad en una zona en que las ambiciones por la tierra han provocado enfrentamientos violentos, amenazas, hostigamientos, quema de viviendas, persecuciones, y agresiones.
Este grave hecho se suma a la barbarie desatada contra tantos luchadores y luchadoras, defensores y defensoras de sus comunidades ante el atropello y la avaricia. Por ello no puede quedar impune, y esperamos genere una enérgica y contundente respuesta del pueblo costarricense, los pueblos latinoamericanos y del mundo.
Exigimos castigo para los responsables, y los señalamientos, con sus consecuencias, de quienes tienen responsabilidades en estos hechos.
Acompañamos el dolor del pueblo Bribri.
¡No a la persecución a líderes y lideresas y activistas populares!
¡No a la impunidad!
Sergio vive: es semilla y germinará en la lucha de los pueblos por la justicia y la dignidad.
19 de marzo, 2019.
Enviado por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.
Sea parte de SURCOS:
