Desde el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena respaldamos el comunicado de recuperantes shurines emitido el día 17 de Mayo del 2019 en Buenos Aires de Puntarenas. Hacemos un llamado de alerta e instamos al Gobierno Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana y gobierno de la Unidad Nacional, actuar inmediatamente en la protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Desde este momento responsabilizamos de lo que pueda ocurrir en perjuicio de las familias recuperantes y su propiedad a causa de la indiferencia y falta de voluntad política durante este proceso reivindicatorio. Además, con el agravante denunciado por las y los shurines en cuanto a la injerencia judicial irregular del Juez agrario Jean Carlos Céspedes Mora, lo que de manera manifiesta se constituye como una afrenta al principio de imparcialidad judicial.
Recalcamos que las familias Brórán recuperantes tienen 14 meses de exigir apoyo ante las agresiones y amenazas que los usurpadores/»supuestos dueños», sus peones y matones a sueldo les hacen todos los días, creando zozobra y provocando violencia continua.
Hacemos un llamado urgente a los movimientos/organizaciones/colectivos solidarios con la causa indígena para visibilizar y apoyar la lucha de las y los shurines así como de los Pueblos Originarios en Costa Rica.
Nos encontramos a horas de la visita a Costa Rica de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el fin de verificar in situ la situación de violencia en Salitre y Térraba, este último Territorio es donde ocurre la violencia denunciada por las familias Brórán de Crun Shurín (Tierra de Venado). Es importante recordar que tanto el Territorio de Salitre como el de Térraba gozan de las medidas cautelares N. 321-12 del 30 de abril del 2015 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y que el Gobierno ha sido negligente ante este llamamiento. Esta omisión por parte del Estado ha dejado el cruel asesinato, hasta el día de hoy impune, del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) hasta el día de su muerte, como también miembro del Consejo Ditsó Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra).
#SERGIO ROJAS VIVE
Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena San José,
18 de abril del 2019.
Imagen ilustrativa.
Sea parte de SURCOS:
(San José, 20/52019). Ser defensores de Derechos Humanos y ambientales es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo según el informe de Global Witness (1): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.
La resolución A/RES/53/144 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha señalado la obligatoriedad de los Estados a proteger a los defensores y defensoras. Esta resolución obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de su rol como defensor o defensora de los Derechos Humanos (2). Pese a esta orden de la ONU nuestro país sigue incumpliendo esta disposición internacional, pero los jerarcas del Estado costarricense venden al país como uno que respeta los derechos de todas las o personas, cuando en realidad está muy lejos de esta meta, así lo dejó caro el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente en un informe (3).
El aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judicialización y hasta asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Costa Rica. Lamentablemente no es ajeno a nuestro país y la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes.
Recientemente el caso del indígena bribri, Sergio Rojas Ortíz, asesinado cerca de la medianoche en su casa de 15 disparos el pasado 18 de marzo en el Territorio Indígena de Salitre(4), debería de ser motivo suficiente para que los 57 diputados aprueben el expediente legislativo 19.610 para proteger la vida de activistas de los Derechos Humanos.
Otro ejemplo que existe es la impunidad que gozan los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -hoy en su sexto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.
Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que se dedican a la protección de la naturaleza es urgente que se apruebe la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, la misma propone la inclusión de una serie de artículos que logren salvaguardar de mejor manera la vida de personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo. El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y está a punto de vencerse el plazo cuatrienal, por lo que está en peligro de ser archivada.
La reforma al Código Penal en el Expediente 19610 propone:
En el mes internacional del ambiente solicitamos a los diputadas y diputados proteja a quienes protegen el ambiente y la gente. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida. Es urgente que se vote afirmativamente el expediente legislativo 19610 para dar protección a defensores de Derechos Humanos.
Notas:
1) Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. https://www.globalwitness.org/en/blog/nuevainformaci%C3%B3n-revela-que-197-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-han-sido-asesinadas-en-2017/
2) Resolución de ONU sobre protección de defensoras de derechos Humanos. https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
3) Costa Rica hará un exhaustivo análisis de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU informa-tico.com/17-05-2019/costa-rica-haraexhaustivo-analisis-recomendaciones-consejo-derechos-humanos-onu
4) Sergio Rojas: https://semanariouniversidad.com/pais/organizaciones-denuncianasesinato-de-dirigente-indigena-sergio-rojas/
Organizaciones interesadas en firmar esta petición comunicarse al WhatsApp: 87609800 o al correo electrónico incidenciafecon@gmail.com
Contactos:
Larissa Arrollo Navarrete, Acceder 8822 1364
Angélica Alvarado, Ríos Vivos: 8583 0253
Henry Picado Cerdas, FECON: 8760 9800
Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas y Alejandro García Valerio.
Sea parte de SURCOS:
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:
RESULTANDO QUE:
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense mediante la proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas prioritarios del país, a fin de edificar una sociedad más justa”.
“Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Ingrese en el siguiente enlace para leer el Pronunciamiento completo.
Enviado por Marcela Zamora Cruz.
Sea parte de SURCOS:
21 de marzo del 2019. Ante el lamentable homicidio del líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz, defensor de los territorios autóctonos y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades estatales, fieles al respeto de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico que los respalda, condenan y repudian este acto criminal y la violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, situaciones que se contraponen al ser costarricense y a nuestro Estado democrático y de justicia social.
Conare solicita a las autoridades correspondientes investigar este crimen con la diligencia y la celeridad debidas para identificar a sus responsables y someterlos a las sanciones penales vigentes, así como asegurar y mantener las medidas de protección oportunas y eficaces a favor del pueblo de Salitre y en especial de la familia doliente.
Nuestro país no debe pasar por alto este hecho que muestra, una vez más, la violación de los derechos de los pueblos indígenas que han ocupado nuestros territorios desde tiempos inmemoriales.
Además, Conare y las universidades públicas hacen un llamado a la sociedad costarricense, a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos para que velemos por el restablecimiento de la paz y la justicia ante este intolerable crimen.
No podemos aceptar la violencia social bajo ninguna de sus manifestaciones. Es deber del Estado y de sus autoridades garantizar a la ciudadanía las condiciones necesarias para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos fundamentales de todos los habitantes.
El Consejo Nacional de Rectores por este medio expresa su solidaridad con la comunidad indígena bribri.
Consejo Nacional de Rectores (Conare)
Tomado de: https://www.ucr.ac.cr
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