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Etiqueta: violencia política

Costa Rica está en deuda con protección de defensores de Derechos Humanos

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  • Urge que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley Expediente No 19.610

  • Expediente cumple su plazo cuatrienal y está en peligro de archivarse

  • Consejo de Derechos Humanos de la ONU exige a Costa Rica proteger defensores de Derechos Humanos

(San José, 20/52019). Ser defensores de Derechos Humanos y ambientales es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo según el informe de Global Witness (1): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.

La resolución A/RES/53/144 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha señalado la obligatoriedad de los Estados a proteger a los defensores y defensoras. Esta resolución obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de su rol como defensor o defensora de los Derechos Humanos (2). Pese a esta orden de la ONU nuestro país sigue incumpliendo esta disposición internacional, pero los jerarcas del Estado costarricense venden al país como uno que respeta los derechos de todas las o personas, cuando en realidad está muy lejos de esta meta, así lo dejó caro el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente en un informe (3).

El aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judicialización y hasta asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Costa Rica. Lamentablemente no es ajeno a nuestro país y la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes.

Recientemente el caso del indígena bribri, Sergio Rojas Ortíz, asesinado cerca de la medianoche en su casa de 15 disparos el pasado 18 de marzo en el Territorio Indígena de Salitre(4), debería de ser motivo suficiente para que los 57 diputados aprueben el expediente legislativo 19.610 para proteger la vida de activistas de los Derechos Humanos.

Otro ejemplo que existe es la impunidad que gozan los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -hoy en su sexto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.

Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que se dedican a la protección de la naturaleza es urgente que se apruebe la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, la misma propone la inclusión de una serie de artículos que logren salvaguardar de mejor manera la vida de personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo. El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y está a punto de vencerse el plazo cuatrienal, por lo que está en peligro de ser archivada.

La reforma al Código Penal en el Expediente 19610 propone:

  • que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años
  • la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos
  • serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores

En el mes internacional del ambiente solicitamos a los diputadas y diputados proteja a quienes protegen el ambiente y la gente. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida. Es urgente que se vote afirmativamente el expediente legislativo 19610 para dar protección a defensores de Derechos Humanos.

Notas:

1) Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. https://www.globalwitness.org/en/blog/nuevainformaci%C3%B3n-revela-que-197-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-han-sido-asesinadas-en-2017/

2) Resolución de ONU sobre protección de defensoras de derechos Humanos. https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

3) Costa Rica hará un exhaustivo análisis de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU informa-tico.com/17-05-2019/costa-rica-haraexhaustivo-analisis-recomendaciones-consejo-derechos-humanos-onu

4) Sergio Rojas: https://semanariouniversidad.com/pais/organizaciones-denuncianasesinato-de-dirigente-indigena-sergio-rojas/

 

Organizaciones interesadas en firmar esta petición comunicarse al WhatsApp: 87609800 o al correo electrónico incidenciafecon@gmail.com

Contactos:

Larissa Arrollo Navarrete, Acceder 8822 1364

Angélica Alvarado, Ríos Vivos: 8583 0253

Henry Picado Cerdas, FECON: 8760 9800

 

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas y Alejandro García Valerio.

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Pronunciamiento del TEC ante asesinato defensor derechos indígenas Sergio Rojas

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Sesión Ordinaria No. 3112, Artículo 11, del 27 de marzo de 2019. Pronunciamiento ante el asesinato del defensor de derechos Indígenas, Sr. Sergio Rojas Ortiz

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

RESULTANDO QUE:

  1. El artículo 2, inciso c, del Estatuto Orgánico establece como fin institucional el siguiente:

“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense mediante la proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas prioritarios del país, a fin de edificar una sociedad más justa”.

  1. Según los reportes de medios de comunicación, el 18 de marzo de 2019, alrededor de las 9:00 pm, asesinaron al líder Sergio Rojas Ortiz en su casa de habitación.
  2. El derecho a la tierra implica un vínculo fundamental para los Pueblos Indígenas, tal como lo establece el artículo 13 del Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ratificado por Costa Rica desde 1993):

“Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

Ingrese en el siguiente enlace para leer el Pronunciamiento completo.

S-3112-Art-11-Pronunciamiento-ante-asesinato-defensor-derechos-índigenas-Sergio-RojasDescarga

 

Enviado por Marcela Zamora Cruz.

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El Consejo Nacional de Rectores condena y repudia el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena costarricense

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  • Las universidades estatales solicitan a las autoridades competentes investigar con la diligencia y la celeridad debidas este crimen

21 de marzo del 2019. Ante el lamentable homicidio del líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz, defensor de los territorios autóctonos y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades estatales, fieles al respeto de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico que los respalda, condenan y repudian este acto criminal y la violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, situaciones que se contraponen al ser costarricense y a nuestro Estado democrático y de justicia social.

Conare solicita a las autoridades correspondientes investigar este crimen con la diligencia y la celeridad debidas para identificar a sus responsables y someterlos a las sanciones penales vigentes, así como asegurar y mantener las medidas de protección oportunas y eficaces a favor del pueblo de Salitre y en especial de la familia doliente.

Nuestro país no debe pasar por alto este hecho que muestra, una vez más, la violación de los derechos de los pueblos indígenas que han ocupado nuestros territorios desde tiempos inmemoriales.

Además, Conare y las universidades públicas hacen un llamado a la sociedad costarricense, a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos para que velemos por el restablecimiento de la paz y la justicia ante este intolerable crimen.

No podemos aceptar la violencia social bajo ninguna de sus manifestaciones. Es deber del Estado y de sus autoridades garantizar a la ciudadanía las condiciones necesarias para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos fundamentales de todos los habitantes.

El Consejo Nacional de Rectores por este medio expresa su solidaridad con la comunidad indígena bribri.

Consejo Nacional de Rectores (Conare)

 

Tomado de: https://www.ucr.ac.cr

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CIDH repudia asesinato de líder indígena bribri, beneficiario de medidas cautelares en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

22 de marzo de 2019

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su repudio ante el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica. Sergio Rojas, como miembro del pueblo indígena Bribri de Salitre, era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 30 de abril de 2015.

De acuerdo con información de público conocimiento, la noche del 18 de marzo de 2019, Sergio Rojas Ortiz fue asesinado mientras se encontraba en su vivienda, en la comunidad de Salitre. Su asesinato se produjo horas después de haber acompañado a unos vecinos de la comunidad a presentar una denuncia ante la Fiscalía por amenazas contra ellos. La Comisión advierte que Sergio Rojas era miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Autoridades Propias Defensores de la Madre Tierra, del Pueblo de Salitre y había sido víctima de varios ataques y amenazas anteriormente.

Dada su situación de riesgo, la CIDH a través de la Resolución 16/15, otorgó medidas cautelares a favor a los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, incluido el señor Rojas. En su Resolución, la Comisión solicitó al Estado de Costa Rica entre otros aspectos, adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal y que investigaran las fuentes de riesgo. Tras el otorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una situación de riesgo, existe un deber especial de protección por parte del Estado. La implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse y evitar la eventual responsabilidad internacional del Estado.

La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. Asimismo, como lo ha valorado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la pérdida de un líder indígena puede llegar a tener impactos en el colectivo que representa, pudiendo significar la desmembración y daño a la integridad de su colectividad.

En ese sentido, atendiendo el contexto en que ocurrieron los hechos, la CIDH destaca la importancia del territorio para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, y reitera lo establecido por la Corte Interamericana, en el sentido que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva por parte de los Estados respecto de las tierras indígenas puede crear un clima de incertidumbre permanente, afectando en consecuencia la paz social del colectivo.

La Comisión observa que el Presidente de la República de Costa Rica condenó el asesinato, calificándolo como “Un día trágico para el pueblo bribri, nuestros pueblos indígenas y todo Costa Rica”. Asimismo, la Comisión toma nota de la instrucción dada para que las entidades competentes puedan dar con los responsables y esclarecer los hechos, así como adoptar las medidas de seguridad a favor de los familiares.

“Saludamos la respuesta del Estado de crear una unidad especial para la investigación de la muerte del líder indígena Sergio Rojas”, señaló la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. “Este crimen debe ser investigado de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales. En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes”, agregó.

Por su parte, el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, manifestó que “en la investigación, el Estado debe incluir líneas donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como defensor de derechos humanos”.

Finalmente, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de las medidas cautelares. El Gobierno de Costa Rica ha invitado a la CIDH a realizar una visita de trabajo para dar seguimiento a estas medidas cautelares.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

Fuente: https://mailchi.mp

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Pronunciamiento del DEI tras asesinato de Sergio Rojas

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El Departamento Ecuménico de investigaciones, DEI, como centro latinoamericano de investigación, formación y de pensamiento crítico, comprometido con la construcción de una sociedad alternativa, solidaria, equitativa, incluyente y ecológicamente sustentable, condena enérgicamente el asesinato del líder Indígena bribri Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, la noche del 18 de marzo del año en curso.

Sergio se había destacado en la lucha por la defensa de las tierras ancestrales y la resistencia territorial de su pueblo, habiendo sufrido un atentado en el 2012, del que salió ileso de tres disparos, y habiendo sufrido, en su andar junto a sus compañeros y compañeras, amenazas constantes. Fue también encarcelado por seis meses como consecuencia de su entrega a la lucha.

Sergio era miembro del FRENAPI, (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), y el día anterior había acompañado a varias personas de la comunidad bribri a poner la denuncia a la Fiscalía por usurpación de tierras y las amenazas y agresiones que viven a diario. Este atroz hecho criminal, este asesinato político, se da en un contexto en el que se incumplieron las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que lo hace más grave aún. Es responsabilidad del Estado y del Gobierno de la República de Costa Rica brindar protección y seguridad en una zona en que las ambiciones por la tierra han provocado enfrentamientos violentos, amenazas, hostigamientos, quema de viviendas, persecuciones, y agresiones.

Este grave hecho se suma a la barbarie desatada contra tantos luchadores y luchadoras, defensores y defensoras de sus comunidades ante el atropello y la avaricia. Por ello no puede quedar impune, y esperamos genere una enérgica y contundente respuesta del pueblo costarricense, los pueblos latinoamericanos y del mundo.

Exigimos castigo para los responsables, y los señalamientos, con sus consecuencias, de quienes tienen responsabilidades en estos hechos.

 

Acompañamos el dolor del pueblo Bribri.

 ¡No a la persecución a líderes y lideresas y activistas populares!

 ¡No a la impunidad!

 Sergio vive: es semilla y germinará en la lucha de los pueblos por la justicia y la dignidad.

19 de marzo, 2019.

 

Enviado por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.

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