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Etiqueta: violencia simbólica

TEC: Escuela de Ciencias Sociales se pronuncia ante el asesinato de Sergio Rojas y la orden de desalojo de indígenas cabécares

Escrito en . Publicado en Derechos.

PRONUNCIAMIENTO REPUDIA ARCHIVO JUDICIAL DE CAUSA

Considerando que los pueblos indígenas de Costa Rica reforzaron su proceso de afirmación territorial autónoma y el archivo de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica (TEC), emitió un pronunciamiento que señala el rechazo y repudia el archivo de este suceso y la orden de desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio. A continuación el texto completo del pronunciamiento.

Rechazamos y repudiamos el archivo de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y la orden de desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio

Considerando que:

  1. Los pueblos indígenas de Costa Rica reforzaron su PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA (PATA) ante la omisión del Estado para garantizar sus derechos como dueños y dueñas absolutos y únicos de su Tierra/Territorio, después de que el 10 de agosto del 2010 –Día Internacional de los Pueblos Indígenas– 27 indígenas (mujeres y hombres) fueran desalojados represiva y violentamente del Salón de Beneméritos de la Patria de la Asamblea Legislativa, cuando pedían la “Aprobación o Archivo” del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas No. 14.352.
  2. En la práctica los pueblos indígenas han sido despojados de sus Tierras/Territorios, que según los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley Indígena N° 6.172 de 1977, pertenecen “a las comunidades, siendo esa posesión exclusiva de las personas que las habitan, además son intransferibles, inalienables (no se comercian), imprescriptibles (no se puede alegar derecho por el paso del tiempo); y agrega la Ley, que “los contratos o negocios con NO Indígenas son ABSOLUTAMENTE NULOS” (sic).
  3. En el proceso de hacer valer sus derechos sobre sus teritorios fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz en su casa de habitación el 18 de marzo de 2019 y Jhery Rivera Rivera el 24 de febrero del 2020, lo cual demuestra la brutalidad contra los pueblos indígenas. Desde abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares (MC-321-12-2015) con las que se ordenó al Estado costarricense proteger la vida y la integridad de los pueblos indígenas Teribe y Bribri del territorio de Salitre, cantón de Buenos Aires, al cual pertenecía Sergio Rojas Ortiz. En el caso de Jerhy Rivera Rivera, tres días antes de su asesinato, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas –FRENAPI– había emitido una “ALERTA TEMPRANA sobre la movilización y organización de personas usurpadoras en Tierras Indígenas”.
  4. La violencia en los territorios indígenas es permanente y está dirigida directamente contra muchas personas indígenas como Pablo Sibar Sibar y Vicky Lezcano Ortiz, integrantes de la Coordinación Nacional del FRENAPI, junto con Robert Morales Villafuerte, recuperantes Brörán en Crun Shurin (Térraba) y Clarita Quiel Torres, recuperante Bribri en Nima Dikol (Cabagra), quienes según FRENAPI “han sido objeto directo de persecución racista y amenazas de muerte, incluso desde páginas manejadas tras el cobarde anonimato en Facebook, como es el caso “Verdades de Salitre”, “Brunca T.V” y “Campesinos de Buenos Aires”, todas colmadas de calumnias, insultos, incitaciones no sólo al asesinato, sino a la tortura de los cuerpos de nuestras/os compañeras/os”.
  5. El asedio de los territorios indígenas incluye incursiones y permanencia de vehículos, maquinaria pesada, como cuando el 6 de marzo de 2020, según FRENAPI “atravesaron una “vagoneta” y vehículos pesados en la entrada al Territorio Cabécar de China Kichá, impidiendo el paso de la policía”, que a su vez permitió las acciones de los supuestos usurpadores. “La quema de terrrenos cultivados o no, la destrucción de cercas, las amenazas de agredir a las familias indígenas, y la presencia armadas de matones pagados por los finqueros usurpadores, son parte de la cotidianeidad en los pueblos indígenas”, según lo denunciado por los pueblos indígenas y personas como Pablo Sibar Sibar. Igualmente violenta fue la “Marcha por la Paz en Buenos Aires” del sábado 7 de marzo del 2020, en la que un grupo de terratenientes, “acompañados por líderes locales de iglesias, comerciantes y empresarios, así como miembros de la Municipalidad”, expresaron todo tipo de mensajes racistas y llamados a permanecer dentro de los territorios indígenas, sugún divulgaron los y las indígenas por medio de FRENAPI.
  6. Dos muestras más de la violencia étnica, cultural, patrimonial, neo y endocolonial que son parte de la violencia estructural contra los pueblos indígenas, son la reciente resolución del jueves 24 de setiembre de 2020 del Ministerio Público, que desestima y archiva la causa penal que se seguía por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, aduciendo que “el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación”. La otra acción, inaudita en la historia del país, es la sentencia de desalojo en favor de supuestos usurpadores y en contra de habitantes cabécar de Kono Jú en China Kichá en Pérez Zeledón, dictada por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial, aduciendo “protección de actividad agraria productiva”.
  7. Tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz el Presidente de la República se dirigió al país el 19 de marzo de 2019 indicando que: “Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el pueblo bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos. Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al O.I.J. y a las autoridades judiciales para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya, se le está dando protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad”.
  8. Ambos hechos: el archivo de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y el desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio, demuestran que el Gobierno de la República no cumplió lo prometido y sigue siengo negligente en términos de asegurar el cumplimiento de la legislación nacional y el derecho consuetudinario de los pueblos , los acuerdos y leyes internacionales que protegen las tierras y la vida de los pueblos indígenas que, entre otras incluyen el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado mediante la Ley N° 7316, y cuyo artículo 2 establece: “1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”, res
  9. El mismo Convenio 169, en su artículo 14 indica que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. También señala el Convenio que “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.

Se acuerda:

  1. No concordamos y repudiamos la orden del Ministerio Público de archivar la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz (Expediente -19-000178-0990-PE).
  2. Instamos a continuar con el proceso investigativo a cargo de la Fiscalía General de la República para garantizar que este crimen no quede impune.
  3. Denunciamos la insuficiente acción del Estado costarricense que se evidencia en el incumplimiento tanto de compromisos sociopolíticos como de instrucciones legales y mandatos internacionales relativos a la protección de los pueblos indígenas y el respeto de sus derechos, por parte del Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto de Desarrollo Rural y la Fiscalía General, entre otras instancias.
  4. Denunciamos el incumplimiento del Gobierno de la República de los compromisos asumidos por el señor Presidente de la República de “dar todo el apoyo necesario al O.I.J. y a las autoridades judiciales para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible”.
  5. Rechazamos y repudiamos la orden de desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio, porque establece un precedente insólito de racismo y neocolonialismo.
  6. Demandamos al Gobierno de la República que haga uso de sus facultades y ordene la no ejecución definitiva de este desalojo.
  7. Denunciamos que la postergación del desalojo por diez días emitida por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, para que intervengan el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), es una acción dilatoria que deja igualmente desprotegidas a las familias y comunidades cabécares y no detiene, de ninguna manera, el atropello de las leyes y los derechos de los pueblos indígenas en su propio territorio.
  8. Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a denunciar y repudiar esta situación de impunidad y de indefensión de los pueblos indígenas costarricenses.
  9. Demandamos que el Estado costarricense recurra a las instancias internacionales reconocidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para resolver y hacer justicia en los casos de los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera, y también para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, defensa ejercida de hecho y por derecho por los pueblos indígenas, que es la causa de esos asesinatos y podría provocar muchos más.
  10. Demandamos la creación de una Comisión especial con representación de los pueblos indígenas, el Gobierno e instancias de apoyo internacionales, que oriente los procesos de ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas.
  11. Exhortamos al Consejo Institucional a pronunciarse ante estos hechos y manifestar su apoyo a los pueblos originarios en la reivindicación de sus derechos fundamentales y el respeto a las normas jurídicas –nacionales e internacionales– y a los instrumentos políticos asociados, y solicitamos también a todas las instancias institucionales, académicas y culturales del ámbito nacional e internacional, manifestar su apoyo a las poblaciones indígenas y su rechazo a los atropellos de que han sido objeto.

Escuela de Ciencias Sociales, 28 de setiembre, 2020.

 

Imagen: Líder indígena Sergio Rojas Ortiz. Fotografía Crhoy.

Contra la impunidad, contra el olvido: el homicidio de Sergio Rojas Ortiz y la violencia simbólica del Estado

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Antropología y UCREA de la UCR le invita este jueves 1 de octubre a las 10 a.m. al conversatorio: «Contra la impunidad, contra el olvido: el homicidio de Sergio Rojas Ortiz y la violencia simbólica del Estado».

Se contará con la participación de Gustavo Oreamuno, Lesner Figueroa, Óscar Retana, Álvaro Paniagua y Xinia Zúñiga.

Transmisión en vivo por Youtube WebTV UCR y por Facebook FCSUCR y Kioscos Socioambientales.

Del distanciamiento a la convivencia digna

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia.
Adela Cortina

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            El distanciamiento recomendado para evitar el contagio del Covid19 es de apenas 1.8 M. Sin embargo, siguiendo el mal ejemplo de quienes levantan muros, un país que ha gozado del reconocimiento internacional por su hospitalidad y la promoción y defensa de los derechos humanos, se está dejando contagiar por el virus letal de la insolidaridad: un distanciamiento desproporcionado e injusto.

            No se trata de cualquier distanciamiento. Tiene una dimensión de violencia simbólica y psicológica que cultiva el odio hacia los “otros amenazantes” (Carlos Sandoval), en el caso de los inmigrantes nicaragüenses ahora, además, convertidos en los principales agentes o “vectores” de contagio. Y una dimensión de violencia socioeconómica por parte de inescrupulosos empresarios, quienes aprovechándose de su condición de indocumentados y de pobreza, se les explota sometiéndolos a situaciones infrahumanas, con la complacencia de los gobiernos de turno. Cabe destacar que todavía hay reservas de hospitalidad solidaria que nos hermanan, y que debemos fortalecerlas.

            Como bien señala la filósofa Adela Cortina, “aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia”[1]. En este sentido, destaca esta autora que las sociedades deben proteger los “derechos humanos de segunda generación”, que corresponden a la “ciudadanía social”: “Aunque las Naciones Unidas cargan la tinta en el racismo y la xenofobia como obstáculos ante la conciencia de la igualdad, el mayor obstáculo sigue siendo la aporofobia, el desprecio al pobre y al débil, al anciano y al discapacitado”[2].

            El país está lejos de una convivencia justa que garantice ese derecho fundamental a la ciudadanía social. Especialmente, cuando se favorece -lo que, paradójicamente, se ha venido convirtiendo en “política de Estado”-, la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas y el sector financiero. Asimismo, una campaña de odio y desprestigio contra los trabajadores y pensionados del sector público, presentándolos ante la opinión pública como delincuentes que viven a costas de los impuestos del pueblo.

            Con este falso discurso se busca desviar la atención sobre los verdaderos privilegios producto de una relación “incestuosa” entre gobierno y sectores económicos dominantes, hoy dispuestos a desmantelar el Estado social de Derecho y privatizar la institucionalidad pública.

            El discurso del odio de Donald Trump, que estigmatizó al inmigrante latino, y particularmente al mejicano, como delincuente y terrorista, ha encontrado su réplica en nuestro país ¿Cómo es posible que llevados por mezquinos intereses de una élite insolidaria, cuyo dios es el dinero y el poder a cualquier precio, se haya caído tan bajo, emulando a uno de los líderes políticos más nefastos y vergonzosos del mundo? ¿Hacia dónde quieren llevar el país las fuerzas políticas y mediáticas, utilizando las armas letales del miedo y el odio en una guerra permanente contra su mismo pueblo?  No basta la escandalosa desigualdad que nos separa, ahora también se trata de concitar el odio para conducirnos al fratricidio.

            Para el escritor mejicano, Alberto Ruy Sánchez, “el problema no es la crisis humanitaria, sino que en el poder de varias potencias estén desquiciados amantes de la violencia y de las armas, incluyendo las armas nucleares. Y que estos poderosos adinerados detesten a la cultura o la vean como algo decorativo. El mundo nunca ha dejado de estar en crisis humanitaria. Pero al salir de la última guerra mundial en el siglo XX se trató de establecer una nueva convivencia basada en los derechos humanos, incluyendo los culturales y de salud. La avaricia del dinero y poder avasallantes quiere pretender que todo eso no existe y no es necesario. Y eso es indignante”[3].

            La pandemia actual está contribuyendo, como si fuese un actor político de primer orden, a exponer a la luz el verdadero rostro, cultural y éticamente empobrecido, de los poderes “fácticos” de un sistema neoliberal, que viene cultivando la frivolidad, la violencia y el autoritarismo. Y que ahora, en su desesperación, como la bestia herida de muerte, se ha vuelto más insensible y agresivo. Y como señala, el autor citado, lo más indignante es que le ha declarado la guerra a la cultura. La más devastadora porque ataca al “sistema inmunológico” de las sociedades humanas. Desestructurar las culturas ha sido la estrategia de dominación por excelencia de los imperios coloniales y neocoloniales.

            Uno de los símbolos más elocuentes de este sistema insensible y violento es la rodilla del policía blanco de Houston Texas, Derek Chauvin, presionando hasta provocar la muerte por asfixia del ciudadano negro, George Floyd. Ambos ciudadanos de una misma patria, distanciados en un país sometido a la supremacía blanca, acicateada por el actual gobierno racista y aporofóbico de Donald Trump.

            Es un símbolo trágico que retrata de cuerpo entero a un sistema que se resiste a morir, y uno nuevo y diferente que pugna por nacer (Gramsci). Efectivamente, ante la desesperación de no poder justificar tanta injusticia se acude a las armas más innobles para someter y asfixiar a quienes protesten o se rebelen: criminalización de la protesta social.

             Sin embargo, cada vez son más visibles las manifestaciones de quienes apuestan, con decisión y voluntad, por superar el distanciamiento radical, insolidario y deshumanizante que impide la “hospitalidad universal” (Kant), la convivencia justa y afectiva entre los seres humanos y con la naturaleza.

            Esta pandemia nos está convocando a un cambio de rumbo sustantivo, como bien señala el historiador Frank Snowden: “No es el fin del mundo, pero sí un claro mensaje de la naturaleza de que estamos viviendo de un modo no sostenible.  Ese desafío no va a desaparecer incluso si la Covid 19 desaparece o aparece una vacuna contra ella”[4].

            El desafío, en lo fundamental, apunta a la construcción un nuevo proyecto de convivencia global donde nos dispongamos a fortalecer las relaciones empáticas como especie y con nuestro hábitat; elevar al máximo nuestras potencialidades y capacidades afectivas para la convivencia digna y justa.

            El país requiere con urgencia rectificar, en esa dirección. La mesa para el diálogo social constructivo sigue vacía. Se agota el tiempo y también la paciencia. La clase dirigente debería despertar, para darse cuenta que la presión de su “rodilla” está llevando al pueblo a los límites de la asfixia.

[1] Cortina, Adela (1999). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, Alianza Editorial p. 254.

[2] Ibid, p.238

[3] Paniatowska, Elena et.al. (2017) Trump. México te habla. Grandes esinnobles ycritores mexicanos opinan sobre Donald Trump. Entrevistas de Raúl Godínez. México, Nueva Imagen. P.57

[4] https://www.infobae.com/economia/2020/05/31/frank-snowden-historiador-de-epidemias-el-desafio-no-es-tener-cuarentenas-permanentes-sino-reabrir-la-economia-con-el-menor-costo/

En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/