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Etiqueta: violencia sistemática

Costa Rica y pueblos indígenas: informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 28 de septiembre del 2022, se dio a conocer el informe realizado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita  in situ en Costa Rica a finales del año 2021. 

El informe está desde ya disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas en este enlace. El delegado oficial de Costa Rica indicó en su intervención (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 28 de septiembre del 2022) que:

» Costa Rica reaffirmed its unwavering commitment to the protection of all under its jurisdiction, and their exercise of their human rights, without discrimination. Costa Rica worked to eliminate discrimination, and had accepted and analysed international recommendations, strengthening mechanisms for dialogue and interaction with indigenous peoples, leading to a better understanding of the impediments to their socio-economic development and exercise of their rights.  Their land rights should be respected, as one of the main causes of violence was the lack of certainty in the property system«.

Sobre algunas recomendaciones hechas a Costa Rica

Más allá de las cosas que se oyen a veces por parte de un delegado costarricense en Ginebra, se sugiere la lectura integral y detallada del informe como tal, el cual contiene una gran cantidad de datos recopilados durante su visita por este experto de Naciones Unidas. Las conclusiones ubicadas en la parte final revisten gran interés para sectores sociales y deberían de poder propiciar una reflexión en el seno de algunas entidades estatales. 

En la parte conclusiva, se lee por parte del Relator Especial que:

«91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».

Entre las numerosas recomendaciones hechas al Estado costarricense, y que interesan a una multitud de entidades estatales, se lee, en el párrafo 98, que el Relator recomienda a Costa Rica:

«f) Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los ataques, incluidas las amenazas contra los líderes indígenas; 

g) Garantizar la investigación administrativa y judicial, el juzgamiento y la sanción de los responsables del supuesto abuso de la fuerza por parte de la policía en marzo de 2020 contra las personas indígenas recuperadoras de tierra en China Kichá; 

h) Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a: 

    i) Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;

     ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública; 

i) Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

El instrumento internacional al que refiere el Relator en este punto i) es más conocido como Acuerdo de Escazú, el cual fue suscrito en Costa Rica en marzo del 2018. Este tratado fue recientemente objeto de una nueva ratificación en este 2022 (Chile), luego de Argentina y México (que lo ratificaron en el 2021). Tuvimos la oportunidad de analizar la cada vez mas incómoda situación que le significa a Costa Rica cada nueva adhesión a este acuerdo regional de vanguardia, adoptado en suelo costarricense: véase nuestra breve nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú:  Chile oficialmente es Estado Parte número 13.  Algunas reflexiones desde Costa Rica«. Se trata de una nueva excitativa hecha a Costa Rica, de muchas ya realizadas desde el ámbito internacional, y que de ser seguida, le permitiría a Costa Rica ser más consistente y coherente con la imagen internacional que proyecta al mundo en materia de derechos humanos.

Sobre la disculpa oficial recomendada en su informe por el Relator Especial

Cabe recordar que las acciones violentas que sufren los líderes indígenas en Costa Rica, y el hecho que dos de ellos perdieran la vida en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020) sin que a la fecha las autoridades de justicia hayan sancionado a los responsables de estos dos graves hechos, colocan a Costa Rica en una situación bastante insólita, en particular desde una perspectiva internacional de derechos humanos (Nota 1).  

Al tiempo que persiste un indignante clima de impunidad que tiene un efecto intimidador para muchas comunidades indígenas costarricenses: desde esta perspectiva, la «disculpa pública» recomendada  en el punto h) ii) del precitado párrafo 98 por el Relator de Naciones Unidas al Estado costarricense cobra mucha mayor relevancia. 

Otra disculpa, por la denominada «arrastrada» vivida en el edificio de la Asamblea Legislativa en el 2010 por integrantes de varias comunidades indígenas costarricenses, podría también facilitar el proceso de diálogo (véase nuestra breve nota publicada al conmemorarse 10  años de este triste episodio que marcó y sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses). 

Finalmente, en el 2020, al analizar el trámite dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una petición de indígenas térrabas con relación al proyecto hidroeléctrico El Diquis, habíamos escrito en una breve nota (véase enlace) que:

«Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH«.

A ese respecto, un informe anterior del 2011 elaborado por otro experto de Naciones Unidas titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica» (véase enlace) puso de manifiesto las carencias del Estado costarricense a la hora, esta vez, de llevar a cabo un megaproyecto que impacte negativamente a poblaciones indígenas costarricenses.

A modo conclusivo

Este nuevo informe de Naciones Unidas viene a detallar de manera muy completa la situación de total vulnerabilidad e indefensión de muchas comunidades indígenas en Costa Rica. Se da a conocer después de que, en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara una histórica sentencia contra Argentina (véase sentencia del caso Lahka Honhat): la cual viene a completar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969  y expandir los alcances de la jurisprudencia en la materia de forma notable (Nota 2). El ex Presidente de esta jurisdicción regional no dudó en escribir en su voto razonado que se trata de un verdadero «hito»:

«El caso Lhaka Honhat representa un hito en la jurisprudencia interamericana fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, constituye la primera ocasión en que el Tribunal Interamericano se pronuncia de manera autónoma sobre DESCA que atañen a pueblos y comunidades indígenas. En segundo término, a diferencia de los precedentes que había tenido la oportunidad de conocer, la Sentencia declara la vulneración de cuatro DESCA que pueden ser derivados y protegidos por el artículo 26 del Pacto de San José —derecho a la identidad cultural, en lo atinente a participar en la vida cultural, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación, y derecho al agua—7 . En tercer lugar, las reparaciones ordenadas están centradas de manera diferenciada, tratando de restituir la violación de cada uno de los derechos sociales, culturales y ambientales declarados violados en la Sentencia»  (véase párrafo 4 de su voto, disponible después del texto de la sentencia, pagina 2)

Como bien se sabe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita al Estado incriminado en un caso concreto, sino que interpela a los otros Estados del hemisferio americano y los invita a paliar las insuficiencias y las lagunas en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales: no paliarlas constituye una invitación velada al litigio internacional ante los órganos del sistema interamericano.

Haciendo a un lado el sistema interamericano de derechos humanos, es de esperar que estas nuevas recomendaciones proviniendo de Naciones Unidas sean ampliamente difundidas y conocidas por muy diversos sectores en Costa Rica. 

Y que, en algún momento, logren inspirar a decisores políticos sobre la urgente necesidad de ir paulatinamente remediando la grave situación que sufren las comunidades indígenas costarricenses. La profunda desconfianza con las que muchas de ellas viven a diario constituye un obstáculo que debe superarse poco a poco: en ese sentido, este informe de Naciones Unidas ofrece valiosas  pautas y herramientas al Estado costarricense.

Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento social en favor de los derechos de estas comunidades pueden activar los diversos mecanismos internacionales en aras de forzar al Estado costarricense a cumplir con las diversas obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido, sin extender su beneficio a las comunidades indígenas, tal y como lo detalla de manera contundente este informe.

–Notas–

Nota 1: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran nunca más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.

Nota 2: La paciencia y la perseverancia de las comunidades afectadas son dignas de resaltar en el presente caso: esta sentencia culmina un reclamo de 36 años impulsado por varias comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina, cuyo objetivo era obtener el título de su propiedad territorial. Las comunidades indígenas en 1992 conformaron la “Asociación Lhaka Honhat” e iniciaron su reclamo por los territorios ancestrales en 1984. Posteriormente, en el 1998, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dictaminó su informe sobre el fondo en el año 2012, emitiendo una serie de recomendaciones a Argentina. Frente al incumplimiento de sus recomendaciones, la CIDH sometió el caso a la Corte IDH en febrero de 2018, la cual dio a conocer su sentencia en el 2020.

 

Imagen ilustrativa. Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.

Nueva agresión contra la familia Sandí Morales en territorio bribri

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La familia Bribri Sandí Morales del clan Duriwak decidió ejercer su derecho a la tierra y desde el 28 de abril de 2021 recuperaron el terreno de 104 hectáreas, el cual se encuentra parcialmente ocupado por Luis Pérez Jiménez de manera ilegal.

A eso de la 1:30 p.m. del 22 de septiembre, Roger Castillo, Shirley Cordero y su hermana, transportaron el ganado de Pérez Jiménez hacia los cultivos de arroz, yuca y otros que tiene la familia Bribri Sandí Morales del clan Duriwak, en Dí Bütók Wúyirkë (Las Juntas) en el Territorio Bribri Yäbamï Dí (Cabagra), por lo que, Nuriet Morales y su madre intentaron sacar el ganado para evitar más pérdida de cultivos, a lo cual el hombre y las dos mujeres respondieron con machete en mano e intentaron agredir a la familia.

Más tarde, a eso de las 2:45 pm, se intentó nuevamente introducir el ganado a territorio de la familia Morales, por lo que una unidad móvil de la Fuerza Pública se hizo presente en el lugar y llevó a la familia a interponer una nueva denuncia contra Pérez Jiménez y sus peones.

Es necesario que el Poder Judicial, teniendo conocimiento de las denuncias públicas y judiciales interpuestas por miembros de la Familia Sandí Morales, haga respetar y cumplir las medidas cautelares contra Luis Ángel Pérez y sus peones: Elvin Picado Altamirano, Belarminio Nájeras Quiel, Pablo Quiel Molina y Roger Castillo Segura y se ordenen las medidas necesarias para determinar el armamento que poseen estos sujetos y los respectivos permisos de portación.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

En el siguiente enlace de Facebook encontrará el comunicado oficial: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/603244414624294/ 

Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural responsables de agresiones a pueblos originarios de la Zona Sur

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COMUNICADO PÚBLICO:

II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur (2021) arroja a Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural como principales agresores

  • Hecho se confirma tras ser vinculado a 26 incidentes de seguridad en el 2021. Incluso, el teniente Ángel Porras es identificado directamente.

  • Se identifica un nuevo actor en las agresiones: la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La cual es conformada por personas ocupantes ilegales, no indígenas y personas afines.

Jueves 25 de agosto 2022. El día de ayer, miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) presentó el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” en la Universidad de Costa Rica. El Primer Informe responde a los hechos acontecidos en el 2020 y ambos documentos surgen a partir de complejos procesos de comunicación y monitoreo de agresiones cotidiano entre las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Así, los hechos relatados en el documento refieren a vivencias y denuncias que realizaron personas que pertenecen a Pueblos Originarios y que se encuentran recuperando tierras-territorios en la Zona Sur del país.

A saber, el informe recoge hechos de los Territorios: Bribris de Salitre, Yabamï Dí, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, se registraron 63 incidentes de seguridad, que se desprenden en 24 diferentes tipos de agresiones.

Sobre los hechos, la Fuerza Pública fue relacionada con al menos 26 incidentes de seguridad y que se desprenden en 5 diferentes tipos de agresiones. Entre ellos, generan alarma los ataques del 24 y 25 de marzo con gases lacrimógenos contra personas recuperadoras cabécares de China Kichá. Operativo injustificado y que, finalmente, ocasionó el re ingreso del ocupante ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la casa de habitación en Yuwi Senaglö donde se encontraba antrincherado. Ello, pese a que la Fuerza Pública conoce de primera mano que Vargas Mata implica un riesgo y amenaza para las personas recuperadoras cabécares.

Como si ello fuera poco, el 25 de marzo fue detenido arbitrariamente Carlos Zúñiga Fernández. Detención que se dio a través de engaños y una serie de violaciones a los Derechos Humanos del recuperador cabécar cometidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.

Además, el informe identifica a un Teniente particular: Ángel Porras; vinculado a 4 incidentes de seguridad en el Territorio Cabécar de China Kichá. “El Teniente Porras era el encargado del operativo de los días 24 y 25 de marzo. Es decir, es el responsable de dar visto bueno al ataque con gases lacrimógenos contra las personas recuperadoras que se encontraban defendiendo el Territorio frente a una turba de personas no indígenas que querían volver a introducir a Vargas Mata a Yuwi Senaglö y además de agredir a las y los recuperadores”, comentó Nery Chaves, encargada de la investigación y sistematización del Informe.

“En 2020, la acción de los ocupantes ilegales superaban a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública. En 2021, la Fuerza Pública, por sí sola, supera las agresiones por parte de terratenientes con un 57% y se le ve -en diferentes hechos- sumamente vinculada con agresores que, posteriormente, amenazarían y golpearían a personas recuperadoras hasta que éstas decidan escapar de las recuperaciones. Tales son los casos de los Territorios de Yamabï Dí, China Kichá como ya mencioné y el de Salitre; dónde en una comunidad deben convivir con el sujeto que cometió intento de homicidio contra el compañero Minor, del clan Tubölwak y recuperador”, insistió Nery Chaves.

“En Salitre la complicidad de la Fuerza Pública con los ocupantes ilegales y los no indígenas es clara desde que iniciamos a recuperar hace 12 años. La Policía no detiene los ataques en nuestra contra e incluso, ha formado parte de diferentes agresiones. Además, nunca está presente en el Territorio y si aparece es mucho tiempo después. Por eso, la Fuerza Pública no significa una garantía de nuestro bienestar y por eso, no hay confianza en ellos”, declaró Lesner Figueroa del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre.

“Si bien, el Informe detalla menos incidentes que el año pasado, el conflicto en los Territorios Indígenas sigue mutando y haciéndose cada vez más complejo. La Fuerza Pública sigue siendo un actor imparcial, que lejos de imponer la paz se alía con personas que abiertamente quieren agredir a las personas indígenas. A ésto se suma la salida a la luz pública de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, conformada por personas que ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas y que convocó a manifestaciones en contra las recuperaciones con información falsa y mentiras. También, en noviembre, se le vio muy activa a la Asociación cuando en el Territorio Bribri de Yamabï Dí, las personas recuperadoras se encontraban resistiendo y sobreviviendo a una de las escaladas de violencia más fuertes del 2021. Por eso, no se debe interpretar que porque hay menos hechos de violencia en el 2021 significa que el conflicto está mermando, sino que está transformándose constantemente”, indicó Gustavo Oreamuno, defensor y participante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Pese al contexto desalentador, los Pueblos Originarios se niegan a dar marcha atrás. “Confiamos en Sibö, en nuestras ancestras, ancestros y mayores de que nuestra lucha es digna, legítima y fundamental para nuestros Pueblos. Yo no creo que ningún o ninguna Bribri, Cabécar o Brörán den marcha atrás a lo que ya tanto nos ha costado, al contrario… estamos recuperando nuestras fuerzas para seguir, de la mano con Sibö, defendiendo nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros Pueblos, que, sin el Territorio no somos nada”.

Para mayor información, el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” puede ser descargado en el sitio web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (http://www.coordinadoradeluchasursur.com). También, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con la participación de varios medios de comunicación y donde se estrenó el audiovisual «CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak» . Finalmente como parte de las actividades de presentación del segundo Informe, a las 6pm de hoy será el foro en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, en Heredia.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

ADJUNTAMOS:

Enlace II Informe versión digital: http://www.coordinadoradeluchasursur.com/2022/08/ii-informe-de-agresiones-y-violaciones.html

Enlace video: CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak:

Audiovisual que recoge elementos clave del caso del compañero Sergio Rojas Ortiz, indígena Bribri del clan U̱niwak, asesinado el 18 de marzo de 2019. Sergio fue líder y defensor de los derechos de los Pueblos Originarios en Costa Rica.

A pesar de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado de Costa Rica, en especial el derecho colectivo a la tierra – territorio, a las múltiples agresiones sufridas y a la impunidad reinante; los Pueblos Originarios continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio, por medio de los procesos autónomos de recuperación de sus territorios; la semilla de Sergio ha germinado en las tierras recuperadas

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Comunicado ante las declaraciones hechas sobre el homicidio de Jerhy Rivera en reunión con el Viceministerio de Paz – Centro de Amigos para la Paz

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El Centro de Amigos para la Paz hacemos un ferviente llamado a las autoridades civiles y sobre todo a las autoridades gubernamentales involucradas en los procesos de negociación y resolución atinentes la problemática de recuperación de tierras que viven las comunidades indígenas de la región del Pacifico Sur de nuestro país a que evalúen y asuman responsablemente su rol protagónico en dicha problemática.

En tal sentido es impostergable que manifestemos ante las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, instancias judiciales y medios de comunicación, nuestra posición de no aceptación de los mecanismos y métodos implementados al día de hoy que han llegado al extremo de validar y vitorear a personas que aceptan ser culpables de homicidio y otras con cargas penales ser actores del proceso de búsqueda de soluciones a un conflicto que lejos de proponer soluciones se encamina a la profundización de las contradicciones y al ejercicio de la violencia y el asesinato.

Con suma preocupación ante un conflicto que lleva décadas a pesar del ordenamiento legal de nuestro país y de los compromisos internacionales atinentes suscritos por el Estado Costarricense y que ha cobrado la vida de dirigentes y líderes indígenas y que, lejos de encontrar vías de solución con gran dolor y preocupación tenemos que presenciar el vitoreo y aceptación pública del asesinato de un líder y dirigente indígena en una mesa de negociación regentada por autoridades gubernamentales, hecho que nos interpela a llamar a la sociedad costarricense y a nuestras autoridades judiciales y administrativas a asumir su responsabilidad y compromiso constitucional ante tal situación.

Pedimos por este medio que se actué de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, garante de la justicia y la paz social y que por normativa constitucional las instituciones involucradas y funcionarios involucrados sean garantes de un debido proceso que al día de hoy a la luz de los hechos están ausentes.

Nos pronunciamos como pacifistas y activistas de la no violencia activa ante nuestras autoridades gubernamentales, autoridades judiciales y civiles en aras de la paz y la justicia social a que se tomen las medidas correctivas y se proceda de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, nuestros Pueblos Indígenas merecen el reconocimiento de sus derechos y el Estado de nuestro país tiene la obligación de garantizarlos.

Paz para nuestros Pueblos Indígenas con Respeto a sus Derechos y Autonomía Indígena.

Continúan las tensiones y agresiones contra el pueblo cabécar de China Kicha

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La casa de habitación de la mayora cabécar María Esther, madre de varias personas recuperadoras de China Kichá, ha sido objeto de ataques por parte de la familia Rivera. 

El pasado viernes 10 de junio, alrededor de las 10:30 a.m. un recuperador cabécar de Kono Jú denunció que las personas que pertenecen a la familia Rivera continúan afectando la casa de habitación de la mayor cabécar María Esther. En esta ocasión arrancaron la cerca, el portón y afectaron las cosechas de doña María Esther con cuchillos y el ganado. La casa de habitación de doña María Esther está ubicada en las inmediaciones de la entrada de Kono Jú y está al lado de una de las casas propiedad de la familia Rivera. 

Ya es la segunda ocasión en la que este tipo de afectaciones son denunciadas, siendo la primera el pasado 18 de mayo del presente año. Ese día se registraron tres ataques de la familia Rivera en contra de los y las recuperadoras cabécares y la tensión escaló hasta un ataque con gases lacrimógenos por parte de la Fuerza Pública. Ese día, la familia Rivera tiró piedras y quebró los vidrios de las ventanas de  la casa de doña María Esther.

Doña María Esther es una mayora del Pueblo Cabécar y es madre de varias personas recuperadoras de Kono Jú, Sa Ka Keglö Kaska y Yuwi Senaglö. Por ello, los ataques a su casa de habitación no pueden ser excluidos del conflicto ampliado sobre las recuperaciones de tierra-territorio y el rol de la familia Rivera como uno de los principales actores que atentan contra el Pueblo Cabécar de China Kichá.

Una vez más, denunciamos a la familia Rivera por su hostigamiento, acoso y violencia sistemática en contra de las personas recuperadoras cabécares y sus familias. La oleada de violencia que enfrenta el Pueblo Cabécar de China Kicha desde el mes de febrero es responsabilidad de la Fuerza Pública y el Estado costarricense en tanto omiten realizar acciones concretas y reales para garantizar la integridad física, territorial y patrimonial de las personas recuperadoras así como tampoco protegen la vida de éstas personas. 

Responsabilizamos al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra. La normativa internacional así como la nacional, demandan al Estado la protección integral de los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica, cuestión que sigue siendo una deuda histórica. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.

– Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.

– Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö. 

– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Comunicado ante los acontecimientos recientes en el territorio indígena China Kichá

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El pueblo indígena de China Kichá vive una constante agresión. Es lamentable e indignante ver los maltratos y agresiones físicas y psicológicas que sufren los y las hermanas cabécares. En el verano sus tierras fueron incendiadas, tierras cultivadas que habían iniciado un proceso de recuperación, no solo en la posesión de la tierra, sino también recuperando diversidad biológica, con variedad de plantas para alimentos y otros usos, árboles, habían iniciado un proceso de rehabilitación del suelo, reconstitución de equilibrio con los diversos seres de la Naturaleza. Estos incendios son una brutal manifestación de violencia racista contra el pueblo de China Kichá y contra todo el sagrado trabajo realizado por las mujeres y sus familias.

El Estado costarricense, sus instituciones racistas y los distintos gobiernos de turno, siguen órdenes de grupos de poder económico, cuando deberían cumplir las leyes y convenios internacionales firmados y ratificados, que parecen ser solo fachada internacional. 

En una Costa Rica que se dice pacífica y respetuosa de los Derechos Humanos, de los Derechos Ambientales y Declarada Pluricultural, no se debe permitir tanta violencia. Aquí siguen impunes los agresores, los asesinos de Sergio Rojas y Yhery Rivera, incitando a más violencia de los finqueros y de sus peones serviles, contra la población indígena que reivindica su tierra ancestral. 

Sabemos que el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT) y la ley nacional (Ley Indígena de Costa Rica” (Nº 6172), respaldan la lucha de los pueblos indígenas por sus territorios. Sin embargo, el pueblo de China Kichá vive una gran injusticia, por defender su derecho a la tierra. Son violentados los derechos humanos de estos pueblos indígenas porque están defendiéndose del genocidio del Estado. Se supone que estamos en un «estado de derechos», pero a la población indígena se le han negado esos derechos, a tal punto de casi desaparecer al pueblo y su territorio. Es triste ver que nuestros niños y niñas crezcan viendo tanta violencia y no puedan vivir feliz y seguros en el territorio que les pertenece. 

La violencia se expresa de muchas formas hacia los pueblos que defienden su derecho a la tierra. Aunque existe un puesto policial en China Kichá, la familia usurpadora Rivera Hernández hostiga y agrede a diferentes compañeros y compañeras indígenas, han causado heridas y ha habido intentos de asesinato. Se supone que los policías están para dar protección, pero solamente protegen a los violentos usurpadores y dejan que mujeres, ancianos y niños sean expuestos a las agresiones y los mismos policías llegan a agredir, como sucedió cuando les rociaron gases lacrimógenos a población pacífica e indefensa. 

Como mujeres del campo organizadas, exigimos que los policías cumplan su trabajo, y que sean sancionados por actuar como espectadores y cómplices de las agresiones. Exigimos que el Ministerio de Seguridad garantice y cumpla la ley deteniendo y abriendo procesos para castigar a los agresores. Ya no más impunidad. 

Los finqueros matones agreden en lugares públicos como calles y plazas. Con piedras han herido a nuestros hermanos y hermanas de China Kichá. En las comunidades nos preguntamos: ¿Por qué la policía no actúa contra los agresores y no son detenidos? La semana pasada arremetieron con piedras contra la casa de una adulta mayor; causaron daños a la casa, además de romper el mobiliario del salón comunal en un acto de matonismo, que se alimenta con la impunidad. Cuando la población indígena pide ayuda al puesto policial, la policía llega, agrede y detiene a las personas que habían sido agredidas por los finqueros. Esto ya ha sucedido en dos ocasiones. 

Los y las compañeras indígenas han ido a denunciar a la Fiscalía las agresiones y amenazas de muerte, pero eso no sirve de nada, los procesos de investigación no se abren. 

Nos preguntamos y preguntamos a la población en general: ¿Por qué la justicia no llega para proteger a los pueblos indígenas? 

Como Red de Mujeres Rurales queremos que se detenga esta violencia y se castigue a estos violentos. Esta historia de racismo e impunidad se repite en los territorios Salitre, Térraba, Cabagra y China Kichá. 

También queremos comunicar que sentimos orgullo por las familias y los pueblos que defienden su derecho a la tierra, a su cultura e identidad. Nos solidarizamos con sus luchas.

¡BASTA YA DE IMPUNIDAD!

¡JUSTICIA ANTE LAS AGRESIONES Y ASESINATOS DE DIRIGENTES INDÍGENAS!

¡PROTECCIÓN REAL DE LAS MUJERES Y LAS FAMILIAS INDÍGENAS!

¡PROHIBICION DE ENTRADA DE LOS FINQUEROS A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS!

23 DE MAYO 2022

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica

Asociación Tinamaste

DERECHO DE ADMISIÓN

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El accionar violento sobre los cuerpos de los otros, de las otras, es ya una constante en la Costa Rica actual.

Indica algo más que una actitud de poder y de superioridad. Significa el desarrollo en marcha y en transcurso de una batalla sociocultural por ganar espacios y posicionamientos, que se ha enseñado sin tregua sobre las subjetividades y las somete. Implica la ampliación de la ruptura del pacto social que se instaló en los últimos años en el país. Produce la exclusión, el dejar por fuera, la invisibilización de los derechos más básicos.

A inicios de mayo que ya pronto termina, en una noticia perdida entre el ruido del cambio de gobierno y los primeros días de una gestión que no calienta, se conoció el intento de asesinato de una persona indígena de origen panameño.

Esta persona fue atacada con fuego en un parque público ubicado en una comunidad al sur del país.

Los ataques contra las corporalidades indígenas son recurrentes. Las personas recuperadoras de sus territorios son objeto un día sí y otro también de hechos que dejan marcas imborrables en sus biografías.

Aún está fresca en la memoria colectiva los rasgos de violencia con que fueron violentados y literalmente marcados cuerpos de mujeres, niños y hombres de la comunidad de Salitre, el mismo día que el país celebraba ebrio de triunfo la gesta contra la selección de Grecia en el mundial de fútbol de 2014.

Una de las personas desplazadas e incluso detenidas fue el líder recuperador Sergio Rojas. Años después fue asesinado sin que el Estado costarricense haya responsabilizado aún a persona alguna por este hecho.

En lo que esta reflexión se terminaba de editar, se conoció la agresión contra una mujer que no solo fue violentada sexualmente, sino que intentaron desaparecerla lanzándola por una pendiente.

Semanas atrás un bar ubicado en la capital costarricense negó la entrada a un hombre sin mediar razón alguna. El hombre argumentó en medios de comunicación que su aspecto, su color de piel, pudieron haber influido en el derecho de admisión del negocio.

Justamente estos acontecimientos ejemplifican cómo algunas poblaciones van quedando “afuera”, violentadas por un sistema social, patriarcal y racial que ha venido intensificando su violento accionar.

Hace algunos días se dio un nuevo acto de crimen de odio en la sociedad estadounidense. Procuremos que en Costa Rica reservarse el derecho de admisión no implique sólo el dejar afuera y signifique además el avance de una escalada excluyente y sin retorno que justifique el odio como motor de una más de las desigualdades que movilizan hoy en día al país.

DENUNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL – ACODEHU exige el cese de la represión de la Fuerza Pública contra las y los indígenas del pueblo cabécar de China Kichá (Pérez Zeledón-Costa Rica)

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José, viernes 20 de mayo de 2022

Durante los últimos diez años, las personas indígenas que decidieron recuperar sus tierras-territorios en China Kichá, han sido víctimas de la violencia por parte de los empresarios que les habían invadido de forma ilegal sus territorios; además les han quemado sus ranchos, sus cosechas y les han violentado físicamente, al punto de que varias personas han sido hospitalizadas.

El miércoles 18 de mayo del presente año en horas de la tarde la Fuerza Pública actúo de manera violenta contra la población de China Kichá.

Las personas recuperadoras informan de la presencia de veinte personas de la Policía Antimotines, además de acciones del Grupo de Apoyo Operacional-GAO.

El excesivo uso de gases lacrimógenos, que la Fuerza Pública lanzó contra la población civil, niños, adultos mayores, y mujeres da muestra de la violencia de los efectivos de la Fuerza Pública contra la población.

En ese contexto de violencia, se detuvo de forma arbitraria al joven Verny Obando Ríos, sacándolo del territorio. Este es el tercer recuperador cabécar detenido por la fuerza pública durante las últimas semanas del presente año.

“Ninguna de las personas que han agredido a los indígenas han sido detenidos”.

En este escenario de agresión, la vivienda de la señora María Esther, persona mayor de edad, sufrió los ataques violentos y su casa quedó parcialmente destruida.

El día de hoy, 19 de mayo una turba armada en las afueras del territorio cabécar, diez personas se presentaron con machetes, palos y piedras, los cuales se instalaron a un kilómetro de distancia del territorio cabécar de China Kichá.

En horas de la tarde una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU-COSTA RICA, estuvieron en el Territorio atendiendo la grave situación de agresión y violación a los Derechos Humanos del pueblo cabécar de China Kichá.

La ACODEHU hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir el cese inmediato de las agresiones de la Fuerza Pública contra las y los recuperadores de la población cabécar y por el contrario, SOLICITAMOS LA DEBIDA ATENCIÓN DEL GOBIERNO DE COSTA RICA Y DEL ESTADO, PARA BRINDAR LA MERECIDA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS POBLADORES DE CHINA KICHÁ, esto debido a las amenazas y las acciones que atentan contra la vida y la integridad de los pobladores.

¡¡¡ NO MÁS ASESINATOS, NO MÁS IMPUNIDAD CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COSTA RICA!!!

Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta ACODEHU
Denis Calix, Secretario ACODEHU
Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

¡Más de 370 personas representando a más de 150 organizaciones alzan su voz en contra de los incendios y la violencia en China Kichá!

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Programa Kioscos Socio-ambientales UCR

¿Se imagina que de pronto alguien por venganza o racismo queme más del 70% de su casa o su finca? Eso tan terrible le pasó a la comunidad indígena de China Kichá, comunidad ubicada a 175 kilómetros al sureste de San José.

En este mundo con un clima enfermo y en llamas, el acompañamiento y la solidaridad son mecanismos necesarios para denunciar esta triste realidad y tratar de cambiarla. Es por esto que más 370 personas y representando más de 150 diversas organizaciones, sectores, comunidades e instituciones se solidarizan y se unen al grito de demanda en contra de estos crímenes de odio.

Entre las peticiones que respaldaron están el apersonamiento de los bomberos de Pérez Zeledón cuando hay un llamado por incendio en los territorios recuperados de China Kichá, pues cada vez que hay una emergencia de esta índole los bomberos manifiestan que no van a intervenir “quemas de charral”. Solicitan la presencia del SINAC durante las emergencias por incendios forestales en China Kichá para atender las quemas de los bosques donde mueren muchos animales. Finalmente solicitan una investigación por parte de la fiscalía de Pérez Zeledón para atender las denuncias interpuestas por los incendios provocados en China Kichá e identificar responsables de estos agravios.

Entre las personas firmantes se encuentran representantes de instancias universitarias como el Programa de Kioscos Socioambientales (UCR), el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA, UNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, el Centro de Investigaciones Políticas (UCR), el programa Era Verde (UCR) y Palabra de Mujer (UCR), el Programa Pueblos Indígenas Agroecología y Buen Vivir (UNA) y Revista U Chinche (UCR); organizaciones ecologistas como Movimiento Ríos Vivos, Semillas Libres CR, Escazú Ahora CR, Frente Ecologista Universitario, Diwo Ambiental, Red de Juventudes y Cambio Climático, Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Red Natural Belemita, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Salvemos las Lomas, Colectivo Ambiental Tatiscú, Fundación Corcovado, Frente Ecologista del TEC, Asociación Ecologica Corcovado Bijagua, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas; organizaciones sociales y de derechos humanos como la Coordinadora Lucha Sur Sur, Consejo Ditso Iriria Ajkonuk Wakpa, Casas Escucharte Caribe, Redess (Red de Economía Social Solidaria), Escuela Feminista Saberes Cómplices, Red de Mujeres para el Desarrollo, Asociación Pro Asojoven San Carlos, Departamento Ecuménico de Investigaciones, Foro de Mujeres Rurales de Costa Rica, Rincón Ecológico Cultural Terraba, Abriendo Datos Costa Rica; otros territorios indígenas como Curré, Conte Burica, Térraba y Matambú; algunas agrupaciones políticas como Nuevo Partido Socialista, Frente Amplio, Juventud Vanguardista Costarricense, Partido de los Trabajadores; otras organizaciones como el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Casa Madremonte, Un Rojo Reggae Band, Las Sirenatas, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, La Feria Producciones, Teatro Abya Yala, Asociación Guías y Scout de Costa Rica, Suave un Toque; así como estudiantes y docentes de las distintas universidades públicas del país, artistas independientes y vecinos y vecinas de múltiples comunidades alrededor del país quienes a título personal mostraron su solidaridad con la comunidad de China Kichá. 

A modo de contexto, la situación en China Kichá es alarmante. En primera instancia, cabe resaltar que por decreto del año 2001, el Estado costarricense asignó 1100 hectáreas para el pueblo cabécar en China Kichá. Para el 2014, de ese total, los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder, es decir, el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población indígena (Forest People Programme, 2014). Como respuesta, desde el 2019, este pueblo indígena se ha organizado para recuperar su territorio logrando la posesión de 800 hectáreas. Gracias a las recuperaciones, las tierras han pasado de ser parcelas deforestadas, convertidas en monocultivos y potreros de ganadería extensiva, a ser paisajes llenos de biodiversidad, asegurando el cauce del río y garantizando la seguridad alimentaria, y con esta, la autonomía del pueblo cabécar. 

En segundo lugar, como forma de presión y de venganza, los incendios se han convertido en una de las formas de violencia más constantes en este territorio indígena, y son provocados, como lo señalan personas recuperadoras, “bajo las órdenes de tres empresarios muy adinerados e influyentes de la zona”. Estos incendios han cubierto un aproximado de 800 hectáreas, es decir, más del 72% del territorio que por ley les corresponde y que por hecho y derecho han recuperado. De esta forma, los incendios arrasan estas áreas boscosas revitalizadas, al igual que las fuentes de agua, la fauna del lugar y los cultivos de las personas indígenas. Esto es una guerra contra la naturaleza y las comunidades indígenas.

Es fundamental recalcar que para el pueblo cabécar de China Kichá la tierra, no es solo tierra, sino que es un territorio y es su hogar, lo que significa asegurar la continuidad de su pueblo indígena, un pueblo amenazado con desaparecer. Doris Ríos Ríos, recuperadora y lideresa cabécar expresa: “Cada vez que queman nos dan en el alma porque es como que nos están matando a nosotros (…) nos duele muchísimo porque están quemando nuestra casa (…) No están quemando simplemente plantas, están quemando seres vivos, con los que nos necesitamos mutuamente”.

Le invitamos a leer pronunciamiento completo y todas las firmas a continuación:

Pronunciamiento-con-firmas-Descarga

 

Fuente de imagen: Radio UCR.

Relator de derechos de los pueblos indígenas se pronuncia sobre situación en China Kichá

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José Francisco Calí Tzay.

Recientemente, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, José Francisco Calí Tzay, se pronunció, en la red social Twitter, en contra de los actos de violencia que continúa sufriendo la comunidad de China Kichá en el sur de nuestro país. 

Las denuncias las ha planteado la Coordinadora de Lucha Sur-Sur a raíz de los incendios provocados por personas no indígenas en el territorio indígena cabécar, los actos de agresión en contra de las personas recuperadoras y la ausencia de protección por parte de las autoridades ante tales ataques.

Al respecto, José Francisco, externó que, “Desde esta Relatoría sigo con atención los sucesos que ocurren en el Territorio de China Kichá. Al respecto quiero recordar que los Pueblos Indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido.” 

Así mismo, en la misma cuenta, abre paso a recalcar que las actuaciones de los organismos estatales deben sujetarse a los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. 

José Francisco es relator desde el año 2020, guatemalteco maya cakchiquel, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ha militado en varias organizaciones indígenas en Guatemala y fue miembro de la Comisión presidencial contra la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas de Guatemala (CODISRA). 

 

Compartido con SURCOS por José Francisco Calí Tzay.

Fuentes: twitter.com / ucr.ac.cr