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Etiqueta: vivienda

Casa, Trabajo y Pan – Grupos de Vivienda Unidos – Manifiesto Nacional

Por casa, trabajo y pan, los pobres más pobres desfilamos este Primero de Mayo, como fecha histórica en que iniciamos la lucha que nos llevará a vivir con dignidad.

Somos una Organización Nacional que acoge a los olvidados sociales, con representación en todo el país.

Nuestro principal objetivo es unir y motivar a todos los necesitados alrededor de un solo proyecto nacional, que permita dar una solución real al problema de la vivienda.

Hoy pedimos públicamente ser escuchados y atendidos porque son muchas décadas de abandono, dónde los gobiernos y sus políticos han prometido soluciones que después esconden en el baúl de los recuerdos.

Instituciones como el BANVI, se han conformado con repartir sin ninguna visión unas cuantas casitas, como repartiendo espejos engañosos, demostrando que no pueden o no quieren resolver la situación de más de un millón de ciudadanos, mientras tanto, lejos de solucionarse el problema, este crece y seguirá creciendo ingratamente aún más, ya no solo en los sectores necesitados, sino que crece como un cáncer que ataca a la mayoría de la población sobre todo a nuestra juventud.

No podemos seguir viendo la falta de vivienda como un problema, sino que debemos verla como una oportunidad de mejorar la situación de toda la población, en trabajo, educación, seguridad social, salud, etc.… y de reactivar la economía principalmente en la construcción y el comercio.

Hacemos un llamado a la unidad sin exclusiones porque sabemos que al vencer la falta de vivienda todos seremos ganadores.

A continuación, proponemos los siguientes objetivos principales que nuestra lucha persigue:

  1. Demandamos que los dineros que se le requisan al narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando sean destinados al propósito de acabar con los tugurios y darle casa digna a los que no la tienen.
  2. Demandamos que haya un fondo único para financiar los diferentes programas sociales, fiscalizado por un ente que vigile, asigne y ejecute el buen uso de estos recursos.
  3. Demandamos que el presupuesto Nacional destine recursos adicionales para vivienda popular.
  4. Demandamos que las municipalidades destinen terrenos de su propiedad para vivienda.
  5. Demandamos que se impulse un plan de abaratamiento de la construcción, acabando con los monopolios del hierro y el cemento, y abrir mercado a los materiales, tradicionales del país más baratos cómo son la madera.
  6. Demandamos que se destine en calidad de préstamo un 25% del dinero acumulado en los fondos del I.V.M., a las municipalidades con la finalidad de que estás puedan comprar terrenos para el desarrollo de proyectos de vivienda, cancelados dichos préstamos con el dinero que se destina a cada familia de escasos recursos del Bono de vivienda.
  7. Demandamos una rebaja real y sustancial a los intereses y créditos para vivienda, poniendo al alcance de los beneficiarios, créditos tasados al mínimo de ganancia.
  8. Demandamos departe del estado una reforma urbana que rehabilite y reconstruya zonas ya intervenidas de las áreas urbanas, de tal forma que se permita una verdadera repoblación de las ciudades con un sentido social, para que en estas zonas puedan habitar familias de todos los estratos sociales, incluidos los menos favorecidos.

Como nos escribe Jorge Debravo. “Que nadie tenga Tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire”

Todos unidos por casa, trabajo y pan. Si queremos una patria mejor debemos construirla.

Por casa trabajo y pan CATRAPAN, los pobres más pobres aquí están.

Cabagra apuesta por mejorar el diseño arquitectónico de sus viviendas

Por Uriel Rojas

La Asociación Indígena de Cabagra, en conjunto con un grupo interinstitucional público del país, entre los que se encuentran la UNA, UTN, el TEC, la UNED y el INA entre otros, lidera un proyecto denominado “Mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de materiales utilizados en la construcción de viviendas de interés social para el Territorio Indígena de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas”.

Esta propuesta tiene como objetivo desarrollar una estrategia de mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de madera en vivienda de interés social en T.I Cabagra y busca mejorar los diseños actuales que se han construido en este territorio, los cuales, la mayoría, no están acordes a la filosofía y cosmovisión ancestral de la cultura indígena bribri.

Este proyecto inició el pasado 01 de julio de 2020 y se estima culminar a finales de este año 2021.

Como parte del proceso, se han realizado múltiples consultas, talleres y conversatorios, muchos de ellos virtuales, en donde se han conocido las características actuales de sus viviendas y el nuevo diseño que se quiere construir en los proyectos venideros para las familias de este territorio, los cuales, han de ser diseños armónicos con su cultura, su contexto natural y de buena calidad constructiva.

Para los próximos meses de este año, se espera la elaboración de un informe técnico con los resultados de esta propuesta interuniversitaria y se presentará a la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra (Kabakol) y a las comunidades del territorio, para su respectiva validación. 

Como propuesta final se espera la elaboración de un diseño de vivienda construida en madera, siguiendo los estándares técnicos constructivos, que se adapten al clima, el paisaje geográfico, los materiales y las tradiciones culturales de este territorio.

Por el momento, se seleccionarán al menos 15 personas indígenas de la comunidad, que se formarán como maestros de obra u operarios con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje, para afinar sus capacidades de construir viviendas de interés social de acuerdo al nuevo diseño que vayan a elegir. Esto sin duda, incidirá en la calidad de las construcciones locales y generará una nueva fuente de empleo.

Este proyecto forma parte de los múltiples esfuerzos territoriales que realiza la Asociación Indígena de Cabagra, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Informe «Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2020-Indicadores de Gestión en Tiempo de Pandemia»

Se invita a las personas y organizaciones interesadas en este tema, a llenar el formulario de inscripción para participar en el Informe «Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2020-Indicadores de Gestión en Tiempo de Pandemia».

A las personas que se inscriban les llegaré al correo el enlace para la actividad virtual.

El formulario se encuentra en el siguiente enlace: https://forms.gle/uJ3JYF8xpNBpgMDQ6

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas

Un proyecto interuniversitario mejorará diseño arquitectónico en comunidad indígena

  • Iniciativa financiada con Fondos de Conare

  • Incidencia será en territorio Indígena de Cabagra en Buenos Aires de Puntarenas

Eduardo Muñoz Sequeira. Periodista, Vicerrectoría de Acción Social UCR

Cuando de la construcción de viviendas se trata, mucho ha evolucionado a lo largo de la historia humana. El uso de determinados materiales, la distribución espacial y criterios de hasta en qué sitios se debe construir, son aspectos fundamentales.

En ese sentido, un proyecto de Acción Social del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) impulsa la articulación de acciones desde las universidades públicas para lograr, de mano de las personas habitantes del territorio indígena de Cabagra, en la zona sur costarricense, un diseño armónico a su cultura y la calidad constructiva.

Aunque en muchos sitios predomina el uso del concreto, las comunidades originarias costarricenses han usado por siglos otros materiales. Por eso, desde el proyecto “Mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de materiales utilizados en la construcción de viviendas de interés social para la Territorio Indígena de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas” (EC-580), liderado por las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA) y Tecnológico (TEC), trabajan de la mano con la asociación de desarrollo de esa zona.

La iniciativa tiene entre sus objetivos el diagnóstico de la situación de las viviendas de esa comunidad y, a partir de una articulación entre universidades y habitantes, lograr un diseño acorde a los usos culturales.

El equipo investigador es coordinado por el Dr. Guillermo González Beltrán, de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, la Dra. Guiselle Mora Sierra, de la UNA y el magister Luis Diego Camacho Cornejo, del TEC

Avances del proyecto

El profesor González explicó que este proyecto tiene una vigencia de dos años, inició en periodo de pandemia sanitaria, el 01 julio 2020. Esto implicó visitas muy limitadas a los poblados de Cabagra. Dada esta situación, se utilizaron plataformas para reuniones virtuales para discutir sobre la construcción tradicional indígena en madera, y para realizar talleres y charlas de divulgación sobre temas relacionados al proyecto.

Otros productos logrados a la fecha han sido la publicación de artículos, la aplicación de metodologías participativas, preparación de encuestas y entrevistas para su validación, así como un trabajo final de graduación en el grado de licenciatura.

Con autorización del CONARE y de las respectivas universidades, se visitaron 50 familias que habitan en las comunidades de Capri, Huacas, Santa Teresita, San Rafael, San Juan, Pueblo Nuevo y Alto Las Brisas.

Se escogieron 25 viviendas de tipo prefabricadas de concreto y 25 de madera, “el objetivo fue evaluar por medio de las encuestas y formularios, la calidad de los materiales utilizados en las construcciones; y establecer la percepción de habitabilidad en los ámbitos social, de diseño y de la calidad de los materiales utilizados en su construcción”, explicó González.

Para el segundo semestre del año 2021 se elaborará el informe técnico con los resultados y se presentará a la Asociación de Desarrollo Integral y a las comunidades. Como propuesta final se propondrá un diseño de vivienda construida en madera, siguiendo los estándares técnicos constructivos, que se adapten al clima, el paisaje geográfico y las tradiciones de este territorio.

Entre las principales fallas estructurales detectadas están los cimientos muy superficiales, al punto que pueden verse a simple vista, lo que compromete la estabilidad de la construcción. También, pisos muy delgados que tienden a resquebrajarse y sin revestimiento de ningún tipo. Otros fueron el uso inadecuado de elementos constructivos, como columnas preconstruidas, considerando que cada uno tiene una función específica.

En el caso de las casas prefabricadas, los techos presentan fallas en las uniones y con poca resistencia o indebida distribución a los pesos. En lo cultural, en el diseño predeterminado de ese tipo de viviendas las baterías sanitarias, áreas de lavado o cocina están dentro del hogar, lo que no respeta el uso de las personas de los pueblos originarios a ubicarlos fuera del espacio interno.

La idea de esta consulta a la comunidad fue determinar “cuál debe ser la mejor opción de espacio arquitectónico y uso de materiales en cada uno de ellos. Además, incluirá un apartado donde se formarán nuevos maestros de obra a partir del nuevo modelo que la comunidad construya en conjunto con las universidades”, explicó el Dr. Guillermo González Beltrán, investigador de la UCR y docente en la Escuela de Ingeniería Civil.

Aprendizaje compartido

Para Frander Torres Estrada, vecino de la comunidad Capri, muchas viviendas se han deteriorado a lo largo del tiempo por falta de mantenimiento y porque, en el caso de las hechas con madera, no usaron el mejor material. Asimismo, el sistema eléctrico es otro de los puntos de atención prioritaria, ya que en muchos casos las instalaciones fueron hechas por las mismas personas propietarias, lo que con el tiempo ha venido generando fallas continuas.

Torres fue el encargado de hacer la base de datos de las 50 familias entrevistadas. Él reiteró que la idea es usar la estructura tradicional, con las maderas que siempre han usado. Aunque para algunas ahora existen restricciones legales, en la actualidad la mayoría del material proviene de aserraderos locales con maderas de uso permitido.

Torres es un joven estudiante de la carrera de Gestión del Turismo Sostenible, impartida en la Universidad Nacional, y asistente de investigación de la docente Guiselle Mora Sierra, de la UNA, que sueña con iniciar un emprendimiento productivo en su localidad.

Por su parte, para Esteban Sibaja Miranda, estudiante del quinto año de la carrera de Ingeniería Civil en la UCR y asistente de investigación, esta experiencia ha sido más que provechosa, aseguró.

Desde que se incorporó al proyecto en julio del 2020, desarrolló una investigación comparativa entre las tipologías constructivas en Costa Rica y las existentes en Cabagra. También, se encargó de diseñar un manual de verificación para casas prefabricadas y es el encargado de los informes técnicos, que luego son avalados por el docente González.

Para Sibaja, estar en este proyecto le ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos técnicos de la carrera. “El ingeniero civil es el profesional que está más enfocado con las personas, tiene que aprender a hablar con otras personas, y esto permite el desarrollo de uno como profesional. Además, la parte de la investigación interdisciplinaria, y hablar con gente de las universidades TEC y de la UNA le ayuda a uno a desarrollar habilidades”. Finalmente, Frander Torres concluyó que ahora “hay que ver qué pasará con este proyecto, pero alguna gente cree que las cosas no cambiarán. Tenemos que esperar a los talleres y la construcción de una casa modelo a ver qué dicen. Además, como algunas de estas universidades han estado involucradas en los conflictos territoriales, y las recuperaciones de tierras, eso causa mucha desconfianza entre algunas personas”, comentó.

Lo que viene tras este proceso, será seleccionar del grupo de 15 personas que se formarán como maestros de obras con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Esto incidirá en la calidad de las construcciones y generará una nueva fuente de empleo. “En el segundo semestre de 2021 se definirá, desde la cosmovisión indígena, el diseño arquitectónico y estructural de una vivienda idónea según su cultura, materiales y presupuestos y se realizará en cuatro talleres participativos en diferentes comunidades de Cabagra”, concluyó el profesor González.

Foto EC-580

Más información en el enlace: http://ucr.cr/r/h16R

 

Imagen de cabecera de Jean Carlo Cascante Vargas-TEC, tomada de la nota original.

Bloque de Vivienda llama a seguir la lucha

El sábado 3 de julio Orlando Barrantes, del Bloque de Vivienda, llamó a seguir la lucha. Ese día el Bloque se reunió para evaluar la movilización que se realizó a Casa Presidencial el martes 29 de junio y el inicio de las negociaciones con el Poder Ejecutivo.

El principal objetivo del Bloque de Vivienda es garantizar a las familias de todo el país que tendrán su casa por medio del bono individual o de proyectos.

Orlando Barrantes indicó que vienen cosas importantes en la lucha.

Llamado a fortalecer la lucha por vivienda digna

En el Bloque de Vivienda están muy satisfechos por la enorme cantidad de mensajes de apoyo por la carta que se le presento al presidente de la República. Dicha carta es para solicitar al Presidente que él mismo resuelva la autorización al BANHVI para que use los 28 mil millones, ya que el Ministro de Hacienda no quiere.

Realizo lo anterior, ahora sigue la segunda parte, en donde se ocupa la participación de todo el pueblo costarricense para recolectar la mayor cantidad de firmas posibles para entregarlas en Casa Presidencial, con esas firmas se quiere testimoniar al Presidente que es en todo el país el descontento, y que en todo el país las personas necesitan vivienda digna.

Se adjunta la carta:

Compartimos el vídeo completo:

Los resultados del desarrollo regional y la importancia del enfoque territorial

German Masís

La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.

En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.

Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:

– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz.  Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.

– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.

– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.

– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.

-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria

– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.

– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.

-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.

– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.

– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades.  Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia.  La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones

– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)

Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:

– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.

– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia.  En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.

– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.

– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.

– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas.   A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.

el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.

– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.

– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.

– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.

– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.

– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.

– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).

Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).

En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.

Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.

No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.

La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.

La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.

El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.

El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.

La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura.   El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.

Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).

Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

 

*Imagen ilustrativa, CONARE, desarrollo regional.

Familias que necesitan agua potable no logran apoyo de Sala Cuarta

“Persiste riesgo al estar en confinamiento por la pandemia pero sin agua, y se suma la amenaza de desalojo por parte de la municipalidad y la Fuerza Pública en Jardines Dos, Ángeles de San Ramón”. Así dice el aviso que recibió SURCOS de las familias de esta comunidad que, por su condición de precario, no logran que la institucionalidad les de agua potable. La Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por las personas “que no tienen título de propiedad”.

Este viernes 22 de mayo las familias resistieron la intención de desalojo y se presentó un conato de violencia como puede verse en el video que fue enviado a este medio.

Entre las consideraciones de la Sala Constitucional están las siguientes:

  • “Los amparados no han demostrado ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que son los propietarios de los inmuebles para los cuales se solicita el servicio de agua potable ni han aportado una autorización de los dueños registrales para ese mismo efecto”.
  • “Los tutelados residen en estructuras para vivienda que no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias para ser habitadas y fueron construidas al margen de los lineamientos correspondientes”.
  • “Los dueños registrales de tales inmuebles iniciaron acciones para contrarrestar dicha invasión ilegal ante las autoridades de la Municipalidad de San Ramón, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público. En este último Ministerio se tramita el expediente No. 18-001040-0332 por la presunta comisión del delito de usurpación”.
  • Médicos del Ministerio de Salud, al analizar la situación planteada no recomendaron la instalación de una fuente pública de agua potable en el mencionado asentamiento. En tal ocasión, se manifestó lo siguiente: ‘(…) la instalación de una fuente de agua pública motivaría al (sic) aumento de la población de poseedores en el precario”.
  • “… el carácter de derecho fundamental (de acceso al agua) no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento”.
  • “… esta Sala estimó procedente analizar si, ante la situación de emergencia que afronta el país a causa de la pandemia del COVID-19, las autoridades recurridas del AyA deberían instalar, aunque sea de forma temporal, una fuente pública de agua potable en el asentamiento donde habitan los amparados. Todo esto, a efecto que se puedan proveer de dicho líquido vital y cumplir con los lineamientos de limpieza e higiene dictados por las autoridades de salud del país. Ahora bien, luego de revisados los informes rendidos bajo juramento, incluido el requerido a las autoridades del Ministerio de Salud como prueba para mejor resolver, este Tribunal Constitucional estima que en este caso en particular no es procedente llevar a cabo dicha actuación, sea, las fuentes de agua pública se pueden instalar ‘(…) únicamente en los casos de suspensión de un servicio a favor del titular de la paja o del inquilino (…)’; condiciones que no cumplen…”
  • “Bajo dicho panorama es claro que este Tribunal Constitucional se ve imposibilitado de acceder a la instalación de una fuente pública de agua potable, aunque sea de forma temporal o limitada, en el asentamiento donde habitan los tutelados. Esto, ya que, como bien se dijo, dicha actuación conllevaría a perjudicar más bien la salud de los amparados”.
  • “… las autoridades le ofrecieron a los tutelados ser trasladados a un albergue o bien, solicitarles ayuda a través del IMAS”.
  • “… los tutelados no se encuentran absolutamente desprovistos de agua potable en este momento. Esto, ya que, según su propio dicho, dicho líquido es suministrado por unos vecinos o bien, es trasladado de otros sitios”.

Ante estos razonamientos de la Sala Constitucional para negar el amparo a estas familias, desde el movimiento social de Occidente surgen estos cuestionamientos:

1) ¿Por qué razón la institucionalidad no puede encontrar una solución integral y no temporal (como la ayuda del IMAS recomendada) para estas familias que por razones estructurales y no individuales no cuentan con salario digno y estable para asegurarse una vivienda saludable?

2) ¿Por qué razón el gobierno local de San Ramón de Alajuela en coordinación con el resto de la institucionalidad del país no cuenta con una política anterior a la pandemia, para encontrar una solución integral al desarrollo humano de todas las personas habitantes del cantón que faciliten empleo, vivienda, agua, atención de la salud?

3) ¿Se ha interesado la institucionalidad que conforma el subsistema de niñez y adolescencia en conocer el estado de los derechos de la niñez y la adolescencia que habita en ese asentamiento?

La vivienda adecuada a partir del COVID-19

Pablo Acuña Quiel, arquitecto

Ahora que se revisa de forma consensuada la importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social para nuestro estado social de derecho, es pertinente incluir dos antecedentes que si bien pasarán a fortalecerla, se vuelven vitales para reposicionar las posibilidades de la vivienda en la coyuntura actual.

Se trata de la Junta Nacional de Habitación (Ley No 37 del 23 de diciembre de 1940) y la Cooperativa “Casas Baratas La Familia” (Ley No 190 del 14 de agosto de 1942), las cuales representan dos ejemplos de políticas públicas adelantadas para su época.

La primera leía el contexto y reconocía a la venta y al arrendamiento como las formas de uso de las nuevas viviendas; de forma visionaria iniciaba lo más parecido a un banco de tierras en las ciudades cabeceras de provincia del valle central; el carácter no estático de la vivienda se evidenciaba al atribuirse su estudio por todos los medios; y aunque ya la antecedían muchos años de higienismo, insistía en pronunciarse vinculantemente respecto al combate del hacinamiento a una escala complementaria de la municipal; finalmente establecía que la relación entre el precio de construcción y el de venta solo se incrementaba en un 5%.

Por su parte, el mayor aporte de la Cooperativa fue la fijación del costo máximo de cada vivienda con lote (7000 colones), así como el establecimiento de una relación con el sueldo máximo de la población beneficiaria (250 colones al mes) cuya cuota o amortización debía estar en el rango del 6% y el 12% de su salario (de 15 a 30 colones), esto terminó definiendo períodos de 19 años para la cancelación total y dotó a una generación de la movilidad social que otorga vivir prácticamente en el centro de la ciudad, con el beneficio de todos los equipamientos comunales existentes; como ejemplos de esta cooperativa, la ciudad de Heredia cuenta con dos barrios: al norte del antiguo Hospital San Vicente de Paul y al oeste de la Escuela Cleto González Víquez.

¿Podemos encontrar en la actualidad una oferta de este tipo?

No, y es por eso que constituye un ejemplo valioso por retomar en un contexto donde se nos convoca a quedarnos en casa mientras muchos no tienen acceso al derecho humano a una vivienda, mediante un alquiler o la propiedad.

Como describía arriba, si las cuotas mensuales se asocian de manera semejante a un porcentaje del ingreso de un hogar, puede garantizarse la asequibilidad, la cual es uno de los siete elementos de lo que reconocemos como la Vivienda Adecuada de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

¿De cuánto porcentaje estamos hablando?

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, un parámetro aceptable es destinar el 30% a los gastos de vivienda, más allá de ese límite se comprometen las otras necesidades del hogar como sucede actualmente al haberse triplicado el promedio de su costo final en relación al promedio de los ingresos mensuales durante lo que llevamos del siglo XXI, esta tendencia debe revertirse con urgencia, en lugar de generar distracciones como las recientes opciones de financiamiento feriales donde se mantienen los precios elevados y se normaliza el sobre endeudamiento de los futuros propietarios.

El incremento en esta mercantilización de la vivienda se constituye en una forma violenta de expulsión de personas y en un obstáculo para el cumplimiento de las otras características de la Vivienda Adecuada: ubicación, accesibilidad, seguridad de la tenencia, habitabilidad, disponibilidad de servicios y adecuación cultural; también confirma que cuando la institucionalidad nacional se refiere al derecho a la ciudad lo hace en su versión más desteñida.

En la publicación del pasado marzo: “La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el COVID-19″, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, expresó su preocupación por quienes viven en asentamientos informales, refugios de emergencia y las personas sin hogar, así como quienes están perdiendo empleos por lo que podrían atrasarse en sus hipotecas o ser desalojados.

Suscribo su opinión respecto a una serie de compromisos mínimos que deberían ejecutar los Estados ( y los gobiernos locales) para garantizar la protección de estas personas: “cesar todos los desalojos; proporcionar viviendas de emergencia con servicios para aquellos afectados por el virus y que deben aislarse; asegurar que la aplicación de medidas de contención (por ejemplo: toques de queda) no conduzca al castigo de nadie debido a su status habitacional; proporcionar igualdad de acceso a pruebas y atención médica; y proporcionar una vivienda adecuada que podría requerir la implementación de medidas extraordinarias según corresponda en un estado de emergencia, lo que incluiría el uso de unidades vacantes y abandonadas, así como alquileres disponibles de corto plazo.”

Imagen: https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Precario_Tugurio_GAM_Febrero_2005/Asentamientos_en_Precario_y_Tugurio_GAM_Febrero_2005.pdf

Estudiantes de la UCR proponen diseño de vivienda temporal post desastre

  • Los diseños son de bajo costo, se construyen con materiales que ofrece el mercado nacional y están adaptadas a las necesidades del entorno de riesgo

Estudiantes de la UCR proponen diseno de vivienda temporal post desastre
Estudiantes de Arquitectura de la UCR responden a una necesidad nacional de construir un modelo de vivienda temporal para las familias que pierden su inmueble tras el impacto de un desastre. Foto: Ana Sibaja, UCR.

Durante las emergencias, el sector vivienda es una de las áreas afectadas de forma recurrente y el proceso de recuperación tarda años sin que los gobiernos logren responder de forma rápida a dicha problemática.

Por tal motivo, un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), elaboraron varios diseños de viviendas temporales para familias que pierden su casa debido al impacto de una emergencia.

Los diseños son de bajo costo, se elaboran con materiales y estructuras que se adaptaran a las condiciones de riesgo y su proceso de construcción es de tan solo cuatro semanas.

El objetivo de la Escuela es dar soluciones eficientes a cientos de familias que permanecen meses y hasta años en refugios temporales antes de recibir una solución de vivienda definitiva.

Tras el paso de la Tormenta Tropical Nate en Costa Rica, un total de 1605 viviendas fueron afectadas en diferentes partes del territorio nacional, con un costo de ¢21.529 millones en pérdidas, según datos del informe de daños de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Emily Vargas, profesora del curso en el que se desarrolla este proyecto, señala que la Escuela promueve la elaboración de propuestas con perspectiva social y de investigación para que el país cuente con futuros profesionales comprometidos con las necesidades del país.

El diseño que presentó cada estudiante, fue acompañado por un manual con el instructivo para construir paso a paso la vivienda y con el objetivo de que pequeños grupos de personas puedan armar los módulos de forma sencilla.

El objetivo es que cada diseño sea de fácil construcción, con el fin de dar respuesta lo ante posible a las necesidades de las familias que perdieron su vivienda.

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Cada propuesta de diseño de vivienda temporal cuenta con un manual para levantar la edificación en un período de cuatro semanas de una forma muy sencilla.

Los proyectos debían circunscribirse en un lote de 10 x15 metros. Las áreas varían dependiendo de las propuestas.

El precio no fue un requisito de entrega. Algunos estudiantes entregaron propuestas de entre 3 y 6 millones pero los precios variaron. Se pidió contemplar mínimo desperdicio y modulación de materiales de construcción.

Las diferentes propuestas, tiene un área de construcción de 50 a 70 metros y tienen un costo que va de 3 a 6 millones de colones.

Se proponen módulos mínimos de refugio para las funciones básicas de dormir, comida y aseo. Adicionalmente, el diseño contempla una segunda etapa para ampliar la extensión de la vivienda y poder utilizarla como vivienda temporal durante un plazo aproximado de tres años o más con capacidad para familias de 3 a 8 personas

En primera instancia, se hizo un estudio de las características bioclimáticas como por ejemplo, zonas expuestas a inundaciones así como las condiciones de orientación, altitud, temperatura, humedad, precipitación para adaptar la vivienda a dichas condiciones.

Se escogieron tres regiones con diversos perfiles bioclimáticos como lo son Bebedero de Cañas, Paquera y Palmar Sur de Puntarenas y se adaptaron los diseños a las condiciones climáticas para lograr confort hidrotérmico, con la utilización de estructuras de madera y materiales comerciales.

Durante la carrera, la Escuela de Arquitectura imparte 10 talleres de diseño. En este caso, el Taller de Arquitectura Tropical de último año, propuso a los estudiantes el diseño de viviendas temporales de bajo costo adaptadas a las necesidades de familias costarricenses que pierden su vivienda tras una emergencia.

La propuesta será compartida con las autoridades de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en las próximas semanas.

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Experiencia de los estudiantes

Eduardo Barrantes Romero, estudiante de Arquitectura señaló que el reto fue realizar una propuesta de construcción flexible que se adaptara a las diferentes condiciones topográficas, climáticas y de amenaza.

Por su parte, Ana María Lizano, otra de las estudiantes, destacó que su propuesta cuenta con materiales de fácil transporte y ensamblaje para que pueda construirse en poco tiempo y se adapte a las condiciones de los tres sitios. Uno de los retos, de acuerdo con Lizano, fue la búsqueda de materiales que el mercado nacional ofrezca y que la vivienda se arme de forma muy sencilla, tipo lego, puntualizó.

Rebeca Madrigal López

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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