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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

Urge la reelección consecutiva presidencial y de diputados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Entre las reformas electorales que deben abordarse, discutirse y ojalá llegar a acuerdos políticos, con ánimo de que pudieran aplicarse a las elecciones del 2026, todavía tenemos tiempo para reformas constitucionales de este tipo, están los siguientes temas, la reelección consecutiva del Presidente y la reelección consecutiva de los diputados.

La reelección del Presidente es importante porque da la posibilidad de que con gobiernos de cuatro años se pueda prolongar la gestión a ocho años seguidos, y el Presidente y su equipo de gobierno puedan cumplir más en la visión del proyecto país que quieren impulsar.

Cuatro años no es suficidente para desarrollar una buena obra de gobierno. El Presidente al asumir su cargo, actualmente, el 8 de mayo, se encuentra con una camisa de fuerza, para ese mismo año, con el Presupuesto Nacional de la República, que fue definido y aprobado, en noviembre del año anterior a su elección, por el gobierno saliente. De manera que el Presidente en su primer año tiene la obligación de ejecutar el Presupuesto que le dejaron, con los objetivos, planes y obras a las que está destinado, con muy poco margen de maniobra para cambiar partidas o no cumplir del todo lo que en el Presupuesto se ha definido para gastos.

Aún cuando, desde este gobierno, el actual Presidente pudo gozar de la reforma constitucional que modificó las sesiones parlamentarias para que se iniciara con las sesiones extraordinarias, en las cuales el Presidente tiene la iniciativa de la ley, lo que significa que el Presidente, su Gabinete y su partido pueden impulsar proyectos de ley, por tres meses de sesiones parlamentarias, acordes a lo ofrecido en la campaña electoral y el Programa de Gobierno que también se comprometió en la campaña electoral.

Todos los partidos políticos en el proceso electoral están obligados a presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones un Plan de Gobierno, que del todo no se ejecuta. En parte porque antes del 2022 los partidos políticos y el Presidente se encontraban amarrados al Presupuesto Nacional con el que tenían que operar, lo que en la práctica postergaba cualquier iniciativa que se quisiera impulsar. También porque antes del 2022 las sesiones extraordinarias importantes se ejecutaban de diciembre a abril siguiente, y los meses transcurridos ponían otras agendas y otros temas del inmediato acontecer político, dejando de lado las ofertas de la campaña electoral y cualquier plan de gobierno que se quisiera impulsar. Esta era probablemente una de las causas o razones para rechazar a los partidos políticos, que asumían gobiernos, y estimular el abstencionismo, por el incumplimiento de sus promesas, entre otras razones.

Con el diseño de los cuatro años de gobierno, igualmente cada gobierno, esto vale para todos, en su último año, aprueban en noviembre un nuevo Presupuesto Nacional, efectivo a partir de enero y el gobierno se acaba el 8 de mayo siguiente, con lo cual solo pueden impulsar dos o tres meses de actividades, porque en este caso se mete también la otra campaña electoral que paraliza el país en muchos aspectos desde noviembre hasta febrero, y a veces hasta abril, lo que ya es frecuente por las segundas vueltas electorales, con paralización de las sesiones parlamentarias, por el receso que se aprueba para que los diputados atiendan las elecciones, a sus partidos y las regiones que teóricamente les toca cubrir.

Está claro que la reelección está sujeta al proceso electoral donde los electores pueden aprobar la gestión del mandatario y darle confianza para continuar por otros cuatreo años, o de rechazar su gestión y no votar por la reelección, que en este caso correspondería en la práctica a un referendo revocatorio de su gobierno, impidiendo que continúe por cuatro años más, nombrándose en ese sentido un nuevo gobernante, que repite nuevamente este ciclo.

Darle, entonces, posibilidad al gobernante de continuar con otro gobierno atiende con la necesidad democrática de posibilitar el desarrollo efectivo de políticas publica al menos de mediano plazo, y de lograr con ello mayor gobernabilidad, y posible mayor confianza en el sistema política y en la democracia como sistema de vida.

Lo que estoy planteando, al menos para la discusión, lo hago pensando en que debe realizarse esta reforma electoral a partir de ahora mismo, dándole oportunidad al mismo Rodrigo Chaves Robles de que pueda lanzar su reelección inmediata. Por impulsar esta idea habrá quienes pensarán que he cambiado mi manera de apreciar y valorar al actual Gobierno. Nada más alejado de la realidad. Mis escritos y mis intervenciones orales, en distintos medios, me colocan hasta ahora como un opositor duro contra el actual mandatario, su gobierno, su gestión.

Si el Presidente Rodrigo Chaves está impulsando un partido político, un partido uber, más que un partido taxi, porque es un partido llamado por él y quienes le apoyan, para participar en las elecciones municipales próximas y nacionales del 2026, es porque obviamente tiene interés de continuar en la política y de volver a gobernar. El Presidente intentó organizar su propio partido. No ha podido inscribirlo, por lo que anda al asalto de lo que pueda agarrar o encontrar de los partidos pequeños existentes.

Rodrigo Chaves con la legislación actual tiene que esperar prácticamente ocho años para volverse a lanzar de candidato. ¿Qué sentido tiene que un Presidente tenga que esperar ocho años para poder volverse a lanzar de candidato, si cree que él es bueno para el puesto, y de llegar a ejercer nuevamente la Presidencia por cuatro años? Ninguno en la práctica, más allá de haber probado las mieles del poder y de seguir queriendo lamerlas, porque como dice el refrán español, a quien anda con miel, miel se le pega. Pero sí tendría sentido que quiera continuar su obra de gobierno, para darle cuerpo, forma y tal vez contenido, con cierta trascendencia de acuerdo a su perspectiva.

Entendámoslo también con la práctica de los partidos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana que se reeligieron en el gobierno, cambiando al presidente. Menciono los presidentes de estos partidos que se reelegieron en gobiernos: José Figueres y Daniel Oduber, Luis Alberto Monge y Oscar Arias, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Los Presidentes que siguieron a su antecesor no continuaron, aún siendo del mismo partido, las políticas de los gobiernos que les precedieron. Cada gobernante, con su nuevo equipo de gobierno, sus ministros, trataron de desarrollar una obra presidencial propia, dejar su propio sello, sin destacar ni continuar con la obra de gobierno que les dejaron aun cuando eran copartidarios. De hecho, todos son gobiernos diferentes, en algunos de estos casos controvertidos entre ellos mismos como fueron Luis Alberto Monge y Oscar Arias, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, donde los segundos se enfrentaron a los primeros y fuertemente.

Insisto. A la democracia política actual del país le conviene la reelección presidencial inmediata por un período. La elección que le toque enfrentar esta situación se convierte en un referéndum revocatorio del mandatario. A la vez, la vida política se agitaría más en torno a la lucha presidencial, se recuperarían escenarios políticos de discusión, de análisis, de reflexión que se han dejado de hacer. Los partidos políticos tendrían que convertirse más en vehículos de discusión, de reflexión sobre los problemas nacionales. Estarían obligados a seleccionar mejor sus candidatos a todos los puestos de elección popular desde la Presidencia de la República hasta los síndicos distritales. El Presidente que aspirara a reelegirse tiene que integrar gabinetes sólidos, de gente preparada. Tendría que preocuparse en serio porque en sus gobiernos no se realicen actos de corrupción en la Administración Pública.

Soy partidario de que se discuta una reforma electoral que dé la posibilidad de la reelección presidencial a partir del 2026. Lo digo también porque habrá quienes le tengan miedo por la continuidad de sus políticas neoliberales, desestructuradoras del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho que hemos logrado. El solo plantearlo obliga a redoblar las luchas políticas, jurídicas y sociales para que eso no ocurra.

Sé que el Presidente ha explorado esta posibilidad. Me parece que no se ha hecho aconsejar adecuadamente en esa dirección. Ahí tiene a la fracción legislativa de Pilar Cisneros para que impulse un proyecto de ley en esa dirección. Obviamente, tiene que ser muy bien manejado para buscar los aliados suficientes y los votos necesarios para que pueda aprobarse. Además, están los recursos publicitarios públicos de la gran discusión que tiene que generarse desde los medios de comunicación, las organizaciones políticas, sociales, empresariales, institucionales, universitarias, sindicales, cooperativistas solidaristas, entre muchas, sin prejuicios ante esta iniciativa.

En el siglo XIX la reelección continua de Jefes de Estado y de Presidentes se permitía. Por citar algunos, Juan Mora Fernández, desde 1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1949 hasta 1959, Rafael Iglesia Castro, desde 1894 hasta 1902.

En concreto no le tengo miedo a la posible reelección del Presidente Chaves Robles. ¿Y, usted, querido lector?

Si no se pudiera aprobar la reelección presidencial continua, por un plazo igual de gobierno, por cuatro años, soy partidario también de que se debe hacer una reforma electoral, para ampliar el plazo de gobierno a seis años, con una consulta pública de revocatoria de mandato, a solicitud de firmas, a la mitad del período. En este caso se aprobaría un gobierno de una sola vez de seis años para un gobernante.

Incluso para ser consecuente con lo que he planteado, que se prolongue al actual gobierno en dos años más, como se hizo con los gobiernos municipales cuando se modificó el sistema electoral de las municipalidades a la mitad de gobierno, para empezar a regular sus elecciones de cuatro años a mitad de los gobiernos de cuatro años, como tenemos la elección de las municipalidades a partir de octubre a febrero próximos.

En esta perspectiva tampoco le tengo miedo a la posible ampliación de gobierno del Presidente Chaves Robles. ¿Y, usted, querido lector?

En cuanto a la elección consecutiva de los diputados creo que debe aprobarse. Se trata de desarrollar la carrera parlamentaria, el oficio de parlamentario, de diputado. Antes de 1948 existía la reelección continua de diputados. Rafael Angel Calderón Guardia fue electo diputado en 1934 y se mantuvo electo hasta 1940 cuando asumió la Presidencia de la República. Manuel Mora Valverde fue electo de manera continua desde 1934 hasta 1948.

¿Por qué hay que estar cambiando diputados cada 4 años? Esto lo que ha provocado es una piñata de curules, y una llegada a la Asamblea Legislativa de personajes que no tienen ninguna distinción ni trascendencia parlamentaria. Hemos provocado del Congreso en mucho una congregación de personas mal preparadas para ese cargo de diputado, hasta de analfabetas parlamentarios, de gente sin interés de hacer carrera parlamentaria y de especializarse en asuntos legislativos. Es suficiente decir que cada año se integran y desintegran las comisiones parlamentarias y la rotación que se produce provoca el desconocimiento de los proyectos de ley que están en trámites en esas comisiones legislativas, que se han convertido en pasarelas curriculares legislativas.

La experiencia internacional de todo el continente americano, y de toda Europa, es la reelección continua de Presidentes, de Jefes de Gobiernos y de Primeros Ministros, donde correspondan, así como de los parlamentarios o de los diputados, en cada país y en sus organismos regionales internacionales.

Hagamos algo por mejorar la gobernabilidad, la gobernanza, la democracia y la institucionalidad política costarricense. Otro camino podría ser una Asamblea Nacional Constituyente. De esto escribiré después.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

¿De qué manera la memoria histórica garantiza la supervivencia de la cultura de los pueblos?

Escrito en . Publicado en Cultura.

El día 23 de mayo La Mesa Redonda con Sergio Marin Cornavaca transmitió en vivo el conversatorio con el historiador costarricense Vladimir de la Cruz ¿De qué manera la memoria histórica garantiza la supervivencia de la cultura de los pueblos?

Los panelistas hacen una reflexión sobre la identidad nacional y la consciencia social para generar análisis crítico y construcción social donde se rescate el legado cultural, integrando las diferentes unidades de identidad regionales que forma una cultura nacional y que crea ese sentimiento de pertenencia nacional.

Para escuchar la mesa redonda ingrese al siguiente enlace: https://fb.watch/kI_En2-kRq/

ALCOA, Combo del ICE, TLC y Jornadas 4-3

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En las grandes luchas políticas, sociales y populares que se han dado, en estos últimos 50 años, desde 1970, tenemos tres grandes eventos, que han contado con grandes movilizaciones populares, estudiantiles, de trabajadores y, en el TLC, de sectores productivos y empresariales.

Estas tres grandes luchas fueron las movilizaciones estudiantiles y populares contra la aprobación del Contrato Ley de la ALCOA, que culminaron en abril de 1970, las movilizaciones que se dieron contra el llamado Combo del ICE, un conjunto de varias leyes que se aprobaron en los días de la Semana Santa del 2000, y la discusión nacional que impuso la discusión del llamado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se agregó al llamado Tratado de Centroamérica, y República Dominicana que se integró seis meses después de haberse aprobado, luchas que empezaron a darse en el 2006 y culminaron con la votación del Referendo en octubre del 2007.

En las tres luchas estuve activamente vinculado. De ellas extraigo las siguientes experiencias. En la primera, la de ALCOA, como uno de los dirigentes estudiantiles de la huelga; en la del Combo del ICE, como dirigente en ese momento, y asesor parlamentario, de la fracción legislativa de Fuerza Democrática, y en la del TLC como ciudadano interesado en esa discusión nacional.

En estas tres luchas había, en primer lugar, un grupo organizado de agitación, de debate, de discusión del Proyecto de Ley de la ALCOA, de las leyes que constituían el Combo del ICE y del texto del TLC.

Estos grupos organizados eran, en la lucha de la ALCOA las organizaciones políticas estudiantiles universitarias, el Frente de Acción Universitaria, que en la práctica era la que había iniciado esa lucha en la Universidad, que la llevó al Congreso de la Federación de Estudiantes de marzo de 1969, cuando la FEUCR, asumió un papel activo integrando la Comisión que estudió el Proyecto de Ley de la ALCOA. A ello se sumó en la proyección, de este debate y lucha, el movimiento estudiantil de secundaria, visitando colegios y agitando en contra de la ALCOA, y los estudiantes de ingreso universitario en 1970, en Estudios Generales, donde se desarrollaron organizaciones estudiantiles que sumaron de modo muy importante su participación, organización y agitación.

Elemento clave fue que aun cuando el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández envió a las sesiones legislativas extraordinarias, de diciembre de 1969 a abril de 1970, la discusión, aprovechando las vacaciones estudiantiles, el movimiento estudiantil universitario se mantuvo en la lucha con un piquete permanente en los predios y jardines legislativos. En esos días no existían los muros que después le hicieron al edificio para evitar que de nuevo se volvieran a repetir piquetes permanentes en los jardines legislativos. Era tiempo de elecciones nacionales que se resolvían en febrero de 1970, las que ganó José Figueres Ferrer, quien desde España enviaba apoyo a favor del Contrato de la ALCOA.

Importante fue la lucha regional en Pérez Zeledón y los otros grupos estudiantiles de la juventud liberacionista, los estudiantes cristianos en sus diversas organizaciones que tenían en la UCR. Esto era un elemento importante, porque se requería un gran debate nacional, una discusión política y legal de los proyectos. La discusión y el debate eran clave para desarrollar un estado de conciencia, y una toma de conciencia que permitiera impulsar la lucha.

En segundo lugar, a la par de la agitación se daba un gran nivel de movilización de los estudiantes, alrededor de la lucha en particular y en torno a las organizaciones juveniles y estudiantiles que existían. La lucha alcanzó a algunos importantes colegios privados, de los cuales sus estudiantes se sumaron apoyando la lucha.

En tercer lugar, un papel importante lo desempeñó el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles, universitarias y de secundaria, que se involucraron en la lucha.

En cuarto lugar, fue clave el papel que en la Asamblea Legislativa mantenían los 10 diputados que se oponían al Contrato de la ALCOA. Ese bastión de diputados fue importante porque la lucha de calle se orientaba a ir a apoyar a los diputados en su debate parlamentario, en su oposición legislativa. Algunos de esos diputados, como Rodrigo Carazo Odio, se vincularon estrechamente a las organizaciones estudiantiles en las visitas a colegios para informar y contribuir a agitar la conciencia estudiantil. Los diputados opositores se convertían en la palanca contra el Contrato de la ALCOA.

En el caso del Combo del ICE se dieron igualmente estos elementos. La existencia de organizaciones sindicales, especialmente las tres del ICE, que llevaban el peso de la lucha y de la movilización. Las organizaciones estudiantiles y universitarias que también se sumaron a esa lucha, así como organizaciones populares amenazadas de la privatización del ICE y el efecto e impacto nacional que ello tendría.

Como en la lucha contra la ALCOA, en la Asamblea Legislativa jugaron un papel muy importante los tres diputados de Fuerza Democrática, José Manuel Núñez, José Merino y Célimo Guido, que fueron la palanca parlamentaria contra la aprobación del llamado Combo del ICE. Los diputados eran el vértice y el punto de llegada de los manifestantes a la Asamblea Legislativa. En todo el territorio nacional las organizaciones sindicales del ICE, que estaban por toda la geografía patria, llevaron la batuta de esas luchas, paros, huelgas, bloqueos de calles y movilizaciones regionales.

El Combo se aprobó en la Semana Santa del año 2000, un jueves santo a las 11 de la noche. Igual que en la ALCOA se suspendió el trabajo legislativo con el ánimo de desmovilizar. En el caso del Combo no funcionó la desmovilización. Se mantuvo la lucha por tres semanas más de manera intensiva y creciendo en todo el país.

El paro nacional se hacía sentir y el gobierno de Miguel Angel Rodríguez, de manera inteligente, aceptó la situación.

Para finalizar esta lucha se integró una Comisión extraparlamentaria que buscó la salida final, integrada por las vicepresidencias de la República, diputados y representantes de las organizaciones en lucha, que se encargó, en cierta manera de desmantelar lo que la Asamblea Legislativa había aprobado, logrando con éxito, en ese momento, la no privatización del ICE como se planeaba.

De no haberse integrado esa Comisión, y el movimiento hubiera seguido creciendo, probablemente el gobierno de Miguel Angel Rodríguez hubiera entrado en una gran crisis política nacional y gubernativa, insospechada y desconocida en el país hasta ese momento, lo que no sucedió.

En el caso de la aprobación del TLC, con Estados Unidos, el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella lo había aprobado en diciembre del año 2004. No lo envió a la Asamblea Legislativa para su trámite parlamentario, porque el año 2005 era año electoral y obviamente los grupos políticos que estaban a favor del Tratado entendían que en año electoral no debía discutirse en la Asamblea Legislativa.

Así, Abel Pacheco lo introdujo para discusión parlamentaria en diciembre del 2005, que era un período electoral nacional, en el cual la Asamblea Legislativa se encontraba en receso parlamentario por el fin de año y por las elecciones de febrero del 2006.

Pasadas las elecciones, en las que triunfó apretadamente Oscar Arias Sánchez, en febrero débilmente se empezó a conocer el trámite del Tratado, con diputados que dejaban de serlo el 1 de mayo. Ottón Solís, su principal contrincante electoral en esa elección, y su partido Acción Ciudadana, estaban en contra del Tratado, de una manera extraña. Ottón sostenía la tesis de que le dieran los votos para triunfar y una vez ganador impugnaría el Tratado, lo que exigía para ese procedimiento que primero se aprobara.

El Tratado de Libre Comercio generó una división nacional amplia, de sectores estudiantiles, populares, de productores y empresarios afectados por el Tratado. Con una oposición parlamentaria, en la que también estaba el diputado José Merino, con su recién fundado partido Frente Amplio, estaba constituida la palanca de freno de ese Tratado.

En la lucha contra el tratado, que parlamentariamente se extendía, el exdiputado José Miguel Corrales accionó ante el Tribunal Supremo de Elecciones para convocar un Referéndum de consulta, que el Tribunal aprobó en su convocatoria. En esa circunstancia, que atrasaría su debate y aprobación por lo menos 10 meses más, mientras se recogían las firmas de convocatoria del Referéndum, el Presidente Oscar Arias acudió al expediente de convocar el Referéndum, por iniciativa presidencial, y dejar sin efecto la convocatoria que promovía José Miguel Corrales, y evitarse así el atraso de la recogida de firmas, y ganar tiempo para la gestión de su gobierno. Así se realizó el Referéndum de octubre del 2007 en el cual por un porcentaje muy bajo se validó el Tratado, que siguió el trámite legislativo de aprobación.

En todas estas luchas hubo agitación y debates intensos de los temas parlamentarios, organizaciones estudiantiles, sindicales, y populares en lucha, movilizaciones a la Asamblea Legislativa apoyando a los diputados opositores que eran las palancas de los grupos populares, resistentes a estos Proyectos de Ley.

Hoy los sectores sociales, todos los trabajadores, los sindicatos y los mismos estudiantes, se afectan en la posibilidad de aprobación de la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas 4-3 con la que se pretende establecer la jornada de trabajo de 12 horas diarias de manera legal, aunque no constitucional.

La jornada afectará especialmente al sector privado de los trabajadores que alcanza a más del 90% de todos los trabajadores del país. Los defensores de la jornada de 12 horas sostienen que solo alcanza a un 10% de la mano de obra nacional, a unos 200.000 trabajadores del sector privado, especialmente el que está en zonas francas.

La campaña orientada a que no afectará al sector público es para debilitar la resistencia nacional organizada de estos sindicatos, para sacarlos de la discusión, presión, organización y movilización lo que está sucediendo, y para que no se constituyan en la palanca principal de lucha, lo que no está ocurriendo.

De hecho, los sindicatos están desdibujados en esta lucha. No pasan algunos de sus dirigentes, principalmente, de hacer algunas declaraciones y manifestaciones en redes sociales. Algunos sindicatos públicos, sin entender cuál es el problema principal, como lo es la discusión de las jornadas de 12 horas, se distraen y entretienen en asuntos internos de sus instituciones, como son los sindicatos de la CCSS. Cierto es que el sindicalismo en el sector privado casi ni existe pero, en su ausencia, los sindicatos públicos pueden asumir la conciencia de esos trabajadores, y el impulso de sus luchas para tratar de detener la aprobación de la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Lo que afecta negativamente a un grupo de trabajadores afecta a todos en materia de jornadas de trabajo.

No hay movilizaciones sociales a la Asamblea Legislativa para apoyar a los diputados opositores a esta jornada, de manera particular a los diputados del Frente Amplio, que son la principal palanca de freno parlamentario. Equivocadamente, quizá por prejuicio político, no se convoca a apoyar a estos diputados, pero son los que están defendiendo a los trabajadores y requieren apoyo popular, de movilizaciones y de presión en la Asamblea Legislativa.

Todos los diputados, los de los otros partidos están comprometidos con la jornada de trabajo de 12 horas diarias. No hay ataques ni cuestionamientos públicos a esos otros diputados, y sus partidos, con nombres y apellidos, como defensores de los esclavistas laborales modernos. Ya estamos, a seis meses, del inicio de la campaña electoral municipal. La lucha contra los partidos que apoyan la jornada de 12 horas hay que llevarla a la lucha municipal para que por esos partidos los ciudadanos no voten.

El movimiento estudiantil está ausente en esta lucha sin entender que ellos, los estudiantes, como fuerza de trabajo o laboral futura, se enfrentarán de hecho al sometimiento de estas jornadas de 12 horas diarias. Recientemente, en Francia, los estudiantes junto a los trabajadores se han movilizado contra las leyes de pensiones que quieren alargar el plazo de jubilación, porque a ellos también los afectará en su futuro laboral. Igual es aquí, donde también quieren alargar el plazo de jubilación en tres años más, y donde están congelando el salario de los futuros trabajadores.

En nuestro país, pareciera que el movimiento estudiantil organizado ha desaparecido del escenario político nacional. No tienen ninguna presencia. Ni se siente en el interior de las universidades públicas. Sus dirigentes son muy desconocidos y como figuras políticas son ignorados, opacos y sin ninguna presencia en el debate de los temas nacionales. Al interior de las universidades son débiles como dirigencia estudiantil. Organizaciones políticas estudiantiles universitarias importantes, más allá de las oficiales, no se conocen ni se ven en las universidades.

La agitación y el debate en contra de la jornada de 12 horas diarias no se siente. En cierta forma pública es inexistente. Algunos comentaristas y analistas de la situación nacional hemos asumido esta tarea, pero somos casi simbólicos, aislados. Las posiciones en contra de la jornada de 12 horas diarias los sindicatos ni siquiera las reproducen al interior de los mismos y hacia sus afiliados.

Los sindicatos, como organizaciones supuestamente defensoras de los intereses de los trabajadores, ni siquiera se movilizan a apoyar a los diputados que están en contra de este proyecto, ni se hacen piquetes en la Asamblea Legislativa aunque sean simbólicos pero permanentes.

Las barras del público en la Asamblea Legislativa, ante la prensa nacional que sigue el debate parlamentario, están literalmente vacías e inexistentes, como noticia, para el público informado por los medios de comunicación.

Pareciera que a los sindicatos y a las organizaciones de trabajadores se los come el prejuicio de ir apoyar a esos diputados opositores. Pareciera que el gobierno los tuviera intimidados y mediatizados de alguna forma. Por su parte, esa fracción parlamentaria tampoco ha promovido este debate fuera del recinto parlamentario, o en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes, que no podrían negárselo para hacer estos eventos en su apoyo y de información sobre el curso del debate parlamentario.

Un elemento importante, de discusión, es la inexistencia hoy de organizaciones políticas partidarias, de izquierda, al estilo de las que existían durante el período de la Guerra Fría. Algunas de las que existen son muy sectarias en sus planteamientos y reducidas en su ámbito de acción. La ausencia de una izquierda política bien cimentada ante la opinión pública ha hecho que la lucha sindical carezca de rumbo político, de orientación política, y de fortalecimiento político de los sindicatos. Las cámaras empresariales, al contrario, tienen bien definido este papel.

Algunos abogados laboralistas que trabajan para los sindicatos juegan su papel. La Asociación de Abogados Laboralistas, donde puede haber patronalistas y sindicalistas, ni siquiera provocan mesas redondas, ni debates de ningún tipo. La Asamblea Legislativa no se ha convertido en un escenario extra parlamentario, para que en su Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República, se hagan debates, mesas redondas y conferencias en torno a todo lo que afecta y alcanza este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diarias.

Las organizaciones de mujeres de todo tipo deberían estar en la lucha contra esta jornada, que va a afectar más a las mujeres trabajadoras, les va a intensificar más sus dobles y triples jornadas. En el país antes de la pandemia había 750.000 mujeres trabajando, como parte de la Población Económicamente Activa. De ellas 350.000 estaban consideradas cabeza de familias, principal ingreso económico de sus hogares, aun cuando tuvieran esposo o compañero. La Pandemia produjo una desocupación aumentada a la existente, en ese momento, en 400.000 trabajadores más, afectando mujeres. Al terminar su gobierno Carlos Alvarado dijo que esa masa de trabajadores desocupados se había reducido en 200.000 trabajadores, pero quedaban a saldo 200.000 que la pandemia los había dejado cesantes, más los 200.000 ya existentes. Esta masa real, de 400.000 desempleados, forman parte de los trabajadores informales que han aumentado casi al 60%, y forman parte de cualquier aumento de la inseguridad ciudadana que pueda asociarse a no tener trabajo o empleo estable y remunerado. Los índices del desempleo nacional son engañosos porque ocultan a los trabajadores que dejaron de buscar trabajo, que forman parte de la informalidad y de la masa social que la pellejea en ver cómo sobrevive. La pandemia dejó sin escolaridad a 120.000 estudiantes, que siguen sin estudio y, probablemente, forman parte de esta informalidad laboral existente.

Los colegios profesionales de Médicos, de Sicólogos y de Trabajadores Sociales están ausentes del debate de la jornada de trabajo de 12 horas diarias, como si esta jornada no fuera a afectar a cada persona, a cada trabajador o trabajadora, que se acoja o le impongan esta jornada, con relación al estrés que pueda ocasionar, a incrementar los accidentes de trabajo que se van a producir, a afectar las relaciones familiares y matrimoniales, a aumentar la violencia intrafamiliar, que pareciera que ya está dando frutos violentos, al abandono real y efectivo de los niños cuyos padres se sometan a estas jornadas, al debilitamiento de sus estudios y tareas escolares, sumado al costo de vida, de la canasta básica, del congelamiento de salarios y pensiones, del incremento constante de los costos de los servicios públicos que los trabajadores deben pagar de sus escuálidos y estrechos salarios.

Agitación, debate, movilización y organización alrededor de la lucha contra las jornadas de trabajo esclavistas hace falta, en estos días finales del debate al que quieren llevar a los diputados, como reses al matadero, en la discusión parlamentaria en las que les están imponiendo su votación forzada. Pero, también, sin esos elementos de lucha a los trabajadores ya los tienen camino al balazo en la nuca del matadero parlamentario.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Del Rastro a la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hace casi 80 años nací en la Maternidad Carit, al sur de la Estación del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, gracias a las maravillosas manos y al talento científico médico del Dr. Jorge Vega Rodríguez, primo hermano de mi abuelita materna, que atendió a mi madre en la difícil labor de parto que tenía, en estado de inconsciencia, por una preeclampsia, una complicación del embarazo en la cual presentaba presión arterial alta y otras afecciones. El Dr. Vega Rodríguez salvó a mi madre y a mí, mediante el uso de los fórceps que son como dos grandes cucharas que el médico las utiliza para guiar la cabeza del bebé fuera del vientre en la vía del parto, que se usaban para jalar niños en esas condiciones difíciles de parto. Quedé con dos pequeñas marcas en mi cabeza, de ese jalonazo, que me pudo haber producido daños como a veces sucedía en esos partos difíciles. Hoy, para evitar estas situaciones de partos difíciles de una vez se acude a la cesárea.

Mi infancia la hice en esa zona. Vivíamos 100 al sur de la Escuela Ricardo Jiménez y de la Claudio González Rucavado, que era la misma, según funcionaba para niñas o niños. La casa era la última. Seguían los cafetales que se extendían desde allí por todo el Barrio San Cayetano, que luego surgió.

La Escuela Rucavado fue mi escuela pública. Era muy buena y más buena mi querida maestra, de primero a sexto grado, que nunca he olvidado, la niña Julieta Vives de Vargas. Hacia los 200 metros al este llegó a estar el parque Escarré, de beisbol, y 200 metros más al este estaba el Rastro de la ciudad.

El Rastro eran las instalaciones físicas destinadas al sacrificio y destace de ganado y de cerdos. No recuerdo si era municipal o no, como Rastros habían en otras municipalidades, bajo la responsabilidad de las municipalidades.

El Rastro era una edificación inmensa, a mis ojos de niño, gigantesca, por lo menos de unos 50 metros por 60 metros, donde se destazaban, por lo menos, de 10 a 20 reses a la vez, al menos eso era lo que me parecía, en una tarea que se prolongaba por varias horas. También se destazaban cerdos. El destace de cerdos se hacía en una parte separada, a la par de donde se destazaban las reses, en una esquina del establecimiento.

No recuerdo que allí se hiciera destace de ovejas o cabras, que no eran parte de la comida popular de aquellos días. No recuerdo tampoco el destace de caballos, lo que a veces se practicaba.

Por llamársele Rastro se entendía que el destace era superior a las 100 o 150 reses diarias, mientras que los mataderos se caracterizaban por el destace de menos o de pocos animales.

A la par de la edificación del destace estaban los corrales donde estaba el ganado listo para hacerlo entrar al destace, lo que se hacía por un canal que conducía a una puerta al sur del edificio.

Allí se llevaban las reses donde estaban los carniceros o destazadores. Se colocaban las reses a distancia entre ellas. El que tenía la tarea de destace se acercaba a la res y con un cuchillo le cortaba la yugular, interrumpiendo el flujo de sangre de la cabeza al corazón. Inmediatamente salía un chorro de sangre, que lo esperaba una fila larga, a veces de más de 10 personas, con un vasito cada una, que lo ponían al frente del chorro de sangre para bebérselo, y volvían a hacer la fila para repetir la draculesca ceremonia. El sangrado era rápido y completo. Yo nunca bebí sangre. Tan solo asombrado veía como se repetía aquella danza alrededor de la res que iba desangrándose, debilitándose y cayendo al suelo.

Estaba ahí porque era bastante público el espectáculo de la matanza de reses, y abierto el acceso de las personas tomadoras de sangre, y de los mirones del sacrifico de las reses, que se repartían en los diferentes sitios donde estaban destazando.

Caída la res, otro carnicero o destazador, realizaba un corte para abrir el vientre, sacar las vísceras, que se colocaban aparte, en una mesa, donde rápidamente las veían o examinaban y separaban para lo que seguía…garantizar su consumo humano.

El corte de la res se hacía con una incisión longitudinal de la piel desde el esternón hacia abajo, para facilitar el posterior desollado.

En los corrales se apreciaban y se jugaba con las reses, siempre con el cuidado de algún ataque, que no era frecuente. Los corrales estaban al aire libre y allí estaban concentradas las reses. De los corrales al matadero pasaban las reses por un pasillo o canal, sin que pusieran resistencia. Las reses las conducían amarradas hacia el lugar de destace prácticamente sin ninguna oposición hacia su muerte.

No era igual con los cerdos, que parecía que sí tenían conciencia de lo que les iba suceder. Los cerdos entraban “llorando”, “gritando”, “clamando que no los sacrificaran”, “resistiendo a su sacrifico”, que no podían evitar. Esta resistencia la he visto en fincas cuando sacrifican un cerdo.

Había personas que se encargaban de lavar, con una manguera, echando agua en el piso, la sangre del suelo.

Así pasaba, de vez en cuando, parte de mi tiempo libre de niño, de barrio del sur, viendo esa parte de la vida diaria de la ciudad capital.

Años más tarde, ya de profesor universitario, solicitaba permiso, que siempre me dieron, a uno de los Mataderos modernos para llevar estudiantes para que observaran el procesamiento del destace de ganado.

A diferencia de aquel Rastro el proceso era científico, absolutamente limpio, como un quirófano. No se veían los corrales. Se asistía a una sala donde se veía venir una res por un pasillo estrecho, hasta un punto donde se detenía la res. Todo el personal debidamente vestido con batas como si fuera un personal de un quirófano hospitalario. En ese punto se producía un “disparo”, que no se oía detonar, electrónico, en la cabeza de la res, que se hace con una llamada pistola de noqueo, donde se ubica el punto en la sien del animal, para la “muerte” del mismo, para provocarle un estado de inconciencia inmediata que evita el sufrimiento del animal.

Hecho ese “disparo” el animal cae, y con una velocidad asombrosa lo voltean, lo cuelgan de las patas delanteras y en esa posición un “veterinario”, o un destazador especializado, le hace un corte en la piel con un cuchillo, saca las vísceras que las llevan a una mesa donde un veterinario las analiza y las autoriza para su consumo. La sangre toda se recoge junto con agua que se usa para limpiar el suelo diseñado para recoger la sangre. Igualmente, se separa rápidamente la piel que se amontona a un lado y se somete de manera inmediata a procesos de tratamiento para su comercialización. Aquí nada se desperdicia. Este proceso moderno de destace es lo que caracteriza la calidad a nivel nacional o internacional de los cortes de carne y los subproductos de la misma.

En estos mataderos modernos todo está debidamente planificado desde los corrales donde está las reses, el tratamiento de los desechos líquidos y sólidos, hasta los pasos que se siguen para llevar las carnes a las cámaras de refrigeración, para el procesamiento final de la carne para consumo humano, sujeto todo a rigurosas medidas sanitarias y de salubridad.

Con los Rastros existieron mataderos clandestinos de reses y mataderos en domicilios o casas, que se acabaron con los mataderos modernos.

En los Rastros o mataderos modernos todas las reses están debidamente identificadas.

En el matadero moderno las reses terminan debidamente empacadas, envasadas, refrigeras e industrializadas, listas para el consumo humano bajo estrictos controles sanitarios y veterinarios.

Cuando veo a los diputados de la Asamblea Legislativa, sometidos a un proceso excepcional, de vía rápida, para “cocinar”, unos proyectos de ley, casi sin poder opinar, razonar, y evitando debates, entre ellos de manera especial el de la Jornada de 12 horas diarias de trabajo esclavo, me recuerda justamente esas reses del Rastro de mi niñez, y los mataderos modernos de mi época de profesor universitario, donde da la sensación del disparo en la nuca a los diputados, que sin conciencia, votan lo que les mandan aprobar. Igual que las reses de estos mataderos los diputados están bien identificados y reconocidos por sus votos, ahora públicos.

Viendo la Asamblea Legislativa, me cuesta quitarme la imagen de las reses en el matadero, por la vía del degüello que hacen de ellos, de los diputados, los dueños de esas reses, de las reses legislativas, sin que protesten, sin que se opongan, sin que resistan, sabiendo o no conociendo los extremos de los contenidos legales que les imponen aprobar, de establecer a la fuerza, a la carrera como está establecida la discusión parlamentaria, para aprobar el régimen laboral privado en el país de la jornada de 12 horas diarias, que es en la práctica lo que va a suceder. Esta jornada no es solo para ciertas actividades empresariales o industriales. Se va a generalizar a todas las esferas que se pueda aplicar.

Mentira será que los trabajadores que se acojan a esta jornada pueden devolverse a su jornada de ocho horas, si no les parece. La ley tiene establecida la trampa. Pueden devolverse, pero el patrono en ese momento les puede pagar las prestaciones legales. Así dice el proyecto de ley. Pagadas las prestaciones los despiden y al nuevo trabajador lo contratan por la jornada de 12 horas o no lo contratan. De este modo, por hambre los trabajadores se someterán a esas jornadas de 12 horas diarias típicas del siglo XIX, de la época de los trabajos esclavos en las fábricas.

En la Asamblea Legislativa esos diputados que apoyan la jornada de 12 horas, por las instrucciones que les dan sus mandamases del gobierno, de sus partidos, de los sectores empresariales y esclavistas que representan, se me asemejan a esas reses que entraban al Rastro, jaladas por un mecate, sin oponer ninguna resistencia para que las mataran, o conducidas por el pasillo para recibir el tiro en la nuca, que les produce un estado de inconciencia por lo que no se daban cuenta de su muerte y destace.

En la Asamblea no los necesitan matar, porque ya están muertos en vida, los jalan para que aprueben a la fuerza ese nefasto proyecto de ley de las 12 horas diarias de trabajo esclavo.

Cuando no las jalan como en los antiguos Rastros, los conducen por los pasillos parlamentarios para darles el tiro electrónico en la nuca, para noquearlos, atontarlos, con el tiro en la nuca, para hacerlos actuar de manera inconsciente, como zombies modernos parlamentarios, como cadáveres reanimados mediante prácticas y hechizos de brujería política esclavista. Son diputados sin sangre en sus venas y arterias.

Cuando estábamos, como estudiantes, en la lucha en contra del Contrato Ley de la ALCOA, en 1969 y 1970, el diputado Rodrigo Carazo, que se oponía patrióticamente al Contrato, junto con otros diez diputados, decía que a los diputados que apoyaban el Contrato les habían pagado una cifra importante de dólares. No fue casual aquel cartel de las marchas de protesta que decía “¿Diputados, how much?” ¿Estamos en una situación similar, que les estén pagando a diputados alguna extra por aprobar la jornada de 12 horas de trabajo esclavo?

Sinceramente, deseo que el Edificio de la Asamblea Legislativa no se vea, ni aprecie, como el viejo Rastro de San José o como el moderno Matadero de Montecillos…con sus respectivas reses en fila, sin ni siquiera chistar, camino al matadero de la aprobación del Proyecto de la Ley esclavista de las 12 horas diarias de trabajo.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Acabar la cultura nacional es parte del desmantelamiento del Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En la década de 1960, bajo la presión del desarrollo del Mercado Común Centroamericano, que se impulsaba al empuje de la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, y de la reunión de Presidentes y Dictadores de Centroamérica, que se realizó en Costa Rica, en paralelo se impulsaron otros programas. Uno de ellos, el del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), que reunió los Ejércitos de Centroamérica, para maniobras conjuntas, en un período que se impulsaba la doctrina de la contrainsurgencia y de la lucha anticomunista, por la recién triunfada Revolución Cubana.

Costa Rica se integró al CONDECA como país observador, y participó, poco tiempo después, de manera infame, en la intervención militar que hiciera y encabezara Estados Unidos en República Dominicana, en 1965.

Otro Programa fue el de la ROCAP, con el cual se planeó la divulgación de textos educativos para Centroamérica, especialmente en sus zonas rurales y marginadas, restos que carecían de contenidos nacionales, de tradiciones históricas precisas, de símbolos nacionales. El propósito era destruir la identidad nacional, la memoria nacional e insertar a los niños y jóvenes en un concepto regional sin valores ciudadanos de identificación particular con cada país en concreto. En el caso costarricense, dichosamente, la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica combatió fuertemente estos textos y esta política educativa que se quería imponer.

Por aquellos días, y hasta 1978, se impulsaba el desarrollo del Estado Social de Derecho, el llamado Estado Asistencialista o Benefactor, que alcanzó su mayor apogeo en el gobierno de Daniel Oduber, con gran número de empresas estatales.

A partir del gobierno de Rodrigo Carazo el Estado Benefactor empezó a desarticularse, cuando el presidente impulsó la disolución y privatización de esas empresas estatales. Luego siguieron los Planes de Ajuste Estructural a partir del gobierno de Luis Alberto Monge, y las políticas de Tratados de Libre Comercio, a partir de los gobiernos de 1990, que modelaron, y siguen perfilando, la Costa Rica actual.

La situación internacional, provocada por la caída del Sistema Mundial Socialista, la disolución de la Unión Soviética y la caída de los sistemas socialistas en los países europeos que formaban parte de ese Sistema Mundial, favorecieron más fuertemente las políticas neoliberales a escala universal, hizo surgir en esos años a los Estados Unidos como la super potencia hegemónica mundial, papel que está perdiendo, con el desarrollo del multilateralismo y de varios países que reclaman este papel director mundial compartido.

La guerra estimulada en Ucrania es parte de esa disputa por presidir el control hegemónico mundial, bordando criminalmente la posibilidad de desatar una III Guerra Mundial, que de realizarse alcanzará inevitablemente al continente americano y a los territorios de Canadá y Estados Unidos, que son países integrantes de la OTAN, de continuar la OTAN con sus planes guerreristas y hegemónicos.

A la desintegración del Estado Social de Derecho, al debilitamiento de las instituciones nacionales que lo constituyen, se han sumado ahora las políticas de debilitamiento, y de ser posible de desaparición, de las instituciones culturales. Es una lógica perversa la que se está imponiendo desde el ejercicio político de la Casa Presidencial.

Acabar con la cultura, con sus diversas manifestaciones que tienen amparo institucional, es parte de este proceso neoliberal. Interesa impulsar una nación de borregos, de gente sometida dócilmente, o por temor, o intimidación, a la voluntad impuesta del gobernante y de quienes le acompañan en esta desintegración de la cultura nacional. Eso se acompaña de nuevos valores asociados a la cultura del neoliberalismo, la de la cultura como negocio, la de la cultura de los grandes espectáculos musicales, que apartan a los jóvenes especialmente, y a otros sectores nacionales y populares, de los valores históricos nacionales, de la tradición cultural costarricense. Desnacionalizar culturalmente al país pareciera ser el objetivo del proyecto neoliberal que cabalga desbocadamente en Zapote.

Puedo entender que una persona que ocupa el recinto presidencial, que no ha vivido 35 años en el país, que aparentemente ni venía a vacacionar cuando podía hacerlo, esté bastante desarraigado y desconozca mucho el desenvolvimiento histórico del país, y por ello carezca del conocimiento histórico cultural porque en tanto tiempo de lejanía poco tuvo que ver con esa tradición y el conocimiento básico de los lineamientos históricos y culturales de la nación costarricense. Pero, que quienes le acompañan, o quienes le aconsejan en la toma de decisiones lo han rodeado o le han hecho rodear de ignorantes como él.

Lo que se está haciendo con las instituciones culturales, en el Ministerio de Cultura es un acto criminal institucional. Es la expresión de la liquidación de la cultura como parte de la liquidación que se impulsa del Estado Social de Derecho, es lo que sigue, para tener hasta donde sea posible un pueblo mal educado, sin educación, sin cultura general y precisa, sin valores nacionales, sin cultivo de tradiciones históricas, y sin rescate, promoción y conservación de estas tradiciones y de este conocimiento de la Patria, y de la nación costarricense.

Decía Nicolás Maquiavelo que el Príncipe, el Gobernante, no debe ser religioso, pero que debía aparentarlo. Lo aconsejaba como acto importante para la toma de decisiones del Gobernante.

El Presidente Chaves pareciera no tener nada de cultura y conocimiento histórico costarricense, pero como Presidente por lo menos debe aparentarlo, para sus decisiones importantes, en un campo sensible como la cultura y la educación, como para sus práctica política cotidiana.

El Presidente debe aparentar ser un hombre culto, lúcido, con brillo mental. Si de ello carece, por lo menos debe rodearse por quienes le puedan dar ese brillo, esa luz, le cubran sus vacíos culturales e históricos, y con le hagan brillar su gobierno, que por ahora es bastante opaco.

Lo peor que nos puede pasar a los costarricenses es que el Presidente se luzca como el ignorante más grande del país, como un deficiente mental que actúa o se comporta con poca o casi ninguna inteligencia, como un tonto, pensando más en sus intereses y en su figura personal presidencial que en los asuntos públicos que debe atender.

Ante los filibusteros de Zapote y de Cuesta de Moras, contra el neo esclavismo laboral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En la Constitución Política se dice claramente que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana; que la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana, y que el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Cuando la jornada diurna y nocturna se mezclan, en las llamadas jornadas mixtas, no deben ser mayores a las 7 horas de trabajo.

El logro de la jornada de 8 horas fue el resultado de una lucha tenaz, continua, sostenida durante el siglo XIX y parte del siglo XX, para superar las condiciones infamantes de seguridad e higiene ocupacional, y las particulares condiciones de trabajo cuyas jornadas eran de 12, 14, 16 y hasta 20 horas diarias en distintos empleos y trabajos, situación que afectaba hombres, mujeres, menores de edad y a los niños, quienes eran usados para limpiar chimeneas en las fábricas industriales.

Las luchas por esta jornada culminaron, en un primer momento, en las grandes movilizaciones y huelgas que se dieron en Estados Unidos en 1886, cuyo centro de atención fue la ciudad de Chicago, cuando resultado de esas luchas se estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores de Estados Unidos. En un segundo momento, cuando a partir de estas luchas, se estableció el 1 de mayo de 1890, como un día de lucha internacional, a realizarse cada año, para hacer valer esta jornada y demandar otras reivindicaciones obreras y laborales en todas partes del mundo.

En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios.

En los años siguientes hubo necesidad de continuar esta lucha porque no en todas las actividades laborales se reconocía.

En 1943, cuando se aprobó el Capítulo de las Garantías Sociales, en la Constitución Política de 1871, se estableció con rango constitucional la jornada de 8 horas. Ese mismo año se aprobó el Código de Trabajo donde se materializó esta jornada, con otras combinaciones específicas según ramas de producción, género y edad de los trabajadores. Este Capítulo constitucional se incorporó y aprobó en la Constitución Política aprobada en 1949, al amparo de la Segunda República, que dirigía José Figueres Ferrer, jornada que hasta hoy no había sido cuestionada en su extensión diaria.

Internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, organismo hoy vinculado a las Naciones Unidas, al cual
Costa Rica está adherido, y al cual se subordina en los Convenios Internacionales que de la OIT se han ratificado, ha establecido la jornada de 8 horas de trabajo diario, como uno de sus iniciales y más importantes Convenios. Al amparo de la OIT países europeos, miembros de la OCDE, organismo al que también Costa Rica se ha incorporado, tienen hoy jornadas de trabajo de 36 y 35 horas semanales, y no de 48 horas semanales como están establecidas para el sector privado en Costa Rica.

En la vida productiva del país hay empresas que tienen distintos regímenes de trabajo. Las hay que trabajan las 24 horas seguidas, porque el giro de sus actividades productivas obliga a que tengan un proceso laboral continuo. Las hay con sistemas productivos que no obligan las 24 horas continuas.

En estas empresas la contratación laboral se realiza tomando en cuenta el tipo de jornadas de trabajo legal y constitucionalmente establecidas, contratando trabajadores en jornadas de 8 horas, y pagando horas extras hasta 4 más, para una jornada extendida de 12 horas.

Las empresas que laboran 24 horas continuas, sin interrumpir sus labores, tienen que organizar turnos de trabajo de 8 horas, para los tres grupos de trabajadores que se distribuyen en ese tiempo de trabajo. Si dividen sus trabajadores en dos turnos laborales de 12 horas, tienen que reconocerles el pago de horas extras. Todo esto apegado a la Constitución y la ley, sin que haya que modificar el Código de Trabajo ni la Constitución Política.

Tres turnos de trabajadores distribuidos en 24 horas de trabajo de una empresa, en turnos de 8 horas cada uno, sin duda genera más trabajo, para más personas, que dos turnos de trabajo de 12 horas, que elimina un grupo de trabajadores. De hecho, la jornada de 8 horas estimula la mayor contratación de trabajadores, mientras la jornada de 12 horas reduce la contratación de trabajadores.

Empresarios y políticos esclavistas, nacionales y extranjeros, quieren alargar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias, sin pago de horas extras, reduciendo en esa posibilidad la contratación de trabajadores, abaratando sus costos de producción que se pagan con salarios. Falsamente dicen que la jornada de 12 horas va a dar a contratar más trabajadores, que los que tuvieran que contratar en tres turnos de 8 horas. En ello tienen comprometido al Presidente de la República, a su Consejo de Gobierno, y a la mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. El Presidente se presenta como el adalid, cosa que le gusta, de estos empresarios y políticos.

Quieren modificar legalmente artículos del Código de Trabajo para que la jornada laboral del sector privado sea extendida hasta las 12 horas diarias, al estilo que existían en el siglo XIX, cuando el régimen de trabajo y de las relaciones laborales se igualaba a los sistemas esclavistas de trabajo y de producción. No casualmente a los trabajadores y obreros del siglo XIX se les llamó esclavos modernos. Los empresarios extranjeros que así presionen en el país se comportan como filibusteros modernos. Los filibusteros encabezados por William Walker querían establecer la esclavitud en Centroamérica. La establecieron momentáneamente en Nicaragua y querían convertir a los pueblos centroamericanos en pueblos esclavos y anexados a los estados esclavistas sureños de los Estados Unidos.

El Presidente de Costa Rica el pasado 11 de abril, en Alajuela, paradójicamente habló contra los filibusteros que él considera existen en el país. Ocultó en su falso discurso el carácter y su esencia filibustera, de ser el Jefe de los Filibusteros laborales, que quieren hacer de los dos millones de trabajadores del sector privado, una masa de trabajadores esclavizados, sometidos a 12 horas de trabajo diario, sin reconocimiento de pago de horas extras, reduciéndoles así sus salarios, y empeorando sus condiciones materiales de trabajo, de vida y de familia.

El Presidente se presenta como el émulo de estos esclavistas modernos, como el verdadero Jefe Filibustero, junto con los diputados que le acompañan, que quieren imponer la jornada de 12 horas, como integrantes de esa falange impía de nuevos filibusteros esclavistas, instalados en sus cuarteles de Zapote y Cuesta de Moras, donde se libra la batalla como la del 11 abril, por derrotar a los filibusteros…anti trabajadores, neo esclavistas, anti costarricenses de su tradición jurídica laboralista.

El Benemérito de la Patria, el Gran Capitán de la lucha contra los filibusteros, Juan Rafael Mora Porras, cuando marchó hacia Nicaragua, llamó a luchar contra los filibusteros que habían reducido a Nicaragua “en la más oprobiosa esclavitud”, y amenazaban de imponer la esclavitud en Centroamérica y en Costa Rica.

Hay que detener, por la presión y protesta organizada popular, con criterios científicos sicológicos, médicos, por el sentido común, por la por el razonamiento histórico y jurídico, por la jurisprudencia internacional que tiende a bajar las jornadas de trabajo y no a aumentarlas, a esos filibusteros instalados en la toma de decisiones legislativas para evitar que establezcan el sistema de trabajo esclavista de las 12 horas diarias.

¡No, al neo esclavismo laboral! ¡No, a los esclavistas modernos!

La seguridad ciudadana no puede esperar

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Vladimir de la Cruz

El Presidente de la República, en la convocatoria de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que son de su iniciativa, impulsó, mediante una maniobra tramposa, un acuerdo legislativo para que la totalidad de los diputados funcionaran como Comisión en las sesiones plenarias, para discutir dos proyectos de ley, de su interés y de un grupo de esclavistas modernos que lo rodean, relacionados con la seguridad ciudadana y con la reforma al régimen de trabajo en Costa Rica, estableciendo jornadas de trabajo de 12 horas diarias.
Que el Plenario Legislativo pueda operar como Comisión está reglado y se puede hacer. La trampa está en la velocidad con que quiso se tramitaran esos proyectos, en quince días, de manera que la totalidad de los diputados trabajara una hora y media en la mañana y otra hora y media en la tarde en cada uno de esos Proyectos de Ley, condicionando los proyectos para que se vean en conjunto, de esa forma, o no se atiendan.
La discusión así planteada es una burla a la discusión parlamentaria y a la atención que los diputados deben poner en la discusión, análisis o debate de los proyectos de ley. Ese método es para distraer y debilitar las discusiones de los diputados y para imponer una aprobación legislativa dando órdenes de aprobación de esas leyes a los diputados, como si fueran una manada de borregos legislativos, diputados que se someten dócil y pusilánimemente a voluntades ajenas, del gobierno o de sus propios partidos.
Con motivo de que el Proyecto de Ley de jornadas de trabajo de 12 horas diarias ha provocado dudas en algunos diputados de los partidos, especialmente de Liberación Nacional y la oposición de los diputados del Frente Amplio, no ha encontrado el suficiente apoyo para ese trámite rápido, el Presidente ha decidido retirar ambos proyectos de la agenda legislativa.
Retirarlos, por ahora no significa nada en la práctica, porque no se han devuelto al trámite normal de las comisiones legislativas. Los ha dejado latentes para introducirlos cuando les quiebre los brazos a los diputados bajo “presión pública”, que es lo que quiere originar. Simplemente, el Presidente los ha sacado del trámite de discusión chantajeando a los diputados en la disyuntiva de que si no se discute el proyecto de jornadas de trabajo de 12 horas diarias, no se discute el de seguridad ciudadana.
Con esto el Presidente ha evidenciado que ninguno de los Proyectos tiene la importancia que él mismo les ha dado. De hecho, el Proyecto de seguridad no tiene significado para él. Si lo tuviera, lo impulsaría para su trámite sin importarle que se apruebe el de jornadas de 12 horas o cualquier otro proyecto.
Al Presidente no le interesa la seguridad ciudadana porque la inseguridad es parte de su negocio gubernativo, y de aquellos grupos que viven de la provocación de esa inseguridad. La inseguridad sirve para negocios, discursos y para fortalecer su imagen de autoridad, de hombre fuerte que quiere enfrentar esa inseguridad y advertir el establecimiento de un estado de excepción cómo ya lanzó la noticia provocando y analizando las reacciones que ello tendría.
Es un chantaje vulgar el que hace el Presidente sobre los diputados tratando de exhibirlos en que no quieren discutir y aprobar la legislación de seguridad, porque no quieren discutir al mismo tiempo el proyecto de las 12 horas diarias de trabajo. Son cosas diferentes. El de mayor importancia es el de seguridad, no el de las nuevas jornadas de trabajo.
Para el Presidente en nada alteraría que se discutiera primero y de manera exclusiva, en todo el tiempo legislativo, el proyecto de seguridad ciudadana, y después se hiciera lo mismo con el de la jornada diaria de 12 horas.
Si el Presidente quisiera realmente ponerse una prenda que lo distinga, en su solapa, debe apretar el acelerador en el Proyecto de Ley sobre la seguridad ciudadana. Se le va a agradecer y reconocer.
La seguridad ciudadana no puede esperar.

Los diputados realizan un fraude de ley en la discusión de la jornada de trabajo de 12 horas diarias

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Vladimir de la Cruz

Inicia esta semana la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas de trabajo diarias. Así es como debe entenderse la transformación de la Ley de la jornada de 8 horas que existe establecida en la Constitución Política de 1871, desde 1943, reafirmada en la Constitución Política de 1949, y en la vida nacional desde 1920, cuando se logró establecer esa jornada como resultado de un año de luchas, de movilizaciones obreras, de trabajadores y de huelgas, que habían iniciado a finales de enero de 1920.

Los diputados pretenden aprobar esta reforma, a modo de una Ley especial, discutiendo tres horas diarias por quince días ese Proyecto, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Eso es literalmente un fraude de ley, porque, además, el fraude se comete cuando amparándose a esta normativa reglamentaria, se quiere modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo, mediante una nueva ley, qué por su naturaleza, es contraria al ordenamiento constitucional existente, sin que se esté proponiendo una reforma constitucional a la jornada de 8 horas diarias de trabajo. También se elimina todo el trámite que en Comisión Parlamentaria se lleva a cabo sobre un Proyecto de Ley.

De hecho, el fraude de ley que fraguan los diputados es anular, en la práctica, el ordenamiento jurídico superior establecido en la Constitución Política de las 8 horas diarias de trabajo máximo. El fraude de ley aquí cometido es actuar contra la Constitución Política, ley superior que prohíbe jornadas de trabajo diario superiores a 8 horas, salvo que por ellas se pague un plus del 50% del valor de cada hora de las 8 trabajadas, lo que no se quiere hacer con la jornada de 12 horas diarias.

Si sobre ellas se autoriza trabajar, entonces debe darse un pago adicional por cada hora de trabajo extra, equivalente a un 50% del valor ordinario de una hora de trabajo. Lo que quieren evitar es que se pague ese 50% del valor de cada hora de trabajo, y robárselo a los escuálidos salarios de los trabajadores.

Con la ley de las 12 horas que se quiere establecer no se pagan horas extras. Todas se pagan a un mismo valor. Aquí hay otra trampa de quienes promueven la aprobación de las jornadas de 12 horas. Consiste en señalar que han aumentado un pequeño porcentual el pago de cada una de las 12 horas que se trabajarán, como estímulo, “a modo de horas extras pagadas” en el conjunto de la jornada de 12 horas. Eso no es cierto. Si así fuera, en sencillo, lo que se está haciendo es pagar de una manera determinada cada hora, pero no reconocer las horas extras. Si así fuera, tan solo se paga la hora extra, con su plus de pago y ya. Tramposamente han hecho el cálculo de lo que cuesta el pago de las 4 horas que quieren extender obligadamente, y sobre ese monto, han establecido una suma que dividen en las 12 horas de modo disminuido, cargadas a cada hora, para dar la sensación de que se está mejorando el pago por el día de trabajo, con lo cual los patronos siguen ganándose una parte de lo que deberían pagar si tuvieran que cubrir las 4 horas adicionales, con el 50% de valor de cada hora. Seguirían robando una parte de lo que realmente se debe pagar con las 4 horas de trabajo extra sobre las 8 que se quieren extender obligadamente.

El fraude de ley es una estafa, que resulta de usar o apoyarse en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos. Aquí los diputados se basan en el Reglamento legislativo para alterar la discusión de un Proyecto de Ley que se presenta para su trámite parlamentario, con la intención de modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo.

El fraude de ley que se quiere establecer es evitar una discusión profunda, amplia y detallada por parte de los diputados de ese Proyecto de Ley de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo de discusión de todos los 57 diputados a 3 horas diarias, partiendo esa discusión en hora y media por la mañana y en hora y media por la tarde, al mismo tiempo que discuten otro proyecto, el de la seguridad ciudadana. Con esta partición de tiempo, parten la continuidad y profundidad de la discusión, desarticulan, dividen, debilitan la discusión y a los diputados que están en contra de que se establezca la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Es una táctica mafiosa establecida para ocultar, disimular y evitar la discusión pública, especialmente de los diputados opositores a este Proyecto de Ley. Es literalmente una trampa legislativa de quienes están interesados en imponer la jornada de 12 horas diarias de trabajo.

La discusión de los dos proyectos, el de las 12 horas de trabajo diarios y el de seguridad ciudadana deben realizarse de manera compacta cada uno, dedicando todo el tiempo y atención de los diputados a cada uno de manera separada. El más importante es el de seguridad ciudadana. El proyecto de las 12 horas diarias de trabajo puede esperar unos días para su discusión. La discusión de ambos es una distracción de la esencia y atención que se le debe poner al proyecto de la ley de las 12 horas diarias de trabajo.

La mayoría de los diputados, de las distintas fracciones políticas legislativas, actúan como rebaños. Simplemente, les dan la orden de votar de determinada manera como borregos. A algunos les harán sus discursos sin que ellos mismos los entiendan, lo que a veces se puede apreciar por la forma como los leen, y para que en el volumen de los discursos se produzca la sensación de una mayoría abrumadora a favor de las jornadas de 12 horas diarias de trabajo.

El fraude de ley pasa imponiendo a las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un tiempo determinado y proporcional al tamaño de cada fracción y al número de diputados que tienen. Así, los partidos que tienen menos diputados tienen menos tiempo de exposición y de defensa de sus argumentos. A los efectos prácticos es un tapabocas para un grupo de diputados.

Los Proyectos de ley que se presentan para trámite parlamentario pasan por un trámite interno, que lo califica y termina ubicándolo en una de las comisiones legislativas para su discusión y eventual aprobación.

En ese trámite y en esa discusión los diputados pueden invitar especialistas sobre la ley en discusión, pueden solicitar asesores y expertos que les brinden información para su mejor trámite, y sobre todo para convencerse de la necesidad y oportunidad de la ley que tramitan. Esa discusión puede llevar su tiempo. Aprobado el Proyecto de Ley se pasa al Plenario legislativo, para que todos los diputados lo conozcan y decidan finalmente su posible aprobación.

El Reglamento legislativo tiene la posibilidad de que el Plenario Legislativo pueda convertirse en una Comisión, donde actúan todos los diputados como miembros de ella, para conocer un Proyecto de Ley en específico.

Con el trámite especial que se ha establecido para esta discusión se ha evitado todo el trámite de las comisiones parlamentarias, sin invitaciones de especialistas, sin consultas que a veces las Comisiones hacen a organismos especializados o conocedores de la temática, como las Escuelas de Derecho de las Universidades, las Cátedras de Derecho laboral, el Colegio de Abogados, La Asociación de Abogados Laboralistas, la sede costarricense de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsultos o personas especializadas en esta materia, desde distintos ángulos, organismos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Sicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que estoy seguro podrían decir profesionalmente muchas cosas en contra de la jornada de 12 horas diarias de trabajo, cuando en el mundo europeo, y en otros países, la tendencia es a disminuir la jornada semanal a 36 y 35 horas, y con ello también la jornada diaria.

Durante la jornada de trabajo diario de las 8 horas los patronos están obligados a dar tiempo de descanso y tiempo de almuerzo, que en términos generales ronda en una hora, como parte de la jornada. Con la jornada de 12 horas diarias cínicamente están diciendo que darán hora y media, dentro de las 12 horas, como descanso y tiempo de almuerzo o café, con lo cual no se trabajarían las 12 horas sino tan solo 10 horas y media. Eso es cinismo puro. Porque las 12 horas son también las 12 horas de encierro en el establecimiento laboral. Son las 12 horas que un trabajador debe permanecer dentro de su establecimiento de trabajo.

Se ha argumentado a favor de la jornada de trabajo de 12 horas diarias que no es para los trabajadores del sector público. Eso es cierto. Eso solo afecta a 200.000 trabajadores. La jornada de 12 horas pende sobre la cabeza de más de 2 millones de trabajadores, que no trabajan para el Estado ni las instituciones públicas, ni para las empresas extranjeras. Eso lo dicen constantemente para no asustar, especialmente, a los trabajadores públicos que tiene mayor capacidad de movilización y resistencia. Los trabajadores del sector privado están como burros amarrados frente a tigres sueltos. Sin poder protestar ni movilizarse contra este proyecto de ley por temor a perder sus trabajos.

Dentro del sector privado se ha dicho que este proyecto de ley solo afectará a trabajadores de ciertas empresas de zonas francas y extranjeras, que no suman más de 200.000 trabajadores en el país. Pongámoslo en sencillo. Si es solo para ellos, que se haga una ley solo para ellos, pero no para todos los trabajadores del sector privado. Ante los diputados se debería informar cuáles empresas extranjeras están pidiendo la jornada de 12 horas. Ese es un argumento falaz si no se indican cuáles son las empresas que necesitan esa jornada. Lo que hay que indicar son las empresas concretas no los sectores productivos o ramas de producción que podrían “beneficiarse” de la jornada de trabajo de 12 horas diarias.

Esto trae otro problema importante. En los Estados Unidos la jornada de trabajo oficial es de 8 horas diarias o 40 semanales. Las empresas norteamericanas en Estados Unidos, o fuera de su territorio, están obligadas a cumplir esa legislación. Si aquí empresas norteamericanas quieren aplicar jornadas de explotación del trabajo superiores a las 8 horas pueden ser denunciadas en Estados Unidos, y ante los sindicatos norteamericanos, como la Federación Americana del Trabajo, la AFL, que tiene sede en Washington, y pueden ser objeto de campañas internacionales por el abuso y explotación que realizan del trabajo humano, así como se hacen campañas contra las que emplean trabajo infantil para que no les compren sus productos.

Una abogada obviamente del sector patronal, el pasado domingo, en el programa de televisión de Canal 7, Debate Nacional, afirmó que en Costa Rica hay empresas que aplican ya la jornada de trabajo de 12 horas. Debe informarse a los diputados de cuáles empresas en el país ya están con esa jornada, que se investigue si pagan horas extras o no, si tienen autorización de alguna institución nacional para esa jornada, si están sujetas a inspección laboral.

La inspección laboral en Costa Rica, de paso es risible. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para inspeccionar nada, literalmente nada. No tiene los suficientes inspectores, ni los autos, para realizar esa labor. En un pasado que conocí los inspectores de trabajo, en las empresas, eran muy bien atendidos por el Jefe de Personal de las empresas y no entrevistaban ni consultaban trabajadores.

La discusión de la jornada de 12 horas diarias de trabajo debería servir para valorar cómo en todo el país se trabaja, cuáles son las causas principales de juicios laborales. Esto es sumamente interesante para entender cómo se violan los derechos y beneficios laborales, constitucionales y legales, de los trabajadores.

A los diputados se les debe suministrar la estadística anual de los juzgados e instancias laborales, de todo el país, que les permita ver cuáles son las principales causas de demanda de los trabajadores. Eso puede darles una idea de condiciones de trabajo. También pueden solicitar cuántos de esos juicios los ganan los trabajadores y cuántos los ganan los patronos por su cuantía, y se sorprenderán de sus resultados.

La discusión de la jornada de trabajo de 12 horas debe servir para discutir de cómo se organiza y realiza el trabajo, el mundo del trabajo en el país, con todas sus aristas, entre ellas la seguridad e higiene ocupacional.

El mundo de los accidentes de trabajo en el país. Con jornadas de trabajo de 8 diarias los accidentes de trabajo anual es de más de 100.000 accidentes, con alto índice de fallecidos y de personas afectadas con incapacidades permanentes. Con jornadas de trabajo de 12 horas, ¿aumentarán los accidentes de trabajo?

El fraude de ley que impulsan en la discusión de la ley de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias debe detenerse. Si el Plenario legislativo va a trabajar como una comisión parlamentaria, que se usen todas las reglas y procedimientos para aprobar un proyecto de ley, como se hace en la comisión legislativa.