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Etiqueta: Walter Antillón

Ni amigos, ni pares, ni adversarios: la distancia del juez

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Walter Antillón

1.- Desde hace años he venido observando una práctica que me parece institucionalmente incorrecta y que consiste en que, cada cierto tiempo, Ministros o funcionarios de los Ministerios de Justicia, o de Seguridad Pública, han convocado al Ministerio Público, o personalmente al Fiscal General de la República, a participar en reuniones heterogéneas (a veces con participación de la DEA u otros cuerpos policiales extranjeros) para discutir y convenir en políticas, tácticas o campañas dirigidas a combatir ciertas formas de delincuencia que, se estima, amenazan la vida o la seguridad de los ciudadanos. Mi discrepancia se funda en que la Fiscalía es el órgano de la Justicia que con absoluta autonomía e imparcialidad ejercita la acción penal, esto es, la función requirente del Estado, contra cualesquiera personas sin distinción, según el mérito de la causa; de manera que sus agentes, por elementales reglas de higiene institucional, deberán sustraerse de toda ocasión que pueda conducirlos a participar en planes de cooperación o acciones conjuntas con otros cuerpos funcionariales de donde puedan resultar situaciones de influencias, empatías o sentimientos afines con funcionarios públicos nacionales o extranjeros; funcionarios a quienes eventualmente, el día de mañana, los fiscales podrían estar llamados a acusar como presuntos autores de delito (como, por lo demás, ocurre con alguna frecuencia).

2.- Ahora bien, en los últimos tiempos, y particularmente en el actual Gobierno, se ha recaído lamentablemente en dicha práctica, pero en grado mayor, cuando se convoca a los señores Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República, junto con Diputados, Ministros y otros, a reuniones de urgencia en Casa Presidencial; reuniones lideradas por el señor Presidente de la República con el justo empeño de detener la ola de violencia que viene padeciendo nuestro País. Me parece que la última de dichas convocatorias ha tenido lugar el 3 de octubre del año próximo pasado (ver “elmundo.cr” del 2 de octubre citado).

3.- Igualmente ahora, y con mayor razón, los ciudadanos debemos señalar lo gravemente incorrecto de dicha práctica. El ejercicio independiente e imparcial de la potestad jurisdiccional del Estado (en sus formas judicante y requiriente) que ejercen en forma ordinaria jueces, magistrados, fiscales y defensores del Poder Judicial, consiste en la aplicación de la Constitución y las Leyes a los casos concretos sometidos a su conocimiento; de manera que perseguir y cumplir objetivos como “combatir”, “detener” o “contener” actos individuales o procesos sociales precalificados como dañinos, peligrosos, etc., son, por definición, ejecución de políticas criminales, lo cual es actividad radicalmente ajeno a la esfera de competencias de aquel Poder.

Tanto es así que, por ejemplo, como resultado del proceso jurisdiccional seguido contra una persona, podría ocurrir, tanto la condena penal de ésta, como también su absolución, con eventuales cargos criminales contra las autoridades que torpe y maliciosamente la implicaron en el caso; porque jueces y fiscales, al examinar objetivamente la conducta de un imputado, también tienen el deber de detectar e identificar los eventuales abusos e infracciones de las autoridades que intervinieron en el caso, y proceder de conformidad.

4.- Las anteriores consideraciones vienen primariamente respaldadas en la tradición liberal y garantista del constitucionalismo moderno, de matriz ilustrada (Locke, Montesquieu). Y al respecto los ciudadanos tenemos el deber de destacar y señalar el amplio desarrollo que en nuestra época ha experimentado la clásica doctrina de la separación entre las funciones y los poderes supremos del Estado.

Porque, en efecto, dichas funciones e instituciones/poderes han sido objeto de renovados análisis doctrinarios, con notables resultados a partir de la consideración de las dos grandes dimensiones de la fenomenología de la producción jurídica, a saber:

  1. a) Una dimensión activa, que corresponde a la función general de gobernar (legislar y ejecutar a tenor de lo legislado) y se expresa en forma de voluntad, poder, innovación y disposición.
  2. b) Una dimensión no activa, que corresponde a la función general de garantizar secundariamente el derecho (juzgar), y se expresa como conocimiento, saber, conservación y constatación.

(ver, por todos, Luigi Ferrajoli: Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia; Laterza, Bari, 2007; pág. 871 y sigtes.)

5.- La evolución institucional en los países más avanzados acusa claramente la tendencia a atenuar la distancia entre ambas instituciones representativas (parlamento y gobierno: legislar y administrar), conformando entre ellas una relación de condivisión funcional; y opuestamente, la tendencia a acentuar la distancia de las dos frente a la otra institución: la no representativa (judicial), cuya función (y también su legitimación) es garantizar el derecho, caso de fallar otras garantías de carácter primario.

Por ejemplo, la salud de los costarricenses goza de la garantía primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social; pero si, debido a las alevosías de presidencias y directivas neoliberales que la apuñalan desde adentro, o corruptelas similares, la garantía primaria falla, bien sabemos los usuarios de las múltiples veces que la Sala Constitucional ha hecho funcionar la garantía secundaria.

6.- En conclusión, el carácter esencial, vital, de la función de garantía secundaria del Poder Judicial para asegurar el Estado Constitucional de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población, nos obligan a extremar las salvaguardas de la independencia interna y externa, y la alta dignidad de cada uno de los jueces y magistrados de dicho Poder, así como del Fiscal General de la República y, plausiblemente, de los restantes fiscales y defensores.

7.- Ni amigos, ni pares, ni adversarios de los demás funcionarios públicos, los fiscales, los defensores, los jueces y los magistrados del Poder Judicial constituyen un orden aparte, cuya distancia y condición deben ser escrupulosamente respetadas; bajo pena de incurrir, en el más leve de los casos, en violación a las normas de corrección constitucional vigentes en todo país civilizado.

Imagen: UCR. 

El sindicato: promotor de los derechos humanos

Escrito en . Publicado en Formación.

Walter Antillón

            Sumario

  1. La contradicción (1)
  2. La empresa (3)
  3. La lucha
  4. Conclusiones

I. La contradicción:

I. Pienso que la relación institucionalizada entre capital invertido y trabajo asalariado es el fenómeno básico del Capitalismo Industrial:

a) Una relación nacida entre sujetos que son libres e iguales según la ley civil (Revolución Francesa y Código Civil);

b) aunque, de hecho, uno de ellos pertenece a un grupo minoritario de ciudadanos propietarios de los bienes de capital existentes en la comunidad (protección jurídica del derecho de propiedad;

c) y el otro sujeto sólo tiene su fuerza de trabajo, la que aporta a cambio de una remuneración dineraria determinada, dentro de una típica relación jurídica consensual y duradera (locatio-conductio operarum).

La explicación de este asunto debe empezar por una referencia a la empresa de negocios, para entender mejor las relaciones laborales que en ella tienen lugar. Entonces, de acuerdo con un esquema que comparten el liberal David Ricardo y el socialista Carlos Marx, el interés dominante del dueño de la empresa de negocios es la optimización de la ganancia que espera obtener. Esto coloca a los gastos necesarios para producirla, en una relación de recíproca exclusión respecto de aquella, en términos cuantitativos: a mayores gastos, menor ganancia, y viceversa: si querés mayor ganancia, bajar los gastos.

    Si por su parte, el interés dominante del trabajador asalariado es la optimización del salario y las otras prestaciones que recibe por su trabajo, a fin de tener una vida digna para él y su familia; entonces, la prestación del trabajo en la empresa colocará los dos intereses mencionados en una relación de contraposición: a mayores salarios y beneficios para los trabajadores, menor ganancia para el patrón, y viceversa: si querés más ganancia, entonces pagá menos salarios y menos beneficios a los trabajadores.

    La consecuencia de lo anterior será la inevitable formación de un clima de tensión: los trabajadores tratarán de evitar que un trabajo que consume el tiempo de su vida, sea retribuido con un ingreso que los condene a la escasez y a la exclusión, mientras sospecharán inequidad en los patronos, cuya riqueza permite a éstos una vida lujosa; y de su lado, los patronos alegarán su necesidad de mantener a flote la empresa y verán en los reclamos proletarios una amenaza constante para la incolumidad de su hacienda, de su derecho de propiedad y de su tren de vida.

    Ahora bien, en los albores del Capitalismo Industrial en Europa y Estados Unidos, con una estratificación social en la que los presidentes, los diputados, los ministros, los magistrados, los directores de policía, los dueños de los medios de comunicación y los grandes y medianos empresarios pertenecían todos a la burguesía o a una pequeña burguesía en ascenso, aquella desnuda contraposición de intereses entre trabajadores y patronos se resolvió obviamente a favor de estos últimos, cuya propiedad sobre el capital contó con la protección del Estado, frente a la frágil posición del trabajador. Y la Historia nos enseña que eso dio lugar a los innumerables, ignominiosos atropellos del tristemente célebre Capitalismo Salvaje. Pero fue precisamente durante ese período cuando tuvo su desarrollo la institución del sindicato.

    En efecto, en la primera mitad del siglo XIX, las fábricas con maquinarias movidas con vapor fueron el escenario en el que multitud de trabajadores no asegurados contra riesgos cumplían jornadas de trabajo de 18 horas diarias a cambio de salarios exiguos; el mismo escenario que frecuentemente vio cumplirse el despido inexorable de los trabajadores mutilados por aquellas máquinas, cuando durante las jornadas interminables se quedaban dormidos en plena labor. Pero es precisamente en la inevitable proximidad del ambiente de la fábrica que los reúne, donde aquella masa obrera desesperada va a buscar y encontrar las formas colectivas de lucha, y a descubrir la fuerza de la unión: a descubrir que la unión contra el abuso del poder hace la fuerza de los débiles.

    Porque el hallazgo más fecundo de aquella época fue precisamente esa comprobación de que cada trabajador, aisladamente, está indefenso frente al poder del patrono: esa indefensión es, entonces, el problema común de los trabajadores, y su remedio está, repito, en agruparse. Y fue entonces que se desarrolló la idea del sindicato, que es la agrupación permanente de los trabajadores de un mismo oficio o profesión, de una empresa, de una zona, etc., con el fin de luchar juntos por sus derechos e intereses; y también fue en esas mismas circunstancias que se desarrollaron los instrumentos, también grupales, de la huelga y de la convención colectiva laboral, como garantías secundarias de satisfacción de aquellos derechos e intereses.

    UNIR A LA CLASE TRABAJADORA SIGNIFICA VALORIZAR A LA PERSONA DEL TRABAJADOR.

    La doctrina jurídica de los contratos estipula que ninguna de las partes queda obligada si otorga su consentimiento encontrándose involuntariamente en situación de inferioridad con respecto de su contraparte; pero como en la relación laboral, la inferioridad de la posición del trabajador no es casual, sino estructural, el remedio, que es la intervención sindical, debe ser institucionalizado. El sindicato es unión, y cuando en 1970 se promulgó en Italia el Estatuto de los Trabajadores, el entonces Ministro de Trabajo Giacomo Brodolini declaraba que su Gobierno (socialista) estaba convencido de que

    “…no puede haber un clima de respeto a la libertad y a la dignidad del trabajador si el instrumento de representación y de autodefensa de los trabajadores, es decir, el sindicato, no es adecuadamente potenciado…”

    Esto es así porque el sindicato está llamado a procurar al trabajador lo que le hace falta para contratar con el patrono en condiciones de paridad. Entonces, en buena doctrina jurídico-laboral, los auténticos adversarios que, de hecho, se enfrentarán en paridad de condiciones para convenir las cláusulas que regirán el contrato de trabajo son el patrono y el sindicato.

    Dicho lo anterior, paso a hablar de la empresa de negocios, como agente económico-social en la Historia.

    II. La empresa

    1. El ascenso de la “empresa de negocios”

    Como organización en sí, la moderna empresa de negocios se incuba en la Baja Edad Media, usando inicialmente la forma de la antigua ‘commenda’ romana, y alcanza dimensiones muy respetables ya en el Siglo XVII, con las llamadas Compañías de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales: verdaderas transnacionales al amparo de las monarquías colonialistas, que aportan un modelo avanzado de la sociedad por acciones, y subsisten prácticamente hasta el Siglo XIX

    2. Con avances y retrocesos, el proceso de consolidación de la empresa de negocios corre paralelo al del Capitalismo mercantil y al de la Primera Revolución Industrial; y se completa a lo largo del Siglo XIX, cuando todas las constituciones de Occidente, bajo el influjo de la Revolución Francesa, proclaman la libertad de empresa y la inviolabilidad de la propiedad privada. Es el tiempo del apogeo de la Revolución Industrial, del Liberalismo (con capitalismo salvaje) y del impulso colonialista de Europa (la celebrada ‘Carga del Hombre Blanco’ con respecto a los continentes ‘de color’, según el poema que Rudyard Kipling dedicó a la colonización de los Estados Unidos).

    3. A partir de entonces la empresa de negocios -en la forma dominante de sociedad por acciones- crece vigorosamente, cada vez más libre del tutelaje del Estado, y comienza a desplegar sus potencialidades: fusiones y transformaciones; creación de empresas subsidiarias, formación de carteles y grupos de interés económico, acciones en la bolsa, etc.

    4. Es así como las actividades privadas industriales, bancarias, comerciales, de transportes, etc., sustentadas en las doctrinas individualistas del “Homo Economicus” de la Economía Política Liberal, producen los primeros grandes millonarios del sistema capitalista, inaugurándose también con ello la era moderna de las colusiones entre empresarios y políticos. Todavía en el Siglo XIX las empresas no intentan enfrentarse y domeñar el poder del Estado, pero alcanzan sus objetivos convidando a los funcionarios y a los políticos al festín de las concesiones y los suministros.

    5. Y entonces, afianzada como fin en sí misma dentro de las comunidades nacionales modernas, la empresa de negocios aprende a maniobrar en los grandes espacios que autoriza el Estado Liberal; resiste y medra en el Siglo XX, durante los largos años del Socialismo Real y del Estado Benefactor; y al final, mediante la transnacionalización de los capitales, consigue ponerse relativamente fuera del alcance de los Estados, adoptando libremente sus propias políticas de desarrollo.

    6. Porque en ese momento ya las empresas pueden fácilmente desplazarse, en sentido físico y en sentido jurídico, a cualquier sitio del Mundo que les parezca conveniente, de modo que la amenaza de levantar vuelo de un país, con el consiguiente desempleo de grandes núcleos de la población de dicho país, debilita la posición de lucha de los trabajadores en general.

    7. Porque la tecnología industrial más avanzada va permitiendo cada vez más fácilmente reemplazar con unas pocas máquinas un número creciente de trabajadores.

    8. Porque precisamente en ese fin del Siglo XX se derrumbaron la Unión Soviética y los países europeos del socialismo real; y con eso el equilibrio del poder mundial se rompió a favor de las potencias capitalistas y pareció alejarse, casi hasta desaparecer, el peligro de un socialismo mundial.

    9. De modo que al finalizar el Siglo pasado la empresa de negocios se nos muestra en todo su poder: por ejemplo, la suma de las ventas anuales de las diez transnacionales más grandes supera el PIB total de ciento veinte Estados que constituyen el sesenta y cinco por ciento de los que forman la ONU; hace más de treinta años el producto interno bruto anual de la General Motors ya era mayor al de cualquiera de los países del Tercer Mundo, salvo Brasil, La India y México. Parece, pues, que para las transnacionales había llegado el momento de forzar un cambio en el ámbito institucional, y ese cambio será, por supuesto, a costa de los Estados débiles.

    10. Las cosas avanzaron por ese camino, porque es razonable suponer que tanto poder en tan pocas manos no podía asumir una posición neutral en la política del Mundo: a lo largo del Siglo XX los líderes de las empresas más poderosas de Occidente (sobre todo las financieras) fundaron organizaciones cuyo propósito era crear una influencia irresistible sobre los supremos poderes de los gobiernos de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, los cuales a su vez, mediante las agencias internacionales bajo su control, dictaron las reglas a seguir por parte de casi todos los demás Estados del Planeta. Digo casi todos, porque China y Rusia y otros Estados acusan cada vez más fuertemente una tendencia a liberarse de la tutela de las grandes corporaciones transnacionales operantes a través del aparato formal de los Estados Unidos y la Unión Europea.
    LAS MULTINACIONALES FINANCIERAS HAN SOMETIDO EL PODER DE LOS ESTADOS AL PODER ECONÓMICO DE ÉLLAS.

    11. ¿Qué fue de la promisoria expectativa de aquella forma política llamada Estado Nacional, en su modalidad de Estado de Derecho, que sería el medio más eficaz de promoción humana y justicia social, cuyo último halagüeño nombre es el Estado Constitucional de los Derechos Humanos? Todo parece indicar que, de prevalecer la tendencia marcada por el Neoliberalismo impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea, la forma Estado, junto con los valores de la Democracia y la Soberanía Popular desaparecerá en la mayor parte de los países subdesarrollados de Asia, África y América Latina, para dar lugar a formas neocoloniales de administración de personas y territorios, a cargo posiblemente de las grandes transnacionales; en vista de que, según se afirma en los cónclaves del Capitalismo, aquellos pseudo-Estados que inmerecidamente gozaron durante un siglo o dos de la condición de sujetos de Derecho Internacional, miembros de la Organización de las Naciones Unidas con iguales derechos que las Grandes Potencias, etc., no llegaron a sostenerse como Estados efectivos, por no alcanzar verdadera autonomía política y económica.

    III.- La lucha

    A. En el Mundo

    El Siglo XIX es un período muy complejo en la Historia de Occidente, pero uno de los aspectos que más lo caracterizan es el de las luchas obreras. Durante ese período que ve aparecer y difundirse el proceso de industrialización en la mayor parte de Europa Occidental y los Estados Unidos, paralelamente tienen lugar los episodios más importantes de la lucha obrera por remover los obstáculos que se erigieron, una y otra vez, para impedir su organización y su avance. Porque, en efecto, a lo largo del siglo XIX, un siglo que incluye:

    la Independencia de las Colonias Americanas de España;

    la formación del Imperio Napoleónico y su disolución;

    la Restauración Monárquica y la Santa Alianza;

    los amagos revolucionarios de los años treinta y cuarenta y ocho;

    el Segundo Imperio en Francia; la unificación de Italia; la Guerra Franco-Prusiana, la Comuna de Paris y la fundación del Segundo Reich Alemán por Bismarck, etc., a lo largo de ese siglo, a pesar de la salvaje represión que sufren constantemente sus reivindicaciones, con saldo de miles de muertos, los obreros europeos terminan consiguiendo el reconocimiento de sus derechos al sufragio, a la libertad de sindicalización y de contratación colectiva y al derecho de huelga, de parte de los Estados. Siguiendo esa trayectoria pudimos entonces presenciar cómo la sindicalización y la huelga pasaron alternativamente de ser calificados como graves delitos fuertemente castigados en los Códigos Penales, a ser declarados como derechos fundamentales de la persona humana, previstos y garantizados en las Constituciones de todo el Mundo Civilizado.

    Lo que sigue después de eso es que, pasada la Primera Guerra Mundial, en vista de que para entonces los trabajadores eran considerados insustituibles; de que habían aprendido a conformar y usar sus instrumentos de lucha; y sobre todo, en vista de que en 1917 había nacido en el Este de Europa un gran Estado Socialista (UNION DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS), los capitalistas occidentales aceptaron la agenda de los trabajadores: salario mínimo, jornada de 8 horas, indemnización por despido, sindicatos, huelga, convención colectiva, etc.

    B. En Costa Rica

    Dos períodos de nuestra Historia

    b) el período 1920-1948, durante el cual crece constantemente el sindicalismo y la conciencia de clase de los asalariados costarricenses, bajo la guía inicial de la Confederación General de Trabajadores y el Bloque de Obreros y Campesinos; y después por la acción conjunta del Gobierno de Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Vanguardia Popular: hasta 1948 hay más de 200 sindicatos de empresa inscritos en el Ministerio de Trabajo. Con tales antecedentes, el País va en la dirección de formar una clase trabajadora organizada y consciente de sus derechos; y

    b) el período 1948-1975, durante el cual los gobiernos persiguen, matan, detienen, aprisionan, despiden, exilian, anatematizan a los dirigentes, a los sindicalistas, a los trabajadores afiliados a sindicatos y al Partido Vanguardia Popular; prohíben ese Partido y la Confederación General de Trabajadores y eliminan del registro del Ministerio de Trabajo a 194 sindicatos, aduciendo como motivo (falso) que eran organizaciones anti-democráticas.

    Durante el cual la Iglesia Católica ahora los ataca en el ECO CATÓLICO y en los sermones dominicales de los curas, acusándolos de Ateísmo, Comunismo y Fascismo, apelando a su fe católica y amenazándolos con castigos humanos y divinos.

      Y los medios comerciales principales (Diario de Costa Rica y La Nación) descalifican diariamente el pensamiento de izquierda y a los gobiernos socialistas del Mundo; y en nombre de la Democracia alaban la política de los EEUU, a pesar de que participa en golpes de Estado y apoya a las dictaduras más brutales (Franco, Salazar, Trujillo, Somoza, Carías, Ubico, Martínez, Stroessner, Gómez, etc.).

      En este período 1948-1975, los únicos sindicatos que se sostienen al mínimo son los bananeros en algunas zonas rurales del País, y los incipientes primeros sindicatos del sector público. Una investigación realizada por Mario Blanco Vado y María Eugenia Trejos demuestra que en la Meseta Central y restantes zonas los sindicatos del sector privado prácticamente desaparecen, de modo que la gran mayoría de los trabajadores quedan indefensos frente a los patronos y sometidos a la presión ideológica del Estado, de la Iglesia y de la prensa diaria.

      Esa misma situación y esa misma presión va a pesar sobre las siguientes generaciones de asalariados en las siguientes etapas históricas, hasta el presente.

      2. Hay que hablar aquí del shock aplicado a los trabajadores por el Estado y los patronos.

      a) Figueres, Orlich y el Padre Núñez eran, aparentemente, menos reaccionarios de lo que fueron Otilio Ulate, Mario Echandi, José Joaquín Trejos Fernández y Luis Alberto Monge, pero estando en la Junta Fundadora con poderes amplísimos en 1948, no pudieron eludir la presión de EEUU de empezar a golpear con fuerza a las organizaciones comunistas, intentando destruir hasta los cimientos lo que ellas habían conseguido en el campo político y sindical.

      b) Durante la 2ª Guerra Mundial, en 1942 EEUU exigió a Calderón Guardia limpiar a CR de hombres con apellido alemán, con el fin de combatir el Nazismo; y Calderón deportó un numeroso grupo de ciudadanos de apellido alemán, mayoritariamente nacidos en CR: costarricenses por nacimiento.

      c) Durante la Guerra Fría, en 1948, EEUU exigió a Figueres y compañeros hacer desaparecer o poner fuera de combate a los comunistas y sus organizaciones, y Figueres & Cía cumplieron en gran medida la orden. Con ese fin, actuando Figueres & Cía sin los frenos contemplados en la derogada Constitucion del 71, practicaron terrorismo de Estado, persiguiendo, matando, encarcelando, exiliando y acorralando dirigentes y militantes políticos y sindicales, proscribiendo el Partido Vanguardia Popular, eliminando de un tirón la Confederación General de Trabajadores y cerca de 200 sindicatos organizados, casi todos en empresas privadas de la Meseta Central.

      d) Despidieron sin prestaciones a todos los empleados públicos conocidos o sospechosos de calderonistas o comunistas; y autorizaron por decreto a todos los patronos privados para que, sin temer consecuencias negativas, hicieran lo mismo con los empleados u obreros de sus negocios. De esa manera miles de trabajadores se vieron de pronto en la calle, sin ningún recurso de defensa.

      e) De ahí en adelante autorizaron a los patronos a practicar impunemente toda forma de persecución sindical, por ejemplo despedir a todos los trabajadores que intentaran formar sindicatos, o se lo propusieran a sus compañeros, o si comentaban, por ejemplo, que los salarios eran muy bajos. Y formaron listas negras para que los despedidos no fueran contratados por los otros patronos.

      3.- De los efectos sindicales, económicos y políticos del shock

              Los efectos de esta campaña de terror fueron devastadores:

      ¿QUÉ SE HIZO EL ESFUERZO DE AQUELLOS MILES DE TRABAJADORES COSTARRICENSES QUE EN LOS AÑOS 40s FUNDARON CIENTOS DE SINDICATOS EN LA MESETA CENTRAL, PARA LUCHAR POR SUS DERECHOS, CON EL APOYO DE LA CONSTITUCIÓN Y EL RECIÉN PROMULGADO CÓDIGO DE TRABAJO?

      ¿POR QUÉ RAZÓN SUS NIETOS Y SUS BISNIETOS, LOS COSTARRICENSES DE AHORA, RECHAZAN SUS DERECHOS A SINDICALIZARSE, A FIRMAR CONVENCIONES COLECTIVAS, A LA HUELGA, DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES BRINDAN LAS LEYES PATRIAS y los tratados internacionales, Y ACEPTAN, SIN LUCHAR, LA CONDENA A SER CADA VEZ MÁS POBRES Y POLÍTICAMENTE INSIGNIFICANTES?

      ¿EN QUÉ MOMENTO EL SHOCK DE LA REPRESIÓN Y LA PERSECUCIÓN PRODUJO ESOS TERRIBLES EFECTOS?

      ¿EN QUÉ MOMENTO LA MAYORÍA DE LOS ASALARIADOS COSTARRICENSES DEL SECTOR PRIVADO RENUNCIÓ MASIVAMENTE A EJERCER SUS LEGÍTIMOS DERECHOS, Y SE SITUÓ DÓCILMENTE EN EL QUINTIL MÁS POBRE DE LA BRECHA ECONÓMICA, COMO OVEJAS EN EL MATADERO?

      Los decenios del sacrificio forzado de los derechos sindicales de los trabajadores del sector privado de Costa Rica, que en su tiempo se tradujeron en desamparo e indefensión, y en la miseria y la desdicha de innumerables familias humildes, terminaron al cabo siendo concausa, retardada pero acumulativa, de la infame brecha económica que pone un abismo entre los ricos y los pobres. Pero pensar en aquellos decenios de sacrificio debe también mover la conciencia de los trabajadores costarricenses: enseñarles a identificar a sus verdaderos amigos, …y a los otros.

      Estoy convencido, además, de que el vacío político producido por la ausencia de una populosa clase trabajadora organizada y beligerante, que hubiera sido un fuerte interlocutor en la palestra política, poniendo en la balanza del poder el peso de sus legítimos intereses para sacar lo mejor de cada partido y de cada gobierno; repito: la ausencia de esa clase trabajadora unida y consciente que Costa Rica bien se merecía por sus tradiciones de civismo, hizo posible lo que podemos llamar LA DERECHIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL, por el deslizamiento y la degradación de un socialcristianismo y una socialdemocracia ideológicamente anémicas y sin contrapesos, hacia aquel neoliberalismo oportunista y chapucero que ha sido la tónica de quienes nos han venido gobernando:

      a) Con las consecuencias político-jurídicas disolventes que hoy se reflejan por doquier: se reflejan en el control politiquero consumado sobre las cúpulas judiciales y otros órganos de garantía; se reflejan en los contubernios entre los Poderes para asegurarse la impunidad de los excesos y de los compadrazgos en las altas esferas de la política y la economía que nos condujeron al Cementazo; en el desmantelamiento del MOPT y la concesión de las obras a un oligopolio que nos condujo a Cochinilla y al Diamante; en el abandono de toda política asistencial constructiva, junto a la carta blanca de los empresarios en la aplicación de la infame “flexibilización de las relaciones laborales”; en el ataque a los últimos bastiones institucionales del servicio público (la CCSS, el ICE). Todo lo cual se tradujo en la violación reiterada y flagrante de los derechos humanos económicos, sociales y culturales consagrados en beneficio de nuestro Pueblo por la Constitución y las Convenciones Internacionales.

      b) Con las nefastas secuelas económico-financieras que se transparentaron en el sempiterno e inducido desequlibrio fiscal, en el creciente desempleo, en la profunda y acusadora brecha entre ricos y pobres que se ha ensanchado bajo los pliegues del modelo del derrame.

      c) Y últimamente con la artera política legislativa del Gobierno Alvarado, en connivencia con los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y los Pentecostales, tendientes a debilitar las instituciones de control jurisdiccional y a eliminar las universidades públicas, los sindicatos del sector público y, por esa vía, toda forma de crítica racional y de resistencia ciudadana.

      ¿Cómo podrán nuestra clase gobernante y el País entero reparar el inmenso daño económico, social, moral y político infligido a varias generaciones de trabajadores costarricenses a partir del 48, por haberlos privado ilícitamente de su derecho a formar sindicatos, y de los legítimos y esenciales servicios de dichos sindicatos que el Código de Trabajo, la Constitución y las Convenciones Internacionales habían creado en beneficio de aquellos trabajadores? Usando la fuerza, el terror, la injusta violencia, el abuso y la mentira ¡les pintaron como crímenes los que no eran sino sus legítimos derechos!

        Está a la vista que Costa Rica no tiene ejército, pero tampoco le permitieron tener mayorías de trabajadores capaces de defenderse de la inanidad y la domesticación que les han decretado sus gobiernos. A fin de cuentas, como predijo el escritor y mártir argentino Rodolfo Walsh, muchas más vidas serían arrebatadas por la «miseria planificada» que por las balas.

        Y así fue: como casi todos aquí recordarán, en vista de que ya desde los años setentas, las grandes agencias financieras internacionales, ejecutoras del ideario neoliberal, proponían para nuestros países un nuevo modelo económico consistente en una drástica reducción del tamaño del Estado, un prometido aumento de la eficiencia y la competitividad en los sectores productivos y su más proficua conexión con los mercados internacionales, así como la privatización de las empresas e instituciones de servicios del sector público, algunos de aquellos pseudo-socialistas que recién en los 50 y 60s habían sido partícipes de la construcción del Estado Empresario en Costa Rica, y muchos de sus copartidarios más jóvenes (que habían aprendido a hacer negocios mientras tripulaban las juntas directivas de las instituciones y de las empresas públicas, dos décadas después habían pasado a formar parte de grupos empresariales, y empezaban a ver con ojos voraces la posibilidad de hacer negocios en los campos hasta entonces monopolizados por instituciones y empresas estatales, aprovechando la capacidad instalada de éstas.

                XI. Ahora bien, a fines del Siglo 20 las cosas cambiaron en el Mundo:

        a) Porque en ese momento ya las empresas pueden fácilmente desplazarse, en sentido físico y en sentido jurídico, a cualquier sitio del Mundo que les parezca conveniente, de modo que la amenaza de levantar vuelo de un país, con el consiguiente desempleo de grandes núcleos de la población de dicho país, debilita la posición de lucha de los trabajadores en general.

        b) Porque la tecnología industrial más avanzada va permitiendo cada vez más fácilmente reemplazar con unas pocas máquinas un número creciente de trabajadores.

        c) Porque precisamente en ese fin del Siglo XX se derrumbaron la Unión Soviética y los países europeos del socialismo real; y con eso el equilibrio del poder mundial se rompió a favor de las potencias capitalistas y pareció alejarse para ellos, casi hasta desaparecer, el peligro de un socialismo mundial.

                XII. De modo que, en el plano de las relaciones internacionales, pronto las Potencias Imperialistas, instrumentalizando a la OTAN, la OEA y otras, y neutralizando a la ONU, pudieron entonces practicar el imperialismo rapaz: Se lanzan contra Iraq, Siria, Libia para quitarles el petróleo y el gas. Mientras que, mediante la Deuda Externa, los TLC y otros organismos, consiguen debilitar gravemente a los Estados del Tercer Mundo.

                XIII. Y en el terreno laboral, resulta que aquel Capitalismo mundial que frente a las pretensiones de los trabajadores había cedido en el Siglo XX un lote significativo de beneficios, vuelve a la carga con gran fuerza, para tratar de recuperar todo el terreno perdido, y vender las empresas públicas, desmantelar las garantías sociales y los Códigos Laborales, privatizar la seguridad social y la educación universitaria, etc. En Costa Rica los gobiernos neoliberales hacen varios intentos, y quienes logran frenarlos en varios frentes son los sindicatos del sector público.

                XIV. Por otra parte, coincidiendo con el tiempo de los PAEs (1984/1994) y del ‘Consenso de Washington’ (1989), en Costa Rica, muchos de miembros de las juntas directivas de instituciones y empresas públicas empezaron a sabotear, desmantelar y desprestigiar a las empresas e instituciones públicas que habían jurado servir, para de ese modo contribuir a la antipatriótica tarea de justificar las políticas neoliberales que ya se venían implementando por los presidentes Monge, Arias y Calderón, y que continuaron viento en popa en los gobiernos de Figueres Olsen, Rodríguez, Pacheco, Arias DOS, Chinchilla, Solís, Alvarado y el de ahora.

        El papel de los sindicatos públicos.

                XV. Ahora bien, como lo mencioné líneas arriba, durante estos últimos cuarenta años de asedio neoliberal coadyuvado en grado variable por los distintos gobiernos nacionales, quienes han resistido, tratando de defender con uñas y dientes las conquistas del Estado Social de Derecho, han sido, hasta donde han podido, algunos grupos estudiantiles y de la clase trabajadora y algunos diputados de izquierda desde posiciones muy minoritarias, y en particular los diputados Manuel y Eduardo Mora Valverede, Arnoldo Ferreto, Rodrigo Ureña Quirós, Humberto Vargas Carbonell, Alvaro Montero Mejía, José Merino del Río, José María Villalta, Patricia Mora, Edgardo Araya, Célimo Guido y algún otro del Frente Amplio y de otros partidos;

        PERO SOBRE QUIENES ha pesado mayoritariamente esa lucha ha sido sobre los sindicatos del Sector Público, los cuales, en mi criterio, se han destacado por su coraje y determinación, escribiendo páginas gloriosas de la Historia de Costa Rica.

        La aprobación del Contrato/Ley de Alcoa en la Asamblea Legislativa, en los últimos meses de la Administración Trejos Fernández fue adversado a comienzos de 1970 por un masivo movimiento estudiantil coordinado por la FEUCR, el cual gozó de un amplio respaldo popular, y fue apoyado por el movimiento sindical, particularmente por los sindicatos de educadores (entre los que destacó el SEC, con una participación constante durante todo el proceso). De modo que la gesta de Alcoa no se generó en el seno del sindicalismo, sino en el estudiantil, pero para los sindicatos públicos constituyó una rica experiencia de movilización de masas, que aprovecharía en sus luchas de los años futuros.

        Si no recuerdo mal, la poderosa transnacional Millicom negoció su instalación en Costa Rica por acuerdo con el gobierno de Oscar Arias (1986-1990), y operó efectivamente durante la Administración Calderón Fournier; pero los sindicatos del ICE determinaron que su funcionamiento, además de ilegal, constituía el primer paso para la penetración de la telefonía transnacional, de modo que primero trataron, infructuosamente, de que el Gobierno y la Directiva del propio ICE hicieran valer aquella ilegalidad; y finalmente fueron a la huelga, ya durante la presidencia de Figueres Olsen (1995). El movimiento triunfó, y el Gobierno firmó el levantamiento de la huelga con los 11 sindicatos del ICE involucrados en la lucha. Pero de todo esto, lo que me parece más hermoso es que se trató de la primera vez que un grupo de sindicatos de una empresa pública tomó a su cargo la tutela de los intereses de toda la comunidad costarricense, en contra de las cúpulas gubernativas compuestas por el Presidente, los Ministros y los Directores del propio ICE, que eran los que tenían institucionalmente a su cargo la tutela de dichos intereses populares y, alevosamente, los estaban sacrificando.

        Esto se va a repetir en los movimientos siguientes, que tienen lugar en los últimos treinta años de nuestra historia, donde vamos a ver siempre a sectores del pueblo (¡que eso son los sindicatos!) supliendo el papel de protectores de los intereses nacionales, en sustitución de los gobernantes perjuros que fueron elegidos y nombrados por el propio pueblo para que cumplieran ese papel.

        La prensa reaccionaria fustiga a los sindicatos públicos acusándolos de hacer política. Pero lo que no quieren reconocer es que cuando los sindicatos defienden en una convención colectiva los salarios de grandes contingentes de trabajadores, están inevitablemente co-gobernando aspectos sustanciales de la vida del país, y eso es precisamente una actividad política que la Constitución ha puesto en manos de los sindicatos, al instaurar las convenciones colectivas en su artículo 62.

        El ICE es justa y unánimemente calificado como una institución benemérita y amada por el pueblo costarricense, porque ha impulsado con patriotismo y eficiencia la electrificación, la industrialización, la intercomunicación, la modernización y por ahí también la democratización y el bienestar del País. Forma, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social, los dos mayores tesoros institucionales de nuestro pueblo; y al igual que la Caja, su existencia estorba a la voracidad insaciable de los mercachifles neoliberales, quienes en la presidencia de Miguel Angel Rodríguez le prepararon el tristemente célebre ‘Combo’ (2000). Y otra vez fueron los sindicatos del ICE, con fuerte apoyo popular y el respaldo de muchos otras organizaciones gremiales, quienes se extenuaron en la tutela de aquella institución que los burócratas y los políticos neoliberales querían desmantelar alegremente.

        Y veremos a los sindicatos públicos formando en el 2004 el Movimiento Cívico Nacional durante la presidencia de Abel Pacheco, protestando contra el monopolio RITEVE; y otra vez los veremos en el 2007 formando filas con el pueblo para el Referéndum del TLC; y así en otras ocasiones, hasta la última dilatada huelga sostenida principalmente por los sindicatos de educadores del MEP, durante la Administración de Alvarado.

        Lo que en realidad ha ocurrido en Costa Rica es que, frente a la monótona caravana de los gobiernos neoliberales y su política privatizadora y desmanteladora de la Res Publica, las únicas contrapartes eficaces que van quedando, con capacidad de ponerles freno, son los grupos organizados de la izquierda, el sector estudiantil secundario y universitario y muy principalmente los sindicatos del sector público: las mujeres y los hombres que constituyen la masa de los empleados y funcionarios públicos sindicalizados de la Administración Central, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial y de los Entes Públicos menores, como las Universidades Públicas, las Municipalidades y demás instituciones autónomas, etc. Se trata de los técnicos, los administrativos, los bancarios, los jueces, los jardineros, los ingenieros, los conserjes, los enfermeros, los médicos, los albañiles, los trabajadores sociales, los economistas, los historiadores, los oficinistas, los químicos, los cocineros, los profesores, los maestros, los laboratoristas, los choferes, etc., que forman dichos sindicatos. En manos de esa fuerza ciudadana están, en el presente, los destinos de nuestro País.

        Como acompañamiento de los embates de los últimos gobiernos neoliberales, brotan por todas partes las sugerencias de medidas ‘aconsejables para mejorar’ las relaciones obrero-patronales, como la flexibilidad laboral, el 4/3, la libre contratación del salario, la denuncia o la supresión de las convenciones colectivas existentes; la eliminación de los sindicatos y las huelgas, etc.; medidas que posiblemente hubieran sido rápidamente adoptadas por los gobiernos, si no fuera porque: a) el carácter rígido de nuestra Constitución dificultaba y sigue dificultando la derogación de los derechos y de las garantías laborales por la vía de la reforma legal; y b) la existencia de los Convenios suscritos por Costa Rica en el seno de la OIT, que dicha organización y lo que queda del movimiento sindical mundial se ha empeñado en hacernos respetar.

                Frente a toda laya de sugerencias y presiones oficiales, nuestros dirigentes sindicales deben unir sus fuerzas, mantenerse firmes y redoblar la lucha, incrementando su presencia mediática para fortalecer la conciencia política democrática de los trabajadores; y coordinando la fuerza de sus organizaciones para un día venidero reclamar, con una sola y potente voz, el restablecimiento de todos los poderes y atribuciones que la Constitución y los Convenios Internacionales tienen acordado a favor de los trabajadores y sus organizaciones, y que una mayoría parlamentaria irresponsable durante el Gobierno Alvarado ha pretendido vanamente desvirtuar.

        IV. Conclusiones

        1. A mí me parece que se han juntado las condiciones y ha llegado la hora de terminar con la patraña neoliberal, sostenida a base de una gran adulteración de la Historia: de una Historia escrita por los poderosos y que, por supuesto, falsifica los hechos y crea una imagen ilusoria del Mundo: un relato en donde los explotadores como Bill Gates y Carlos Slim son los dueños de las virtudes morales, agresores como Kissinger y Obama merecen el Premio Nobel de la Paz, los genocidas como Bush y Cheney gozan de plena impunidad, y los campeones del golpe de Estado como Pinochet y Videla son ensalzados por las derechas continentales como ejemplos de civismo y amor a la patria.
        2. Creo que en América Latina, la falsedad de esa ‘historia oficial’ se va revelando masivamente en sectores medios y bajos, y esto se ha visto reflejado en tendencia progresista de los resultados electorales y en la fuerza de los movimientos indígenas y campesinos.
        3. América Latina y el Mundo sólo se salvarán por la virtud de una democracia depurada, la que surge de la justicia social y, a la vez le sirve de sustento; y América Latina lo está entendiendo así, y está uniendo sus fuerzas para avanzar por ese camino, revitalizando democráticamente sus Estados; mientras que, por el contrario, la burocrática Unión Europea, dominada por los usureros transnacionales, pisoteando las mejores tradiciones de sus Estados miembros, se empantana en la crisis económica y social, y su Gobierno se envilece al servicio de los peores intereses: hemos pasado por la “vergüenza ajena” de presenciar el triste papel de una Europa facistizada y arrodillada ante los Estados Unidos y la OTAN, contribuyendo a agravar el conflicto creado con ocasión de la agresión de Rusia a Ucrania.

        FINALMENTE ¿QUÉ HACER?

        En primer lugar, lo que no debemos ni podemos permitirnos hacer es no hacer nada: soportar la injusticia, la marginación, el desgobierno, la pesada e inicua carga fiscal, la criminalización de la inconformidad, el desempleo y el empobrecimiento de los asalariados en general, y de los grupos más vulnerables en particular.

        Entre lo que podemos y debemos hacer está, en primer lugar, organizarnos para hacer valer en los tribunales nacionales o internacionales, todas las veces que se necesite, la garantía constitucional y convencional de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, regulados en la Constitución y las leyes; y en segundo lugar, aún más importante, trabajar con el pueblo, acompañándolo en sus luchas, para que tome conciencia de aquellos derechos y se organice para defenderlos usando las garantías instrumentales que le ofrecen el sindicato, la convención colectiva y la huelga: sus armas naturales contra la agresión neoliberal que nos acosa.

        No podemos descansar hasta transmitir a cada trabajador la necesidad de pertenecer a un sindicato, porque el sindicato está en posibilidad de otorgar a cada trabajador los medios y los poderes que necesita para no ser avasallado por la superioridad fáctica y jurídica que posee el patrono privado, en su condición de dueño del capital invertido en la empresa, o que posee el patrono público, como órgano del Estado u otro entes públicos, titular de poderes en la relación de empleo público.

        Termino leyendo unos versos que son una modesta parodia del famoso poema de Bertolt Brecht titulado Lob der Partei (Elogio al Partido). Los versos dicen así:

        Elogio al Sindicato

        El trabajador tiene dos brazos,
        El sindicato tiene mil.
        El sindicato dialoga con la empresa,
        el obrero depende de su empleo.
        El trabajador vive al día,
        pero el sindicato puede resistir muchos días.
        El trabajador aislado es doblegado,
        pero el sindicato sabe argumentar y pelear,
        porque es la unión de los débiles
        y lidera su lucha con la sabiduría acumulada
        en las diez mil batallas de la historia de las clases oprimidas.

        Muchas gracias.

        APENDICE

        LOB DER PARTEI

        (Bertolt Brecht)

        Der Einzelne hat zwei Augen
        Die Partei hat tausend Augen.
        Die Partei sieht sieben Staaten
        Der Einzelne sieht eine Stadt.
        Der Einzelne hat seine Stunde,
        Aber die Partei hat viele Stunden.
        Der Einzelne kann vernichtet werden,
        Aber die Partei kann nicht vernichtet werden.
        Denn sie ist der Vortrupp der Massen
        Und führt ihren Kampf
        Mit den Methoden der Klassiker, welche geschöpft sind
        Aus der Kenntnis der Wirklichkeit.

        ELOGIO AL PARTIDO
        (Bertolt Brecht)

        El individuo tiene dos ojos
        El partido tiene mil ojos.
        El partido controla siete Estados
        el individuo mira una ciudad.
        El individuo tiene su hora,
        pero el partido tiene muchas horas.
        El individuo puede ser aniquilado,
        pero el partido no puede ser aniquilado
        porque es la vanguardia de las masas
        Y lidera su lucha
        con los métodos de los Clásicos, que son extraídos
        del conocimiento de la realidad.

        Antígona de Sófocles en la Sede de Occidente de la UCR – entrada gratuita

        Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

        El grupo de estudiantes del curso Historia del Derecho, que imparte el catedrático Walter Antillón en la Sede de Occidente de la UCR, montaron ANTÍGONA, la conocida tragedia de Sófocles.

        La presentación será en el auditorio de la Sede en San Ramón con entrada gratuita.

        Se agradece si comparte en sus redes y grupos cercanos.

        Impacto político-económico del golpe militar en Chile, Costa Rica y América Latina

        Escrito en . Publicado en Análisis.

        Walter Antillón

        1. Antecedentes: los años de la Presidencia de Salvador Allende
        2. La represión policial y militar
        3. Instauración del neoliberalismo en Chile como “espejo” de América Latina. La brecha económica
        4. El sistema dictatorial del Cono Sur. El Plan Cóndor: instrumento de exterminio de la izquierda latinoamericana.
        1. Antecedentes: los años de la Presidencia de Salvador Allende

        Hoy nadie duda de que la Guerra Fría, además de un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue también una cruenta guerra no declarada que Estados Unidos desató por más de cuarenta años contra los pueblos de América Latina; y también sabemos que una de sus más trágicas víctimas fue el pueblo chileno.

        Los documentos recién desclasificados en Washington acerca del gobierno del presidente Allende y el golpe de Estado de Pinochet han terminado por dejar en la más completa claridad la ilegítima, constante y funesta intervención del gobierno estadunidense en los asuntos de Chile; una intervención que se operó desde que los datos apuntaron hacia la posibilidad de que Allende ganara las elecciones en setiembre de 1970: el asesinato del general René Schneider, jefe del Ejército, en octubre de 1970; el boicot de los comerciantes para provocar escasez de los productos básicos desde 1971, hasta el paro de los camioneros en 1972: todas estas actividades fueron planeadas y financiadas por la CIA.

        A comienzos de setiembre de 1970 Henry Kissinger escribía a Richard Nixon:

         “El ejemplo de un gobierno marxista electo y exitoso en Chile, ciertamente tendría un impacto -y serviría como precedente- en otras partes del mundo, especialmente Italia. La propagación de un fenómeno semejante en otro lugar afectaría significativamente el equilibrio del mundo y nuestra propia posición en él”

        Acusándola de totalitaria, abrumaron a Cuba con bloqueos y embargos, pero en el caso de Allende vemos que, en realidad, lo que preocupaba a Nixon no era la democracia, sino que se demostrara al Mundo la viabilidad del socialismo democrático.

        Por eso, una vez electo Allende, Nixon declaró que ‘haría crujir la economía chilena’. Y efectivamente en los años siguientes sus bancos congelaron los créditos y su gobierno congeló la ayuda económica. El Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos cancelaron unilateralmente los préstamos ya otorgados; y la ITT formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para coordinar con el gobierno Nixon una estrategia contra Chile.

        Sin embargo, aún con la severa crisis inflacionaria desatada en Chile por la alevosía nixoniana, como bien dice el compañero Ramón Vargas, de la Asociación Americana de Juristas, Rama Chilena:

        “…A pesar de estos afanes reaccionarios, el gobierno de Salvador Allende pudo llevar adelante parte importante de su programa: la nacionalización del cobre, la Reforma Agraria, el control de la banca, un programa de construcción de viviendas que no ha sido igualado. Con la Reforma Agraria se puso término para siempre al dominio del latifundio en el campo chileno y se crearon las bases para un importante desarrollo de la AgroIndustria…”

        Ello se confirma indirectamente en la comparamos dos períodos dentro de los últimos sesenta años: el de los gobiernos de Frei Montalva y Allende (1964-1973), que muestran un coeficiente de Gini enteramente favorable, y el que arranca en 1974, con la política neoliberal de la Dictadura y años siguientes: la brecha económica entre ricos y pobres se dispara, haciendo de Chile uno de los países más desiguales del Mundo.

        En todo caso, dado el conjunto de dificultades y obstáculos políticos, económicos y financieros creados e implementados por Estados Unidos contra Allende desde el comienzo de su gobierno, la oligarquía chilena apostaba a provocar su impopularidad y su descrédito; pero, por el contrario, en las elecciones de diputados y senadores de marzo de 1973, la Unidad Popular subió espectacularmente en comparación con las elecciones presidenciales de 1970: del 36.2% que obtuvo Allende en el 70, al 44.2% que alcanzaron sus diputados y senadores en marzo del 73. Es decir, despues de dos años y 4 meses de ejercer un gobierno boicoteado y acosado por todos lados, el partido liderado por Allende había aumentado más de un 20 % su caudal de votos.

        Así las cosas, para detener aquel ejemplo ‘funesto’ de socialismo democrático, a Nixon, a Kissinger y a Pinochet y compañía, sólo les quedaba el golpe de Estado. Y el golpe de Estado fue cuidadosamente planeado y ejecutado el 11 de setiembre de 1973: hoy hace cincuenta años.

        1. La represión policial y militar

        El golpe de septiembre del 73 fue una acción militar ejecutada por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Naval y el Cuerpo de Carabineros de Chile, para derrocar al presidente Allende y su gobierno. Así, mientras un aparatoso despliegue por mar y tierra se extendía a lo largo del país, tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea sitiaron y atacaron el Palacio de La Moneda, sede del gobierno constitucional. Tal como lo prometió en su último discurso, Salvador Allende murió durante el asalto de los militares al Palacio.

        Este golpe despedazó el orden constitucional de la Repúblilca, y dio origen al establecimiento de la usurpadora junta militar liderada por Augusto Pinochet. El país fue sometido a una dictadura que se extendió hasta 1990 y se caracterizó por practicar una salvaje represión. Durante este periodo, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se suspendieron los derechos civiles y políticos; miles de ciudadanos son detenidos, se producen allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desaparición de personas; se establece la censura; se proscribe los partidos políticos y los sindicatos; los soldados queman miles de libros apilados en las calles de ciudades y pueblos; se disuelve el Congreso Nacional y el Poder Judicial se convierte en un instrumento dócil al gobierno. Una ‘Caravana de la Muerte’ recorre los pueblos deteniendo, torturando y asesinando ciudadanos, culpables del delito de ‘izquierdismo’. En suma, en ese período el régimen asesinó a más de 3 mil personas; un número considerable de chilenos se refugia en embajadas extranjeras y se calcula que cerca de doscientos mil fueron al exilio.

        1. Instauración y fomento del neoliberalismo en Chile, como “espejo” para América Latina. La brecha económica

        Pinochet fue un peón servil del Imperio, verdugo de su propio pueblo. Para cumplir su triste papel, Pinochet necesitaba reconocimiento internacional, sustento financiero e inversión, y los obtuvo gracias al masivo apoyo del gobierno Nixon y del sector financiero estadunidense. Desde 1974 puso la economía en las manos de los Chicago Boys, quienes al año siguiente iniciaron la implementación del shock neoliberal, que implicó una drástica reestructuración de la economía, de la sociedad y del sistema político, con el pleno apoyo y bajo el control monolítico del propio Pinochet, a través de un programa que contemplaba:

        a) La drástica reducción del sector público y el rediseño del aparato estatal, a fin de que cumpliera exclusivamente su papel de gendarme;

        b) La reorientación de los excedentes hacia el mercado de capitales;

        c) La apertura de la economía al libre mercado con rebaja arancelaria;

        d) La liberalización paulatina de los bancos;

        e) La devolución al sector privado de gran cantidad de empresas del Estado: metalúrgicas, bancarias, aceiteras, textiles, electrónicas, pesqueras, etc., por medio de ventas a conglomerados económicos tradicionales, o constituidos a propósito.

        La ayuda financiera masiva para el despliegue de dicha política neoliberal produjo, entre 1977 y 1981 una notable mejora en la economía; lo que Milton Friedman se apresuró a calificar como el “Milagro Chileno”: el cual fue promocionado internacionalmente con bombos y platillos como el triunfo del neoliberalismo y la justificación del golpe de Estado y del régimen de Pinochet. Porque, efectivamente, durante ese tiempo se redujeron considerablemente la inflación y el déficit fiscal; la producción industrial y la construcción se recuperaron y el Pib tuvo un aumento notorio; nació una multitud de empresas por la privatización del sector empresarial público, y como consecuencia proliferaron los nuevos super ricos amigos del régimen, junto a las grandes fortunas tradicionales.

        En cuanto al agro, un tercio de las tierras de la reforma de Allende fue devuelto a sus antiguos dueños; y en lo que concierne a los campesinos que habían sido favorecidos, la mayoría terminó vendiendo su parcela por falta de crédito y de asistencia técnica.

        En todo caso, el gasto social (educación, salud, vivienda) cayó drásticamente, al igual que los salarios, mientras que aumentaba el desempleo.

        En resumen, si a comienzos de 1973, el acosado Chile de Allende atravesaba ciertamente una severa crisis económica, con una inflación del 606%,​ pero con un índice de desempleo de tan solo un 4,3 %; en 1982, tras una década de reformas de libre-mercado, la época milagrosa de los Chicago Boys dio paso a una nueva crisis económica que llevó a un desempleo del 23,7 % y a una disminución del producto interno bruto en un 14,3 %; y al término de la Dictadura militar en 1990, el índice de pobreza había alcanzado al 40 % de la población.

         Todavía en la actualidad, la sombra de la brecha desigual persiste: los datos halagüeños registrados en los últimos años sólo han llevado a la conclusión de que Chile constituye un caso de crecimiento sin bienestar. Lo cual no impidió que, a través de los poderosos megáfonos del neoliberalismo se siga propagando por América Latina y el Mundo los ecos de un ‘milagro chileno’.

        1. El sistema dictatorial del Cono Sur. El Plan Cóndor: instrumento de exterminio de la izquierda latinoamericana.

        En sus inicios de 1973, la dictadura chilena no estaba sola: una vez consolidada, pasó a formar parte de un sistema interregional constituido por Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y, poco después, Argentina, bajo la influencia y con el respaldo económico y militar de los Estados Unidos; sobre todo a través de la CIA y la Escuela de las Américas, que entonces ofrecía un postgrado en terrorismo de Estado, con énfasis en tortura y desaparición de personas.

        La existencia y la disponibilidad de esos 6 regímenes militares pusieron las condiciones para el diseño de la gran operación estratégica del Plan Cóndor, fruto de la perspicacia de una de las grandes mentes criminales de hoy: el Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger.

        En efecto, en 1975 las dictaduras mencionadas, inspiradas por Kissinger, entonces Secretario de Estado, y bajo la tutela de Brasil, la hermana mayor, suscribieron la Operación Cóndor, también llamada ‘Plan Cóndor’: un pacto secreto de cooperación clandestina entre los aparatos de inteligencia y represión de las mencionadas dictaduras, cuyo objetivo era exterminar a todas las personas militantes en grupos u organizaciones de izquierda de la región, ya fueran partidos políticos, sindicatos, universidades, periódicos, revistas u otras agrupaciones. Se fundó secretamente en el Chile de Pinochet y duró catorce años, hasta 1989. Contagiados de filantropía, Perú y Ecuador ingresaron al ominoso cónclave en 1978.

        En ejecución del Plan, las fraternales dictaduras practicaron más de 400.000 detenciones de personas, en las que se practicó sistemáticamente la tortura. Según la estimación de nuestro compañero de la AAJ profesor Martín Almada, descubridor en 1992 de los Archivos del Plan Cóndor en Paraguay (Archivos del Terror), más de 100.000 personas fueron asesinadas durante la vigencia del funesto Plan.

        Pasado medio siglo desde el Golpe, sus secuelas son visibles en sectores del pueblo chileno que lo padecieron, y han transmitido a sus descendientes un mensaje de conformismo y pasividad, de temor y renuncia al pleno ejercicio de los derechos que, como seres humanos, les corresponde ejercer. Y esa es la realidad también en otros países de nuestro Subcontinente a consecuencia del Cóndor y de operaciones similares implementadas durante muchos años.

        Los intereses de los Estados Unidos no constituyen la pauta que determine el destino del Planeta. Los pueblos de América Latina no merecían la suerte que les ha tocado vivir. Es preciso que lo sepamos, que no nos resignemos, que reaccionemos vigorosamente. Otro mundo es posible.

        Atmósfera judicial

        Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

        Walter Antillón

        I. ¿QUÉ SABEMOS DEL OPERADOR DE JUSTICIA?

        Una parte importante de la doctrina jurídica estima que en el Estado Moderno la existencia de un Sistema de Justicia compuesto por un cuerpo de jueces, fiscales y defensores verdaderamente independientes y con una sólida formación jurídica, humanista y democrática, es esencial e indispensable, porque a dicho grupo de personas le corresponde garantizar el mantenimiento de la institucionalidad y la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos.

        ¿Cómo conseguir un semejante cuerpo de jueces, fiscales y defensores?

        Las condiciones necesarias son:

        1. La paridad entre los miembros: la eliminación de toda jerarquía entre ellos. La figura que representa gráficamente el Sistema de Justicia no es la pirámide, sino el archipiélago.
        2. El trato equitativo para el funcionario, en todos los planos; la base salarial única en materia de emolumentos;
        3. La administración del sistema a cargo de un Consejo Supremo de rango constitucional (que sustituirá a la actual Corte Suprema de Justicia), entre cuyos heterogéneos integrantes predominen numéricamente los jueces, fiscales y defensores, escogidos mediante sendas elecciones directas y secretas de parte de sus respectivas comunidades. Los restantes miembros del Consejo provendrán de los ámbitos académico y forense.
        4. Los candidatos que han aprobado el examen de ingreso pasan un período de prueba, transcurrido el cual adquieren la condición de inamovibles; y la conservan mientras mantengan una conducta intachable y superen las pruebas regulares de suficiencia en el desempeño de sus cargos.
        5. Existirá un escalafón abierto al público, regularmente alimentado con los datos provenientes de las calificaciones obtenidas por cada funcionario, y que será la base única de la cual dependerá que se le ofrezca su promoción hacia otros cargos del Sistema de Justicia. Ningún funcionario será obligado a aceptar un puesto distinto del que tiene, ni trasladado de puesto sin su aprobación, salvo el caso de una emergencia formalmente declarada por el Consejo. Pasada la emergencia, el funcionario regresará a su puesto original.
        6. El régimen sancionatorio estará a cargo de un tribunal interno del Consejo, que observará las garantías del debido proceso, y cuyos fallos serán apelables.

        Llamo “Atmósfera Judicial” al ambiente espiritual que se vive en la comunidad de los funcionarios de justicia, producto de la índole de las normas que regulan sus acciones y de la calidad de la interacción que se desarrolla entre ellos y con los terceros. Bajo un régimen de paridad e igual dignidad de funcionarios que sólo se distinguen entre ellos por la especificidad de las funciones que desempeñan; en un régimen que no los lanza en una feroz competencia por escalar, mandar más y ganar más; en un régimen con igualdad de oportunidades, sin jerarquías y privilegios para unos pocos, resulta más plausible suponer que se forme una atmósfera judicial optimista, distendida y libre, favorable al desarrollo de las capacidades de cada uno; así como también favorable a la formación de una mística relacionada con los valores del nobilísimo oficio de la Justicia, visto desde la perspectiva del juez, del fiscal o del defensor. En una atmósfera tal, crece y se desarrolla la satisfacción por el cumplimiento del deber, y la confianza en el trato justo que cada uno recibirá por su desempeño: jueces, fiscales y defensores se sentirán seguros y orgullosos de formar parte de un colectivo irreprochable, poderoso, cuya legitimación social descansa en el estricto cumplimiento de su alta función: blindado frente a las asechanzas y las presiones de los poderes políticos y fácticos.

        En el ejercicio de la función jurisdiccional, la existencia de jerarquías atenta contra la independencia de los jueces y produce graves distorsiones en la calidad y la cantidad de la Justicia. Una experiencia de siglos tiene comprobado que el vínculo jerárquico entre funcionarios que realizan la misma precisa tarea de juzgar (tramitar y sentenciar litigios mediante el processus iudicii) conlleva, por naturaleza, la aparición de influencias, alicientes y presiones generadas automáticamente de aquella situación. Porque sabemos que la dinámica de los casos en la diaria interacción entre tribunales puede conducir con facilidad a diferencias de criterio, a comparaciones incómodas, suspicacias, animadversiones; en fin, afectaciones diversas a la humana vanidad de los jerarcas, quienes reaccionarán con espíritu de cuerpo, usando airadamente su posición de poder en forma de sanciones, descalificaciones, amenazas o intromisiones indebidas, abiertas o subrepticias; lo cual en muchos países se ha degradado fácilmente a una práctica sistemática dirigida a acentuar la distancia entre el status superior de unos y la posición subordinada de los otros, mediante un ejercicio abusivo de potestades legales.

        Porque en la interioridad de la conciencia es difícil proponerse ser un juez justo si uno se ha visto forzado a aceptar unas reglas del juego que conducen a soportar o tolerar un trato injusto contra uno mismo o contra otros: uno, siendo juez en esas condiciones, no puede olvidar que ha aceptado ser avasallado, y eso le roe la conciencia perennemente. El secreto rencor, la decepción por el ideal traicionado y la inconformidad solapada que todo esto provoca, se van a manifestar directa e indirectamente en forma de expresiones de desánimo y pesimismo, cuando no de cinismo, oportunismo, canibalismo; y, por supuesto, en rendimientos laborales crónica y persistentemente decrecientes.

        II. LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL MUNDO ACTUAL

        En los tiempos que corren la agenda prioritaria en el Planeta no es la mortalidad infantil, la creciente desigualdad ni el cambio climático, sino el aumento de las ganancias de las transnacionales del dinero, de los medicamentos, de las armas. La prepotencia y la hegemonía de los poderes económicos por encima de los Estados y de las organizaciones internacionales, y la vanificación de la democracia representativa y de los partidos políticos están minando aceleradamente las instituciones del Estado Constitucional de Derecho, incluso en países de democracia madura.

        En nuestra región los resultados están a la vista: prospera el lawfare en la defenestración de Presidentes como Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Dilma en Brasil, Evo en Bolivia, Castillo en Perú; los carteles de la droga y la corrupción de las empresas y de los funcionarios públicos se extienden imparables, ante la impotencia o al amparo de la complicidad de los altos jueces. Y entre los que están perpetrando la obra de demolición de los Estados política y/o económicamente frágiles, de la que somos testigos impotentes en la actualidad, una de las consignas más importantes a seguir es la desacreditación y la trivialización de la Justicia, precisamente porque está demostrado que aquellos actos de demolición han sido posibles y han quedado impunes cuando ha faltado una institución judicial fuerte, honesta, eficiente e independiente.

        Una reflexión doctrinaria acerca de la naturaleza de la función jurisdiccional y las exigencias actuales de su ejercicio, que tomó fuerza sobre todo entre los juristas europeos después de la Segunda Postguerra Mundial, los llevó a la convicción de la necesidad de confiar a los jueces (más allá de sus tareas tradicionales de conocer y fallar los procesos civiles, administrativos, laborales, etc.) un cometido transversal esencial: proteger en toda circunstancia los derechos fundamentales de las personas y someter las manifestaciones del poder (político o fáctico) a los principios del Derecho de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y la condición sine qua non del éxito de ese cometido esencial es la presencia de un juez culto, consciente y fuerte, institucionalmente blindado para enfrentar por igual halagos, amenazas y presiones.

        Pero entonces ¿de qué manera aspirábamos los latinoamericanos a cumplir esas altas expectativas, si nunca hemos reunido la voluntad de sanear nuestros sistemas judiciales, subordinados desde siempre al poder político por voluntad de las oligarquías dominantes? Y las consecuencias de ese vacío se ilustran con un ejemplo tico: al ceder ante la presión del gobierno y dar luz verde al TLC, nuestra Sala Cuarta rompió la exclusividad de jurisdicción consagrada en la Constitución del 49, para abrir paso a la intervención del CIADI y otros entes foráneos en el juzgamiento de los conflictos entre el Estado y los inversionistas y, por ende, al debilitamiento institucional de la Justicia y del propio Estado. Y eso mismo estaba ocurriendo en los demás países que formaron parte del funesto tratado, con la anuencia de sus políticos y de sus más altos tribunales.

        III. EL SISTEMA JUDICIAL COSTARRICENSE

        Mi experiencia de 70 años. Si no recuerdo mal, fue en 1952 cuando ingresé al Poder Judicial con el rango de Meritorio, lo que significaba trabajar medio tiempo de gratis en un Juzgado u otra dependencia. Me parece recordar que había ingresado a la Facultad de Derecho el año anterior, imbuido de grandiosos propósitos de Justicia; y me habían aconsejado practicar en un tribunal para ganar experiencia, lo que a la postre me aportó también un conocimiento del sistema judicial y sus estructuras ‘por dentro’.

        Mi trabajo en el Poder Judicial, que se prolongó por unos 19 años, y que por una parte me ofreció la oportunidad de gozar de la amistad y la guía paternal de don Fernando Baudrit y don Ulises Odio, también me permitió verificar las graves corruptelas del sistema, que era vertical y arbitrario, y había alimentado dos aberraciones: la costumbre de que los candidatos a magistrado, y los magistrados pendientes de la prórroga de su nombramiento debían peregrinar de puerta en puerta en los despachos de los diputados en la Asamblea Legislativa para pedirles sus votos; y también había alimentado especularmente la costumbre de que los candidatos a los juzgados hicieran similar peregrinación en las oficinas de los magistrados. Eso era justamente considerado por algunos como una negación radical de la independencia judicial, pero muchos lo justificaban como que era una solución derivada de la estructura misma del Estado, y como un mal menor, soportable.

        El caso era que, como sabemos, al igual que en toda América Latina, en Costa Rica habíamos recibido, de forma indirecta e inadvertida, el Modelo Napoleónico de la Justicia, como parte de un paquete que contenía las fórmulas francesas para el Derecho Privado y para el Derecho Público; lo que se explica en razón de la influencia decisiva que los modelos culturales europeos (y sobre todo los franceses) ejercían sobre nuestro Sub-continente.

        El tal modelo consistía en una pirámide verticalmente jerarquizada que, una vez adoptado por nuestro País a partir de la Constitución de 1859, presenta en su interior dos órdenes separados de judicatura:

        1) la judicatura superior, compuesta por los magistrados que integran la Corte Suprema, que acceden al cargo por virtud de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa (nombramiento con una deriva política); y

        2) la judicatura inferior (los jueces) nombrada entonces libremente por los magistrados y hoy delegada a un Consejo controlado por la misma Corte; con duración indefinida de los puestos en propiedad; pero con una escalera salarial que desató el frenesí de los permisos, en detrimento de la estabilidad y de la calidad del servicio.

        Cuando en un organismo complejo como el sistema judicial se establecen dos niveles en relación de subordinación, y el superior posee la potestad de gobierno sobre el sistema entero, sentirá siempre la tentación de usar su poder para distanciarse del inferior; y precisamente eso fue lo que ocurrió en Costa Rica sobre todo en los últimos 30 años, en los que vimos a la Corte Plena decretarse aumentos de sueldo hasta llegar a duplicar y triplicar los devengados por otros jueces; rodearse de lujos y comodidades que en muchos casos se extendían abusivamente a sus familiares; y en el plano funcional la vimos conformar gran número de comisiones administrativas variopintas y extrañas a sus originarias funciones judiciales; y en franco detrimento de estas últimas, que van quedando cada vez más en manos de suplentes y de letrados.

        Y aquí se empieza a producir un interesante pero perverso fenómeno de simbiosis entre algunos de los magistrados de la Corte y las cúpulas políticas, dirigentes y diputados de distintas fracciones y altos funcionarios gubernamentales; puesto que, por un lado, los magistrados sentían la necesidad de ser asegurados en sus cargos (y en algunos casos el apetito de saltar a ocupar vistosos ministerios), mientras que, por el otro lado, los políticos en funciones sentían la necesidad de garantizarse la impunidad, en caso de que llegaran a pescarlos con las manos en la masa.

        Y claro: para que ese ‘toma y daca’ fuera efectivo, era preciso tripular las magistraturas más estratégicas con gente dúctil o, como dijo un politicastro de cuyo nombre no quiero acordarme, gente “amigable con el clima de negocios”.

        Uno de los indeseables resultados de los nombramientos políticos que fueron produciéndose, cada vez que había una vacante estratégica, fue que en muchos casos se invistió del cargo a personas moralmente descalificadas o que habían sido eliminadas de las ternas, o personas con escasa o nula formación judicial, pero alineadas con uno o varios líderes políticos; funcionarios incapaces de dirigir una audiencia, pero listos para vender la Patria por un plato de lentejas.

        Otro resultado, igualmente deletéreo, ha sido la no promoción que se fue produciendo en la Corte Suprema, de muchos jueces comprobadamente mejores del sistema (por su preparación, laboriosidad, honestidad, capacidad), los cuales finalmente tuvieron que renunciar en vista de su constante postergación en las comisiones legislativas y en los plenarios.

        Y otro más de los malos resultados a consecuencia de nombrar a personas moralmente carentes o/y no avezadas en el cargo de magistrado ha sido que dichas personas se sienten inseguras en el mismo, y siempre van a temer quedar en evidencia frente a los experimentados jueces del nivel inferior; y entonces asumen actitudes hostiles que, con el tiempo, se ha ido traduciendo en políticas de acoso y hostigamiento contra los jueces, usando para ello la Inspección Judicial y aumentando el rango y la incidencia de las oficinas administrativas; con lo que ha ido creciendo en el ambiente judicial el número de los jueces, fiscales y defensores temerosos, inseguros y, especialmente en el caso de los jueces, agobiados por tareas administrativas ajenas y diversas de su originaria función de justicia.

        Y entonces, yendo a lo principal ¿quién responde por la calidad y celeridad de los servicios de justicia que la Constitución exige? ¿Y por el respeto a las instituciones que la Judicatura debe garantizar a la comunidad? ¿Y por la garantía de incolumidad de los derechos humanos que la Constitución y los Tratados exigen? Hay que decirlo con todas las palabras: el mantenimiento en estado deficitario de las esenciales funciones de garantía encomendadas a la Corte Suprema constituye una infamia que se renueva cotidianamente, y que lentamente envenena a la sociedad entera.

        Como consecuencia de las cosas que hasta aquí hemos considerado, la atmósfera que ha venido imperando dentro del sistema judicial ha sido de temor, enojo, frustración; no de optimismo, confianza, satisfacción. Como antes lo dije, en la interioridad de la conciencia es difícil que uno se proponga serenamente ser un juez justo, si se ha visto forzado a aceptar unas reglas del juego que conducen a soportar o tolerar un trato injusto contra uno mismo o contra otros: en tal caso uno, siendo juez, sabe que ha aceptado ser avasallado, y eso, si uno se respeta, le roe la conciencia perennemente. El secreto rencor, la decepción por el ideal traicionado, la inconformidad solapada y, en suma, el perenne disgusto, la pérdida de la salud y la infelicidad que todo esto provoca, constituye una masa creciente de animosidad que se va a manifestar directa o indirectamente con expresiones de desánimo y pesimismo, cuando no de cinismo, oportunismo y canibalismo; todo ello caldo de cultivo para la corrupción. Y, por supuesto, con rendimientos crónica y persistentemente decrecientes en el servicio de la Justicia.

        Según resulta del informe preparado por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial con fecha 16 de junio de 2023 y publicado por “crhoy.com” el día siguiente, los efectos de esa atmosfera disolvente y desmoralizante que ha imperado por mucho tiemplo entre los operadores de justicia, no habían sido advertidos sino hasta el 2018, año en el cual un diagnóstico situacional realizado para formular el Plan Estratégico Institucional evidenció la existencia de:

        “…un deterioro en la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y que se ha visto en situaciones como: Aumento de casos en el Programa de Adecuación Laboral, producto de las pérdidas físicas y/o cognitivas de las personas. Aumento en las suplencias por incapacidad. Incremento en pago anual de la póliza de riesgos laborales. Disminución de la capacidad productiva de las personas y oficinas judiciales. Fuga de talentos por condiciones de trabajo poco atractivas…”

        Según ese mismo Informe, datos consultados a la Unidad de Medicina y a la Unidad de Atención Psicológica Individual revelan que, al menos desde 2015 hay diagnósticos de estrés, ansiedad y depresión ¡en cientos de funcionarios judiciales!

        Si a esa situación, ya de por sí agobiadora, se suma el impacto causado por la reforma jubilatoria y de pensiones puesta en vigor con la Ley 9544 de 5 de junio de 2018, cuyos efectos profundos fueron debidamente identificados en el referido análisis (“…al darse una extensión de la permanencia de las personas trabajadora en su trabajo y verse variadas las expectativas al aumentar la edad a rangos superiores a 55 años. Eso tuvo implicaciones tanto de salud, por el desgaste físico y emocional de esta población, como por el desajuste psicológico que produce el cambio de las condiciones laborales, que aumentan considerablemente el tiempo de años de servicio…”), no tiene nada de extraño que desde la entrada en vigencia de esa reforma hasta la fecha del informe reproducido por “crhoy.com”, SETECIENTOS CINCUENTA funcionarios habían dejado el Poder Judicial, renunciando a sus puestos en el mismo. Y llenar las vacantes con personas idóneas está costando cada vez más.

        Sin embargo, los funcionarios judiciales no deben caer en la trampa de creer que sus problemas nacieron con la Ley 9544. Por el contrario, deben tener claro que la situación provocada por dicha Ley, siendo injusta y grave, es sólo la agudización de un conjunto de problemas más antiguos y de mayores dimensiones, originados en el desequilibrio estructural del entero sistema de justicia que he tratado de ilustrar en estas páginas.

        Costa Rica debe cambiar su Poder Judicial en el sentido de eliminar toda clase de jerarquías entre los operadores judiciales, incluyendo, por supuesto, a los actuales magistrados; y eliminando toda injerencia política en el nombramiento, promoción y remoción de todos ellos, particularmente, por supuesto, en el caso de los actuales magistrados.

        Lo principal sigue siendo que Costa Rica necesita, hoy más que nunca (en todos los niveles, pero sobre todo en los niveles superiores), jueces, defensores y fiscales cultos, honestos e independientes, estables y justamente remunerados, capaces de juzgar imparcialmente y sin temor los actos provenientes de los poderes políticos y fácticos, a fin de preservar la institucionalidad y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas.

        Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad – Walter Antillón

        Escrito en . Publicado en Trabajo.

        Invitación del Ciclo de conferencias 80 años Del Código de Trabajo

        Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad, Dr. Walter Antillón Montealegre Premio Rodrigo Facio Brenes 2022, catedrático UCR.

        Conferencia Presencial con transmisión por Comunica – Territorios Onda UNED.

        Jueves 22 de junio 05:00 p.m.

        Sede San José contiguo al Boliche Dent.

        La insoportable levedad del derecho internacional

        Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

        Walter Antillón

        • Lo que sigue es sólo un primer esbozo que me he permitido hacer, para explicar y explicarme los sucesos que venimos padeciendo en el campo de las relaciones internacionales. Como no cultivo especialmente la materia, ignoro si las ideas expuestas son sólo una mala repetición de cosas archi-discutidas por los estudiosos, ya refutadas y olvidadas. Quiero correr ese riesgo porque, como dicen, ‘la ignorancia es atrevida’; y porque estimo que se trata de un tema que todo ciudadano debe abordar con los recursos, pocos o muchos, de que disponga.
        • Para empezar, veo el Derecho Internacional Público como una forma de experiencia jurídica que, por debajo de las declaraciones retóricas de los tratados, continúa dominada por una actitud depredadora que es básicamente la misma desde el Neolítico hasta la Postmodernidad, desde el caudillo cavernícola hasta los ‘emprendedores’ transnacionales de hoy; una perspectiva en la que ‘el otro’, ‘el extraño’ (el samnita o el galo para los romanos; el indio o el negro para los europeos; el subdesarrollado para el G-7) es visto como presa: un objeto, al igual que las tierras y las riquezas que lo rodean. El Derecho Internacional no prospera, ni como doctrina ni como institución, porque sus soluciones han sido pensadas a conveniencia del depredador: la llave de la justicia internacional ha estado siempre, o ha terminado por caer en manos del lobo, sin que al final se imponga la razón de las ovejas.
        • Y es por eso que, a mi modesto entender, el ‘Derecho Internacional Público’ ha sido, hasta ahora, no un instrumento para la prosperidad y la paz entre los pueblos, sino una disciplina con la que desde el inicio de la Edad Moderna se ha tratado de regular los precarios equilibrios de las relaciones entre las clases gobernantes de los diferentes Estados. Desde el Tratado de Westfalia de 1648, que fue un convenio entre reyes, hasta los modernos TLC impulsados por los Estados Unidos (que son a su vez, en el mejor de los casos, convenios entre empresarios avalados por los gobiernos a costa de los recursos humanos y materiales de los pueblos); han prevalecido y todavía prevalecen los intereses privilegiados por las cúpulas gobernantes, y la voluntad y los intereses populares han brillado por su ausencia.
        • Este déficit constante de democracia en el campo internacional explicaría, según la tesis que adelante expondré, la debilidad crónica de las instituciones jurídicas internacionales (convenios, estatutos, organizaciones de distintos tamaños) fatalmente pisoteadas por las grandes potencias cuando obstaculizan sus intereses.
        • El flamante Derecho Internacional jusnaturalista y jusracionalista (Vitoria, Grocio) no impidió en su momento (al contrario, lo justificó en algunos casos) el ilícito reparto colonialista del Mundo por parte de las monarquías europeas (primero España y Portugal, luego las otras); ni posteriormente las agresiones anglosajonas, holandesas y francesas a la India, al Imperio Chino, a los reinos de Indochina, al Japón, etc.; ni la ocupación norteamericana de México, Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas; ni el despojo de las regiones petroleras del Oriente Medio a través de los ‘protectorados’ de Inglaterra y Francia. Ni la sangrienta violación de las normas de Naciones Unidas por parte de los gobiernos de Bush, Blair y Aznar. Ayer y hoy, los principios proclamados por el Derecho Internacional han sido sistemáticamente sobrepujados por la fuerza, que dice la última palabra.
        • ¿En qué clase de mundo vivimos, para que las cosas sean así? La explicación que propongo como respuesta no es original, sino que ha sido repetida desde hace años por muchas personas; pero creo que es válida y merece que se la tome en cuenta en un momento particularmente desalentador como el que vivimos. Dicha explicación pasa por el examen de ciertas etapas de la Historia política y económica de la Humanidad, así como por las desafortunadas peripecias de la aplicación del Derecho Internacional a los conflictos que han involucrado a las potencias, todo lo cual intentaré resumir en lo que sigue, para concluir con algunas observaciones que someto a la consideración de los estudiosos.

        PARTE I. LA ECONOMÍA

        • Evolución de la empresa de negocios: del colonialismo a la globalización: emergencia de los verdaderos sujetos del Derecho Internacional postmoderno.
        • La colonización de regiones lejanas descubiertas por los europeos a partir del Siglo XV, en el caso de las primeras iniciativas (debidas a las coronas española y portuguesa), fue acometida por los propios Estados; después, las acciones colonizadoras fueron llevadas a cabo por ciertos entes públicos descentralizados que eran las famosas Compañías de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales, en los Siglos XVI y XVII. Pero en el ínterin se va desarrollando más y más la empresa de negocios de capital privado, en la forma inicial de manufacturas y sociedades mercantiles; empresa que va a recibir un impulso definitivo en el Siglo XIX con la revolución industrial y con el Liberalismo surgido después de la Revolución Francesa. Todo lo cual conduce al nuevo colonialismo que busca las materias primas baratas, y cuyos protagonistas van a ser, en el Siglo XIX, principalmente Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, y posteriormente Rusia, Estados Unidos, Alemania e Italia.
        • Aparentemente se trataría de actividades colonizadoras de los Estados, pero lo cierto es que las mismas responden a los intereses de los grandes banqueros, comerciantes e industriales de dichos Estados, en su dura competencia por acceder a las materias primas que se encontraban precisamente en los países colonizados. En esa forma se procede a la ocupación y explotación de gran parte de Asia, África, Oceanía y la región del Caribe no dependiente de España, por parte de Inglaterra, Holanda, Francia y Bélgica, dándose entonces un proceso de creciente interpenetración entre política y economía, es decir, entre las cúpulas gobernantes y las cúpulas empresariales; y de manipulación del aparato estatal para la consecución de objetivos económicos.
        • Por lo demás, se trata de un estilo que muy pronto fue adoptado dentro del mundo capitalista, tanto del centro como de la periferia. Porque, en efecto, la historia del mundo occidental en el último siglo y medio nos muestra cada vez más frecuentemente la concurrencia, en la persona del gobernante, de su titularidad política con su posición en el mundo de los negocios; y la utilización del poder político que como funcionario le compete, en beneficio de los grupos económicos allegados o afines.
        • Como bien lo expresa el Profesor Lelio Basso: en aquel momento histórico del Estado liberal, ‘…no obstante las doctrinas del‘laisssez faire, laissez passer’, o de la ‘free enterprise’, el Estado siempre intervino en el desarrollo de la economía nacional, empleando en los primeros tiempos el arma aduanal (…), el arma fiscal, la creación de infraestructuras -ferrocarriles, carreteras, puentes-, los pedidos a las industrias, la política exterior (para imponer a otros países la apertura de sus fronteras), etc.” (‘El despertar de los pueblos’; Forlì, 1980, pág. 353).
        • (Sobre ello puede verse también, entre otros, Massimo Severo Giannini: ‘Derecho Público de la Economía’; Boloña, 1977).
        • Por otra parte, el desenvolvimiento que ha tenido el sistema capitalista a lo largo del Siglo XX; que ha condicionado un notable aumento de la producción económica y un desarrollo sin precedentes de la tecnología, así como también ha propiciado el crecimiento y la transnacionalización de un centenar de fortunas colosales, y la correlativa marginación de gran parte de la población mundial, a la vez ha fomentado, a la par de la globalización neoliberal, una cultura de exacerbado individualismo; y ha terminado por afectar profundamente la estructura, la función y el peso mismo de los Estados dentro de la comunidad mundial (ver: C. B. Macpherson: “La teoría política del individualismo posesivo”, Fontanella, Barcelona, 1970; Álvaro Montero Mejía: “La globalización contra los pueblos”, Juricentro, San José, 1998; Helio Gallardo: “Política y transformación social”, Tierra Nueva, Quito, 2000).

        El caso de los Estados Unidos

        • Por razones propias de su historia y desarrollo interno y a pesar de su temprana vocación imperialista, los Estados Unidos llegan tarde al reparto colonial de Asia y África, que ya había sido efectuado por parte de las potencias europeas. Sus anexiones del territorio mexicano en 1846, y su guerra con la decadente España en 1898 les permitieron primero expandir enormemente sus fronteras, y después apropiarse de Puerto Rico y de las Islas Filipinas, y ejercer un dominio político en Cuba (la Enmienda Platt, la Base de Guantánamo). Tales fueron algunas de las condiciones, junto a episodios frecuentes de durísima represión de su propio pueblo, para lograr las colosales dimensiones de su desarrollo interno, que los lleva, ya a fines de la Primera Guerra Mundial, al rango de gran potencia; y a fines de la Segunda, a ser la primera economía del Mundo. Y este engrandecimiento se completa cuando, a fines del Siglo XX, se derrumba la Unión Soviética y se desmorona el bloque de los países socialistas (acerca de todo esto véase, de Howard Zinn: La verdadera Historia de los Estados Unidos. Editorial Siete Cuentos, versión en Kindle, 2011).
        • Por otra parte, su designio de sujetar a los países del Tercer Mundo y, en particular, los de América Latina, bajo su poder e influencia no adoptó, de momento, las formas brutales del viejo colonialismo europeo, sino la de un proceso que mezcla puntuales acciones armadas, una paulatina penetración financiera por parte de sus empresas bancarias y de inversiones, para concluir en la actual situación de dependencia económica de dichos países; lo cual hace visible desde mediados del Siglo XX una creciente hegemonía política por su parte, consolidada principalmente por la vía del control financiero y de las inversiones de sus multinacionales. Se trata de aquella antes mencionada simbiosis entre política (el Gobierno USA) y economía (las grandes transnacionales) que constituye la forma postmoderna de ejercicio del poder: la nueva Razón de Estado. Sobre ello nos ilustra Lelio Basso:
        https://surcosdigital.com/suscribirse/

        “…Es en esta perspectiva en la que debe entenderse hoy el papel de las multinacionales. Hasta antes de la (Segunda) Guerra, el gran capital se ocupaba sobre todo de las relaciones con el poder político de su propio Estado. No faltaban, por cierto, formas imperialistas, pero el fenómeno de las sociedades multinacionales todavía no había alcanzado las proporciones macroscópicas de hoy. En el momento actual, es conforme a la lógica del sistema que las sociedades que operan en muchos países deban tratar de asegurarse el máximo de poder y de dominio sobre el gobierno de dichos Estados. En efecto, es obvio que cuando una transnacional invierte en otros países para el disfrute de materia prima, productos agrícolas, etc., sobre todo si invierte las enormes sumas que la tecnología moderna requiere, y construye instalaciones cuya reditualidad empezará después de muchos años, no puede no preocuparse, de acuerdo con la lógica de las ganancias, de contar con un gobierno que le asegure una estabilidad de condiciones en aquel país: mano de obra barata, sindicatos domesticados o inexistentes para impedir las huelgas u otras formas de lucha salarial, supresión o manejo de las elecciones para eliminar toda posibilidad de sorpresa o de cambio, libertad de transferencia de las ganancias y el máximo de tolerancia de los fraudes fiscales…” (Obra citada, pág. 354)

        Los hechos recientes.

        • Después de conseguir la ruina económica y el desarme de un Irak bombardeado y vencido en la Guerra del Golfo de 1991, el gobierno USA, invocando la destrucción de las Torres Gemelas ocurrida el 11 de Setiembre de 2001, inicia una cruzada contra el terrorismo, que incluye una invasión armada contra los Talibanes que gobiernan Afganistán (para derrocar su gobierno, y capturar a Osama Bin Laden); y guerras preventivas contra una serie de Estados que conformarían lo que Bush llamó ‘el Eje del Mal’.

        El ejército norteamericano captura en Afganistán a un gran número de jóvenes combatientes a quienes les atribuye ser talibanes o miembros de Al Quaeda, y los confina en la base militar de Guantánamo, sometiéndolos a fuertes apremios y vejámenes, y negándoles la condición de prisioneros de guerra y los derechos inherentes a dicha condición.

        En el 2002 el gobierno USA acusa a Sadam Husein de desarrollar y poseer armas de destrucción masiva, de tiranizar a su pueblo, de conformar ‘el Eje del Mal’, al lado de otros regímenes, y de complicidad con Al Quaeda en la destrucción de las Torres Gemelas.

        En 2002 el gobierno Bush inicia una ofensiva diplomática para inducir a los miembros de la ONU a acompañarlo en una guerra ‘preventiva’ contra Sadam, a fin de derrocarlo, eliminar su foco terrorista y restablecer la democracia en Irak. Para conseguir votos, presiona y chantajea a muchos Estados pobres de Europa y el Tercer Mundo.

        Con excepción de algunos gobiernos, la abrumadora mayoría de los miembros de la ONU desaprueba la propuesta de Bush; Francia, Rusia y China amenazan con el veto en el Consejo de Seguridad; y prácticamente la totalidad de los pueblos de la tierra, incluyendo al norteamericano, se vuelcan en manifestaciones masivas de rechazo a las pretensiones del gobierno USA.

        La pandilla de Bush (Rundfeld, Condoleeza, Powell, etc., y el propio Presidente) se mofa de Francia y de Alemania, y de Europa en general; satiriza a la ONU, y con el apoyo del Reino Unido y España, declara que invadirán Irak de todas maneras, a fin de derrocar a Husein, tomar su armamento de destrucción masiva y establecer la democracia en el país.

        En efecto, en ejecución de lo anunciado, los ejércitos norteamericano e inglés bombardean e invaden Irak, ocupando militarmente todo su territorio y estableciendo un gobierno y una administración bajo el mando norteamericano.

        Bush y su grupo declaran la intención de que su ejército permanezca en Irak todo el tiempo que juzguen necesario; y adjudican las más importantes obras de reconstrucción entre una serie de multinacionales afines a su gobierno.

        Con posterioridad a dicha ocupación, USA obtiene que la ONU apruebe colaborar en las tareas de reconstrucción y normalización. España, Italia, Polonia y otros países (entre los que se cuentan algunos latinoamericanos) enviaron pequeños contingentes de tropas con ese objetivo. Después vino el retiro de España y los cuantiosos esfuerzos por normalizar y pacificar Iraq, hasta ahora infructuosos, y con altísimos costos humanos y materiales. Pero Bush no quiere saber nada de retirarse de Iraq, a pesar de las presiones y las críticas que le llueven de todos lados. Antes bien, prepara nuevas acciones.

        Porque en efecto, de nuevo, en estos momentos, los medios de comunicación nos informan diariamente acerca de la supuesta amenaza que constituye Irán para la paz mundial con sus programas de enriquecimiento de uranio; y han hecho coro tomando a Irán como un peligro para la Paz Mundial. Pues bien, los expertos apuntan que se trata de otra «muerte anunciada» en la cruzada de Bush contra el famoso «Eje del Mal»; esta vez con la participación activa de Israel.

        • Se nos dice (sostiene Wim Dierckxsens: En defensa de la Humanidad) que no se trata de una guerra con Irán, sino de una operación militar para el mantenimiento de la paz. Los informes de prensa, aunque revelan algunas características de la agenda militar, sirven en gran parte para distorsionar la naturaleza más amplia de la operación militar, que incluye el uso preventivo de armas nucleares tácticas. La desinformación mediática ha sido ampliamente utilizada para ocultar las devastadoras consecuencias de una acción militar que haga uso de ojivas nucleares contra Irán. El hecho que esos ataques quirúrgicos serían realizados utilizando tanto armas convencionales como nucleares, no forma parte de la discusión. Hacer el mundo más seguro es la justificación utilizada para una operación militar que podría conducir a un holocausto nuclear. El hecho que EU e Israel planifiquen un holocausto nuclear en Medio Oriente no forma parte de la agenda mediática contra la guerra (Chossudovsky, Guerra Nuclear contra Irán, www.rebelión.org. 10 de Enero de 2006: 2-4).
        • De nuevo está a prueba, con pronóstico muy reservado, la Organización de las Naciones Unidas. Los inspectores de su Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que trabajan en Irán desde hace más de dos años en todos los lugares bajo sospecha no han detectado, hasta el momento, ninguna infracción (Ria Novosti, Argenpress 19/01/06). Los hechos muestran que no existe tal programa y no existe ninguna evidencia de lo contrario. La conclusión de Mohammed el-Baradei como jefe de la AIEA, es que Irán no tiene un programa de armas nucleares. Pero todo parece indicar que lo que tienen en mente los EE.UU. e Israel es prescindir del criterio de la AIEA , ya que la decisión de un ataque nuclear está tomada. El camino a la guerra no se podrá detener con hechos (Mike Whitney, “Why Iran will lead to World War 3”, globalresearch.ca19 de enero de 2006).
        • Hemos podido ver en estos días que varios países europeos han comenzado a redactar un proyecto de resolución en que le piden a la AIEA referir el caso de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. El borrador de la resolución no llega a pedir que se le impongan sanciones a Irán, como quieren Estados Unidos y sus aliados: se limita a exhortar al Consejo a presionar a Irán para que «preste una cooperación total y rápida a la agencia» en su investigación de actividades nucleares sospechosas. Es posible que, en esos términos, lo aprobarán incluso Rusia y China.
        • Pero ¿será suficiente para Estados Unidos? ¿no viviremos de nuevo los bochornosos episodios que precedieron a la invasión de Iraq? Porque, según los expertos (citados por Dierckxsens), fuentes militares y de inteligencia están informando sobre varios hechos que indican que está en las fases finales un ataque militar norteamericano sobre instalaciones nucleares iraníes.
        • Estos hechos nos dan nuevo testimonio de aquella cruda realidad que venimos afirmando: en las altas esferas del poder, ahora, como en los tiempos de Luis XIV, los poderosos (aunque aduciendo en cada época diferentes argumentos) actúan impunemente por encima del Derecho Internacional.
        • PARTE II. LOS INSTRUMENTOS JURIDICO-PENALES DEL DERECHO INTERNACIONAL

        Las represalias contra el vencido

        Al terminar la Primera Guerra Mundial, los victoriosos franceses e ingleses se mostraron decididos a acusar y castigar al ex-Emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, por el crimen internacional de agresión bélica. A ello se opuso, entre otros, el célebre publicista profesor Vittorio Emanuele Orlando, entonces primer ministro de Italia, alegando precisamente que para el caso en cuestión no existía una norma jurídica anterior que previera el delito, ni la pena, ni el tribunal competente. Es decir, el Profesor Orlando invocando para el caso la aplicación de los principios de tipicidad (nullum crimen, nulla poena) y del juez natural, ponía en evidencia el déficit de tipo, de pena y de jurisdicción existente en el Mundo Occidental respecto de los ilícitos regios.

        Y aunque los argumentos jurídico-penales del Profesor Orlando no prevalecieron, porque las potencias victoriosas se negaron de momento, rotundamente, a aplicar las garantías del derecho penal común al nivel de lo regio (todavía entonces, el único delito que un rey podía cometer era ser derrotado), lo cierto es que poco después, en el Tratado de Versalles, se incorporaron las primeras figuras delictuosas que podrían ser atribuidas a los jefes de Estado con ocasión de la guerra. Y así, el artículo 227 de dicho Tratado describe como delitos los actos que constituyan

        “…ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los tratados…”

        El Protocolo de Ginebra de 1924 declara que

         “…las guerras de agresión constituyen un delito internacional…”

        y en el Pacto Briand-Kellog firmado en Paris en 1928, todos los países europeos (Alemania incluida) condenaron el recurso de la guerra para la solución de los conflictos, y se comprometieron a utilizar para ello los medios pacíficos.

        El proceso de Nuremberg y la normativa de la ONU

        Pero está claro que tales descripciones, con ser tan genéricas, aunque preveían figuras de violación de tratados como las que después cometerían los gobiernos del Eje (Alemania, Italia y Japón), no podían cubrir los actos de salvajismo indescriptible perpetrados contra personas individuales, etnias y grupos políticos, por los nazis y los japoneses antes y en el curso de la Segunda Guerra Mundial.

        En cuanto a la agresión bélica de un Estado contra otro, el acuerdo de Londres del 8 de Agosto de 1945, institutivo del Tribunal Internacional de Nuremberg, lo incluyó como un delito internacional entre los crímenes contra la paz, tipificándolo en su Artículo 6, en los siguientes términos:

        Inciso a):

        “…la planificación, la preparación o el desencadenamiento de una guerra de agresión, o de una guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos o entendimientos, o bien la participación en un plan criminal común dirigido a perpetrar uno de los actos arriba mencionados…”

        Inciso b):

        “Violaciones de las leyes y de los usos de la guerra. Tales violaciones comprenden, pero no exclusivamente, el asesinato, los malos tratos y la deportación forzosa de trabajadores u otros elementos de la población de los países ocupados; el asesinato y los malos tratos a los prisioneros de guerra o a personas en el mar; el homicidio de rehenes; el saqueo de propiedades públicas y privadas, la destrucción injustificada de ciudades y villas; y las devastaciones no justificadas por necesidades militares…”

        Inciso c):

        “…Delitos contra la Humanidad: y precisamente asesinato, exterminio, reducción a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra; persecuciones por motivos religiosos, raciales o políticos en ejecución o en conexión con alguno de los delitos comprendidos en la jurisdicción del Tribunal, sean o no en violación de las leyes vigentes en el País en el que tales persecuciones tuvieron lugar…”

        Sabemos que el proceso de Nuremberg, realizado por fiscales y jueces nombrados por las potencias victoriosas, se llevó a cabo en la ciudad de ese nombre, entre Setiembre de 1945 y Setiembre de 1946, contra veintidós personas, entre militares y políticos, que habían ocupado cargos importantes en el gobierno de Hitler. Tres de ellos fueron absueltos, cuatro recibieron penas de prisión entre diez y veinte años; otros tres recibieron cadena perpetua; y los restantes fueron condenados a morir en la horca.

        La opinión mundial se dividió entre los que, esgrimiendo diferentes argumentos, aceptaban o rechazaban el proceso de Nurenberg. Podemos decir, en general, que los primeros se apoyaban en consideraciones de justicia material, mientras que los segundos invocaban conocidos principios de Derecho Penal liberal vigente en sus propios países, del tipo ‘nullum crimen, nulla pena’, etc., concluyendo que en el fondo se trataba de un acto de venganza, y no de justicia. A propósito, alguien dijo con toda lógica que si Alemania hubiera ganado la guerra, habría podido juzgar a los políticos y generales norteamericanos por los masivos bombardeos desencadenados sobre sus ciudades, sin ninguna consideración por la vida de los civiles, que murieron por centenares de miles. Trabada la contienda bélica, la crueldad sin límites estaba en ambos lados; la diferencia la puso el incalificable genocidio judío de parte de los nazis, que fue un verdadero exterminio de personas no beligerantes, simplemente por sus caracteres étnicos.

        El Derecho Penal de la ONU y la delincuencia de las superpotencias.

        Como era de esperar, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la revelación de sus horrores llevaron al concierto de los países del Mundo a la instauración de la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo Estatuto se contienen principios y normas relacionadas con la guerra y la paz.

        En efecto, en el Estatuto de la ONU (Preámbulo, artículo 1º, etc.) la paz es considerada el bien jurídico supremo, de manera que los Estados miembros tienen el deber (artículo 2; párrafos 3 y 4) de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, y de abstenerse del uso de la fuerza, el cual sería entonces monopolio del Consejo de Seguridad (artículo 24).

        Por otra parte hay que tener presente que en el sistema jurídico de la ONU nunca ha predominado completamente un régimen de derecho aplicable a todos por igual. Comparado con el pasado, ciertamente la ONU trajo un visible progreso en la materia, pero la estructura misma de la organización, con el enorme poder acordado institucionalmente a las grandes potencias, presentaba un cuadro donde campeaban notorias asimetrías, anticipo seguro de los grandes abusos e injusticias que hemos presenciado en estos casi 60 años de historia del organismo.

        Ya decíamos arriba que el derecho penal, desde sus orígenes, ha supuesto la existencia de una autoridad incontrastable, capaz de dar efectividad a las decisiones de los jueces acerca del delito, el delincuente y la pena. En el seno de la ONU se ha comprendido, cada vez con mayor claridad, que no puede haber verdadera justicia entre las naciones ni entre las personas, mientras no exista un derecho penal de aplicación general, constante y segura, frente a las conductas de los gobernantes, sea cual fuere el Estado o la organización que representen. La Corte Penal Internacional es precisamente el fruto del esfuerzo de la gran mayoría de los Estados miembros en esa dirección.

        El Estatuto de la CPI contiene un conjunto de normas y principios jurídicos dirigidos a la instauración de tribunales y procesos jurisdiccionales competentes para conocer de determinados delitos, especialmente graves, contra los pueblos, a saber, los artículos 5, 6, 7 y 8, en los que se incluyen y tipifican los delitos de:

        Genocidio,

        Lesa humanidad,

        Criminalidad bélica y

        Agresión; aunque (y es un síntoma ominoso) la definición de este último ilícito, así como las condiciones en que se produzca, se reserva para ser aprobada posteriormente, de conformidad con los artículos 121 y 123 del Estatuto de la Corte.

        Los delitos imperiales y el espectro del Derecho Penal Internacional.

        Con ocasión del atentado a las Torres Gemelas y lo que vino a producirse después en Afganistán, en Irak y en seno de la ONU, hemos sido testigos de una deplorable regresión en las relaciones internacionales, por la cual el gobierno del Presidente Bush ha conseguido sin mayor esfuerzo ponerse por encima del Derecho Internacional y se ha postulado prácticamente como el árbitro de los destinos de todos los pueblos de la Tierra, descalificando a la ONU como un mecanismo anticuado e inservible.

        En efecto, con sus actuaciones en Afganistán y en Irak, Bush y su equipo han incurrido claramente en conductas que significan recurrir al uso de la fuerza en forma injusta y unilateral contra Irak, que también es miembro de la ONU, violando lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, inciso 4) de la Carta de dicha Organización; y en conductas que, si les fuera aplicable la normativa de los artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, constituirían modalidades de genocidio, crímenes de lesa Humanidad y crímenes de guerra. Pero ¿alguien ha planteado la denuncia de tales delitos? ¿Dónde estaban los baluartes de la justicia y la legalidad internacionales?

        En cambio, en el caso de los aliados de los Estados Unidos en esa guerra de agresión contra Irak, los gobiernos de España y el Reino Unido, dicha normativa se les aplica plenamente, puesto que ambos han ratificado el Estatuto de la Corte. Sin embargo, no ha prosperado, en el seno de la ONU ni de la CPI, ni en ningún otro foro internacional, una iniciativa para que los titulares de los órganos responsables de aquellas decisiones sean juzgados por los ilícitos cometidos.

        Además, los tres Estados mencionados, siendo miembros de la ONU, desaplicaron con manifiesta arrogancia las normas del artículo 25 de la Carta, así como lo dispuesto en los Capítulos VI y VII de la misma, que establecen la competencia exclusiva del Consejo de Seguridad en el manejo y solución de los conflictos surgidos entre sus miembros. Sin embargo, ni siquiera han recibido una condena simbólica de parte del Consejo o de la Asamblea General.

        Limitándome al caso de los Estados Unidos, que es de lejos el inspirador y el principal ejecutor de los atropellos, creo que las claves para una explicación pueden estar en la combinación de dos factores: uno estructural y el otro coyuntural.

        Es archisabido que el factor estructural en el caso de los Estados Unidos es el designio de las poderosas transnacionales del petróleo y los armamentos, estrechamente relacionadas con Bush, su familia y el grupo que lo rodea en el gobierno, de avanzar hacia el control y manejo de la economía del Planeta: el control militar de Afganistán por parte de USA y sus aliados les permite afianzar sus intereses en los países productores del petróleo del Mar Caspio, antiguas repúblicas Soviéticas; y el control del poder y del petróleo iraquí les permite culminar prácticamente su señorío en el corazón del Cercano y Medio Oriente, logrando así ventajas definitivas sobre las economías de la Unión Europea, Rusia, Japón y China.

        Es igualmente plausible la hipótesis de que el factor coyuntural es el Mesianismo y el Providencialismo Cristiano que han abrazado muchos de los miembros del grupo que rodea a Bush, y él mismo, en lo personal. Según estas doctrinas, que vienen a reforzar la vieja ideología del llamado ‘Destino Manifiesto’, sustentada por grupos de la élite derechista norteamericana, el Siglo XXI será “el Siglo de América” (ellos se autodenominan ‘América’); es decir, se trataría de la era del dominio mundial por parte de la potencia estadunidense: una variante fascistoide de aquella mixtificación del protestantismo capitalista estudiada por Max Weber (en su clásico libro “La ética protestante y el espíritu del Capitalismo”; Península, Barcelona, 1969) según la cual es un deber cristiano trabajar duramente en la profesión de cada uno; y la riqueza y el poder alcanzados en la Tierra por ese camino constituyen una señal divina de salvación. En consecuencia, el éxito económico y político transnacional de la poderosa comunidad presbiteriana a la que pertenecen el Presidente y sus halcones tiene un firme respaldo religioso y aporta una justificación completa a la misión de construir “el Siglo de América”, no en beneficio de las personas; ni siquiera del norteamericano común, sino de las poderosas transnacionales

        Bush y la ‘Razón de Estado’ como coartada: En consecuencia, la necesidad de defender ‘América’ (es decir, los Estados Unidos), país considerado como la más alta realización de la democracia y la libertad, constituyen la ‘razón de Estado’ invocada por el gobierno Bush. La identificación entre ‘América’ y el binomio ‘libertad-democracia’ le permite postular los intereses de los Estados Unidos como si fueran los intereses del ‘Bien’, en términos absolutos, contra el ‘Mal’: le permite postular la ‘razón de Estado’ como ‘razón universal’.

        Contra la amenaza ‘del Mal’ representada por los países calificados de terroristas (Irán y Corea del Norte), todos los demás Estados de la Tierra deben alinearse en la ‘cruzada’ de Bush y su pandilla. No hay término medio: el que no está con ‘América’, está ‘contra la libertad y contra la democracia’; está a favor del Mal, y debe correr con las consecuencias.

        De esta manera trata Bush de allanar toda resistencia a su ‘guerra contra el terrorismo’, que es una mera pantalla para disimular el progreso de los intereses de las grandes transnacionales, de capital predominantemente norteamericano (pero esto no es esencial), al que su familia y su grupo de gobierno están ligados. Se trata de la más acabada forma de la arrogancia del poder de los últimos tiempos (más grave, incluso, que la de Hitler), que nos pone de nuevo, a la vuelta de los siglos, ante una versión moderna, disfrazada bajo un discurso pseudo-democrático, de la ‘Ley de la Selva’. Ahora le toca el turno a Irán; y de nuevo aquella arrogancia y aquella arbitrariedad colocará al Planeta al borde del precipicio.

        El derecho internacional ha logrado a veces algunos buenos resultados en los casos que afectan exclusivamente los intereses de países pequeños, pero ha fallado constante y repetidamente en los asuntos en que están involucrados los intereses de los poderosos de la Tierra. Muchos internacionalistas suelen reconocerlo así, pero no logran ofrecer explicaciones plausibles ni soluciones aceptables, y con frecuencia se encierran en un silencio resignado. Recordemos que esa lamentable situación ha llevado por ejemplo a Kelsen a afirmar, a guisa de explicación-justificación, que el derecho internacional es un ‘derecho primitivo’, para no tener que decir en voz alta que, de acuerdo con los postulados de su doctrina, el derecho internacional no llega ni siquiera a ser ‘derecho’ en sentido estricto (Principios de Derecho Internacional Público; Buenos Aires, 1965; pág. 19).

        Pero esta última crisis del Derecho Internacional a que nos estamos refiriendo, cuyo último, fatal episodio podría desencadenarse próximamente, no es de naturaleza jurídica, sino que, al igual que muchas otras anteriores, es de naturaleza política: el postulado clásico, que nunca pasó de ser una ficción, de la igualdad jurídica de los Estados (es decir, la igualdad efectiva de los sujetos por excelencia del derecho internacional) ya no se puede sostener. Está a la vista que lo que resuelve las disputas internacionales es el poder efectivo, no el derecho. Y entonces la clave de solución de los conflictos de competencia del derecho internacional está en determinar quién tiene mayor poder. El Protocolo de Kyoto es un ejemplo muy claro. No se trata de un problema jurídico, sino de una confrontación entre el poder de la Unión Europea, de Rusia y de otros grupos regionales y el poder de los Estados Unidos.

        La impotencia de las potencias.

        La impotencia de las potencias es de carácter jurídico, debida al adefesio de la ONU, pero sobre todo es de carácter moral: las llamadas potencias son impotencias morales: no tienen cara en la que persignarse.

        Frente a tanta inoperancia no se tiene una respuesta ni medianamente vigorosa en los sectores más significativos de la comunidad internacional. Porque, siendo cierto que Francia, Rusia y China anunciaron la posibilidad de ejercer el veto si el Consejo de Seguridad aprobaba la guerra contra Irak; y que Alemania negó su apoyo a la iniciativa de Estados Unidos en esa dirección, también lo es que, después de concluida la invasión estadunidense de dicho país, en cuyo transcurso se escarneció a la ONU y se socavó gravemente la confianza general en su papel mediador y pacificador, todos aquellos dignos países aceptaron los hechos consumados e iniciaron el camino a una colaboración con los Estados Unidos y los demás conculcadores del Derecho Internacional. ¿Quién defendió a la ONU, aunque solo fuera en el terreno moral? ¿Qué nos espera, cuando se desencadenen agresiones de mayor escala?

        Porque, en lo que se refiere a los gobiernos de Francia y Alemania, es conocido que su oposición a la invasión de Irak por los Estados Unidos estuvo motivada por sus fuertes intereses económicos en dicho país, y, en general, en el Oriente medio: no se trataba, lamentablemente, de la defensa de los fundamentos morales de la cultura occidental y cristiana, ni mucho menos de los principios del Derecho Internacional.

        Aún en aquellos momentos en los que fueron palpables las violaciones de los derechos fundamentales de los prisioneros en Guantánamo y en las cárceles iraquíes ¿quién intentó el enjuiciamiento de los transgresores? ¿Qué han hecho al respecto el Secretario General y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿en qué quedó el Derecho Penal Internacional? Seguimos, en pleno Siglo XXI, sometidos a la corrupción del poder desnudo: los políticos se inclinan por cálculo o complicidad (son, ya lo dijimos, aves del mismo plumaje); la ONU guardó silencio, avergonzada, impotente.

        Y de nuevo ha guardado silencio cuando una hipertrofiada OTAN, cuyas razones para existir cesaron hace años, se empeña en tender un cerco de misiles alrededor de Rusia; mientras que ésta, bajo el liderazgo de Putin, busca restablecer sus dimensiones de la época soviética, incluso al precio de invadir militarmente a Ucrania y avanzar al borde de un desenlace nuclear.

        Y ¿la Unión Europea, principal sede de la Cultura Occidental, llamada por ello a templar los impulsos agresivos de la Otan? La Unión Europea nos ha mostrado sin rubor su verdadera condición satelital, porque está tomada por la misma cúpula financiera que mueve también los hilos de la OTAN.

        Mientras todo esto ocurre, el frenesí de los vendedores de armas de todos los países cercanos y lejanos al conflicto llega a extremos increíbles. ¿A quién le importa la vida de los ucranianos? La muerte cotidiana se da por descontada, se acepta con toda naturalidad por parte de quienes estorban y sabotean las iniciativas para un alto al fuego, para un acuerdo de paz ¿Y los derechos humanos? ¿y la inviolabilidad de la vida?

        Tenemos hoy un mundo dominado por los ‘poderes salvajes’ de las transnacionales financieras, que tienen sojuzgada a la mayoría de los Estados del Planeta. En la Segunda Postguerra Mundial nos ilusionamos pensando que un instrumento jurídico, la ONU, podía guiar la política de los Estados, bajo cuyo poder operaban las fuerzas económicas; pero ese hermoso sueño se ha trocado en una horrible pesadilla.

        En este nuevo siglo que nació sin dignidad ¿Quién será el que -según el luminoso pensamiento de José Martí- asumirá la dignidad de todos? ¿Quién será el que diga «la injusticia me hiere, no importa dónde o contra quién se cometa»? Si los políticos y los magnates del resto del Mundo callan por conveniencia, o se limitan a formular inocuas protestas, parece llegada la hora de apelar a los pueblos.

        PARTE IV. MÁS ALLÁ DEL DERECHO INTERNACIONAL

        a)-El Tribunal Russell

        En la década de los sesenta del Siglo XX, la intervención bélica cada vez mayor de los Estados Unidos en Vietnam, el incremento de los bombardeos a la población civil con sustancias infernales, la destrucción de los cultivos de los vietnamitas y el envenenamiento de sus tierras, etc., no encontraban freno por la vía diplomática. En el seno de la ONU se planteaban iniciativas que al final eran vetadas por el representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. En esas circunstancias, el portador de la dignidad del Mundo fue el llamado Tribunal Russell, nacido por iniciativa del filósofo inglés Bertrand Russell, quien a los 95 años de su edad convocó a un grupo de intelectuales y políticos conscientes para que examinaran y juzgaran, en el plano moral, los actos del gobierno y del ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Y así fue como se formó el llamado ‘Tribunal Internacional contra los crímenes de guerra’, que empezó a funcionar en Londres el 15 de Noviembre de 1966, y realizó sus sesiones de trabajo en Estocolmo y en Roskjilde, Suecia, durante el año 1967. El Tribunal volvió a sesionar en Bruselas y Roma en 1973 y 1974, entonces bajo la presidencia del senador italiano Lelio Basso, para conocer de los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas; y posteriormente ha continuado operando bajo el nombre de ‘Tribunal de los Pueblos’ con la participación de Leo Matarasso, Jean Ziegler, Luigi Ferrajoli, François Rigaud y otros.

        • A la formación de esos tribunales no concurrieron los líderes de las llamadas ‘Naciones Civilizadas’: no estuvo allí el General De Gaulle, ni el Canciller Konrad Adenauer, ni la Reina Isabel de Inglaterra, ni Mitterrand, ni Giulio Andreotti. Sus integrantes fueron algunas personas de buena voluntad, como el escritor francés Jean Paul Sartre, el senador italiano Lelio Basso ya mencionado, y el propio Bertrand Russell. A sus debates se negaron a asistir los representantes de los gobiernos cuestionados; sus sentencias fueron oficialmente ignoradas. En definitiva, en opinión de los juristas convencionales (entre ellos muchos internacionalistas), aquello no fue nada; pero creo que todo hombre de buena voluntad sintió en aquel momento que esos simples ciudadanos: Russell, Sartre y los otros del Tribunal, asumieron la dignidad de todos los hombres y las mujeres del Mundo.
        • Estoy además convencido de que, de la bofetada moral que le propinaron el Tribunal Russell y el Tribunal de los Pueblos a las instituciones oficiales, nacieron, al cabo de los años, la iniciativa de la Corte Penal Internacional y, más importante aún: el actual movimiento popular mundial antibelicista, ambientalista, antimperialista y antiglobalizador.

        b)-La opinión de los pueblos del Mundo como ‘tribunal’

        • No tengo, tal vez para mi desgracia, aquella fe jacobina en una especie de “infalibilidad moral de los pueblos”. Es decir, no creo aquello de que ‘la voz del pueblo’ sea ‘la voz de Dios’; sino que los pueblos, al tomar decisiones (importantes o no) pueden equivocarse de medio a medio, y tener luego que sufrir las consecuencias (es lo que, a mi juicio, le ocurrió a la mayoría de los votantes norteamericanos que reeligieron a Bush, y años después propiciaron la pesadilla de Trump, que aún no termina).
        • Pero sí creo que una democracia sana puede ser cada vez mejor; y que el Mundo necesita más democracia. Que en la medida en que la profundización de la democracia vaya haciendo posible que prevalezcan en la comunidad los intereses de cada vez mayor número de ciudadanos, en esa medida perderán terreno los viejos mecanismos de corrupción de las relaciones sociales. Es vital que los pueblos reemplacen a las camarillas corruptas que nos tienen al borde del abismo, y tomen la palabra en la conducción de las relaciones internacionales.
        • Ello podría significar, a grandes rasgos, la prevalencia de los sentimientos sobre los intereses. Un viejo secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, pronunció hace más de cincuenta años una frase famosa: «los Estados Unidos no tiene amigos; sólo tiene intereses». Y hay que reconocer, por desgracia, que cualquiera de sus colegas contemporáneos pudo haberla dicho. Pero ahora podríamos contestarle: la Humanidad necesita urgentemente que las relaciones humanas se inspiren en sentimientos positivos (fraternidad, buena voluntad, respeto) y no en sórdidos intereses.
        • Nos advertía Norberto Bobbio que entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, es prudente que optemos por el gobierno de las leyes. Eso está bien, pero con la condición de tener muy claro que también el gobierno de las leyes es siempre, en realidad, en el plano interno y en el plano internacional, un gobierno de los hombres en el que éstos han decidido gobernar (o se han visto obligados a gobernar) dentro del marco, los límites y las condiciones establecidos por las leyes y los tratados. Lo cual nos está señalando el carácter irremediablemente precario del afamado ‘gobierno de las leyes’. Si logramos que empiece a funcionar ¿Cuánto durará? ¿Hasta cuándo querrá seguir respetando las reglas el llamado a observarlas y hacerlas observar? ¿Hasta dónde llegarán los gobernados en sus esfuerzos por exigirle ese respeto? Es un equilibrio inestable, precario, que no puede nunca considerarse alcanzado para siempre, y debe ser vigilado constantemente. Pero ¿quién vigilará al vigilante?
        • Porque, en efecto, la Historia ha demostrado que los síntomas de la corrupción no tardan en presentarse y tienden a expandirse cuando el poder se concentra en pocas manos y aumenta correlativamente la distancia entre sus detentadores y la comunidad gobernada. Y viceversa, los síntomas de la corrupción tienden a disminuir cuando el poder es compartido por todos, pues en su verdadero sentido la democracia significa precisamente que el poder está, de manera sustancial (sufragio, referéndum, revocación, etc.) en manos de todos.
        • Karl Marx creía que cuando todos los hombres llegaran a ser libres e iguales, el Estado, es decir, la organización del poder político del mundo moderno, desaparecería. Porque, en efecto ¿puede el poder estar en manos de todos y continuar existiendo como tal? ¿Hasta qué punto podemos llamar ‘poder’ a la situación en que todos somos, a la vez, gobernantes y gobernados? Y entonces, en la medida en que, efectivamente, las iniciativas sean tomadas y las actividades sean ejercitadas de modo creciente por todos los ciudadanos, en esa medida el poder se transforma en autorregulación, deja de ser distancia y asimetría y, por ende, la posibilidad de la corrupción, el abuso y la prepotencia en las relaciones humanas se aproximaría al grado cero (aunque sin alcanzarlo nunca).
        • Cierto que estamos muy lejos de ese estado de cosas. Pero, de todos modos, me parece que el ejemplo del Tribunal Russell y su influencia en el largo plazo, es útil para mostrar la posibilidad de inducir a grupos cada vez mayores de ciudadanos a examinar las actuaciones de los gobernantes y expresar su criterio. De hecho la actual opinión pública mediatizada, que se expresó vigorosamente en relación con la guerra de Irak, es un verdadero tribunal donde se conocen día a día los hechos, se los valora y juzga con las pautas culturales vigentes. En palabras de Luigi Ferrajoli, pronunciadas a raíz de la agresión norteamericana a Irak

        ‘…ha hecho nacer el embrión de una sociedad civil mundial. De Melbourne a San Francisco, pasando por Roma, París, Berlín, Londres, Madrid o Barcelona, hemos visto materializarse en las calles y plazas de todo el mundo a un pueblo global concorde en la defensa de los mismos valores: la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional…»

        • (véase Luigi Ferrajoli: La Guerra contra Iraq y el futuro del orden internacional, que es el Epílogo al libro colectivo ‘No en mi nombre” ; Trotta, Madrid, 2003; pág. 226.

        Pero desde entonces han pasado veinte años, en los que hemos visto sucederse el Estallido de la Burbuja Inmobiliaria que trajo la Crisis de 2008, con el empobrecimiento mundial de las clases media y baja; y consecuencia de ella, el recrudecimiento de las olas migratorias desde el Tercer Mundo (Africa, América Latina) hacia el Primer Mundo (Europa, Estados Unidos) tuvo como respuesta una fuerte reacción defensiva de los ciudadanos comunitarios, y un crecimiento notable del neofascismo.

        • Cuando nos encontramos ante la triste aunque previsible situación en la que ni los diplomáticos de la ONU, ni de la UE, ni los de las potencias de Rusia y China, ni la Corte Penal Internacional son capaces de detener las acciones delictuosas del gobierno USA, ni de aplicarle las sanciones correspondientes ¿debemos poner nuestra esperanza en el despertar de una conciencia de los pueblos, que en decenios anteriores ha mostrado capacidad de expresarse y comunicar su rechazo de la política estadunidense de manera cada vez más perceptible y consistente? Pero ¿cuál es el estado actual de esa conciencia?
        • Fue evidente, en efecto, la existencia de un creciente desafío popular mundial contra aquella vieja política de codicia y engaños, y un rechazo generalizado con respecto de los actos de su gobierno, y de la ideología que los sustenta. En las cumbres sociales paralelas (como Seattle, Porto Alegre, Mar del Plata, etc.) los pueblos estaban superando las distancias de las lenguas y las fronteras, y empezaban a marchar al unísono para repudiar las piñatas de los poderosos y las guerras inicuas. Pero en la actualidad me parece que dicho impulso se ha debilitado. El éxito final de esos movimientos ya no lo veo como posible a corto o mediano plazo, en el estado actual de las cosas. Lo deseable posible, en el corto plazo, sería por el momento poder conjurar la guerra en Ucrania y sus imprevisibles consecuencias. Pero ¿quién lo intenta ahora, en la línea de las pacatas recomendaciones de Angela Merkel?
        • Tenemos que reconocer que no bastará con frenar o moderar los designios de expansión de Putin, ni el empeño de la OTAN en cercar a Rusia. Porque los Estados Unidos, Rusia, Biden y Putin sólo son, también ellos, ominosos signos vitales de aquel fenómeno de la desigualdad y la inequidad de las relaciones humanas que nos tiene abatidos desde hace milenios, porque viven también dentro de cada uno de nosotros: no habrá paz entre las naciones ni entre las personas mientras predomine en el Mundo una mentalidad clasista y discriminadora que nos separe y nos contraponga como naciones, como credos, como estratos sociales; mientras se propicie la justificación de la desigualdad y se estimule el espíritu excluyente y depredador frente a los demás; y mientras exista un sistema institucional como el Capitalismo, que no sólo permite sino que acepta, presupone, requiere la explotación de un Estado por otro, de un ser humano por otro.
        • En suma, tenemos que admitir que, mientras las personas estemos dominadas por ideologías desigualitarias (como la nacionalidad, la piel, la religión, los ingresos) que subyacen y sustentan al sistema capitalista, continuaremos construyendo relaciones sociales asimétricas, corrompidas y corruptoras, y el poder desnudo seguirá humillando el texto de las mejores constituciones y las mejores leyes, tanto en el plano interno como en el plano internacional.
        • Aprendamos a ver claro para liberarnos de semejantes ideologías, y atrevámonos a intentar relaciones humanas democráticas y, por ende, solidarias y sin fronteras, hasta sus últimas consecuencias.
        • Y termino entonces adoptando a nuestro discurso la célebre fórmula de Radbruch:
        • No se trata de lograr un individualismo y un capitalismo mejores, sino algo ética y científicamente mejor que el Individualismo y que el Capitalismo. No se trata de seguir buscando un Derecho Internacional mejor, pero mediado por los Estados Nacionales, sino de la construcción de un Derecho de los Pueblos y de una Democracia universal, mediante la promulgación de una Constitución de la Tierra.

        De Ratones y Libros

        Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

        Walter Antillón

        (Of mice and books)
        Viajes por mi biblioteca, 49
        Walter Antillón

        Para el artista, el Arte es compromiso. El Arte es vivido primordialmente como la sensación de estar comprometido con una misión, en una dimensión no utilitaria, relacionada con la belleza en su sentido más amplio.

        Para el poeta, artista de la palabra, la Poesía es compromiso, es llamada. La Poesía es vivida primordialmente como la sensación de estar comprometido con una misión, en una dimensión no utilitaria, relacionada estrechísimamente con la belleza, en el sentido más amplio que puedan expresar las palabras.

        La intuición de la intensidad de esa llamada conduce perentoriamente al auténtico poeta a adoptar una forma de vida y un tipo de relaciones sociales adecuadas deliberadamente a facilitar la explicitación de la misión, que a él se le presenta como una iluminación: palabras encendidas que deben ser descifradas y arduamente reelaboradas todavía en estado incandescente, con gran riesgo para el mismo poeta. Pienso en los que no soportaron el contacto: como el gran Hölderlin, como Alfonso Cortés en Nicaragua. Y pienso en otros que escaparon a tiempo para no ser triturados, como Rimbaud.

        Claro que también están los “poetas oficiales” con sus versitos biensonantes, que ganan premios municipales instalados en su zona de confort. Pero entonces estamos hablando de otra cosa.

        Yo creo que las cosas son de la manera que las estoy diciendo porque (tengo que contarles) desde su adolescencia, este ratón centroamericano conoció y admiró a la distancia a una persona que escribió, experimentó y padeció intensa, vitalmente, la poesía: Rainer María Rilke.

        De Rilke hemos hablado antes: nació en 1875, en una familia de la pequeña nobleza militar alemana de la época; y tuvo una infancia desgraciada. Pero a los 22 años topó con la suerte de conocer y entablar una intensa relación con la genial y fascinante Lou Andreas Salomé, quien fue su madre, su amante y, por el resto de su existencia, su consejera y amiga incondicional. Y topó con la suerte de que a los 27 años, ya con un nombre en el campo de la poesía alemana, pudo iniciar una fecunda relación personal con el gran escultor francés Augusto Rodin, quien le transmitió el amor y la admiración por el mundo de las cosas sencillas, y le enseñó con el ejemplo que el trabajo tenaz, extenuante, es parte esencialísima de la obra de arte.

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        Como una flecha que vuela derechamente al blanco, la existencia de Rainer María Rilke es el itinerario de una constante preparación personal para la búsqueda sin tregua de la obra maestra: visión relampagueante del Cosmos que es a la vez una mirada admirada de sus criaturas, culmen de su esfuerzo y de su propia vida.

        En sus Cartas a un joven poeta (Amanecer, Buenos Aires, 1941) al aconsejar al joven Kappus sobre su vocación, Rilke le pide que:

        “…Investigue la causa que lo impele a escribir; examine si ella extiende sus raíces en lo más profundo de su corazón. Confiese si le sería preciso morir en el supuesto de que escribir le estuviera vedado…” (Carta de 17 de febrero de 1903).

        Pronto se verá que no está hecho para el matrimonio y la familia; ni para un trabajo rutinario. Alcanzar la tensión creadora de la obra (desde que apenas la intuye), será su objetivo primordial, y final. En pos de ello descubre que necesita desprenderse de lo cotidiano, viajar para experimentar la Tierra, el Planeta en todas sus formas; y disponer de la riqueza de múltiples relaciones, preferiblemente epistolares; pero también, a la vez, defender su radical soledad. Su peregrinaje sin tregua comprende Francia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Suecia, Polonia, Rusia, Checoslovaquia, Austria-Hungría, Yugoslavia, Italia, Grecia, Egipto, España, hasta donde yo sé. Vive pobre y austeramente, con frecuencia habitante solitario en viejos castillos facilitados por amigos y admiradores devotos, como la princesa Marie von Turn und Taxis-Hohenloe, quien en 1912, “en momentos cruciales”, le brindó el asilo de su Castillo de Duino, en el Adriático. En esa ocasión el genio brillará un momento y se apagará, pero el Poeta sabe esperar: esperará años, si es preciso, porque

        “…Todo es llevar hasta el término y después dar a luz (…) esperar con profunda humildad y paciencia la hora del nacimiento de una nueva claridad: sólo eso es vivir como artista: en la comprensión como en la creación (…) Ser artista es no calcular y no contar; madurar como el árbol, que no apura sus savias…” (Carta de 23 de abril de 1903)

        En los años que siguen a 1912 ya Rilke es autor de una vasta y reconocida obra poética, que incluye: Leben und Lieder (Vida y Poesía) (1894); Larenopfer (Ofrenda a los Lares) (1895); Traumgekrönt (Coronación de un Sueño) (1897); Advent (Adviento) (1898); Das Stunden-Buch (Libro de Horas) (1899-1903); Das Buch vom mönchischen Leben (Libro de la Vida Monástica) (1899); Das Buch von der Pilgerschaft (Libro del Peregrinaje) (1901); Das Buch von der Armut und vom Tode (Libro de la Pobreza y la Muerte) (1903); Das Buch der Bilder (Libro de las Imágenes) (4 Partes, 1902-1906); Neue Gedichte (Nuevos Poemas) (1907); Requiem (Requiem) (1908); Mir zur Feier (Para mi Celebración) (1909); Das Marien Leben (Vida de María) (1912). Y también de tres obras en prosa: Geschichten von lieben Gott (Historias del Buen Dios) (1899); Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph von Rilke (Canto de amor y muerte del Corneta Christoph von Rilke) (1899); Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (Los cuadernos de Malte Laurids Brigge) (1904).

        La Primera Guerra Mundial amarga su prolongada y penosa espera, que dura un decenio y que el Poeta rellena con labores vicarias (pero también magníficas, como su traducción al alemán de la poesía de Paul Valéry).

        Y la espera se trueca abruptamente en un frenesí creador en febrero de 1922, mientras vivía su última residencia en el Castillo de Muzot, en la Suiza Francesa; frenesí que lo arrastra a dar cima, en pocas semanas, a las 10 Duiniser Elegien: las incomparables elegías empezadas en Duino diez años antes; y a escribir de un tirón los más de 50 sonetos que componen su último libro: Sonetten an Orpheus ( ambos libros están recogidos en el tomo segundo de las Obras Completas de Rilke editadas por Insel Verlag, Frankfurt an Main, en 1984; hay varias versiones al español).

        Sobre los Sonetos a Orfeo, con fecha 7 de febrero de 1922, el Poeta dirigió una carta a su amiga Gertrud Ouckama Knoop (Cartas desde Muzot; Cederna, Milán, 1947) para relatarle lo siguiente:

        “…Prestigiosa y querida amiga: En unos pocos y ajetreados días, cuando verdaderamente intentaba concentrarme en otras cosas, me fueron donados estos sonetos. Desde la primera mirada comprenderá la razón por la que Ud. debe ser la primera persona en poseerlos. Pues, aunque sea lejana la referencia (un solo soneto, el penúltimo, el XXIV, evoca realmente la figura de Vera en todo el torbellino que le estoy dedicando) éste domina y mueve el desenvolvimiento de todo el poemario, haciendo penetrar más y más -aunque tan secretamente que sólo muy despacio lo reconocí- la irresistible inspiración que me sacudió. Reciba benévolamente estos sonetos en su sagrada memoria…” (pág. 102/3)

        Más de cinco semanas después, el 18 de marzo de 1922, recibió la señora Ouckama Knoop otra carta de Rilke (en Cartas desde Muzot, cit.):

        “Prestigiosa y querida amiga, ante las tristes y penosas tramitaciones que la tenían ocupada en Weimar en la fecha de su última carta (20 de febrero), decidí demorar mi respuesta, pero a disgusto: primero, porque hubiera querido agradecer de inmediato su grata acogida de los Sonetos a Orfeo; y segundo, porque necesitaba confesarle que, en el ínterin ¡el número de esos poemas se duplicó! Los recibirá apenas mi pluma (realmente un poco cansada ahora) tenga un respiro para copiar esta nueva Segunda Parte de los Sonetos…” (pág. 121)

        En relación con las Elegías de Duino, en la tarde del 11 de febrero citado, Rilke escribió a Marie von Turn und Taxis (Cartas desde Muzot; cit.)

        “…Finalmente, Princesa, finalmente el bendito día, cuán bendito, en que le puedo anunciar completas las Elegías: ¡diez! Por la última, grande (que empecé en Duino: <<Que un día evadido del Laberinto de los bajos pensamientos – júbilo y gloria entoné a los Ángeles en coro concordes>>) por esa última (que ya desde entonces estaba dispuesta como última) me tiembla aún la mano. La terminé hoy, sábado 11, a las seis de la tarde. Todo en poquísimos días, fue una tempestad sin nombre, un huracán del espíritu (como, en otro momento, en Duino) Todas mis fibras y mis tejidos crujían –ni pensar en comer; solo Dios sabe cómo me sostuve…” (pág. 105)

        La inspiración artística tiene sus caminos recónditos, impredecibles: en Duino, en 1912, Rilke supo al momento que las Elegías apenas intuidas, apenas esbozadas, serían la cumbre de su obra: lo perfecto dentro del conjunto de una obra ya exquisita. Pero al poco andar, la vena poética súbitamente se cegó, como se pierde la veta entre las moles pétreas de una mina de oro. Después de diez años de paciente espera, en sólo unas pocas semanas el Poeta sintió gozosamente brotar de su pluma las que serían sus dos creaciones supremas, y dos cumbres de la Poesía Universal.

        Un paréntesis para hablar de la tarea de traducir del alemán al español: si se trata de una simple nota oficial, requiere un esfuerzo mayor que con una lengua romance; si estamos ya ante la traducción de poesía en alemán, ello ofrece al traductor muchísimas dificultades; pero la traducción de la poesía de Rainer María Rilke lo sumirá en profunda desesperación, por la complejidad y sublimidad del mensaje, expresado en una lengua exacta y llena de sonoridad: una sonoridad muy distinta a la de las lenguas latinas.

        Para darnos una idea, creo que podremos medir, a la vez, la enorme distancia entre el alemán y el español y el grado de aproximación entre original y traducción, recurriendo a dos sencillos ejemplos: el de los versos finales del conocido poema Canción de Amor; y el del último terceto del Soneto XXII de los SONETOS A ORFEO (traducción propia):

        1. De ‘Canción de Amor (Liebes Lied):

        …Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, die aus zwei Saiten eine Stimme zieht.

        Auf welches Instrument sind wir gespannt?

        Und welcher Geiger hat uns in der Hand?

        O süßes Lied.

        Estas dos últimas estrofas del poema realizan musicalmente un rallento gradual, hasta acabar en un susurro: Oh süsses Lied

        El traductor al español debe renunciar a ese resultado, y buscar otro tipo de efectos:

        Pues lo ya vivido por ti y por mí

        Nos liga, al igual que un acorde

        Que de las dos cuerdas obtiene una voz.

        ¿En cuál instrumento fuimos tensados?

        ¿Cuál violinista nos pulsó en su mano?

        ¡Dulce canción!

        1. Del Soneto XII (Sonetos a Orfeo) tomamos el terceto final:

        Alles ist ausgeruht:

        Dunkel und Helligkeit,

        Blume und Buch.

        Todo es morosidad:

        Oscurana y claridad,

        Libro y flor.

         ¿Qué valor, qué significado tiene la poesía de Rainer María Rilke para nosotros latinoamericanos, para mí? Es un poeta germanoparlante muerto hace casi un siglo, súbdito del desaparecido Imperio Habsbúrgico. Es vagamente panteísta, habla de dioses y ángeles y es decididamente elitista, mientras yo soy agnóstico, creo en las ciencias y soy decididamente socialista. ¿Entonces?

        Bueno, creo ciertamente en las ciencias, pero estoy consciente de sus límites: hay en el Universo un remanente de cuestiones que hasta hoy no han tenido respuesta científica ni filosófica; y las que nos proporciona la Teología tradicional me parecen inaceptables.

        Ahora bien ¿cabe un abordaje poético de las grandes cuestiones hasta ahora insolutas? ¿Por qué no? Me parece que el agnóstico, lejos de impedirlo, debe estimular el pensamiento racional en todas las direcciones posibles, y no descalifica a priori “las razones del corazón” que decía Pascal.

        Desde joven, Rilke toma conciencia de lo misterioso de la existencia, frente a lo cual la Poesía debe dar respuesta. Bajo la influencia de Nietzsche, que vive ‘la muerte de Dios’, se convirte en lo que Hölderlin llamó “un poeta en tiempos de penuria”. No profesa ninguna religión, y si habla de dioses y ángeles, eso no debe llamar a confusión. Como él mismo lo aclara en una carta dirigida a Witold von Hulewicz el 13 de noviembre de 1925 (Cartas desde Muzot, cit.):

        “…El ángel de las Elegías no tiene nada que ver con el ángel del cielo cristiano …

        El ángel de las Elegías es esa criatura en la que ya aparece consumada la trasformación de lo visible en invisible que nos esforzamos por llevar a cabo… El ángel de las Elegías es ese ser que garantiza reconocer en lo invisible un rango más elevado de la realidad…” (pág. 325/6)

        “¿Quién me oiría, si gritase yo, desde la esfera de los ángeles?”

         pregunta Rilke en el arranque de su Elegía Primera; y esto significa la postulación de un mundo no escindido en dos realidades (como están los mundos platónico y cristiano) sino unitario y a la vez complejo, una de cuyas dimensiones (lo abierto: donde están las respuestas que no tenemos) es inasequible desde la cotidianidad. Entonces, la misión del poeta es descubrir el camino que lleva a ese mundo y describirlo y celebrarlo en sus múltiples manifestaciones; y esa es precisamente la fascinante materia que compone sus dos últimos, grandes poemarios, los cuales fueron objeto de un riguroso escrutinio de parte del filósofo alemán Martin Heidegger en la década de los años 40 del Siglo pasado.

        Después de la publicación de su libro Ser y Tiempo en 1927, el filósofo alemán Martin Heidegger exploró la que fue llamada una salida o una respuesta poética a los problemas radicales de la Metafísica, y lo hizo mediante una cala en la obra del célebre vate ilustrado Friedrich Hölderlin y en la de Rainer María Rilke, contemporáneo de Heidegger.

        En efecto, es en su libro, traducido en Argentina bajo el título de “Sendas Perdidas” y en España bajo el de “Caminos de bosque”, donde Heidegger incluye un ensayo titulado ¿Y para qué poetas? donde concluye una reflexión a propósito de la Elegía de Hölderlin ‘Pan y Vino’. Según la Elegía, como los dioses han abandonado la tierra y esto ha causado grandes calamidades a los humanos, la misión de los poetas en esos tiempos, que son “tiempos de penuria”, es la de decir expresa y poéticamente la esencia de la poesía, como lo hace, en su tiempo, el propio Hölderlin. En ello es donde ve Heidegger la posibilidad de un aporte, desde la poesía, al ámbito de la metafísica. Según él, “

        …habría y hay la necesidad única de experimentar lo inexpresado en lo dicho por su poesía por medio de un pensar lúcido. Esta es la vía de la historia del ser. Si alcanzamos esa vía, llevará al pensamiento a un diálogo con la poesía desde la historia del ser …” (pág.202)

        Seguidamente el Filósofo se pregunta si Rilke ‘es un poeta en tiempos de penuria’, examina su periplo vital y somete a un exhaustivo análisis el lenguaje de la poesía correspondiente a las Elegías de Duino y a los Sonetos a Orfeo, más otros poemas aislados. Al término de su análisis, Heidegger concluye:

        “…Si Rilke es un «poeta en tiempos de penuria» (sin duda lo es), entonces su poesía es la única que responde a la pregunta de para qué es poeta y hacia dónde se encamina su canto, a qué lugar del destino de la noche del mundo pertenece el poeta. Este destino decide qué sigue siendo destinal dentro de esta poesía.” (pág. 238)

        Me parece indudable que Rainer Maria Rilke asumió plenamente la misión del poeta “en tiempos de penuria”; y su respuesta fue una obra densa e incomparable, que desafía y seduce; a la vez que (ya cerca de cumplirse los cien años de su muerte) nos convoca al compromiso y a la autenticidad a quienes vivimos esta nuestra época, la cual, más que ninguna otra anterior, merece ser llamada “tiempos de penuria”.

        Palabras del doctor Walter Antillón al recibir el Premio Rodrigo Facio

        Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

        Quiero dedicar estas palabras a mi Alma Mater, la Universidad de Costa Rica. Tengo plena conciencia de lo que las Universidades Públicas, y particularmente mi universidad, la Universidad de Costa Rica, significa para el destino de nuestro pueblo; como instancia del pensamiento académico, de laicidad, de libertad de conciencia. Es la madre que nos ha nutrido, que nos ha hecho fuertes para que a la vez nosotros llevemos su luz a nuestro pueblo.

        ¿Lo estamos haciendo?

        ¿Lo estamos haciendo?

        En el momento presente la Universidad debe tomar la palabra, y lo hará a través de nosotros, sus hijos.

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        Levantemos esa honrosa carga. Pongamos a la Universidad en el centro de los grandes debates, en los que se sortea el destino de nuestras instituciones. Es hora de que hagamos retroceder la insolencia de los oportunistas y los ignorantes.

        Expondré mi asunto en tres secciones

                 Una brevísima introducción histórica general a partir de la Independencia Patria en el contexto mundial.

                 Exposición de algunos aspectos político-económicos del País y del Mundo en el Siglo XX,

                 Consideraciones acerca de la función de Garantía que corresponde al Poder Judicial dentro del Estado.

        1. Brevísima introducción

         A.- En el primer decenio del siglo XIX en que se gesta la independencia de América Latina, el Imperio Napoleónico está en momentos de auge y España tiene un Rey francés. Una revolución industrial basada en la máquina de vapor y la mecanización de la industria y los transportes ha tomado cuerpo en Inglaterra y pronto pasará a Estados Unidos y al norte de Europa Occidental.

        En los decenios siguientes el Imperio napoleónico ha desaparecido, la monarquía francesa ha retomado el poder; y los reinos europeos firman la Santa Alianza para emprender una restauración anti-iluminista; mientras la industrialización iniciada en Inglaterra prospera rápidamente en Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia, los Principados Alemanes y el Imperio Austro-Húngaro, cuyas economías se expanden a costa de la clase obrera: es la época del Capitalismo Salvaje.

        Por su parte, las flamantes Repúblicas Latinoamericanas pronto se ensarzan en luchas caudillistas y caen en manos de los banqueros, primero europeos, después norteamericanos. Su ingreso al mercado mundial se configura en la forma de productores de materias primas; mientras el Primer Mundo prospera, ellos no acceden a la industrialización ni al desarrollo económico; soportan el extractivismo de grandes enclaves empresariales extranjeros; y cada vez más frecuentemente presentan formas dictatoriales de gobierno. Europa transmite los ideales de la Cultura greco-latina a las elites criollas, pero sus banqueros cobran puntualmente los intereses de la deuda.

        La rivalidad entre las potencias conduce a la Primera Guerra Mundial, que produce 7 millones de muertos y más del doble de heridos; y la crisis político-económica de uno de los beligerantes: la Rusia Zarista, hace posible el triunfo de la Revolución Bolchevique y la fundación de la Unión Soviética, cuya sola existencia va a modificar durante más de 70 años la actitud de los Estados capitalistas con respecto de sus obreros en todo el Mundo.

        La iniquidad con la que se trató en Versailles a los vencidos de la Primera Guerra, produjo muchos de los gérmenes que condujeron a la Segunda, en la que una Alemania engrandecida y fanatizada por el Nazismo causó la mayor parte de los cincuenta millones de muertos, trágico saldo de dicha conflagración.

        El final de la Segunda Guerra produjo la Organización de las Naciones Unidas y su antídoto: la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que terminaría 45 años más tarde con el colapso de ésta y del Socialismo de Europa Oriental.

        En el ínterin, la ‘empresa de negocios’ creció en la forma de gigantescos monopolios que se liberaron de los Estados nacionales y que, liderados por los grandes bancos, sometieron la Política a la dictadura de la Economía Financiera; y se dispararon en una competencia feroz que ha deteriorado el ambiente y ha producido el cambio climático que amenaza gravísimamente al Planeta.

        El Neoliberalismo es la ideología de este movimiento, y sus brazos seculares son los sempiternos cancerberos reciclados: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que acosan al Tercer Mundo y le imponen la reducción al mínimo de los Estados nacionales.

        Hasta ahora las expectativas que tenían nuestras jóvenes Repúblicas de llegar a constituir Estados prósperos y democráticos se han visto frustradas por sus propias debilidades y por la codicia y la mala fe las Naciones del Primer Mundo con las que nos tocó en suerte relacionarnos. Pero la Historia no ha llegado a su fin, como algunos sostenían, de modo que aún podremos aprender de los golpes recibidos y enderezar muchos entuertos que hemos venido padeciendo.

         B.- Me refiero seguidamente a Costa Rica en los años de la Independencia. Una República paupérrima que padece de la casi inexistencia de instituciones educativas. Se estima en un 95% el analfabetismo. En 1821 sólo hay 1 abogado en toda Costa Rica: don Rafael Barroeta y Castilla, que fue miembro de la Primera Junta Gubernativa y muy probablemente, el principal redactor del Pacto de Concordia.

        Y así. Por varios decenios continuamos padeciendo de un bajísimo nivel de instrucción general: todavía en 1864, a poco más de 40 años de la Independencia, a pesar de los esfuerzos de Castro Madriz y de la Universidad de Santo Tomás, el analfabetismo es del 75%

        Un producto de lo anterior son las graves deficiencias en la preparación de los juristas nacionales durante el Siglo XIX y buena parte del XX; lo cual se revela claramente, entre otros aspectos, en su incapacidad de redactar leyes originales:

        Otra muestra es que durante los primeros 20 años de vida independiente, la exProvincia de Costa Rica continuó aplicando la Legislación Colonial Española, incluyendo la Ley de Vagos del rey Fernando VII, que es de 1828, es decir, cuando ya llevábamos 7 años de independencia de España.

        A partir de 1840 la legislación patria que se promulga fue copiada literalmente de leyes extranjeras: el caso es que nuestros tatarabuelos no tenían otra salida.

        El Código General de Carrillo de 1841 es copia de los Códigos del General Santa Cruz (Bolivia)

        El Código de Comercio de 1853 es copia literal del español de 1829.

        La Legislación sobre Hipotecas y Quiebras de 1865 es una traducción que hizo el jurista alemán Fernando Streber de sendas leyes del Reino de Prusia.

        El Código Penal de 1880 es en gran medida copiado del Código Penal Chileno.

        El Código Civil de 1887 es copiado en gran medida del Proyecto que elaboró don Florencio García Goyena para España.

        El Código de Procedimientos Civiles de 1887 es copia, algo abreviada, de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881.

        El Código de Procedimientos Penales de 1910 está también copiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1872; etc.

        Esta situación de dependencia, que fue el resultado objetivo de las debilidades que nos aquejaban en materia jurídica, se prolonga durante gran parte del siglo XX, con algunas honrosas excepciones, como la Ley General de la Administración Pública, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y algunas más. Pero, en general, la situación imperante es reveladora de carencias importantes de nuestra formación jurídica que aún tenemos que corregir.

        1. El desarrollo económico-social del País

        Todos requete-sabemos que el producto de exportación que introdujo a Costa Rica en la red del Comercio Mundial fue el café. Desde los años 30 del siglo XIX los exportadores costarricenses de café en grano empiezan a recibir divisas extranjeras y eso constituye un motor que potencia el mercado interno, las finanzas y las obras públicas, la banca, el consumo y la inversión.

        Un grupo pequeño de cafetaleros se enriqueció notablemente en la segunda mitad del Siglo XIX y comienzos del XX, al combinar la producción del grano, el beneficiado, la exportación y la banca; y los gobiernos de entonces, controlados por ellos mismos, no quisieron ni pudieron gravar sus cuantiosas ganancias con impuestos adecuados, que habrían formado la base de una sólida estructura tributaria a futuro. Cuando lo intenta don Alfredo González Flores en 1916, es tumbado por un golpe de Estado proveniente de la oligarquía cafetalera a la que él mismo pertenecía. Y desde entonces hasta la fecha, Costa Rica ha carecido de aquella estructura redistributiva que fue el soporte del desarrollo de muchos Estados del Primer Mundo.

        Gracias a lo que nuestros historiadores han llamado ‘la expansión de la cultura impresa’, provocada por la importación de pequeñas imprentas a partir de los años 30s del siglo XIX, la clase trabajadora nacional llegó a saber acerca de los progresos de la lucha proletaria de Europa y Estados Unidos y del pensamiento de izquierda, anarquista y socialista; hasta el punto de que en 1920, caída la Dictadura de los Tinoco, una huelga general que se riega por casi todas las ciudades del País, consigue que el Gobierno acepte la jornada máxima de 8 horas y un aumento salarial general del 20% .

        Con vista del triunfo huelguista, la clase trabajadora inició una etapa caracterizada por una fuerte tendencia a organizarse en sindicatos y otras formas asociativas, aunque no hubiera ninguna ley que regulara esas organizaciones. La tendencia fue luego exacerbada durante la Crisis Económica Mundial, y ampliamente aprovechada por el Partido Comunista que se fundó en 1931 para estimular el desarrollo sindical y político de izquierda, y divulgar el pensamiento marxista; de manera que en el 43, cuando se promulgan las garantías Sociales y el Código de Trabajo, hay una clase trabajadora organizada en más de 200 sindicatos en la Meseta Central, que respalda con fuerza dicha legislación, la cual, en efecto, viene promulgada, a pesar de la furibunda oposición de la Oligarquía nacional.

        Pero estamos ya en 1945: termina la 2ª Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría.

        A partir de ese momento los EEUU se proponen borrar de América Latina todos los gobiernos, los partidos y los sindicatos que, de cualquier modo, signifiquen ayuda o ventaja para el crecimiento de la influencia Soviética en nuestro Subcontinente y en el Mundo.

        De modo que cuando estalla en Costa Rica el conflicto por la anulación de las elecciones del 48 y el levantamiento en armas de José Figueres, la Oligarquía criolla y el Departamento de Estado observan con complacencia el progreso de la insurrección, porque coinciden en el mismo deseo: arrojar del gobierno al trío Teodoro Picado, Calderón Guardia y Manuel Mora:

        Por el lado de la oligarquía, el objetivo final es que desaparezcan el Código de Trabajo y las Garantías Sociales;

        Por el lado del Departamento de Estado, el objetivo final es borrar el Comunismo de Costa Rica.

        Ambos coincidían también en aceptar que sus objetivos fueran alcanzados mediante la toma del poder por parte de Figueres y su grupo.

                 Ahora bien, el resultado final que vino con el triunfo de Figueres, defraudó a la oligarquía: porque el Código de Trabajo y las Garantías Sociales se quedaron; pero complació al Departamento de Estado: porque el Partido Vanguardia Popular fue diezmado y proscrito durante 25 años; y durante ese mismo plazo nadie de izquierda pudo postularse para un puesto de elección popular; y el sindicalismo comunista fue, de ahí en adelante, borrado y perseguido implacablemente durante varios decenios hasta quedar eliminado en la Meseta Central.

                 Ahora bien, aunque es cierto que el Código de Trabajo y las Garantías Sociales permanecieron vigentes, de hecho sus potenciales efectos fueron minimizados,

        1. Porque un decreto autorizó a los patronos a despedir sin prestaciones a todo trabajador sospechoso de pertenecer, o haber pertenecido a partidos o sindicatos considerados de izquierda;
        2. porque mediante una hábil y permanente combinación de represión y propaganda, los trabajadores en la mayor parte del territorio nacional fueron enseñados

                 a rechazar toda idea o proyecto proveniente de organizaciones sospechosamente comunistas

                 a renunciar a organizarse en sindicatos, y a no firmar convenios colectivos, ni promover conflictos y huelgas.

                 A odiar a sus hermanos trabajadores del sector público, porque éstos sí tenían sindicatos, firmaban convenciones colectivas y hacían huelgas, gozando por ello de un nivel salarial superior y mejores prestaciones laborales.

        Porque lo cierto es que, con la sola excepción de los trabajadores bananeros, cuya historia es muy particular, tenemos que por más de 50 años, al no contar con sindicatos que los defendieran, al no contar con los convenios colectivos y el arma disuasiva de la huelga, los asalariados de los empleos y de las empresas privadas quedaron indefensos frente a los patronos: carecían de medios idóneos para defender sus intereses individual y colectivamente (POR EJEMPLO, no pudieron sostener una lucha eficaz por un aumento adecuado del salario, por la reducción de la jornada laboral, prestaciones familiares, educativas, etc.), de modo que la condición social y el nivel económico de ese sector mayoritario de los costarricenses fueron perdiendo terreno en general, y por contraste con lo que estaba ocurriendo con los trabajadores del sector público.

        Pues, en efecto, gracias sobre todo a la institución del Servicio Civil, en Costa Rica el Estado/Patrono no puede aplicar el despido inmediato al empleado público, sino que debe justificarlo mediante un procedimiento administrativo cuya decisión final puede ser impugnada en vía judicial, etc., etc.

        Así las cosas, los sindicatos públicos han podido en general resistir las arremetidas de los gobiernos. Lo cual, en la práctica, se ha traducido para ellos en estabilidad y permanencia en el empleo como situaciones normales. Lo cual ha permitido a los empleados públicos, en ejercicio de sus derechos legales y constitucionales, consolidar una experiencia sindical de lucha y negociación que dura ya varios decenios: que ha consistido precisamente en discutir y firmar convenciones colectivas para mejorar sus salarios, su seguridad laboral, sus vacaciones, su régimen de pensiones, etc., o recurrir al instrumento legítimo de la huelga como medida de presión.

        Habiendo sido ésta la realidad laboral costarricense, el resultado en lo que ha correspondido a los empleados, los obreros y los trabajadores agrícolas del sector privado, es que los mismos han sufrido, por varias generaciones, un inicuo despojo en sus derechos sociales, económicos y culturales cuyas desastrosas consecuencias son inconmensurables, al cual me he referido extensamente en otras sedes.

        La actual brecha económica existente entre ricos y pobres en Costa Rica, es un claro espejo que nos permite ver a dónde fueron a parar los recursos que, durante decenios, fueron escatimados a la clase trabajadora del sector privado, por no haber podido ejercitar oportunamente sus derechos y garantías laborales. Pero, naturalmente, el daño sufrido no se detiene allí, según lo que ahora voy a decir.

        Mi tesis, basada en la experiencia histórica de otros países, es la siguiente: los trabajadores que están sindicalizados y han alcanzado seguridad, estabilidad, capacitaciones, promociones, mejoras, y más conciencia de sus derechos por medio del ejercicio de sus instrumentos de lucha: la huelga y las convenciones colectivas, están más motivados y mejor preparados para participar activamente en los procesos políticos nacionales y locales en defensa de sus intereses de clase.

        Y viceversa: los trabajadores aislados, que carecen de protección sindical, que son explotados y no pueden ejercitar aquellos instrumentos de lucha, de modo que su estabilidad y sus condiciones de trabajo dependen de la voluntad unilateral de los patronos, suelen carecer de conciencia y motivación de clase, de modo que sus opciones políticas son inauténticas y oscilan al vaivén de la propaganda de las campañas electorales.

        Lo anterior se confirma aquí, en la Meseta Central, con sólo comparar la actitud y las trayectorias del sector laboral público, sindicalizado, politizado y combativo, con las del sector laboral privado, ausente de la palestra político-social, invisibilizado e inerte. El primero, protagonista de históricas luchas cívicas y suscriptor de convenios colectivos que acarrearon bienestar y seguridad a sus trabajadores; el segundo disperso, soportando impotente despidos arbitrarios, fijaciones salariales por debajo del costo de vida y otros abusos semejantes, con un costo trágico para la gran mayoría de sus miembros, que forman parte del quintil más numeroso y más pobre en la estratificación económica del País.

        Recapitulemos: lo que ocurrió es que la generación de los trabajadores del sector privado que protagonizaron la Huelga de 1920 y que formaron cientos de sindicatos en la década de los 40, son los padres de los trabajadores que a partir de 1948 sufrieron represión, persecuciones por ser sindicalistas, y la cancelación arbitraria de sus sindicatos; y son los abuelos y bisabuelos de los trabajadores del sector privado que, desde las décadas finales del Siglo XX y en lo que va del Siglo presente ya no participan en ninguna lucha y más bien dicen odiar los sindicatos.

        Recordemos que a partir de 1948 los trabajadores costarricenses estuvieron, en su gran mayoría y por más de seis períodos electorales, privados de su legítimo derecho de optar por candidatos de la izquierda; y sometidos a la disyuntiva de no votar, o de hacerlo por alguno de los candidatos disponibles: los conservadores del Partido Unión Nacional o los socialdemócratas del Partido Liberación Nacional. De manera que, aparte de un alto porcentaje que se abstuvo, los restantes terminaron por inclinarse hacia Liberación Nacional, tal vez por ser aparentemente el más progresista de los dos (lo cual se manifestaba en el acelerado desarrollo de las empresas e instituciones públicas en el programa de dicho Partido, durante las administraciones de Figueres, Orlich y Oduber); y posteriormente por la opción Social Cristiana (o ‘Calderonista’) que reaparece con la candidatura del liberal José Joaquín Trejos Fernández.

        Aquella masa amorfa de trabajadores a los que se les había cercenado su derecho a sindicalizarse, que nunca, durante más de 50 años participó en una huelga o firmó un convenio colectivo, en el plano de la política nacional aportó la materia prima de ese electorado costarricense mayoritario que conocemos, propio de la época del Bipartidismo, que no se expresa, que no protagoniza un rol propio en la esfera de lo público; que entonces oscilaba mecánicamente cada cuatro años, contribuyendo involuntariamente a conformar la elogiada “alternabilidad en el poder” que caracterizó un tiempo a la Democracia costarricense, según algunos panegiristas.

        Si aquellos trabajadores, herederos de una honrosa tradición de lucha, no hubieran sido acosados durante tres generaciones hasta obligarlos a renegar de los derechos a la sindicalización y a la huelga (que eran y siguen siendo sus derechos legítimos); si no se les hubiera limitado su opción de voto durante 25 años; si no les hubieran llenado la mente de odios y temores, muy probablemente el panorama nacional de partidos, diputaciones y gobiernos hubiera sido muy diferente de lo que ha sido.

        Al repasar el devenir político de ese período nos parece inexplicable, irrazonable que el electorado costarricense, formado mayoritariamente por las clases pobres, a partir de la Administración Monge Alvarez y hasta la fecha haya votado siempre por candidatos neoliberales que, usando alternativamente distintas etiquetas, siempre lo han defraudado; hasta que al fin entendimos que durante ese largo período, los pobres del campo y de las ciudades han sido adiestrados para optar por lo irrazonable.

        El grupo de intelectuales que fundó en 1940 el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales: Rodrigo y Gonzalo Facio, Fernando Fournier, Carlos Monge, Isaac Felipe Azofeifa, Daniel Oduber, Jorge Rossi, Alberto Cañas y otros constituyó, junto con estudiosos como Emilio Valverde Vega y Alberto Martén, la base teórico-ideológica en que se fundó José Figueres y el Partido Liberación Nacional para consolidar los fundamentos normativos e institucionales del Estado Social de Derecho en Costa Rica, apoyándose para ello en los valiosos aportes de don Alfredo González Flores (Banco Nacional), de don Ricardo Jiménez (Instituto Nacional de Seguros) y de Rafael Angel Calderón Guardia (Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro Social), en asocio con Monseñor Sanabria y Manuel Mora (Garantías Sociales, Código de Trabajo); para no hablar de la precursora Fábrica Nacional de Licores, fundada por Juanito Mora en 1853. Entre todas estas instituciones destaca la Caja Costarricense de Seguro Social que en 1973, en la última administración de don Pepe Figueres, llegó a la universalización de sus servicios en beneficio de los más necesitados, y a mantener un ritmo creciente de expansión de sus servicios que sólo se detuvo por obra de los presidentes neoliberales a partir de Oscar Arias.

        Aquel nuevo modelo del Wellfare State estaba constituido institucionalmente por la Banca nacionalizada (cinco bancos) y otras muchas instituciones y empresas de propiedad del Estado que cubrían una amplia gama de bienes y servicios: además de la Caja, el INS y FANAL ya mencionadas, estaban el ICE, CODESA, Acueductos y Alcantarillado, el Consejo Nacional de Producción, Fertica, Alcorsa, Cempasa, Incofer, Recope y otras. Era el Estado Empresario y Paternalista que permitió el protagonismo político y económico de las capas medias y el acceso general a los servicios públicos, pero continuó durante decenios alentando la persecución sindical y la neutralización ideológica y política de la clase trabajadora.

        Modelo que a la larga mostró grandes deficiencias, no por aquello de que “el Estado es el problema” como decía el loro de Reagan siguiendo los dogmas neoliberales, sino porque la corrupción del poder y el burocratismo invadieron el Bipartido que acaparó el poder; y porque, por miedo al viejo fantasma del Comunismo, el proyecto nunca incorporó activamente a la clase trabajadora del sector privado, cuya productividad se mantuvo constantemente a la baja.

        Al iniciar los años 80s tocaron a la puerta de los países del Tercer Mundo los filántropos del FMI y el Banco Mundial, dispuestos a salvarnos si adoptábamos sus Planes de Ajuste Estructural. En primera estancia salieron expulsados de Costa Rica por el Presidente Rodrigo Carazo, Presidente de la Dignidad, cuyo gesto le costó al País la revancha imperialista de una severa crisis económica, y a Carazo le costó la pulverización de su carrera política.

        Pero Carazo tenía razón: los planes de ajuste estructural y luego los TLC con Estados Unidos no nos ahorraron las crisis económicas ni nos libraron de la deuda, que continuó creciendo, ni contribuyeron a sacar a los trabajadores del umbral de la pobreza; sólo sirvieron para engordar los bolsillos de las oligarquías nacionales y transnacionales y aumentar la dependencia de nuestros países.

        El ajuste estructural del Estado costarricense empezó con Luis Alberto Monge (que pasó de joven sindicalista a viejo neoliberal) y siguió avanzando a ritmos variados con todos los demás presidentes que hemos tenido, hasta la fecha.

        En el camino recorrido desde entonces, hemos visto el constante acoso y el paulatino desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho: apertura del servicio bancario y cierre del Anglo y del Crédito Agrícola; las ventas de Fertica y Cempasa: empresas pujantes; la apertura de los seguros y la privatización del INS; apertura de la educación superior y acoso de las universidades públicas; el cierre de Incofer; apertura de la telefonía celular y acoso y desfinanciamiento del Ice; desfinanciamiento de la Caja y fuerte favorecimiento de los hospitales privados, que en pocos años se hicieron gigantescos; etc.

        En particular, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad son sendos ejemplos, paradigmáticos de instituciones poderosas que fueron expresamente debilitadas y desmanteladas por Gobiernos y juntas directivas en los que predominaba el propósito final de suprimirlas, suplantando sus servicios por los de la empresa privada.

        Por su parte, el TLC con los Estados Unidos significó, entre muchos otros inconvenientes, la perdida de la ‘soberanía jurisdiccional’ de los Estados Centroamericanos y la República Dominicana. Me explico: desde hacía más de un siglo nuestra Constitución (como todas las de Latinoamérica) disponía que los inversionistas extranjeros debían ventilar sus diferencias patrimoniales ante los jueces del País; ahora, por disposición del TLC, esos inversionistas pueden demandar al Estado ante paneles arbitrales internacionales; lo cual, de hecho, ha significado una inicua sangría en la económica de nuestros países y un grave debilitamiento para los Estados afectados.

        Como quiera que sea, es notorio que el ajuste estructural que las citadas agencias financieras internacionales pretendieron empezar a implementar en Costa Rica durante la Administración Carazo, hace más de 40 años, no avanzó con la rapidez esperada por ellos y todavía se encuentra a medias. Eso tuvo que producir, en cierto momento, una reacción de parte de los ‘directores del proyecto’. ¿Qué pasa en Costa Rica? ¿Por qué la vigencia plena del TLC duró más de 4 años en completarse, e incluso estuvo a punto de naufragar, cuando en los demás países suscriptores tardó algo más de un año como promedio? ¿Por qué cada paso adelante del ajuste intentado por cada gobierno de turno en Costa Rica despierta reacciones populares que van desde marchas y bloqueos de carreteras hasta huelgas prolongadas de parte de maestros y escolares, transportistas, empleados públicos, estudiantes y profesores universitarios, etc?

        Vino la reacción neoliberal: se tomaron algunas medidas: se endurecieron algunas leyes, se criminalizó la protesta callejera; menudearon las acusaciones, las detenciones y los juicios contra estudiantes y trabajadores. Pero como la cosa seguía, alguien propuso atacar directamente las fuentes de la resistencia, es decir: los empleados públicos, con sus sindicatos y sus fueros; y especialmente los maestros y profesores de escuelas y colegios públicos, así como las universidades públicas y su autonomía jurídica y financiera.

        Porque, en efecto, quienes en estos tiempos neoliberales han defendido eficazmente a las instituciones autónomas no fueron sus juntas directivas; han sido los sindicatos del sector público, los estudiantes y profesores y sectores de población que responden al llamado de los partidos de izquierda.

        Entonces pareció necesario que los gobiernos respondieran destruyendo aquellos focos de resistencia con sendas medidas puntuales, y las respuestas puntuales han aparecido en los dos últimos Gobiernos.

        Porque, en efecto, podemos ver que, invocando maliciosamente una gravísima crisis fiscal, a partir del 2018 durante el Gobierno Alvarado se aprueban leyes dirigidas a centralizar poder en el Ejecutivo, y a debilitar instituciones como los órganos judiciales y las universidades públicas; a socavar los sindicatos públicos, derogar las convenciones colectivas, reformar las leyes laborales y desvirtuar la huelga como arma de lucha de los trabajadores.

        Y respecto al Gobierno Chaves Robles, aunque apenas comienza, ya mostró el Presidente su talante autoritario frente al Poder Judicial, así como sus intenciones con respecto al FEES y al Banco de Costa Rica, lo que parece un claro indicio de continuidad de la línea seguida por el Gobierno anterior.

        También se ha rebelado necesario en la política de ajuste estructural poner al servicio de la causa o, en todo caso, neutralizar toda instancia institucional de control jurídico que pudiera poner reparos; lo cual ya había sido advertido por las cúpulas políticas con respecto al Poder Judicial desde hace ya algunas décadas. De ello me ocuparé seguidamente.

         3.- La función de garantía del Poder Judicial

        Lo que hemos dicho de la situación del País en el Siglo XIX: su bajo nivel de educación en general; y lo que hemos dicho en particular de la Universidad de Santo Tomás en materia jurídica, ayuda a entender los problemas de la Justicia causados básicamente por la inopia de jueces y abogados y su deficiente formación.

        Esto se refleja fuertemente en el diseño y la redacción de las Constituciones y la organización de la Justicia, generalmente adaptados o copiados de manera más o menos literal de modelos extranjeros. Así, a la pregunta que más nos interesa:

        ¿quién nombra a los jueces, conjueces o magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Las respuestas en Costa Rica oscilaron entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero, en todo caso, la solución que prevaleció y se mantiene hasta la fecha es básicamente la que ofrece la Constitución de 1859 en su artículo 69, inciso 3º:
         “…Artículo 69.-Ambas Cámaras se reunirán en Congreso presidido por el Presidente de la de Senadores, para ejercer las atribuciones siguientes:

         

        1ª.- (…)

        2ª.- (…)

        3ª.-Nombrar los Magistrados de la Cortes Suprema de Justicia y los Conjueces de que habla el artículo 132, sección 2ª, título 9º de esta Constitución: recibir a aquellos y al Presidente de la República el juramento constitucional: admitir o no las renuncias de todos los individuos de los Supremos Poderes; y resolver las dudas que ocurran en el caso de incapacidad física o moral del Presidente de la República, declarando si debe o no procederse a nueva elección…”

        Con algunas variaciones, esa fórmula fue reproducida en la Constitución de 1871.

        Ahora bien, en la época en que vivimos, en razón de los avances de la teoría política y la doctrina constitucionalista, sabemos que poner el destino de los llamados a juzgar en manos de los que serían juzgados por ellos es UNA PÉSIMA SOLUCIÓN; pero nuestros tatarabuelos no se percataron, debido a su impreparación jurídica y al atraso general de la doctrina de la época en materia constitucional.

        Sin embargo, muchas concepciones jurídicas operantes en ese mismo tiempo, como el trato vejatorio dado a los llamados “hijos naturales”, la prisión por deudas, los delitos de adulterio y de sodomía, las penas de mutilación corporal, etc., ahora son rechazadas por bárbaras o simplemente anticuadas y fueron derogadas de todos los códigos civilizados.

        ¿Por qué sigue vigente entre nosotros aquella antigualla del nombramiento de los magistrados por parte del cuerpo legislativo, que quedó consagrada en el artículo 158 de la Constitución ( que dice literalmente:

         “…ARTÍCULO 158.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años…”)?

        Porque creó redes de poder institucional a las cuales sus titulares (aparentes y ocultos) están fuertemente apegados.

        Este sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte había sido denunciado en 1907 por don Antonio Zambrana, jurisconsulto cubano que ejerció una benéfica influencia sobre la flamante intelectualidad costarricense de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

        Apuntaba certeramente Zambrana que dicha forma de nombramiento introduciría la política en la administración de la Justicia; y muchas pruebas elocuentes de ello fueron aportadas por varios diputados procedentes de distintos partidos, en los debates de la Asamblea Constituyente de 1949.

        Leyendo las actas respectivas se comprueba que todos los diputados que intervinieron en la polémica alrededor de la propuesta de la Fracción Social-Demócrata, estaban de acuerdo en que el sistema de nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa había dado pésimos resultados en lo que iba del siglo; que durante la vigencia de dicho sistema se habían registrado abusos y humillaciones contra magistrados que habían sido intachables, como don Alfonso Barrantes, el presidente don Luis Dávila y otros.

        Sin embargo, no hubo acuerdo en la Constituyente sobre los cambios a implementar, y al final ocurrió lo increíble: quedó aprobada una versión del viejo e impresentable sistema de las Constituciones del 59 y del 71, que todos criticaron y nadie defendía.

        Así las cosas, después del 49 los gobiernos liberacionistas ejercieron por mucho tiempo un discreto dominio sobre la Corte Suprema, que se notaba sobre todo en los mayoritarios rechazos de los recursos de Hábeas Corpus y de Inconstitucionalidad, y en un crecimiento de la impunidad en delitos de cuello blanco.

        Una sana reacción de la Justicia contra la impunidad no provino entonces de la Corte, sino de los fiscales y jueces garantistas de primera instancia y de apelación, a través de un proceso gradual:

        Figueres Ferrer y Oduber, con claros episodios de corrupción, nunca fueron molestados; Monge fue procesado y absuelto al final; no así su Secretaria, que resultó condenada. Poco después los nuevos jueces, fiscales y defensores hicieron el cambio a partir del cual muchos de aquellos delitos de cuello blanco fueron condenados; dos expresidentes fueron a la cárcel y un tercero se alejó preventivamente del País. En esa etapa nuestros jóvenes garantistas emularon a los magistrati italianos de la llamada ‘Operación Manos Limpias’, que a fines del Siglo XX escribieron una página gloriosa en la historia judicial del Mundo.

        Entre tanto, la corrupción política había penetrado de nuevo por aquella brecha que ofrecía el nombramiento/enganche de los magistrados por parte de los políticos, lo cual quedó claro en el conocido affaire de la reelección presidencial, así como en la promulgación del TLC y sus leyes complementarias. Y después vinieron otros casos que todos recordamos, y que nos han permitido comprobar que el blanco preferente de los ataques ha sido la Sala Penal y la Sala Constitucional, pero que la Corte entera se encuentra en asedio.

        Por esa razón está creciendo en el seno de la Judicatura toda, la exigencia de un cambio radical en la estructura de la Institución Judicial, que aleje de sus mandos todo tutelaje proveniente de las cúpulas políticas y de los poderes de facto. Es preciso que la Corte misma, y la propia Asamblea Legislativa, reaccionen en esa dirección, aunque ello signifique renunciar a prácticas de poder que halagan vanidades personales, pero que son fatales para la institucionalidad del País. La majestad de la Justicia debe ser restaurada por el camino de la independencia y la dignidad de sus sacerdotes.

        Aunque está en sus inicios, el actual Gobierno muestra respecto del anterior una continuidad que nos permite percibir, por encima de ambos, la intensificación de la conducción superior del Fondo Monetario y del Banco Mundial, dispuestos a acabar con las resistencias locales (sindicatos, universidades públicas, partidos de izquierda) que estorban y retardan precisamente el proceso de ‘ajuste final’ del Plan de Ajuste Estructural.

         Y al cabo da uno en pensar que quizás el Presidente Chaves Robles no ha dejado del todo el Banco Mundial, sino que siente a Costa Rica como un nuevo destino en su carrera proconsular: de ahí su tono, no de un presidente constitucional, sino de un mandarín, habitual quizás durante los años de su mandato asiático. Pero no hay que confundir: Indonesia, hasta hace relativamente poco tiempo, estuvo sometida al dominio plurisecular de una potencia colonial.

        Debemos tener fe en las reservas democráticas de nuestro Pueblo, que no sin sacrificio conseguirá finalmente sacudirse las rémoras del fanatismo y la irracionalidad que acechan desde las tiendas de algunas organizaciones advenedizas. La movilización de la clase trabajadora que crece y se integra bajo renovadas agrupaciones sindicales, y la conciencia de los alumnos y los profesores de nuestra Alma Mater y otras universidades y corporaciones cívicas, feministas, indígenas, deben constituirse en la alternativa humanista y democrática contra los abanderados del ‘ajuste’ que, agitando las sinrazones financieras de la oligarquía transnacional, pretenden reducir y vanificar el Estado Social y Constitucional de Derecho, transformando la comunidad ciudadana en un puñado de “recursos humanos”, y en mercancía el sagrado territorio.

        Esto es un llamado a renovarnos, agruparnos y luchar. Otro mundo es posible.

        Nota editorial: Puede descargar el PDF para imprimir y compartir.

        https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2022/10/Palabras-de-Walter-Antillon-al-recibir-Premio-Rodrigo-Facio.pdf

        Walter Antillón Montealegre es Premio Rodrigo Facio 2022

        Escrito en . Publicado en Cultura, Educación.

        Nuestro querido Walter Antillón Montealegre, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UCR es el Premio Rodrigo Facio 2022.

        Merecidísimo reconocimiento que dignifica aún más, al grupo de prestigiosas personalidades que se han «destacado por su aporte al desarrollo político, social, económico y de la justicia social del país».

        Conjunto selecto conformado por Manuel Mora Valverde, Isaac Felipe Azofeifa, Jorge Manuel Dengo, Rodrigo Carazo, Fernando Soto Harrison, Rodrigo Madrigal Nieto, María Eugenia Dengo, Hilda Chen-Apuy, Jorge Romero Pérez, Guido Miranda, Elizabeth Odio, Daniel Camacho, María Eugenia Bozzoli y José María Gutiérrez.

        Con especial regocijo recibimos la fresca noticia y la compartimos para que igualmente la celebren nuestros amigos y los muchos amigos de ese gran compañero de patrióticas causas.

        Muchas felicidades Walter.

        Freddy Pacheco León