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Etiqueta: Zona Marítimo Terrestre

UCR respalda pronunciamiento que rechaza reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre

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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión N.° 6985, acordó acoger un pronunciamiento que rechaza el proyecto de reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.° 22.553), al considerar que podría facilitar procesos de privatización del litoral y debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.

Este pronunciamiento fue gestionado y promovido por el Programa Kioscos Socioambientales, con el respaldo de más de 80 organizaciones y más de 200 personas, en su mayoría vinculadas a territorios costeros.

Según el documento, el proyecto de ley representa “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades”, y advierte que, aunque la propuesta se presenta bajo el concepto de “ordenamiento”, en la práctica “plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario”.

Asimismo, se señala que la iniciativa abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial. En particular, se cuestiona que la reforma flexibiliza los requisitos para concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso permitiría usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con infraestructura o mobiliario para fines comerciales.

“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

En la misma línea, se advierte que “esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”.

El documento también alerta sobre posibles retrocesos en materia ambiental, especialmente en ecosistemas estratégicos como los manglares: “Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”.

Otro de los cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios: “Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Posición histórica de la Universidad de Costa Rica

Durante la discusión del acuerdo, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, Ilka Treminio, destacó que para fortalecer el análisis se incorporaron criterios previamente emitidos por el propio Consejo, incluyendo el acuerdo de la sesión n.° 6983, en el cual se respaldó una iniciativa orientada a garantizar el acceso público a las playas (Expediente N.° 24.413).

En ese marco, se recordó que el Consejo Universitario ha sostenido una posición consistente en esta materia. Destaca el acuerdo CE-DIC-16-004 de 2016, en el que se planteó la urgencia de una reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, la articulación con gobiernos locales, el ordenamiento territorial y el enfoque socioecológico, incorporando además el cambio climático y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, en 2025 el Consejo se pronunció sobre el proyecto de ley 23.148, advirtiendo que implicaba riesgos sociales, ecológicos y jurídicos al abrir la posibilidad de actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los debidos resguardos. En ese contexto, reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, orientada al desarrollo sostenible y basada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.

Según Ilka Treminio, a partir del análisis de los acuerdos previos del Consejo Universitario, el pronunciamiento resulta “coherente con la posición que la Universidad ha venido construyendo y sosteniendo en esta materia, así como con los principios que deben orientar una legislación integral, participativa, construida con las comunidades y respetuosa de la protección de los bienes comunes”.

Sin consulta a la UCR

Treminio señaló que la urgencia de esta adhesión radica en que el proyecto no fue consultado formalmente a la Universidad y ha avanzado con una celeridad preocupante. Asimismo, indicó que el Programa Kioscos Socioambientales, junto con diversas organizaciones, ha solicitado audiencias con la Presidencia Legislativa y las jefaturas de fracción para exponer sus argumentos, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Por otro lado, el Ph.D. Sergio Salazar Villanea, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias, se sumó al pronunciamiento y recordó que la semana anterior ya habían discutido el tema y fijado una posición en el mismo sentido. Asimismo, hizo un llamado de atención sobre la celeridad con que se tramitan algunos proyectos, advirtiendo que esta dinámica difícilmente cambiará con la conformación de la Asamblea Legislativa en el próximo gobierno.

Por su parte, el Dr. Francisco Guevara Quiel, representante del Área de Artes y Letras, manifestó su respaldo total al pronunciamiento, destacando su solidez técnica y el profundo conocimiento de la problemática. Señaló que, al acercarse a las zonas costeras, es posible constatar directamente la situación: un ecosistema que está siendo saqueado y un evidente deterioro de la naturaleza impulsado por intereses empresariales de gran envergadura.

Finalmente, el director del Consejo, Dr. Keilor Rojas Jiménez, indicó que, según la información recabada, la iniciativa no fue consultada oficialmente a la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, advirtió que la ausencia de consulta genera preocupación y planteó la necesidad de reflexionar sobre la frecuencia con que se omiten estos procesos formales de consulta a la institución.

Ver video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=2-6DFbJWuYg

Ver pronunciamiento completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

UCR respalda proyecto de ley para garantizar acceso público a las playas

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La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, manifestó en la Sesión n.°6983 su respaldo al proyecto de ley que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.° 6043), orientado a garantizar el acceso público a las playas del país (Expediente N.° 24.413).

Tras un proceso de análisis institucional y consulta a diversas instancias académicas, la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto, subrayando la importancia de incorporar observaciones técnicas y sociales que fortalezcan su alcance.

Según el acuerdo, la iniciativa legislativa responde a problemáticas concretas en el país, donde “el acceso público no solo se encuentra restringido o potencialmente limitado, sino que además se han iniciado ciertas prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.

El proyecto propone establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, con el fin de evitar su apropiación indebida y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de estos espacios. Asimismo, plantea medidas como la elaboración de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años.

Desde el ámbito académico, distintas unidades señalaron que el proyecto constituye “una iniciativa pertinente y de alta relevancia para la realidad que enfrentan numerosas playas del territorio nacional”, especialmente ante procesos de turistificación, gentrificación y presiones del mercado inmobiliario en las zonas costeras.

No obstante, la Universidad también advirtió que la propuesta debe ser fortalecida en aspectos clave. Entre ellos, la necesidad de incorporar evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, así como mecanismos efectivos de cumplimiento.

En ese sentido, se recomendó incluir sanciones ante prácticas como la obstrucción de accesos y la señalización engañosa, además de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura por parte de los gobiernos locales.

El Consejo Universitario enfatizó que “garantizar que cada playa disponga de un mínimo de tres accesos públicos constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”, aunque señaló que es necesario justificar técnicamente este criterio y contemplar posibles excepciones.

Finalmente, la UCR reiteró su disposición a colaborar con el proceso legislativo: “La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente debate nacional sobre el acceso, uso y protección de las zonas costeras, consideradas bienes públicos fundamentales para la vida social, cultural y ambiental del país.

Durante la discusión del dictamen, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, hizo un llamado a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553). Señaló que el Programa Kioscos Socioambientales ya ha solicitado un pronunciamiento al respecto y advirtió sobre la urgencia de abordarlo, dado el rápido avance que ha tenido.

En su intervención, Treminio planteó que este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras. Alertó que, de no mediar una discusión crítica, se corre el riesgo de profundizar procesos de privatización del litoral que favorecen principalmente a grandes inversionistas, generando formas excluyentes de acceso al territorio. Esto, añadió, podría transformar bienes públicos en espacios cada vez más restringidos, subordinados a lógicas de mercado y a dinámicas de apropiación privada.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Dictamen completo: https://drive.google.com/file/d/1qAqqbQroeuwAZ9S7YZdYVJMSRTXJrb6x/view?usp=sharing

Organizaciones solicitan audiencia urgente en la Asamblea Legislativa y rechazan reforma a la Ley de Zona Marítimo Terrestre

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Organizaciones costeras, de mujeres y en defensa de la Zona Marítimo Terrestre solicitaron formalmente una audiencia ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de expresar su rechazo al proyecto de ley “Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” (Expediente N.º 22.553).

La solicitud fue dirigida al presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, así como a distintas jefaturas de fracción, en un contexto de creciente preocupación por el avance acelerado de esta iniciativa en el Congreso.

La semana pasada más de ochenta organizaciones sociales, ambientales, académicas y comunitarias, junto con más de doscientas personas firmantes, advierten que la reforma podría generar impactos profundos en las comunidades costeras y en ecosistemas estratégicos del país. Entre las principales preocupaciones se señalan posibles procesos de privatización del litoral, el debilitamiento de la protección ambiental, particularmente en humedales y manglares, y el riesgo de desplazamiento de comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios, incluyendo poblaciones afrodescendientes, indígenas y personas dedicadas a la pesca artesanal.

Asimismo, se alerta que el proyecto introduce condiciones administrativas, técnicas y económicas que resultarían difíciles de cumplir para las comunidades locales, lo que podría favorecer la concentración de concesiones en manos de actores con mayor capacidad económica, mediante mecanismos como la subasta.

Las organizaciones también recuerdan que este expediente ya había sido cuestionado y detenido en el año 2021 por razones jurídicas, sociales y ambientales, y que su reactivación en 2025 ha ocurrido sin un proceso amplio de consulta y participación con las comunidades afectadas.

Adicionalmente, informes técnicos han señalado posibles roces de constitucionalidad en varios artículos del proyecto, lo que incrementa la preocupación sobre su viabilidad legal y sus efectos sobre el régimen de protección de la zona marítimo terrestre.

En este contexto, las organizaciones firmantes reiteran la necesidad de abrir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, que incluya a comunidades costeras, organizaciones sociales y sectores académicos, antes de avanzar con una reforma de esta magnitud.

Como parte de este proceso de articulación, el pasado 18 de marzo se realizó un espacio virtual informativo, con la participación de la politóloga y asesora legislativa Jessica Ramírez, y la abogada especialista en derecho ambiental y derechos humanos Sofía Barquero. La actividad fue organizada por el Proyecto de Geografía y Diálogo de Saberes de la Universidad de Costa Rica, la Red de Mujeres Costeras y Rurales, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional.

Las organizaciones hacen un llamado a las diputaciones a atender esta solicitud de audiencia y a valorar la necesidad de detener el avance del expediente 22.553, en resguardo del carácter público de las playas, la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

70 organizaciones rechazan reforma que abriría la privatización de la Zona Marítimo Terrestre

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• Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras.
• Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.

“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.

El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.

Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.

“Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.

El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.

“Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.

Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.

Centralización y debilitamiento del control público

Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.

“Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.

Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.

“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.

“Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.

Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.

Ver pronunciamiento completo con organizaciones y personas firmantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform?usp=preview

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Organizaciones alertan sobre intento de aprobar reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y convocan a firmar pronunciamiento

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Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.

Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.

Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos

El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.

Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.

Centralización institucional y debilitamiento del control público

Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.

Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.

Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.

Impactos sociales en comunidades costeras

El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.

Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.

En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.

Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo

Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.

Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.

Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.

Enlace para firmar el pronunciamiento

AEL solicita informe técnico detallado sobre acciones municipales en la zona marítimo terrestre de Talamanca

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó una nueva gestión ante la Municipalidad de Talamanca solicitando información pública detallada sobre las acciones ejecutadas en la zona marítimo terrestre, particularmente en relación con ocupaciones denunciadas en Cocles y Manzanillo.

La solicitud, contenida en el oficio AEL-0018-2026 del 27 de febrero de 2026, invoca la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 10554) y plantea la necesidad de contar con prueba “clara y veraz” sobre la ejecución efectiva de las disposiciones señaladas previamente por la propia Alcaldía.

Antecedente: respuesta general de la Alcaldía

El planteamiento surge a raíz del oficio OF-AMT-E-0016-2025, mediante el cual la Alcaldía indicó que la Municipalidad, por delegación de la Ley Nº 6043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), es responsable de la administración de las zonas costeras del cantón.

En ese documento se recordó que la zona marítimo terrestre forma parte del patrimonio nacional, es inalienable e imprescriptible, y que la franja de cincuenta metros a partir de la pleamar ordinaria constituye zona pública donde no puede autorizarse ningún tipo de ocupación.

Sin embargo, AEL señala que dicha respuesta fue de carácter general y no incluyó evidencia concreta sobre intervenciones específicas, cronologías, inspecciones o medidas adoptadas frente a denuncias ciudadanas.

Solicitud de prueba documentada y acciones concretas

En el nuevo oficio, AEL solicita un informe técnico-legal detallado que incluya:

  • Lista cronológica de sitios intervenidos desde Puerto Viejo hasta Manzanillo.

  • Fechas de intervención y medidas adoptadas (desalojos, demoliciones, sanciones).

  • Fundamentos fácticos y legales aplicados en cada caso.

La gestión pone especial énfasis en la zona frente al Hotel Le Camaleon en Cocles, donde —según se expone— persisten denuncias por piscinas, mesas, parqueos, baños, cercas de alambre y otras estructuras que podrían contravenir la prohibición de ocupación en la zona pública.

Asimismo, se solicita información sobre inspecciones recientes, evidencias recopiladas, aplicación específica de los artículos 1, 3 y 20 de la Ley Nº 6043, y acciones correctivas ejecutadas o planificadas para restaurar el dominio público.

Enfoque en rendición de cuentas y control ciudadano

La gestión de AEL se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública y en el principio de rendición de cuentas en el ejercicio de la función administrativa. El documento señala que la información debe ser entregada en formato accesible y dentro del plazo legal de diez días hábiles, conforme a la normativa vigente.

La organización sostiene que la protección efectiva de la zona marítimo terrestre requiere no solo declaraciones generales sobre el marco legal aplicable, sino también evidencia verificable de intervenciones concretas frente a ocupaciones que restrinjan el acceso público o alteren el dominio inalienable del Estado.

El caso reabre el debate sobre la gestión municipal en la protección del patrimonio natural costero y la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia, fiscalización ciudadana y cumplimiento normativo en territorios de alta presión turística y comercial.

Tribunal Ambiental ordena restauración de manglar y bosque tras 15 años de lucha contra Hotel RIU en Guanacaste

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Luego de más de quince años de denuncias, trámites y resoluciones incumplidas, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) resolvió dar con lugar a la denuncia ambiental contra el complejo Hotel RIU en Playa Matapalo, cantón de Carrillo, y ordenó la restauración del manglar y de áreas boscosas afectadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

La resolución —dictada en el expediente que se remonta al año 2009— reconoce como hechos probados la eliminación y relleno de ecosistemas de manglar, la alteración de vegetación arbórea y arbustiva, así como la modificación del curso de una quebrada, todo ello en zonas de dominio público y de protección especial.

De acuerdo con lo resuelto, y la información enviada a SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, el Tribunal estableció la responsabilidad solidaria de las empresas vinculadas al proyecto y de su representante, y ordenó eliminar los rellenos, devolver la zona a su estado original y presentar un plan técnico de restauración ecológica, con plazos concretos para su ejecución.

Un caso marcado por dilaciones y sentencias incumplidas

El fallo llega tras un prolongado proceso caracterizado por retrasos, a pesar de que la Sala Constitucional emitió al menos cuatro sentencias ordenando al Tribunal Ambiental dictar resolución definitiva en un plazo razonable, en apego al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.

En resoluciones reiteradas, la Sala advirtió sobre eventuales responsabilidades administrativas e incluso penales por desobediencia, ante el incumplimiento sistemático de lo ordenado. En uno de los episodios más recientes, incluso se dispuso testimoniar piezas al Ministerio Público para valorar la posible comisión del delito de desobediencia.

Las personas denunciantes y organizaciones ambientales han señalado que las dilaciones favorecieron, durante años, la consolidación de los daños ambientales, mientras el proyecto avanzaba y se anunciaban nuevas etapas constructivas en la zona.

Zona pública afectada y ecosistemas vulnerados

La documentación incorporada al expediente, incluyendo el plano oficial de la zona afectada, confirma que los daños ocurrieron dentro de la zona pública de la ZMT, en áreas identificadas como manglar, humedal y protección de cauces, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.

Los hechos probados incluyen la deposición de materiales de relleno, el enterramiento de mojones oficiales y la eliminación de cobertura vegetal, acciones que afectaron directamente funciones ecológicas esenciales y bienes de dominio público.

Vigilancia ciudadana y exigencia de cumplimiento

Organizaciones y personas denunciantes han señalado que, si bien la resolución representa un avance significativo, la verdadera prueba será su cumplimiento efectivo, por lo que han anunciado que se mantendrán vigilantes del proceso de restauración ordenado.

El caso es considerado emblemático por evidenciar las tensiones entre grandes proyectos turísticos, la institucionalidad ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano, así como las debilidades estructurales en la aplicación oportuna de la normativa ambiental.

Playas sin gobierno, vidas en riesgo

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Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 22 de julio, 2025.

Las playas del Caribe costarricense, tan admiradas por su belleza natural, ocultan una verdad alarmante: carecen de una administración efectiva y de protocolos claros de gestión y seguridad pública. En muchos casos, estas franjas costeras funcionan en la práctica como tierra de nadie, donde el Estado aparece solo para cobrar permisos, pero no para proteger vidas.

Más allá de las banderas de colores que indican teóricamente el nivel de peligro —sin vigilancia real ni consecuencias por ignorarlas—, bañistas nacionales y turistas internacionales se sumergen en el mar sin guía, advertencia ni presencia institucional visible. La gestión de estas zonas críticas parece haber sido delegada, por omisión, a la voluntad de los propios visitantes.

La Zona Marítimo Terrestre, que legalmente pertenece al Estado, es en realidad administrada por la costumbre y la informalidad, salvo cuando se trata de cobrar un canon por ocupación o exigir un trámite de concesión. Para lo demás —como la seguridad, prevención y atención de emergencias— no hay autoridad responsable, ni protocolos activados, ni rendición de cuentas. No basta con “recoger los cuerpos y ya” – como años atrás dijera una viceministra de la Presidencia con respecto al conflicto por tierras indígenas en la zona sur.

Por eso, cuando ocurren tragedias como la reciente y dolorosa muerte del actor Malcom-Jamal Warner en la playa de Cocles, la pregunta inevitable es: ¿Quién responde? ¿Quién vela por la vida humana en estas costas?

Porque si el Estado costarricense asume el derecho de cobrar por el uso del suelo costero, también debe asumir su deber de establecer y aplicar protocolos de seguridad, prevención de riesgos y atención inmediata. No basta con poner letreros. Se requiere presencia, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional.

Hoy las playas son trampas mortales, no solo por las corrientes ocultas del mar, sino por la corriente aún más peligrosa de la negligencia oficial.

Festival Tierra Viva celebra a nuestras mujeres

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Organizado por vecinos de Brasilito que se mantienen en la lucha por el ambiente y la cultura

Esta comunidad se ha organizada por la defensa de árboles, el uso tradicional y contra la privatización de la playa en Punta Pelencho.

La comunidad de Brasilito ha expresado su preocupación por la reciente identificación de árboles en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y la próxima elaboración de un camino asfaltado hacia Punta Pelencho, temiendo que esto afecte el ecosistema y el acceso público al lugar.

El proyecto, impulsado por la empresa Cantomar en acuerdo con la Municipalidad de Santa Cruz, propone una vía pavimentada de doble sentido. Sin embargo, los habitantes advierten que esto pondría en riesgo la fauna local, especialmente la conectividad biológica de especies como los monos congo, especie en peligro de extinción, además de modificar el uso tradicional del lugar y el acceso público a la playa.

Existen indicios de que la municipalidad pudo haber cedido irregularmente la administración de una calle pública para convertirla en una entrada privada con control de acceso 24/7, lo que limitaría la libertad de tránsito y podría constituir una privatización de hecho, contraria al ordenamiento jurídico costarricense.

El proyecto cuenta con viabilidad ambiental que fue aprobado en el 2007. El proyecto de 38.864 metros cuadrados está bajo el expediente D1-1286-2006-Setena, y tiene aprobación de viabilidad ambiental N° 2758-2007-Setena, es decir de hace 18 años.

En respuesta, se conformó el Comité Punta Pelencho, que busca proteger el equilibrio ecológico, garantizar el acceso público y promover un desarrollo sostenible que respete el entorno natural y cultural.

El comité solicitó a la Municipalidad de Santa Cruz el convenio de donación para conocer su contenido. Sin embargo, a pesar de múltiples solicitudes, la municipalidad no ha brindado una respuesta dentro del plazo de 10 días hábiles, limitándose a acusar recibo sin compartir el documento ni atender la solicitud de anulación por aparentes irregularidades.

Para el comité esta falta de transparencia es especialmente preocupante, ya que el proceso se ha llevado a cabo sin consulta previa a la comunidad, excluyéndola de un asunto con alto impacto ambiental y social. La comunidad continúa organizándose para evitar cambios que alteren la esencia de este sitio tan importante para ellos y ha venido organizándose para fortalecer el uso de este espacio como patrimonio cultural. En ese propósito se fomenta la presencia activa de la comunidad a través de actividades que refuercen el sentido de pertenencia y convivencia.

Bajo este marco, el Comité Punta Pelencho organiza el “Festival Tierra Viva Celebrado a nuestras mujeres” que tendrá lugar el próximo sábado 8 de marzo. Este día durante la mañana habrá un taller de movimiento creativo, zumba, mandalas en arena, búsqueda del tesoro en familia y presentaciones artísticas. Mientras que, durante la tarde, se tendrá una charla sobre prácticas de cuidados de la mujer, así como un círculo de cantos y música en vivo a cargo de Elypan y Yo Soy Canto Sagrado. Además, durante las actividades, habrá estaciones para el disfrute de niñas y niños.

Este es un gran espacio para informarse de la situación de Punta Pelencho, disfrutar de las actividades y apoyar a los emprendimientos locales. Las actividades son gratuitas y abiertas y la ubicación es https://maps.app.goo.gl/bygfXCT26wvHgnxY9

Informes: Correo Comité Punta Pelencho comitepuntapelencho@gmail.com
En https://www.instagram.com/comitepuntapelencho/ puede verse videos de las acciones realizadas.

Salvemos nuestro pueblo, todavía tenemos tiempo

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Por Bernardo Archer Moore
Presidente
ACUDHECA*

Cahuita es el único pueblo costero de Costa Rica que aún no ha sido tomado y transformado en un enclave turístico para ricos y famosos, fuera del alcance de los ticos con limitados recursos económicos.

Tengo la visión y la esperanza de que Cahuita puede y será salvada. Sin embargo, para hacer realidad ese sueño, es necesario que todas las personas que aprecian la cultura y estilo de vida de Cahuita se unan y colaboren hacia ese propósito.

Al igual que los ricos y famosos, el ciudadano medio y el trabajador común tienen derecho a tener un “patio de recreo frente al mar”: esta es la base fundamental de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977, que debe ser respetada.

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin importar nuestra herencia étnica, el color de piel o la situación económica; todos llegamos a este mundo sin nada y nos iremos de él de la misma manera.

En los últimos años, he estado reflexionando sobre por qué el Todopoderoso me ha salvado de dos intentos de asesinato. Si mi colaboración con la resistencia popular de Cahuita es para defenderse del proceso final de gentrificación, así será.

Les aseguro, amigos y enemigos, que estaré aquí con ACUDHECA hasta que suenen las últimas campanadas.

*Asociación Promoción de la Cultura y Derechos Humanos de los habitantes de CAHUITA y Afines.