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Etiqueta: reforma fiscal

Desafíos y perspectivas de la inversión social pública en Costa Rica

Escrito el . Publicado en Análisis.

Yenén Mejías San Lee
Investigador Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Yenén Mejías San Lee.

El deterioro de la Inversión social pública (ISP) en el país nuevamente ha vuelto a ser centro de atención en diversos sectores de la ciudadanía, en esta ocasión el detonante fue la presentación del presupuesto ordinario y extraordinario para 2025 ante la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24535, donde se refuerza la tendencia a los recortes en la ISP durante los últimos años. La propuesta para 2025 tiene una reducción de 1,9% con respecto al año anterior, y sobresalen nuevamente los recortes en educación cuya tendencia decreciente se ha sostenido desde 2017 a la fecha, año en el que se invirtió un 7,4% con respecto al PIB (cercano al tan anhelado 8% del PIB según lo establece la constitución política de nuestro país) y de aprobarse el presupuesto enviado por el ministerio de Hacienda se reduciría a 4,9% del PIB en 2025, profundizando la tendencia de reducción de la ISP.

La reducción llega después de una década caracterizada por un aumento en dicha inversión, pero también por un déficit fiscal, cuya diferencia entre ingresos y gastos se atendió en gran medida con el crecimiento de la deuda pública, situación que condujo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y con ella la implementación de la regla fiscal para controlar el gasto. Las consecuencias e impacto de estas limitaciones a la inversión social son complejas de cuantificar e incluso predecir el momento en el que sus mayores efectos lleguen a manifestarse en el país. Pero la preocupación es más que válida sobre todo al sumar problemas como el actual apagón educativo, la profunda polarización social, una crisis de seguridad y homicidios en conjunto con los ya conocidos problemas de pobreza que tiene el país, los problemas de desempleo y la desigualdad social y económica.

Dadas las circunstancias, es necesario repasar los posibles efectos que pueden generar estas políticas fiscales. Recordemos que la ISP es un conjunto de recursos públicos que se priorizan y destinan a diversos sectores de la economía como: educación, salud, protección social, vivienda y cultura, Su objetivo primordial es mejorar el capital humano de la sociedad en el largo plazo, razón por la cual se considera una inversión, pues se espera que estas políticas influyan positivamente en el bienestar y productividad de sus habitantes bajo un enfoque de distribución equitativo y sostenible.

El enfoque de redistribución equitativo debe considerar aspectos como la eficacia y eficiencia de estas políticas, justamente en algunos de los informes del Estado de la Nación, se estudia cómo la inversión social pública en Costa Rica se distribuye entre los diferentes estratos de ingreso y su impacto en la reducción de desigualdades, llegando a la conclusión que la inversión social se distribuye equitativamente entre los quintiles de ingreso, aunque los hogares más pequeños, que se encuentran en el quintil más rico, reciben una mayor inversión per cápita debido a su tamaño reducido (Mata y Trejos, 2017, p. 52)*.

Los datos también permiten concluir que la inversión en educación es la más progresiva de todas las funciones sociales seguida de la inversión en salud, mientras que vivienda y territorio es más proporcional. La excepción es la función de protección social la cual se torna regresiva como resultado de que las pensiones contributivas pues casi la mitad de la ISP la absorbe el quintil más rico, a pesar de que esta función incluye los programas de apoyo a grupos vulnerables cuya política es de las más selectivas (Mata y Trejos, 2017, p. 52). En conclusión, se puede afirmar que la contracción de la inversión social traerá efectos negativos y más fuertemente en las poblaciones pobres y vulnerables que acceden y utilizan los programas y servicios sociales, como la salud y la educación pública, precisamente donde se observan importantes recortes.

En materia de sostenibilidad, la ISP se espera reditúen con una dinámica de círculos virtuosos donde el incremento de la inversión resulte en capital humano más robusto y este a su vez se traduzca en mayor productividad, que finalmente resulte en mejores ingresos permitiendo al círculo renovarse y continuar. Esta dinámica con certeza promovería el crecimiento económico y duplicaría las veces necesarias el PIB per cápita en menor tiempo y con ello avanzar en materia de desarrollo económico. El problema en nuestro país se resume en que los ingresos fiscales no cubren los gastos, es decir, tenemos un déficit fiscal, que durante años se ha atendido con el servicio de la deuda incrementándola hasta que la razón deuda/PIB superó el 60% desde el año 2020 y desde entonces se mantiene el escenario más restrictivo de crecimiento del gasto.

Para resolver este dilema, además del endeudamiento y contención del gasto público impulsada por la regla fiscal y los recortes a la ISP, se han sumado propuestas como la venta de activos del estado (venta BCR) así como la búsqueda de posibles maneras de restructurar la deuda.

Para lograr la sostenibilidad, hay que hacer la tarea de identificar un punto de equilibrio entre el incremento de sus ingresos (a través de reformas fiscales y una mayor eficiencia en la recaudación) y el control de la deuda pública. Por desgracia este es otro punto en contra, pues en lo que va de la administración actual, ni el gobierno ni la Asamblea han dado señal alguna, o muy poco interés por arrancar con este tema

La ISP en Costa Rica ha presentado una reducción constante durante los últimos años, lo que implica un riesgo para el crecimiento económico, así como empeorar la pobreza y la desigualdad en el país. Lamentablemente, su crecimiento se encuentra limitado por la situación fiscal del país y por un gobierno cuyo enfoque primordialmente es el control de gasto. Bajo estas condiciones se complica la posibilidad de impulsar las inversiones necesarias que se requieren en nuestro país para un desarrollo social y económico equitativo y sostenible, por lo menos en lo que queda del ciclo político.

*Mata, C., & Trejos, J. D. (2017). El gasto o inversión social pública continúan su expansión en el 2016 pese al desequilibrio fiscal. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

Para pensar en un nuevo sistema tributario

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.

A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?

He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:

  1. La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
  2. Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
  3. El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
  4. La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
  5. La protección de otros derechos fundamentales.
  6. La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
  7. Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.

Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.

En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:

  1. Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
  2. Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
  3. Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
  4. La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
  5. La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
  6. Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.

Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.

Reforma fiscal para fortalecer la actuación de quienes trabajan cobrando los impuestos

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Exposición de motivos

Costa Rica, sufre año a año el flagelo de la evasión fraude, elusión y hasta el contrabando mismo, situaciones o hechos que se estima rondan hasta en no más del 8 puntos del PIB, a 2024, cada punto significa en promedio 356 mil millones de colones, un hospital geriátrico acondicionado o contratado llave en mano, podría costar no más de 100 mil millones, es decir, cada año estaríamos de dejar de suplir un promedio de no menos de tres hospitales por provincia , y este dinero alguien se lo está embolsando, no queremos pecar de ingenuos pero si muy prudentes en señalar potenciales delincuentes, porque ciertamente, estos potenciales delincuentes, están siendo sujetos activos de una pena de carácter penal, con un delito tipificado como de Lesa humanidad.

El cercenar las finanzas del Estado mismo, y restarle posibilidad de una actuación social digna, le resta vida a miles de costarricenses, que hoy tienen padecimientos crónicos, les cuesta en salarios y medicinas a los costarricenses, atender la patología quizás de un irradiado, por haber comprado un instrumento de deficiente calidad, al proponer en su compra que el factor precio sea el más preponderante, cuando en finanzas, la regla o premisa es eso, entre mas barato, más malo, mayor riesgo y hacemos alusión al estado de salud , debido a que estas prácticas causan cáncer en la economía del país. Y nos corresponde como buenos costarricenses, hacer un alto en el camino, y ver hacia donde vamos, y rectificar quizás la dirección de hacia dónde queremos ir.

Podremos quizás tener la ruta de un sueño democrático y solvente de nuestras finanzas del Estado, oh decidir continuar, sin mayor protagonismo, por temor a romper paradigmas.

Es por eso, en pocas palabras, la posibilidad histórica de cambiar hacia un mejor rumbo, de igualdad de condiciones, de un mundo territorio de competencia perfecta, donde todos los actores de le economía misma, saben cómo enfrentar a su competencia, no como hoy percibimos, que el litigante temerario, figura del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se instauro, se establecen penas privativas de libertad, pero le roban con artilugios de legalidad misma, eso es lo grave, artilugios de legalidad misma, simplemente, porque la Administración Tributaria, carece de los recursos, administrativos, financieros, tecnológicos, y no solo eso, de lo más lamentable de una legislación vigorosa, inmediato y ejemplarizante, del combate de ese cáncer en las practicas del fraude y evasión, así como la elución y el contrabando.

Podemos apostar que delincuentes tributarios siempre estarán presentes, tal cual pena abraza el Código Penal, y necesitaremos el concurso de toda la sociedad civil, y debemos llegar al punto donde; aquel que intente tal cual flagrante delito, sea sancionado, de manera inmediata, por la “bendita Pública”.

No basta hace cátedra de los principios que se deben tener presentes en cualquier reforma fiscal, debemos aclarar que aquí no se está ante una reforma fiscal, impositiva, contra el sujeto pasivo, lo que estamos o pretendemos es ordenar la actuación fiscal, para que cuente con esas herramientas necesarias, para regularizar su actuación, simplificarla quizás, y enmarcarla legalmente, para que el sujeto pasivo, sepa que ante la comisión de un instrumento de afectación al Estado mismo, es claro, que el hecho de no pagar a tiempo los impuestos, es un instrumento de afectado, y si no pagarlos a pesar de declarar, afecta el flujo de caja del Estado, pues de manera más severa, debe apreciarse, si recurre al ardid de cercenar las finanzas del Estado.

La eficiencia, en el cobro de los tributos abrigada a diversidad de leyes, como El Código Tributario, la Ley del Impuesto General Sobre las ventas, la Ley del Impuesto sobre la renta, la Ley General de Aduanas, razonable en un tiempo por división territorial o material, contribuyo quizás a ordenar distintas materias, desconocida por personas que llegan a administrar la gestión tributaria, logrando la especialización, no obstante, esto no tapa el sol con un dedo, es el llegado por turnos de carácter político de personas que llegan a hacer escuela tributaria, representantes o integrantes de diversidad d despachos privados, con impedimentos legal para conocer quizás actos en contra de sus clientes, pero que a la fecha, se desconoce de la recusación de esas autoridades, a que si no es por el chisme, nadie se entera de si un cliente o investigado, es sujeto de una actuación de carácter tributario. Esto debe llamar en mucho la atención de nuestros Diputados.

Hoy día proponemos una reforma fiscal de primer mundo, no es vi a tarifaria, ni por deuda, es una reforma para fortalecer la actuación de quienes trabajan cobrando los impuestos de esta gran nación.

Debemos fortalecer la figura del servidor público, como es la de constituir la figura del comisionado fiscal, actor simplificante del quehacer tributario, hoy día un auditor fiscal debidamente investido del poder estatal, es menos impactante su presencia, que el guarda de un almacén fiscal, que posee la llave del candado del portón, dicho de otra manera, se considera usurpación el poder recabar prueba del potencial y flagrante delito de un fraude fiscal, fraude en termino general, y con las figuras ya señaladas.

Este Comisionado Fiscal, deberá en consecuencia, conocer la materia tributaria de Tributación y de Aduanas, no puede ser cualquier hijo de vecino, debe tener solvencia académica, moral y en experiencia, debe conocer si se enfrente a una mala actuación de carácter aduanero o tributario interno, entendiéndose esta como de comercio local o comercio internacional y aun cuando se promueve la actuación de control sin limitación de competencia material y territorial, ciertamente, hay un marco jurídico que define la actuación en Tributación interno, como lo es el Código Tributario, también la Ley y Reglamento de Aduanas, no deben en mucho ser derogados, ya que en todo lo que se oponga, privaría este instrumento, ya que será una reforma tacita de todo aquello que se le oponga.

Debemos asegurar que, con la figura del comisionado fiscal, se acaben etapas procesales, que hoy día le llevan demasiado tiempo al Estado a hacer eficiente y eficaz el proceso de cobro de dichas determinaciones.

Hoy debemos acudir a un nuevo orden legal, estamos con un panorama tecnológico que no hay distancia en el mundo entero que impida comunicarme con mensajes o hasta video llamadas, de un polo a otro, pues así debemos apostar, contribuir a crear y dotar la Administración Tributaria, como un solo cuerpo y cada extremidad atienda las instrucciones jurídicas de un órgano legal suficientemente robusto que cada movimiento este sobradamente, hasta poder utilizar en forma complementaria, las sanciones contempladas en los delitos informáticos. Aquel que suplante la identidad de otro para asegurar a si mismo un beneficio fiscal, induciendo a error a la determinación tributaria o en la aplicación de un crédito fiscal a su favor ocultando los ingreso, disfrazando gastos, como los fletes, seguros, valor del bien (subfacturando) o no emitiendo la factura comercial al trasladar de dominio la mercancía o someterla a tránsito nacional o internacional, debe constituirse tal acto como un acto que sin duda alguna merezca la imposición de una sanción de carácter administrativa inmediata y si la actuación es flagrante y que supere los umbrales punitivos, ser analizados por la sala correspondiente a su jurisdicción material, con esto queremos señalar la necesidad de constituir un solo tribunal fiscal, con dos salas especializadas, la de aduanas o comercio internacional, y la de tributación o comercio nacional, misma, que veri los conflictos municipales, es decir, mantener las funciones de los tribunales actuales, no perjudicar la actuación sino más bien, con la concentración en un marco legal, hacer un solo tribunal, y no dos como hoy sucede, y que el litigante temerario disfruta para dilatar la resolución del caso y que impide aunque el Estado tenga sobrada motivación y razón, cobrar los tributos en el plazo permitido y no revocable.

Debemos igual que exigimos como ESTADO, garantizar los actos de fiscalización, no reiterar año a año, siendo eventuales sacadas de clavo de los programadores de los riesgos que determinan los sujetos a fiscalías, muchas veces lastimosamente, hay procesos de investigación fiscal, que intentan desnudar el buen comportamiento tributario de sujetos pasivos responsables, pero cuando son sujetos de fiscalización, se definen los alcances y actuaciones con una potencial inseguridad jurídica, ya que hoy piden un requisito, duran un largo tiempo, luego piden otro requisito, y así duran hasta más de un año para resolver un caso en concreto, sumiendo el ejercicio de poder de imperio, pero ante un escenario de terror fiscal, cuando debe ser lo contrario, facilitar el cumplimiento voluntario, pero sancionar severamente el incumplimiento de los deberes formales.

No estamos dando la talla en las Fiscalizaciones, los riesgos subjetivos no superan el 2%, dicho de otra manera, tenemos un 98% de probabilidad de éxito al fraude, tal cual bolsa de valores, el ESTADO con su inacción, está contribuyendo a que le metan todos los goles posibles.

Ciertamente se han creado instrumentos informáticos que inicialmente surten grandes efectos, TICA y factura digital son ejemplo de ellos, pero al tiempo, tal cual ardid delincuencial, hasta los billetes de plástico falsifican, en consecuencia, la materia tributaria, en pocos meses sigue siendo vulnerable y sujeta a la actuación de los delincuentes.

Podemos apostar a reparar en mucho la atención eficiente de la salud y la educación, pilares fundamentales de un sistema tributario, pero apostado en una dotación de bienestar nacional sin precedentes.

Soñar no cuesta, hacerlo realidad, pues encontraremos detractores de la propuesta, su pensamiento los identifica, están oh en la acera contraría, oh simplemente ignoran y no pueden opinar al respecto, de ahí, que sin interés mezquinas proponemos el cuerpo normativo de un instrumento creado por hombres, pidiendo la iluminación del altísimo, para crear un instrumento justo, bajo el principio bíblico, de AL CESAR LO QU ES DEL CESAR y convencidos de esa autoridad y refrendo.

La gran premisa para un Estado saludable, es que todo aquello que mejore la recaudación Tributaria, sin cobrar más tarifas de las ya establecidas, no debe ser materia de discusión o atraso parlamentario, tal cual se ha propuesto en diversidad de eventos de las distintas comisiones, o bien de la incorporación de Costa Rica a organismos internacionales como la OCDE

Exposición de motivos, elaborada por Lic. Miguel Ureña, con el aporte de más compañeros pensionados o activos.

Miguel Ureña. 30 años de experiencia en el Ministerio de Hacienda, 15 años de experiencia docente en el campo, auditor fiscal, licenciado en Administración, licenciado en Derecho, costarricense preocupado por los más necesitados, aspirante a periodista.

SITRAHSAN analiza con diputado Pedro Rojas temas hacendarios

Escrito el . Publicado en Trabajo.

El pasado martes 26 de julio el diputado Rojas visitó la oficina de SITRAHSAN, donde se realizó un conversatorio de actuaciones con impacto micro y macro de la institucionalidad del Ministerio de Hacienda.

Se entregaron documentos remitidos a varias fracciones legislativas donde se puntualizan inconvenientes y viables soluciones, conjuntamente, se solicitó asistencia en materia de mocionar para más presupuesto para el Ministerio de Hacienda.

El sindicato presentó una eventual reforma fiscal para unificar el área de ingresos y sus competencias materiales y territoriales.

 

Compartido con SURCOS por SITRAHSAN.

Reforma Fiscal Verde para Costa Rica

Escrito el . Publicado en Derechos.

La oficina en Costa Rica de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Observatorio Económico Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA) ofrecen su más reciente publicación conjunta: “Reforma Fiscal Verde para Costa Rica – propuestas para una reactivación económica sostenible.” se contará con los siguientes panelistas:

  • Fernando Rodríguez Garro
  • Olga Marta Sánchez Oviedo
  • Sofía Guillén Pérez

El seminario se realizará el día 26 de agosto del 2021 a las 4:00 p.m. por medio de Facebook Live FESAMERICACENTRAL

Costa Rica sufrió un fuerte impacto por la pandemia de la COVID-19, que hizo caer la producción, aumentar el desempleo y afectar la ya complicada situación fiscal. No obstante, previo a la pandemia se había perdido dinamismo económico, el crecimiento se había ralentizado, el desempleo ya supera los dos dígitos y la deuda pública aumentaba rápidamente. La pandemia vino a exacerbar los problemas que el país tenía, complicando el planteamiento de una solución.

Una reforma fiscal verde parte de la utilización de instrumentos de mercado para cambiar el comportamiento de las personas, frente a la producción y el consumo, de forma que se refleje en el precio de los bienes el valor de la externalidad ambiental negativa que esos bienes producen. La utilización de mecanismos de este tipo no está exenta de problemas, como la definición de la tasa a cobrar, la base imponible a utilizar y si existe capacidad de la administración tributaria para cobrarlo.

En Costa Rica, existe un impuesto a los combustibles, que no tuvo una génesis como impuesto verde y grava los distintos combustibles con tarifas diferenciadas. Asimismo, un impuesto a la propiedad de los vehículos, que arrastra varios problemas, como un monto de impuesto muy bajo para los vehículos de mayor tamaño (como buses y camiones de carga) y una metodología que reduce la carga impositiva a los vehículos de mayor antigüedad. Estos impuestos y otros cobrados al uso y adquisición de vehículos suponen una quinta parte de los ingresos tributarios, lo que provoca que el sistema tributario dependa de que se venda combustible y vehículos para sostener la situación fiscal.

Se debería pensar en una reforma al impuesto a los combustibles, que los grave en función de su potencial contaminante. Aunado a esto, gravar la propiedad de vehículos usando como parámetro su cilindrada, mejorar el impuesto a la importación de bienes ineficientes en el uso de energía, introducir un impuesto al plástico, crear una tarifa por congestión en el país, entre otras medidas. Los recursos generados vendrían a impulsar la transición a una nueva economía y la reducción de cargas sobre el trabajo.

Para inscripciones sería en el siguiente enlace:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpde2oqD0sG9zMjdIFuaz6ESBSMPp9or7p

Luego de su inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace personal y código de acceso para unirse al taller web. Si no recibe esta información o tiene alguna consulta logística, puede escribir a Carlos Ávila al correo: c.avila@fesamericacentral.org

Para consultas acerca del objetivo y el contenido de la actividad, escribir a Marco Zamora al: m.zamora@fesamericacentral.org

 

Compartido con SURCOS por Carlos Ávila.

RECUENTO DE LA JORNADA POPULAR EN COLOMBIA (II)

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La lucha por lo Humano y la Verdad por lo Histórico, van de la mano con la movilización nacional contra el mal gobierno. Lo ilegitimo presidencial por el fraude electoral y la legitimación del narco-paramilitarismo en el poder, no podrán recuperarse del sartal de errores, fracasos, ineficacia e iniquidades al que han sometido a la otra Colombia: la popular y objetivo del terrorismo estatal.

El 28 de abril de 2.021, queda como un hecho político e histórico de protesta continuada; como expresión de la conciencia nacional, por parte de un pueblo hastiado de tanta violencia, asesinatos, masacres e incumplimientos inconstitucionales; de imposiciones tributarias y cargas fiscales sobre los hombros del pueblo y clase media. De insoportable carga desmedida, de una dictadura mediática, inspirada en el odio, falsedad; con aplicación de montajes y mentiras destinados al embrutecimiento de la opinión nacional. Ante la carencia de una política internacional, acorde con la Constitución Política de 1991(CP91), despierta por enterrar el estado de cosas inconstitucional (eci), injusto, corrupto, inequitativo, de sometimiento lacayo y de rodillas al imperio.

En modo alguno el detonante ha sido la impositiva reforma tributaria. Esta se da, debido al sartal de errores políticos del sub presidente títere, que no tuvo capacidad ni visión para prever, que ante el escenario electoral, volvió a la corriente politiquera en su contra; permitiendo que la clase política clientelista, corrupta, electorera, desprestigiada, se re encauchare y lanza en ristre, contra la absurda cascada impositiva, aparezcan ahora como redentores, ante el electorado cautivo.

PARO POLITICO NACIONAL (PPN) POR TRIBUTOS MALVADOS.

Lo iniciado el 28 de abril de 2.021, corresponde llamarlo Paro Político Nacional (PPN) y la protesta es ciudadana y popular y no (solo) reivindicativa, gremial, laboral… Por ende, no sería “una protesta más”. Determina el derrotero en que un gobierno ilegitimo y narco para estatal dictatorial, caiga y deje de gobernar. Se dan las condiciones objetivas y subjetivas, para un cambio de gobierno anticipado, por uno de transición alternativa. Esto no es un querer, un pensar: es una expresión de realidad política.

En todas las ciudades de Colombia, impera la movilización popular. En los campos de Colombia, las fuerzas insurgentes esperan, en pasividad beligerante: en aplicación del principio político que son las masas populares y sus propuestas, las que callaran el ruido de los fusiles, en expresión de la verdadera vanguardia, como lo es, la movilización popular.

Siendo el mediodía del 02 de mayo de 2.021, el sub presidente Duque anuncio, por los medios televisivos que retiraba el proyecto de reforma tributarias y que preparaba la presentación de otro. Que como tal, no contará con la participación del Comité Nacional de Paro, dejando la sensación de una jugarreta, adornada con palabras, que no ocultaban el vacío de poder y en descarada finalidad de desmovilizar la protesta. Pero la decisión no trajo los efectos gubernamentales queridos y la reacción significó no mermar la protesta ni la movilización popular. La agenda de lucha contiene objetivos políticos y resaltaron las afectaciones al sector de los transportadores fluviales y terrestres, camioneros, taxistas. Los pueblos originarios indígenas, asomaron sus pliegos de protesta. Los productores del campo mostraron sus tragedias y resalto el sartal de incumplimientos, mentiras, desconocimientos y engaños, que ha sido la constante del proceder del poder de hegemonía oligárquico en Colombia, contra las aspiraciones de un pueblo masacrado.

A 03 de mayo retoma el escenario de protestas a lo largo y ancho del país. Movilizaciones y enfrentamientos de los manifestantes en varias ciudades capitales de Departamentos y ciudades intermedias, afectando a la enorme zona metropolitana de influencia del Distrito Capital. Bogotá pareciere una ciudad sitiada y el asomo de escasez de alimentos y desabastecimiento acrecienta. A ello se suma la decisión de CorAbastos, integrado por comerciantes mayoristas, minoristas, gremios de coteros, camioneros, carretilleros, compradores, vendedores; disponiendo participar en el Paro y con represamiento y bloqueos de entradas y salidas de la Corporación. Este panorama es una constante a agravarse en varias ciudades del país, por la permanencia de los bloqueos en calle y carreteras, que impiden el flujo de vehículos. En tanto la represión se generalizo y la fuerza policial y el ejército disparan a matar a manifestantes en zonas urbanas, suburbanas y rurales, para mantener despejadas las vías de acceso.

A 04 de mayo el cuadro de violaciones de los Derechos Humanos alarma a la comunidad internacional. Organismos del Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Senado de Estados Unidos, descalifican el uso desmedido de las fuerzas represivas en Colombia. En Cali, resultó agredida con disparos una Misión de Observación de Derechos Humanos de las NN.UU. Se revelan cifras de 18 jóvenes baleados en los ojos y cara por francotiradores del escuadrón policial ESMAD. “Disparan a matar. Disparan a los ojos de los jóvenes”, circula en las redes sociales. Aumenta el número de asesinados en las calles por irrupción de los efectivos policiales a condominios y conglomerados en barrios residenciales. Se registra el escandaloso numero de 89 desaparecidos, durante los últimos tres días de protestas, de manifestantes detenidos y no se sabe de su paradero. Se señalan 45 desaparecidos en la ciudad de Cali, 18 en Bogotá DC, 14 en Medellín. Personas que salieron el día de las protestas y no han regresado a sus hogares. Se registran nueve abusos sexuales por parte del Esmad, incluida una acusación de violación a una manifestante detenida, como derrotero del compartimento de la tropa asesina. Conmocionó a televidentes el asesinato, por parte de un policía motorizado, al joven Andrés Murillo, de 17 años, en la ciudad de Ibagué. Iba caminando con dos compañeros y un transeúnte arrojo una piedra a un agente de la policía que iba en su moto. El asesino profesional, sacó su arma y disparó contra la humanidad de Andrés, acribillándolo de dos disparos: uno en el tórax y otro en la cabeza. La atribulada madre les gritó a policías a la entrada del hospital: “Dispárenme a mi, para poder acompañarlo”.

Ante los enfrentamientos de las últimas horas en Bogotá, DC, el desprestigiado ejército, made in Usa, dará “asistencia militar” en 18 puntos de la metrópoli.

Mañana 05 de mayo, el Comité Nacional de Paro, anunció movilización nacional de protesta. Tal como se indicó, sin necesidad de orden u orientación del Comité Nacional de Paro, las movilizaciones se vienen dando todos los días, en todo el país. Esto permite indicar un estallido de rebelión generalizada, que genera hechos políticos que redundaran en la conducción de la Nación colombiana, en estos días.

DE LA ASISTENCIA MILITAR.

Por orden presidencial el comandante del ejército está actuando directamente en el control de las manifestaciones. Un precedente inédito y tomado luego de un Consejo de Seguridad en la ciudad de Cali y en el que el alcalde, elegido por voto popular, siendo relegado, acepta, sumisamente, declinar la faculta constitucional de ser el responsable del orden público en la ciudad. Él mismo se aisló, rumiando, en sus pensamientos, la carencia de tacto y consecuente decisión.

Corresponde analizar si la Ley 180 de 2.016, que creo el Código de Policía, podría aplicar a la reglamentación de emergencia de la normativa constitucional, que debe ser por Ley Marco o Especial. Si el artículo 170 del Código de Policía, por consagrar la solicitud de “asistencia militar”, contraria el espectro o soporte jurídico necesario, toda vez, que el ejército (fuerzas armadas) están entrenadas para el conflicto armado y/o defensa de las fronteras y no para la seguridad y convivencias ciudadanas.

Ese artículo 170, que aves de mal agüero le dictan al sub presidente colombiano, dentro del cuerpo normativo de función policial, viola los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La función principal del ejército no es la del control de disturbios internos. Procede una acción de inconstitucionalidad, para que la Corte Constitucional, defina entre la contradictoria dicotomía en el texto constitucional (CP91), articulo 218, que consagra que la Policía es de “naturaleza civil” y el articulo 216 ibidem, que la recicla “Y” asocia a la Policía, junto a las fuerzas militares, como fuerza pública. Hasta tal punto que la Policía en Colombia, en la práctica sea una policía militar, estratificada con grados de milicos y chafarotes. Hasta los hay “generales”.

EL COMITE NACIONAL DE PARO ANUNCIA QUE EL PARO CONTINUA

Con fecha de 03 de mayo de 2.021 se anuncia, en comunicado, que el paro continúa, enfatizando que el retiro del proyecto de reforma tributaria significa el triunfo de millones de colombianos y colombianas que se han movilizado durante seis días contra las fuerzas armadas de ejército y de policía del Estado, ensañados en cercenar las libertades y garantías democráticas en ejercicio de la protesta social y que han dejado decenas de asesinados, centenares de heridos y numero registrado de desaparecidos y violados sexualmente por la jauría represiva. Que la gente en las calles está pidiendo mucho más, puesto que a la protesta social no se le puede colocar limites, como pretende el Fiscal General de bolsillo, del régimen. Que el gobierno nacional ha sido sordo al llamado a resolver las abultadas reclamaciones en los aspectos políticos económicos, sociales, de conflicto armado interno, de preservación ecológicas. Que existen acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones y que nunca se ha dispuesto la instalación de una mesa de negociación y concertación con los representantes y voceros del Comité Nacional del Paro Nacional, centrando las reclamaciones de Garantías y libertades democráticas, des militarización y cese de masacres y desmonte del Escuadrón Policial de la Muerte, conocido como el ESMAD. Que aún se espera, se negocie el Pliego de Emergencia presentado desde el año 2.019, como resultado de la movilización del 21 de noviembre de 2.019 ( 21N), en desarrollo del Paro Nacional y que solo en Bogotá movilizó a más de un millón y medio de personas. Se mantiene olvidada y desconocida ala Minga Indígena.

CON LAS NUEVAS, LAS PETICIONES SE RESUMEN ASÍ:

En cesar la privatización de la Salud en Colombia, retirando el proyecto de Ley 010 sobre Salud y que atornilla a las fatídicas EPS como unidades de control financiero de la Salud y la limitante a la autonomía médica. Ante la pandemia por el COVID 19, el reconocimiento de una Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Defensa de la producción agropecuaria nacional; así como de la industrial, artesanal, campesina. Otorgar subsidios a las Pymes, pleno empleo, soberanía y seguridad alimentaria. Matricula cero y la alternancia educativa; así como la no discriminación de género. Suplir las reclamaciones de Transportadores y del servicio público de transporte, entre otras. Resulta imperativo, en Colombia, detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos e impedir la fumigación con glifosato. Esto afectaría la situación de miles de familias acogidas al plan de sustitución voluntaria y lo Acordado en los Acuerdos de la Habana, con el grupo rector desmovilizado de las Farc-ep.

En fin las reclamaciones ascienden a más de 120 peticiones. El Comité de Paro está integrado por la CUT, la CGT., la CTC, Fecode. Se sustenta en la Asamblea General de Delegados nacionales de organizaciones, sociales, populares y políticas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación colombiana no se puede circunscribir a que las protestas sean o no pacíficas, acudan a acciones violentas y desmanes o concluyan en llamados a la cordura y convivencia. Las provocadoras actuaciones del sub presidente de la república, resultado de ineficacia e ingobernabilidad, han generado hechos políticos con perfiles incontrolables. La prueba está, en que la retirada tardía del proyecto de ley de reforma tributaria abusiva y malvada, no trajo consigo el encauzamiento del orden público alterado. Por el contrario, se ha dado un “efecto dominó” y surgido el estado de indignación acumulado por la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales, las masacres sucedáneas y sistemáticas, en un país sitiado por el conflicto armado interno, colocado de espaldas al mismo por la aplicación de una política de hegemonía oligárquico contra insurgente. De manera que el conflicto social generalizado transmuta hacia una situación ingobernable, como resultado de los hechos políticos sucedidos, aparejada con sublevación o resistencia hacia todo lo gubernamental, que en el caso colombiano están muy bien determinadas. Los ideólogos de la secta-que no partido- en el gobierno, lo llaman vulneración del “principio de autoridad”. Critican al sub presidente y agitan el abanico para avivar el juego. Reconocen lo grave de la situación institucional y dan patente de corso para que el tropero general Zapateiro actué y si es necesario asuma las riendas del poder presidencial. En tanto, el mancillado sub presidente, no solo por la oposición, como por sus otrora colaboradores del bloque dominante, aparece en un inusual mensaje televisivo, que nada aporta a salidas efectivas a la problemática y caótica situación atravesada. Con gesto penoso, lamentable y ridículo, cual un mea culpa a futuro. No cabe aquí adentrarse en un análisis de correlación de fuerzas, ni de supuestos o previsiones; como tampoco de premoniciones. Pero si las fuerzas alternativas democráticas y la izquierda no actúan, conforme a la situación actual y demuestran que están preparados para lo de la vocación de poder, a todo dar, equivocan seguramente lo dado actual de, donde, a dónde y cómo, va el agua al molino.

EL PROBLEMA DEL ACTUAL CONGRESO

Todo el modelo económico y de corrupción confluye a los integrantes de senado y cámara de representantes. Pero este diagnóstico se extiende a toda la rama legislativa del poder público: diputados, en los Departamentos y concejales en los municipios.

Un referéndum para un gobierno de transición que revoque el mandato a todos los actuales congresistas, diputados y concejales, adelantando las elecciones, sería lo alternativo a hacia una Nueva Colombia.

Las protestas continuaran… La iniciativa popular centra en la instalación de Cabildo Popular Abierto, en los municipios. El paro indefinido en calles y carreteras y la caída del sub presidente impuesto e ilegitimo.

UN PARENTESIS SOBRE LO ACTUADO

Con sacrifico académico, no me detengo en analizar la inercia política de los manifestantes en coincidir en la renuncia del presidente y a que conlleva, la misma. Lo que no puede llevar a equívocos es la reflexión crítica sobre la realidad. La opinión pública tiene factores, valores o referentes claros al respecto; pero el peso del contenido político es el que incide.

Comienzo por detenerme en resaltar la calificación de las protestas sociales, ocurridas en las múltiples movilizaciones y enfrentamientos. Pese a que se han dado situaciones de saqueos, de salidas contrarias al objetivo de las movilizaciones o marchas; estas no califican, o no existen elementos de juicio para concluir que lo fueron, o han sido de una manera generalizada, sistemática y constante. Ello no me exime de abordar el asunto en el plano que los estudiosos del movimiento de masas (Gustave Le Bon y José Ortega y Gasset, entre otros). Estos han comenzado la exposición del asunto en relación con la conversión o transformación del hombre-masa y la perdida temporal de la personalidad consciente. El manifestante, en el furor de las arengas o consignas, sufre una suplantación por la “mente colectiva” de la masa. Por lo general atribuyen el dominio de una aplicación de unanimidad, emocionalidad, seguimiento, que raya en la irracionalidad. Menciono esto en atención en la sustentación en los estrados judiciales de sindicados por desmanes y el aspecto de la inimputabilidad. Pero en los elementos de previsión, pareciere que en el cálculo realizado con antelación, en el proceso volitivo del manifestante, en las ciudades, prima una pre concepción de valores contrarias a las de los estereotipos inculcados (Modelo establecido y aceptado de conducta, expresión u otra manifestación conocidas). Así, por ejemplo, preguntarnos: -porqué atacan los Transmilenios, los destruyen, siendo un vehículo de uso transportable, necesario tanto colectiva como individualmente considerado. La respuesta que obtengo es que en ese hombre-masa hubo un cálculo realizado con antelación. Las Estaciones de Transmilenio no son para él una “cosa pública” y por ende, tampoco los buses. Sabe que Transmilenio no corresponde al Estado, que sus dueños y aprovechadores de enriquecimiento son 15 familias de la oligarquía bogotana que los usufructúan, gracias al proceso de privatización a ultranza. Estos aprovechan el servicio o concepto de “publico”. Sugestivo que el transporte público colectivo sea llamado en Cali, “MIO”, que es dominio privado. Lo mismo argumentar en el caso de ataques a sedes bancarias. Existe en el imaginario colectivo y en particular en el caso individual de comportamiento analizado: él, a prejuzgado con anterioridad, que está frente a entes parasitarios que esquilman sus esfuerzos y ahorros monetarios y estallan por el rebrote ante esa frustración e indignación. Qué no decir de ataques a la cuestionada policía y su carga histórica criminal y a las sedes o CAIS, donde ha rondado el empoderamiento de la muerte a los detenidos. Así, podríamos resaltar por qué en dos o tres ciudades atacaron sedes oficiales; pero sobre todo oficinas del Registro, que abordaría para el análisis en el efecto del resultado de un sistema electoral corrupto, tramposo e impune. Al examinar el saqueo a almacenes, la imagen de respuesta de los manifestantes fue la de exigir a los saqueadores la devolución de las mercancías robadas. De manera que sirva el abordar este tema como abre bocas, para dejar sin argumentos el calificativo mediático infundado de ser los manifestantes en las refriegas de las duras protestas realizados, simples “vándalos”.

 Cumplo así con mi promesa de una segunda entrega sobre el análisis del pasaje histórico por el que pasa la Nación colombiana. Promisorio, promisorio, indiscutible mente promisorio.

Que sea ensordecedor el grito de protesta popular y calle el tronar de los fusiles.

Recuento de la jornada popular en Colombia (I)

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El movimiento popular en Colombia pasa por una prueba de fuego, en la que le corresponde demostrar la eficacia y peso político en el cambio del derrotero anti popular, con el que se ha ensañado el gobierno derechista del binomio Uribe-Duque.

Desde el día anterior al inicio del Paro Nacional, arrancaron los abusos de la policía contra los estudiantes en la capital de la república, con decenas de allanamientos sin orden judicial al Colectivo feminista DEGENERO y al Grupo de Estudio y Organización Estudiantil ANARKISTA; como también a varios sindicatos.

El día anterior al Paro Nacional, el país fue sorprendido por una arbitraria decisión judicial expedida por el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia de la magistrada Nelly Villamizar, en la que ordenaba, exprofeso y en forma oficiosa la suspensión de la protesta popular del 28 de abril de 2.021. Aplicando una jurisdicción inexistente, puesto que para protestar no se requiere permiso. Jamás en la historia de las actuaciones judiciales en el país, por un acto propio de dictadura judicial, se había violado en forma tan fantasiosa y carente de fundamento el espíritu de la Constitución Política de Colombia(C91); careciendo de eficacia tal decisión y colocando a la susodicha funcionaria como sujeto incurso en el delito de prevaricato y sanciones disciplinarias. Se abrogó una jurisdicción nacional disponiendo que todos los alcaldes del país debían acatar la nulidad de esos actos de “permisos” y el que la orden de suspensión la haya dirigido al Despacho del anterior y fallecido ministro de la guerra, deja mucho que desear de su proceder patético.

Como normas constitucionales violadas por la magistrada Nelly Villamizar mencionamos: Artículos 3, 57, 12,157 in si tu. Código Penal Artículo 413. Prevaricato por acción

De la misma manera, la revocatoria de la orden de la Alcaldía Distrital de Bogotá, en cabeza de la Alcaldesa Claudia López, a la instalación, en la Plaza de Bolívar, de tarimas y permisos de audios y la difusión del libre pensamiento de los ciudadanos congregados, es un abuso de autoridad y viola los derechos fundamentales y de soberanía popular. Así como las advertencias del Ejecutivo, sobre los Paros programados, resultan dictatoriales.

La orden de Paro Nacional emitida por el Comité Nacional de Paro, se cumplió con marchas en todas las capitales de Departamento del país y en 660 municipios marcharon en protesta contra el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del binomio Uribe-Duque, al Congreso.

En Colombia estratifican los sectores de clase, conforme a la capacidad económica de 1 a 6. La esencia del proyecto de cargas tributarias pretende afectar a los sectores populares, de la clase media, pequeños y medios productores; cargando o imponiendo el IVA a los productos y servicios de sostenimiento esencial de la canasta familiar y combustibles, servicios funerarios e insumos agrícolas. A los servicios públicos en estratos 4,5 y 6, de clase media. Resalta el que las exenciones y gabelas a los adinerados nacionales, casa-tenientes, terratenientes, latifundistas, ganaderos, dueños y amos del sector financiero, y multinacionales asentadas; así como a extractivistas de los recursos naturales, en el escenario del blanqueo y legalización de capitales del narcotráfico, no son tocadas y continúan en el paraíso de su reinado impune y corrupto. Tan solo mencionar la iniquidad plasmada en las billonarias sumas de dineros dadas al sector financiero y a las mafias blancas de las EPS, del Sector Salud, durante los avatares de la pandemia y la negación a sostenimiento digno estatal a desempleados, informales, medianos y pequeños empresarios y comerciantes.

Además de la protesta contra tan lesiva e inoportuna reforma de tributo fiscal, la indignación popular enfiló en la denuncia por el asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales, ataques sistemáticos y masacres a comunidades campesinas, población afrodescendiente, pueblos indígenas, la discriminación de género, de población LGTB. Contra la corrupción generalizada. Contra la fumigación de cultivos ilícitos y erradicación forzada. Por la defensa de la educación pública y contra la privatización de la salud. Por el cese de los asesinatos contra los exguerrilleros desmovilizados y por el cumplimento e implementación a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con parte de las desmovilizadas Farc-Ep, que se acogieron a desarmarse; siendo engañados por un Narco Estado- Casino.

El Paro Nacional fue extendido por sus organizadores hasta el día 29 de abril. Las subsecuentes protestas populares se han dado hasta el día 30; proyectándose las mismas para el día sábado 1o de mayo, pese a que en la mayoría de las ciudades capitales de Departamento, aplican medidas de control social por efecto de la pandemia del corona virus. (Covid19).

El escenario de protestas se ha centrado en varias ciudades capitales de Departamento, como Barranquilla, Pasto, Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Bogotá DC y varias ciudades del Departamento de Cundinamarca, cercanas a la capital del país.

En la ciudad de Cali la jornada popular de protesta no ha sido interrumpida durante los días 28,29 y 30 de abril y 1o de mayo, pese a las medias de militarización de la ciudad y la imposición del toque de queda desde la 1pm. Prácticamente, el pueblo está volcado a la calle. Ahora a la ciudad de Cali se le llama Puerto Resistencia.

Son múltiples los actos de barbarie policial. Uno de los sucesos más dramáticos lo constituyó el asesinato de Marcelo Agredo, un joven de 17 años. El Joven le pegó una patada a un policía que iba en la moto y salió corriendo. El policía sacó su arma de dotación y le disparo, desde la moto, por la espalda y a la cabeza, matándolo en el acto. El padre del joven, Armando Agredo Bustamante, habló para Noticiero CM& y visiblemente afectado aseguró que: “Mi niño falleció allí a consecuencia de un tiro que le metió un agente de policía. Mi hijo atacó al policía de una patada, pero en el cual no era conveniente de que me le disparara a quemarropa a quitármele la vida”, cita Publimetro Colombia.

El 29 de abril, en Cali, Leydi Cadena recibió herida de bala o perdigón en su ojo, atribuido al Esmad de la Policía, cuando caminaba durante el desarrollo de las protestas. Fue operada y se prevé pierda ese órgano visual.

En la tarde del 30 de abril, la policía detuvo a varios miembros defensores de Derechos Humanos, quienes asistían en el escenario de la movilización popular. Vídeos registraron el momento del hecho.

También denuncian el asesinato de 7 personas en Cali en barrio Calipso, por parte de la policía, que disparó en forma indiscriminada contra los manifestantes. La denuncia fue echa por parte de los senadores Feliciano Valencia y Wilson Arias, a través de sus cuentas Twitter y grupos de WhatsApp y Colectivos de Derechos Humanos de Cali. Son cientos los videos e imágenes de confrontación con la fuerza pública, en que reitera el accionar armado de la policía, mientras las organizaciones denuncian abusos en diferentes partes de la ciudad. La mediática falsaria pone en duda estas denuncias y permite la dilación de un pronunciamiento oficial al respecto. De igual manera registran saqueos a comercios y bancos.

Pese a la gravedad de la situación, el alcalde de Cali, no asumió las riendas como responsable del orden público en la ciudad. No presidió el Consejo de Seguridad. Fue subsumido por la presencia del ministro de la guerra, quien prácticamente lo desplazó en sus funciones. Además, habló y dispuso por él, junto con el Ministro del Interior. Mutismo total. Salió a relucir la danza de millonarias recompensas, acudiendo a los sapos para neutralizar la protesta social. Cali está totalmente militarizada y han llegado refuerzos de la policía y el ejército a la ciudad. Se sentó el precedente de la militarización de la ciudad. El sub presidente lo denomina de “asistencia militar” y en un tono de creerse superior y menospreciando al clamor popular, se mantiene en no retirar el fatídico proyecto de reforma tributaria, permitiendo que los ánimos caldeen y a ojo de buen cubero, preparar la arbitraria declaración de un estado de conmoción interior en Colombia.

Diferentes Portales a abril 30-2.021, registran La terrible violencia del Esmad. Noche de terror: el ESMAD desbordado contra la gente. Ha sido una horrible noche la de este viernes 30 de abril. La Fuerza Pública ha salido a las calles a sembrar el terror. Las imágenes son escalofriantes. En Pereira una tanqueta de la policía atropelló a personas que se manifestaban en la calle de manera pacífica. Aún no se sabe cuántos heridos dejó

El 30-04 Líderes de dignidad camionera se reunirán este sábado para decidir si se van a paro. Ya hoy, 1o de mayo, han anunciado que a partir del lunes 3 de mayo comienza el Paro Nacional de Transportadores, camioneros etc.

Por «glorificación de la violencia» Twitter sanciona al expresidente y exsenador cuestionado.

Durante todo el viernes 30 de julio las redes sociales tuvieron como tema el trino en donde el expresidente justificaba la violencia de las fuerzas armadas, indicando que podían utilizar las armas de dotación contra los manifestantes a quienes califica como “terroristas”. Un inequívoco gesto de apología al delito. Lo terminó pagando. Llamó al ejército y policía a que usaran sus armas para defenderse. Esto generó reacción en su contra. La primera reacción se dio por parte del alcalde de Medellín, que fue quien pidió a Twitter le cerrara su cuenta, por representar un peligro para la tranquilidad y seguridad ciudadana, incitando a acciones de Terrorismo de Estado. También en el Senado hubo insultos contra el expresidente y exsenador. Lo tildaron de «Degenerado, viejo cacreco» El congresista Inti Asprilla, fue uno de los miles de colombianos que reaccionaron ante el trino del expresidente en donde apoyaba el uso de la violencia de la policía y el ejército.

La youtuber y activista de derechos humanos, Lalis, respondió fuertemente al trino del expresidente, a quien señaló de máximo responsable si algo le llega a pasar. Expresó:” Si no vuelvo a casa, me mató el Estado, por orden de Uribe»(30 de abril)

También se registra la indignación del innombrable porque el INPEC salió al Paro. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente denunció a varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que salieron a rechazar la reforma tributaria. Es sabido que los miembros del Inpec, no son fuerza policial, como empleados públicos.

Se asocia los asesinatos por disparos indiscriminado a manifestantes y el asesinato de 7 ciudadanos, como efecto de la orden y dispensa dada por el señalado autor del Twitter y firmes en la exigencia que se investigue “Quien dio la orden de disparar”.

También se relaciona como influencia antisocial del expresidente la denuncia del inusitado despliegue, en números, de efectivos de la fuerza pública, para la defensa y protección con tanquetas, del Centro Comercial de los hijos del expresidente, ubicado en Engativá. El CC. “Nuestro Bogotá”, fue inaugurado el pasado 15 de abril. Es uno de los emprendimientos multimillonarios de Tomás y Jerónimo Uribe, que podría ser blanco de las protestas contra la Reforma Tributaria promovida por Iván Duque quien pertenece al Centro Democrático, la secta, que, no partido, del innombrable o “Matarife”

En Cali, el congresista Wilson Arias interpeló a una patrulla de la policía y los obligó a dejar libres a unos jóvenes que protestaban pacíficamente y que eran torturados dentro de una patrulla policial. Otro congresista de apellido Orduz, reclamó a una patrulla policial en la carretera, en un puesto de entrada a la ciudad de Tunja, al observar a policías, vestidos de civil con ruanas, camuflados como campesinos, para enfrentar a manifestantes que comenzaban a concentrarse en el lugar. En el vídeo queda registrado la aceptación del oficial de estar bajo su mando en “asuntos de inteligencia”.

Se demostró que no se requirió de la orden de convocatoria del Comité Nacional de Paro, para salir a marchar y protestar el 1o de mayo. La dinámica de movilidad de masas esta activada en Colombia. En muchas ciudades del país se sucedieron marchas de protesta, no solo exigiendo el retiro del atacado proyecto de ley de reforma tributaria, sino expresamente la renuncia de Duque.

En las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Neiva, Medellín, Cali y Bogotá, las marchas populares fueron multitudinarias.

Como respuesta a la militarización de la ciudad de Cali, la Minga Indígena, en vocería del Concejero mayor del CRIC, Hermes Pete, manifestó que “No habrá fuerza pública que alcance para reprimir al pueblo” y en consecuencia, para ellos, hoy realmente inicia el Paro. De frente, resistiendo. A los congregados en el parque de Santa Librada el paso de dos helicópteros artillados, a muy baja altura de la multitud, los alertó como acto de intimidación a la libertad de reunión y expresión.

En Bogotá D. C las marchas de manifestantes no se dirigieron al centro de la ciudad, como es usual los primero de mayo, sino que enrutaron en dirección al Norte. Miles de jóvenes llegaron al Monumento de los Héroes y continuaron en bulliciosa marcha, de horas, hasta la carrera 7 con calle 147, lugar de residencia del sub presidente. En ese sitio se concentraron, pero fueron dispersados por tanquetas del escuadrón policial de la Muerte, el Esmad. Toda una tarde de tensión y enfrentamiento en vecindarios de gente adineradas, que no ocultan malestar por la presencia de tan demeritado vecino…

Se haría interminable la relación de más sucesos en esta convulsionada Colombia, que merece el análisis político de tan difícil paso por el que transita y que abordaré en próxima entrega.

Costa Rica Covidiana: Pandemia politizada y desmantelamiento republicano

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Iván Molina Jiménez presenta Costa Rica Covidiana. En este recorrido, Molina considera brevemente los estilos de desarrollo predominante de 1950 al 2018 y las modificaciones en el escenario político que posibilitaron la construcción de un nicho de poder oligárquico en ese último año.

Como punto de partida el autor toma a la Costa Rica previa a la pandemia por el Covid-19, donde según define se empezó a impulsar reformas profundamente regresivas en términos fiscales, sociales e institucionales. En vez de detener ese proceso, la pandemia lo profundizó.

La publicación se compone de lo que el autor toma como Momento Decisivo, el capítulo 1 que habla de la Costa Rica antes del Covid-19. El capítulo 2 habla sobre la Primera ola que se extendió entre marzo y mayo del 2020, el capítulo 3 de la Segunda ola considera los cierres masivos de actividades económicas en todo el país y los efectos de su flexibilización ser y un epílogo que expone el Distanciamiento histórico.

Molina expone que, de junio del 2020 a febrero del 2021, a medida que se responsabilizaba a la población de velar por su propia salud, el país experimentó una segunda ola de contagios. Al mantener neutralizada la protesta social, la expansión del Covid-19 fue aprovechada por las autoridades para impulsar nuevas iniciativas que, a la vez que protegen los intereses oligárquicos, elevan la carga fiscal de las clases trabajadoras y de los sectores medios, precarizan sus condiciones laborales y reducen sus salarios.

Puede leer este documento completo en el archivo adjunto.

CostaRicacovidianaDescarga

El lobo y la oveja

Escrito el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.

El proyecto de empleo público

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

Óscar Madrigal

El proyecto de Empleo Público obedece a una concepción ideológica absolutamente neoliberal que se orienta no solo directamente contra los empleados públicos, sino contra el Estado de Bienestar. Es en consecuencia un proyecto ideológico impulsado especialmente por el Partido Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, los ramashekos en sus dos variantes y algunos independientes. Según el presidente Alvarado, hay que vacunar a los diputados para que continúen su trabajo, sea de desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar.

Lo primero que se debe aclarar es que su fin no es fiscalista, no busca resolver el problema de las finanzas nacionales porque, como lo ha dicho hasta Rocío Aguilar, los empleados públicos no son el problema del déficit. Además, el ahorro que dicen las autoridades de Hacienda que producirá el proyecto, no se debe principalmente a establecer un salario único o global, sino al congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por 12 años. El salario único en la administración va a producir de arranque un aumento de los gastos en salarios, por la sencilla razón que un trabajador que empieza a trabajar va a devengar un salario muy superior a otro que empezaría con salario base más pluses. Será hasta dentro de 15 años que un salario base con pluses se igualaría al salario único. Pero en ese entonces, el gasto de las finanzas ya habrá tenido que haberse equilibrado. El ahorro que se producirá proviene de la congelación salarial impuesta por más de una década a los trabajadores, pero no por el cambio del sistema de pago. Congelar salarios, lógicamente, si producirá el ahorro planteado.

El proyecto crea trabajadores con salarios más altos que otros con funciones iguales. Más de 25.000 trabajadores con salario compuesto, recibirán un salario bastante menor que los trabajadores con salario único, haciendo las mismas funciones. Algunos tendrían un salario de ¢200.000 menos por mes. Este asunto no solo refleja la injusticia del proyecto sino lo que cualquiera entiende, que con el salario único en los primeros 10 o 15 años el gasto salarial del Estado será mayor.

Por otra parte, el proyecto propone eliminar las convenciones colectivas en la práctica, porque solo las limitarán a asuntos menores, dejando de lado la reivindicación principal de todo trabajador, la negociación salarial.

El proyecto propone eliminar el consejo salarial del sector público con participación sindical que se encarga de negociar los aumentos salariales por costo de vida, para dejarlo en manos de grupos indefinidos.

Además, se propone que se pueda hacer una reorganización de una institución, sea la posibilidad de disminución de personal o el cierre de departamentos o secciones con menos requisitos y sin los estímulos que actualmente se exigen para llevarla a cabo. Por esta vía se cierran partes importantes de instituciones.

También se propone introducir un sistema de dirección del personal de toda la administración pública, dirigida por el Servicio Civil, cuyo jerarca será nombrado por la Asamblea Legislativa. De esta manera regresamos al estado anterior a la actual Constitución que garantiza que los puestos públicos no son un botín político.

El proyecto de empleo público está enmarcado dentro de las políticas de reforma fiscal, pero va más allá. Es una regresión en derecho democráticos y facilita el desmantelamiento de instituciones del Estado. Por ello este proyecto no solo afecta a los empleados públicos sino a todos sectores sociales.

Y el ataque continúa.