A los seguidores del gobierno y a las familias trabajadoras que aún confían en sus promesas:
¿Sabían que las grandes instituciones que sostienen a Costa Rica nacieron gracias a las luchas de la izquierda y los movimientos sociales? Hoy disfrutamos de logros históricos que transformaron nuestra realidad:
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): salud pública para todos.
La Universidad de Costa Rica (UCR): financiada por el Estado y accesible.
El Código de Trabajo y las Garantías Sociales: Derechos que hoy corren peligro.
El Código Electoral de 1947: La base de nuestra democracia.
La Ley de Inquilinato y Casas Baratas: Techo digno para los más vulnerables.
El impuesto sobre la renta: Para que paguen más quienes más tienen.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) y el INVU: Apoyo al productor y vivienda popular.
La nacionalización bancaria y la abolición del ejército: Paz y desarrollo social.
Todo esto consolidó nuestro Estado Social de Derecho, un escudo histórico para la clase trabajadora.
Sin embargo, el rumbo actual del gobierno de Chaves y Laura Fernández Delgado parece alejarse de este legado. Al adoptar un modelo de capitalismo neoliberal —lo que la doctrina social de la Iglesia Católica llamó «capitalismo salvaje»—, se prioriza el mercado sobre el bienestar humano, provocando graves consecuencias:
Fomento de la desigualdad y la concentración de la riqueza.
Debilitamiento de la educación pública mediante recortes presupuestarios drásticos.
Desfinanciamiento de programas sociales destinados a combatir la pobreza.
Aumento del costo de la vida y congelamiento de los salarios reales.
Asignación de presupuestos desproporcionados para gastos de Casa Presidencial, mientras se limitan los recursos de seguridad.
Falta de apoyo al OIJ y al Poder Judicial, debilitando la eficacia en la lucha contra el narcotráfico.
Precarización laboral, impulsando jornadas que flexibilizan el descanso (como el esquema 4×3) sin el pago justo de horas extra ni garantías para una pensión digna.
Esto genera más desempleo, desprotección de la niñez y exclusión social. Quienes defendemos las ideas de justicia social no buscamos la división; luchamos por el bienestar común, la equidad y la dignidad que hoy se están desmantelando.
El programa Alternativas, elaborado por el Colectivo Reflexión-Acción, dedicará su próxima emisión al tema «Ante la crisis ambiental y social, producto del neoliberalismo: ¿qué proponen los movimientos ecologistas y sociales integrados en RENASES?». Se transmitirá en vivo el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m.
El panel invitado estará integrado por:
Bernardo Aguilar González, doctor en Ciencias Naturales, economista y abogado ambiental, docente universitario, presidente del Parlamento Cívico Ambiental y vicepresidente de la Asociación ARTES-JUSTECO.
Daylana Wilshire Morales, estudiante de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica (UCR) y lideresa estudiantil y del sector agro.
Yamileth Astorga Espeleta, bióloga marina con maestría en Ciencias del Saneamiento Ambiental y 36 años de experiencia en gestión del recurso hídrico, catedrática jubilada de la UCR y expresidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) entre 2014 y 2020.
Gabriel Rivas Ducca, máster en Biología y coordinador de la Mesa Ambientalista Ecologista de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).
El programa podrá seguirse por Facebook Live, YouTube y Spotify, y también por las emisoras amigas:
Guanacaste 106.1 FM
Radio Soberanía
Radio Revolución (CONAICOP)
506 Ondas Alajuelita Radio, los sábados a las 6:00 p. m.
Radio Voces Libertarias 97.3 FM
Alternativas se transmite desde el 12 de enero de 2020 con el lema «Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores».
El chavismo es un fenómeno político nuevo, distinto a todo lo anterior desde la guerra civil.
Es una irrupción, un quiebre en la política nacional respecto al pasado.
Es el fenómeno internacional del surgimiento de la extrema derecha, al estilo Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro y otros, cuyo carácter es combinar el neoliberalismo más extremo con restricciones importantes a la democracia. Esa es la nueva esencia política del fenómeno de la extrema derecha mundial.
Entre sus muchas nuevas características está la de aparecer como enemiga de las llamadas elites políticas tradicionales y el surgimiento de un lumpen político que se apodera del Gobierno y luego infecta todas las instituciones y poderes del Estado.
Ese fenómeno internacional que encabeza el trumpismo, en Costa Rica se llama chavismo.
Considerar al chavismo como la culminación o continuación del bipartidismo y el PAC puede ocultar el nuevo rostro del fascismo y del autoritarismo.
Estamos en presencia de un carácter o contenido político que se llama chavismo, distinto a todas las expresiones políticas anteriores dominantes.
Entenderlo como la continuación de las políticas pasadas puede conducir a equivocaciones tácticas y estratégicas. El chavismo es una concepción neofascista que rompe con la concepción política pasada.
Equivocarse en la definición y caracterización del chavismo como la expresión nacional de la extrema derecha internacional, neoliberal en extremo y antidemocrática por esencia, puede condicionar el accionar político.
Recordemos que lo primero es caracterizar el fenómeno político y luego actuar táctica y estratégicamente en correspondencia. Si nos equivocamos en lo primero, fallamos en lo demás.
El debate político actual en Costa Rica suele presentarse como una confrontación radical entre el oficialismo (Rodrigo Chaves y Laura Fernández) y los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de la retórica de ruptura se esconde una profunda continuidad del régimen neoliberal. Las dinámicas fiscales, el desmantelamiento institucional y las tensiones democráticas que vive el país no son un fenómeno aislado de los últimos años, sino la profundización de un modelo económico y político de corte neoliberal implantado desde 1986: la III República Neoliberal de Óscar Arias. En esta segunda parte damos continuidad a la numeración de las secciones que desarrollé en la primera parte, la cual, puede verse en este enlace.
7. El discurso de la culpa y la estrategia de atomización política
Uno de los pilares de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández ha sido la construcción de una narrativa fundamentada en responsabilizar de manera exclusiva a las administraciones del pasado —particularmente al Partido Liberación Nacional (PLN), al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Partido Acción Ciudadana (PAC)— por los males estructurales del país.
Si bien es innegable el desgaste y los cuestionamientos éticos que debilitaron a estas agrupaciones, el uso político de este resentimiento o cólera popular ha servido para justificar un estilo de gobierno autoritario y de confrontación.
Esta estrategia no busca transformar las bases del sistema ni cambiar el régimen económico, sino debilitar y fragmentar a la oposición tradicional. Lo hizo cuando logró absorber y neutralizar a partidos como el PUSC o Nueva República (PNR) mediante alianzas coyunturales o la oferta de puestos estratégicos dentro del Estado, mermando así su capacidad de contrapeso en la Asamblea Legislativa y favoreciendo el voto negativo al levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves siendo presidente.
8. La complicidad histórica y la «Tercera República Neoliberal»
Contrario a la tesis de una separación absoluta, la administración de Rodrigo Chaves Robles opera, en la práctica, como continuadora y heredera de las políticas de apertura, desregulación y contención del gasto público consolidadas a partir de 1986, un proceso fuertemente impulsado en su momento por Óscar Arias Sánchez.
Bajo esta perspectiva, las tensiones actuales no representan una disputa ideológica de fondo sobre el modelo económico de desarrollo (el «capitalismo salvaje» neoliberal), sino que constituyen más bien una pugna por el control del relato y del poder político; o el poder total sobre el Estado y sus tres poderes: el Poder Judicial (incluyendo la Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Legislativo, además de la Contraloría General de la República (CGR). Chaves lo quiere todo y no lo oculta.
El discurso oficialista contra el establishment encubre la aplicación de una agenda económica compartida con los sectores patronales: los grandes empresarios y las empresas extranjeras transnacionales.
Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC, que reflejan una pobreza total estancada en el 15,2 % y un coeficiente de Gini de 0,488 (desigualdad de ingresos o riqueza de la población nacional), confirmando que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos. Además, la brecha territorial del 39 % en el ingreso promedio entre hogares urbanos y rurales evidencia el abandono crónico de las provincias costeras del país bajo este modelo de capitalismo salvaje. Aunque la presidenta Fernández afirma que quiere revertir esta situación, sus propuestas no pasan de ser paliativos y medidas manipulables que benefician a empresarios mientras debilitan la educación pública y la seguridad social. En breves líneas podemos fundamentar esta afirmación analizando el Presupuesto Nacional.
9. El debilitamiento del Estado Social de Derecho y las libertades republicanas
La verdadera crisis de este modelo radica en el impacto directo sobre la institucionalidad pública y las garantías sociales consagradas en la Constitución Política. El ataque a la educación pública es uno de los síntomas más graves: el presupuesto nacional para el sector educativo cayó drásticamente a un 5,68 % del PIB, con proyecciones a desplomarse al 4,9 %, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8 %. A esto se suma el congelamiento y el recorte de 8.048 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), asfixiando la operación, las becas y las sedes regionales de las universidades públicas.
Asimismo, los repetidos intentos del Ejecutivo por debilitar el control preventivo del gasto mediante las distintas versiones de la denominada «Ley Jaguar» evidencian el desplante autoritario que amenaza con alterar la vida democrática y constitucional de la República.
Los fallos de la Sala Constitucional, que declararon inconstitucionales las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), confirmaron que el proyecto pretendía restar competencias de fiscalización a los fondos públicos, intentando vulnerar el sistema de frenos y contrapesos esencial para las libertades republicanas.
Los recortes presupuestarios exprimiendo los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como si fuera la caja chica de un Estado que acumula una deuda de 4,46 billones de colones (aproximadamente el 9 % del Producto Interno Bruto [PIB]). Extraen de los fondos para la Caja 250.000 millones de colones que corresponden a las siguientes entidades del sector social:
Del programa de atención a personas en condición de calle (alrededor de ¢159.000 millones).
Aproximadamente ¢56.000 millones de los CEN-CINAI.
Rebajas al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Banhvi).
Reducciones menores en programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
¿Hacia dónde se dirigen? Si bien todo este dinero se redirige supuestamente a programas de asistencia e inclusión social para asegurar su sostenibilidad, está claro —como han señalado algunos diputados— que se trata de «desvestir a un santo para vestir a otro». Todo parece indicar que este tipo de maniobras responden a un populismo autoritario, inconsecuente y demagógico para confrontar a la oposición y engañar a la población pobre del país.
El tema de fondo es la desfinanciación de la CCSS mientras la deuda del Estado sigue aumentando, desprotegiendo la salud de la ciudadanía, sobre todo de los más pobres y la educación pública.
El hecho es evidente, debilitan la Caja y los controles adecuados, pero dicen que las contabilidades de la Caja están debidamente conciliadas en más del 92%; decir lo contrario según el discurso del Gobierno es mentir y que la Junta Directiva no trabaje con normalidad por la negativa de Zapote a juramentar a Rocío Alfaro como representante del sector sindical, lo que se acusa como desacato, asimismo, la Presidencia de la República continúa rompiendo el orden constitucional, lo que es motivo de alarma. Esto convoca a la ciudadanía a salir a las calles a recuperar la democracia, el orden constitucional y la justicia.
10. ¡La democracia de la calle es la alternativa y un deber patriótico!
A enfrentar la demagogia de la Presidencia cuando afirman que “es aliada de la educación superior” y no descansa de atacarla y promover recortes presupuestarios y critican el sistema de becas en la educación superior, mientras apoyan el sistema de becas en universidades privadas recurriendo a los fondos de CONAPE que son fondos públicos con intereses al 4,5% y 14 años para pagar. Los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a un justo sistema de becas.
Y la presidenta sigue cuestionando el uso de fondos públicos por parte de las universidades. Como he señalado según la Constitución el 8% del PIB es para el Presupuesto de la Educación, y este año 2027 Laura Fernández presupuestó el 4,9% del PIB el nivel más bajo de los últimos años.
El reto: una oposición coordinada y estructurada en todo el país.
El debilitamiento del Estado Social de Derecho y la mutilación de las conquistas sociales históricas continuarán avanzando en la medida en que la oposición política, parlamentaria y popular permanezca fragmentada o carente de una propuesta alternativa robusta.
Para frenar la consolidación del régimen neoliberal autoritario y recuperar la democracia institucional y social, así como el respeto al Poder Judicial, se vuelve indispensable la articulación de un movimiento civil, político y popular capaz de superar los cálculos electorales inmediatos y los prejuicios políticos. Es necesario emprender con más fuerza una plataforma enfocada en el fortalecimiento institucional democrático, la educación, la salud pública y la soberanía social y alimentaria. Se requiere fortalecer la conciencia democrática, patriótica y de compromiso con el bienestar y el progreso social del pueblo costarricense.
Una oposición fuerte en todo el país construyendo comités democráticos o comités patrióticos.
NOTA: «El capitalismo salvaje» es el calificativo al periodo neoliberal utilizado y comentado desde Roma por los últimos papas. Lo consideran así:
«Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo… sin pensar en la explotación de las personas… se ven los resultados en la crisis que estamos viviendo». El papa Francisco consideró que el capitalismo salvaje quiere esclavos …
«El capitalismo salvaje y su culto al beneficio a toda costa han provocado crisis, desigualdad y miseria, situaciones capaces de convertir al ser humano en esclavo». Papa Benedicto XVI.
«El capitalismo en algunos países del mundo aún pervive en su estado salvaje. Lo que la Iglesia critica es el espíritu contra el que el capitalismo ha alentado al utilizar el capital para someter y oprimir al hombre en una vida donde los hombres buscan su propio bien y no el bien común». Juan Pablo II..
Por: Lenin Chacón Vargas Exsecretario general de la Juventud Vanguardista 1974-1980 Exsecretario general del Partido del Pueblo Costarricense hasta 1991
A las nuevas generaciones les han contado una historia a medias. Dicen que el país está mal por culpa de «los mismos de siempre» o de «los partidos tradicionales» como el PLN, el PUSC y el PAC. Sin embargo, hay una trampa en ese discurso. Detrás de las peleas que vemos a diario en la televisión, la prensa digital y las redes sociales, existe un mismo plan económico que lleva 40 años aplicándose sin interrupción.
Desde 1986 hasta el actual 2026, Costa Rica pasó de ser un país que invertía en su gente a transformarse en una empresa que beneficia a unos pocos. Esta es la historia de cómo el modelo neoliberal —o capitalismo salvaje— nos viene quitando, pedazo a pedazo, nuestra calidad de vida.
1. De la Costa Rica solidaria a la Costa Rica neoliberal
Todo comenzó a mediados de los años 80 con la llegada del primer gobierno de Óscar Arias Sánchez, enemistado con los viejos líderes socialdemócratas: José Figueres, Luis Alberto Monge, Daniel Oduber, llamándoles “muletas que no necesitaba”. Con la llegada del gobierno de Arias en 1986, y dando continuidad profunda a los Programas de Ajuste Estructural que habían iniciado tímidamente en el gobierno de Monge tras la crisis de 1981, se consolidó un giro de timón radical. El énfasis dejó de ser el fortalecimiento de la producción interna y el mercado local. Ahora se priorizaba la inserción de Costa Rica en la economía global, las exportaciones no tradicionales y la atracción de inversión extranjera.
2. Los programas de ajuste estructural (PAE)
Los Programas de Ajuste Estructural fueron los instrumentos financieros y políticos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que sirvieron como motor de esa transición. Tras la devastadora crisis económica de 1981, el país estaba quebrado. La respuesta de los organismos internacionales fue clara: para recibir préstamos de estabilización, Costa Rica debía desmantelar el modelo del Estado Social de Derecho y abrir su economía. El agro nacional, que había sido el corazón de la soberanía alimentaria y la estabilidad social campesina durante décadas, fue el sector que pagó el costo más alto.
El PAE I, negociado bajo Monge en 1985, y el PAE II, aprobado y ejecutado con fuerza en el gobierno de Arias, actuaron sobre tres ejes destructivos que transformaron para siempre la estructura social y agraria del país.
El primero fue la asfixia deliberada del Consejo Nacional de Producción y la pérdida de la soberanía alimentaria. Antes de los PAE, el CNP era una institución clave de la Costa Rica socialdemócrata. Le compraba a los pequeños agricultores sus cosechas de granos básicos, arroz, frijoles y maíz, a precios de sustentación, precios mínimos garantizados para que el campesino no perdiera dinero. Y vendía esos alimentos a la población a precios accesibles a través de los estancos. Los PAE catalogaron este sistema como un gasto ineficiente y una distorsión del libre mercado. Bajo las directrices del PAE II, se eliminaron los precios de sustentación y se cerraron paulatinamente los estancos. El CNP fue despojado de su capacidad de compra. Al obligar al país a eliminar los aranceles de importación, el mercado nacional se inundó de granos básicos extranjeros, fuertemente subsidiados en sus países de origen, como el maíz y arroz estadounidense. El productor local simplemente no pudo competir y el CNP quedó reducido a una entidad mínima.
El segundo eje fue la política de la “agricultura de cambio» y el fin del grano básico. Con el PAE II se consolidó una consigna oficial que sepultó la agricultura tradicional. El argumento neoliberal dictaba que Costa Rica no debía gastar recursos en producir su propia comida si era más barato importarla. En su lugar, los campesinos debían reconvertirse en productores de exportaciones no tradicionales: flores, mini-vegetales, plantas ornamentales, piña y melón, tubérculos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los bancos del Estado cambiaron radicalmente sus prioridades. Se cortó el crédito barato, la asistencia técnica y los seguros agrícolas para los productores de maíz, arroz y frijoles. Si un campesino quería crédito, el banco se lo otorgaba únicamente si sembraba los productos destinados al mercado internacional. Los pequeños agricultores, que no tenían los recursos, la tecnología ni los contactos internacionales para exportar flores o piña, cayeron en la ruina. Esto provocó una masiva quiebra en el campo, el abandono de las tierras y el inicio de la gran migración campesina hacia los precarios de las periferias urbanas.
El tercer eje fue la privatización del crédito agrícola. El sistema bancario nacionalizado había sido diseñado por el primer liberacionismo para democratizar el crédito. Existían las Juntas Rurales de Crédito Agrícola, que financiaban al pequeño productor con tasas de interés bajísimas y plazos sumamente flexibles porque el fin no era el lucro sino el desarrollo social. Los programas exigieron la desregulación financiera, abriendo el portillo para la banca privada y obligando a los bancos del Estado a operar bajo criterios estrictos de rentabilidad comercial y libre mercado. Las Juntas Rurales de Crédito perdieron su razón de ser. El pequeño agricultor se convirtió en un cliente de alto riesgo para los ojos de una banca ahora corporativizada. Al no poder acceder a financiamiento, la producción agrícola familiar quedó prácticamente liquidada, dejando el campo libre para el auge de las grandes corporaciones transnacionales, especialmente en sectores como la piña, melón, sandía y el banano.
Aquella idea de que el suelo costarricense debe alimentar a sus hijos fue sustituida por la lógica neoliberal de que el mercado global proveería todo. Y así transformaron la estructura social y agraria del país para siempre.
Los discursos del arismo sonaban bonito tanto en la primera gestión 1986-1990, como en la segundo 2006-2010 incluido el Tratado de Libre Comercio (TLC.) prometían «modernizar el país» y «abrirnos al mundo» “la tecnocracia al poder” y sus consignas ilusorias como «en vez de un Hyundai, tendrán un Mercedes Benz».
La realidad, no obstante, fue otra. Se cambió por completo la lógica del Estado. Las instituciones públicas* que nacieron para garantizar derechos fundamentales —la salud, la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los seguros, el agua, el transporte ferroviario y el agro, — empezaron a ser vistas como simples «negocios» que debían generar ganancias financieras o, de lo contrario, recortarse. Así comenzó el desmantelamiento del EstadoSocial de Derecho, la eliminación del cultivo de granos básicos: arroz, frijoles, maíz.
3. La precarización del trabajo: adiós a la estabilidad laboral
Para los jóvenes de hoy, conseguir un empleo con plenas garantías laborales parece un mito del pasado. El neoliberalismo trajo consigo la flexibilización laboral, sustituyendo la conquista histórica de la jornada de 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación, por propuestas extenuantes como la jornada 4×3 (cuatro días laborando 12 horas continuas a cambio de tres días de descanso).
Bajo la falsa promesa de «atraer inversión», se mutilan las jornadas laborales humanamente justas. Hoy se ha normalizado el trabajo informal, el empleo precarizado por aplicaciones digitales o las dinámicas de zonas francas donde los derechos sindicales y el pago de horas extra son prácticamente inexistentes. Nos vendieron la idea de ser «nuestros propios jefes» a través del emprendedurismo para ocultar que el Estado ya no garantiza salarios dignos ni estabilidad. Esto destruye la posibilidad de construir un proyecto de vida, comprar una casa
o aspirar a una vejez digna, mientras la Banca para el Desarrollo se utiliza como una herramienta de clientelismo político para los gobiernos de turno.
4. La asfixia de la educación y la salud pública
El daño más grave de estas cuatro décadas ha sido el ataque directo contra los pilares de la democracia costarricense: la educación pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Educación en quiebra: El presupuesto educativo se ha recortado a niveles históricos, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8%. Hoy tenemos escuelas con órdenes sanitarias y universidades públicas bajo constante amenaza presupuestaria y cierres de centros regionales.
Un pueblo sin educación es un pueblo fácil de manipular.
Salud debilitada: La CCSS ha sido ahogada financieramente por los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, mediante la corrupción, el derroche y una sistemática asfixia de sus finanzas. Al colapsar los servicios y extenderse las listas de espera, se obliga a la gente sencilla a pagar clínicas privadas o a morir esperando una cita. De esta forma, convierten la salud en un lujo de consumo; una mercancía con diferentes precios según la capacidad de pago y la calidad de los especialistas.
5. El gobierno actual: El heredero neoliberal con disfraz de rebelde
La administración de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado han sabido explotar el enojo legítimo de la población hacia las cúpulas del PLN, el PUSC y el PAC. Su estrategia en redes sociales es efectiva: ataca violentamente a los actores políticos y funcionarios del pasado para proyectar una imagen de «rebelde» o reformador. Pero no es ni más ni menos que un político neoliberal, populista y autoritario.
Pero observemos las acciones y no los gritos.
En materia económica, este gobierno es un alumno excelente de Óscar Arias y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Su receta es la misma de siempre: recortes profundos a los programas sociales, debilitamiento de la institucionalidad, ataques a la libertad de prensa y un favorecimiento descarado a los grandes grupos financieros. No hay ruptura; hay una profundización del capitalismo salvaje mediante un estilo autoritario de gritería e insultos.
A esto se suma el ataque sistemático al Poder Judicial, la Sala Constitucional (Sala IV) y la Fiscalía General, motivado por las centenas de denuncias judiciales que pesan sobre diputados, ministros, exministros y el propio exmandatario y el debilitamiento de los recursos para combatir eficazmente el crimen organizado.
6. Para recuperar el futuro: Urge la organización y la movilización nacional
Nos están dejando una Costa Rica sin memoria y con una «vida útil» muy corta para las mayorías. La corrupción y la pérdida de libertades no son casualidad; son el resultado directo de este modelo neoliberal que cumple 40 años en este 2026.
La juventud no puede quedarse como espectadora en las redes sociales mientras le desmantelan el país que se construyó con tanto esfuerzo en el siglo XX. La única forma de frenar este régimen neoliberal y autoritario es la organización popular. Necesitamos rescatar la democracia social, la que pone al ser humano por encima del mercado. Es hora de despertar, recordar de dónde venimos y reclamar el futuro que nos quieren robar.
Es un deber ineludible de las juventudes de hoy, defender los derechos, las garantías sociales, las garantías individuales y el Estado social y democrático de derecho que conquistaron nuestros padres y abuelos.
¡A luchar! La democracia de la calle es el camino.
*Nota: Instituciones Públicas desmanteladas o en proceso: C.C.S.S., universidades públicas, ICE, INS, AyA, Ferrocarriles al Pacífico y al Atlántico, C.N.P., todas, patrimonio del pueblo de Costa Rica.
En Costa Rica se habla de cambio mientras se ofrece continuidad. La paradoja merece atención. Si el proyecto económico permanece, si continúan las políticas neoliberales y la subordinación a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿qué es exactamente lo que cambiaría?
La respuesta parece estar menos en el orden social que se propone que en la manera de ejercer el poder. Las viejas prácticas de corrupción, clientelismo y concentración de la riqueza no desaparecen. Se presentan con otro lenguaje: el del líder que habla directamente en nombre del pueblo, enfrenta a las instituciones y convierte cada límite al Ejecutivo en una ofensa contra la voluntad popular. El enojo con los partidos y las élites encuentra así un cauce, pero no necesariamente se dirige contra las relaciones económicas que producen desigualdad. Se vuelca contra quienes fiscalizan, deliberan o ponen freno.
En esa operación también intervienen ciertas corrientes fundamentalistas religiosas, en Costa Rica y en buena parte de la región. No hablo de las personas creyentes en general, sino de proyectos políticos que convierten una interpretación religiosa en programa de gobierno y en criterio para decidir quién pertenece a la comunidad moral. Sus discursos sobre la familia, la sexualidad, la educación y el género movilizan temores y presentan las conquistas de derechos como amenazas al orden. Así, diferencias sociales y económicas quedan desplazadas por una batalla moral que permite identificar enemigos y consolidar lealtades.
La alianza entre ese fundamentalismo y la política neoliberal no es contradictoria. La defensa religiosa de la jerarquía puede convivir con un orden económico que concentra riqueza y debilita la protección social. La desigualdad se explica como responsabilidad individual; la caridad sustituye a la justicia social; la obediencia se presenta como virtud y la crítica como desorden. El lenguaje de la fe aporta una legitimidad moral a un proyecto que, en el terreno económico, conserva las relaciones de poder existentes.
La clase dominante no necesita inventar un nuevo orden para defender sus intereses. Puede renovar sus formas de legitimación, intensificar la confrontación y hacer de la hostilidad institucional una señal de autenticidad política. El cambio se vuelve visible en el estilo, en la movilización y en el trato hacia los contrapesos. La continuidad se conserva en la orientación económica y en la distribución del poder.
Por eso, comparar Costa Rica con Venezuela exige decir con precisión qué se compara. El chavismo nació de una crisis de representación y formuló un proyecto de ruptura con el orden neoliberal, con una apuesta por la soberanía nacional y la transformación social. Su historia también debe examinarse con rigor, incluidas sus derivas autoritarias y las consecuencias de sus decisiones. Pero esa trayectoria no vuelve equivalentes proyectos distintos. En Costa Rica, la continuidad que se ofrece no plantea una transición socialista: profundiza una orientación neoliberal mientras presenta la institucionalidad como obstáculo para gobernar.
El temor a una ruptura socialista ayuda a sostener esa presentación. Cuando Venezuela, Cuba o Nicaragua aparecen como advertencias totales, mientras las derivas autoritarias de gobiernos de derecha se describen como respuestas de seguridad o como simples estilos de liderazgo, la crítica deja de aplicar el mismo criterio. El fundamentalismo refuerza ese temor al asociar cualquier propuesta de igualdad o ampliación de derechos con una amenaza contra la religión, la familia o la nación. No se trata de silenciar los abusos de los gobiernos que se identifican con el socialismo. Se trata de preguntar por qué el capitalismo suele ser evaluado por sus promesas, mientras al socialismo se le exige responder por sus fracasos aun bajo bloqueo, sanciones y presión externa.
También debemos mirar cómo se disputa hoy la política dentro de nuestras propias fronteras. Las redes de consultores, medios, operadores digitales y contactos políticos que conectan campañas latinoamericanas con Miami y Washington requieren investigación pública y cuidadosa. En el caso de Cerimedo se han descrito conexiones regionales y vínculos con operadores estadounidenses; para Costa Rica, existen nexos reportados que ameritan esclarecerse, aunque eso por sí solo no pruebe que Washington dirigiera una campaña específica. La soberanía también se erosiona cuando decisiones domésticas quedan condicionadas por intereses externos o cuando la propaganda importada se confunde con una expresión espontánea de la ciudadanía.
La alternancia electoral, por sí sola, tampoco resolvería este problema. Si se detiene el continuismo sin ofrecer una salida material al malestar, se pueden reparar procedimientos y recomponer relaciones entre poderes, pero permanecerían las condiciones que alimentaron la desconfianza. Una democracia que no mejora la vida de la mayoría pierde capacidad de convocar; esa frustración deja espacio para nuevos liderazgos que prometen destruirlo todo mientras protegen las mismas estructuras.
Tal vez ahí esté la respuesta a la pregunta inicial. La continuidad propone conservar el orden económico existente y cambiar la forma de defenderlo: más personalista, más confrontativa y con menos tolerancia hacia los contrapesos. El fundamentalismo religioso contribuye a darle arraigo y justificación moral. Su novedad consiste en presentar esa defensa como una rebelión popular y una restauración de valores. El cambio que falta es otro: ampliar el bienestar, democratizar el poder y hacer que las instituciones respondan a quienes hoy sienten que no tienen una salida.
Este sábado 10 de octubre, a las 10 de la mañana, frente al Edificio Metálico, el Comité Antifascista Costarricense Italiano nos convoca al homenaje al héroe y mártir antifascista costarricense, el doctor Carlos Luis Collado Martínez, brutalmente asesinado por el nazifascismo en esa fecha, en 1944, en Italia.
En momentos en que el neofascismo se expande de nuevo por nuestras tierras latinoamericanas y otras partes del planeta, con su lenguaje de odio y violencia, este llamado a reunirnos y a no olvidar el pasado no podría ser más actual y urgente. El capitalismo, ahora neoliberal, en su decadencia, recurre a la ya conocida táctica fascista: la demonización de toda aquella persona que se le oponga y el llamado a su destrucción. Ante esta realidad, no tenemos otra opción que organizarnos y mostrar que no tenemos miedo. Mostrar que no tememos, en una Costa Rica que vemos degradarse.
Muy oportuna y acertada es la decisión de honrar también a una mujer partisana, en la figura de la mártir Virginia Tonelli. Sin la participación y el sacrificio de millones de mujeres, no hubiera sido posible vencer al fascismo.
Hoy, en pleno 2026, el ejemplo heroico de personas que no dudaron en poner en peligro y ofrendar sus vidas, como Carlos Luis Collado Martínez y Virginia Tonelli, nos llama a manifestarnos. El peor error sería tratar de escondernos, tolerar la situación actual y en un futuro decir: «No protesté, preferí guardar silencio», cuando ya era demasiado tarde (Martin Niemöller).
Por una democracia avanzada. Nuestra prioridad es Costa Rica. Dejemos de lado los desacuerdos que nos dividen.
Nos corresponde concentrar las fuerzas en nuestra propia tierra para superar el régimen neoliberal y autoritario actual. No el del pasado, sino el de hoy, el que representan Rodrigo Chaves Robles y la presidenta Laura Fernández Delgado.
Urge una lectura real del presente
Esto requiere que las izquierdas, el progresismo democrático y los sectores populares entendamos la realidad política y judicial de hoy, con sus nuevos liderazgos y el reacomodo de fuerzas. Las élites que gobernaron entre 1986 y 2022 ya hicieron su daño destruyendo el Estado Social de Derecho mutilando la democracia y las libertades republicanas; los liderazgos del oficialismo de hoy vienen a dar la estocada final. Vienen a privatizarlo todo, a desmantelar nuestras instituciones y a liquidar los programas sociales. Si lo permitimos, la salud, la educación pública, y la ayuda social se reducirán a limosnas, condenando a las personas más pobres a una mayor miseria.
Urge construir la unidad en la diversidad.
No podemos callar ante un régimen represivo que ataca al Poder Judicial, a la Contraloría y al Tribunal Supremo de Elecciones, mientras debilita los controles contra el crimen organizado y la corrupción. Frente a este atropello, la solución no es la división. Debemos unir fuerzas desde nuestras diferencias, organizarnos y activarnos hasta recuperar la democracia, las garantías sociales, y la justicia social. Y no permitir que nos arrebaten la jornada de las 8-8-8.
Debemos fortalecer y extender la red de organizaciones cívicas democráticas en todo el país.
La lucha es hoy. Mañana puede ser muy tarde.
“Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz”. José Martí
¡Es hora de iluminar y asegurar un mejor futuro para Costa Rica!
Hay cifras que informan y cifras que obligan a pensar. El 64 % de valoración positiva que registra la presidenta Laura Fernández en la encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) pertenece a la segunda categoría.
No se trata de una encuesta improvisada en redes sociales ni de una medición contaminada por granjas de bots. El estudio entrevistó a 994 personas adultas mediante una muestra aleatoria de telefonía celular, con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. El resultado es contundente: 64 % califica positivamente la gestión presidencial, 25 % negativamente y 11 % mantiene una valoración neutra. Cuando se pregunta directamente si se respalda al Gobierno, la cifra alcanza el 69 %.
El dato resulta todavía más interesante por el momento en que se produce. Costa Rica atraviesa una seria discusión sobre seguridad y crimen organizado, tensiones alrededor del presupuesto público, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y un ambiente político crecientemente confrontativo. A pesar de ello, la popularidad presidencial permanece elevada.
La reacción más sencilla sería preguntarse: ¿cómo es posible que tanta gente no vea lo que está ocurriendo?
Quizá esa sea la pregunta equivocada.
Tal vez no estamos frente a personas incapaces de ver la realidad. Quizá estamos frente a personas que observan la misma realidad, pero han aprendido a interpretarla mediante categorías diferentes.
Y si esto es así, el problema deja de ser electoral.
Se convierte en un problema de hegemonía.
No necesariamente se vota contra los propios intereses
Desde cierta izquierda se ha repetido durante décadas una afirmación aparentemente evidente: “la clase trabajadora vota contra sus propios intereses”.
Pero esa frase contiene una trampa: Presupone que nosotros conocemos los intereses de las personas mejor que ellas mismas.
El trabajador que respalda a Laura Fernández puede estar votando exactamente de acuerdo con los intereses que ha aprendido históricamente a reconocer como propios: quiere pagar menos impuestos, quiere seguridad, considera injusto que el Estado “mantenga vagos”, desea eliminar “privilegios”, aspira a emprender, quiere que los empleados públicos trabajen, quiere delincuentes encarcelados y quiere, finalmente, que “dejen gobernar”.
Ese mismo trabajador posiblemente utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social, envía a sus hijos a la educación pública, espera que alguno pueda ingresar a una universidad estatal, utiliza infraestructura financiada colectivamente y espera recibir una pensión cuando llegue a la vejez.
No necesariamente experimenta contradicción alguna entre ambas cosas.
Porque esos elementos no están articulados políticamente como un sistema.
Ahí está la hegemonía.
Antonio Gramsci comprendió tempranamente que ninguna clase puede gobernar de manera estable recurriendo exclusivamente a la coerción. Necesita conseguir que una determinada interpretación del mundo aparezca como razonable, natural y hasta evidente.
Mucho después, Stuart Hall analizaría el neoliberalismo precisamente desde esa dimensión cultural. Su éxito no dependió solamente de privatizaciones, apertura comercial o disciplina fiscal. Dependió también de construir sujetos capaces de reconocerse dentro de sus categorías.
La hegemonía no consiste en convencer al explotado de que disfrute su explotación.
Consiste en conseguir que interprete su experiencia mediante categorías funcionales al orden existente.
El neoliberalismo también ocurrió dentro de nosotros
“El pobre es pobre porque quiere”.
“Hay trabajo para quien realmente quiere trabajar”.
“Sea su propio jefe”.
“Todo depende de su actitud”.
“Cambie usted y el mundo cambiará”.
Estas expresiones parecen inocentes. Incluso pueden resultar motivadoras. Pero detrás de ellas existe una profunda transformación cultural.
El desempleo deja de relacionarse con la estructura económica y comienza a explicarse mediante falta de iniciativa personal. La pobreza deja de ser una relación social y se convierte en fracaso individual. La precariedad laboral se transforma en falta de emprendimiento. El éxito demuestra mérito; el fracaso revela insuficiencia personal.
El sujeto colectivo se fragmenta.
Ya no somos trabajadores insertos en determinadas relaciones de producción. Somos emprendedores, colaboradores, consumidores, usuarios y contribuyentes.
Una persona puede pertenecer objetivamente a la clase trabajadora y subjetivamente imaginarse completamente fuera de ella.
Quizá por eso uno de los mayores triunfos del neoliberalismo costarricense no ocurrió en el Ministerio de Hacienda.
Ocurrió en nuestras cabezas.
Y ese triunfo cultural ayuda a explicar una paradoja fundamental: personas que dependen materialmente de instituciones públicas pueden apoyar proyectos que pretenden reducirlas.
No necesariamente han sido engañadas.
Han aprendido a imaginar su bienestar como resultado fundamentalmente individual.
Esto no comenzó con Rodrigo Chaves
Responsabilizar al chavismo de haber inventado todo aquello que hoy preocupa sería históricamente cómodo.
También sería falso.
La transformación del Estado costarricense comenzó mucho antes.
La crisis económica de comienzos de los años ochenta abrió el camino a programas de estabilización y ajuste estructural. A partir de entonces comenzó una transformación progresiva del modelo de desarrollo: apertura comercial, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera, disciplina fiscal, transformación institucional y redefinición de las funciones económicas y sociales del Estado.
PLN y PUSC participaron, con diferencias, conflictos y ritmos distintos, en ese proceso. Posteriormente también lo hicieron las administraciones del PAC.
Decir esto no significa afirmar que todos los gobiernos hayan sido iguales. Las diferencias importan.
Pero las continuidades también.
Y existe un episodio reciente particularmente revelador.
Rodrigo Chaves no ingresó inicialmente a la política costarricense como dirigente antisistema ni como enemigo de las élites que posteriormente denunciaría.
Después de 27 años trabajando en el Banco Mundial, fue nombrado ministro de Hacienda por Carlos Alvarado en noviembre de 2019. El comunicado oficial de Presidencia estableció entre sus tareas continuar la consolidación fiscal, sanear las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto.
El dato merece ser recordado.
Chaves entró al Estado costarricense no para romper con el proceso de transformación económica existente, sino para administrar una de sus dimensiones fundamentales.
Eso obliga a formular una hipótesis incómoda: ¿y si el chavismo no representa la ruptura con el neoliberalismo costarricense, sino su mutación política?
Cuando el consenso deja de ser suficiente
Durante cuatro décadas las transformaciones económicas avanzaron mediante negociaciones, reformas parciales, pactos, resistencias sociales y límites institucionales.
El resultado fue contradictorio.
El Estado social sobrevivió, pero no permaneció intacto.
Sobrevivieron la CCSS, las universidades públicas, instituciones autónomas, derechos laborales y una determinada concepción de ciudadanía social.
Simultáneamente avanzaron la mercantilización, la disciplina fiscal, la desigualdad, la precarización laboral y una creciente deslegitimación cultural de lo público.
Quizá el chavismo haya identificado algo que los reformadores anteriores no pudieron resolver completamente: el obstáculo pendiente ya no es solamente económico. Es político y cultural.
Laura Fernández ha denominado “Tercera República” al proceso político que pretende impulsar y ha hablado de transformaciones profundas.
Conviene tomar esas palabras en serio, aunque nuestra interpretación no tenga por qué coincidir con la del Gobierno.
Porque la pregunta relevante no es qué significa retóricamente “Tercera República”.
La pregunta es qué transformaciones materiales podrían terminar asociándose con ella.
Y aquí podemos formular una hipótesis provisional: podríamos estar frente al intento de culminar una transformación neoliberal mediante una nueva forma política: un Estado económicamente menos universalista, políticamente más ejecutivo y penalmente más fuerte.
Un Estado selectivamente fuerte
Nicos Poulantzas introdujo hacia el final de su obra la categoría de “estatismo autoritario” para describir transformaciones de las democracias capitalistas caracterizadas por el fortalecimiento del Ejecutivo, la pérdida de capacidad de determinadas mediaciones políticas y una creciente concentración de decisiones estatales.
No estamos afirmando que la Costa Rica actual corresponda mecánicamente a aquella categoría.
Las categorías sirven para pensar, no para sustituir la realidad.
Pero Poulantzas permite cuestionar una asociación particularmente engañosa: neoliberalismo no significa necesariamente Estado débil, puede significar Estado selectivamente fuerte.
Menos Estado para redistribuir.
Más Estado para disciplinar.
Menos universalidad social.
Más disciplina fiscal.
Menor capacidad colectiva de negociación.
Mayor capacidad administrativa.
Menos protección.
Más control.
Menos bienestar.
Más seguridad.
El aparente “Estado mínimo” puede convertirse entonces en un Estado extraordinariamente fuerte precisamente allí donde necesita garantizar orden.
Y aquí la seguridad adquiere una función política fundamental.
El miedo no necesita enemigos imaginarios
El crimen organizado existe.
Los homicidios existen.
El narcotráfico existe.
La inseguridad ciudadana existe.
Negarlo sería absurdo.
Precisamente porque la amenaza es real, no resulta necesario inventarla.
Lo políticamente relevante es cómo esa amenaza se interpreta, se jerarquiza y se convierte en argumento para determinadas soluciones.
La encuesta del CIEP ofrece una pista formidable.
Entre las acciones gubernamentales mencionadas positivamente, seguridad y lucha contra el crimen representan 24,3 % y sistema penitenciario 23,1 %. Juntas concentran 47,4 % de las menciones positivas.
El apoyo posee entonces un relato extraordinariamente sencillo: seguridad, cárcel, orden.
El descontento, en cambio, aparece fragmentado entre numerosas preocupaciones.
Aquí debemos proceder cuidadosamente.
No existe evidencia suficiente para afirmar que el Gobierno esté produciendo deliberadamente una crisis de seguridad con el objetivo posterior de justificar medidas excepcionales.
Afirmarlo significaría sustituir investigación por sospecha.
Pero existe otra hipótesis más sólida.
Una crisis real puede convertirse en una estructura de oportunidad política para legitimar transformaciones que, fuera de esa crisis, resultarían mucho más difíciles de aceptar.
No hace falta conspiración. Hace falta oportunidad.
La pedagogía de la excepcionalidad
Si la inseguridad permanece como preocupación fundamental; si determinadas instituciones encargadas de combatirla son representadas como ineficientes; si jueces, fiscales, diputados o controles constitucionales comienzan a aparecer como obstáculos; si simultáneamente se fortalecen las políticas penitenciarias y entran en la discusión pública nuevas formas de cooperación internacional en seguridad, la frontera entre lo normal y lo excepcional comienza lentamente a desplazarse.
La propia presidenta ha declarado que determinadas operaciones terrestres estadounidenses podrían resultar beneficiosas frente al crimen transnacional, aunque también ha aclarado que no existe actualmente una operación concreta y que cualquier ingreso requeriría autorización legislativa.
Precisamente por eso el punto no consiste en anunciar tropas estadounidenses recorriendo mañana las calles costarricenses. Sería irresponsable. El fenómeno interesante es otro: algo que anteriormente habría parecido políticamente extraordinario ha ingresado en el campo de las posibilidades discutibles.
Y una sociedad comienza a transformarse mucho antes de que cambien sus leyes. Comienza a transformarse cuando cambia aquello que considera razonable.
“No nos dejan gobernar”
Otro dato del CIEP adquiere entonces una importancia enorme: El 75 % considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández. Entre quienes perciben obstáculos, las principales menciones recaen sobre la Asamblea Legislativa y sus diputaciones, con 35 %, y los partidos de oposición, con 33 %.
El conflicto institucional puede entonces dejar de funcionar como costo político. Puede convertirse en prueba de autenticidad. “Si todos se oponen al Gobierno, debe ser porque está tocando intereses”.
La universidad critica: forma parte del sistema.
El Poder Judicial protesta: defiende privilegios.
Los sindicatos se movilizan: protegen intereses particulares.
Los partidos se oponen: no dejan gobernar.
La evidencia contraria termina confirmando la narrativa.
Ernesto Laclau estudió precisamente cómo demandas heterogéneas pueden articularse mediante la construcción de una frontera política que separa “el pueblo” de aquellos representados como responsables de impedir la satisfacción de sus demandas.
Entonces el 64 % deja de ser únicamente un indicador de popularidad. Comienza a mostrarnos una posible reorganización del sentido común.
No existe una sola clase dominante
Llegados a este punto sería tentador preguntar quién está detrás de todo esto.
La pregunta puede conducirnos nuevamente a una simplificación.
No existe “la clase dominante” como un sujeto homogéneo reunido alrededor de una mesa.
Poulantzas insistió en comprender el Estado como condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase.
Capital financiero, exportador, comercial, inmobiliario, turístico, empresas transnacionales, sectores vinculados a zonas francas y empresariado nacional no poseen intereses perfectamente idénticos.
Algunas de esas fracciones pueden compartir objetivos como disciplina fiscal, apertura económica, reducción de determinadas cargas o flexibilización y simultáneamente rechazar inseguridad jurídica, enfrentamiento con los tribunales, imprevisibilidad administrativa o excesiva concentración personalista del poder.
Aquí aparece una contradicción importante: las élites tradicionales pueden rechazar las formas del chavismo mientras comparten partes importantes de su horizonte económico.
Eso permite comprender también por qué fuerzas políticas que participaron históricamente en transformaciones económicas de orientación semejante pueden enfrentarse hoy al Gobierno.
Quizá una parte de la disputa no enfrente neoliberalismo contra Estado social. Podría enfrentar: neoliberalismo institucionalizado frente a neoliberalismo plebiscitario y securitario.
El primero reforma negociando con las mediaciones existentes. El segundo puede comenzar a considerar esas mediaciones precisamente como el problema.
¿Terminar lo que comenzó en los ochenta?
Aquí nuestra hipótesis adquiere su forma más provocadora.
El chavismo podría no haber llegado para destruir el proceso iniciado durante los años ochenta.
Podría haber llegado convencido de que finalmente puede culminarlo, no porque exista necesariamente un plan maestro elaborado hace cuarenta años. Los procesos históricos no funcionan así.
Gobiernos cambian. Intereses cambian. Fracciones de clase compiten. Existen resistencias, retrocesos, improvisaciones y contingencias. Pero una dirección estructural puede sobrevivir a quienes inicialmente la impulsaron, y puede encontrar, décadas después, una forma política más adecuada para profundizarse.
En ese sentido, la “Tercera República” podría terminar significando algo mucho más profundo que un cambio de gobierno. Podría expresar la tentativa de sustituir definitivamente el pacto social que, con todas sus contradicciones, estructuró la Costa Rica posterior a 1949.
La incómoda posición de la izquierda
Aquí el análisis debe dirigirse también hacia quienes nos ubicamos en la izquierda.
Defender la independencia judicial, las libertades públicas, la división de poderes, las universidades públicas y los controles constitucionales resulta indispensable. Pero defender la democracia liberal no obliga a convertirla en horizonte último de emancipación humana.
Podemos defender elecciones libres y preguntar simultáneamente cuánta democracia existe dentro de una empresa.
Podemos defender el Estado de derecho y preguntar qué libertad material posee quien debe aceptar condiciones laborales precarias para sobrevivir.
Podemos defender igualdad jurídica y preguntarnos qué igualdad política real existe cuando la riqueza se concentra extraordinariamente.
El problema aparece cuando la defensa democrática reúne al Frente Amplio con PLN, sectores provenientes del PAC y otras fuerzas sin que resulte suficientemente visible dónde termina la alianza táctica para defender instituciones y dónde comienza el proyecto alternativo de la izquierda.
Porque el chavismo obtiene entonces gratuitamente la imagen que necesita:
“ellos”: Partidos tradicionales, izquierda, sindicatos, universidades, instituciones y “privilegiados”.
Frente a: “nosotros”: El pueblo al que no dejan gobernar.
Cuando la izquierda conserva y la derecha promete transformar
Aquí aparece quizá la inversión política más inquietante de todas.
La izquierda defiende la CCSS.
Defiende las universidades.
Defiende derechos laborales.
Defiende convenciones colectivas.
Defiende pensiones.
Defiende instituciones públicas.
Y tiene razones históricas poderosas para hacerlo.
Pero defender conquistas no equivale todavía a construir futuro.
Mientras tanto, la derecha habla de: cambio, ruptura, transformación, refundación, Tercera República.
La paradoja resulta brutal: la izquierda corre el riesgo de convertirse en la fuerza conservadora de la Segunda República mientras la derecha se apropia del lenguaje revolucionario.
El Frente Amplio posee propuestas programáticas diferentes. Negarlo sería intelectualmente deshonesto. Pero un programa no constituye hegemonía.
Una alternativa contrahegemónica necesita organización social, presencia territorial, comunidades, sindicatos renovados, movimientos sociales, jóvenes, intelectuales orgánicos, producción cultural, pedagogía política y una imagen del futuro capaz de convertirse en deseo colectivo. No basta escribir la sociedad que queremos. Hay que conseguir que millones de personas quieran vivir en ella.
El vacío dejado por la izquierda
Y aquí Costa Rica deja de ser excepcional.
La reciente victoria de Alternative für Deutschland (AfD) en Sajonia-Anhalt, Alemania, donde obtuvo cerca del 44 % de los votos, debería obligarnos a pensar.
No porque Costa Rica y Alemania sean sociedades equivalentes. No lo son. Sino porque determinadas fuerzas de extrema derecha parecen haber comprendido algo que buena parte de la izquierda perdió de vista: La política no consiste solamente en administrar intereses. También consiste en producir sentido.
Al trabajador precarizado le dicen: alguien te quitó aquello que merecías.
Al habitante de territorios abandonados: las élites se olvidaron de vos.
Al pequeño empresario: el Estado te asfixia.
Al ciudadano asustado: recuperaré el orden.
Y al conjunto:
“Vos no fracasaste. Te traicionaron”.
Podemos cuestionar esas respuestas, pero antes debemos comprender por qué encuentran receptores.
Cuando desapareció el otro futuro
La caída del llamado socialismo real entre 1989 y 1991 significó mucho más que una derrota geopolítica. Contribuyó a destruir un horizonte.
Durante buena parte del siglo XX, capitalismo y socialismo aparecieron —con todas sus variantes, horrores, conquistas y contradicciones— como futuros posibles.
Después de 1989 comenzó a consolidarse la idea de que el capitalismo no constituía una forma histórica de organizar la sociedad, sino prácticamente la única realidad imaginable.
China demuestra que las relaciones entre planificación, mercado, propiedad, tecnología y Estado pueden adoptar configuraciones distintas, aunque su trayectoria histórica sea singular y resulte imposible trasladarla mecánicamente a otras sociedades.
Cuba y Nicaragua obligan, desde experiencias completamente diferentes, a discutir también los límites de proyectos que se presentan como alternativas al capitalismo liberal. Ser socialista no debería exigir suspender nuestra capacidad crítica precisamente cuando analizamos experiencias realizadas en nombre del socialismo.
Mark Fisher denominó “realismo capitalista” a esa dificultad contemporánea para imaginar una organización social más allá del capitalismo.
Quizá allí resida una parte fundamental de nuestra crisis.
La izquierda no perdió solamente elecciones: Perdió, en buena medida, el monopolio sobre la idea de futuro.
Defender ya no alcanza
Durante demasiado tiempo las fuerzas progresistas han sido colocadas a la defensiva:
Defender la Caja.
Defender el FEES.
Defender salarios.
Defender pensiones.
Defender sindicatos.
Defender instituciones.
Defender la democracia.
Todo ello puede resultar indispensable.
Pero resistir solamente responde una pregunta: ¿qué no queremos perder? No responde la pregunta decisiva: ¿qué queremos construir?
Una izquierda transformadora no debería limitarse a defender condiciones laborales de quienes todavía conservan derechos. Debería universalizarlos.
No solamente defender buenas pensiones para quienes aún las tienen, sino garantizar una vejez digna para todos.
No solamente defender estabilidad en el empleo público, sino combatir la precarización laboral pública y privada.
No solamente defender las universidades estatales, sino convertir el acceso al conocimiento superior en un derecho material para las clases populares en todo el territorio.
No defender privilegios: Universalizar conquistas.
Ese pequeño desplazamiento cambia completamente la conversación: Convierte una reivindicación defensiva en proyecto político.
¿Qué viene después de la Segunda República?
Llegamos entonces a la pregunta que quizá debimos hacernos desde el principio.
La Segunda República fue una construcción histórica. No apareció naturalmente. Tampoco constituye el destino eterno de Costa Rica.
Construyó instituciones extraordinarias, amplió derechos y desarrolló mecanismos de integración social que marcaron profundamente nuestra historia. También produjo exclusiones, contradicciones y límites que no debemos romantizar. Pero el consenso que la sostuvo parece agotarse.
El chavismo ya ofrece una respuesta para aquello que debería venir después: La llama Tercera República.
Quienes no compartimos ese proyecto tendremos que hacer algo mucho más ambicioso que defender indefinidamente aquello que todavía sobrevive del anterior. Tendremos que imaginar nuestra propia respuesta.
¿Qué significaría una Costa Rica donde el aumento de productividad producido por inteligencia artificial y automatización se convierta en reducción del tiempo de trabajo y no en desempleo?
¿Por qué no discutir una jornada laboral de treinta horas?
¿Por qué no ampliar sustancialmente la propiedad cooperativa?
¿Por qué los trabajadores no deberían participar en las decisiones estratégicas de las empresas?
¿Por qué la vivienda debe funcionar fundamentalmente como mercancía?
¿Por qué los cuidados continúan siendo tratados como responsabilidad privada?
¿Por qué no pensar una banca pública deliberadamente orientada hacia una transformación productiva ecológica?
¿Por qué no discutir formas públicas y comunitarias de propiedad sobre determinadas infraestructuras tecnológicas y datos?
¿Por qué no construir una política de seguridad capaz de perseguir implacablemente al crimen organizado mientras combate simultáneamente desigualdad, exclusión educativa y abandono territorial?
¿Por qué la democracia debe detenerse en la puerta del lugar de trabajo?
Eso todavía no constituye un programa. Es algo anterior. Es recuperar el derecho a imaginar.
Recuperar el futuro
La crisis histórica de la izquierda no consiste solamente en perder elecciones. Consiste en haber perdido, durante demasiado tiempo, la capacidad de hacer deseable otra sociedad.
Mientras tanto, nuevas derechas han comprendido el vacío y están intentando ocuparlo.
Por eso nuestra tarea no puede reducirse a conservar aquello que todavía queda de la Segunda República.
Hay que volver a imaginar el futuro.
No sabemos todavía cómo llamar a esa nueva Costa Rica. Tampoco sabemos exactamente cómo construirla.
Pero una transformación auténticamente democrática, solidaria, socialista y ecológica tendrá que recuperar aquello que cuatro décadas de neoliberalismo consiguieron debilitar: la convicción de que los grandes problemas colectivos no se resuelven individualmente y de que una sociedad conserva el derecho democrático de decidir cómo organiza su economía, distribuye su riqueza, utiliza su tecnología y construye su vida en común.
Quizá una revolución del siglo XXI comience precisamente allí. No necesariamente tomando un palacio. Sino recuperando algo que parecía habernos sido arrebatado: la posibilidad de imaginar que las cosas pueden organizarse de otra manera.
Porque si nosotros no somos capaces de imaginar qué viene después de la Segunda República, otros ya lo están haciendo por nosotros. Y hasta le han puesto nombre:
Tercera República.
Referencias orientadoras
CIEP-UCR. (2026). Informe de resultados de la encuesta CIEP-UCR, septiembre de 2026. Universidad de Costa Rica.
Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra.
Gramsci, A. (1981-2000). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.
Hall, S. (2018). El largo camino de la renovación: el thatcherismo y la crisis de la izquierda. Lengua de Trapo.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Siglo XXI.
Está claro que un Estado debe ser eficiente económicamente y eso conlleva una política fiscal robusta, tanto en recaudación como en control del gasto. Pero si esa eficiencia se convierte en el único timón que guía las políticas públicas, las discusiones se concentran en cuánto darles a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades, el Poder Judicial, los CEN CINAI, entre otras. La discusión no aborda, sin embargo, la razón de ser de esas instituciones, por ejemplo, ¿cuál es el problema público que atienden? ¿si ya ese problema está resuelto? ¿qué herramientas necesitan para hacer su trabajo de manera más eficaz? ¿qué ocurriría si desaparece esa institución? ¿qué derechos se verían afectados? Si preguntas como estas no forman parte del debate público, estamos entonces ante una política centrada en discusiones presupuestarias.
Contrario a esa situación, la política social que Costa Rica impulsó entre 1940 y al menos la década de 1980, apostó por el universalismo. El Estado Social en el que crecieron quienes hoy superan los 50 o 60 años, y que le ha permitido a los más jóvenes disponer de servicios públicos como electricidad, agua potable y acceso a la salud y la educación, no fue una decisión al azar. Desde la década de 1940, las primeras instituciones autónomas creadas por las fuerzas políticas del momento apuntaron a construir la nación que aún hoy, con todo y sus problemas, tenemos los costarricenses. Y aunque esa decisión no logró eliminar las desigualdades, la evidencia muestra que sí las contuvo y permitió, vía movilidad social, disminuirlas sustancialmente.
Ese Estado Social representa el acuerdo de fuerzas políticas que decidieron mediante un “pacto social” que el Estado asumiera el deber y obligación de financiar las instituciones creadas para reducir desigualdades. Ese acuerdo permitió, por ejemplo, que el acceso a la salud y a la educación se garantizaran como un derecho para todos. Quienes integraban esas fuerzas sabían que Costa Rica ocupaba asegurarles a los trabajadores condiciones laborales justas, también reconocían la importancia de llevar agua potable y electricidad a los diversos rincones del país y asegurar el acceso al crédito oportuno, entre otras cosas. Ofrecer esas condiciones era un paso necesario para reducir las desigualdades que se venían consolidando en producto de la herencia colonial y del diferenciado desarrollo económico entre el valle Central y las zonas periféricas. Y sobre esos cimientos el Estado asumió otros compromisos, como, por ejemplo, contribuir al logro de una vivienda digna, crear rutas de acceso para diversos puntos del territorio y asegurar el desarrollo de las comunicaciones. Y como puede apreciarse, fueron tareas que no las habría resuelto el mercado ni la beneficiencia, ni las resolvería hoy la denominada responsabilidad social empresarial.
El desarrollo de esas acciones del Estado Social consolidó la característica más notoria de nuestra sociedad: la calidad democrática. Esos avances vinieron a reducir las desigualdades y ampliaron la ciudadanía y el sufragio ayudando a la estabilidad política. La inclusión de territorios periféricos a los beneficios sociales también ayudó a mejorar la integración territorial y con ello también se atendió anticipadamente diversos conflictos. Y no se está idealizando y menos insinuando que no hubo problemas. Persistieron importantes desigualdades territoriales, algunos pueblos no recibieron la misma atención, la pobreza como problema social no fue resuelto, la concentración de tierra y de bienes continuó, los pueblos indígenas quedaron excluidos en gran medida y la economía de exportación demostró sus debilidades ante escenarios de crisis, por mencionar algunos.
Lo rescatable, y hasta cierto punto irónico, es que ese Estado Social fue posible pese a un proceso de recaudación fiscal imperfecto y regresivo y a una economía exportadora altamente dependiente del mercado, aunque, eso sí, con una población aún reducida. Ese modelo entró en dificultades en la década de 1980 producto, entre otras cosas, de la crisis internacional que condujo a reformas estructurales y a la reducción del Estado. La crisis fiscal, la inflación, el endeudamiento y la baja productividad alimentaron una tensión que condujo a la adopción de nuevas medidas en un contexto de cambios demográficos significativos, pero también de orientaciones externas que exigían a Costa Rica mejorar su competitividad. Así, en paralelo con los denominados PAE´s Costa Rica empezó, progresivamente, a abandonar esa preocupación por el bienestar general de la población como una tarea del Estado y se empezó a transitar hacia un país de venta de servicios y de enclave para industrias de capital internacional, alegando criterios (válidos) como la generación de empleo.
Como puede colegirse entonces, se pasó de aquel modelo solidario (imperfecto), basado en derechos de todos los ciudadanos (universal), preocupado por la igualdad, la equidad y el bien común, a uno preocupado por la eficiencia, la competitividad, la focalización del gasto o inversión y la sostenibilidad fiscal. Y no es que el cambio hacia esos criterios estuviese mal, por el contrario, ellos pudieron haber cubierto las necesidades del modelo social, pero no lo hicieron ¿decisión política? El punto es que, tras la búsqueda legítima (y necesaria) de la eficiencia económica, en los últimos años hemos presenciado un abandono paulatino de las grandes políticas de Estado (no de gobiernos), como infraestructura, salud, seguridad ciudadana y educación. Ese abandono progresivo del Estado Social que arrancó entre 1980 y 1990 de la mano del PLN y del PUSC se incrementó en los dos gobiernos del PAC, en el Gobierno de Progreso Social Democrático y actualmente del Partido Pueblo Soberano. Particularmente en el último quinquenio se han intensificado los cuestionamientos respecto a preguntas como ¿Qué programas sociales deben financiarse por parte del Estado?, ¿Qué papel deben tener las universidades públicas?, ¿Cómo debe funcionar la política social? Etc.
Entretanto, las demandas ciudadanas se desarrollan en un escenario dual. De un lado conviven las luchas (de algunos) para que se fortalezcan las políticas públicas que aseguren la continuidad del Estado Social que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, y de otro se redoblan esfuerzos (también de algunos) por que se atienda los derechos que derivan de los nuevos desafíos del siglo XXI. Hoy se enfrentan problemas derivados de un empleo precario, del envejecimiento de la población, la salud mental, el acceso digital, los efectos del cambio climático y de las dinámicas impulsadas por el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como la corrupción. Esta dualidad plantea, como trasfondo, un reto adicional: ¿Cómo impulsar el Estado Social en una sociedad compleja como la actual?, ¿cómo hacerlo en una sociedad que valora cada vez menos los esfuerzos del pasado por ofrecerle a los ciudadanos el acceso universal a bienes públicos o que incluso cuestionan a quienes encabezan estos desafíos? y ¿cómo lograrlo si la política asume la focalización de la inversión social en lugar del universalismo?
Por ello, hablar de ese reto tiene sentido si nos atrevemos a responder la siguiente pregunta: ¿Queremos, o no, un Estado Social que ayude a ofrecer bienes públicos a todos los costarricenses? Si la respuesta es no, entonces el camino seguramente será el dar luz verde al modelo de Estado mínimo de corte neoliberal y aceptar lo que venga, donde lo único más o menos claro son las privatizaciones. Pero si la respuesta fuese un sí, entonces es importante tener claro que la discusión actual no atañe solo a un tema de finanzas públicas o de corrupción, sino que se trata de la redefinición del pacto social que ha dado sustento a nuestra democracia y al modo de vida por el que el mundo nos reconoce. Implica tener claro que el Estado Social, más que un proveedor de bienes públicos ha sido un constructor de confianza, criterio que incluso se usa internacionalmente para promover la inversión extranjera directa. La corrupción que ha infectado parte de esta institucionalidad hay que combatirla sin duda, pero con imaginación y no destruyendo las bases del sistema social.
Refundar este pacto social implica tener claro que las instituciones, que indudablemente requieren mejoras, son más que simples espacios de gasto. Simbólicamente la CCSS, por ejemplo, no es solo atención médica, representa el mayor símbolo de solidaridad con el que cuenta el país. El acceso a educación pública no es solo un tema de superación, es la materialización de las oportunidades para todos sin distingo de etnia, región o condición socioeconómica. Las universidades no solo gradúan mano de obra, son espacios de movilidad social y de construcción de pensamiento crítico. El ICE, con todo y sus problemas, no solo ha llevado electricidad y telecomunicaciones a todos los rincones del país, sino que representa la capacidad del Estado para impulsar desarrollo. El AyA no solo lleva agua potable a los hogares del país, sino que es un punto medular en la salud preventiva. Por lo tanto, no se trata de cuánto debe gastar el Estado, sino qué derechos y formas de solidaridad está dispuesto a preservar, mejorar o abandonar la sociedad costarricense para seguir encarando el siglo XXI.
En síntesis, la discusión pendiente de la que hablamos no se enfoca en cuánto debe gastar el Estado para atender u ofrecer bienes públicos a la sociedad. Lo que está de fondo es la necesidad de decidir, conscientemente y sin ataduras políticas, qué clase de sociedad queremos ser. Cuando una familia usa sobrecitos plásticos o de papel para dividir sus ingresos y atender responsablemente sus compromisos, no está haciendo otra cosa más que determinar prioridades sobre lo que considera urgente, necesario o prescindible. Del mismo modo, detrás de cada presupuesto institucional hay un objetivo ligado al desarrollo pleno de la ciudadanía y a un criterio de solidaridad. La cuestión es entonces si apostamos por fortalecer las bases democráticas del Estado Social o si prescindimos de él. Ojalá la reflexión sobre esto nos haga conscientes de lo que asumimos como sociedad. Por delante queda un largo camino y una difícil tarea y por ello es bueno recordar que un presupuesto conlleva implícita una declaración moral sobre aquello que la sociedad considera importante de proteger.
1Profesor e investigador, Escuela de Historia de la Universidad Nacional.
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