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Etiqueta: neoliberalismo

Teletica, La Nación y el poder

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Se atribuye a Voltaire la frase “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar tus ideas”. Esta frase resume el principio democrático de respetar el derecho a la expresión y al disenso.

En los últimos años, hemos defendido a la Nación y Teletica por su derecho, (el nuestro y el de todos) a la libre expresión de las ideas. Durante estos años hemos sido testigos de la antidemocrática actitud de Rodrigo Chaves al golpear y constreñir la libre expresión de una serie de periodistas, periódicos, analistas y pensadores que van desde La Nación, y Teletica hasta periodistas de UCR, Vilma Ibarra y tantos otros grandes y pequeños que no fueron del gusto del señor presidente.

Pero la razón por la que hemos opinado en defensa de estos periódicos no es porque pensáramos que estos medios: “la Nación” o “Teletica” fueran adalides de la libertad de prensa, de la expresión de todos o de la defensa de la verdad y la objetividad. Sino porque en este mundo de pesos y contrapesos, la mordaza sobre esos periódicos es una mordaza que pesa para todos los actores de la sociedad, reduciendo el respeto al disenso y la democracia.

Hablo como ciudadano independiente, que se manifiesta libremente en las redes, que no tiene ninguna militancia con ningún partido, ni con ningún medio de comunicación, pero que siente como propia, la vejación y la constricción que se hace a cualquiera que sea reprimido en su libertad de expresión.

Como trabajador del ICE, me tocó muchas veces enfrentar la todopoderosa voz de esas empresas de opinión, La Nación y Teletica. Me tocó salir a defender los intereses institucionales y nacionales, llevando como único escudo mi convicción y los colores amarillos de esa institución.

Fue así como muchas veces nos tocó salir a enfrentar el TLC, afrontar la amenaza del Combo Eléctrico o simplemente salir durante el período 2002 – 2006, a luchar, porque los asesores neoliberales de Abel Pacheco lo convencían de negar la aprobación del presupuesto mínimo, para garantizar los recursos institucionales necesarios para construir obras hidroeléctricas. Ya desde aquellas épocas la intención era ahogar presupuestariamente al ICE, para que no pudiera construir sus obras, y dejar el espacio cómodamente a los cogeneradores privados.

Sin presupuesto, varios proyectos en proceso quedaban paralizados, los trabajadores sin actividad, y si no había una solución, el ICE tendría que despedirlos. Ante esas situaciones acuciantes, hubo un año en que nos lanzamos tres veces a paros y marchas, no por aumento de sueldo, no por beneficios para los trabajadores, sino por presupuesto para no paralizar las obras

El papel de La Nación
Porque cuero sí nos daban

Como trabajador del ICE no fue difícil aprender que cuando los políticos tomaban acciones y propuestas en contra de la institución, ya desde varias semanas antes, los titulares de primera plana de la Nación empezaban a expresar opiniones en contra del ICE, para preparar el terreno, indisponer la opinión pública y predisponerla a favor de los actos, leyes, proyectos, recortes y otras acciones de su interés, en contra del ICE.

Como muchos de ustedes bien saben, el periódico no es un noticiero. El periódico es un formador de opinión y una herramienta al servicio de sectores económicos y políticos. Y como comprenderán, no fue Chaves el que vino a abrirnos los ojos. Ya los teníamos abiertos desde chiquitillos. Estos medios nunca fueron favorables al proyecto nacionalista energético. ni de telecomunicaciones. Ni de la Caja, ni de ningún proyecto de índole social. Siempre estuvieron en contra de las posiciones progresistas de trabajadores y sus sindicatos. Siempre del lado libertario, del lado de los Guevara, del lado de quienes querían privatizar o como dicen ellos “abrir” las instituciones, Siempre favoreciendo a la cogeneración y a la competencia privada. En energía salud educación y en lo que sea.

El argumento es por supuesto, defender al usuario, lo cual no siempre es cierto, pero como propaganda funciona. Aunque la mayor cantidad de veces, la motivación sea más bien beneficiar al empresario privado, aún a costa del usuario final. En los últimos meses me ha llamado la atención ver algunas posiciones más nacionalistas y si se quiere más solidarias de parte de la Nación. Posiblemente por su enfrentamiento con Chaves y el duro revés de perder la visa que experimentaron sus directivos. Pero su posición ha sido siempre la descrita.

Chaves y Teletica

Recientemente Rodrigo Chaves se reunió con René Picado dueño de Canal 7. Esto ocurre luego de un periodo de más de cuatro años de agresión permanente, explícita o velada, de Chaves hacia ese medio televisivo. Conociendo a este personaje, no deja uno de preguntarse ¿Qué cosa estará tramando Chaves?

Lamento decir que no espero nada bueno de este señor. Aunque Chaves nunca ha expresado abiertamente su ideario, para quienes hacemos una lectura de lo que ha venido haciendo, queda claro que ese ideario no está muy lejos del ideario de un Milei. Arrasar con el Estado Social de Derecho, derribar los derechos adquiridos por los costarricenses en el plano social. Reducir aún más los presupuestos en salud, educación, seguridad, todo ello en beneficio de los sectores empresariales y de los números a nivel macroeconómico. Hablo sin ser experto, pero por ahí va la cosa.

El punto es que hemos defendido durante todos estos años a la Nación y a Teletica y hemos querido hacer valer su derecho a la libre expresión. Y había que hacerlo. No es por casualidad que a los directivos de la Nación se les quitaron sus visas a Estados Unidos. Eso, todos lo sabemos, es un guiño de la administración Trump a su colaborador Chaves.

Pero la reunión de Chaves con Picado deja abierta una serie de preguntas. ¿Será que por unos dólares más y pauta publicitaria René Picado cambiará sus posiciones y hará causa común con Rodrigo chaves en lo que atañe al derribo del Estado social de Derecho?

¿Será que ahora Teletica contribuirá, una vez más, a invisibilizar la realidad y a ponerla a tono con el interés del gobierno chavista, en desmedro de la verdad, y del objetivo ejercicio del periodismo, en aras de mayor rentabilidad para su negocio??

Nadie duda de que en nuestras sociedades los medios son un cuarto poder, uno de los más importantes: el periodismo y la comunicación formadora de opinión, pero también es cierto que fácilmente se convierten en un poder donde la verdad, queda al servicio del mejor postor.

¿Nos tendremos que acostumbrar, otra vez, a ver a Teletica, totalmente, al servicio del poder?

¿Pasará lo mismo con la Nación?

A Repretel ya ni le preguntamos.

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte II)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra primera columna repasamos cómo Costa Rica construyó un Estado de Bienestar ejemplar y cómo, a partir de los años 80, ese modelo empezó a fracturarse bajo la receta neoliberal. Pero el cambio de rumbo no solo nos trajo recortes; trajo consigo una cultura donde la función pública dejó de ser un servicio para convertirse, en muchos casos, en un botín.

Hoy vamos a hablar de esa herida abierta: la corrupción del bipartidismo, la factura social que nos cobraron y cómo esa indignación parió un movimiento político que prometió salvarnos de nosotros mismos.

El festín del bipartidismo y el descaro institucional

A partir de los años 90, los ticos empezamos a desayunar con escándalos de cuellos blancos. Ya no eran rumores, eran millones de colones de los fondos públicos esfumándose frente a nuestros ojos.

Recordemos el sonado caso del Fondo de Emergencias, uno de los primeros grandes golpes a la confianza institucional. Pero la verdadera sacudida llegó con el saqueo del Banco Anglo Costarricense. Durante la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier (PUSC, 1990-1994), el banco más antiguo del país fue desangrado mediante inversiones ruinosas. El detalle que no se nos puede olvidar es que miembros de la Junta Directiva y la Gerencia de la institución eran socios o allegados al bufete de la familia Calderón Fournier.

A su llegada al poder, y bajo la presión y recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), la administración de José María Figueres Olsen (PLN, 1994-1998) se apresuró a decretar el cierre definitivo del Banco Anglo en septiembre de 1994. Fue un golpe durísimo a la economía y al orgullo nacional, aunque, para la historia, queda el consuelo de que por lo menos en esa ocasión los responsables, incluyendo al gerente Carlos Hernán Robles y a su Junta Directiva, terminaron en prisión.

A partir de ahí, la bola de nieve no se detuvo:

En el año 2000, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (PUSC), el país estalló en las calles contra el famoso “Combo del ICE”, un intento de apertura disfrazado que la ciudadanía leyó como un claro intento de privatización a medida.

En 2004, bajo el gobierno de Abel Pacheco, el país se paralizó: estallaron los casos CCSS-Fischel y ICE-Alcatel, tramas de comisiones ilegales que llevaron a los mismísimos expresidentes Calderón Fournier y Rodríguez a la cárcel preventiva, aunque no llegaron a cumplir penas definitivas, y que mantuvieron al expresidente Figueres Olsen fuera del país, a pesar de que su causa no por años.

Más adelante, durante el segundo mandato de Óscar Arias Sánchez (PLN, 2006-2010), se gestó el Caso Crucitas, un desastre ambiental y legal tras la declaratoria de “conveniencia nacional” de la minería a cielo abierto.

Y como si no fuera suficiente, bajo la administración de Laura Chinchilla (PLN, 2010-2014), nos topamos con el vergonzoso Caso de la Trocha Fronteriza (Ruta 1856), donde el pretexto de la defensa nacional ante Nicaragua sirvió para que empresas fantasmas y funcionarios corruptos drenaran miles de millones.

La factura: El campo abandonado y la clase media asfixiada

Mientras las cúpulas del PLN y el PUSC se repartían el pastel y los tribunales, ¿qué pasaba con la Costa Rica real?

Se gestó una crisis sostenida. Mientras se perdían millones en corrupción, la excusa para el pueblo seguía siendo “no hay plata”. Esto provocó un abandono sistemático de nuestros agricultores y ganaderos, a quienes se les dejó a la libre competencia frente a mercados internacionales subsidiados, sin apoyo técnico ni crediticio. Paralelamente, la histórica clase media costarricense —el gran orgullo del Estado de Bienestar de los años 50— empezó a endeudarse para sobrevivir, viendo cómo el costo de la vida subía mientras la brecha entre los más ricos y los más pobres se ensanchaba a niveles históricos.

El advenimiento del PAC: La indignación como bandera

Fue exactamente en este caldo de cultivo de asco y frustración ciudadana donde germinó la ruptura. A finales de los años 90 e inicios del 2000, un grupo de dirigentes históricos del Partido Liberación Nacional, indignados por la podredumbre interna y el abandono de la socialdemocracia, decidieron que ya era suficiente.

Así nace el Partido Acción Ciudadana (PAC) en el año 2000, fundado por Ottón Solís Fallas. Pero Ottón no se fue solo. Detrás de él caminaron nombres que eran verdaderos pesos pesados de la política nacional, figuras de una moralidad y un peso histórico indiscutibles: don Alberto Cañas Escalante (fundador del PLN), don Guido Miranda (arquitecto de la CCSS moderna), y Margarita Penón Góngora, entre otros grandes intelectuales y ciudadanos.

Todos se cobijaron bajo una sola bandera suprema: la lucha frontal contra la corrupción.

El discurso era impecable. Era la promesa de la ética en la función pública. Sin embargo, con el paso de los años, Ottón Solís se adueñó por completo de la narrativa y de la estructura del partido que ayudó a crear. Lograron convencer a un país herido de que ellos eran los únicos depositarios de la decencia política.

Pero el poder es el ácido que prueba los metales. Y cuando finalmente les tocó gobernar, la historia dio un giro que nadie —o muy pocos— esperaban.

De eso hablaremos en nuestra tercera entrega, bajo un título que resume lo que nos pasó a todos como país: “¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras”.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte I)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

George Santayana escribió que: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.”

Bienvenidos a una nueva serie de columnas donde vamos a poner las cartas sobre la mesa. A lo largo de estas entregas, quiero que repasemos juntos nuestra historia política reciente: los grandes aciertos, los peores desaciertos, los casos de corrupción que nos sacudieron, los logros de aquel bipartidismo tradicional y, finalmente, cómo llegamos a comprar el engaño de un “cambio” que terminó siendo una ilusión.

Para entender dónde estamos, tenemos que recordar de dónde venimos. Y nuestro punto de partida tiene que ser esa Costa Rica que renació de las cenizas.

Los cimientos de nuestra democracia

Nuestra historia moderna nace de una herida profunda: la dolorosa guerra civil de 1948. Sin embargo, de ese conflicto tan trágico logramos algo excepcional. En 1949, la Asamblea Nacional Constituyente definió las bases de lo que hoy es una de las democracias plenas más sólidas del mundo entero.

Fue una época de gigantes, donde líderes de distintas trincheras entendieron que el país estaba por encima de las banderas. Es de justicia histórica reconocer a figuras como José María Figueres Ferrer, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, quienes, con sus acuerdos y diferencias, forjaron las Garantías Sociales. A ellos se suman mentes brillantes como Jorge Manuel Dengo y Rodrigo Facio, arquitectos de la institucionalidad que nos dio paz y progreso.

La época de oro: El Estado de Bienestar (1950 – 1970)

Entre los años 50 y los 70, Costa Rica construyó un verdadero Estado de Bienestar. No fue obra de la casualidad, fue un proyecto país.

Logros monumentales como la abolición del Ejército, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para garantizar el respeto a las urnas, la nacionalización bancaria y la fundación del ICE, transformaron a Costa Rica. Se fortaleció la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se consolidó el Código de Trabajo y se le dio un impulso vital a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la educación pública en general.

Pero el impulso no se detuvo ahí. En los años siguientes vimos nacer el Sistema de Parques Nacionales —que hoy es nuestra mayor carta de presentación mundial—, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), y conquistas laborales intocables como el aguinaldo. Era un Estado diseñado para que el hijo del campesino pudiera llegar a ser médico o ingeniero.

El quiebre de los 80s: La receta cambia

Pero todo modelo se desgasta, y a mediados de los años 80, el timón dio un giro brusco. El Estado de Bienestar comenzó a fracturarse.

Bajo la presión de la crisis económica y los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica entró en la era de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs). Este marco neoliberal no se impuso solo; contó con el contubernio de tanques de pensamiento como la ANFE y las cúpulas políticas tradicionales tanto del Partido Liberación Nacional (específicamente la corriente del “arismo”) como del Partido Unidad Social Cristiana.

De pronto, la narrativa cambió. El discurso oficial empezó a bombardearnos con una idea central: “el Estado es muy grande y el gasto público es el enemigo”. Bajo esta justificación, comenzaron los recortes a programas sociales vitales y la visión de aquel país solidario empezó a ser sustituida por una visión estrictamente contable y de mercado.

El germen de la decadencia

Ese quiebre institucional y económico abrió la puerta a una Costa Rica muy distinta. Sin embargo, el daño más profundo de este cambio de rumbo no fue solo económico. Al debilitarse la visión solidaria del Estado y priorizarse el cálculo mercantil y la privatización de las ganancias, se abrió la puerta a un mal mucho más oscuro.

Empezó a enraizarse una nefasta y generalizada cultura de corrupción que permeó todos los estratos. Una descomposición moral que se instaló no solo en las más altas esferas de los sucesivos gobiernos, sino que también hizo metástasis fuera del Estado: en el sector privado, en gremios y en diversas estructuras de poder. El dinero, las comisiones y el tráfico de influencias comenzaron a pesar más que el bienestar común.

Cómo esos escándalos de corrupción descarada erosionaron la confianza pública, y cómo esto nos llevó a la crisis de nuestra clase media, al abandono del sector agropecuario y a la dolorosa brecha social que hoy sufrimos, será el plato fuerte de nuestra segunda columna.

Nos leemos en la próxima entrega.

El 8 de mayo del 2026, el giro a la derecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.

Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.

Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.

En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.

Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.

Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.

Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.

La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.

A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.

La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.

Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).

En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.

De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.

¿Circo y caridad, o políticas públicas?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La actividad política en Costa Rica se parece cada vez más a la presentación inicial de un gran escenario circense: exóticos especímenes circulando; maromeros y saltimbanquis brincando de aquí para allá; expertos equilibristas esforzándose por no caer; perversos lanzadores de puñales contra mujeres atadas; engendros con dos cabezas; domadores de fieras enjaulados… y por supuesto payasos (empezando por el director del espectáculo), muchos payasos de todos los tamaños y colores, azules, verdes, celestes y turquesas.

Hoy quiero abordar lo que percibo en un rincón de ese alborotado jolgorio. Me refiero a la supuesta “caridad cristiana” convertida en manipulación de la buena fe de la gente, e instrumento burdo de la peor politiquería.

Porque sí, cuando la caridad pacta con el poder político-económico, se presta para la foto y bendice a un gobierno o partido a cambio de dinero, deja de ser una misión desinteresada y altruista, para convertirse en una de las formas más peligrosas de pasar por bueno y santo, lo que está contaminado y en proceso de descomposición.

En nuestros días, sobre todo, la acumulación de privilegios como donaciones extraordinarias de gente poderosa, la traslación desmedida de recursos públicos a ciertas organizaciones, la promulgación de leyes hechas a la medida, sólo pueden terminar, tarde o temprano, mal, muy mal.

Los riesgos son muchos, desde el secretismo y la ausencia de controles y auditorías confiables (porque no se obligan las supervisiones de lo público y porque todo se hace en nombre de Dios), hasta abusos, enriquecimientos personales o de allegados, y cuidado, mucho cuidado, captación de donaciones que no se sabe con exactitud de dónde proceden y que se podrían blanquear mediante sacrosantos métodos.

Pero lo peor de lo peor en esa estrategia, muy acomodada al neoliberalismo en auge, es barrer al Estado y las políticas públicas, como agentes constitucionales imprescindibles en la atención y promoción de los sectores más débiles de la sociedad: infantes, mujeres y familias en condiciones de pobreza, marginados, jóvenes en conflicto con la ley penal. Todo para entregarlo a manos particulares que, en resumen, sustituyen las obligaciones estatales, usurpan sus funciones básicas, lavan conciencias, y por supuesto, montan el show frente a las cámaras, exhibiendo lo buenos que son, lo bien que lo están haciendo. En la gaveta queda aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha (Mateo 6; 1-4) porque las enseñanzas del Evangelio también son grotescamente burladas.

Cuando pase esta ya larga noche, los costarricenses tendremos que retomar la senda de auténticos próceres y líderes políticos que apostaron por la construcción de un Estado de Derecho, de una instrucción pública de calidad para todos y todas; de leyes laborales avanzadas; de casas baratas para las familias de escasos recursos; de seguridad social y atención médica pública, financiada por los aportes solidarios de trabajadores, patronos y el propio Estado. Una estrategia de convivencia democrática que, entre otras instituciones clave, creó el Patronato Nacional de la Infancia, al que hay que fortalecer como principal recurso estratégico para la atención de la niñez necesitada, en lugar de socavarlo, sustituirlo o desfinanciarlo.

Basta ya de manipular los legítimos sentimientos religiosos de las personas con propósitos políticos, en todos los ámbitos. Debemos aprender a desconfiar de autoridades y líderes que aseguran tener línea directa con Dios, que les dicta lo que deben hacer, y que todo el que los critique o se les oponga, es poco menos que demonizado y escarnecido.

Replantear la relación de las universidades con las comunidades

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
Universidad de Costa Rica
francescomc8@gmail.com

En el contexto actual, terminada la comisión de enlace del FEES y una propuesta tajante de un 0% de aumento (bajo el argumento que, en razón de la inflación negativa, resulta ser en realidad un 2%), resuena en mi mente varias cosas, las cuales me gustaría compartir.

Primeramente, yendo al aspecto más medular del asunto, el cual es que, a pesar del mandato constitucional del 8% destinado para la educación pública, en mi poca vida estudiantil y universitaria, jamás he podido observar esto. Siempre en las aulas de Derecho me enseñaron que la Constitución es la norma suprema dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo cual, el sistema que hemos venido arrastrando a través de los años no respeta la jerarquía de dicha norma, así como no se alinea con lo pensado por dicha Asamblea Nacional Constituyente.

En el colegio y en los libros de historia se dice que cambiamos fusiles por libros. Sin embargo, 8 de cada 10 estudiantes no tienen la suficiente capacidad lectora al momento de ingresar a la universidad (de los pocos que entran), la deserción estudiantil es cada vez más común, y poco a poco nos convertimos en una sociedad más violenta.

No busco atribuir culpas ni realizar señalamientos, habría que estar ciego para afirmar que lo anterior es culpa del actual gobierno, incluso, de los últimos gobiernos. Esto va más allá del ejecutivo o de los políticos que se rotan cada 4 años, esto atañe a nosotros como costarricenses y un cambio en las políticas públicas, con el auge del neoliberalismo y el debilitamiento del Estado de bienestar. Les digo, ya entregamos el monopolio de la fuerza, otorgamos el poder, la organización y demás atribuciones que caracteriza al poder dentro de la democracia, lo más que nos queda es que el poder responda a nuestras necesidades y que nos encontremos legitimados para realizar reclamos cuando dichas necesidades no se cumplen.

Con eso parto hacia la próxima idea, sobre las manifestaciones estudiantiles. Las mismas cada vez parecen estar diseñadas y dirigidas para un sector poblacional cada vez más reducido. Si bien defiendo el derecho a la manifestación y la crítica al poder, considero que debe ser ejercido de manera estratégica, con el fin de buscar el impacto buscado. El Movimiento Estudiantil ya no es el mismo de antes, el que jugó un papel protagonista contra ALCOA y el Combo del ICE. Sin embargo, la forma de hacer política no es la misma que durante esos años, la sociedad cambió, así como sus formas de hacerse escuchar y de manifestarse.

Se debe de replantear la forma de hacer frente a las necesidades de las universidades públicas y de la educación superior, no solo del Movimiento Estudiantil, sino también por CONARE, y los demás representantes con algún tipo de injerencia. El discurso actual parece no convencer, ni al ejecutivo, ni al ciudadano promedio de a pie, no es solo clamar consignas vacías ni propuestas que carezcan de ejecutoriedad a corto plazo.

Hemos de reconocer que, en momentos de globalismo, auge de movimientos polarizadores, debemos tomar cartas en el asunto y movilizar verdaderamente, con discursos y propuestas contundentes, que empaticen con el pueblo y que, más importante, le hablen en el mismo idioma.

Costa Rica tiene el fenómeno de ser la democracia más longeva en América Latina, quizás por esto damos por sentado y por seguro lo que en realidad requirió luchas, vidas, negociaciones y sacrificios para tener hoy educación pública, entre otras tantas garantías sociales.

Es por esto por lo que, necesitamos hablar en un mismo idioma, no quedarnos en los conversatorios de las universidades, en las consignas que se repiten, perdiendo su verdadero significado, y comenzar a buscar verdadera conexión y empatía con las comunidades, fuera del pretil y afuera de las aulas. Si continuamos con este elitismo intelectual, hablando en términos que comprenden unos pocos que tienen la dicha de pisar aulas universitarias, cada vez las universidades perderán más fuerza.

La defensa del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Corren tiempos difíciles para defender al Poder Judicial y a sus órganos auxiliares (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública). Pero tenemos que hacerlo sentando la primera diferenciación: una cosa es el entramado institucional y otra, muy distinta, las personas que circunstancialmente lo representan. Además, en un cuerpo tan amplio y complejo como el Poder Judicial costarricense, no es válido hacer generalizaciones. Hay de todo como en cualquier conglomerado humano. No creo equivocarme si digo que, a todo nivel, es más la gente íntegra y trabajadora que la corrupta o negligente.

Otra cuestión que debe quedar muy clara es que, en democracia, una cuestión es criticar las instituciones para mejorarlas, y otra, la opuesta, levantar señalamientos para demolerlas y arrasar con el sistema democrático mismo.

El primer gesto de defensa institucional consiste, entonces, en reconocer lo que ha andado mal por muchos años –nostra culpa-, esos crónicos males sin resolver, como la insostenible duración de los procesos; la pésima calidad de las investigaciones; la mediocre calidad jurídica de resoluciones y sentencias; la ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento profesional del funcionariado y las abusivas prácticas de los litigantes; la tozuda resistencia de la cúpula a impulsar las transformaciones urgentes o a soportar las evaluaciones externas. Lo anterior sólo para mencionar algunas de las cuestiones más sensibles a las que no se ha dado respuesta.

A esto hay que agregar las cíclicas crisis del sistema por escándalos de corrupción, a saber, influencia de la peor política en decisiones trascendentales (reelección presidencial, manoseo de la Constitución en leyes de implementación del TLC, impunidad en el juzgamiento de líderes políticos y miembros de los supremos poderes, para solo dar algunos ejemplos) y, ahora, la amenazante infiltración del crimen organizado en la sociedad y los poderes públicos, incluido el sector justicia.

La estrategia de quienes se sienten autorizados a cuestionar el sistema tradicional en su conjunto, sea blandiendo motosierras, lanzallamas o jaguares desbocados, han alzado la bandera de cambiarlo todo… Pero como ya sabemos, para que nada cambie.

¿Qué sentido puede tener la consigna del cambio si en el fondo se trata del adagio, tan caribeño, de quítate tú pa´ ponerme yo? ¿Qué avance significativo puede haber si no le entramos, en serio, al mejoramiento del servicio público de justicia, a las respuestas en tiempos razonables, los procedimientos interminables, la calidad de las investigaciones, el control disciplinario sobre los que no dan la talla o no consiguen tener un mínimo de destrezas en resoluciones y sentencias? ¿Qué vamos a ganar si no reconocemos que a estas alturas del sigo XXI no podemos seguir arrastrando un modelo de organización y funcionamientos del Judicial anclado en el siglo XIX? ¿Hasta cuándo vamos a deslindar, de una vez por todas, la función jurisdiccional (a cargo de los tribunales de todas las categorías), de la función de gobierno y administración (ejercido por un órgano especializado que sustituya a la Corte), fuente de toda burocratización e ineficiencia del Poder Judicial? ¿De qué nos va a servir que nuevas mayorías parlamentarias aspiren a renovar la Corte Suprema si, en lugar de los amigos de otros, van a colocar a sus propios amigos, perpetuando la mala práctica de relegar a las y los mejores para asegurar influencias en caso de requerirse?

Estamos al borde de un abismo autoritario donde el ideal transformador es Nayib Bukele, caudillo salvadoreño, es decir, un Ejecutivo que concentre todo el poder, que pueda hacer y deshacer sin controles republicanos; un régimen que no dé cuentas al parlamento y menos aún a los jueces y demás entidades contraloras; un “orden” de vida cimentado en el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales. Pero hay que reconocer, con mucha desazón, que hemos llegado hasta aquí porque por décadas no corregimos lo que anduvo mal. Estamos desmantelando el estado social de derecho a pellizcos; engendramos una sociedad cada vez más violenta, desigual e inequitativa; caímos en el dogma de la reducción del Estado y la desfinanciación de servicios públicos básicos.

Han sido muchos los expulsados del sistema escolar y quienes no gozan de garantías sociales y laborales mínimas. Las fuerzas políticas dominantes creyeron que podían hacer con las instituciones, los nombramientos y las políticas públicas lo que conviniera a sus particulares intereses, olvidándose de las grandes mayorías, los sectores más vulnerables, los marginados y desplazados, buena parte de los cuales han concurrido a votar en masa por el continuismo chavista, la voz que insulta, despotrica e injuria, pero que de alguna manera – o quizá precisamente por eso- ha logrado canalizar todo el descontento real y legítimo de la gente. Detenerse a oír las “soluciones” propuestas de la Presidenta electa, centradas en la implementación de la “mano dura”, o bien en la abrogación de derechos, libertades y garantías constitucionales, solo puede producir vértigo, ya sea por la vacuidad de las consignas, ya sea por la amenaza de vivir en una sociedad sin estado de derecho.

Cuánto tiempo proseguirán las cosas sin que nada cambie lo veremos en cuestiones muy concretas: la organización y funcionamiento del Poder Judicial seguirá siendo la misma; a las nuevas fuerzas políticas le convendrá mantener una cúpula judicial que concentre poderes, anacrónica e ineficiente, que se ponga a disposición de las mayorías legislativas y ejecutivas de última hora y a la que se le pueda echar la culpa de todo lo que no funciona; un “nuevo” Poder Judicial que le pase por encima a la Constitución y a la propia madre si con eso complace a los poderosos de turno. Ya hay un adelanto de esto si nos fijamos en el grupito de magistrados (as) que votaron en contra del pase a la Asamblea Legislativa de los casos contra Chaves.

Cuánto seguirán las cosas como están, lo sabremos cuando se entienda que la manifiesta impunidad en procesos contra gentes con poder político o económico, es un problema crónico y estructural, que juega a favor de los corruptos (empresarios en colusión con funcionarios), cálculo que ya estarán haciendo los herederos de última generación de quienes confunden la cosa pública con la privada, el interés personalísimo con el bien común, los recursos de todos con el aprovechamiento de unos pocos. Todo lo cual no es monopolio de unos u otros líderes o partidos, los tradicionales o los recién llegados, sino del modo de operar el sistema mismo, diseñado para que corrupción e impunidad se terminen consumando más allá de personajes y engranajes. La cruda verdad que tenemos que enfrentar no es que haya corruptos por aquí o por allá, lo que debemos comprender es que las reglas del sistema mismo son las corruptas: un neoliberalismo que ve oportunidades de negocio en la gestión gubernativa y en cualquier inversión con dineros públicos. Por eso su obsesión privatizadora, su famosa estrategia de alianzas público-privadas y la precarización de servicios para obligarnos a todos a pagarlos en lo privado.

Confirmaremos que las cosas siguen como están cuando un día, –¡oh sorpresa!- las empresas constructoras de siempre sigan ganando los licitaciones de obra pública, por ejemplo, para construir la nefasta mega-cárcel o el complejo de la ciudad gobierno; sabremos asimismo que nada ha cambiado cuando veamos que la obra pública en salud (hospitales regionales, la Torre del Hospital de Niños), y en educación (el deterioro edilicio de escuelas y colegios), seguirán enfrentando trabas y retrasos, para crear necesidades artificiales que le permitan, a quienes ven en la sanidad y la instrucción una mercancía más, hacerse ricos mientras amplios sectores se quedan sin acceso a estos derechos indispensables. Y en fin, para no hacer la lista interminable, las cosas seguirán como están cuando los grandes financistas de campañas electorales sigan apostando al caballo ganador, o bien si la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, dicta su reglamento para hacer nombramientos de Corte y otros altos cargos, a la medida de la coyuntura que le favorece, ignorando a los aspirantes con mejores atestados y experiencia, sacrificando, una vez más, la excelencia independiente por la mediocridad servil.

No se sostiene la crítica de que los hechos irregulares o de corrupción que emergen en la Corte Suprema son responsabilidad del mismo Poder Judicial, puesto que las designaciones de magistraturas son resorte de la Asamblea Legislativa y, hasta donde lo confirman los hechos, la Corte más bien ha cumplido con los procedimientos para disciplinar y enjuiciar a los magistrados envueltos en este tipo de infracciones. Tampoco es cierto que esta cuestión sea exclusiva responsabilidad del bipartidismo PLN/PUSC, la famosa “red de cuido”, dado que desde hace 24 años han concurrido muchos partidos en la designación de miembros de Corte y, al día de hoy, la gran mayoría ya no fueron electos por esa situación política.

Tampoco puede aceptarse la crítica lanzada contra el Poder Judicial como supuesto responsable de la grave situación de violencia criminal y la consiguiente impunidad. La acusación no resiste un serio análisis porque es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Judicial, la función constitucional de mantener la seguridad, el orden público y la prevención del delito por medio de sus cuerpos policiales. Los tribunales de justicia, los fiscales y la policía técnica judicial intervienen cuando ya el hecho delictivo ha sido tentado o consumado, en una función estrictamente punitiva. Tampoco es de recibo la crítica de que la impunidad es responsabilidad del sistema de justicia en razón de que policía administrativa (Fuerza Pública) cumple con su deber deteniendo a los presuntos responsables y, en cuestión de horas, jueces y fiscales los ponen en libertad (puerta giratoria), ya que, al formularse el señalamiento, no se da ni un solo dato de, en cuántos casos ocurre esto, si el trabajo policial ha sido bien hecho respetándose derechos fundamentales, y si las razones del actuar judicial está bien o mal justificado. Esta descalificación omite, en cambio, considerar que Costa Rica, en los últimos treinta años, no sólo se ha abusado de la prisión preventiva sino que en números macro, se ha pasado de tener una tasa de prisionización de 100 presos por cada 100 mil habitantes, a una que ronda en la actualidad los casi 400 prisioneros por 100 mil habitantes. Este es un fenómeno prácticamente implosivo, que revela una deriva punitiva centrada en el encierro, que para bien o para mal, esta es una sociedad que ha apostado por encarcelar cada vez más gente y que es falsa la acusación de indolencia o alcahuetería del sistema penal. Es evidente que el frío no está en las cobijas, sino en ese modelo económico que ha abandonado el estado social de derecho inclusivo (estado de bienestar), por el excluyente y divisivo sistema de libérrimo mercado.

En fin, cuando uno oye al Presidente de la democrática República de Costa Rica, la misma que tiene más maestros que soldados, referirse a la Corte Suprema como “…un cáncer, una bolsa de pus…”, aparte de sentir que hemos tocado fondo, sólo cabe la pregunta: ¿de dónde surge tanto odio? La respuesta es muy sencilla: es el odio del autócrata que no controla a los jueces a su gusto y antojo… al menos hasta ahora.

Una última interrogante se impone: ¿hasta cuándo los demócratas auténticos impulsaremos los cambios que nos vacunen contra el reino de los tiranuelos populistas?

De Yalta al neoliberalismo: el orden mundial y sus mutaciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roberto Salom E.

Una visión general de los factores determinantes de las transformaciones del mundo contemporáneo.

El mundo de la posguerra quedó marcado por los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Yalta, donde las potencias vencedoras —Estados Unidos, representado por Franklin D. Roosevelt; el Reino Unido, por Winston Churchill; y la Unión Soviética, por Joseph Stalin— definieron las bases del nuevo orden internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En ese escenario, las potencias occidentales capitalistas, con sistemas relativamente democráticos, aunque no exentos de aspiraciones imperialistas, se consolidaron como uno de los polos de poder, mientras que la Unión Soviética emergió como su contraparte. Todos ellos habían combatido a las potencias del Eje: la Alemania nazi de Adolf Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y el Japón imperial.

El acuerdo de Yalta implicó, en los hechos, una distribución del mundo —particularmente de Europa— en esferas de influencia. Esta división no solo respondió al equilibrio militar alcanzado, sino también a una tensión ideológica profunda. Mientras el bloque capitalista había evolucionado gradualmente hacia formas democráticas desde la Revolución Francesa, incorporando principios de ciudadanía y derechos, la Unión Soviética representaba un modelo alternativo que cuestionaba las bases mismas del capitalismo.

En este contexto, las políticas progresistas impulsadas en Occidente —como el New Deal— no pueden entenderse únicamente como respuestas a las crisis internas del capitalismo, sino también como parte de una estrategia para contener el atractivo del socialismo. La existencia de la Revolución Rusa y, posteriormente, del llamado “campo socialista”, obligó a las economías capitalistas a avanzar en la distribución del ingreso, la ampliación de derechos laborales y la consolidación de sistemas de bienestar.

Como dice Alberto Salom:

“Las reformas sociales a las que se vieron obligados los líderes políticos de centro o centro izquierda en los países capitalistas, buscaban neutralizar la influencia ejercida por las revoluciones socialistas de 1917 en adelante. Aunque también, se compaginaron en lo económico-político especialmente, con las políticas reformistas-intervencionistas, por las que abogó John Maynard Keynes para paliar la gran crisis recesiva del capitalismo mundial de 1929”. (Conversación en WhatsApp, 2026).

Ese clima internacional favoreció en muchos países en desarrollo las políticas orientadas hacia la cohesión social. Costa Rica constituye un caso emblemático: en la década de 1940 se consolidaron las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social; posteriormente, se fortaleció la institucionalidad democrática con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y la abolición del ejército, junto con reformas como la nacionalización bancaria y el desarrollo de instituciones descentralizadas. Todo ello contribuyó a una relativa paz social que se mantuvo, con matices, hasta la década de 1980.

Sin embargo, el propio desarrollo del capitalismo generó nuevas tensiones. Si en sus etapas anteriores las crisis se manifestaban como crisis de estancamiento con deflación, las políticas adoptadas en la posguerra —muchas de ellas deliberadamente inflacionarias— transformaron la naturaleza de estas crisis. Con el tiempo, los niveles de inflación se desbordaron y las herramientas económicas tradicionales comenzaron a mostrar signos de agotamiento.

Este proceso coincidió, en el llamado mundo en desarrollo, con la crisis de la deuda externa. Fue en ese contexto donde emergió con fuerza el neoliberalismo, acompañado en América Latina por regímenes autoritarios que funcionaron como laboratorios de experimentación de estas políticas, inspiradas en la llamada Escuela de Chicago.

Cuando el capitalismo enfrentaba estas dificultades, se produjeron dos fenómenos decisivos. Por un lado, la globalización —o “mundialización”— impulsada por la revolución de las tecnologías de información y comunicación; por otro, el intento de reforma de la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, mediante políticas como el glásnost (transparencia) y la perestroika (reforma y descentralización).

El desenlace es conocido: la desintegración de la Unión Soviética y la disolución del bloque socialista, en gran medida de forma pacífica. Este hecho marcó un punto de inflexión histórico. Sin el contrapeso del socialismo real, el capitalismo se reconfiguró, cambiando muchas de las políticas que habían dado lugar a los Estados de bienestar.

A partir de entonces, se consolidaron las políticas neoliberales a escala global, al tiempo que emergieron nuevas tendencias autoritarias y neofascistas en distintos contextos. El orden surgido de Yalta, basado en un equilibrio inestable y tenso, dio paso a una etapa caracterizada por mayores incertidumbres, desigualdades y disputas por el poder global.

En ese escenario —complejo, cambiante y aún en desarrollo— se inscribe el mundo contemporáneo.

Sin idealizar la democracia, rescatarla

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Quizá podamos aportar un rayo de luz en el oscuro panorama político costarricense si sentamos una premisa: toda democracia liberal-republicana y su Estado de Derecho es, en sus fundamentos, una democracia oligárquica.

Las oligarquías pueden convivir, con toda tranquilidad, ya sea con regímenes dictatoriales de facto, ya sea con gobiernos más o menos conservadores o progresistas surgidos de las urnas. Con total certeza, de sus exclusivas manos no dependerá nunca la consolidación o avance de la democracia.

La diferencia radica en si esas oligarquías monopolizan el poder político y su gobernanza, o bien, obligadas por el empuje de otros sectores de la sociedad, ceden parte de sus privilegios y deciden, -casi siempre por razones pragmáticas vinculadas a la estabilidad institucional y a la paz social-, otorgar derechos, un reparto menos injusto de la riqueza, o el ascenso social a ciertos sectores.

La historia de la democracia en Costa Rica no ha escapado a esta lógica. Dentro del bipartidismo (PLN/PUSC) tanto como dentro del pluripartidismo que lo ha seguido, los sectores oligárquicos nacionales han navegado sin sobresaltos, financiando a unos y otros, o dejando caer a unos en favor de otros, según soplen los vientos del electorerismo y las tendencias de moda; viendo con probable regocijo cómo viejos y nuevos partidos, con honrosas excepciones, se ponen a sus gratas órdenes en la Asamblea Legislativa. Por eso hemos visto cómo, financistas que fueron del PLN o del PUSC, aparecen apoyando a los improvisados liderazgos de última hora y sus partidos-taxi.

A partir de los años 80 del siglo pasado, con el surgimiento y predominio neoliberal, se frenó en seco el movimiento precedente de avances democráticos, para entran en una primera transición de estancamiento y, en los últimos años, de franco retroceso, sobre todo en cuanto a la respuesta a la violencia social mediante el sistema penal –sobre el que se quiere hacer recaer la responsabilidad exclusiva de aliviar los conflictos, las desigualdades e inequidades exacerbadas-, así como en cuanto a los derechos laborales y sociales en general –sobre todo con el deterioro de los derechos laborales y el acceso a servicios públicos de calidad-.

No son éstos tiempos, entonces, para seguir alimentando la mitología tradicional: ni somos la Suiza centroamericana –ahora que nos queremos parecer a El Salvador-; ni la patria con más maestros que soldados –en momentos que nos hemos matriculado, de manera acrítica, en la guerra transnacional contra el narcotráfico-; ni una de las pocas democracias plenas del mundo –con una mayoría electoral que amenaza en serio las instituciones de control político, la prensa independiente y toda manifestación de oposición.

Las orejas del lobo, en este último aspecto, se han asomado con claridad: campañas de odio y descalificación de las instituciones públicas; utilización del PANI para intimidar a un candidato presidencial; evidente loby ante la Embajada estadounidense para despojar de visa a adversarios políticos; propuesta para imponer suspensión de garantías individuales, legalización de allanamientos policiacos sin autorización judicial; o volver a las fracasadas políticas de “mano dura” para combatir la inseguridad ciudadana. Cuando se mutila la famosa frase de Winston Churchill de que la democracia es la peor forma de gobierno… y se omite adrede agregar: con excepción de todas las demás,… no sólo se está faltando a la verdad para sorprender ingenuos, se está manifestando un odio expreso antidemocrático y se está preparando a la gente para normalizar la destrucción total de las instituciones republicanas.

La oligarquía costarricense se ha transformado sustancialmente en el último siglo. Los cafetaleros (exportadores) y los comerciantes (importadores) han tenido que convivir con formas oligárquicas mucho más diversas y complejas, conforme los enormes cambios en la producción, importación, prestación de servicios e inversión externa en la producción agrícola extensiva, las zonas francas o productos tecnológicos especializados.

En la acera de enfrente, los sectores sociales que le arrancaron importantes concesiones a las antiguas élites, hasta hacer de Costa Rica una democracia con importantes progresos en muchos campos, tienen que aclarar ahora sus intereses para que le sigan recordando a esas élites económicas dominantes, que aquí convivimos mayorías y minorías que han sabido conquistar derechos, libertades y garantías en el pasado y que no estamos dispuestos a renunciar a ellas en el futuro.

Si hoy ya no están los sindicatos bananeros, los gremios artesanales urbanos, los pequeños agricultores o las asociaciones de maestros y profesores de antaño, nuevos núcleos de organización social como los colectivos feministas, los defensores del medio ambiente, los representantes de las poblaciones aborígenes y de otras minorías, deben ser hoy las que recojan el testigo para que un nuevo pacto social, inspirado en el bien común, revitalice nuestra amenazada democracia.