En esta semana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación oficialmente denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley de la República No. 9635, “bautizada por el pueblo que la enfrentó mediando el ejercicio legítimo de la Democracia de la Calle, como combo fiscal”, informa un comunicado enviado por Albino Vargas Barrantes a SURCOS.
“A menos de tres meses de su cuestionada aprobación parlamentaria y de su imposición mediando el fallo constitucional de compadre hablado, la ley 9635 genera amplio rechazo de gran diversidad, incluso en la propia institucionalidad pública”, dice el escrito del secretario general de ANEP.
“Empezando por el anuncio de las universidades públicas de que acudirán a la vía contencioso-administrativa en contra de su abusiva inclusión en esa ley, pasando por el acuerdo rebelde entre los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con la Presidencia Ejecutiva de la institución, y llegando al sector municipal donde sus concejos, alcaldías y personal preparan diversas acciones; el combo fiscal concita el más amplio rechazo, repudio y cuestionamientos”, agrega.
En la misma nota se dice: “Recientemente, la propia Sala IV admitió una acción de inconstitucionalidad planteada por el Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (SEBANA), que abarcó los aspectos más sensibles de todo el ataque de dicha legislación contra derechos laborales ya conceptuados como situaciones jurídicas consolidadas en el empleo público”.
A nivel municipal, la ANEP tiene conocimiento que el grave problema generado por esta ley en contra de la autonomía constitucional del régimen municipal ha estado debatiéndose a lo interno de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). Hay gran esperanza en la clase trabajadora de este importante sector del empleo público de que tales entidades se pronuncien, próximamente y de manera pública en defensa de la autonomía del régimen municipal, abogando por su restauración.
La preocupación popular se acrecienta ante la inminencia de la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), que entrará a regir a mitad del presente año y que, ante el real congelamiento de los salarios, generará más congoja y estrechez económico-financiera en los hogares obreros tanto del sector público como del privado.
“Lo que sí queda constando es que al acercarse el primer año de gestión gubernativa de Alvarado-Piza, la base social del mismo es, prácticamente inexistente, mostrando gran aislamiento de amplios sectores populares y ciudadanos. Al presente gobierno, que es el del tripartidismo PLUSC-PAC, solamente le queda un abierto respaldo del alto corporativismo empresarial, gran parte del cual está cuestionado en cuanto a la honra plena de sus responsabilidades tributarias”, añade ANEP.
Finalmente, el comunicado informa que este viernes 22 de marzo las bases dirigentes de la ANEP se reunirán, en el marco del Consejo Consultivo Nacional de la agrupación, “para analizar toda esta problemática que, sin duda alguna, tiene relación directa con la gravedad fiscal del país”.
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