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Etiqueta: ANEP

¿Dos fondos para el ROP? Análisis de la propuesta de la SUPEN para personas jóvenes y cercanas a pensionarse

El asesor sindical de la ANEP-CCSS, Juan Carlos Durán Castro, valora los efectos para las personas afiliadas jóvenes y las cercanas a pensionarse, y advierte sobre la edad de corte, la libertad de elección y las reglas de transición.

El asesor sindical preparó unos “apuntes de lectura necesaria” ante la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para reorganizar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con miras a un debate nacional sobre el sistema de pensiones.

La propuesta

Según explica Durán Castro, la SUPEN propone que el ROP deje de administrarse en un único fondo y se divida en dos fondos especializados:

  • un Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), para personas afiliadas menores de 55 años, con una orientación al crecimiento de largo plazo;

  • un Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), para personas de 55 años o más y personas pensionadas, con una estrategia más conservadora, orientada a preservar el capital y reducir fluctuaciones.

El razonamiento técnico de la SUPEN, señala el autor, parte de una idea muy usada a nivel internacional: una persona joven puede asumir más volatilidad porque tiene décadas para recuperarse de pérdidas temporales, mientras que una persona cercana a jubilarse tiene menos tiempo para hacerlo.

Durán Castro cuestiona el fondo de esa lógica. Sostiene que equivale a “trasladar el riesgo a las personas y que la mano invisible del mercado ‘regule’ la suerte de cada uno”, y que “tal falsedad y riesgo” no parecen de recibo “en medio de un momento en que el naufragio capitalista resulta evidente”. Rechaza además el término “minusvalías”, porque a su juicio “intenta disfrazar la pérdida de rendimientos reales de la gente, justificando la supremacía riesgosa del mercado sobre el Estado”.

Dos casos: 25 y 63 años

Para ilustrar los efectos, el autor analiza dos perfiles.

Una persona afiliada de 25 años, con 35 a 40 años por delante antes de jubilarse:

  • Ventajas:

    • Podría tener mayor rentabilidad esperada, “lo cual sigue siendo una promesa, con ropaje de riesgo”.

    • Aprovecharía mejor el interés compuesto. Como ejemplo, ₡10 millones que crecen al 5 % durante 40 años llegarían a unos ₡70 millones, y al 7 %, a unos ₡150 millones.

    • Tendría menos necesidad de liquidez inmediata.

  • Riesgos:

    • Mayor volatilidad, con años de pérdidas en los rendimientos, sobre todo en crisis internacionales.

    • Un “riesgo conductual”: que algunas personas afiliadas se alarmen ante las pérdidas y presionen para cambiar el sistema.

Una persona afiliada de 63 años, que planea pensionarse a los 65 con ₡40 millones acumulados:

  • Ventajas:

    • Menor exposición a pérdidas justo antes del retiro, que el autor considera el principal beneficio.

    • Mayor estabilidad y certeza sobre el monto disponible.

    • Protección de lo ya acumulado.

  • Desventajas:

    • Menor rentabilidad futura.

    • Riesgo de que la inflación erosione el poder adquisitivo si la cartera es demasiado conservadora.

    • Una “transferencia temprana”: si el corte es a los 55 años, una persona que piensa trabajar hasta los 67 o 70 pasaría demasiado pronto a una estrategia conservadora.

Los puntos en debate

El autor plantea tres temas que, a su juicio, merecen especial atención:

  1. La edad de corte. Considera que los 55 años son “probablemente el punto más discutible”. Otros sistemas usan los 60 años, un corte de 10 años antes de la jubilación o esquemas graduales, y un corte fijo “puede resultar arbitrario”.

  2. Dos fondos o fondos generacionales. Ve la propuesta como una solución intermedia mientras siguen suspendidos los fondos generacionales. Desde una perspectiva técnica, considera que estos suelen ser superiores porque reducen el riesgo gradualmente, evitan cambios bruscos y se ajustan mejor al ciclo de vida.

  3. La libertad de elección. Si las personas afiliadas pueden escoger fondo, existe el riesgo de que alguien de 63 años permanezca en un fondo agresivo, o alguien de 25 en uno excesivamente conservador. Por eso, “la educación financiera pasa a ser clave”.

Conclusiones y advertencias

Si se analiza solo el interés de las personas afiliadas, el autor estima que el impacto sería “muy favorable” para quienes tienen 25 años, por el mayor potencial de crecimiento del ahorro, y “solo favorable” para quienes tienen 63, por la mayor protección del capital acumulado. Desde una óptica técnica, considera que la propuesta de la SUPEN “parece avanzar en la dirección correcta”, aunque un sistema de fondos generacionales completos seguiría siendo “una solución más sofisticada”.

Sin embargo, advierte sobre la relación con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Según Durán Castro, se ha difundido la idea de que la tasa de reemplazo del IVM se complementa con la del ROP, “aunque así no fue la idea inicial”. Señala que, como consecuencia de las reformas recientes, las cohortes que se pensionan en estos años obtienen tasas de reemplazo menores que las de generaciones anteriores. Por ello, plantea que deben definirse reglas de transición que no afecten a las últimas cohortes de la generación baby boomer, que en su mayoría tienen una buena cantidad de cotizaciones y ya han pasado por cuatro modificaciones reglamentarias.

Propuestas de reforma al IVM esconden medidas regresivas y no enfrentan el problema central de financiamiento, advierte análisis sindical

Un documento elaborado por Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP-CCSS y secretario de Prensa y Propaganda de FECTSALUD, advierte que varias de las propuestas actualmente discutidas para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social contienen elementos regresivos, aumentan la inequidad y no abordan el problema estructural de financiamiento y cobertura del sistema.

El texto analiza las 20 propuestas incluidas en el documento oficial “Informe técnico: alternativas para la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte”, presentado ante la Junta Directiva de la CCSS el 4 de mayo de 2026. Según Durán Castro, aunque algunas iniciativas podrían tener validez para el debate democrático, muchas implican riesgos sociales y políticos relevantes.

Uno de los principales cuestionamientos del autor es que las propuestas no atacan el problema de la cobertura contributiva ni priorizan el cobro de la deuda estatal con el IVM, estimada en al menos 800 mil millones de colones. Señala que dicha deuda debería ocupar el primer lugar dentro de cualquier estrategia de sostenibilidad del régimen.

El documento también advierte sobre posibles escenarios políticos que podrían facilitar la aprobación de medidas regresivas, especialmente en un contexto de concentración de poder en la Junta Directiva de la CCSS y de eventuales reformas legislativas impulsadas a partir de 2027.

Entre las preocupaciones centrales expuestas se encuentra la eventual reducción de la tasa de reemplazo del IVM al 40%, complementada con un porcentaje incierto proveniente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El autor sostiene que esta propuesta afectaría especialmente a personas cercanas a la jubilación y que la información pública sobre una tasa total de reemplazo del 60% no refleja adecuadamente las diferencias reales entre grupos etarios y trayectorias contributivas.

El análisis cuestiona además propuestas como:

  • trasladar parte del financiamiento del Banco Popular al IVM;

  • cobrar a personas pensionadas un 5% para financiar el seguro de salud;

  • aumentar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse;

  • modificar los mecanismos de ajuste automático de las pensiones;

  • y ampliar las potestades de la Junta Directiva de la CCSS para adoptar cambios sin procesos amplios de consulta.

Según el documento, varias de estas medidas podrían aumentar la exclusión previsional, congelar pensiones mínimas o reducir los montos reales de jubilación para amplios sectores de la población trabajadora y pensionada.

Durán Castro organiza su análisis en cuatro grandes ejes: cobertura, suficiencia, sostenibilidad y aspectos administrativos. Además, plantea que cada propuesta debe evaluarse considerando su grado de regresividad social, su viabilidad política, sus efectos actuariales y el contexto nacional e internacional en que se discutirán las reformas.

El autor concluye que el debate sobre el IVM requiere información técnica robusta, escenarios financieros claros y una discusión nacional amplia que priorice los derechos humanos, la progresividad social y el fortalecimiento de la seguridad social pública.

Le invitamos a descargar desde SURCOS y leer el documento completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/APUNTES-ACTUALES-SOBRE-LAS-PROPUESTAS-DE-REFORMA-AL-REGIMEN-DE-INVALIDEZ-12-05-2026-VFR-1.pdf

ANEP rechaza declaraciones irresponsables sobre el Banco de Costa Rica y advierte graves riesgos de su eventual venta

Comunicado

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta electa doña Laura Fernadez, emitidas en Canal 8, en las cuales se refirió a la venta del Banco de Costa Rica (BCR), afirmando previamente que esta institución “va a quebrar”, sin evidencia técnica, sin respaldo financiero y sin un conocimiento mínimo de la realidad económica del banco.

Este tipo de afirmaciones son gravemente irresponsables. Emitir juicios de “quiebra” sobre una institución financiera pública sólida, sin sustento alguno, no solo demuestra desconocimiento, sino que pone en riesgo la confianza ciudadana, la estabilidad del sistema financiero nacional y el patrimonio público que pertenece a todas y todos los costarricenses.

El Banco de Costa Rica no está quebrado

Sus estados financieros consolidados, disponibles públicamente en su sitio web oficial, muestran un banco con activos superiores a los ¢7,5 billones, una cartera de crédito robusta, niveles adecuados de capitalización y resultados positivos. Cualquier persona —y con mayor razón la presidenta de la República electa— puede y debe acceder a esa información antes de emitir declaraciones de alto impacto nacional.

Desde ANEP advertimos que la eventual venta del Banco de Costa Rica conlleva riesgos y perjuicios profundos, entre ellos:

  • La pérdida de un instrumento estratégico del Estado para el desarrollo económico, social y productivo.

  • La renuncia a ingresos públicos recurrentes, a cambio de un ingreso único y temporal.

  • El encarecimiento y restricción del crédito para PYMES, sectores rurales, agricultores, cooperativas y familias trabajadoras.

  • El debilitamiento de la banca de desarrollo y de los fideicomisos públicos.

  • La pérdida de miles de empleos directos e indirectos y el deterioro de las condiciones laborales.

  • El cierre de sucursales en zonas rurales y comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.

  • El aumento de la concentración bancaria, con menos competencia y mayores costos para la población.

  • La reducción de la capacidad del Estado para enfrentar crisis económicas, al perder una banca pública contra cíclica.

  • El riesgo de subvalorar y malvender un activo estratégico construido durante generaciones.

  • La pérdida de transparencia y control público sobre una institución clave.

  • Vender el Banco de Costa Rica es darle un fuerte impulso al proceso de concentración de la riqueza que vive el país

Vender el Banco de Costa Rica no es una decisión técnica menor: es una decisión política y estructural que compromete el futuro del país.

Desde ANEP exigimos responsabilidad, seriedad y rigor técnico. Hacemos un llamado público a la señora Laura Fernadez para que rectifique, se informe debidamente y revise los informes financieros oficiales del Banco de Costa Rica disponibles en www.bancobcr.com, antes de continuar emitiendo declaraciones que pueden causar un daño irreparable al interés nacional.

Costa Rica no necesita discursos improvisados ni dogmas privatizadores.  

Costa Rica necesita decisiones basadas en datos, responsabilidad institucional y defensa del patrimonio público.

ANEP se mantendrá vigilante y en defensa del Banco de Costa Rica, de sus trabajadores y del derecho de la población a una banca pública fuerte, transparente y al servicio del desarrollo nacional.

ANEP: La verdad sobre lo que ocurre con la tecnología 5G en el ICE

Comunicado oficial de la seccional ANEP – Grupo ICE

Mucho se ha hablado durante los últimos días sobre la licitación para el desarrollo de la tecnología 5G en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y hay quienes han tratado de confundir e inducir al público sobre lo que verdaderamente está pasando en la institución en torno al desarrollo de esta importante tecnología de la que podemos decir, sin duda alguna, depende el futuro del negocio de telecomunicaciones del ICE y es que no se trata de defender ninguna marca u oponerse a alguna en específico, sino de que la licitación de 5G sea lo más económica posible y tenga la mayor concurrencia de empresas posible.

En mayo pasado, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos de América dijo en nuestro país que el presidente Donald Trump agradecía que Costa Rica sacará a la “tecnología china” de la 5G, lo mismo hizo con España donde le pidió cuentas al Gobierno de ese país porque una empresa china tenía participación en la red 5G.

Una vez comprendido esto, debemos entender que, con tal de complacer al Gobierno de los Estados Unidos es que en el ICE se ha descartado la opción más barata para el desarrollo de la tecnología 5G, Non Stand Alone (la cual, de haberse implementado con anterioridad, hubiera permitido a la institución estar ofreciendo ya los servicios de 5G).

La opción antes mencionada fue recomendada por la Universidad de Costa Rica (UCR) y por los propios expertos de la institución, para posteriormente concluir con la arquitectura Stand Alone para, con ello, obtener el ecosistema completo de 5G. Sin embargo, la licitación fue declarada infructuosa en junio, después de que una empresa china presentara la mejor oferta. Esa licitación era de $120 millones para implementar la arquitectura Stand Alone.

Ahora, sacaron una licitación de $250 millones con una modalidad arriesgada (Open Ran), que no está madura aún y que poquísimas empresas de telecomunicaciones han adoptado en el mundo y que también fue cuestionada por un informe de la UCR por ser 20 veces más cara que la opción NSA y que se hizo sólo por cumplir los designios de Trump y lo que podría ser un negocio político con comisiones de por medio, gestionadas desde Casa Presidencial, para lo cual no les importa cometer una agresión contra la Hacienda Pública que terminaremos pagando todos y todas.

Esta última licitación ha recibido las críticas de empresas como Samsung, Ericsson, Huawei y Nokia, que luego la retiró sospechosamente, porque se cree que podría ser la empresa favorecida por el presidente de la República.

En ese escenario, algunas organizaciones sindicales han caído en la trampa de que, por su resentimiento con una marca china en particular, están haciéndole el juego a Trump y al Gobierno de Rodrigo Chaves, sin medir las nefastas consecuencias que la posición que han optado por defender traerá para la institución. En este contexto, esas organizaciones realizaron hoy, lunes 27 de octubre, una concentración de escasísima afluencia en las afueras de las oficinas de una de las empresas chinas, posiblemente colocándose como tontos útiles del juego de Casa Presidencial y la Embajada de Estados Unidos, con la excusa de que defienden la autonomía del ICE.

La política de telecomunicaciones no debe definirse en Beijing, en eso estamos completamente de acuerdo, pero tampoco en la Embajada de Estados Unidos, tampoco se define en Casa Presidencial con un proveedor estadounidense, las políticas de telecomunicaciones se tienen que definir en el ICE.

Consideramos que es importante que la ciudadanía y el público en general se informe antes de tomar postura respecto a lo que está ocurriendo en torno al desarrollo de la tecnología 5G. En este sentido, Semanario Universidad y la propia UCR han realizado una gran labor con información y criterios independientes sobre lo que está sucediendo en el ICE con este tema.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sostenemos nuestro llamado a la defensa de una licitación transparente, lo más económica posible y con la mayor concurrencia de empresas posible para el desarrollo de la tecnología 5G en el ICE.

★ Somos ANEP, somos usted ★

Devolución de dineros del ROP moviliza a personas pensionadas

El presidente de la Seccional de Pensionados de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Walter Quesada Fernández, hizo un llamado público a las personas pensionadas y trabajadoras a mantenerse vigilantes y activas frente al avance legislativo del proyecto de ley para la devolución de los recursos que cada persona tiene en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Quezada explicó que el proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde debe discutirse y aprobarse en las próximas semanas, y que este paso resulta clave para que continúe su trámite y pueda ser convocado posteriormente por el Poder Ejecutivo.

“Quedan únicamente dos semanas para que se discuta y se apruebe en comisión el proyecto de devolución del ROP, y tenemos que hacer la mayor presión para que los diputados y las diputadas tomen esa decisión”, señaló.

El dirigente sindical también destacó la necesidad de que el presidente Rodrigo Chaves Robles incluya el proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias, que comenzará en noviembre, y reiteró que la ANEP está recogiendo firmas para solicitar formalmente dicha convocatoria.

Según explicó, las personas pensionadas enfrentan dificultades económicas derivadas de la entrega parcial y diferida de los fondos del ROP, por lo que el sindicato insiste en la urgencia de reformar el sistema y devolver a los cotizantes el control de sus ahorros previsionales.

“Ese dinero nos pertenece y solo con nuestra presión vamos a lograr que nos lo devuelvan, por ello cada comunidad y sector del país debe organizarse para movilizarse a la Asamblea Legislativa este martes 21 a las 10 de la mañana”, enfatizó Quesada.

Puede ver el video completo con el mensaje de Walter Quesada Fernández aquí:

Daniel Castañeda, miembro de ANEP, electo para integrar la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) anunció que Daniel Castañeda Chinchilla, asesor sindical y miembro de ANEP, fue elegido para integrar la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven.

Durante la presentación se destacó la trayectoria de Castañeda dentro del movimiento juvenil sindical y su compromiso con las causas sociales. Su elección representa un paso significativo para fortalecer la voz de la juventud en los espacios consultivos nacionales.

Dentro de este espacio buscan enfocarse en dos temas sumamente importantes: el empleo y las condiciones dignas del mismo, por lo que se busca mejorar tanto las oportunidades laborales como la calidad de empleos para la población juvenil.

Tribunal Contencioso Administrativo da curso a apelación de ANEP en el caso barrenador

El Tribunal Contencioso Administrativo admitió la apelación presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el denominado “caso barrenador”. Esto significa que, pese a que desde la Presidencia de la República se afirmó que el proceso estaba concluido, la instancia judicial determinó que el caso continúa vigente y programó una audiencia para noviembre. Todo esto en un video grabado por Don Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de la ANEP.

Desde la ANEP se subraya que esta resolución desmiente las declaraciones recientes del presidente de la República, quien aseguró que el tema estaba cerrado. Por el contrario, el Tribunal notificó al sindicato que la denuncia fue admitida y que, en la próxima audiencia, se debatirá si el caso sigue adelante.

El sindicato sostiene que su tesis es clara: existen indicios de sobreprecios e irregularidades en el proceso de adjudicación de centros de salud a cooperativas y a un ente privado, en detrimento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este sentido, la organización reiteró su compromiso de continuar la lucha para garantizar la transparencia y la legalidad en cada etapa de este proceso.

La ANEP remarcó que la discusión final de noviembre será clave para definir el futuro de este expediente y reafirmó su llamado a la familia laboral de la Caja y a la ciudadanía a mantenerse atentos a la evolución del caso.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace:

Carta abierta de parte de la ANEP para el diputado Alejandro Pacheco Castro

ANEP expresa: “El Proyecto de Ley N°24.103 que usted presentó a la Asamblea Legislativa, con el pomposo nombre de Promoción de la inclusión financiera mediante la flexibilización de microcrédito, tiene la trampa de encarecer todo el crédito que hoy está colocado a tasas del 36,65% y llevarlo al 51,74%; para todos aquellos préstamos que estén en la franja de los ¢686.000 a los ¢1.382.000, los cuales dejarán de ser crédito regular y pasarán a llamarse microcrédito.

SURCOS le invita a leer la nota completa de ANEP:

https://anep.cr/carta-abierta-de-parte-de-la-anep-para-el-diputado-alejandro-pacheco-castro-asamblea-legislativa/