Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Hace unos días un programa de discusión futbolera costarricense debatía sobre la decisión de algunos futbolistas por salir como legionarios a destinos que llamaron “exóticos”.
La discusión, bien básica por cierto, buscaba reeditar para mi gusto aquel discurso sobre el nivel del fútbol tico, su supuesta superioridad con relación a otros países del área (esto realmente es de poca seriedad en un contexto en el que Panamá y Guatemala están hoy por hoy ubicados en un nivel futbolístico mucho mayor que el costarricense) y la pérdida de cierto estatus en algunos jugadores al preferir ligas de países como Letonia, India, Corea, solo por mencionar algunos. Esos que denominaron como “destino exótico”.
El concepto de destino exótico usado en este caso deviene de un principio de negación: ninguno de los escenarios citados, para el enfoque periodístico, son potencia en el mundo futbolístico y aparecen raros, extraños, distantes.
Si no me equivoco Costa Rica ha tenido dos excepciones en su historia con jugadores ubicados en la cima del fútbol mundial y distanciados por un siglo de diferencia: Alejandro Morera Soto y sus hazañas en el Barcelona español y Keylor Navas en su paso extraordinario por el también español Real Madrid.
Lo que intento decir es que cualquier experiencia que un jugador tenga en el extranjero debe ser valorada como altamente positiva. La denominación de lo exótico como algo extraño o no predominante en el mundo del fútbol, solo demuestra la continuación de un legado etnocentrista en las estructuras mentales locales.
En los años noventa un jugador procedente de Eslovaquia llamado Josef Miso recaló en tierras costarricenses. Sin saber mínima palabra en español y con un futuro incierto, se ganó el apoyo de los aficionados costarricenses a base de goles y buen juego.
Habría que preguntarle a Miso ahora por su concepto de exoticidad al arribar a un escenario absolutamente desconocido y donde hizo su vida futbolística.
En ocasiones es bueno dejar de vernos tanto el ombligo. Conviene levantar la cabeza.
Las costas de Cahuita han sido habitadas por más de doscientos años por nuestros antepasados, quienes tuvieron que soportar grandes dificultades para legarnos las tierras que por derecho legítimo nos corresponden. Han tenido que domar las condiciones adversas de esas tierras, solos, sin más ayuda que su ingenio propio; por lo que no resulta en modo alguno lógico, y mucho menos jurídico, pretender despojarnos de lo que hemos poseído por tradición natural, de forma quieta, pública, pacífica, e ininterrumpida a título de dueños, a la vista y paciencia de propios y extraños; incluso, de las propias autoridades de turno, que ahora pretenden rasgarse las vestiduras en aras de una ley creada muy posterior a los derechos adquiridos e intereses legítimos consolidados al amparo de la Ley 35 de 1915 (Creación del Poblado de Cahuita) norma compensatoria de un desarraigo forzoso de Playa Blanca de Cahuita (hoy Parque Nacional) y la Ley 166 del 22-08-1935 (¨destina en el lugar de Puerto Viejo la Costa Sur de la provincia de Limón para cuadrante de la población denominada Puerto Viejo¨) – aquí solo faltó decir, para la población denominada negros desempleados¨- Así fue creado el Poblado de Puerto Viejo), un estatuto legal que vino a mitigar el agravio causado por la Ley 31 del 10 de Diciembre de 1934 (Prohibición a la Compañía United Fruit Company de emplear negros del Atlántico en sus nuevas fincas del Pacífico) una vez cerradas las ubicadas en lo que hoy es el Cantón de Talamanca.
Como se puede observar, ambas normas preconstitucionales, le asignaron un lugar donde vivir a título de dueños a las víctimas de graves atropellos sociales y económicos (nuestros abuelos y bisabuelos).
El pretender ahora arrebatarnos esos derechos que con mucha honra heredamos, es lo último que el gobierno de la República debería de hacer, no solo por ser ilegal, sino por injusto e inmoral e incluso porque contradice a la Constitución Política y su artículo 49, así como los principios constitucionales y los Convenios Internacionales.
Es importante tener claro, que el conflicto de fondo NO es de naturaleza ideológica (capitalismo – grandes inversionistas contra socialismo – ambientalistas) sino que los descendientes de aquellos que les otorgaron REPARACIONES MÍNIMAS a nuestros antepasados por condenarlos a una vida de pobreza, están empeñados en retroceder el reloj a donde empezaron nuestros ancestros. Este es un escenario donde se confrontan la justicia y honestidad frente a la corrupción descarada.
La Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, impulsado por la Municipalidad de Talamanca atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial tribal, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, dictado por el Instituto Nacional de Turismo (ICT), ignorando nuestra particular cultura caribeña. Recordemos que una de las formas en que se logra el exterminio de una cultura o de un pueblo es a través de su desarraigo territorial.
¿POR QUÉ ESTE PLAN REGULADOR COSTERO (PRC) NOS AFECTA?
• No se cumple con el criterio constitucional de participación ciudadana, no se contemplan aportes ajustados a la realidad y a las necesidades de los habitantes.
• Desconoce de oficio un ordenamiento territorial urbano existente desde 1915 y 1935, originado por dos leyes (la ley 35 y la 166, respectivamente) las cuales fueron acatadas en su momento por los habitantes de ambos poblados (ciudades) y por las propias autoridades municipales hasta el día de hoy.
• Contempla reubicaciones, demoliciones y pérdida progresiva de nuestras casas y negocios, encubiertas en el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT y artículo 3, Ley 9242 (Regulación de Construcciones Existentes en la ZMT). De antemano se sabe que los habitantes costeros del distrito de Cahuita, con recursos económicos limitados, no podrán hacer las remodelaciones necesarias ni cumplir así con las normas legales citadas. Además, este supuesto esfuerzo de las autoridades municipales es, en realidad, un acto de prevaricación.
• Las propiedades con escritura y uso de suelo pasarán de inmediato al Patrimonio Nacional de ZMT, y sus poseedores tendrán que pagar un canon confiscatorio por la vía de la Concesión municipal y solo si logran cumplir con requisitos o filtros preestablecidos en el artículo 3 de la ley de Regulación de Construcciones Existentes en la ZMT y normativas de rigor del ICT. De allí que, el continuar viviendo en sus comunidades y no ser desarraigados, dependerá de la solvencia económica de cada familia
• La municipalidad niega la escasez de agua para abastecer el desarrollo turístico de alta gama (alto impacto) propuesto en el proyecto del Plan Regulador Costero.
• Es una amenaza ambiental que promete arruinar la barrera natural contra la erosión, las tormentas, sin olvidar la destrucción de los humedales, la flora y la fauna costera.
• La explotación de la franja costera conforme la zonificación y reglamentación propuesta en el Plan Regulador Costero pondrá fin al modelo de turismo ecológico, cultural y comunitario del Caribe Sur.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Nuestro objetivo a corto plazo es detener la propuesta del PRC y a la vez crear un modelo de desarrollo regenerativo, social y ambientalmente justo para Cahuita mediante el fortalecimiento del legado cultural de los afrodescendientes con la participación activa y el involucramiento de los adultos mayores, la juventud y la ciudadanía en general.
Desde el inicio, el Proceso de Planificación debió estar conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 1977 sobre ZMT, con una declaratoria de Viabilidad ¨NO TURÍSTICA¨ como la existente para el área costera de Gandoca. Con declaratorias de esa naturaleza, a solicitud de las autoridades locales, se podría entonces realizar un PLAN REGULADOR que todos deseamos, con respeto a lo ya existente y que incluya la cultura y los recursos naturales.
En respuesta a las amenazas que enfrentamos nace el Movimiento Cahuita Unida, el cual cuenta con una comisión central, asesores legales y cuatros comisiones: 1. Defensa Territorial, 2. Ambiente y Turismo, 3. Comunicación y Redes Sociales, 4. Cultura, Juventud y Niñez.
Estos grupos de trabajo están integrados por gestores comunales, adultos mayores, comerciantes, jefas de familias, comunicadores, jóvenes, pescadores, artesanos, guías de turismo y todo aquel miembro de la comunidad que desea luchar por el derecho a la tierra, la cultura, la protección del ambiente y los recursos naturales.
Merece consideración el respeto al derecho ancestral de los pobladores costeros, hay amplia protección en instrumentos internacionales de los cuales Costa Rica es signataria. La planificación de las áreas de la ZMT es una responsabilidad que asumió la municipalidad desde 1977, la cual no ha cumplido por más de cuatro décadas.
Los ciudadanos y las ciudadanas del Caribe se han unido bajo el criterio de pertenencia y soberanía ciudadana en la búsqueda de seguridad jurídica y justicia en el derecho de tenencia de las tierras, que es justamente lo que el modelo y las políticas de desarrollo costero del ICT quieren desaparecer.
Seremos la voz en los procesos de toma de decisiones públicas que tengan repercusión en nuestras vidas, lo cual constituye un eje sustantivo para el desarrollo de una mejor democracia.
(Parte del discurso de Fran Drescher en apoyo a la lucha de los guionistas en EEUU)
La actriz Fran Drescher, conocida por su rol protagónico en la serie televisiva “La niñera”, es presidenta del sindicato SAG-AFTRA que nuclea actores y actrices de Estados Unidos y dio un discurso en apoyo a los más de 70 días de lucha que llevan los guionistas. Hacía muchos años que los dos gremios no se unían en un mismo reclamo, lo que llevó a un fuerte impacto y visibilización mundial del conflicto. Si no hay quien escriba los guiones de las películas, series y programas de televisión e internet tampoco habrá personas que interprete y ponga la voz a esos libretos.
“Ustedes compartan la riqueza”, dijo. Y agregó: “las empresas dicen que pierden dinero cuando ganan miles de millones. Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos vamos a estar en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas”.
Más de 160 mil trabajadores del sector estarían involucrados. Allá, en el llamado primer mundo, lxs trabajadorxs siguen siendo rehenes de este sistema que acumula riqueza y poder.
Siempre pierden los mismos. Allá y en cualquier lugar del mundo.
La actriz Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actrices y Actores, SAG-AfTRA, en un contundente discurso, apoyando la huelga de guionistas, que lleva más de 70 días, a la que se sumaron 1.600 actores y actrices.
Mis superhéroes favoritos, los míos, Frozono, Iron Man, Magneto y Meryl Streep (Manhattan, Puentes de Madison, mis preferidas) están simple y sencillamente de huelga.
Magneto, Mr. Increíble, Elastic Girl, aunque sean superhéroes, comprendieron que para derrotar a la patronal de la industria de Hollywood, solo unidos con los guionistas, pueden cumplir su objetivo.
Los superhéroes, aunque sean esos personajes fantásticos, también son trabajadores, y necesitan la huelga, para hacer valer sus derechos y dignidad.
ANEP felicita a los cuerpos policiales de inteligencia de la Fuerza Pública, en especial al de la Policía de Control de Drogas (PCD), por esta fuerte acción anti-narco, que logró evitar el embarque a puertos europeos de, prácticamente, 900 kilos de cocaína.
ANEP saluda como correcta la decisión presidencial de la toma del control policial de los muelles limonenses, aunque sabemos que Costa Rica ya estaba con la soga al cuello ante los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE), así como ante la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta fuerte presión política de tan alto nivel y combinada, nos puso contra la pared como país.
ANEP, no obstante, expresa su preocupación de que se tenga que desvestir un santo para vestir otro, es decir que, dada la falta de efectivos debido a los irracionales recortes presupuestarios, especialmente especializados, de la Fuerza Pública, se descuiden puntos geográficos, estratégicamente delicados, como Punta Burica, Peñas Blancas y otros.
ANEP exige la rescisión del contrato leonino con APM Terminals por severo incumplimiento en materia de seguridad y por habernos llevado cómo país al borde del abismo. Se pusieron en riesgo miles de empleos de personas trabajadoras de las producciones bananera y piñera, sin hablar del deterioro de la imagen del país. APM Terminals no puede quedar impune.
ANEP estima que la eventual rescisión del contrato con APM-Terminals no tiene por qué afectar a las personas trabajadoras actuales de esta transnacional y que han venido efectuando su labor de manera impecablemente honesta. Tendrán cabida en las nuevas condiciones de operación de los muelles de Limón y de Moín.
ANEP crítica y condena que, con dineros públicos de la seguridad ciudadana, precarios y escasísimos, se le haga la tarea a APM-Terminals, ¡de gratis! ANEP exige, al menos, elevarle el canon a APM Terminals, ¡pero ya! Además, que se le permita a Japdeva entrar a competir pues tiene el “know-how” y la logística para hacerlo.
ANEP exige la salida-exclusión del personal trabajador de los cuerpos policiales de la perversa Ley Marco de Empleo Público. Se les debe librar de la condena del salario global que los impondrá un congelamiento salarial de varios años continuos.
Por otra parte, ANEP, una vez más, exige que se les pague el reajuste de los 7.500 colones que, por concepto de elevación del costo de la vida, se decretaron al final de 2019 y que entraron a regir desde el 1 de enero de 2020. Al terminar el presente año 2023, se ajustarán una deuda del Estado con cada persona trabajadora asalariada de la seguridad ciudadana de 48 meses, más lo correspondiente a aguinaldo y a salario escolar. ¡Sí hay dinero en las arcas públicas para que el Estado honre esta deuda ya no solamente para el personal policial del país, sino para el resto del personal estatal que está bajo un injusto y severo congelamiento salarial!
ANEP demanda que tanto el Gobierno de la República como la propia Asamblea Legislativa definan, conjuntamente, excluir al presupuesto de la Seguridad Ciudadana de la perversa regla fiscal, no solamente para impartir a los y a las policías una real justicia salarial y laboral; sino para, el fortalecimiento estratégico de su capacidad operativa para enfrentar el ascendente desarrollo delincuencial y del crimen organizado.
San José, domingo 16 de julio de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
¿Quiénes están siendo amenazados? Los estudiantes, sus padres, los usuarios de los servicios de salud de la CCSS.
¿Qué amenazan? Salarios para que no haya personal, infraestructura, materiales, equipos necesarios vía reducción de presupuestos. Esto hará que miles no tengan acceso a la salud, ni a la educación y, que otros miles, salgan a comprarlos al capital, en el sector privado.
¿Quiénes deberían organizarse y luchar por estos derechos? Estudiantes, padres de familia, usuarios de la CCSS, educadores, trabajadores de la salud. Un pueblo organizado que todavía no existe.
No obstante, para usuarios y familias, lo que está siendo amenazado son los privilegios de costarricenses con corona. Privilegios financiados con sus bolsillos. ¿Por qué apoyarlos?
¿Cómo enseñar al pueblo la Verdad? ¿Cuáles recursos humanos, financieros, materiales pueden integrar las organizaciones sindicales, sociales, para una estrategia de educación-organización popular? ¿Quién y cómo usar los espacios naturales de educación y salud para educar políticamente y no tener miedo de hacer esta educación?
Detener las desafiliaciones, incrementar las afiliaciones, reforzar la educación política al interno de las organizaciones, mantener y ampliar las mesas de conversación, es imprescindible, urgente.
Gustavo Bueno (1924-2016) fue un filósofo español que desarrolló un sistema filosófico integral llamado Filosofía de la Idea Fundamental. Uno de sus conceptos clave fue la idea del fundamentalismo democrático. Este, tal como lo propone Gustavo Bueno, es la creencia en el valor absoluto de la democracia como sistema político. Según Bueno, los fundamentalistas democráticos consideran a la democracia como la única forma de gobierno válida y moralmente justificable, convirtiéndola en un principio dogmático e incuestionable, o sea, en una ideología que no dialoga ni acepta nada diferente.
Bueno criticó el fundamentalismo democrático por su falta de fundamento filosófico e histórico. Argumentó que la democracia, como cualquier otro sistema político, tiene sus limitaciones y puede conducir a sus propios problemas si no se equilibra o controla adecuadamente. En su opinión, la democracia debe integrarse en un marco filosófico y ético más amplio para garantizar su sostenibilidad y eficacia. Todo apunta a que el tiempo le ha dado la razón, la democracia existente en occidente y otras partes hoy requiere una gran dosis de democracia real en todo el sentido de la palabra.
Es importante señalar que las ideas de Bueno, incluido su concepto de fundamentalismo democrático, han sido discutidas y debatidas dentro de los círculos académicos, y puede haber diversas interpretaciones y críticas de su obra filosófica, no es un tema nuevo. Ahora bien, para entender mejor la decadencia que sufre la democracia en occidente y otras partes del mundo, debemos hacer algunas reflexiones objetivas, lejos del prepotente fanatismo democrático y muchas veces de doble rasero característico de sus defensores.
Hoy debemos preguntarnos si la democracia existente está respondiendo a las demandas reales y necesidades de toda la ciudadanía. Y en esa misma dirección consultarnos si es efectiva para combatir el colapso eco social global que vivimos, también llamado Antropoceno, ya que lamentablemente, los regímenes democráticos actuales tampoco son garantía para el ambiente y otras formas de vida no humanas puestas en peligro de extinción a causa de nuestros patrones de vida, producción y consumo. Estos regímenes no lo están logrando con el tema de la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. Todo ello es muy grave e importante como para no ser considerado en el análisis crítico y la ecuación al respecto.
Por otro lado, han demostrado también que no son garantía para el respeto de los derechos humanos más básicos, pues las desigualdades, la pésima distribución de la riqueza, la falta de empleo digno, la inequidad de género, la calidad y acceso a la educación y la salud, y la injusticia social, no fueron problemas resueltos por éstos, que eran parte y lo siguen siendo, de sus promesas principales. Por el contrario, después del fin de la Guerra Fría, como no había “enemigo” ideológico por el cual preocuparse, el neoliberalismo triunfó y terminó por desmantelar los exitosos Estados de Bienestar que habían sostenido ese discurso democrático occidental después convertido en dogma absoluto, en contraposición al comunismo y la dictadura.
No es de extrañarse entonces, que frente a los problemas del hambre, el desempleo, la corrupción, la exclusión social, la ineficiencia estatal y miles de promesas incumplidas, surjan naturalmente movimientos y líderes que cuestionen ese fundamentalismo ideológico democrático dominante que ha terminado convirtiéndose en puros actos ceremoniales formales sin ningún tipo de contenido real de fondo que marque una verdadera diferencia, haciendo que gran parte de la ciudadanía, especialmente las generaciones más jóvenes y los grandes sectores excluidos dejen de creer y pierdan toda su confianza en el sistema así como en quienes lo protegen, pues en muchas ocasiones los discursos y las acciones de dichos defensores llevan caminos separados y contradictorios.
Y aunque sabemos que no se debe confundir una cosa con la otra, y no podemos generalizar porque el frío no está en las cobijas, de estas razones expuestas y algunas otras más surge el desgaste y la incredulidad generalizada de la ciudadanía ante esta forma de organización política de la sociedad, su estructura e instituciones. Y ahí está el peligro, parafraseando a G. K Chesterton, cuando la gente no cree en nada, en seguida cree en todo. De ese nihilismo social y pérdida de toda creencia en alguna identidad colectiva superior que dé certeza y sentido de pertenencia, nace en estas partes del mundo la semilla fértil de estos nuevos movimientos de corte autoritario que cuentan con gran respaldo popular, porque en la mayoría de los países, sino en todos donde han llegado al poder, lo han hecho de forma democrática y libre. Por eso el famoso adagio: “la democracia muere en democracia”.
Todo esto da para un debate más profundo y amplio. Yo pienso que la democracia no tiene la culpa, pero es la que paga las consecuencias de la manipulación, mentiras, el egoísmo y actos éticos cuestionables de muchos de sus defensores acérrimos y representantes, no se puede tapar el sol con un dedo. Por otro lado, no se debe afirmar de manera absoluta que un régimen autoritario sea malo por naturaleza, como hacen los fundamentalistas democráticos occidentales, pero tampoco que garantice la solución a todos los problemas, pues muchas veces estos llegan al poder gracias al resentimiento, el revanchismo y el odio, los cuales nunca son buenos consejeros para gestionar lo público, y porque en el fondo, parte de la verdadera crisis que sufre el occidente y la humanidad en general, es de sentido y no solo de sistema, es la crisis de una falta de propósito y significado de la vida, de certezas y confianza en la humanidad misma.
Los proyectos sociopolíticos predominantes desde la década de 1940 hasta la de 1980: el socialcristianismo bajo el liderazgo de don Rafael Ángel Calderón Guardia, la socialdemocracia impulsada por José Figueres Ferrer y el “comunismo a la tica” de don Manuel Mora Valverde convergieron, en buena medida, alrededor de lo que se denominó la “vía costarricense” (Armando Vargas) de desarrollo económico, social y político.
A pesar de las diferencias que siempre hubo entre estos proyectos, se procuraba darle forma a un modelo de desarrollo que permitiera evitar la concentración de la riqueza, contener el empobrecimiento y ofrecer servicios públicos de calidad en salud, educación, agua, electricidad, telecomunicaciones e infraestructura vial. De esta manera, se creaban las condiciones para la movilidad y la inclusión social; es decir, engrosar la clase media y achicar las clases alta y baja.
Esfuerzos sostenidos en esta dirección, condujeron a logros significativos que nos colocaron entre los países latinoamericanos con los mejores índices de desarrollo humano: una sociedad subdesarrollada, pero apuntalando su clase media. Sí, aún y cuando persistía la pobreza al lado de los islotes de riqueza, la tendencia dominante era hacia la inclusión y la justicia social, lo que inducía a un orden social más equitativo y solidario. La inversión social sustantiva por parte del Estado, especialmente en educación y salud, fue un factor determinante para que el país se desmarcara del rumbo oligárquico que predominaba en los países de América Latina.
La década de 1980, con los Programas de Ajuste Estructural impuestos por los organismos financieros internacionales (particularmente el FMI y el BM), marca un antes y un después. Se inicia el camino hacia la oligarquización del país, proceso que se ve fortalecido por los gobiernos del bipartidismo desde esa década, así como por algunas de las nuevas fuerzas políticas.
Una coalición entre viejas y nuevas fuerzas político-partidistas, élites empresariales y organismos financieros internacionales le han declarado la guerra a la clase media, particularmente a profesionales del sector público a quienes se les ha estigmatizado como privilegiados con salarios y pensiones de lujo. De esta manera, se tira una cortina de humo sobre los privilegios que han sostenido las élites empresariales al amparo de gobiernos populistas, que se visten de salvadores de la patria enfilando su “artillería” contra la clase media, convertida hoy en el chivo expiatorio de los males que padece el país.
Con la destrucción de la clase media se está sustituyendo la “vía costarricense” de desarrollo por la vía oligárquica: la que han optado la mayoría de los países centroamericanos, que hoy expulsan significativos contingentes de su población hacia Estados Unidos y construyen mega cárceles, porque el empobrecimiento y la desigualdad de las sociedades oligárquicas solo conducen a la violencia o a la huida, el éxodo masivo.
Todavía estamos a tiempo de dar un viraje, que nos coloque en la ruta de la “vía costarricense” del fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Ello implica, por un lado, alcanzar los más altos niveles de calidad y competencia colaborativa en el ejercicio de la función pública, para garantizar mejores servicios. Y, por otro, enfrentar las medidas y acciones que han venido utilizando reiteradamente el discurso de la ética y la anticorrupción para reducir el Estado y abrir las puertas a la privatización de nuestra institucionalidad pública socialmente “rentable”. Es decir, medidas y acciones que “tiran al niño con el agua sucia de la bañera”.
Estamos en una guerra declarada contra un enemigo extraordinario: el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, un terrible monstruo de tres cabezas. Estos enormes enemigos nos están succionando la vida a cada paso. Nos están matando a nuestros hijos, a los que van o vienen del trabajo, a los que se quedaron por fuera de los programas educativos que ofrecía el país y fueron a aumentar el enorme grupo de ¨no preparados para el trabajo¨ Están matando a los cientos de costarricenses que los programas de lucha contra la pobreza, por años y años, no alcanzaron a protegerlos de los flagelos del hambre, la marginación y la miseria. Nos están matando anímica y espiritualmente, a esos cientos de costarricenses que, como resultado del desprecio de la sociedad, por generaciones, se convirtieron en crueles sicarios que asesinan a sangre fría, llenos de odio y saña.
Cada vez, las imágenes de la televisión son más explícitas. Las redes sociales muestran sin el menos empacho, los crímenes en vivo y en directo, donde los niños y jóvenes aprenden a matar con sus armas de palo y hasta cómo huir en sus destartaladas bicicletas.
Estamos en guerra y tenemos que actuar ya. No podemos esperar un milagro, ni los recursos tecnológicos y financieros infinitos que se necesitarían, para al menos, intentar controlar la situación actual.
Comencemos por el Gobierno de la República. Señor presidente, ya pare esta campaña de odio y división de la familia costarricense. Llevamos catorce meses de contemplar impávidos como en cada conferencia de prensa, usted crea claramente un enfrentamiento entre funcionarios, ministros, diputados, jueces, periodistas y empresarios. Si no se había dado cuenta, se lo informo, el resultado es el “miedo”. Todos tienen miedo. Por favor, el gobierno debe llamar a la concordia, a la unidad nacional de todos los sectores, a unirse como un solo puño contra el enemigo que nos destruye. Estos no son tiempos para destruir, suficiente con lo que está pasando con la violencia extrema en la sociedad. Estos son tiempos para unir, para tirar puentes, no para dinamitarlos.
El gobierno tiene todos los hilos del poder en la mano. Úsenlos para sumar fuerzas, para crear un contingente de hombres y mujeres capacitados y formados en cada uno de las especialidades de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Primero, ya hay que capacitar y formar a nuestros policías profesionalmente en las universidades del país, en todo el territorio nacional. Ya tenemos que contar con cursos de formación profesional de los mandos superiores de las fuerzas del orden. Evitemos el desgaste de las discusiones entre los rectores y los ministros de hacienda y educación. Siéntense todos y armen ya los cursos de formación superior de las policías con el apoyo internacional de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Francia y Alemania. Ellos están sufriendo los mismos tres flagelos que nosotros tenemos y han aprendido mucho de lo que hay que hacer.
Segundo, dediquemos todos las energías del gobierno, la empresa privada, las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil a crear empleos. Urgen cientos de miles de empleos, desde los más humildes hasta los más complejos. Necesitamos arrebatarle al enemigo de tres cabezas, lo único y mejor de este país, los jóvenes y las jóvenes, especialmente. El gobierno ya debe crear un sistema de incentivos a todos los sectores productivos, dando beneficios y prerrogativas que los estimule a ampliar su actividad económica y a crear nuevos empleos. Cada vez que se abra una actividad económica nueva, debe formar parte del cuerpo legal y gerencial, los planes para incluir a muchos costarricenses que están urgidos por años, de un empleo. Por ejemplo, tres grandes empresas tienen ya la autorización para iniciar proyectos de exportación del cáñamo y la mariguana de uso industrial y medicinal. Con el mismo impulso que se inició, la empresa y el Instituto Nacional de Aprendizaje deben de iniciar juntos, la capacitación de los trabajadores y técnicos en ese campo.
Tercero, la banca debe formar parte integrante fundamental de todo este esfuerzo nacional. Los tres, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, necesitan utilizar los productos bancarios que se ofrecen para el manejo del dinero en toda la gama de actividades posibles. Hay que continuar, como muy bien lo hicieron los señores diputados, los magistrados, la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial, con la reforma y creación de las leyes que garanticen la trazabilidad del dinero corrupto y podrido que circula por las cuentas de los cientos de ¨impensables beneficiarios ocultos¨ de esta actividad asesina.
Cuarto, la formación y capacitación de los maestros y profesores de las escuelas, colegios y universidades. Se trata de asumir la enorme responsabilidad que todos tenemos con los niños y adolescentes que, en número de cientos de miles, deben de mantenerse en los programas educativos, contra viento y marea. No podemos permitir seguir perdiendo estudiantes para irse a la actividad ilícita, por fantástica que se la hagan ver. La única forma que existe es motivando a sus maestros y profesores. Comprometerlos con sus estudiantes y familias, todos juntos si podremos lograrlo. Aquí de nuevo, las universidades nacionales, todas, deben de abrir sus aulas, en acuerdo con el Ministerio de Educación, para la incorporación de nuevas estrategias educativas, nuevos conocimientos y saberes que otros países han experimentado con éxito: Finlandia y Portugal son buenos ejemplos.
Quinto, la Familia, mucho de lo que nos está pasando es por haber abandonado a la familia a su suerte. Creímos que lo único y más importante era el trabajo, los buenos salarios y la buena vida y se nos olvidó que la familia era el núcleo fundamental sobre el cual se asentaba toda sociedad. Había que dedicarle el tiempo necesario para que creciera y floreciera y por supuesto para que diera sus frutos. Los resultados son desastrosos. Se ha roto la familia, volver a pegarla nos va a costar mucho esfuerzo.
Sexto, protejamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. señor presidente, por favor, con todo el respecto, no siga atacando a la institución que vela por la salud y las pensiones de millones de costarricenses. El muro de contención que evita que esta guerra declarada sea peor de lo es, se llama Caja Costarricense de Seguro Social. Hace apenas catorce meses, los médicos y las enfermeras, los microbiólogos y los psicólogos con los farmacéuticos y todo el resto de los técnicos y profesionales de la salud de esta extraordinaria institución eran héroes. Hoy, hemos olvidado que tuvimos una pandemia y pareciera que ahora los villanos fueron los que nos protegieron. Pare ya señor presidente, no continúe vilipendiando a lo mejor que tiene este país.
Documento compartido con SURCOS por Óscar Aguilar Bulgarelli.
NOS parecía una pretensión insólita, pero al final y después de tanto tiempo, privó la razón de los argumentos jurídicos, expresados por los representantes de Colombia. La pretensión del gobierno de Nicaragua, aparentemente se sustentó en un vacío legal que, precisamente, por tratarse de algo jurídicamente insustentable, quizá no parecía necesario cerrar. Pero bueno, los abogados nicaragüenses pensaron diferente, y decidieron tratar de ingresar por ese «conjunto vacío» no aritmético, sino legal. Y, como era de esperar, nuevamente les fue mal en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, Países Bajos.
En resumen, y en sencillo, los Estados ribereños que tienen bajo su zona contigua y zona económica exclusiva de hasta 200 millas de ancho, un lecho marino situado a una profundidad menor a los 200 metros, como prolongación natural del territorio continental, lo que constituye la PLATAFORMA CONTINENTAL.
Ahora bien, el derecho internacional del mar, reconoce la posibilidad, de que dicha plataforma continental, en caso de proyectarse más allá del límite exterior de 200 millas de la zona económica exclusiva, hacia la altamar, por ejemplo, el Estado ribereño pueda reivindicar su derecho a extenderse hasta donde se supere la profundidad de 200 metros, pero a una anchura no mayor a las 150 millas, medidas a partir, reiteramos, del borde exterior de la zona económica exclusiva. Es decir, sumados a los derechos de soberanía que el Estado ribereño tiene sobre todos los recursos vivos y no vivos, que se encuentran en las aguas suprayacentes al lecho, en el lecho mismo, y en el subsuelo del mar, en la plataforma continental también se tienen derechos de soberanía, sobre los importantes recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo.
Si consideramos que en la plataforma se localiza la cuarta parte de la producción mundial de petróleo y gas metano, quizá entendemos mejor el por qué se trata de un territorio más que interesante. Y si se pudiera extender esa plataforma continental más allá del límite exterior de la zona económica exclusiva, pues bienvenido sea, como lo han previsto algunos Estados, incluyendo a Costa Rica en el océano Pacífico. Se trata de algo normal, formalizado por la ONU, y principalmente, sin entrar en conflicto con otros Estados.
Pero hay un «detallito» que provocó el reciente fallo contra Nicaragua en la Corte de La Haya.
Resulta que la plataforma continental que los nicaragüenses reivindican más allá de las 200 millas que marcan su zona económica exclusiva, ¡se localiza bajo la zona económica exclusiva de Colombia!, en la zona del archipiélago de San Andrés, declarado como colombiano en el año 2012.
En otras palabras, los nicaragüenses pretendían que los jueces del máximo tribunal de la ONU, les abriera el camino de poder explorar y explotar los recursos minerales del fondo marino, que se podrían encontrar bajo el mar colombiano. Más allá de una invitación a conflictos permanentes entre ambos países, un fallo favorable a Nicaragua, habría echado por la borda el merecido reconocimiento y prestigio que tiene la Corte Internacional de Justicia. Aunque se tardaron 10 años, lo bueno fue que lo resolvieron correctamente.
En concreto, el pasado 13 de julio, por 13 votos a 4, se rechazó la solicitud hecha por la República de Nicaragua en busca de que la Corte adjudicara y declarara, que la delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia, en las áreas de la plataforma continental que pertenecen a cada una de ellas, habría de estar, según Nicaragua, más allá de la delimitación determinada en el año 2012, es decir, más allá de donde se traslapan las zonas económicas exclusivas de ambos Estados. Con ello, su plataforma continental habría penetrado, muchas millas por abajo del mar Caribe colombiano. ¿Se imaginan ustedes, una plataforma extractora de petróleo, perteneciente a Nicaragua, ubicada en el mar patrimonial colombiano? Pues, tal sinsentido habría sido posible, si los vecinos del norte no hubiesen salidos derrotados en La Haya.
Hago un llamado a todos mis amigos y amigas a unirnos como jubilados a la Gran Marcha por la Defensa de nuestra querida CCSS: el régimen de salud y el IVM.
Necesitamos que miles y miles nos manifestemos, nos visibilicemos. Y así toda la clase trabajadora hacernos presentes este sábado 15 de julio.
Algunos necesitarán de cirugías y llegarán a pensionarse, debemos exigir que el Gobierno pague la deuda con la Caja.
Les espero este sábado 15 de julio a las 11 de la mañana en el Parque la Merced, lleve pancartas, tenis, agua y bloqueador; es hora de que los adultos digamos presente ya que en un futuro cercano estará en juego nuestra pensión.
Por favor corra la voz y reenvié este mensaje a todos sus grupos de WhatsApp, en especial a los grupos de los pensionados, ya que todos somos muchos. En la casa quejándonos no hacemos nada.
